RECURSO DE APELACIÓN. LA EXPRESIÓN "CUANTÍA INDETERMINABLE", PREVISTA POR LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 96 DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO, NO REQUIERE DE UNA "INTERPRETACIÓN ADICIONAL" PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 7/2020. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO Y SEXTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 7 DE DICIEMBRE DE 2020. UNANIMIDAD DE SIETE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS RENÉ OLVERA GAMBOA, SALVADOR MURGUÍA MUNGUÍA, JACOB TRONCOSO ÁVILA, ROBERTO CHARCAS LEÓN, JUAN JOSÉ ROSALES SÁNCHEZ, OSCAR NARANJO AHUMADA Y MOISÉS MUÑOZ PADILLA. PONENTE: ROBERTO CHARCAS LEÓN. SECRETARIO: ALBERTO BOYZO SANDOVAL.
Zapopan, Jalisco, acuerdo del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, correspondiente a la sesión virtual de siete de diciembre de dos mil veinte.
VISTOS, para resolver, los autos del expediente relativo a la denuncia de contradicción de tesis 7/2020; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Denuncia de la contradicción de tesis. Mediante oficio **********, de veintidós de enero de dos mil veinte, los Magistrados integrantes del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito denunciaron la posible contradicción de tesis entre las sustentadas por dicho órgano jurisdiccional, al resolver el amparo directo 296/2019 y el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al fallar el diverso juicio de amparo 7/2018.
SEGUNDO.—Trámite del asunto. El Magistrado René Olvera Gamboa, presidente del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, por acuerdo de siete de febrero de dos mil veinte, admitió a trámite la denuncia de contradicción de tesis bajo el expediente número 7/2020, en términos de lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III y 227, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Ter I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el numeral 13, fracción VI, del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y solicitó al presidente del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito remitiera las copias certificadas de la ejecutoria dictada en el amparo directo 7/2018 de la sentencia reclamada y de la demanda de amparo que le dio origen, y a su vez, informara si el criterio sustentado en dicho asunto, materia de la denuncia de contradicción de tesis, se encuentra vigente.
Por acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil veinte, el Magistrado presidente de este Pleno de Circuito tuvo por recibida la ejecutoria dictada en el amparo directo 7/2018 por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, así como las diversas constancias solicitadas; y en diverso proveído de cuatro de marzo siguiente, tuvo por recibido el oficio signado por el director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por medio del cual comunicó que de la consulta realizada en el sistema de seguimiento de contradicciones de tesis pendientes de resolver, así como de los acuerdos de admisión de las denuncias de contradicción de tesis dictados por el Ministro presidente, durante los últimos seis meses no se advirtió la existencia de alguna contradicción de tesis radicada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que guardara relación con el punto a dilucidar en la presente contradicción de tesis 7/2020.
Asimismo, mediante acuerdo de once de marzo de dos mil veinte, se tuvo al secretario de Acuerdos del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito informando que el criterio sostenido en el amparo directo 7/2018, materia de la presente contradicción, sigue vigente.
Finalmente, en acuerdo de uno de octubre de dos mil veinte, se ordenó turnar el asunto al Magistrado Roberto Charcas León adscrito al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, para la formulación del proyecto de resolución correspondiente; y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco, es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 9o. del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de mayo de dos mil catorce, toda vez que se trata de una contradicción de criterios, sostenidos por Tribunales Colegiados en Materia Administrativa de este Tercer Circuito.
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, puesto que fue formulada por los Magistrados integrantes del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.
TERCERO.—Existencia de la contradicción de tesis. La mecánica para analizar la existencia de una contradicción de tesis tiene que abordarse desde la necesidad de unificar criterios jurídicos en el país, pues su objetivo es otorgar seguridad jurídica a los Jueces y justiciables. Dado que lo que se pretende es preservar la unidad en la interpretación de las normas jurídicas, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que para que exista una contradicción de tesis basta con identificar una discrepancia interpretativa entre dos o más órganos jurisdiccionales terminales, con independencia de que exista identidad en las situaciones fácticas que los precedieron.
Sirven de sustento a lo anterior los criterios plenarios de rubro, texto y datos de identificación siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución." (Tesis jurisprudencial P./J. 72/2010. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 7).
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, sostuvo su firme rechazo a resolver las contradicciones de tesis en las que las sentencias respectivas hubieran partido de distintos elementos, criterio que se considera indispensable flexibilizar, a fin de dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional, de modo que no solamente se resuelvan las contradicciones claramente inobjetables desde un punto de vista lógico, sino también aquellas cuya existencia sobre un problema central se encuentre rodeado de situaciones previas diversas, ya sea por la complejidad de supuestos legales aplicables o por la profusión de circunstancias de hecho a las que se hubiera tenido que atender para juzgarlo. En efecto, la confusión provocada por la coexistencia de posturas disímbolas sobre un mismo problema jurídico no encuentra justificación en la circunstancia de que, una y otra posiciones, hubieran tenido un diferenciado origen en los aspectos accesorios o secundarios que les precedan, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes a un problema jurídico central, perfectamente identificable y que amerite resolverse. Ante este tipo de situaciones, en las que pudiera haber duda acerca del alcance de las modalidades que adoptó cada ejecutoria, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico. Por tanto, dejando de lado las características menores que revistan las sentencias en cuestión, y previa declaración de la existencia de la contradicción sobre el punto jurídico central detectado, el Alto Tribunal debe pronunciarse sobre el fondo del problema y aprovechar la oportunidad para hacer toda clase de aclaraciones, en orden a precisar las singularidades de cada una de las sentencias en conflicto, y en todo caso, los efectos que esas peculiaridades producen y la variedad de alternativas de solución que correspondan." (Tesis aislada P. XLVII/2009. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, julio de 2009, página 67).
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. AUNQUE LOS CRITERIOS CONTENDIENTES SEAN ERRÓNEOS, DEBE RESOLVERSE EL FONDO A FIN DE PROTEGER LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación debe resolver una contradicción de tesis existente entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito aunque sean erróneos o inaplicables, pues el objetivo fundamental de ese procedimiento es terminar con la incertidumbre generada para los gobernados y los órganos jurisdiccionales por la existencia de criterios contradictorios, mediante la definición de una jurisprudencia producto de la sentencia dictada en ese procedimiento, que servirá para resolver uniformemente casos similares a los que motivaron la denuncia de contradicción, evitando que se sigan resolviendo diferente e incorrectamente, lo que permitirá preservar la unidad en la interpretación de las normas del orden jurídico nacional con la fijación de su sentido y alcance en protección de la garantía de seguridad jurídica. Además, esa definición jurídica no sería posible realizarla si se declara improcedente la contradicción suscitada respecto de tesis equivocadas o inaplicables de esos Tribunales, ya que aunque se dejaran sin efecto, si no existiera pronunciamiento por declararse su improcedencia, lejos de garantizar a los gobernados y a los órganos jurisdiccionales del país la solución de otros asuntos de similar naturaleza, se generaría incertidumbre, por lo cual debe emitirse una sentencia que fije el verdadero sentido y alcance de la solución que deba darse al supuesto o problema jurídico examinado por los Tribunales Colegiados de Circuito que originó la oposición de criterios." (Tesis jurisprudencial P./J. 3/2010 del Pleno del Alto Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, febrero de 2010, página 6).
Como la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios y el problema radica en los procesos de interpretación adoptados por los órganos jurisdiccionales contendientes, entonces, como lo ha sostenido tanto la Primera Sala(1) como el Tribunal Pleno,(2) es posible afirmar la existencia de una contradicción de tesis cuando se cumplan los siguientes requisitos:
- Que los órganos jurisdiccionales contendientes, a fin de resolver alguna cuestión litigiosa, se vieron en la necesidad de ejercer su arbitrio judicial a través de algún ejercicio interpretativo, con independencia del método utilizado.
- Que en tales ejercicios interpretativos exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,
- Que la situación anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
Es decir, existe una contradicción de tesis cuando dos órganos jurisdiccionales: (i) hayan realizado ejercicios interpretativos; (ii) sobre los mismos problemas jurídicos y en virtud de ellos llegaron a soluciones contrarias; y, (iii) tal disputa interpretativa puede ser resuelta mediante la formulación de preguntas específicas.
En atención a lo anterior, a continuación se procederá a analizar si en el caso se acreditan los requisitos para determinar la existencia de una contradicción de tesis.
Primer requisito: realización de un ejercicio interpretativo
Este Pleno de Circuito considera que se acredita el primer requisito, toda vez que los Tribunales Colegiados contendientes ejercieron su arbitrio judicial al resolver las cuestiones litigiosas que les fueron presentadas. Esto es así, pues como a continuación se evidenciará, los tribunales realizaron ejercicios interpretativos diversos en las partes considerativas de las sentencias contendientes.
Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 7/2018.
Antecedentes. El juicio de amparo se promovió en contra de la sentencia dictada el diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete por la Quinta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco en el juicio de nulidad ********** de su índice. En dicho juicio de nulidad se impugnó el oficio **********, de diecisiete de julio de dos mil diecisiete, que contiene la negativa expresa de la autoridad demandada, recaída a la solicitud que presentó la empresa actora para la instalación de un anuncio estructural pantalla publicitaria unipolar en el predio ubicado en avenida **********.
Por razón de turno, el conocimiento de la demanda correspondió al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, cuyo Pleno, en sesión celebrada el veintitrés de enero de dos mil diecinueve, en lo que interesa al presente asunto, consideró procedente el juicio constitucional bajo los siguientes argumentos torales:
- El amparo es procedente de conformidad con el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, toda vez que se promovió en contra de una sentencia definitiva en la que la parte quejosa no logró desvirtuar la presunción de legalidad del acto administrativo impugnado y, por ende, se reconoció su validez.
- Respecto de dicho fallo, el artículo 96 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco prevé la procedencia del recurso de apelación, el cual, para cumplir con el principio de definitividad, debe agotarse previo a la promoción del juicio de amparo, siempre y cuando se actualice alguna de sus hipótesis de procedencia.
- En el caso, los supuestos previstos en las fracciones I, III y IV, del referido precepto, no se actualizan, porque los aspectos materia de estudio en el juicio de nulidad, no atienden a cuantía alguna, determinada o determinable, ni tampoco se ventiló entre entidades públicas, ya que el punto de la decisión giró en torno a la negativa expresa que recayó a la solicitud para la instalación de un anuncio estructural y, al ser esto así, tampoco se trató de una afirmativa ficta.
- Por su parte, el fallo reclamado puede ubicarse en el supuesto previsto en la fracción II del referido artículo 96, que establece la procedencia del recurso de apelación "cuando el asunto sea de cuantía indeterminable"; sin embargo, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco no se advierte el significado del concepto "cuantía indeterminable" y si bien, para averiguar dicho sentido, pudiera desarrollarse un análisis interpretativo, en cualquiera de sus formas –literal, sistemático, armónico, etcétera–, ello implicaría establecer un criterio desconocido por la persona moral al instar el presente juicio, que podría perjudicarlo ante la dudosa procedencia del recurso de apelación.
- Aún más, como en la especie se está ante una hipótesis de procedencia cuya aplicabilidad es incierta o discutible por permitir diversos significados; para lograr la intelección del término que nos ocupa, también podría tomarse en consideración lo que en otras materias la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido e interpretado en torno a lo que debe comprenderse por "cuantía indeterminada", como es el caso de la tesis jurisprudencial 94/2013 de la Primera Sala del Alto Tribunal, en donde se determinó que encuadra en este supuesto el asunto en el que, al atender a la naturaleza de las prestaciones reclamadas, sólo se busca el reconocimiento de un derecho, como puede ser el de propiedad o dominio; otro ejemplo es la contradicción de criterios que dio origen a la jurisprudencia 25/99, en la que la misma Primera Sala consideró que un asunto es de esa característica cuando recae en un litigio en el que no se reclaman cuestiones monetarias ni económicas.
- En ese sentido, para obtener el significado del término "cuantía indeterminable", previsto en la fracción II del artículo 96 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco y definirlo, se requiere de una "interpretación adicional", considerada como la actividad consistente en declarar el sentido de un texto y sumarle o añadirle algo.
- Y es precisamente por esa razón que se actualiza la excepción al principio de definitividad, prevista en el artículo 61, fracción XVIII, último párrafo, de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente en contra de las resoluciones de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa, salvo cuando la referida procedencia se sujete a una interpretación adicional, caso en el cual el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo.
- Así, lo razonado es suficiente para estimar que se torna procedente el amparo directo atento al principio pro persona con base en el cual siempre habrá de preferirse la interpretación que resulte menos restrictiva de los derechos establecidos en una norma, el cual reconoce y garantiza el segundo párrafo del artículo 1o. de la Constitución Federal, aunado a que se evita la inseguridad jurídica en perjuicio del gobernado, ante la incertidumbre de cuál es el medio de impugnación procedente para la resolución que pretende combatir, por lo cual en una interpretación conforme, se evidencia la necesidad de flexibilizar lo procesal, para privilegiar lo sustantivo.
En atención a lo resuelto en el citado asunto, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito emitió la tesis que enseguida se transcribe:
"RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 96 DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO. ANTE LA INTERPRETACIÓN ADICIONAL QUE REQUIERE LA EXPRESIÓN ‘CUANTÍA INDETERMINABLE’ PARA SU PROCEDENCIA, ES OPTATIVO PARA EL PARTICULAR AGOTARLO O PROMOVER EL AMPARO DIRECTO. Conforme a la porción normativa citada, procede el recurso de apelación contra las sentencias definitivas de las Salas Unitarias del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, cuando el asunto sea de ‘cuantía indeterminable’; sin embargo, de la Ley de Justicia Administrativa de la entidad no se advierte el significado de dicha expresión para la procedencia de ese medio de impugnación, y si bien es cierto que podría averiguarse su intelección mediante un análisis interpretativo en cualquiera de sus formas, o tomar en consideración lo que en otras materias se estableció al respecto, también lo es que esa labor evidencia la necesidad de efectuar la interpretación adicional prevista como excepción al principio de definitividad en el último párrafo de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que actualiza que el particular quede en libertad de agotar aquel medio de defensa o promover el juicio de amparo directo." (Décima Época. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 66, Tomo III, mayo de 2019, página 2727).
Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 296/2019.
Antecedentes. El juicio de amparo fue promovido en contra de la sentencia emitida el tres de septiembre de dos mil diecinueve por la Quinta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco en el juicio de nulidad ********** de su índice. En el citado juicio de nulidad se impugnó la sanción administrativa consistente en la suspensión del empleo, cargo o comisión por treinta días laborables sin goce de sueldo ni emolumentos, impuesta a la actora en el expediente de responsabilidad administrativa instaurado en su contra por el secretario del Transporte del Estado de Jalisco.
Por razón de turno, el conocimiento de la demanda correspondió al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, cuyo Pleno, en sesión celebrada el doce de diciembre de dos mil diecinueve, declaró improcedente el juicio constitucional bajo los siguientes argumentos torales:
- Es fundada la causal de improcedencia que aduce la autoridad responsable, prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, debido a que, en el caso, resultaba imperativo que previamente a intentar la acción constitucional, la parte agraviada agotara el medio de defensa que establece la ley ordinaria, en virtud del cual la sentencia que ahora impugna podía ser modificada o revocada; esto es, debía interponer el recurso de apelación previsto en el artículo 96, fracción II, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.
- Lo anterior es así, toda vez que la sentencia que constituye el acto reclamado corresponde a un asunto que debe considerarse de "cuantía indeterminable", pues atendiendo a la naturaleza de la prestación principal que se demanda en el juicio de origen (nulidad de una sanción administrativa y su registro) y el fin que se persigue (obtener una declaratoria de nulidad), es dable concluir que tal cuestión no es estimable en dinero, puesto que las sanciones de destitución, inhabilitación, suspensión temporal y amonestación, al no perseguir un fin resarcitorio ni económico, no son susceptibles de apreciarse pecuniariamente; máxime que la parte actora no demandó el pago de prestación económica alguna.
- Así pues, en atención a la naturaleza de la prestación principal que se demanda en el juicio de origen y al fin que se persigue, se estima que el asunto al que corresponde la sentencia reclamada no puede considerarse estimable en dinero y, por ende, dicho fallo se ubica en el supuesto normativo previsto en el artículo 96, fracción II, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, por lo que el recurso de apelación resultaba procedente.
- No importa en contrario que en el juicio administrativo pudiera darse la posibilidad de que se liquidara alguna cantidad a favor del servidor público sancionado, como sería el salario por los días en que dure la suspensión temporal, pues tal circunstancia, en todo caso, debe considerarse como la consecuencia jurídica que deriva de una eventual sentencia favorable en la que se estime procedente la prestación principal demandada (nulidad de una sanción administrativa y su registro), pues no debe olvidarse que la acción de nulidad intentada por la servidora pública sancionada –ahora quejosa– no persigue el pago de una cantidad monetaria, sino que la finalidad primordial que pretende al promover el juicio administrativo es obtener de la autoridad jurisdiccional competente, una declaratoria de nulidad respecto de la resolución administrativa sancionatoria y su registro.
- Sostener una postura distinta podría llevar al extremo de considerar como asuntos de cuantía determinada o determinable aquellos en los que se impugnen resoluciones de destitución o inhabilitación, por el solo hecho de que el servidor sancionado ya no recibirá las contraprestaciones que percibía por los servicios que prestaba y que, ante una eventual sentencia anulatoria, deba ordenarse el pago de la indemnización correspondiente.
- Atento a lo expuesto con anterioridad y con fundamento en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se considera que el presente juicio de amparo directo es improcedente, pues antes de ocurrir al amparo en contra de la sentencia del Magistrado de la Sala Unitaria, la parte agraviada debió interponer el recurso de apelación previsto en el artículo 96, fracción II, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, en virtud de que el mismo tiene el alcance de modificar, revocar o anular el fallo dictado en primera instancia en el juicio administrativo, lo cual pone de manifiesto que la parte quejosa inobservó el "requisito de procedencia" que establece el artículo 170, fracción I, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, y siendo esto así, se estima que lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal.
- No pasa inadvertido que el último párrafo de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece una excepción al principio de definitividad, consistente en que cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; empero, esa excepción no se actualiza en el caso a estudio, dado que el artículo 96 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco regula de manera clara los supuestos en que debe interponerse el recurso de apelación, sin que exista necesidad de acudir a una interpretación adicional para determinar su procedencia, pues en la especie únicamente se requiere la aplicación literal de la norma para determinar la procedencia de ese medio de defensa, a aquellos asuntos en que la cuantía sea indeterminable, como en el caso que aquí se examina, en que no existe un monto que deba tomarse en cuenta para ello al impugnarse una sentencia de naturaleza declarativa dictada en un juicio en el que no se demandó el pago de prestación económica alguna, sino únicamente la nulidad de una sanción administrativa y su registro.
Segundo requisito: punto de toque y diferendo en los criterios interpretativos
Como se aprecia, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, desde su perspectiva particular, examinaron una misma situación jurídica; esto es, si el concepto de "cuantía indeterminable" previsto en el artículo 96, fracción II, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, requiere de una interpretación adicional que vuelva optativa la interposición del recurso de apelación previo a la promoción del juicio de amparo directo, atento a lo dispuesto en el último párrafo de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo; en la que un órgano colegiado determinó que el referido concepto de "cuantía indeterminable" requiere de una interpretación adicional para desentra
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29743-74438d7b/recurso-de-apelacion-la-expresion-cuantia-indeterminable-prevista · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 626 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, ANTES DE ACUDIR AL JUICI (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 96 DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO. ES INNECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE AL AMPARO DIRECTO, CONTRA LA SENTENC (AMPARO DIRECTO)
- RECURSO DE RECONSIDERACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 871 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. ES INNECESARIO AGOTARLO PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA EL ACUERDO (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- AMPARO INDIRECTO. LA OMISIÓN DEL JUEZ PENAL DE ACORDAR UNA PETICIÓN FORMULADA POR EL JUSTICIABLE RECLAMADA EN EL JUICIO RELATIVO, NO CONFIGURA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE I (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- RECURSO DE APELACIÓN. LA EXPRESIÓN "CUANTÍA INDETERMINABLE", PREVISTA POR LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 96 DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO, NO REQUIERE DE (PC.III.A. J/100 A (10a.))
- RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 96 DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO. ANTE LA INTERPRETACIÓN ADICIONAL QUE REQUIERE LA EXPRESI (III.6o.A.6 A (10a.))
- RECURSO DE REVOCACIÓN. CONTRA EL AUTO QUE DESECHA EL DIVERSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA UNA DETERMINACIÓN DICTADA EN UNA CONTROVERSIA JURISDICCIONAL DEL PROCEDIMIENTO DE EJECU (II.2o.P.5 P (11a.))
- RECURSO DE APELACIÓN EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA EL AUTO DEL TRIBUNAL DE ALZADA QUE DETERMINA NO ADMITIRLO O DESECHARLO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO SIN NECESIDAD (V.2o.P.A.16 P (10a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis