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Modo: Corpus Pro

AMPARO DIRECTO. SI EL ACTO QUE SE RECLAMA NO ES UNA SENTENCIA DEFINITIVA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBERÁ DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LA DEMANDA AL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA. DEFINITIVIDAD EN AMPARO DIRECTO. ESTE PRINCIPIO EXIGE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO, QUE SE AGOTEN PREVIAMENTE LOS RECURSOS ORDINARIOS PROCEDENTES EN CONTRA DE LA SENTENCIA O DE LA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 15/2002-PL. · Registro digital (IUS): 17706
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Agosto de 2003, , Pág. 547.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 15/2002-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: JUAN N. SILVA MEZA.

SECRETARIO: PEDRO ARROYO SOTO.

CONSIDERANDO:

CUARTO. Los criterios en posible contradicción son los siguientes:

El Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito al resolver el amparo directo civil 95/2002, promovido por Edgar Charles Campos, en sesión de fecha dieciséis de mayo de dos mil dos, sobreseyó en el juicio y al respecto sostuvo lo siguiente:

"PRIMERO. Este Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito es competente para conocer del juicio de amparo directo civil que se promueve, conforme a lo establecido en los artículos 103 y 107, fracción V, inciso c), de la Constitución General de la República; 46 y 158 de la Ley de Amparo; 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General Número 23/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, porque de los invocados dispositivos 158 y 46, párrafo primero, se infiere, respectivamente, que el juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda y procede contra sentencias definitivas dictadas por tribunales judiciales, entre otras resoluciones, respecto de las cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificadas o revocadas; y se entenderán por sentencias definitivas las que decidan el juicio en lo principal, y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. De la interpretación conjunta de los numerales en cuestión, se obtiene que el carácter de sentencia definitiva se adquiere una vez que en ella se decide el juicio en lo principal, no por la sola circunstancia de que las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario en su contra, sino por el hecho toral de que, legalmente, no sea posible su modificación o revocación. Criterio que se robustece con lo prevenido en el segundo párrafo del propio ordinal 46, tocante a que también se considerarán como sentencias definitivas las dictadas en primera instancia en asuntos judiciales del orden civil, cuando los interesados hubieren renunciado expresamente a la interposición de los recursos ordinarios que procedan, si las leyes comunes permiten la renuncia de referencia. De donde se sigue que, por idéntica razón, cuando en contra de una sentencia de primera instancia dictada dentro de un juicio ejecutivo mercantil, procede el recurso de apelación y éste no se agota, dejándose transcurrir el término para su interposición, dado que la misma, en esas condiciones, no puede ser legalmente modificada o revocada, tiene el carácter de definitiva para los efectos de la procedencia del juicio de amparo directo. En la especie, se reclama la sentencia de primera instancia de fecha dieciséis de octubre de dos mil uno, dictada dentro del juicio ejecutivo mercantil 1353/2001, por el Juez Quinto Menor Civil del Séptimo Partido Judicial en León, Guanajuato, que pertenece a este circuito. Dicha sentencia decidió el juicio en lo principal, toda vez que resolvió en definitiva las prestaciones deducidas por el actor, fincándole una condena al demandado. Ahora bien, como se verá más adelante, en contra de tal sentencia procede el recurso de apelación, atento lo previsto por el precepto 1340 del Código de Comercio, cuenta habida que proviene de un juicio ejecutivo mercantil, cuyo interés o cuantía excede de ciento ochenta y dos veces el salario mínimo general vigente en el Estado de Guanajuato a la fecha de la presentación de la demanda que lo inició. Luego, si se está frente a una sentencia de primera instancia dictada dentro de un juicio ejecutivo mercantil que decide éste en lo principal, y en contra de la cual procede el recurso de apelación, sin que aparezca constancia que acredite que éste se agotó, y habiendo transcurrido el término para su interposición a la fecha de presentación de la demanda iniciadora del expediente en que se actúa, debido a que en esas condiciones dicha sentencia no puede ser legalmente modificada o revocada, válidamente se puede convenir que la propia sentencia tiene el carácter de definitiva, para los efectos de la procedencia del presente juicio de amparo directo; juicio cuyo conocimiento compete a este Tribunal Colegiado, según se anunció al inicio del presente considerando, en virtud de que la repetida sentencia es pronunciada por un Juez que pertenece a este circuito ... CUARTO. Se estima innecesario tanto reproducir y analizar la parte considerativa de la sentencia reclamada como transcribir y abordar el estudio de los conceptos de violación formulados en su contra, toda vez que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia contemplada en la fracción XIII del artículo 73 de la ley reglamentaria de los preceptos 103 y 107 constitucionales, que este Tribunal Colegiado plantea de oficio ... En la especie, la parte quejosa reclama la sentencia de primera instancia de fecha dieciséis de octubre de dos mil uno, dictada dentro del juicio ejecutivo mercantil 1353/2001, por el Juez Quinto Menor de lo Civil del Séptimo Partido Judicial en León, Guanajuato ... en contra de la sentencia de mérito procede el recurso de apelación, conforme a los invocados artículos 1336, 1339, fracción I y 1340; recurso por el cual, como quedó asentado líneas arriba, dicha sentencia puede ser modificada, revocada o nulificada; de suerte que, previo a la promoción de este juicio de garantías, en acatamiento al principio de definitividad debió agotarse el indicado recurso; de ahí que como no se tiene ninguna constancia que demuestre que sí se agotó, cobra aplicación, como se anunció al principio de este considerando, la causal de improcedencia prevista por la fracción XIII del ordinal 73 de la ley reglamentaria de los preceptos 103 y 107 constitucionales, lo que obliga a decretar el sobreseimiento en términos del distinto numeral 74, fracción III, de la citada ley." (fojas 33 vuelta a 39 vuelta del toca).

En este mismo sentido, el propio Tribunal Colegiado al resolver el juicio de amparo directo civil 235/2002, promovido por Alfonso Agustín Ramírez González, en sesión de fecha veintitrés de mayo de dos mil dos, sobreseyó en el juicio y al respecto sostuvo lo siguiente:

"PRIMERO. Este Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito es competente para conocer y resolver de este juicio, conforme lo establecen los artículos 103 y 107, fracción V, inciso c) y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo; 37, fracción I, inciso c), 39 y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Se afirma lo anterior, toda vez que, en el caso en estudio, no se surte la competencia a favor de un Juez de Distrito, pues ello deriva de la interpretación que se deriva (sic) de los artículos 46 y 158 de la Ley de Amparo. De acuerdo con el artículo 46 del cuerpo de leyes en cita, en su primer párrafo señala que se entienden por sentencias definitivas las que decidan el juicio en lo principal y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas; mientras que el diverso numeral 158 mencionado establece que el juicio de amparo directo es competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito y procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por los tribunales judiciales, respecto de las cuales no proceda ningún recurso ordinario por el cual puedan ser modificadas o revocadas. En el presente caso, la sentencia reclamada es la emitida el veintiséis de febrero de dos mil dos por el Juez Segundo Menor Civil de Irapuato, Guanajuato, en cuyos puntos resolutivos condenó a la parte demandada al pago de las prestaciones que le eran exigidas. Tal resolución, en términos del primer párrafo del artículo 46 de la Ley de Amparo resolvió el juicio en lo principal al haber resuelto en definitiva la condena aludida; sin embargo, aun cuando, como se verá más adelante en el análisis de este asunto, dicha sentencia sí admite recurso, ello no quiere decir que no se trate de una resolución definitiva, ya que tal carácter se adquiere no únicamente en el caso de que las leyes comunes no concedan recurso ordinario alguno, sino también cuando existiendo tal medio de impugnación no se hubiera agotado, dejando transcurrir el término necesario para hacerlo y, por ende, adquiriendo la sentencia el carácter de definitiva. Lo anterior es así, toda vez que si partiéramos de una interpretación literal de la última parte del primer párrafo del artículo 46 de la Ley de Amparo, se establecería que únicamente tendrían el carácter de sentencias definitivas aquellas en las que las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por el que pudieran ser modificadas o revocadas, sin tomar en consideración que conforme al segundo párrafo de dicho numeral también tienen el carácter de sentencias (sic) cuando los interesados hubieran renunciado expresamente a la interposición de los recursos ordinarios que procedan, si las leyes comunes permiten la mencionada renuncia. En adición, de conformidad con la interpretación literal del precepto en esos dos párrafos, sólo cabría tener por sentencias definitivas: a) las que decidan el juicio en lo principal y respecto de las cuales las leyes comunes no conceden ningún recurso ordinario; b) las dictadas en primera instancia en asuntos judiciales del orden civil cuando los interesados hubieran renunciado expresamente a la interposición de los recursos que procedan, si las leyes comunes permiten la referida renuncia. Si tomáramos en cuenta tal interpretación de carácter literal, entonces tampoco procedería el amparo directo en contra de las sentencias emitidas por un tribunal de apelación una vez agotado el medio de impugnación previsto en la ley común, no obstante que resolviera tal medio de defensa el fondo del problema que se planteara; es por ello que el primer párrafo del mencionado artículo 46 de la Ley de Amparo, ha de interpretarse en un sentido amplio, por lo que por sentencia definitiva se debe entender aquella que resuelva el juicio en lo principal y las leyes comunes no concedan algún recurso ordinario; o bien, cuando la ley ordinaria, estableciendo dicho recurso, el mismo es agotado por el interesado en contra de una resolución que puso fin al juicio y promueve el juicio de amparo en contra de la sentencia recaída en ese recurso; y también cuando estando previsto el medio de defensa en las leyes ordinarias y estando obligado el interesado a agotarlo, no lo hace y hubiera transcurrido el término para ello, porque en este caso, se insiste, tal sentencia también adquiere carácter de definitiva. En conclusión, toda vez que el amparo directo fue hecho valer en contra de una sentencia definitiva, en virtud de que se estima que adquirió tal carácter por no haber hecho valer el interesado oportunamente el recurso de apelación previsto por el artículo 1340 del Código de Comercio, anterior a las reformas de mil novecientos noventa y seis, al exceder el negocio de la cuantía de ciento ochenta y dos veces el salario mínimo vigente en el Estado a la fecha de presentación de su demanda inicial, por lo que la sentencia del a quo debe ser considerada como definitiva, porque ese medio de impugnación previsto expresamente en la ley ordinaria no fue agotado, por ende, este Tribunal Colegiado se estima competente para conocer del presente asunto ... CUARTO. Se estima innecesario tanto reproducir y analizar la parte considerativa de la sentencia reclamada como transcribir y abordar el estudio de los conceptos de violación formulados en su contra, toda vez que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia contemplada en la fracción XIII del artículo 73 de la ley reglamentaria de los preceptos 103 y 107 constitucionales, que este Tribunal Colegiado plantea de oficio ... En la especie, la parte quejosa reclama la sentencia de primera instancia de fecha veintiséis de febrero de dos mil dos, dictada dentro del juicio ejecutivo mercantil 1409/96, por el Juez Segundo Menor Civil de Irapuato, Guanajuato ... válidamente se puede convenir que en contra de la sentencia de mérito procede el recurso de apelación, conforme a los invocados artículos 1336, 1339, fracción I y 1340 del Código de Comercio, con el texto anterior a las reformas; recurso por el cual, como quedó asentado líneas arriba, esa sentencia puede ser modificada, revocada o nulificada; de modo que, previo a la promoción de este juicio de garantías, en acatamiento al principio de definitividad debió agotarse el propio recurso; de ahí que como no se tiene ninguna constancia que demuestre que sí se agotó, cobra aplicación, como se anunció al principio de este considerando, la causal de improcedencia prevista por la fracción XIII del ordinal 73 de la Ley de Amparo, lo que obliga a decretar el sobreseimiento en términos del distinto numeral 74, fracción III, de la citada ley." (fojas 11 vuelta a 21 vuelta del toca).

Finalmente, el citado Tribunal Colegiado reiteró dicho criterio al resolver el amparo directo administrativo 251/2002, promovido por Antonio Garay Zedillo, en sesión de fecha treinta de mayo de dos mil dos, sobreseyó en el juicio y al respecto sostuvo:

"PRIMERO. Este Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito es competente para conocer y resolver de este juicio, conforme lo establecen los artículos 103 y 107, fracciones V, inciso b) y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo; 37, fracción I, inciso b), 39 y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Se afirma lo anterior, toda vez que en el caso en estudio no se surte la competencia a favor de un Juez de Distrito, pues ello deriva de la interpretación que se deriva (sic) de los artículos 46 y 158 de la Ley de Amparo. De acuerdo con el artículo 46 del cuerpo de leyes en cita, en su primer párrafo señala que se entienden por sentencias definitivas las que decidan el juicio en lo principal, y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas; mientras que el diverso numeral 158 mencionado establece que el juicio de amparo directo es competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito y procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por los tribunales judiciales respecto de las cuales no proceda ningún recurso ordinario por el cual puedan ser modificadas o revocadas. En el presente caso, la sentencia reclamada es la emitida el veintiséis de noviembre de dos mil uno por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Décimo Primer Distrito, en cuyos puntos resolutivos condenó a la parte demandada a la entrega de una porción ejidal. Tal resolución, en términos del primer párrafo del artículo 46 de la Ley de Amparo resolvió el juicio en lo principal al haber establecido en definitiva la condena aludida; sin embargo, aun cuando, como se verá más adelante en el análisis de este asunto, dicha sentencia sí admite recurso, ello no quiere decir que no se trate de una resolución definitiva, ya que tal carácter se adquiere no únicamente en el caso de que las leyes comunes no concedan recurso ordinario alguno, sino también cuando existiendo tal medio de impugnación no se hubiera agotado, dejando transcurrir el término necesario para hacerlo y, por ende, adquiriendo la sentencia el carácter de definitiva. Lo anterior es así, toda vez que si partiéramos de una interpretación literal de la última parte del primer párrafo del artículo 46 de la Ley de Amparo, se establecería que únicamente tendrían el carácter de sentencias definitivas aquellas en las que las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por el que pudieran ser modificadas o revocadas, sin tomar en consideración que conforme al segundo párrafo de dicho numeral, también tienen el carácter de sentencias cuando los interesados hubieran renunciado expresamente a la interposición de los recursos ordinarios que procedan, si las leyes comunes permiten la mencionada renuncia. En adición, de conformidad con la interpretación literal del precepto en esos dos párrafos, sólo cabría tener por sentencias definitivas: a) las que decidan el juicio en lo principal y respecto de las cuales las leyes comunes no conceden ningún recurso ordinario; b) las dictadas en primera instancia en asuntos judiciales del orden civil cuando los interesados hubieran renunciado expresamente a la interposición de los recursos que procedan, si las leyes comunes permiten la referida renuncia. Si tomáramos en cuenta tal interpretación de carácter literal, entonces tampoco procedería el amparo directo en contra de las sentencias emitidas por un tribunal de apelación una vez agotado el medio de impugnación previsto en la ley común, no obstante que resolviera tal medio de defensa el fondo del problema que se planteara; es por ello que el primer párrafo del mencionado artículo 46 de la Ley de Amparo, ha de interpretarse en un sentido amplio, por lo que por sentencia definitiva se debe entender aquella que resuelva el juicio en lo principal y las leyes comunes no concedan algún recurso ordinario; o bien, cuando la ley ordinaria, estableciendo dicho recurso, el mismo es agotado por el interesado en contra de una resolución que puso fin al juicio y promueve el juicio de amparo en contra de la sentencia recaída en ese recurso; y también cuando estando previsto el medio de defensa en las leyes ordinarias y estando obligado el interesado a agotarlo no lo hace, y hubiera transcurrido el término para ello, porque en este caso, se insiste, tal sentencia también adquiere carácter de definitiva. En conclusión, toda vez que el amparo directo se promovió en contra de una sentencia definitiva, en virtud de que se estima que adquirió tal carácter por no haber interpuesto el interesado oportunamente el recurso de revisión previsto por el artículo 198 de la Ley Agraria, por lo que la sentencia del Magistrado responsable debe ser considerada como definitiva, porque ese medio de impugnación previsto expresamente en la ley ordinaria no fue agotado; por ende, este Tribunal Colegiado se considera competente para conocer del presente asunto ... CUARTO. No se ingresará al estudio de la sentencia reclamada ni de los conceptos de violación, en atención a que este Tribunal Colegiado advierte que se actualiza una causal de improcedencia, la que atento lo dispuesto por el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, se analiza de oficio por tratarse de una cuestión de orden público ... en el caso, en términos de lo dispuesto por el artículo 198, fracción III, de la Ley Agraria y 9o. de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, sí procede el recurso de revisión en contra de la sentencia reclamada por lo que, como ya se dijo, conforme a los numerales 73, fracción XIII y 74, fracción III, de la Ley de Amparo debe decretarse el sobreseimiento en este juicio." (fojas 25 vuelta a 30 vuelta del toca).

Por su parte, el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito al resolver el juicio de amparo directo 768/2000, promovido por Omar García Hernández, en sesión de fecha dieciocho de enero de dos mil uno, se declaró legalmente incompetente y remitió los autos al Juzgado de Distrito en Materia Civil en turno. Al respecto sostuvo lo siguiente:

"ÚNICO. Este Tribunal Colegiado carece de competencia legal para conocer de este juicio de garantías, atento lo siguiente: El acto reclamado se hace consistir en la sentencia definitiva de cinco de octubre de dos mil, pronunciada por el Juez Quincuagésimo Cuarto de Paz Civil en el Distrito Federal en el juicio ejecutivo mercantil número 268/2000, promovido por Omar García Hernández en contra de Manuel Martínez; en dicho juicio el actor dedujo la acción cambiaria directa que prevé el artículo 150, fracción II, en relación con el 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, para obtener como suerte principal el pago de la cantidad de $16,420.00 (dieciséis mil cuatrocientos veinte pesos 00/100 M.N.) consignada en tres pagarés. José Manuel Martínez Ávila al contestar la demanda instaurada en su contra negó a la parte actora el derecho para reclamarle las prestaciones a que se refirió. Tramitado el juicio, el Juez del conocimiento dictó sentencia en la cual resolvió que no era procedente la vía ejecutiva mercantil y dejó a salvo los derechos del actor para que los hiciera valer en la vía y forma que correspondiera. Ahora bien, el artículo 1340 del Código de Comercio establece: (se transcribe). De lo transcrito, claramente se pone de manifiesto que procede la apelación en juicios mercantiles cuando el interés del negocio exceda de ciento ochenta y dos veces el salario mínimo general vigente en la fecha de interposición, en el lugar en el que se ventile el juicio. El diecisiete de octubre de dos mil, día en que se presentó la demanda ante el Juez Quincuagésimo Cuarto de Paz Civil en el Distrito Federal, el salario mínimo general vigente en este lugar era de $37.90 (treinta y siete pesos 90/100 M.N.), según lo dispuesto por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, cantidad que multiplicada por ciento ochenta y dos arroja el total de $7,343.70 (siete mil trescientos cuarenta y tres pesos 70/100 M.N.). Por tanto, si en el caso la cantidad reclamada como suerte principal fue la de $16,420.00, es evidente que excede de las 182 veces el salario mínimo general vigente en esa época, por lo que la resolución ahora reclamada es apelable en términos del artículo 1340 del Código de Comercio, al superar la cantidad que resulta de multiplicar por ciento ochenta y dos el salario mínimo; por tanto, dicha resolución no es definitiva por existir un medio de impugnación en su contra y, por ello, es claro que el acto reclamado no puede combatirse en amparo directo. No es obstáculo para lo anterior que el Juez responsable haya fincado su competencia en el artículo 2o. del título especial De la justicia de paz, conforme al cual los Jueces de Paz en materia civil conocerán de los negocios de jurisdicción contenciosa, común o concurrente, cuyo monto no exceda de mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, pues si bien el juicio del que deriva la sentencia reclamada se ventiló en un Juzgado de Paz Civil, en atención a la cuantía y de conformidad con las normas de competencia establecidas en el título especial De la justicia de paz, también es verdad que no hay razón legal para estimar aplicable el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal en lo referente a cuáles sentencias son o no apelables, porque en el caso el juicio de origen es ejecutivo mercantil, reglamentado en el libro quinto, título tercero, del Código de Comercio, que a su vez, en el título primero, capítulo XXV, relativo a las disposiciones generales, regula el recurso de apelación en la forma y términos analizados precedentemente. Consecuentemente, debe estarse a lo establecido en el artículo 1340 del Código de Comercio, que determina la procedencia del recurso de apelación cuando el interés del juicio excede de ciento ochenta y dos veces el salario mínimo general vigente, lo que acontece en la especie, según se ha considerado. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia emitida en la Novena Época por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, febrero de 1999, página 49, que establece: ‘APELACIÓN, RECURSO DE. JUICIOS EJECUTIVOS MERCANTILES TRAMITADOS ANTE JUECES DE PAZ.’ (se transcribe). Ahora bien, el Pleno de nuestro más Alto Tribunal ha sustentado la jurisprudencia número P./J. 40/97, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, junio de 1997, página 6, que establece: ‘DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA ANTE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. ÉSTE, EN NINGÚN CASO, DEBE DESECHARLA, SINO DECLARAR SU INCOMPETENCIA Y REMITIRLA AL JUZGADO DE DISTRITO CORRESPONDIENTE.’ (se transcribe). Por su parte, el artículo 46 de la Ley de Amparo dispone: (se transcribe). De lo antes transcrito se desprende que los Tribunales Colegiados de Circuito bajo ningún concepto pueden desechar alguna demanda que no sea de su competencia, puesto que las cuestiones de procedencia o improcedencia del juicio de amparo corresponde decidirlas únicamente al tribunal competente; además, por sentencia definitiva, para efectos del juicio de amparo directo, son aquellas que deciden el juicio en lo principal y respecto de las cuales las leyes comunes no conceden ningún recurso ordinario, por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas, esto es, que si dicha sentencia admite recurso, jurídicamente no puede ser considerada como definitiva. Con base en las ideas expuestas y, como ya se dijo, la sentencia reclamada en la demanda de garantías excede de las 182 veces el salario mínimo vigente, por lo que tal sentencia era apelable en términos del artículo 1340 del Código de Comercio, por lo que para efectos del juicio de amparo directo no puede considerarse como una sentencia definitiva, por existir un medio de impugnación en su contra. No se opone a lo anterior la circunstancia de facto ocurrida en el caso, como lo es que, al no haber sido recurrida la sentencia en su momento procesal oportuno, ya tenga el carácter de sentencia definitiva, pues las situaciones de hecho no son lo que motiva al artículo 46 de la Ley de Amparo, pues el propósito de esta norma son las situaciones jurídicas concretas y no supuestos de hecho. Por tanto, si el juicio de amparo directo únicamente es procedente contra sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin al juicio, es claro que este Tribunal Colegiado carece de competencia legal para conocer del presente juicio de garantías, motivo por el cual lo procedente es enviar la demanda de garantías y sus autos a un Juez de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal. Atento lo anterior, y con apoyo en lo dispuesto por el artículo 47, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, este Tribunal Colegiado declina la competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por Omar García Hernández, a favor del Juez de Distrito en Materia Civil del Distrito Federal en turno, para lo cual deberán remitirse a dicha autoridad los autos del juicio de amparo, la demanda y el expediente civil, previa formación del cuaderno de antecedentes." (fojas 24 vuelta a 29 del toca).

Dicha resolución dio origen a la siguiente tesis:

"Novena Época

"Instancia: Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: I.13o.C.3 C

"Página: 1055

"DEMANDA DE AMPARO CONTRA SENTENCIAS RESPECTO DE LAS CUALES LAS LEYES COMUNES CONCEDAN RECURSO Y ÉSTE NO SE AGOTÓ. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CARECEN DE COMPETENCIA PARA CONOCERLA. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 158 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo directo es procedente únicamente contra sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin al juicio y el numeral 46 de la citada ley, dispone que son sentencias definitivas aquellas que decidan el juicio en lo principal y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas; luego, es claro que si se interpone una demanda de amparo en contra de una sentencia o resolución respecto de la cual se conceda algún medio de impugnación por virtud del cual pueda ser revocada o modificada, los Tribunales Colegiados carecen de competencia para conocer de éstas, pues el acto que se reclama, si bien de facto se puede considerar como una sentencia definitiva en virtud de que no se interpuso el recurso que la ley concede, también es verdad que de acuerdo con lo establecido en la ley, ésta no puede considerarse de algún modo como una sentencia o una resolución definitiva, dada la indicada posibilidad de impugnación, aunque de hecho ya no pueda modificarse la sentencia al no haber sido recurrida, pues no son las situaciones de facto las que motivan el indicado artículo 46 de la Ley de Amparo.

"Amparo directo 768/2000. Omar García Hernández. 18 de enero de 2001. Mayoría de votos. Disidente: Ethel Lizette del Carmen Rodríguez Arcovedo. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretaria: Ana Paola Surdez López."

QUINTO. Previo al estudio de fondo del asunto, es necesario determinar si, en el presente caso, existe o no contradicción de tesis entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados contendientes.

Para ello, debe tenerse presente el contenido de la siguiente tesis de jurisprudencia:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 26/2001

"Página: 76

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17706-20439b8b/amparo-directo-si-el-acto-que-se-reclama · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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