APELACIÓN. EL ARTÍCULO 96, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO, QUE ESTABLECE LA CUANTÍA COMO REQUISITO PARA LA PROCEDENCIA DE ESE RECURSO, NO TRANSGREDE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA IGUALDAD JURÍDICA, A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 13/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO. 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017. UNANIMIDAD DE SIETE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JUAN JOSÉ ROSALES SÁNCHEZ, RENÉ OLVERA GAMBOA, TOMÁS GÓMEZ VERÓNICA, ELÍAS H. BANDA AGUILAR, ROBERTO CHARCAS LEÓN, ÓSCAR NARANJO AHUMADA Y JUAN MANUEL ROCHÍN GUEVARA. PONENTE: ELÍAS H. BANDA AGUILAR. SECRETARIO: ALEJANDRO CHÁVEZ MARTÍNEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia legal. Este Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco, es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 9 del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de dos mil quince, en virtud de que se trata de una contradicción de criterios sostenidos por Tribunales Colegiados en Materia Administrativa de este Tercer Circuito.
SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme al artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en tanto que el Séptimo Tribunal Colegiado de Materia Administrativa del Tercer Circuito ordenó que se hiciera dicha denuncia al resolver el juicio de amparo directo 74/2016, en el que se sustentó uno de los criterios contendientes.
TERCERO.-Criterios contendientes. Para estar en aptitud de establecer si existe o no la contradicción de tesis denunciada, es preciso tener en cuenta los antecedentes de los asuntos de donde emanan dichas tesis y las consideraciones que respectivamente sustentaron las ejecutorias dictadas por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en el amparo directo 74/2016 y por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región actualmente Sexto Tribunal Colegiado de la misma Materia y Circuito, en el amparo directo 227/2014 (cuaderno auxiliar 942/2014-A).
• Consideraciones del amparo directo 74/2016, del índice del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.
En sentencia dictada el treinta de marzo de dos mil diecisiete, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, negó el amparo solicitado, con apoyo en las siguientes consideraciones que al caso interesan:
- Que el artículo 17 constitucional garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, siendo que dicha prerrogativa fundamental puede limitarse con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas.
- Que el derecho humano de acceso a la tutela jurisdiccional, puede concebirse, en términos generales, como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión.
- Que el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha precisado que los Estados tienen la obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción y, por ende, una de las medidas de los Estados Partes deben suministrar para salvaguardar la obligación de garantía del derecho humano de acceso a la tutela jurisdiccional, que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal, todo ello dentro de la obligación general, a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción.
- Que la obligación del Estado de proporcionar un recurso efectivo, no se reduce simplemente a la mera existencia de tribunales o procedimiento formales o aun, a la posibilidad de recurrir éstos, sino que además de la existencia formal de estos recurso, éstos deben dar resultados o respuestas a las violaciones de derechos contemplados ya sea en la Convención, en la Constitución o en las leyes, en virtud de que la finalidad de la protección del referido artículo 25, es la posibilidad de acceder a un recurso judicial para que la autoridad competente y capaz de emitir una decisión vinculante determine si ha habido o no una violación a algún derecho que la persona reclama, estima tener y que, sea útil para restituir al interesado en el goce de su derecho y repararlo.
- Que no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios, máxime que si una determinada acción es el recurso destinado por la ley para obtener la restitución del derecho que se considera violado, toda persona que sea titular de dicho derecho debe tener la posibilidad real de interponerlo.
- Que en el caso "Cantos Vs. Argentina", la Corte Interamericana estableció que el derecho al acceso a la justicia no es absoluto y, consecuentemente, puede estar sujeto a algunas limitaciones discrecionales por parte del Estado, siempre y cuando tales restricciones guarden correspondencia entre el medio empleado y el fin perseguido y, en definitiva, no pueden suponer la negación misma de ese derecho.
- Que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el recurso de reclamación 777/2014, sostuvo que el juicio de amparo constituye un recurso judicial efectivo para impugnar la inconstitucionalidad, o incluso la inconvencionalidad, de una disposición de observancia general, pues permite al órgano jurisdiccional de amparo emprender un análisis para establecer si ha habido o no una violación a los derechos humanos de los solicitantes y, en su caso, proporcionar una reparación, criterio que se vio reflejado posteriormente en la jurisprudencia 2a./J. 12/2016 (10a.), consultable en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 27, Tomo I, febrero de 2016, página 763, de título y subtítulo: "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL JUICIO DE AMPARO CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS DE EFICACIA E IDONEIDAD A LA LUZ DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS."
- Que el artículo 96, fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, establece la procedencia de la apelación contra sentencias de primera instancia, como una posibilidad y no como un principio absoluto, lo que apunta a concluir que el legislador puede válidamente decidir que un determinado proceso únicamente podrá tramitarse en única instancia, pero para ello debe satisfacer un parámetro de razonabilidad y proporcionalidad, manteniéndose dentro del límite impuesto por los principios, valores y derechos fundamentales constitucionales, particularmente en lo que atañe al principio de legalidad, ya que debe darse igual acceso a los recursos a las personas que estén en situaciones iguales, de manera que los sistemas de impugnación no deben contener un trato discriminatorio, irrazonable e injusto frente al de personas que se encuentran en idéntica situación.
- Que el derecho de acceso a los recursos, es un derecho constitucional que únicamente puede ser excepcionado por el legislador, cuando busque el logro de una finalidad constitucionalmente legítima, lo que hace necesario estudiar cada caso individual para determinar la razonabilidad de las exclusiones de recursos, tomando en cuenta para ello, la totalidad del contexto normativo aplicable, a fin de determinar si existen otros medios de defensa, acciones, oportunidades procesales o mecanismos, que garanticen adecuadamente el derecho de defensa y el derecho a la tutela judicial efectiva de quienes se ven afectados por lo decidido en procesos de única instancia, evitando la arbitrariedad y minimizando la posibilidad de error.
- Que la exclusión de recursos será inconstitucional, cuando no aparezca justificada y proporcionada conforme a las finalidades de la medida, siendo en definitiva el juicio de razonabilidad el que resulta trascendente para determinar si la supresión respectiva encuentra justificación, debiéndose analizar para tal efecto, si existen otros mecanismos que salvaguarden los derechos de defensa y de acceso a una justicia completa e imparcial.
- Que el legislador se encuentra facultado para establecer limitaciones al derecho de la doble instancia, de manera excepcional, siempre que, por supuesto, no se trate de procedimientos criminales; sin embargo, debe satisfacer los parámetros de razonabilidad y proporcionalidad que se requieren en toda limitación de derechos fundamentales, pues debe mantenerse dentro de los limites connaturales a los principios y derechos fundamentales constitucionales, entre ellos, los fijados por las garantías del debido proceso, de equidad procesal, de igualdad, lo que significa que la limitación al derecho a la doble instancia no debe establecerse de tal suerte, que con ello se permita un desigual acceso a los recursos, o lo que es lo mismo, se establezca un criterio discriminatorio, irracional e injusto frente a personas que se encuentran en idéntica situación jurídica.
- Que el legislador expuso de manera expresa, que la finalidad que se persigue mediante la exclusión del recurso de apelación en los juicios de cuantía menor, es el de evitar que la búsqueda de un procedimiento ágil se vea frustrado por la interposición dolosa de recursos.
- Que se trata de un fin constitucionalmente válido, en cuanto a que se encuentra expresamente dispuesto en el artículo 17 constitucional y, además, dicho fin se persigue a través de una medida razonable, porque se establece un criterio de selección reservando la procedencia del recurso de apelación a determinados asuntos que se consideran más importantes en razón de su cuantía.
- Que se trata de una medida proporcional, pues aunque se limita el derecho a la segunda instancia, no se priva al gobernado del acceso a la justicia, ni se le deja en estado de indefensión; ya que por un lado, en el procedimiento uniinstancial, deben respetarse también las formalidades esenciales del procedimiento, que de conformidad con lo establecido por el Pleno del Alto Tribunal, consisten en la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa, la oportunidad de alegar y el dictado de una resolución que dirima cuestiones debatidas; tampoco se priva al gobernado del derecho al recurso como señala la parte quejosa, pues como se vio y en todo caso, el afectado cuenta con el juicio de amparo como instancia de defensa, por lo que no implica una privación absoluta del acceso a la justicia.
- Que el numeral combatido no resulta violatorio del artículo 1o. constitucional, pues el factor cuantía como elemento para determinar la procedencia, constituye un quántum objetivo que no se fundamenta en los ingresos ni condición social de las personas, sino en el monto global de pretensión.
- Que la medida combatida califica la importancia de los juicios con base en un criterio cuantitativo, sin hacer distinción entre personas, por lo que el trato diferenciado que se da a los juicios administrativos inferiores o superiores a setecientas veces el salario mínimo de Guadalajara, si bien da lugar a que ciertas personas tengan acceso al recurso mientras que para otras esté vedado, no se funda en ninguno de los criterios que el artículo 1o. constitucional prohíbe, ni en ningún otro que atente contra la dignidad humana, ya que no se está distinguiendo entre personas, sino entre tipos de procesos; citó los argumentos fueron (sic) sostenidos por Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al fallar la acción inconstitucional 22/2009; también se apoyó en la tesis 1a. XCII/2016 (10a), de la Primera Sala de ese Alto Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 8 de abril de 2016 a las 10:08 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 29, Tomo II, abril de 2016, página 1106, de rubro: "APELACIÓN. EL ARTÍCULO 691 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, QUE ESTABLECE LA CUANTÍA COMO REQUISITO PARA LA PROCEDENCIA DE ESE RECURSO, NO TRANSGREDE EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, NI EL ARTÍCULO 8 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS."
• Consideraciones del amparo directo 227/2014 (cuaderno auxiliar 942/2014-A), del índice del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región (ahora Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito).
En sentencia dictada el trece de febrero de dos mil quince, el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región (ahora Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito), concedió el amparo solicitado, con apoyo principalmente en las siguientes consideraciones:
- Que la Primera Sala del Más Alto Tribunal ha reiterado en diversos, criterios que el principio de igualdad previsto en el artículo 1o. de la Constitución, consiste medularmente en tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales; lo cual debe hacerse extensivo hasta el punto de que cuando la ley distingue entre dos o varios hechos, sucesos, personas o colectivos, es indispensable analizar si dicha distinción descansa en una base objetiva y razonable o si, por el contrario, constituye una discriminación arbitraria, sustentando su criterio en la jurisprudencia 1a./J. 55/2006, del rubro siguiente: "IGUALDAD. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI EL LEGISLADOR RESPECTA EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL."
- Que cuando la ley distingue entre dos o varios hechos, sucesos o personas, se requiere analizar los lineamientos para el examen de la constitucionalidad de las porciones normativas con los aspectos siguientes:
1. Si la distinción descansa en una base objetiva y razonable o es una discriminación constitucionalmente vedada.
2. La racionalidad o adecuación de la distinción hecha por el legislador, esto es, que la introducción de una distinción constituya un medio apto para conducir al fin un objetivo que el legislador quiere alcanzar, de tal suerte que exista una relación instrumental entre la medida clasificatoria y el fin pretendido.
3. Si cumple con el requisito de la proporcionalidad dado que el legislador no puede tratar de alcanzar objetivos constitucionalmente legítimos de un modo abiertamente desproporcional.
4. Establecer en cada caso, el referente sobre la cual se plantea la igualdad, porque la Norma Fundamental permite que en algunos ámbitos el legislador tenga más amplitud para desarrollar su labor normativa, mientras que en otros requiere que el juzgador sea especialmente exigente cuando deba determinar si el legislador ha respetado las exigencias derivadas del derecho fundamental de que se trata.
- Que del artículo 96, fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa, se desprende, que introducen una distinción entre los supuestos de procedencia para interponer el recurso de apelación, a saber, que el asunto sea de cuantía determinable superior a seiscientos días de salario mínimo, general vigente en el Municipio de Guadalajara, o que sea de cuantía indeterminable fracciones I y II.
- Que el legislador expuso respecto a la Ley de Justicia Administrativa, que contempla el numeral en comento, en específico en el dictamen del Decreto 8214 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, respecto a los límites para la interposición del recurso de apelación señaló: "Para evitar abusos en el ejercicio del recurso de apelación, con los cuales pueda retardarse indebidamente el procedimiento, se han establecido limitantes a su ejercicio, tanto por razón de la cuantía, como por el tipo de resolución de que se trata".
- Que el legislador al emitir la norma en comento, no señaló justificación razonable o justificable alguna, para fijar los límites para la procedencia del recurso de apelación, en tratándose de sentencias definitivas, cuya cuantía sea indeterminable o la controversia que motivó el juicio sea entre entidades públicas, pues, se insiste, no emitió criterio de razonabilidad objetiva del por qué la limitante de referencia, pues únicamente refiere que: "...para evitar abusos en el ejercicio del recurso de apelación, con los cuales pueda retardarse indebidamente el procedimiento, se han establecido limitantes a su ejercicio, tanto por razón de la cuantía, como por el tipo de resolución de que se trata...", sin realizar mayor razonamiento, de ahí que se concluya que carece de una justificación objetiva y razonable, además de ser desproporcional, al limitar la procedencia del recurso de apelación, a tres supuestos, a saber: la cuantía del asunto exceda de setecientos días de salario mínimo general vigente en el Municipio de Guadalajara; el asunto sea de cuantía indeterminable y cuando la controversia que motivó el juicio sea entre entidades públicas.
Lo cual es discriminatorio, ya que pugna con el derecho humano de igualdad ante la ley, es contradictorio al principio de igualdad constitucional y ante la ley, en términos de lo preceptuado en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no existe una justificación en realidad, del porqué del legislador local en uso de su facultad constitucional prevista en el artículo 35, fracción I, creó una norma procesal administrativa que regula una situación que requiera de ajustar la necesidad de impugnar las sentencias definitivas, mediante el recurso de apelación, con la cuantía de los negocios judiciales.
CUARTO.-Existencia de la contradicción de tesis.
En principio, resulta oportuno puntualizar que el objeto de resolución de una contradicción de tesis, consiste en unificar los criterios contendientes, atendiendo al principio de seguridad jurídica. Así, para determinar si en la especie existe o no esa contradicción, será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados, con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas -no necesariamente contradictorias en términos lógicos-.
Al efecto, resulta oportuno precisar que para la existencia de la contradicción de tesis, se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos:
a) Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa, en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo, mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;
b) Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico; ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y
c) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina, acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica resulta preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
Sobre el tópico se atiende a la jurisprudencia 1a./J. 22/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 122, Tomo XXXI, marzo de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA.-Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más tribunales colegiados de circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible."
A partir de los anteriores lineamientos, es dable sostener por este Pleno de Circuito, que en la especie existe la contradicción de tesis denunciada, pues como se verá a continuación, en el caso concurren los supuestos que se han indicado:
I. Criterio del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 74/2016.
El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito estimó que el artículo 96, fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, no es violatorio de los artículos 1o. y 17 constitucionales, y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al establecer una cuantía como requisito de procedencia para el recurso de apelación, por lo que no se priva al gobernado el derecho al recurso, pues el afectado cuenta con el juicio de amparo como instancia de defensa, por lo que no implica la privación absoluta del acceso a la justicia, esto es, consideró que la cuantía del asunto era un criterio válido para limitar la procedencia del recurso y que el Congreso del Estado utilizó para ello una medida razonable y proporcional, sin que ello implicara una transgresión al principio de equidad, pues se apoya un criterio cuantitativo, sin hacer distinción entre personas.
II. Criterio del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región (ahora Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito), al resolver el amparo directo 227/2014 (cuaderno auxiliar 942/2014-A).
El Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región consideró que artículo 96, fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, es inconstitucional, al establecer una cuantía mínima como requisito de procedencia para el recurso de apelación, pues limita la procedencia de la apelación, lo cual es contradictorio al artículo 1o. constitucional, ya que no es admisible crear diferencias de trato entre los justiciables, aunado a que estimó que el legislador no señaló justificación razonable o justificable.
III. Existencia de contradicción de criterios.
Como se adelantó al inicio de este considerando, sí se actualizó la contradicción de criterios denunciada.
Esto es así, porque los tribunales contendientes se pronunciaron en relación con un mismo problema jurídico, esto es, si el artículo 96, fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, es inconstitucional o no.
En efecto, los tribunales contendientes resolvieron una cuestión litigiosa, en la que se vieron en la necesidad de ejercer su arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo del artículo 96, fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco que prevé la procedencia del recurso de apelación, cuando el asunto sea de una cuantía determinada o determinable que exceda de setecientos días de salario mínimo general vigente en el Municipio de Guadalajara.
Por tanto, la materia de la contradicción consiste, en determinar si el artículo 96, fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, es inconstitucional, por contrariar el derecho fundamental de igualdad previsto por el artículo 1o. de la Constitución Federal, al limitar la procedencia del recurso de apelación, con base en una cuantía mínima, y determinar si el legislador utilizó o no un criterio razonable y justificable para limitar esa procedencia.
QUINTO.-Resolución de la contradicción de tesis. Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por este Pleno de Circuito, que a continuación se desarrolla.
El artículo 96, fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, dispone:
"Artículo 96. Las sentencias definitivas podrán ser impugnadas por las partes a través del recurso de apelación, el cual tendrá por objeto modificar o revocar la sentencia impugnada. La sentencia que se dicte al resolver el recurso de apelación tendrá por efecto confirmar, modificar o revocar la resolución impugnada.-Procede el recurso de apelación:-I. Cuando el asunto al que corresponde la sentencia impugnada sea de una cuantía determinada o determinable que exceda de setecientos días de salario mínimo general vigente en el Municipio de Guadalajara;..."
Ahora bien, se advierte que el punto toral de divergencia en las posturas adoptadas por los tribunales contendientes, se refiere a la justificación de la medida y si trata de una distinción de trato entre personas o entre los tipos de procesos que se ventilan.
Al respecto, resulta preponderante atender a la exposición de motivos de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, a la cual, se refirieron ambos tribunales, y que dice, en lo conducente:
"Además de lo anterior los términos para contestar la demanda, para ampliar la misma o para la comparecencia de terceros, se ven reducidos de los veinte días que actualmente permite la ley, a diez días únicamente, con lo cual se obtendría una razonable disminución en los tiempos de tramitación del proceso.-Sin embargo, con la finalidad de que la búsqueda de una justicia expedita no se traduzca en procedimientos que afecten el derecho de las partes a una defensa adecuada, se propone establecer un sistema de recursos, cuya principal novedad radica en la posibilidad de revisar en una segunda instancia local, mediante el recurso de apelación, las sentencias definitivas, a instancias de cualquiera de las partes. Con lo anterior se garantiza un adecuado acceso a la defensa, a la vez que se establece un sistema de revisión de sentencias en el ámbito local, fortaleciéndose así la autonomía estatal y la plenitud de jurisdicción del Tribunal de lo Administrativo, al permitir enmendar, en el orden local, las sentencias infundadas. De esta manera debe conseguirse un mayor grado de definitividad de las resoluciones dictadas en el ámbito local, ante su revisión mediante el juicio de amparo, al que únicamente tienen acceso los particulares.-Para evitar abusos en el ejercicio del recurso de apelación, con los cuales pueda retardarse indebidamente el procedimiento, se han establecido limitantes a su ejercicio, tanto por razón de la cuantía, como por el tipo de resolución de que se trata. Además de lo anterior se prevé la imposición de sanciones para quienes interpongan recursos notoriamente improcedentes. Con lo anterior se pretende evitar que la búsqueda de un procedimiento ágil se vea frustrada por la interposición dolosa de recursos..." (lo subrayado es de este Pleno de Circuito)
De lo anterior se concluye, que la finalidad perseguida por el legislador mediante la limitación que establece el precepto en cuestión, consiste en evitar abusos en el ejercicio del recurso de apelación, con los cuales pueda retardarse indebidamente el procedimiento.
Por tanto, se aprecia que la norma resulta constitucional, en la medida que el legislador estableció un parámetro racional, a saber, la cuantía como requisito de precedencia a la segunda instancia en los procedimientos administrativos, sin que ello se traduzca en una limitante u obstáculo de acceso a la justicia para los particulares, pues el parámetro utilizado es razonable y proporcional a los fines pretendidos por el legislador, en el sentido de observar la prontitud en la solución de los asuntos, aunado a que dicha limitante no obstaculiza el derecho de tutela judicial efectiva, pues los justiciables con la sentencia de primera instancia ya obtuvieron una respuesta judicial por un tribunal imparcial, además de que, los particulares tienen a su alcance el juicio de amparo directo en contra de la resolución considerada definitiva de primera instancia, para efecto de que la misma sea revisada en su legalidad o bien constitucionalidad por un órgano jurisdiccional superior, por lo que esta posibilidad refuerza la constitucionalidad del precepto, en caso que el gobernado considere que la resolución debe revisarse por un superior.
Sirven de apoyo a las ante
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27545-81161e3e/apelacion-el-articulo-96-fraccion-i-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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