JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA NEGATIVA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, DE REQUERIR AL PATRÓN PARA QUE EN LA ETAPA EJECUTIVA DEL JUICIO LABORAL, INSCRIBA Y CONTABILICE EL LAUDO FIRME EN SU PRESUPUESTO DE EGRESOS, AL SER UN ACTO DE NATURALEZA ADJETIVA QUE, POR SÍ SOLO, NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 50/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL QUINTO Y EL CUARTO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA DE TRABAJO, AMBOS DEL TERCER CIRCUITO. 3 DE MAYO DE 2023. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LA MAGISTRADA ROSA MARÍA GALVÁN ZÁRATE Y DEL MAGISTRADO EMILIO GONZÁLEZ SANTANDER. DISIDENTE: MAGISTRADO JOSÉ LUIS CABALLERO RODRÍGUEZ, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: MAGISTRADO EMILIO GONZÁLEZ SANTANDER. SECRETARIA: ESPERANZA CRECENTE NOVO.
II. COMPETENCIA
7. Este Pleno Regional en Materia de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México es legalmente competente para conocer y resolver la presente contradicción de criterios, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los diversos 6, fracción II, 8, 9 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; 1, fracción II, inciso 4, y 2 del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, en virtud de que los tribunales contendientes corresponden a la materia y jurisdicción de este Pleno Regional.
III. LEGITIMACIÓN
8. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada electrónicamente por el Magistrado presidente del Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Estado de Jalisco, con motivo de lo resuelto en los amparos en revisión 146/2022, de su índice y 190/2021, radicado en el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Estado de Jalisco, en términos de lo establecido por el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo.
IV. CRITERIOS DENUNCIADOS
9. El Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Estado de Jalisco, al resolver el amparo en revisión 146/2022, determinó que era procedente revocar la sentencia pronunciada por el Juez Cuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, en los autos del juicio de amparo indirecto 746/2021, en el que se decretó el sobreseimiento del mismo, en términos de lo previsto por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción IV del diverso numeral 107, ambos de la Ley de Amparo en vigor y otorgar a la quejosa la protección constitucional que impetró, en los términos siguientes:
"QUINTO.—Estudio de los agravios. Para mejor entendimiento del sentido de esta resolución es dable precisar y adelantar que:
"1. Se analizarán los agravios y, al suplir la deficiencia de la queja, se determinará que son fundados por las razones que se expondrán, ya que atento a la naturaleza del acto reclamado el juicio de amparo indirecto es procedente sin esperar a que se dicte la última resolución en el procedimiento de ejecución del laudo a la que se refiere el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la ley de la Ley de Amparo, pues con la negativa de la responsable de requerir al Ayuntamiento demandado para que registre y contabilice en su Presupuesto de Egresos el laudo condenatorio firme emitido en su contra:
"a) No se favorece la ejecución del laudo, sino que se obstaculiza, por lo que el acto reclamado debe entenderse desde una perspectiva negativa que impide lograr hacer efectiva la cosa juzgada y, por eso, no es posible observar las reglas generales de procedencia de la instancia constitucional.
"b) Se vulnera el derecho sustantivo a la tutela judicial completa y efectiva que comprende el derecho a la ejecución de sentencias y resoluciones jurisdiccionales firmes.
"c) No tiene relación directa, tampoco necesaria con la ejecución del laudo, de ahí que debe atenderse la naturaleza negativa del acto impugnado, lo que evidencia la procedencia del juicio de amparo indirecto como caso excepcional a la regla general contemplada en la fracción IV del numeral 107 de la Ley de Amparo.
"2. Con fundamento en el artículo 93, fracción V, de la Ley de Amparo, este Tribunal Colegiado procederá a reasumir jurisdicción para analizar el acto combatido y emitirá la determinación que corresponda.
"3. Se hará pronunciamiento específico sobre las medidas especiales solicitadas por la parte quejosa consistentes en: (i) reparación integral del daño; (ii) compensación; (iii) satisfacción; y, (iv) de no repetición.
"Precisado lo anterior, en cuanto al apartado identificado con el arábigo 1, la parte recurrente esgrime en sustancia:
"1. Que la sentencia recurrida le causa agravio, debido a que el a quo desatiende el derecho fundamental de acceso a la tutela judicial efectiva, pues incorrectamente actualizó la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción IV, del mismo ordenamiento, bajo el argumento de que el acto reclamado no se trata de la última resolución en el procedimiento de ejecución del laudo; sin embargo, soslayó que dicho fallo se emitió desde el veinte de diciembre de dos mil diecisiete y no se ha podido ejecutar.
"1.1 Que, contrario a lo resuelto, el proveído reclamado tiene la naturaleza y el efecto de ser el último acuerdo dentro del procedimiento de ejecución, porque la petición evidencia la ineficiencia jurídica tanto de la ley como de la actuación del tribunal responsable, y el poco margen de maniobra para hacer cumplir el laudo condenatorio, de modo que la negativa de ordenar el registro y contabilización en el Presupuesto de Egresos de la entidad pública condenada, es precisamente el acto jurisdiccional que impide avanzar con la continuación del proceso de ejecución del laudo, por lo que esto impide aún más su ejecución y cumplimiento.
"1.2 Que la imposibilidad material y jurídica para ejecutar el laudo hace que se encuentre en el supuesto en que es imposible llegar a la última resolución del procedimiento de ejecución y, por eso, difícilmente llegará el momento en que la entidad condenada manifieste la imposibilidad material o jurídica de dar cumplimiento al laudo.
"1.3 Que, además, no existe medio de defensa ordinario para impugnar el acuerdo emitido por la autoridad responsable, por lo que procedía otorgar el amparo, ya que el registro y contabilización del laudo se prevé en el numeral 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; razón suficiente para revocar la resolución impugnada, puesto que se está en presencia de un caso de excepción a la regla general prevista en la fracción IV del numeral 107 de la Ley de Amparo.
"Los anteriores agravios son fundados suplidos en la deficiencia de la queja en términos de la fracción V del numeral 79 de la Ley de Amparo.
"Es así, porque, como alega la parte recurrente, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, aplicada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, consistente en que no se trata de la última resolución en el procedimiento de ejecución, tampoco encuadra en algún supuesto de procedencia excepcional, la que se tuvo por acreditada en la sentencia recurrida, y dio lugar al sobreseimiento en el juicio en términos del artículo 63, fracción V, de la legislación citada.
"En efecto, si bien la determinación reclamada por la trabajadora quejosa consistente en el acuerdo de veintidós de abril de dos mil veintiuno, dictado por el Pleno del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, que niega requerir al Ayuntamiento demandado para que registre y contabilice el laudo condenatorio en el Presupuesto de Egresos no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de laudo; lo cierto es que sí encuadra en el supuesto excepcional de procedencia del juicio de amparo indirecto previsto en el artículo 107, fracción V, de aplicación analógica a la fracción IV, del mismo precepto de la Ley de Amparo.
"Así es, el artículo 107, fracción V, de la ley de la materia establece que el amparo indirecto procede exclusivamente contra actos en juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución, ya que los actos en juicio que sí son reparables deben impugnarse en amparo directo contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que pone fin al juicio, conforme lo prevé el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo.
"Por su parte, en la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo se establece la procedencia del amparo indirecto contra los actos realizados después de concluido el juicio, en los que se incluye a los dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia delimitando su procedencia contra la última resolución que se dicta en éstos, incluidos los remates.
"Prevé, además (como en amparo directo), que en la demanda pueden reclamarse las violaciones cometidas durante el procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución.
"En ese sentido, si bien la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, no establece en forma expresa la procedencia del amparo indirecto contra actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia, cuyos efectos sean de imposible reparación y afecten de manera directa derechos sustantivos, sino sólo que en la demanda de amparo contra la última resolución pueden plantearse las violaciones cometidas en el procedimiento de ejecución que trascendieron al sentido de ésta, sí deja abierta la posibilidad de aplicar a esa fracción, por analogía y de manera excepcional, lo dispuesto en la diversa fracción V, del mismo artículo, y hasta concluir que sí procede el amparo indirecto contra los actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia, siempre que éstos:
"i) Infrinjan directamente derechos sustantivos; y,
"ii) Se trate de derechos ajenos a los que se pueden afectar por la propia ejecución de la sentencia, es decir, que no son consecuencia directa, tampoco necesaria de la resolución que se pretende ejecutar.
"Similar criterio estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis 215/2009, sobre la procedencia de amparo indirecto contra actos emitidos en la ejecución de sentencia, sin constituir la última resolución dictada en el procedimiento correspondiente, respecto de los que pudiera sostenerse que tienen una ejecución de imposible reparación, y de la cual derivó la jurisprudencia P./J. 108/2010, que establece:
"‘EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.’ (Se tiene por transcrita)
"Dicho criterio resulta aplicable al caso en estudio, porque además de que no se contrapone con las disposiciones de la Ley de Amparo vigente, según exige el transitorio sexto de esa ley, interpreta disposiciones de la mencionada ley abrogada (artículo 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo), de contenido casi idéntico al previsto en el artículo 107, fracciones IV y V, del ordenamiento legal vigente.
"Consecuentemente, si como se estableció en párrafos precedentes, la parte trabajadora quejosa, hoy recurrente, solicitó a la responsable que girara oficio al Ayuntamiento demandado para que registrara y contabilizara el laudo condenatorio en su Presupuesto de Egresos a fin de cumplir con el requisito exigido en el artículo 126 constitucional y demás disposiciones legales citadas en dicha solicitud, para que dicho Ayuntamiento esté en condiciones de pagar lo laudado a favor de la recurrente y, con esto, evitar que se siga prolongando de manera excesiva la ejecución del laudo, resulta que la negativa a proveer favorablemente esa solicitud hace procedente el juicio de amparo indirecto.
"Lo anterior, como se dijo, dado que esa negativa obstaculiza la ejecución del laudo, es decir, no procura o favorece esa ejecución, por lo que, como lo aduce la parte recurrente, procede en su contra el juicio de amparo indirecto, en tanto que no se ubica en la hipótesis prevista en el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, referida a los actos dirigidos a lograr la ejecución de la sentencia o laudo ejecutoriado y respecto de los cuales se debe esperar al dictado de la última resolución en el procedimiento.
"Cierto, es necesario destacar que la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo tiene su antecedente en lo previsto en la fracción III del artículo 114 del citado ordenamiento abrogado, cuya ratio legis constituye el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia, lo que se tradujo en evitar que con la promoción del juicio de amparo se entorpezcan los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas.
"Dicho (sic) otro modo, al restringir la procedencia de amparos en contra de las resoluciones intermedias durante el procedimiento de ejecución, se busca evitar la promoción innecesaria y excesiva contra cada determinación que se pronuncie en dicho procedimiento.
"Sin embargo, como se dijo, no debe perderse de vista que el Alto Tribunal ha considerado que la instancia constitucional procede también contra actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada, y con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva.
"De igual forma, el juicio de amparo procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados después de concluido el juicio, que no se dicten en ejecución de sentencia, es decir, respecto de actos emitidos después de concluido el juicio, una vez que se ha emitido sentencia o laudo; pero que, por su naturaleza, no tienen vinculación con el procedimiento de ejecución y pueden originarse antes de que inicie, durante o de forma paralela a dicho procedimiento, por lo que constituyen actos autónomos o ajenos a ese procedimiento de ejecución y se desvinculan de los elementos que infieren en el cumplimiento del fallo dictado porque su finalidad directa e inmediata no es ejecutar el fallo dictado.
"Asimismo, en otra vertiente, la instancia constitucional es procedente, por regla general, contra actos en ejecución de sentencia que tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia o fallo dictado en el juicio de origen, hasta la última resolución del procedimiento respectivo, en donde también se pueden impugnar aquellas violaciones sufridas durante dicho procedimiento; la que, incluso es aplicable, aun cuando se impugne la constitucionalidad de la ley aplicada y sin distinguir si quien promueve la demanda de amparo es el vencedor en el juicio (ejecutante), pues en ambos supuestos se debe promover contra la resolución con la que culmine el procedimiento de ejecución, en la medida en que se pretende ‘evitar que con motivo de la promoción del juicio de garantías se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público’.
"De ahí que se torna irrelevante si la parte que acude al juicio de amparo en reclamo de un acto emitido para ejecutar la sentencia es la vencedora, pues lo trascendente es que mediante la acción constitucional no se entorpezca la ejecución de la sentencia, que es precisamente lo que el legislador pretendió evitar.
"De acuerdo con lo expuesto, incluido lo relativo al supuesto excepcional de procedencia del juicio de amparo definido en la jurisprudencia precitada P./J. 108/2010, de rubro: ‘EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.’, debe concluirse que los actos que obstaculizan o impiden la ejecución del laudo se trata de determinaciones vinculadas al procedimiento de ejecución, pero desde una perspectiva negativa, precisamente porque no logran hacer efectiva la cosa juzgada; de suerte que no puede aplicárseles las reglas generales de procedencia del juicio de amparo indirecto.
"Bajo ese parámetro, contrario a lo determinado por el a quo, el caso que se analiza en el presente recurso de revisión (acto negativo que obstaculiza o impide la ejecución de la cosa juzgada) debe colocarse en la hipótesis excepcional de procedencia del juicio de amparo, sin esperar a la última resolución que se dicte en el procedimiento de ejecución, pues como se vio, es criterio reiterado del Máximo Tribunal que la finalidad subyacente de la norma fue evitar el entorpecimiento o retardo en la ejecución del laudo condenatorio en aras de tutelar el derecho fundamental a ejecutar lo juzgado previsto en el artículo 17 constitucional y, en el caso, mediante el acto reclamado no se procura o favorece esa ejecución.
"De adoptar un criterio contrario al expuesto, es decir, estimar que conforme a la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo no procede el juicio de amparo indirecto en contra de actos en ejecución de sentencia que niegan preparar o facilitar el camino jurídico para lograr el cumplimiento del laudo, se llegaría al punto de desconocer la génesis de esa disposición consistente en tutelar el derecho constitucional a lograr la ejecución de la cosa juzgada, aunado al consecuente retardo en la ejecución.
"Circunstancia que no es factible desde la perspectiva del derecho de acceso a la justicia, en aras del que, al interpretar los requisitos y las formalidades procesales legalmente previstas para la admisibilidad y procedencia de los juicios, se debe tener presente la ratio de la norma para evitar que los meros formalismos impidan un enjuiciamiento de fondo del asunto.
"Sobre este último punto, debe tenerse en cuenta que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la facultad de exigir lo sentenciado en un proceso jurisdiccional, mediante un procedimiento de ejecución, constituye un verdadero derecho sustantivo, al traducirse en el derecho a accionar la maquinaria judicial, a fin de obtener lo reconocido en la sentencia con autoridad de cosa juzgada.
"Lo que se contiene en la tesis de rubro y texto:
"‘EJECUCIÓN DE SENTENCIA DEFINITIVA. LA INSTITUCIÓN JURÍDICA QUE ACTUALIZA LA PÉRDIDA DEL DERECHO PARA PEDIRLA ES LA PRESCRIPCIÓN Y NO LA PRECLUSIÓN.’ (Se tiene por transcrita)
"Por ende, en la especie, debe acudirse a la hipótesis excepcional de procedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 107, fracción V, de aplicación analógica a la fracción IV del mismo precepto de la Ley de Amparo, ya que si bien esas disposiciones no establecen expresamente dicha procedencia contra actos que no pretenden la ejecución del laudo, lo cierto es que debe entenderse que esa norma contiene una regla implícita contra actos que se colocan en el supuesto contrario a aquel que acota la misma, relativa a esperar el dictado de la resolución definitiva en el procedimiento de ejecución, debido a que, además del posible retraso en la ejecución del fallo, debe considerarse que el acto reclamado deniega la oportunidad de defensa contra actos que podrían arbitrariamente impedir dicha ejecución, esto es, un resultado contrario al pretendido por la norma, que, como se dijo, es lograr el cumplimiento del laudo firme. "Es así, porque dicho acto está vinculado al procedimiento de ejecución, pero desde una perspectiva negativa, en tanto que no se trata de una actuación del tribunal laboral tendente a ejecutar el laudo, sino por el contrario, niega la solicitud del vencedor en el juicio formulado a fin de lograr el cumplimiento de la cosa juzgada a través de la medida propuesta (exigir el registro de lo laudado en el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento demandado).
"Luego, se insiste, obstaculiza la ejecución, o al menos, no tiende a facilitarla o a eliminar obstáculos para su realización, en tanto que niega una medida solicitada para logar el cumplimiento de la cosa juzgada, adicional a las que, en su caso, la autoridad esté impulsando oficiosamente, en aras de su obligación legal de desarrollar sin demora las etapas subsecuentes a la solicitud de ejecución hasta lograr el cumplimiento del laudo, pues descarta la posibilidad de optar por la medida propuesta, que podría o no resultar idónea para el eficaz cumplimiento del laudo, o bien, en beneficio de la prontitud para lograrlo.
"En consecuencia, la negativa a requerir al Ayuntamiento demandado para que registre y contabilice el laudo condenatorio en el Presupuesto de Egresos, constituye un obstáculo para lograr la ejecución y, por esa razón, procede el amparo indirecto planteado por la parte quejosa.
"Además, al margen de lo expuesto, el acto reclamado no tiene relación directa, tampoco necesaria con la ejecución del laudo, puesto que se trata de un acto negativo y no está previsto en la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios; en cambio, tiene por objeto evitar la dilación excesiva del procedimiento de ejecución.
"Más aún, como se anticipó, la negativa a ordenar que se registre y contabilice el laudo en el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento demandado produce una afectación de imposible reparación, pues trasciende de manera directa en el tiempo que lleva sin ejecutarse el laudo de veinte de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 94 a 112 del amparo indirecto) y a la fecha en que se emitió el acto reclamado (veintiuno de abril de dos mil veintiuno) aún no concluía; esto es, lleva más de tres años en ejecución, cuando el artículo 143 de la ley burocrática local sólo prevé treinta días para ello, a partir de que se notifica el auto de ejecución a la demandada.
"Por tanto, se está ante una dilación excesiva del procedimiento de ejecución que contraviene el derecho sustantivo de justicia pronta y expedita, consagrado en el artículo 17 constitucional.
"En relación con el tema resulta orientadora, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 12/2022 (11a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘DILACIÓN EXCESIVA EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA EN MATERIA LABORAL. PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE UN AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, NO ES APLICABLE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 33/2019 (10a.), EMITIDA POR LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.’
"En razón de lo anterior, se reitera, contrario a lo determinado por el a quo, el acto reclamado por la parte trabajadora quejosa consistente en el proveído de veintidós de abril de dos mil veintiuno, dictado por el Pleno del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, que niega girar oficio al Ayuntamiento demandado para que registre y contabilice el laudo en el Presupuesto de Egresos, sí encuadra en el supuesto excepcional de procedencia del juicio de amparo indirecto, previsto en el artículo 107, fracción V, de aplicación analógica a la fracción IV del mismo precepto de la Ley de Amparo.
"Por el criterio que informa, se cita la jurisprudencia de rubro y texto:
"‘EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA FIRME QUE DESESTIMA LAS EXCEPCIONES SUSTANCIALES Y PERENTORIAS, ASÍ COMO LAS DEFENSAS U OTROS ACTOS QUE TIENDAN A DETENER O INTERRUMPIR LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DE MANERA INMEDIATA, YA QUE RESULTAN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.’ (Se tiene por transcrita)
"En el entendido de que, en este apartado, no se hace pronunciamiento sobre la eficacia de la medida solicitada por la parte vencedora en el juicio natural y denegada en el acto reclamado, tampoco sobre su procedencia acorde a la ley aplicable a la contienda laboral, pues esos temas serán materia de análisis en cuanto al fondo del asunto.
"2. Consecuentemente, ante lo fundado de los disensos analizados, se ha agotado la tarea revisora de este órgano colegiado, por lo que en términos del artículo 93, fracción V, de la Ley de Amparo, corresponde reasumir jurisdicción para resolver sobre el acto reclamado, en tanto que en el recurso de revisión no se prevé la figura del reenvío y, además, no se advierte de oficio la actualización de alguna causa de improcedencia o sobreseimiento del juicio de amparo que se hubiera dejado de estudiarse en la sentencia recurrida.
"En el entendido de que en este plano al dilucidar sobre el acto reclamado en el amparo indirecto resulta indefectible que se privilegie, por encima de los aspectos formales la resolución de fondo del asunto.
"Se cita como apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro y texto:
"‘DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA (PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO). A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA ADICIÓN AL ARTÍCULO 17, TERCER PÁRRAFO, CONSTITUCIONAL, TODAS LAS AUTORIDADES JUDICIALES Y AQUELLAS CON FUNCIONES MATERIALMENTE JURISDICCIONALES DEBEN PRIVILEGIAR LA SOLUCIÓN DEL CONFLICTO SOBRE LOS FORMALISMOS PROCEDIMENTALES, SIEMPRE Y CUANDO NO SE AFECTE LA IGUALDAD ENTRE LAS PARTES (DOF DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017).’ (Se tiene por transcrita)
"SEXTO.—Estudio de conceptos de violación.
"Los conceptos de violación se estudiarán supliendo la deficiencia de la queja en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, al tratarse de la parte trabajadora.
"Alega, en los conceptos de violación A, B y C, que la responsable violó en su perjuicio los derechos humanos de acceso a la justicia y de tutela judicial efectiva, consagrados en los artículos 17 constitucional, 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, porque al negar su solicitud de girar oficio al Ayuntamiento demandado para el registro y contabilización del laudo en el Presupuesto de Egresos, ocasionó que se siga prolongando el procedimiento de ejecución del laudo, dado que resultan ineficaces la multa y suspensión previstas en los artículos 140, 141 y 143 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios; además de que el registro y contabilización citados sólo son un requisito para que la entidad pública demandada esté en aptitud legal de pagar el laudo; lo que solicitó se examine en ejercicio del control difuso y de convencionalidad. Cita tesis en apoyo.
"Como se adelantó, dichos conceptos de violación son fundados, suplidos en la deficiencia de la queja, en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo.
"En efecto, del escrito de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, en que la parte quejosa solicitó a la responsable que girara oficio al Ayuntamiento demandado, para el registro y contabilización del laudo en el Presupuesto de Egresos, se advierte que además de apoyar esa petición en las disposiciones legales transcritas en párrafos precedentes, alegó la salvaguarda de los derechos humanos de acceso a la justicia y de tutela judicial efectiva, consagrados en los artículos 17 constitucional, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como que solicitó que al proveerla se ejerciera control difuso de constitucionalidad.
"Por su parte, del acuerdo plenario reclamado de veintidós de abril de dos mil veintiuno, se advierte que el tribunal responsable declaró improcedente dicha solicitud, en esencia, porque además de que debía ceñirse a lo dispuesto en la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, y no aplicar supletoriamente disposiciones no previstas en el procedimiento de ejecución de laudo, como las referidas en la solicitud de girar oficio a la demandada para el registro y contabilización del laudo, el silencio legislativo no le permitía llegar al extremo de crear instituciones jurídicas no previstas en la ley burocrática citada, aun mediante el control difuso o de convencionalidad.
"Como se ve, en principio, la responsable no resolvió congruentemente lo planteado por la parte quejosa, en el escrito de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, pues contrario a analizar y determinar: (i) si la petición de girar oficio a la demandada, para el registro y contabilización del laudo, constituye una medida eficaz, justificada y legal, para evitar que se siga prolongando el procedimiento de ejecución del laudo; y, (ii) si con motivo de la obligación que le impone el artículo 141 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, de dictar todas las medidas necesarias para la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, podía ordenar que se girara el oficio citado; se concretó a señalar que al encontrarse ceñida a las disposiciones de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, no podía aplicar supletoriamente los preceptos legales en que se sustentó dicha petición, así como que el silencio del legislador no la facultaba para crear figuras jurídicas no previstas en dicha ley. Lo que sustentó en diversas tesis.
"Esto es, la responsable, además de perder de vista que la solicitud de girar oficio al Ayuntamiento demandado para el registro y contabilización del laudo en el Presupuesto de Egresos, se planteó como una medida eficaz para evitar que se siguiera prolongando el procedimiento de ejecución del laudo, en aras de salvaguardar el principio de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 constitucional; interpretó incorrectamente que la parte quejosa solicitó la aplicación supletoria al procedimiento de ejecución, de las normas constitucionales y legales en que sustentó su
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31500-34bfffc3/juicio-de-amparo-indirecto-es-improcedente-contra-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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