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Modo: Corpus Pro

SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL AMPARO. PROCEDE EN BENEFICIO DE UNA EMPRESA SOCIAL PROPIEDAD DE UNA COMUNIDAD INDÍGENA, CUANDO PUDIERA VERSE AFECTADA EN SU DERECHO FUNDAMENTAL A LA PROPIEDAD, CON MOTIVO DEL PROBABLE DAÑO EN SU PATRIMONIO DERIVADO DE LA RESOLUCIÓN DETERMINANTE DE UN CRÉDITO FISCAL.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 932/2013. · Registro digital (IUS): 26096
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2016-01-15
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 26, Enero de 2016, Tomo IV, Pág. 3433.

AMPARO DIRECTO 932/2013. 28 DE MAYO DE 2015. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: HUGO SAHUER HERNÁNDEZ. PONENTE: NORMA NAVARRO OROZCO, SECRETARIA DE TRIBUNAL AUTORIZADA POR LA COMISIÓN DE CARRERA JUDICIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES DE MAGISTRADA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 81, FRACCIÓN XXII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 40, FRACCIÓN V, DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGLAMENTA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PROPIO CONSEJO. SECRETARIO: JORGE ISAAC MARTÍNEZ ALCÁNTAR.

CONSIDERANDO:

NOVENO.-Cuestión preliminar. Previamente a efectuar el análisis de los conceptos de violación, se considera necesario establecer que, en el presente, opera la suplencia de la deficiencia de la queja, en términos de los artículos 107, fracción II, párrafo quinto; 2o., apartado A, fracción VI y apartado B, fracción VII y 27, párrafo noveno, fracción VII, de la Constitución Federal, en relación con los diversos 79, fracción IV y 17, fracción III, de la Ley de Amparo.(1)

Lo anterior es así, pues la suplencia de la deficiencia de la queja es una institución procesal de rango constitucional, que tiene como fin dar una mayor protección a aquellas categorías de quejosos que, por su situación o características, se encuentran en un estado de desventaja social para su defensa en el juicio y, por ello, requieren que sean corregidas o subsanadas las deficiencias en que incurran durante la secuela jurisdiccional.

Esto es, el principio de suplencia de la queja deficiente en el juicio de amparo se erige como una institución de capital importancia dentro de nuestro sistema jurídico -con características particulares-, con el fin de impedir la denegación de justicia por razones de carácter meramente técnico-jurídico; por ello, debe analizarse dicha institución -para verificar su aplicabilidad- desde la perspectiva constitucional y legal nacional, y es en función de ese examen como debe concretarse si, efectivamente, existe una justificación razonable en la distinción de trato que, respecto de ciertas personas o grupos, prevé la legislación de amparo.(2)

Tan relevante es la institución en comento, que implica una restricción de carácter constitucional(3) sobre algunas exigencias fundamentales del debido proceso, en concreto, que los tribunales actúen con absoluta imparcialidad, así como su deber de resolver en forma estrictamente congruente con lo pedido, y con base en la fijación de una litis previsible sobre la cual las partes puedan exponer sus puntos de vista antes de que se dicte el fallo definitivo.

Ello, ya que si bien son evidentes las lesiones de esas elementales obligaciones de los juzgadores, dada la incorporación de dicha figura en la Constitución Federal, debe estarse a lo ordenado por ella, ante la contradicción insuperable entre la igualdad procesal y el auxilio oficioso impuesto constitucionalmente a los juzgadores de amparo, en favor de determinadas categorías de quejosos.

Ciertamente, a raíz de la suplencia de la deficiencia de la queja, el órgano jurisdiccional debe analizar oficiosamente cualquier aspecto que evidencie la inconstitucionalidad del acto o ley que se reclama, generalmente a efecto de otorgar al quejoso la protección de la Justicia Federal; ello, a fin de proteger a los grupos de la sociedad que se encuentran en un mayor estado de vulnerabilidad por cuestiones culturales, o bien, económicas, que les impidan contar con una defensa efectiva frente a la violación en su esfera jurídica por el actuar de la autoridad.

Entre las categorías de quejosos a los que les es aplicable el principio de suplencia de la deficiencia se encuentran los sujetos de derecho agrario, ya sea en lo general -ejidos o comunidades-, o en lo particular -ejidatarios o comuneros-, pues desde su reconocimiento son considerados como uno de los sectores productivos más vulnerables en el Estado Mexicano, dadas las condiciones desventajosas en que surgieron y, por ello, es que se consideró la necesidad de establecer mecanismos legales con el fin de salvaguardar sus intereses, principalmente, de carácter patrimonial.(4)

Ante lo cual, y en aras de generar una verdadera justicia social, es que se estableció que se aplicara en su beneficio la figura de la suplencia de la deficiencia de la queja, para que así el juicio de amparo fuera un medio eficaz del derecho social previsto en el artículo 27 de la Constitución Federal.

Figura que, en el caso de la materia agraria, se aplica -incluso- en forma amplísima, pues procede respecto de los conceptos de violación de la demanda y de los agravios en los recursos, así como en las exposiciones, comparecencias y alegatos, incluyéndose recabar las pruebas que determinen la existencia del acto reclamado y las autoridades emisoras del mismo, así como los que sean necesarios para la debida protección de los derechos de los núcleos de población ejidal o comunal y de los ejidatarios y comuneros, que tengan el carácter de quejosos o tercero interesados, o sea, una suplencia de la queja deficiente en forma amplísima.(5)

Ahora, en el particular, la parte quejosa -**********- se trata de una empresa social que es propiedad de una comunidad indígena, quien pudiera verse afectada en su derecho fundamental a la propiedad, con motivo de la probable afectación de su patrimonio, derivada de la resolución determinante del crédito fiscal objeto de análisis en la sentencia aquí reclamada.

Ello, toda vez que los derechos de la empresa social corresponde su titularidad a la comunidad indígena, es decir, ésta es propietaria de la empresa a afectarse, sin que por la naturaleza administrativa del caso singular y de las características de la quejosa, en su calidad de comunidad indígena, deba aplicarse el principio de estricto derecho, cuando está de por medio su patrimonio.

Lo anterior, porque el derecho fundamental a la propiedad, en tratándose de comunidades indígenas, se encuentra consagrado en diversos dispositivos de rango constitucional, tales como los artículos 2o., apartado A, fracción VI y apartado B, fracción VII, así como 27, párrafo noveno, fracción VII, de los cuales se obtiene que el Estado Mexicano(6) -comprendiendo todas sus autoridades- se encuentra comprometido y obligado a facilitar a los sujetos de derecho agrario -entre ellos, los núcleos comunales- hacerse de cualquiera de las formas y propiedades de la tierra, apoyarlos para que preserven su tenencia e, incluso, impulsarlos para que la exploten y se alleguen de ingresos; obligación que surge a raíz del estado desigual en que se encuentran dichas comunidades, lo que implica realizar tal distinción.

Luego, conforme al derecho jurisprudencial(7) emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la propiedad abarca, entre otros, el uso y goce de los bienes, definidos como cosas materiales apropiables, así como todo derecho que pueda formar parte del patrimonio de una persona. Concepto este último que comprende todos los muebles e inmuebles, los elementos corporales e incorporales y cualquier otro objeto inmaterial susceptible de valor.(8) Asimismo, corresponde -tal derecho esencial- no sólo a la posesión de bienes,(9) sino además a las pensiones de los trabajadores,(10) así como a la protección al salario(11) y a los derechos adquiridos,(12) a la propiedad intelectual y los derechos de autor, entre otros.

Entonces, la determinación del crédito fiscal analizado en la sentencia reclamada constituye un acto tendente a afectar a la empresa comunal(13) en su derecho fundamental de propiedad, pues su ejecución o materialización conllevaría afectar su patrimonio con la privación de los recursos económicos obtenidos con motivo de la explotación de sus tierras en ejercicio de sus derechos agrarios, ya que la actividad realizada por tal ente consiste en la recolección de productos forestales, según consta de su Registro Federal de Contribuyentes.

Por ende, si con motivo de lo resuelto en el particular puede llegarse a generar una transgresión al derecho fundamental de propiedad que conlleva la afectación de los derechos agrarios de la empresa quejosa, al pretender privársele del patrimonio obtenido con motivo del ejercicio de tales derechos, de los cuales corresponde su titularidad a una comunidad indígena, la que es considerada un grupo vulnerable que, por sus características, se encuentra en estado de desventaja social para su defensa en el juicio, es inconcuso que opera en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, en términos del artículo 79, fracción IV, en relación con el 17, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, en concordancia con los diversos 2o., apartado A, fracción VI y apartado B, fracción VII y 27, párrafo noveno, fracción VII, de la Constitución Federal.

Luego, al estar en el debate jurisdiccional el derecho fundamental del patrimonio de la empresa solicitante del amparo, conlleva que este Tribunal Colegiado de Circuito esté en aptitud de ejercer el control ex officio de constitucionalidad y convencionalidad, aun cuando ese derecho esencial esté regulado en la propia Constitución Federal.

Lo anterior, pues el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el expediente Varios 912/2010, no hizo esa acotación ni determinó que el control ex officio fuera una cuestión de subsidiariedad, sino que más bien recalcó que los Jueces y todas las autoridades del país estaban obligados a velar por los derechos humanos.

Vigilancia que se traducía, en el caso de los juzgadores, en un problema interpretativo y que, para ello, se requería que llevasen a cabo efectivamente ese control en aquellos casos en los que la norma que se va a aplicar despierte sospechas para la autoridad aplicadora o sea señalada por el interesado como violatoria de derechos humanos en el juicio de amparo, debiendo dilucidarse tal aspecto, con la interpretación más favorable a la persona para lograr su protección más amplia.

En ese sentido, la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación definió que los derechos humanos, en su conjunto, constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del orden jurídico mexicano. Ante lo cual, este órgano de control de la constitucionalidad y convencionalidad debe velar por su fiel observancia y cumplimiento ejerciendo control difuso ex officio,(14) al efectuar una interpretación conforme en sentido amplio.

Orientan al respecto, la tesis aislada P. LXX/2011 (9a.) y las jurisprudencias P./J. 20/2014 (10a.) y 1a./J. 38/2015, las dos primeras del Pleno, y la restante de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, por su orden, establecen:

"SISTEMA DE CONTROL CONSTITUCIONAL EN EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO.-Actualmente existen dos grandes vertientes dentro del modelo de control de constitucionalidad en el orden jurídico mexicano, que son acordes con el modelo de control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos a cargo del Poder Judicial. En primer término, el control concentrado en los órganos del Poder Judicial de la Federación con vías directas de control: acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparo directo e indirecto; en segundo término, el control por parte del resto de los Jueces del país en forma incidental durante los procesos ordinarios en los que son competentes, esto es, sin necesidad de abrir un expediente por cuerda separada. Ambas vertientes de control se ejercen de manera independiente y la existencia de este modelo general de control no requiere que todos los casos sean revisables e impugnables en ambas. Es un sistema concentrado en una parte y difuso en otra, lo que permite que sean los criterios e interpretaciones constitucionales, ya sea por declaración de inconstitucionalidad o por inaplicación, de los que conozca la Suprema Corte para que determine cuál es la interpretación constitucional que finalmente debe prevalecer en el orden jurídico nacional. Finalmente, debe señalarse que todas las demás autoridades del país en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de aplicar las normas correspondientes haciendo la interpretación más favorable a la persona para lograr su protección más amplia, sin tener la posibilidad de inaplicar o declarar su incompatibilidad."(15)

"DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL. El primer párrafo del artículo 1o. constitucional reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte. De la interpretación literal, sistemática y originalista del contenido de las reformas constitucionales de seis y diez de junio de dos mil once, se desprende que las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, entendiendo que, derivado de la parte final del primer párrafo del citado artículo 1o., cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional, ya que el principio que le brinda supremacía comporta el encumbramiento de la Constitución como norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal como material, circunstancia que no ha cambiado; lo que sí ha evolucionado a raíz de las reformas constitucionales en comento es la configuración del conjunto de normas jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha supremacía en el orden jurídico mexicano. Esta transformación se explica por la ampliación del catálogo de derechos humanos previsto dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual evidentemente puede calificarse como parte del conjunto normativo que goza de esta supremacía constitucional. En este sentido, los derechos humanos, en su conjunto, constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del orden jurídico mexicano."(16)

"CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. NO ES UNA CUESTIÓN DE SUBSIDIARIEDAD, POR LO QUE DEBE LLEVARSE A CABO AUN CUANDO EL DERECHO HUMANO DE QUE SE TRATE ESTÉ CONTENIDO EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. La obligación de ejercer el control ex officio de constitucionalidad y convencionalidad de una norma se actualiza aun en aquellos casos en los que el derecho humano de que se trate esté regulado en la propia Constitución Federal. Lo anterior, porque el Tribunal Pleno, al resolver el expediente Varios 912/2010, no hizo esa acotación, ni determinó que el control ex officio fuera una cuestión de subsidiariedad, sino que más bien recalcó que los Jueces y todas las autoridades del país estaban obligados a velar por los derechos humanos y que esa vigilancia se traducía, en el caso de los juzgadores, en un problema interpretativo; para ello, se requiere que lleven a cabo efectivamente ese control en aquellos casos en los que la norma que se va a aplicar despierte sospechas para la autoridad aplicadora o sea señalada por el interesado como violatoria de derechos en el juicio de amparo; en esos supuestos, deberá además llevar a cabo el ejercicio en los tres pasos que indica el expediente Varios 912/2010: interpretación conforme en sentido amplio, interpretación conforme en sentido estricto y, en su caso, inaplicación."(17)

Sin que este Tribunal Colegiado de Circuito inadvierta la existencia de la jurisprudencia 2a./J. 23/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala, que establece:

"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN LOS JUICIOS DE AMPARO EN MATERIA AGRARIA. PARA QUE OPERE ES NECESARIO QUE LOS ACTOS RECLAMADOS AFECTEN O PUEDAN AFECTAR DERECHOS AGRARIOS DE LOS PROMOVENTES.-De la interpretación sistemática de las disposiciones contenidas en el Libro Segundo de la Ley de Amparo, particularmente de sus artículos 212, 217, 218 y 227, se colige que la suplencia de la queja deficiente en los juicios de amparo en materia agraria en que sean parte como quejosos o como tercero perjudicados las entidades o individuos que menciona el artículo 212, así como en los recursos que interpongan con motivo de dichos juicios, sólo opera cuando los actos reclamados tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a un núcleo de población sujeto al régimen ejidal o comunal, esto es, cuando afecten sus derechos agrarios, ya que la ratio legis del indicado Libro Segundo es tutelar a los núcleos de población ejidal o comunal y a los ejidatarios o comuneros en sus derechos agrarios, así como en su pretensión de derechos, también agrarios, a quienes pertenezcan a la clase campesina, por lo que dicha suplencia no debe llegar al extremo de aceptar su procedencia si los actos reclamados no afectan los derechos agrarios de los promoventes. Así, es insuficiente el hecho de que el juicio de amparo lo promueva un núcleo de población ejidal o comunal, o tenga el carácter de tercero perjudicado, para que opere la suplencia de la queja deficiente a que se refiere el artículo 76 Bis, fracción III, en relación con el diverso 227, ambos de la Ley de Amparo, pues se requiere, indefectiblemente, que los actos reclamados sean de naturaleza netamente agraria y como tales afecten o puedan afectar sus derechos agrarios."(18)

Criterio(19) del cual se desprende que la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País definió que la suplencia de la deficiencia de la queja en materia agraria no es absoluta, pues únicamente opera en aquellos asuntos donde exclusivamente se reclamen actos de naturaleza netamente agraria; esto es, dicha suplencia no operaba para casos en donde acudieran entes de derecho agrario a dilucidar cuestiones relativas a diversas materias, como bien pudiera ser la fiscal, que nos ocupa.

Sin embargo, en el caso singular se considera inaplicable, pues los criterios en contradicción que dieron origen a ese pronunciamiento se emitieron con antelación a la reforma constitucional en materia de derechos humanos, efectuada en junio de dos mil once y, por tanto, al formular el pronunciamiento respectivo, que dilucida la contradicción, no se efectuó a la luz del nuevo texto del artículo 1o. de la Constitución Federal, en lo que concierne a la interpretación conforme al derecho humano de la seguridad jurídica, ni de la aplicación del principio pro persona, precisamente porque ese texto fue posterior a los precedentes jurisdiccionales que dieron origen al criterio de referencia, es decir, éste se realizó con base en los métodos de interpretación tradicional(20) vigentes en ese momento.

Así lo es, atento a la diferencia textual de los preceptos constitucionales y legales siguientes:

Ver diferencia textual

De los numerales transcritos -en lo que importa al caso- se obtiene, que si bien no se dio una reforma sustancial en el texto constitucional, lo cierto es que ésta sí se realizó en la legislación reglamentaria, pues en la legislación abrogada -con base en la cual se sustenta el criterio jurisprudencial citado-, se establecía, a semejanza de la legislación en vigor, la procedencia de la institución en comento en beneficio de los mismos entes de derecho agrario.

Sin embargo, esa legislación abrogada era más específica al establecer los supuestos en que procedía suplir la deficiencia de la queja; esto es, dejaba menos margen interpretativo para que el operador jurídico estableciere en qué casos procedía o no aplicar esa institución.

Lo que no acontece con la actual Ley de Amparo, donde se empleó una redacción más genérica, al establecerse que únicamente, para estar en aptitud de suplir la deficiencia de la queja, el acto reclamado debe tener por efecto transgredir bienes o derechos agrarios, sin especificar -siquiera de manera ejemplificativa- supuestos específicos, o bien, qué debe entenderse por tales actos, como sí se preveía en la legislación anterior, lo cual permite una mayor labor interpretativa del juzgador, con el fin de dilucidar cuándo debe aplicar la figura en comento.

Corolario de lo anterior, y con base en el nuevo modelo interpretativo generado con motivo de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, vigente durante la resolución del presente juicio de derechos fundamentales, no es dable distinguir que la suplencia de la queja, en tratándose de sujetos de derecho agrario, sólo opera en juicios de esa naturaleza, pues es factible extender tal beneficio procesal a tales entes -dada su desventaja social- en cualquier materia, siempre y cuando sus derechos agrarios, entre los cuales se contemplan evidentemente los patrimoniales, puedan verse afectados, tal como acontece en el caso.

Además, ha de señalarse que si la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya determinó que tratándose de pensionados y jubilados procede la suplencia de la queja deficiente conforme al nuevo paradigma constitucional y legal de los derechos humanos, según la tesis aislada XCV/2014, que establece:

"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA LABORAL. OPERA EN FAVOR DE LOS PENSIONADOS Y DE SUS BENEFICIARIOS. Conforme al artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca del juicio deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en materia laboral, en favor del trabajador, con independencia de que la relación entre empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por el administrativo; de lo cual se deduce que si bien esta norma se refiere a determinados sujetos y a dos tipos de relaciones jurídicas específicas, como son, por un lado, las personas que cumplen con su deber social y su derecho al trabajo y, por otra, quienes las emplean, ya sea dentro de un vínculo laboral o de orden administrativo, lo cierto es que las razones que en estos supuestos inspiran la obligación del órgano de amparo para suplir la deficiencia de la queja a favor del trabajador no se agotan con motivo de la jubilación o retiro de quien había estado subordinado a un empleador, pues las causas que originaron el auxilio que la ley les brindaba durante su época laboralmente activa no sólo se mantienen, sino que incluso se agudizan, porque lo habitual es que como pensionistas sus ingresos se reduzcan y, con ello, la posibilidad de contar con asesoría legal adecuada. Así, esta Segunda Sala determina que tratándose de juicios de amparo deducidos de asuntos laborales o contencioso-administrativos, en los que se controviertan el otorgamiento y los ajustes de pensiones, así como de cualquiera otra prestación derivada de éstas, ya sea por los interesados o por sus beneficiarios, el órgano de amparo queda obligado a suplir la deficiencia de la queja en favor de los demandantes de tales pretensiones, en la inteligencia de que este deber sólo tiene razón de ser cuando existan causas jurídicamente válidas para preservar u otorgar algún derecho, pues si el juzgador no advierte que dicha suplencia lo conduzca a esta finalidad provechosa para el particular, bastará con que así lo declare sin necesidad de que haga un estudio oficioso del asunto, el cual, por carecer de un sentido práctico, sólo entorpecería la pronta solución del litigio en perjuicio de los propios justiciables."(21)

También procede indicar que este Tribunal Colegiado de Circuito ha sostenido que aquella suplencia opera respecto de los jubilados y pensionados, por más que el caso sea de naturaleza administrativa, desde el amparo directo administrativo 535/2009(22) hasta el diverso 840/2014,(23) lo cual fue sostenido por unanimidad de votos.

Habida cuenta de que las razones que inspiran el deber del juzgador para suplir la deficiencia de la queja no se agotan, incluso, con motivo de la jubilación o de la pensión de quien ha estado subordinado como trabajador, sino que se extiende su calidad de activo a inactivo, precisamente porque se agudiza su condición social y económica; de manera que procede tal suplencia, tanto en asuntos laborales como en los de naturaleza contenciosa administrativa,(24) y si la suplencia procede en la vía administrativa, por aquella razón, igual tratamiento debe darse a la comunidad indígena por su situación de vulnerabilidad.

Esto es, con mayor razón, opera la suplencia de la queja deficiente en favor de una comunidad indígena en cualquier materia, pues constituye un grupo en estado de desventaja social para su defensa en juicio, aun mayor que el de la clase trabajadora, pues dadas sus costumbres y tradiciones ajenas al statu quo imperante en la sociedad, en la mayoría de las ocasiones son excluidos de esa realidad, a diferencia de los trabajadores que sí se encuentran inmersos en ese modo de vida.

Lo anterior conlleva que las comunidades indígenas estén más propensas a ser afectadas en su esfera jurídica, es decir, en sus derechos agrarios, lo cual en modo alguno puede ser pasado por alto, pues la sociedad, a través de sus instituciones, entre ellas el Poder Judicial, está interesada en que los grupos más desprotegidos fácticamente cuenten con medios o instituciones a través de las cuales se subsanen esas desigualdades, entre las cuales bien se contempla la suplencia de la deficiencia de la queja, pues sólo así se tiende a lograr alcanzar un Estado democrático constitucional y humanista de derecho.

DÉCIMO.-Análisis de los conceptos de violación (primera parte).

A. Es infundada la argumentación de la quejosa en la primera parte del único concepto de violación esgrimido, cuando aduce que la autoridad no determina en forma fundada el cuarto concepto de impugnación, en relación a que la orden de visita domiciliaria no fue suscrita por autoridad competente, ya que el nombramiento y/o cargo con el cual se ostenta, no se encuentra en un ordenamiento jurídico legal.

Primero, porque no es verdad que se vulnere lo establecido en los artículos 16 constitucional y 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, cuando la autoridad responsable atendió la pretensión planteada, ya que en la primera parte del considerando cuarto de la sentencia reclamada expresó las consideraciones por las cuales, en términos de los numerales 17, fracción III, último párrafo y 19, inciso A, fracción I, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, es legal que esa orden de visita domiciliaria haya sido suscrita por quien se ostentó como administrador local de Auditoría Fiscal de Uruapan; y,

Segundo, porque las consideraciones efectuadas por la Sala responsable son legales, conforme a lo dispuesto por el artículo 19, primer párrafo, apartado A, fracción I y último párrafo, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, vigente al momento en que se emitió la orden de revisión de visita domiciliaria, prevista en el diverso precepto 42, primer párrafo, fracción III y antepenúltimo, penúltimo y último párrafos, en relación a una orden de visita domiciliaria, así como porque la administración local de Auditoría Fiscal de Uruapan está a cargo de un administrador local.

Así se determina, habida cuenta de que es inexacto que la existencia del administrador local de Auditoría Fiscal de Uruapan, la Sala fiscal responsable la haya ‘inferido’, exclusivamente de lo dispuesto por los numerales 17 y 19 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, atento a que de la sentencia reclamada consta que la conclusión de la autoridad responsable en el sentido de que sí existe el administrador local de Auditoría Fiscal de Uruapan, se funda no sólo en lo que establecen los artículos 17 y 19 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, en sus diversas fracciones, sino también porque están íntimamente relacionados con el artículo 37, apartado A, fracción XXX, del propio reglamento, pues éstos no deben interpretarse en forma aislada, sino en relación con el precepto.

Lo cual es legal, porque no obstante que el artículo 17 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, ni el diverso 19 del propio ordenamiento, refieren de manera precisa al administrador local de Auditoría Fiscal de Uruapan; no menos cierto es que el numeral 37, apartado A, fracción XXX, del propio reglamento establece:

"Artículo 37. El nombre y sede de las unidades administrativas regionales será el que le corresponda conforme a las fracciones de los apartados que a continuación se señalan. Cada una de ellas tendrá la circunscripción territorial que se determine mediante acuerdo del jefe del Servicio de Administración Tributaria.

"A. Administraciones Locales de Asistencia al Contribuyente, Jurídicas, de Recaudación y de Auditoría Fiscal:

"I. ...

"XXX. De Uruapan, con sede en Uruapan, Michoacán."

Lo cual torna incontrovertible que sí existe la señalada autoridad hacendaria y, por tanto, son infundados los conceptos de impugnación en los que la persona moral contribuyente, ahora quejosa, con insistencia argumenta que la ilegalidad de la orden de visita domiciliaria parte de la base de la inexistencia legal de la autoridad que la emitió, esto es, del administrador local de Auditoría Fiscal de Uruapan, toda vez que de un análisis relacionado y congruente del contenido de los artículos 17, fracción III, último párrafo y 19, inciso A, fracción I, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, con el diverso dispositivo 37, apartado A, fracción XXX, del propio reglamento, así se desprende, y ello torna incontrovertible que, en este aspecto, la orden de visita domiciliaria cumple con la debida fundamentación y mot

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26096-4e2cb3d1/suplencia-de-la-queja-deficiente-en-el-amparo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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