PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 626 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA SENTENCIA DICTADA EN UN JUICIO ORDINARIO CIVIL POR FALTA DE PAGO DE RENTAS. RECURSO DE APELACIÓN. LA INCLUSIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) EN EL ARTÍCULO 626 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, QUE ESTABLECE SU PROCEDENCIA, NO REQUIERE DE INTERPRETACIÓN ADICIONAL PARA FIJAR EL MONTO A QUE ALUDE EL PROPIO PRECEPTO. RECURSO DE APELACIÓN. SU PROCEDENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA EN CONTRA DE LA SENTENCIA DICTADA EN UN JUICIO ORDINARIO CIVIL POR FALTA DE PAGO DE RENTAS, NO ESTÁ SUJETA A INTERPRETACIÓN ADICIONAL DE LOS ARTÍCULOS 626 Y 168 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 7/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMERO Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 6 DE OCTUBRE DE 2020. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ ELÍAS GALLEGOS BENÍTEZ, MARÍA DEL CARMEN CORDERO MARTÍNEZ, JOSÉ MARTÍN HERNÁNDEZ SIMENTAL Y REFUGIO NOEL MONTOYA MORENO. DISIDENTES: CUAUHTÉMOC CUÉLLAR DE LUNA, MARÍA TERESA ZAMBRANO CALERO Y JUAN CARLOS ZAMORA TEJEDA, QUIENES FORMULARON VOTO PARTICULAR. PONENTE: JOSÉ ELÍAS GALLEGOS BENÍTEZ. SECRETARIO: GERARDO GONZÁLEZ TORRES.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Pleno de Circuito es competente para conocer y resolver sobre la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los Acuerdos Generales 8/2015 y 52/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicados en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero y quince de diciembre, ambos de dos mil quince; por tratarse de una posible discrepancia entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados de este Circuito y corresponde, exclusivamente a este órgano, dilucidarla y determinar, en su caso, cuál será el que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por un Tribunal Colegiado del propio Décimo Séptimo Circuito.
TERCERO.—Criterios contendientes. Para determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se impone analizar las consideraciones y argumentos en que los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes basaron sus resoluciones.
A. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Décimo Séptimo Circuito.
6. En sesión de siete de junio de dos mil dieciocho, el Pleno del Tribunal Colegiado de Circuito en cita, determinó sobreseer en el juicio de amparo directo 995/2017.
7. Las consideraciones esenciales en que se apoyó el sentido del fallo fueron las siguientes:
8. Estimó actualizada la causal de improcedencia invocada por la autoridad responsable, prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa al principio de definitividad.
9. Luego de reproducir el contenido de la fracción aludida, señaló que el juicio de amparo es improcedente respecto de las resoluciones de tribunales judiciales, entre otros, cuando la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.
10. Para evidenciar la actualización de la citada causa de improcedencia, el Tribunal Colegiado de Circuito enunció los antecedentes relevantes del asunto; destacó que en el juicio de origen se demandó la desocupación y entrega de un local comercial arrendado, por falta de pago de rentas.
11. Se precisó que seguido el procedimiento en sus etapas, el Juez responsable emitió sentencia en la que condenó a la desocupación y entrega del local, así como el pago de la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de rentas mensuales no pagadas a razón de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), cada una, más el 5% (cinco por ciento) correspondientes a los meses de abril, mayo, junio y julio de dos mil diecisiete, más las rentas vencidas y no pagadas que se siguieran generando hasta la total desocupación del inmueble objeto de la acción. Además, el pago de gastos y costas originados y la terminación del contrato de arrendamiento.
12. El fallo anterior constituyó el acto reclamado en el juicio de garantías.
13. En ese sentido, se consideró que el quejoso previo a la promoción del amparo debió agotar el principio de definitividad e interponer el recurso de apelación, previsto en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua.
14. Para justificar esa aseveración, reprodujo los artículos 624, 625, 626 y 169 del código en cita, de los que se advirtió que tal recurso tiene por objeto que el tribunal de segunda instancia examine si en la resolución apelada se aplicó inexactamente la ley, si se violaron los principios reguladores de la prueba, o si se alteraron los hechos; y en vista de ello, se confirme, revoque o modifique la resolución apelada.
15. Además, que tratándose de sentencias debe admitirse en efecto suspensivo y cuando el negocio sea estimable pecuniariamente, como en ese caso, atento a que la autoridad responsable condenó al quejoso a pagar las cantidades referidas por concepto de rentas mensuales no pagadas, más el 5% (cinco por ciento) correspondientes a los meses de abril, mayo, junio y julio de dos mil diecisiete, además de las rentas vencidas y no pagadas que se siguieran generando hasta la total desocupación del inmueble objeto de la acción, cuyo importe excedía de 500 Unidades de Medida y Actualización.
16. En ese sentido, se destacó que la condena impuesta era estimable pecuniariamente, pues la acción derivaba de prestaciones periódicas, como el pago de rentas mes con mes, excediendo además su importe de las 500 Unidades de Medida y Actualización, a que se refiere el numeral 626 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua.
17. En virtud de lo anterior, puntualizó que si bien el referido precepto remitía a la regla general prevista en el artículo 168 del mismo ordenamiento legal; no menos cierto resultaba que el diverso artículo 169 del citado cuerpo de leyes, hacía alusión a la regla específica que se adecuaba al caso concreto, porque dispone que cuando se trate de acciones derivadas de actos o contratos –contrato de arrendamiento– en que se pacten prestaciones o pensiones periódicas –pago de rentas mensuales– se computaría el importe del negocio atendiendo al monto de un año, aun cuando sólo se reclamaran algunas de ellas.
18. Tomando en cuenta que en el juicio de origen se demandó el pago de rentas vencidas y las que se siguieran venciendo a razón de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional) mensuales, se multiplicó tal monto por los doce meses del año a que se refiere el último de los preceptos citados, dando como resultado la cantidad de $60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 moneda nacional).
19. Asimismo, en relación a las quinientas Unidades de Medida y Actualización, a que se refiere el numeral 626 reproducido, se precisó que el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Decreto por el que se expide la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización", que en sus artículos 5 y transitorios primero y segundo, dispone que el valor inicial diario de la multicitada unidad sería el publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el veintiocho de enero de dos mil dieciséis (equivalente a $73.04 pesos mexicanos), el cual estaría en vigor en tanto dicho instituto no publicara dentro de los primeros diez días del mes de enero de cada año, el valor diario en moneda nacional de la "UMA".
20. Así, se tomó en cuenta que el diez de enero de dos mil diecisiete, dicho instituto publicó en el Diario Oficial de la Federación, los valores (diario, mensual y anual) de la referida unidad, siendo el correspondiente al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización para el año dos mil diecisiete, el de $75.49 (setenta y cinco pesos 49/100 moneda nacional), el cual, además, se encontraba vigente a partir del uno de febrero de la anualidad en comento.
21. En tal virtud, se multiplicó el valor de la citada unidad de medida, por las 500 a que se refiere el precepto en mención, dando como resultado la cantidad de $37,745.00 (treinta y siete mil setecientos cuarenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional), precisando que si la cuantía del asunto era de $60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 moneda nacional); resultaba evidente que en contra de la sentencia que constituye el acto reclamado procedía el recurso de apelación, a través del cual, el solicitante de amparo podía lograr que se modificara o revocara aquélla.
22. Por lo anterior, se concluyó actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, y con fundamento en la fracción V del diverso 63 de la misma ley, se decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo.
23. Apoyó sus consideraciones en la jurisprudencia P./J. 6/2015 (10a.) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 95, del Libro 17, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de abril de 2015, con el título y subtítulo: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)."
24. Del anterior criterio surgió la tesis «XVII.1o.C.T.24 C (10a.)» consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 58, Tomo III, septiembre de 2018, Décima Época, página 2498, con número de registro digital: 2017941, de título y subtítulo: "RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 626 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. PROCEDE CONTRA LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO ORAL ORDINARIO CIVIL POR FALTA DE PAGO DE RENTAS, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO."
B. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito.
25. En sesión de cinco de septiembre de dos mil diecinueve, el citado órgano colegiado resolvió el amparo directo civil 287/2019, en el que determinó que el quejoso se encontraba ante una excepción al principio de definitividad.
26. Previo al estudio, narró los antecedentes que dieron lugar al juicio constitucional, detallando que el acto reclamado en el juicio de amparo era la sentencia de quince de marzo de dos mil diecinueve, dictada por la Juez Cuarto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Morelos.
27. Se detalló, que en el fallo resultó procedente la vía ordinaria civil; que la actora acreditó su acción y la demandada demostró parcialmente sus excepciones.
28. En consecuencia, se condenó a la demandada a la desocupación y entrega del inmueble objeto del juicio, así como al pago de las rentas vencidas y no pagadas a partir del mes de agosto de dos mil dieciocho, y las que se siguieran venciendo hasta la entrega material del inmueble, a razón de $6,200.00 (seis mil doscientos pesos 00/100 moneda nacional) mensual.
29. También se condenó al arrendatario y al fiador y/o obligado solidario al pago del servicio de agua por el importe de $734.00 (setecientos treinta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional) y de energía eléctrica la cantidad de $1,124.00 (mil ciento veinticuatro pesos 00/100 moneda nacional), más lo que se siguiera generando hasta la desocupación de la finca; se detalló que tal importe en ejecución de sentencia debería descontarse de la suma entregada como depósito referido en la cláusula novena del contrato de arrendamiento; es decir, la cantidad de $6,200.00 (seis mil doscientos pesos 00/100 moneda nacional) y para el caso de que el adeudo excediera tal numerario, la diferencia debería ser cubierta por la demandada por la cantidad que se fijara en ejecución de sentencia, y para el supuesto contrario, es decir, que el adeudo fuera menor a la cantidad otorgada en depósito, se dejaron a salvo los derechos de la parte demandada.
30. Asimismo, en ese fallo, no se declaró la rescisión del contrato de arrendamiento celebrado entre la actora y los demandados; igualmente, se absolvió a la parte demandada del pago de la cantidad que resultara por concepto de pena convencional y/o interés moratorio marcada con la letra d) del escrito inicial; al pago de la cantidad por concepto del pago de los servicios de gas, teléfono, internet y televisión de paga reclamados en el inciso g) del escrito inicial; al pago de los daños y perjuicios reclamados en el inciso h) del escrito inicial y de los gastos y costas del juicio.
31. Luego, se abordó el estudio de la causal de improcedencia invocada por la parte tercero interesada, por ser obligatorio su análisis, incluso de oficio.
32. El Tribunal Colegiado de Circuito detalló que el planteamiento consistió en que la parte quejosa no cumplió con el principio de definitividad, toda vez que no agotó el recurso de apelación que procedía en contra de la sentencia de primer grado, por razón de la cuantía, pues excedía de las quinientas Unidades de Medida y Actualización, como lo disponen los artículos 626, (sic) en relación con el 169, ambos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, y como apoyo citó la tesis «XVII.1o.C.T.24 C (10a.)» sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo de este Circuito, que se identifica con el rubro: "RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 626 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. PROCEDE CONTRA LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO ORAL ORDINARIO CIVIL POR FALTA DE PAGO DE RENTAS, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO."
33. Para evidenciar que se estaba ante una excepción al principio de definitividad, luego de reproducir el numeral 61, fracción XVIII, estableció que la referida norma exige que, cuando se trate de resoluciones de tribunales judiciales administrativos o de trabajo, previo a la promoción del juicio de amparo, deben agotarse los recursos o medios de defensa ordinarios a través de los cuales sea factible modificar, revocar o nulificar el acto reclamado.
34. Concretamente se hizo referencia a que en dicha fracción se consagra el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, el cual exige que el quejoso debe previamente a su promoción acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación.
35. Sin embargo, precisó que dicho principio prevé algunos casos de excepción como el previsto en el último párrafo de la citada fracción XVIII, que se actualizarán:
a) Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional; o,
b) El fundamento legal sea insuficiente para determinarla.
36. Seguidamente, citó las consideraciones que sobre el tema sostiene la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que dio lugar a la jurisprudencia 1a./J. 60/2016, (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 36, Tomo II, correspondiente al mes de noviembre de 2016, Décima Época, página 864, con el número de registro digital: 2013065, de título y subtítulo: "IDENTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (FICHA SIGNALÉTICA) ORDENADA EN EL AUTO DE TÉRMINO CONSTITUCIONAL. PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SIN NECESIDAD DE AGOTAR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN FEDERAL Y DEL ESTADO DE VERACRUZ)."
37. Entre los argumentos que sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se destacó la conclusión normativa de eximir el agotamiento de recursos antes de promoverse el juicio de amparo, sanciona el trabajo legislativo que no regula expresamente la procedencia de algún medio de impugnación contra el acto reclamado, o bien, que para que dicha procedencia sea necesaria una interpretación adicional cuya consecuencia es que el quejoso quede en libertad de optar por interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo.
38. Que tal consideración obedece a que, la falta de previsión expresa del recurso contra un acto o la exigencia de acudir a interpretaciones adicionales constituyen circunstancias carentes de razonabilidad o proporcionalidad para acceder a los recursos, pues incumplen con el principio de interpretación estricta que favorece el derecho fundamental de acceso a la tutela judicial efectiva, ya que al final, no brindan certeza ni seguridad jurídica.
39. Además, que el quejoso no está obligado a conocer la ley aplicable de manera tal que, se le deba exigir la adquisición del conocimiento específico sobre el recurso que efectivamente corresponda contra un determinado acto dentro del procedimiento, cuando la norma no lo prevé expresamente.
40. En ese contexto, se estableció que tampoco es razonable que el quejoso deba conocer los métodos de interpretación que se obtienen de los distintos componentes de la norma para definir con certeza el recurso ordinario aplicable a un determinado acto, pues éstos deben quedar claramente precisados o bien, que para acceder a ese conocimiento baste hacer una interpretación simple de la norma, como en un sentido gramatical, afirmativo o negativo. Un ejemplo de esta interpretación simple se deduce del recurso de revocación previsto en artículos que proclaman su procedencia frente a los autos contra los cuales no proceda el recurso de apelación, ya que para conocer los casos en que aquel medio de impugnación es procedente, es suficiente una simple interpretación gramatical por exclusión, sin acudir a mayores métodos hermenéuticos.
41. Empero, la superioridad sostuvo que no es jurídicamente correcto exigir al quejoso que interprete el sentido de un precepto en relación con el contenido de otro, para deducir la procedencia de un recurso contra un determinado acto no previsto como impugnable en la ley, lo que supone además un avance al principio de progresividad de las normas para acceder al servicio de administración de justicia bajo la óptica de la Ley de Amparo vigente.
42. De esta forma, el órgano jurisdiccional expresó, que la actualización de cualquiera de esas hipótesis supondría una excepción al principio de definitividad, puesto que el quejoso no estaría obligado a interponer los recursos ordinarios de manera previa a promover el juicio de amparo.
43. Luego, respecto del recurso de apelación transcribió el contenido de los artículos 624, 625, 616, (sic) 168 y 169 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua.
44. De tales numerales el citado Tribunal Colegiado concluyó que para determinar la procedencia del recurso de apelación, cuando se trata de sentencias cuyo negocio es estimable pecuniariamente, que a su vez exceda de quinientas Unidades de Medida y Actualización, es necesario realizar una interpretación adicional, pues ello no se obtiene de la simple consulta del artículo 626 del indicado Código, que regula expresamente dicho recurso, ya que para conocer su procedencia, requiere que el justiciable acuda tanto a la ley para determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, así como al capítulo II, relativo a las Reglas para la fijación de la de (sic) competencia del título tercero, denominado "competencia" todos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua.
45. Así, consideró que el arábigo 168 al que remite, señala que para determinar la cuantía del negocio, se tendrá en cuenta únicamente lo que demande la parte actora como suerte principal a la fecha de la interposición de la demanda, no obstante, si la acción se refiere a un contrato de arrendamiento, también requiere desentrañar si debe observarse el siguiente numeral 169, debido a que contempla una regla especial de computar el importe del negocio atendiendo al monto de un año, cuando se trate del ejercicio de acciones de actos o contratos en los que se pacten prestaciones o pensiones, o bien, omitirlo porque aplica sólo para fijar la competencia por cuantía.
46. En ese contexto, reiteró que para llegar al convecimiento (sic) de la procedencia del recurso de apelación contra la sentencia dictada en un juicio de desocupación de un inmueble por falta de pagos de rentas, no únicamente se necesita considerar la norma que regula expresamente el recurso, sino también realizar una interpretación de diversos numerales.
47. Así, precisó que en el caso se debe determinar si la cuantía excede de quinientas Unidades de Medida y Actualización, como lo dispone el artículo 626 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, para lo cual debe recurrirse a la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, en cuyos artículos 5 y Transitorios primero y segundo, establece que el valor inicial diario de la multicitada unidad se publicaría por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el veintiocho de enero de dos mil dieciséis, que estaría en vigor hasta en tanto el instituto no publicara, dentro de los diez días de enero de cada año, el valor diario en moneda nacional de la UMA.
48. Enseguida, el artículo 626 referido remite únicamente a lo que dispone el diverso 168, al establecer que para determinar la cuantía del negocio se debe atender a lo que se demande como suerte principal, a la fecha de interposición de la demanda.
49. Con lo anterior se expresó aparentemente se agota el estudio de la procedencia o improcedencia del recurso de apelación en los asuntos que son estimables pecuniariamente; sin embargo, sostuvo que debido a que el asunto deriva de una acción relacionada con un contrato de arrendamiento, tiene que desentrañarse si también aplica lo que dispone el artículo 169 que contiene una regla especial tratándose del ejercicio de acciones derivadas de actos o contratos en que se pacten prestaciones o pensiones periódicas, y al cual no se hace referencia en el diverso 626, como sí lo hace para el 168.
50. Todo lo anterior permitió concluir que la procedencia del recurso de apelación no era clara, pues no es suficiente con atender a lo que literalmente establece el artículo 626 (sic) Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, que regula expresamente dicho medio ordinario de defensa, sino que era preciso justificarla con razonamientos adicionales, como el valor de la Unidad de Medida y Actualización, además analizar una disposición a la cual remite el artículo 626 y otra diversa a la que no hace mención, lo que evidentemente implica una duda o incertidumbre para el justiciable.
51. De ahí concluyó que se actualizaba una excepción al principio de definitividad, lo que permitía al quejoso interponer el recurso de apelación o acudir al juicio de amparo; por lo que desestimó la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, y emprendió el estudio de los conceptos de violación que finalmente declaró inoperantes, negando el amparo y protección de la justicia federal solicitados.
CUARTO.—Existencia de la contradicción de tesis.
52. Señalados los criterios objeto de la denuncia, debe establecerse si en el caso se actualiza la contradicción de tesis.
53. En principio, cabe destacar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha previsto que para que se actualice la contradicción de tesis, basta que exista oposición respecto de un mismo punto de derecho, aunque no provenga de cuestiones fácticas exactamente iguales.
54. Lo anterior quedó plasmado de (sic) la jurisprudencia P./J. 72/2010 del Pleno del Máximo Tribunal de justicia del País, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro digital: 164120, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, visible en la página 7 de rubro y contenido siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.—De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."
55. En complemento, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que como la finalidad de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos a fin de generar seguridad jurídica; y para que exista una contradicción de tesis, debe verificarse:
I. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
II. Que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.
III. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
56. Lo expuesto deriva de la jurisprudencia 1a./J. 22/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro digital: 165077, Tomo XXXI, correspondiente al mes de marzo de 2010, visible en la página 122, de rubro y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA.—Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más tribunales colegiados de circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión ju
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29582-7477a4e5/principio-de-definitividad-debe-agotarse-el-recurso-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- AMPARO CONTRA LEYES. LA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XII, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, NO ES APLICABLE, AUN CUANDO SE RECLA (I.14o.C.42 C)
- EXCEPCIONES AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XX, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO. NO SON APLICABLES CUANDO SE RECLAMAN ACTOS JURISDICCIONALE (I.11o.C.25 K (11a.))
- APELACION EXTRAORDINARIA, NATURALEZA DEL RECURSO DE. (s/clave)
- PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. INTELECCIÓN DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XVIII, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO (INTERPRETACIÓN ADICIONAL). (XVI.2o.C.T.1 K (10a.))
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