Corpus
Modo: Corpus Pro

PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1131/2012. · Registro digital (IUS): 25039
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2014-05-23
Promovente: —
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, Pág. 742.

PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1131/2012. 5 DE SEPTIEMBRE DE 2012. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO. AUSENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO. SECRETARIO: JUAN JOSÉ RUIZ CARREÓN.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción II, de la Ley de Amparo; 11, fracción V, y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 37 del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; además, conforme a lo previsto en los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, en virtud de que se interpuso en contra de una sentencia dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito en un juicio de amparo directo, en el que se interpretó el alcance y sentido de los artículos 1o., 17, 103, fracción I, 107, fracción I y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo innecesaria la intervención del Pleno de este Alto Tribunal.

SEGUNDO. Estudio de la procedencia del recurso de revisión. La naturaleza jurídica del amparo directo en revisión exige que, antes de examinar la cuestión de fondo planteada en el recurso, se verifique si se cumplen o no los requisitos de procedencia de dicho medio de impugnación.

Los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción V, de la Ley de Amparo, 10, fracción III, y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establecen:

"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

"...

"IX. En materia de amparo directo procede el recurso de revisión en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales, establezcan la interpretación directa de un precepto de esta Constitución u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas, siempre que fijen un criterio de importancia y trascendencia, según lo disponga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento de los acuerdos generales del Pleno. La materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras."

"Artículo 83. Procede el recurso de revisión:

"...

"V. Contra las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando decidan sobre la constitucionalidad de leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 constitucional y reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, o cuando establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución.

"La materia del recurso se limitará, exclusivamente, a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras. ..."

"Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en Pleno:

"...

"III. Del recurso de revisión contra sentencias que en amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando habiéndose impugnado la inconstitucionalidad de una ley federal, local, del Distrito Federal o de un tratado internacional, o cuando en los conceptos de violación se haya planteado la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dichas sentencias decidan u omitan decidir sobre tales materias, debiendo limitarse en estos casos la materia del recurso a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales."

"Artículo 21. Corresponde conocer a las Salas:

"...

"III. Del recurso de revisión contra sentencias que en amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito:

"a) Cuando habiéndose impugnado la constitucionalidad de un reglamento federal expedido por el presidente de la República, o de reglamentos expedidos por el gobernador de un Estado o por el jefe del Distrito Federal, o en los conceptos de violación se haya planteado la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en estas materias, se haya decidido o se omita decidir sobre la misma inconstitucionalidad o interpretación constitucional."

Por otra parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve, emitió el Acuerdo Número 5/1999, que establece las bases generales para la procedencia y tramitación de los recursos de revisión en amparo directo, el cual, en lo conducente, se reproduce:

"PRIMERO. Procedencia.

"I. El recurso de revisión es procedente contra las sentencias que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, si se reúnen los supuestos siguientes:

"a) Si en ella se decide sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley, tratado internacional o reglamento -federal o local-, o se establece la interpretación directa de un precepto constitucional; o bien, si en dichas sentencias se omite el estudio de las cuestiones acabadas de mencionar, cuando se hubieren planteado en la demanda de amparo.

"b) Si el problema de constitucionalidad referido en el subinciso anterior, entraña la fijación de un criterio jurídico de importancia y trascendencia a juicio de la Sala respectiva.

"Se entenderá que un asunto es importante cuando de los conceptos de violación (o del planteamiento jurídico, si opera la suplencia de la queja deficiente), se vea que los argumentos (o derivaciones) son excepcionales o extraordinarios, esto es, de especial interés; y será trascendente cuando se aprecie la probabilidad de que la resolución que se pronuncie establezca un criterio que tenga efectos sobresalientes en la materia de constitucionalidad.

"II. Por regla general, se entenderá que no se surten los requisitos de importancia y trascendencia cuando:

"a) Exista jurisprudencia sobre el tema de constitucionalidad planteado;

"b) Cuando no se hayan expresado agravios o cuando, habiéndose expresado, sean ineficaces, inoperantes, inatendibles o insuficientes, siempre que no se advierta queja deficiente que suplir;

"c) En los demás casos análogos a juicio de la Sala correspondiente."

De una interpretación sistemática de las normas jurídicas transcritas, se desprende que para la procedencia de un recurso de revisión en amparo directo, es indispensable que se verifiquen los siguientes requisitos:

1. Que el escrito u oficio de expresión de agravios esté firmado.

2. Que el recurso esté interpuesto oportunamente.

3. Que el promovente tenga legitimación procesal.

4. Que en la sentencia exista un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de leyes o la interpretación directa de un precepto de la Constitución, o bien, que en dicha sentencia se haya omitido el estudio de tales cuestiones, cuando se hubiesen planteado en la demanda de amparo.

5. Que conforme al Acuerdo Número 5/1999, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se reúna el requisito de importancia y trascendencia.

Sobre el tema, resultan aplicables las jurisprudencias cuyos rubros, textos y datos de localización, respectivamente, son los siguientes:

"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción V, 86 y 93 de la Ley de Amparo, 10, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo 5/1999, del 21 de junio de 1999, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece las bases generales para la procedencia y tramitación de los recursos de revisión en amparo directo, permiten inferir que un recurso de esa naturaleza sólo será procedente si reúne los siguientes requisitos: I. Que se presente oportunamente; II. Que en la demanda se haya planteado la inconstitucionalidad de una ley o la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal y en la sentencia se hubiera omitido su estudio o en ella se contenga alguno de esos pronunciamientos; y III. Que el problema de constitucionalidad referido entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia a juicio de la Sala respectiva de la Suprema Corte; en el entendido de que un asunto será importante cuando de los conceptos de violación (o del planteamiento jurídico, si opera la suplencia de la queja deficiente) se advierta que los argumentos o derivaciones son excepcionales o extraordinarios, esto es, de especial interés; y será trascendente cuando se aprecie la probabilidad de que la resolución que se pronuncie establezca un criterio que tenga efectos sobresalientes en materia de constitucionalidad; por el contrario, deberá considerarse que no se surten los requisitos de importancia y trascendencia cuando exista jurisprudencia sobre el tema de constitucionalidad planteado, cuando no se hayan expresado agravios o cuando, habiéndose expresado, sean ineficaces, inoperantes, inatendibles o insuficientes, siempre que no se advierta queja deficiente que suplir y en los demás casos análogos a juicio de la referida Sala, lo que, conforme a la lógica del sistema, tendrá que justificarse debidamente." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Segunda Sala, Tomo XIV, diciembre de 2001, tesis 2a./J. 64/2001, página 315, registro IUS: 188101)

"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA. Del artículo 107, fracción IX, de la Constitución Federal, y del Acuerdo 5/1999, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 94, séptimo párrafo, constitucional, así como de los artículos 10, fracción III, y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que al analizarse la procedencia del recurso de revisión en amparo directo debe verificarse, en principio: 1) la existencia de la firma en el escrito u oficio de expresión de agravios; 2) la oportunidad del recurso; 3) la legitimación procesal del promovente; 4) si existió en la sentencia un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de una ley o la interpretación directa de un precepto de la Constitución, o bien, si en dicha sentencia se omitió el estudio de las cuestiones mencionadas, cuando se hubieren planteado en la demanda de amparo; y, 5) si conforme al acuerdo referido se reúne el requisito de importancia y trascendencia. Así, conforme a la técnica del amparo basta que no se reúna uno de ellos para que sea improcedente, en cuyo supuesto será innecesario estudiar si se cumplen los restantes." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Segunda Sala, Tomo XXVI, agosto de 2007, tesis 2a./J. 149/2007, página 615, registro IUS: 171625)

"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ANÁLISIS QUE EMPRENDA LA SUPREMA CORTE PARA DETERMINAR LA IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA DEL RECURSO, TIENE COMO BASE LOS TEMAS CONSTITUCIONALES QUE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO RESOLVIERON O DEJARON DE ATENDER. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con apoyo en el Acuerdo Plenario 5/1999, ha establecido que no deben analizarse en primer término los agravios formulados por la parte recurrente para determinar la procedencia del recurso de revisión en amparo directo, si se advierte que aun resultando fundados ello no significaría la fijación de un criterio de importancia y trascendencia al resolverse los temas constitucionales de mérito. Ello es así, ya que de calificarse en primer término los agravios formulados por el recurrente, sin determinar previamente la importancia y trascendencia de la resolución que llegare a dictarse para la procedencia del recurso, se modificaría la voluntad del Poder Reformador de la Constitución de instituir la definitividad de las sentencias que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, pues aun cuando decidan sobre la inconstitucionalidad de una ley o establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución, la procedencia de su revisión está sujeta, además, a que el Máximo Tribunal del País, atendiendo a acuerdos generales, determine que se establecería un criterio importante y trascendente, tampoco se cumpliría con el espíritu de las reformas que dieron contenido al artículo 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al estudiar primero la eficacia de los agravios propuestos, pues los esfuerzos de la Suprema Corte no se encaminarían a establecer la interpretación definitiva de la Constitución, sino la inoperancia de los agravios de un recurso que de suyo es improcedente al no existir un pronunciamiento respecto de los multicitados temas constitucionales que amerite la emisión de un criterio que impacte en la interpretación y aplicación del orden constitucional. En todo caso, el análisis de la importancia y trascendencia debe partir de los temas de constitucionalidad resueltos por el Tribunal Colegiado, independientemente de los agravios formulados en el escrito respectivo, o bien, de los temas constitucionales planteados en la demanda de amparo, únicamente cuando el tribunal ad quem no realizó su estudio, en virtud de que el mencionado artículo 107, fracción IX, constitucional, prevé expresamente que será a juicio del Alto Tribunal establecer si del examen de dichos puntos puede emitirse un criterio con las características precisadas." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Segunda Sala, Tomo XXVI, agosto de 2007, tesis 2a./J. 150/2007, página 572, registro IUS: 171628)

El presente recurso de revisión cumple con todos los requisitos de procedencia señalados, toda vez que, en las fojas dos a quince del toca en que se actúa, está agregado el oficio de expresión de agravios firmado por parte legítima (**********, ********** y **********, tercero perjudicados en el amparo directo origen de la presente revisión), el cual se presentó oportunamente.

En efecto, la notificación de la sentencia recurrida se realizó a los terceros perjudicados, por medio de lista, el trece de marzo de dos mil doce (foja 183 vuelta), por lo que tal notificación surtió sus efectos el día hábil siguiente, es decir, el catorce de marzo; en consecuencia, el plazo de diez días mencionado transcurrió del quince al treinta de marzo de dos mil doce, debiendo descontarse de tal cómputo los días diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco, por haber sido sábados y domingos, respectivamente, así como el veintiuno, en términos de los artículos 23 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el diecinueve de marzo de dos mil doce, en términos del numeral 74 de la Ley Federal del Trabajo y del Acuerdo General 10/2006, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de los días inhábiles y de descanso; por tanto, si la interposición del presente recurso de revisión se hizo el veintiocho de marzo de dos mil doce, es decir, el antepenúltimo día del plazo, es inconcuso que tal presentación resultó oportuna.

Ahora bien, debe recordarse que en términos del artículo 107, fracción IX, de la Constitución Federal, la procedencia del recurso de revisión en amparo directo también está condicionada a la exposición de argumentos en la demanda de amparo directo sobre la inconstitucionalidad de una norma general (aun en la hipótesis de que se omita su estudio en la sentencia), o que se haya realizado una interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal en la sentencia pronunciada por el Tribunal Colegiado de Circuito, o exista decisión sobre dicho argumento de inconstitucionalidad.

Así, en el caso que se analiza, también se reúne el requisito de mérito para la procedencia del recurso de revisión, ya que el tribunal a quo desentrañó el alcance y sentido de los artículos 1o., 17, 103, fracción I, 107, fracción I y 133 de la Constitución Federal, a la luz de la reforma constitucional de junio de dos mil once, pronunciamiento que es objeto de impugnación en el presente recurso, dado que en los agravios expuestos la parte recurrente se duele de tal decisión.

De acuerdo con lo dicho, el recurso de revisión es procedente y, por ende, a continuación se analizarán los agravios esgrimidos por los terceros inconformes:

TERCERO. Agravios. Los recurrentes sostienen en sus agravios lo que a continuación se transcribe:

"PRIMERO. La sentencia que por esta vía se combate causa agravio al núcleo agrario en sí mismo y a los suscritos como integrantes del comisariado de bienes comunales del núcleo agrario de **********, Municipio de **********, de **********, **********, porque se hace una interpretación directa de los artículos 1o., 103, fracción I, 17, 133 y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que está en contradicción con el contenido del artículo 107, fracción I, de la propia Constitución. En efecto, de la lectura atenta de la sentencia pronunciada por los Magistrados integrantes del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, tenemos que, a partir de la foja 53 (parte final) y siguientes, se hace interpretación directa de los vigentes artículos 1o. y 103, fracción I, y aun se les reproduce parcialmente. Como corolario de su interpretación, el tribunal de amparo establece que el Tribunal Superior Agrario estaba obligado a velar por el verdadero acceso a la justicia, indicando y turnando el expediente a la autoridad competente que debe conocer de la impugnación a la sentencia de primera instancia. Pero omite tomar en cuenta que el artículo 16 constitucional establece que todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero, que se debe invocar el precepto legal vigente que se ajuste al acto de autoridad. En otras palabras, las actuaciones de los poderes públicos deben ajustarse a la Ley y a la Constitución, y debe invocarse siempre el precepto legal aplicable. En el caso que nos ocupa, los Magistrados pretenden que los integrantes del Tribunal Superior Agrario realicen un acto de autoridad que no está contemplado en la Ley Agraria ni en la Constitución; que al declarar improcedente un recurso de revisión, digan y expliquen cuál es la ruta crítica del juicio de amparo, que así lo hagan saber a los quejosos y, además, que explique que si van a promover juicio de amparo, se encuentran en el término para estos efectos. Todo lo anterior, a criterio de los suscritos, contraviene totalmente los derechos humanos de los suscritos, pues se amplían hacia la arbitrariedad total los alcances de los artículos 1o. y 103, fracción I, de la Constitución. Esto es, se ordena a una autoridad responsable a realizar actuaciones que no tienen aún, precisamente por la falta de reglamentación, un fundamento legal en el cual puedan apoyarse, pues evidentemente, la sentencia del Cuarto Tribunal Colegiado no puede erigirse en ley ni establecerse como la norma que debe aplicarse por parte de los Magistrados del Tribunal Superior Agrario. El actuar que debe desplegar el Tribunal Superior Agrario, de acuerdo con la sentencia que se impugna, simplemente no tiene asidero en la Ley Agraria ni en la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios y, por ello, sostenemos que los Magistrados del Cuarto Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Tercera Región, pretenden que su resolución es una norma que el citado Tribunal Superior Agrario debe aplicar, lo cual es, reiteramos, un abuso del poder en términos del mismo artículo 1o. constitucional, que se dice defender, y se hace en perjuicio de los suscritos. Los Magistrados del Cuarto Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Tercera Región establecen que ello es así, en virtud de que las recientes reformas de los artículos 1o. y 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, impactan directamente en la administración de la Justicia Federal, porque amplían su competencia en cuanto al objeto de protección del juicio de amparo. Establecen que los artículos 1o. y 103, fracción I, constitucionales vigentes, afines a la lógica internacional, extienden el espectro de protección en materia de derechos humanos y dada la necesidad de constituir al juicio de amparo en su medio más eficiente de autolimitar el abuso de la actuación de las autoridades públicas, se amplía el marco de protección de ese proceso extendiendo la materia de su control, en ese sentido es que mediante el juicio de amparo se protegen de manera directa, además de las garantías que preveía nuestra Constitución, los derechos humanos reconocidos por ésta, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, en los que operan los principios de progresividad, universalidad, interdependencia e indivisibilidad, mediante la expresión clara del principio pro persona como rector de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, en aquellas que favorezcan y brinden mayor protección a las personas. ‘Así, la ampliación de los derechos que significa la concreción de algunas cláusulas constitucionales, como aquella relativa a los migrantes o a la suspensión de garantías, aunada a la obligación expresa de observar los tratados internacionales firmados por el Estado Mexicano, miran hacia la justiciabilidad y eficacia de los derechos que, a la postre, tiende al mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad y al desarrollo de cada persona en lo individual; análisis que en todo caso, procede realizar bajo el principio de interpretación conforme en relación con la figura jurídica de acceso a la justicia, lo que se puede precisar al emprender un análisis armónico, sistemático y teleológico de la norma, puesto que esta facultad se desarrolla con la facultad que otorga la reforma aludida.’. Como claramente se aprecia, el Tribunal Colegiado que nos ocupa hace una interpretación directa del artículo 1o. constitucional, en relación con los diversos 103, fracción I, 133, constitucionales y luego interpreta, más adelante (en la foja 91 de la sentencia que se combate), el artículo 107, fracción I, de la misma Constitución, haciéndolo en total perjuicio de los suscritos y denegando el mandato constitucional que establece que el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada. En el presente caso, se ha llevado la interpretación de dichos numerales al extremo no sólo de suplir la deficiencia de la queja, sino de suplir la voluntad del justiciable, pues aun cuando el justiciable, en un primer momento, impugnó la sentencia del Tribunal Unitario Agrario mediante el recurso de revisión, ahora se pretende que debe considerarse la promoción del recurso de revisión como parte del juicio de amparo, puesto que se le dan efectos a la ejecutoria que se impugna de convalidar los términos que han transcurrido y que han fenecido volviéndolos a la vida jurídica para que los quejosos puedan estar en término para realizar impugnación correcta. Pero ello, está en pugna con todo lo establecido en el también vigente y recientemente reformado artículo 107 constitucional. En efecto, el artículo 107 constitucional, actualmente vigente también fue reformado mediante decreto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de 2011. De lo establecido en el mencionado artículo, en modo alguno se establece que deban pasarse por alto las reglas constitucionalmente establecidas para el trámite de los juicios de amparo. Y una de las reglas primordiales y básicas es la de que el juicio de amparo sólo puede seguirse a instancia de parte agraviada. Al establecer el Tribunal Colegiado que el medio de impugnación que se opuso en contra de la sentencia de primera instancia tiene los efectos de interrumpir los plazos y términos establecidos en la Ley de Amparo, el órgano de control constitucional suple así la voluntad del quejoso, y ello simplemente no lo puede hacer, precisamente, porque constitucionalmente está establecido que el juicio de amparo sólo puede seguir a instancia de parte agraviada. Así, no puede el propio órgano de control constitucional suplir la voluntad de justicia y pretender que lo que quiso hacer era promover un juicio de amparo en contra del Tribunal Superior Agrario (contra quien no se ha instado juicio de amparo alguno), porque ello simplemente está en pugna con el precepto constitucional que se está citando, y que es como sigue: ‘Artículo 107.’ (se transcribe). Como se ve, una interpretación del artículo 1o. y del diverso 103, fracción I, de la Constitución, debe hacerse en relación estrecha con el diverso 107, fracción I, constitucional, pero atendiendo a la letra y contenido de este numeral y no pretendiendo aquello que no se encuentra en el mandato constitucional. Al considerar los suscritos que es incorrecta la interpretación de los citados numerales realizada por los Magistrados del Cuarto Tribunal Colegiado y que dicha interpretación se hace en nuestro perjuicio, promovemos el presente recurso de revisión. En modo alguno pretendemos que se limiten los derechos humanos. Lo que pretendemos es que se haga una delimitación precisa por parte del Más Alto Tribunal de Justicia del País, para el efecto de no quedar al arbitrio de la interpretación que pueda darse a los artículos 1o., 103, fracción I, y 107, fracción I, en relación con el artículo 133 de la Constitución, respecto a las consecuencias que se deriven de una interpretación de esos numerales, pues atento al contenido de la sentencia impugnada, las consecuencias que se piden rebasan totalmente el ámbito constitucional y legal, pues se pretende que el Tribunal Superior Agrario actúe fuera del marco constitucional. Si el artículo 133 constitucional, que ha sido citado por los Magistrados del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, establece que la propia Constitución es Norma Suprema, debe establecerse con toda precisión que lo establecido en el artículo 107, fracción I, es Norma Suprema y su contenido no puede tener otra interpretación más que en la misma se establece: el juicio de amparo sólo puede seguirse a instancia de parte agraviada. SEGUNDO. Los Magistrados del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, interpretan directamente los diversos artículos 1o. y 103, fracción I, constitucionales, pero con su interpretación suplen la actividad legislativa que el Constituyente Permanente reserva al Poder Legislativo de la Unión y ello se hace en perjuicio de los suscritos como terceros perjudicados del amparo que fue resuelto el uno de marzo de 2012 con el número de amparo **********. En efecto, el artículo 1o. constitucional, en lo concerniente a los derechos humanos, requiere de reglamentación, pues así lo establece la parte final de su tercer párrafo, que se ha citado en la página 56 de la sentencia que se impugna. No puede arbitrariamente aplicarse una norma constitucional sin su correspondiente reglamentación, pues ello se traduciría en una nueva forma de actuación arbitraria del poder, que en este caso resulta ser el Tribunal Colegiado que nos ocupa. En otras palabras, la interpretación de la Constitución o de la ley no puede suplir la actividad legislativa en modo alguno. Por ello, los Magistrados del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región no pueden establecer cuál debe ser la actuación del Tribunal Superior Agrario como resultas del amparo que han resuelto (sic), si la actuación que debe desplegar dicho Tribunal Superior Agrario no está previsto en la Ley Agraria ni en la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. En otras palabras, la interpretación directa de la Constitución en modo alguno debe desconocer la actividad legislativa que debe desarrollar un poder diverso al Poder Judicial de la Federación. TERCERO. La interpretación directa de los Magistrados del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, que hacen de los artículos 1o., 17, 103, fracción I, y 107, fracción I, de la Constitución, trasciende a la interpretación que hacen del artículo 227 de la Ley de Amparo, pues este numeral establece la institución de la suplencia de la deficiencia de la queja, pero dentro de un juicio de amparo previamente instado en el que se hayan señalado los actos reclamados sometidos a la consideración del órgano de control constitucional y no establece que puedan considerarse actos reclamados que no hayan sido mencionados o señalados, porque ello evidentemente no es así. Si se considera que es así, entonces tenemos que existe de nueva cuenta un problema de constitucionalidad, porque se pretendería que la Ley de Amparo, en el artículo 227, permite que existan juicios de amparo, sin haber sido instanciados previamente, lo que resulta contrario al artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, en la sentencia que nos ocupa, existe un problema de constitucionalidad que debe ser resuelto por el Más Alto Tribunal de Justicia del País, porque se ha creado una pugna ficticia entre el contenido del artículo 227 de la Ley de Amparo y el contenido del artículo 107, fracción

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25039-58b36e7d/principio-de-interpretacion-mas-favorable-a-la-persona · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.