TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. DIFERENCIAS ENTRE EL DERECHO A RECURRIR UN FALLO ANTE UNA INSTANCIA SUPERIOR Y EL DE ACCEDER A UN RECURSO ADECUADO Y EFECTIVO.
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2814/2014. 24 DE FEBRERO DE 2016. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIO: DANIEL ÁLVAREZ TOLEDO.
CONSIDERANDO:
10. PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción II y 96 de la vigente Ley de Amparo, y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y puntos primero y tercero del Acuerdo General Número 5/2013 del Pleno de este Máximo Tribunal. Lo anterior, toda vez que el recurso fue interpuesto en contra de una sentencia de amparo directo en materia civil, dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito, la cual corresponde a la especialidad de esta Sala.
11. SEGUNDO.—Legitimación. El promovente del presente recurso de revisión es el propio quejoso **********, carácter que se encuentra acreditado en el auto de admisión del juicio de amparo, por lo que está legitimado para ello.
12. TERCERO.—Oportunidad. Conforme al artículo 86 de la Ley de Amparo, el recurso de revisión en amparo directo se interpondrá por conducto del Tribunal Colegiado de Circuito que haya dictado la resolución recurrida, dentro del plazo de diez días hábiles.
13. La sentencia impugnada se notificó por lista a la parte quejosa el jueves veintidós de mayo de dos mil catorce (foja 92 del juicio de amparo directo), dicha notificación surtió efectos el viernes veintitrés del mismo mes y año; por tanto, el término de diez días transcurrió del lunes veintiséis de mayo al viernes seis de junio de dos mil catorce, sin contar los días treinta y uno de mayo y uno de junio del mismo año, por ser inhábiles en términos de los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
14. El escrito se presentó el viernes seis de junio de dos mil quince en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Saltillo, Coahuila, habilitada para recibir promociones de término dirigidas a los Tribunales Colegiados con residencia en esa ciudad(6) (foja 4 del amparo directo en revisión); en consecuencia, el presente recurso de revisión se interpuso en tiempo.
15. CUARTO.—Antecedentes. Previo a determinar la procedencia del presente recurso, es necesario establecer el panorama de los hechos a partir de los antecedentes del caso.
I. Juicio ejecutivo mercantil
16. El trece de noviembre de dos mil doce, la endosataria en procuración de ********** demandó por la vía ejecutiva mercantil a ********** el pago de la cantidad de $********** (**********), como suerte principal, por el impago de dos pagarés, cada uno por la cantidad de $********** (**********), títulos base de la acción; así como el pago de los intereses moratorios y los gastos y costas del juicio.(7)
17. Por auto de catorce de noviembre de dos mil doce, el Juez Segundo Letrado en Materia Civil del Distrito Judicial de Saltillo, Coahuila, admitió la demanda y la registró con el número **********; asimismo, ordenó el acto de exequendo con el fin de que se requiriera a la parte demandada el pago de lo reclamado y en caso de no hacerlo se le embargarían bienes suficientes para garantizar el adeudo, hecho ello se le emplazaría a juicio.(8)
18. A las quince horas con treinta minutos del diez de marzo de dos mil trece se llevó a cabo, con el directamente demandado, la diligencia de requerimiento, embargo y emplazamiento.(9)
19. ********** dio contestación a la demanda, opuso excepciones y ofreció las pruebas que estimó convenientes.(10)
20. En proveído de nueve de abril de dos mil trece, el Juez de primera instancia emitió auto en el que tuvo por admitidas las pruebas ofrecidas por la parte actora; no obstante, desestimó algunas del demandado por no haberse cumplido con los requisitos para el ofrecimiento de la prueba, en términos del artículo 1,401 del Código de Comercio.(11)
21. Sustanciado el juicio, el veintisiete de septiembre de dos mil trece el Juez Segundo Letrado en Materia Civil del Distrito Judicial de Saltillo, Coahuila, emitió sentencia en la que condenó a ********** a pagar a la parte actora las cantidades demandadas por suerte principal y por conceptos de intereses moratorios; asimismo, lo condenó al pago de gastos y costas del juicio.(12)
II. Demanda de amparo directo
22. Inconforme con la sentencia anterior, el aludido ********** promovió demanda de amparo directo, de la cual conoció el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito.(13) Los conceptos de violación expresados se resumen de la siguiente manera:
23. En el primer concepto de violación la parte quejosa argumentó que no se estudió debidamente la excepción que opuso al contestar la demanda, referente a la improcedencia de la vía; excepción que, dijo, era procedente ya que no se pactó pago de intereses moratorios ni se estableció fecha de vencimiento, por tanto, al carecer de dichos elementos, los pagarés no constituían títulos ejecutivos.
24. Señaló que ello se demostraba con las pruebas que ofreció, las cuales no fueron admitidas por el Juez responsable, hecho que, desde su óptica, vulneró su derecho al debido proceso y lo dejó en estado de indefensión, al habérsele negado la oportunidad de probar sus excepciones.
25. Como segundo concepto de violación expuso que la sentencia por la cual se le condenó a pagar a favor de la actora la suerte principal y los intereses moratorios, era violatoria de la garantía del debido proceso, de exhaustividad y congruencia de las sentencias, ya que el Juez de primera instancia, se basó únicamente en las pruebas ofrecidas por la parte actora, en específico, dos pagarés que contenían fecha de pago e interés moratorio, sin haberse tomado en cuenta las pruebas que presentó, consistentes en ocho pagarés que no contenían esos datos, los cuales, aduce, incorrectamente no le fueron admitidos.
26. En el tercer concepto de violación el quejoso expresó que la resolución recurrida afectó su esfera de derechos toda vez que la inadmisión de las pruebas que anunció en el juicio repercutió en la resolución impugnada, puesto que a través de ellas pretendía probar que ni los intereses ni la fecha de vencimiento fueron pactados por las partes.
27. Como cuarto concepto de violación señaló que los artículos 1,339 y 1,340 del Código de Comercio son inconstitucionales por violar los artículos 1o. constitucional y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues no le permiten impugnar a través de los recursos ordinarios la sentencia emitida en primera instancia, lo que provoca que dicha resolución no pueda ser revisada por la justicia ordinaria.
III. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito
28. El Tribunal Colegiado del conocimiento estudió en principio los argumentos de constitucionalidad expresados en el cuarto concepto de violación. Al respecto, estableció que el derecho de los particulares al uso de los recursos, como medios de impugnación, para corregir el error en la aplicación del derecho o la valoración de los hechos, realizada por la autoridad judicial, no es absoluto, sino que está sujeto a un parámetro de racionalidad. Sostuvo que dado que en la Constitución General no hay un parámetro específico para determinar la constitucionalidad de la ley del proceso, sino únicamente principios que imponen que la justicia sea pronta, completa e imparcial, ello debe tomarse como base para confrontar la ley ordinaria con el texto constitucional.
29. La necesidad de que una resolución sea revocable ante la autoridad que emitió la determinación impugnada, o apelable ante el tribunal de segunda instancia, sólo debe atender –sostuvo el Tribunal Colegiado– a criterios de razonabilidad que permitan que la solución de las controversias contemplen reglas comunes al mismo procedimiento y a todos los sujetos, que por la naturaleza de la cuestión a resolver sea adecuado que la decisión la adopte el mismo Juez que emitió el acto recurrido o un superior jerárquico, atendiendo a la complejidad del tema o a la incidencia transitoria o definitiva en el proceso; a que se dicte en un plazo prudente y que existan bases objetivas que impidan que quede al arbitrio de las partes o de la autoridad, extender los tiempos para el ejercicio de sus derechos.
30. El Tribunal Colegiado estableció que resultaba racional y con una justificación objetiva, el contar con un límite a las dos instancias en función de la cuantía del negocio, porque a menor cuantía y, por ende, ausencia de medios ordinarios de defensa, mayor celeridad y concentración del proceso para obtener una sentencia pronta y completa, lo cual redunda en beneficio del quejoso.
31. Sostuvo que la cuantía constituye un factor racional y objetivo para determinar si un asunto debe resolverse en una o dos instancias, con base en los principios organizativos del derecho de acceso a la tutela judicial, de ahí que el hecho de que una determinación no sea recurrible, por la cuantía del asunto, lejos de causar perjuicio o menoscabar las defensas del quejoso, producen mayores beneficios para las partes que los que pretenden alcanzarse de ser acogido el recurso, tales como el derroche de tiempo empleado, recursos humanos y materiales que se ocupan.
32. El órgano colegiado sostuvo que al brindársele la oportunidad de defensa dentro del juicio, la mera restricción al uso de los medios de impugnación en razón de la cuantía, en modo alguno implica restricción al acceso de la justicia, porque el derecho a impugnar no es ilimitado en la medida de que por cuestiones de economía procesal, de los recursos humanos empleados así como de los materiales, y atento a la trascendencia económica del asunto, se generaría más perjuicio que beneficios a las partes, pues la mayoría de las veces lo único que se lograría sería dilatar el procedimiento; además, sostuvo que la posibilidad de defenderse y obtener la impartición de la justicia queda colmada al tener posibilidad de acudir a un tribunal a que lo oiga en defensa, le dé posibilidad de ofrecer pruebas, formular alegatos y a que se le notifiquen las resoluciones que de ella emanen.
33. Adicionalmente, el Tribunal Colegiado del conocimiento sostuvo que con el juicio de amparo directo, concebido como medio extraordinario de defensa, se logra la tutela judicial efectiva prevista como derecho fundamental en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues no siempre dicho derecho se materializa a través de la existencia de un medio ordinario de defensa para que el gobernado controvierta el acto estatal, pues razonar así podría llevar al absurdo entonces de crear mayores medios de impugnación inclusive adicionales a los ya existentes (recurso sobre recurso) para garantizar plenamente dicho derecho, lo cual no es concebible, porque la necesidad de establecerlo depende de la naturaleza de la relación jurídica que surja y del contexto constitucional en que se actualice.
34. Estableció que la circunstancia de que no se cuente con un recurso ordinario para impugnar las resoluciones emitidas en el juicio de origen, no trasgrede el señalado derecho, ya que para ello el particular cuenta con el juicio de amparo directo para impugnar las determinaciones jurisdiccionales, con lo cual se garantiza la obligación de establecer medios jurídicos que analicen las resoluciones y, por ende, se garantice el libre y pleno ejercicio de los derechos a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción.
35. Finalmente, en relación con los conceptos de violación de legalidad (del primero al tercero) el Tribunal Colegiado de Circuito los declaró inoperantes dado que en ellos se alegaron violaciones procesales, en específico, la ilegalidad de los autos de nueve y diecinueve de abril de dos mil trece, por medio de los cuales se le desecharon diversas pruebas; sin embargo, en contra de ellos –sostiene la resolución recurrida– la parte actora no interpuso el recurso de revocación que prevé el artículo 1,334 del Código de Comercio, medio legal ordinario que se estima idóneo al tratarse de un asunto de cuantía menor, para que así se estuviera en posibilidad de preparar el juicio y reclamar su ilegalidad como violación intraprocesal en la vía constitucional.(14)
36. QUINTO.—Agravios. Los agravios expresados por la parte quejosa se resumen en los siguientes:
37. Primer agravio. El recurrente establece que el Tribunal Colegiado de Circuito aplicó de manera inexacta los artículos 1,339 y 1,340 del Código de Comercio, además de que dejó de observar el contenido de los artículos 1, 14, 16, 17 y 104, fracción II, segundo párrafo, de la Constitución Federal.
38. Refiere que al analizar el cuarto concepto de violación, el Tribunal Colegiado de Circuito concluyó de manera incorrecta que no se violaba la garantía de tutela jurisdiccional efectiva, prevista en la Constitución Federal y en el artículo 25 de la Convención Americana, al considerar que el juicio de amparo directo cumple con garantizar la obligación de suministrar medios jurídicos que analicen las resoluciones y los derechos reconocidos en la mencionada convención.
39. Al resolver de esa forma, aduce, el Tribunal Colegiado incumplió con su obligación de proteger, garantizar y respetar el derecho de la tutela judicial efectiva, ya que no observó ni aplicó lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción II del artículo 104 constitucional, el cual señala que las sentencias de primera instancia dictadas en controversias del orden mercantil, ya sea en jurisdicción ordinaria federal o concurrente, podrán ser apelables ante el superior inmediato.
40. Afirma que el recurso de apelación no se asemeja al juicio de amparo previsto en el artículo 103 constitucional, toda vez que el amparo resulta un medio extraordinario de defensa que resuelve conflictos que se ocasionen por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados de derechos humanos de los que el Estado Mexicano es Parte.
41. Sostiene que el Tribunal Colegiado del conocimiento realizó de modo deficiente el control de constitucionalidad ex officio y no aplicó la jurisprudencia convencional que lo obliga a llevar a cabo tal control atendiendo al principio pro persona.
42. Segundo agravio. El recurrente aduce que la sentencia del Tribunal Colegiado resulta incongruente ya que por un lado sostiene que un órgano distinto a la jurisdicción ordinaria debe revisar lo impugnable y, por otro, en total contradicción al sistema tasado de recursos en materia mercantil, considera que el propio Juez que desechó las pruebas puede revisar su determinación a través del recurso de revocación, evidenciándose una falta elemental de certeza jurídica y garantía de defensa para el quejoso, pues el órgano colegiado recurre a sofismas argumentativos, contradictorios e incongruentes, para privar del derecho de impugnar la sentencia mercantil.
43. Aunado a lo anterior, el recurrente sostiene que el Tribunal Colegiado de Circuito pasó por alto que al no ser recurrible el auto de desechamiento de pruebas el quejoso acudió al juicio de amparo indirecto, el cual fue sobreseído en razón de que previamente no hizo valer el recurso de revocación, con el argumento de que tenía que esperar a la sentencia del juicio ejecutivo para combatir dicho auto en el amparo directo; por tanto, asegura que el Tribunal Colegiado se apartó de la litis constitucional e introdujo un aspecto novedoso al estimar la procedencia y agotamiento del recurso de revocación.
44. SEXTO.—Análisis de la procedencia del recurso. Los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 81, fracción II, de la Ley de Amparo, establecen que el recurso de revisión en amparo directo es procedente cuando se decida sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma general, cuando se establece la interpretación directa de un precepto constitucional o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte, o bien, si en dichas sentencias se omite el estudio de tales cuestiones, a pesar de haber sido planteadas.
45. A partir de esas premisas, para que el recurso de revisión en amparo directo sea procedente es necesario que se cumplan los requisitos siguientes:
a) Que el Tribunal Colegiado resuelva sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma general, o se establezca la interpretación directa de un precepto de la constitución o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, o bien, si en dichas sentencias se omita el estudio de las cuestiones antes mencionadas, cuando se hubieren planteado en la demanda de amparo, y
b) Que el problema de constitucionalidad entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia.
46. Al respecto, el punto primero del Acuerdo General Número 9/2015 emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece las bases generales para la procedencia y tramitación de los recursos de revisión en amparo directo, señala:
“Primero. El recurso de revisión contra las sentencias que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito es procedente, en términos de lo previsto en los artículos 107, fracción IX, constitucional y 81, fracción II, de la Ley de Amparo, si se reúnen los supuestos siguientes: a) Si en ellas se decide sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma general, o se establece la interpretación directa de un precepto constitucional o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, o bien si en dichas sentencias se omite el estudio de las cuestiones antes mencionadas, cuando se hubieren planteado en la demanda de amparo, y b) Si el problema de constitucionalidad referido en el inciso anterior entraña la fijación de un criterio de importancia y trascendencia.”
47. En términos del punto segundo del acuerdo mencionado, se entenderá que la resolución de un amparo directo en revisión permite fijar un criterio de importancia y trascendencia, cuando habiéndose surtido los requisitos del inciso a) anterior, se advierta que aquélla dará lugar a un pronunciamiento novedoso o de relevancia para el orden jurídico nacional.
48. Adicionalmente, también se considerará que la resolución de un amparo directo en revisión permite fijar un criterio de importancia y trascendencia, cuando lo decidido en la sentencia recurrida pueda implicar el desconocimiento de un criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionado con alguna cuestión propiamente constitucional, por haberse resuelto en contra de dicho criterio o se hubiere omitido su aplicación.
49. En el caso, la cuestión propiamente constitucional se encuentra acreditada, en virtud de que en la demanda de amparo el quejoso planteó la inconstitucionalidad de los artículos 1,339 y 1,340 del Código de Comercio, argumentando que dichos preceptos legales son contrarios a la Constitución y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos pues le impiden interponer el recurso de apelación en contra de sentencias de primera instancia cuando el monto del negocio (suerte principal) sea menor a quinientos mil pesos.(15)
50. En relación con lo anterior, el Tribunal Colegiado desestimó esas consideraciones estableciendo esencialmente que el hecho de que no se cuente con un recurso ordinario para impugnar las resoluciones emitidas en un juicio ejecutivo mercantil, en las circunstancias citadas, no transgrede el derecho a un recurso judicial efectivo, ya que, en principio, la mera restricción al uso de los medios de impugnación en razón de la cuantía, en modo alguno implica restricción al acceso de la justicia, pues el derecho a impugnar no es ilimitado; asimismo, porque el particular cuenta con el juicio de amparo directo para impugnar las determinaciones jurisdiccionales, con lo cual se encuentra cumplida la obligación de establecer medios jurídicos que analicen las resoluciones.
51. El recurrente en sus agravios (supra párrafos 37 a 51) alega esencialmente que es incorrecta la postura del Tribunal Colegiado de Circuito puesto que –insiste– se viola el derecho a un recurso efectivo que se establece en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que el artículo 104 constitucional, fracción II, párrafo segundo, constitucional señala de manera expresa que las sentencias de primera instancia dictadas en controversias del orden mercantil, ya sea en jurisdicción ordinaria federal o concurrente, podrán ser apelables ante el superior inmediato. Por lo que esta Primera Sala estima que la cuestión propiamente constitucional se encuentra actualizada.
52. Además, el presente asunto posee las características de importancia y trascendencia pues esta Primera Sala tiene la posibilidad de determinar si la limitación establecida en los artículos 1,339 y 1,340 del Código de Comercio, en el sentido de que ciertos negocios mercantiles, por su cuantía, no podrán ser recurribles por medio del recurso de apelación, es constitucionalmente válida.
53. SÉPTIMO.—Estudio de los agravios. Este considerando será dividido en dos apartados; en el primero se identificará el (i) problema jurídico y en el segundo, se hará el (ii) análisis de constitucionalidad que subsiste en esta Primera Sala, relativo a los artículos 1,339 y 1,340 del Código de Comercio. El problema será abordado a partir de los agravios expresados por el recurrente, por ser un asunto donde rige el principio de estricto derecho.
I. Problema jurídico.
54. Consiste en determinar si es constitucionalmente válida la limitación establecida en los artículos 1,339 y 1,340 del Código de Comercio, en el sentido de que ciertos negocios mercantiles, por su cuantía, no podrán ser recurribles cuando el monto del negocio (suerte principal) sea menor a quinientos mil pesos; o si por el contrario, dichos preceptos violan el derecho a recurrir el fallo ante un Juez o tribunal superior.
II. Juicios mercantiles de única instancia en los que, por razón de la cuantía, no se puede promover el recurso de apelación. Análisis de constitucionalidad de los artículos 1,339 y 1,340 del Código de Comercio
55. La posibilidad de apelar las sentencias de primera instancia en materia mercantil deriva del último párrafo de la fracción II del artículo 104 de la Constitución General, que dispone que “Las sentencias de primera instancia podrán ser apelables ante el superior inmediato del Juez que conozca del asunto en primer grado”.(16)
56. En concepto de la parte recurrente –según la primera parte del agravio primero– los artículos 1,339 y 1,340 del Código de Comercio son inconstitucionales en virtud de limitar la interposición del recurso de apelación en contra de sentencias que no rebasen el quantum establecido en dichos numerales, lo cual –aduce– dejan a las personas cuyo litigio sea menor a dicho monto en un plano de desigualdad, negándoles el acceso a un recurso ordinario como lo es el de apelación.
57. Tal planteamiento es infundado. Dentro de su libertad de configuración legislativa, el legislador estableció en los artículos 1,339 y 1,340 del Código de Comercio, vigente en la época en que se promovió el juicio ejecutivo mercantil (trece de noviembre de dos mil doce), la existencia de juicios mercantiles de única instancia, los cuales, por razón de la cuantía, no existe la posibilidad de interponer el recurso de apelación.
58. Dichos preceptos establecen lo siguiente:
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 2012)
“Artículo 1,339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a ********** por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente.”
(ADICIONADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 2012)
“Corresponderá a la Secretaría de Economía actualizar cada año por inflación el monto expresado en pesos en el párrafo anterior y publicarlo en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el 30 de diciembre de cada año.
(ADICIONADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 2012)
“Para estos efectos, se basará en la variación observada en el valor del Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía entre la última actualización de dicho monto y el mes de noviembre del año en cuestión.
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 2012)
“Las sentencias que fueren recurribles, conforme al primer párrafo de este artículo, lo serán por la apelación que se admita en ambos efectos, salvo cuando la Ley expresamente determine que lo sean sólo en el devolutivo.
(REFORMADO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2008)
“Sólo serán apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente o cuando lo disponga este código, y la sentencia definitiva pueda ser susceptible de apelación, de acuerdo a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo.
(REFORMADO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2008)
“El recurso de apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones, que se dicten en el trámite del procedimiento se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación conjunta con la apelación de la sentencia definitiva, sin que sea necesario en tal escrito la expresión de agravios; interpuesta esta apelación, se reservará su trámite para que se realice en su caso conjuntamente con la tramitación de la apelación que se formule en contra de la sentencia definitiva por la misma parte apelante.
(REFORMADO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2008)
“Para que proceda la apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones en efecto devolutivo o en el suspensivo se requiere disposición especial de la ley.
(REFORMADO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2008)
“La apelación debe interponerse ante el tribunal que haya pronunciado el auto, interlocutoria o resolución, a más tardar dentro de los nueve días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación si se tratare de sentencia definitiva, seis si fuere contra auto, interlocutoria o resolución, dictada en el procedimiento si se trata de apelaciones de tramitación inmediata y en el término de tres días si se trata de apelación de tramitación conjunta con la sentencia definitiva.
(REFORMADO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2008)
“Los agravios que hayan de expresarse en contra del auto, interlocutoria o resolución, cuando se trate de apelaciones de tramitación inmediata o de sentencia definitiva, se expresarán al interponerse el recurso de apelación. Los agravios que en su caso se deban expresar en contra de resoluciones de tramitación conjunta con la sentencia definitiva se expresarán en la forma y términos previstos en el artículo 1344 de este Código.”
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 2012)
“Artículo 1,340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a quinientos mil pesos por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339.”
59. Los artículos impugnados establecen que las resoluciones que se emitan durante el procedimiento mercantil, así como las sentencias que se refieran a resolver sobre litigios cuyo monto sea menor a quinientos mil pesos, por concepto de suerte principal, son irrecurribles, así como que el recurso de apelación no es procedente en juicios mercantiles cuya cuantía sea menor a la ya referida.
60. Al resolver la acción de inconstitucionalidad 22/2009, en sesión de cuatro de marzo de dos mil diez, el Tribunal Pleno reconoció la validez de los artículos 1,339 y 1,340 del Código de Comercio modificados mediante el “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Comercio”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día treinta de diciembre de dos mil ocho.(17)
61. Si bien los preceptos que ahora se estudian tienen sustento en la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil doce, lo cierto es que entre las estudiadas por el Tribunal Pleno y las que ahora constituyen materia de este asunto, únicamente varió el monto máximo de la cuantía (antes se preveía ********** y conforme a los preceptos analizados, el monto asciende a **********); no obstante, las razones del legislador en la construcción de los textos legales impugnados siguen siendo las mismas, por lo que esta Primera Sala considera que dicho precedente sirve de sustento para resolver el presente asunto.
62. En estas condiciones, tomando como base lo resuelto por el Tribunal Pleno, se proceda a realizar el estudio de constitucionalidad de los artículos 1,339 y 1,340 del Código de Comercio.
63. En el caso estamos frente a normas procesales relativas a la materia mercantil, cuya naturaleza se rige por el fin de lucro, de donde se sigue que la regulación del Código de Comercio y las normas procesales en él contenidas atienden a la actividad comercial, por lo que los montos de las transacciones motivo de controversia jurídica son un factor considerable en el tema en cuestión, atendiendo a lo expuesto en los agravios.
64. La improcedencia del recurso de apelación en los juicios mercantiles respecto de asuntos de cuantía inferior a los ********** constituye una disposición excepcional, puesto que el legislador excluyó la procedencia de la apelación en un tipo específico y concreto de juicios mercant
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29269-6c27b3a6/tutela-jurisdiccional-efectiva-diferencias-entre-el-derecho-a · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE RESOLVIÓ LA APELACIÓN INTERPUESTA CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN UN JUICIO MERCANTIL QUE NO ADMITÍA (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- APELACIÓN EN EL JUICIO MERCANTIL. PARA LA PROCEDENCIA DE DICHO RECURSO POR RAZÓN DE LA CUANTÍA DEBE ATENDERSE, POR REGLA GENERAL, A LA NORMA VIGENTE AL MOMENTO DE APELAR, SALVO QUE (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- APELACIÓN. RESULTA PROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS, AUTOS, INTERLOCUTORIAS O RESOLUCIONES DICTADOS DURANTE EL PROCEDIMIENTO MERCANTIL, CUANDO EL MONTO DEL NEGOCIO RESULTE DE CUANT (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL. PARA SU PROCEDENCIA DEBE ATENDERSE A LA LEGISLACIÓN QUE ESTÉ VIGENTE AL MOMENTO DE DICTARSE LA SENTENCIA EN EL JUICIO Y NO A LA FECHA DE PRESENTACIÓ (I.11o.C.13 C (10a.))
- APELACIÓN, EN ASUNTOS MERCANTILES DE CUANTÍA INDETERMINADA, DE CONFORMIDAD CON EL CÓDIGO DE COMERCIO, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL (I.11o.C.202 C )
- JUICIOS MERCANTILES CUYO MONTO SEA INFERIOR A QUINIENTOS MIL PESOS POR CONCEPTO DE SUERTE PRINCIPAL. CONTRA LAS RESOLUCIONES EMITIDAS EN ELLOS NO PROCEDE RECURSO ALGUNO, ATENTO A L (VII.1o.C.6 C (10a.))
- APELACIÓN. LOS ARTÍCULOS 1339 Y 1340 DEL CÓDIGO DE COMERCIO REFORMADO EL DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL OCHO, NO VULNERAN LA GARANTÍA DE IGUALDAD. (I.3o.C.919 C)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis