INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DICTADAS POR AQUÉL O POR SUS ÓRGANOS DEPENDIENTES, QUE CONCEDAN, NIEGUEN, REVOQUEN, SUSPENDAN, MODIFIQUEN O REDUZCAN LAS PENSIONES, SON ACTOS DE AUTORIDAD IMPUGNABLES A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PREVIAMENTE AL AMPARO, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 116/2005-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA (ANTES TERCER TRIBUNAL COLEGIADO) Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN LAS MATERIAS INDICADAS (ANTES CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO), AMBOS DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIO: ALBERTO MIGUEL RUIZ MATÍAS.
CONSIDERANDO:
TERCERO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito (antes Cuarto Tribunal Colegiado del propio circuito), el diez de junio de dos mil cuatro, al resolver la revisión administrativa 248/2004, entre otras consideraciones, sostuvo las siguientes:
"Los agravios expuestos por el recurrente son fundados pero inoperantes en una parte e inoperantes en otra, en virtud de las consideraciones jurídicas siguientes. Cierto, el a quo para decretar el sobreseimiento, lo hizo bajo el argumento de que no por el hecho que el delegado en Guerrero, y el jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo, ambos del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, sean trabajadores de un organismo público descentralizado signifique que tengan el carácter de autoridad, toda vez que precisamente la ley de dicho instituto determina que la finalidad de dicha institución es la administración de los seguros, prestaciones y servicios a favor de los trabajadores, teniendo personalidad jurídica y patrimonio propio y actividades autónomas, de suerte que se trata de una persona moral distinta del Estado, por lo cual sus órganos que la conforman no son órganos del Estado, por lo que en términos del artículo 1o., fracción I, de la Ley de Amparo, no tienen el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Como se ve, tal determinación es incorrecta, porque en efecto no se les atribuyó el acto a título personal, sino como entes integrantes de un organismo público, autónomo y descentralizado como es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el cual contrario a lo indicado por el Juez de Distrito sí forma parte de la administración publica federal, es decir, forman parte del Estado mexicano, con independencia de que para efectos de las relaciones jurídicas que entablan al seno del orden jurídico nacional, estén dotados de una esfera competencial y un patrimonio propios que los distinguen de los demás poderes y organismos paraestatales o autónomos del Estado. Lo anterior así lo sostiene la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis número 2a. XVI/2002, publicada en la página cuatrocientos treinta del Tomo XV, del mes de marzo de dos mil dos, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto: ‘ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS FEDERALES. AUN CUANDO NO PERTENECEN AL PODER EJECUTIVO FEDERAL, SÍ FORMAN PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.’ (se transcribe). Sin embargo, no obstante lo fundado de sus agravios en tal aspecto, los mismos resultan inoperantes para el caso que nos ocupa, pues lo anterior no varía el sentido de la resolución, toda vez que este órgano colegiado estima que la causal de improcedencia anunciada por el a quo federal, prevista en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 1o., fracción I, 11 de ley en comento y 103 constitucional, aun cuando por razones distintas a las expresadas por el Juez de Distrito, sí se actualiza, dado que el delegado en Guerrero y jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, no son autoridad para el juicio de amparo que nos ocupa; igual declaratoria debe hacerse respecto del jefe del departamento de finanzas del citado instituto, de quien el a quo omitió hacer pronunciamiento, ya que en su resolución únicamente dijo que fue omiso en rendir su informe justificado, pero nada más, y como en el caso no opera el reenvío, en términos del artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo, se debe confirmar dicho sobreseimiento, en virtud de lo siguiente: Los artículos en comento, respectivamente señalan: ‘Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley.’. ‘Artículo 103. Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite; I. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales; II. Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados; y III. Por leyes o actos de las autoridades de éstos que invadan la esfera de la autoridad federal.’. ‘Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales ...’. ‘Artículo 11. Es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado.’. De los dispositivos legales invocados se obtiene de manera clara que, el juicio de amparo procede solamente en contra de actos de autoridad, y los que en la especie se reclaman -la orden de suspensión y/o descuento del importe de la pensión por viudez, que podría ser de manera temporal o definitiva por supuesta incompatibilidad y ejecución de la misma-, si bien formalmente emanan de un organismo público descentralizado que eventualmente puede equipararse a una autoridad constituida, no revisten el carácter de actos autoritarios, como se explicará líneas adelante. Cierto, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en términos del artículo 4o. de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, es un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonios propios que se encarga de la administración de los seguros, prestaciones y servicios. Ahora bien, en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, no existe disposición legal alguna que indique que las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y dicho instituto, deberán tramitarse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje o ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa cuando se trate de controversias entre el instituto y los trabajadores, como sí ocurre en el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual en el artículo 295 de la ley de ese instituto sí establece expresamente que las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el instituto sobre las prestaciones que la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social les otorga, deberán tramitarse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en tanto que las que se presenten entre el instituto, los patrones y demás sujetos obligados, se tramitarán ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, esto es, vía juicio contencioso, en los términos previstos por el Código Fiscal de la Federación. De tal forma, si alguien reclama la determinación que se traduce en la suspensión o descuento del importe de la pensión por viudez, acorde a lo establecido en el artículo 295 de la Ley del Seguro Social, quien reclama esa determinación asume el carácter de beneficiario y previo a promover el juicio de garantías debe tramitar demanda ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, porque los actos que combate no son administrativos, sino evidentemente laborales, cuyo trámite deberá someterlo ante la mencionada junta laboral. Sin embargo, esa misma relación rige para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en cuanto a la seguridad social para los trabajadores. En efecto, al respecto cabe destacar lo dispuesto por el artículo 123, apartado A, fracción XXXI, inciso b), punto 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice: ‘Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: A. Entre los obreros, jornaleros, empleados, domésticos, artesanos, y de una manera general, todo contrato de trabajo: ... XXXI. La aplicación de las leyes del trabajo corresponde a las autoridades de los Estados, en sus respectivas jurisdicciones, pero es de la competencia exclusiva de las autoridades federales en los asuntos relativos a: ... b) Empresas: Aquellas que sean administradas en forma directa o descentralizada por el Gobierno Federal; ...’. Ahora bien, por otro lado, el apartado B del citado numeral constitucional, establece: ‘Artículo 123. ... B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores: XII. Los conflictos individuales, colectivos o intersindicales serán sometidos a un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, integrado según lo prevenido en la ley reglamentaria ...’. De lo antes transcrito se obtiene que cuando un trabajador de la administración pública, ya sea local o federal, pretende el pago de una prestación y que puede consistir en una afectación a su patrimonio, como cuando se reclama el pago de pensiones, servicios, asistencias médicas, quirúrgicas o farmacéuticas, subsidios y todas aquellas prestaciones susceptibles de disminuir el patrimonio del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, en estos casos, lo procedente es el juicio laboral y la competencia para conocer de él recae en un tribunal del fuero federal o del fuero local, habida cuenta que para determinar a qué órgano jurisdiccional corresponde conocer del juicio en el que se demanda una prestación de seguridad social a dicho instituto, debe atenderse al régimen constitucional y legal que rige el vínculo laboral del cual deriva como una consecuencia directa la diversa relación jurídica que se entable entre el trabajador y esa entidad de seguridad social. Al efecto, debe tomarse en cuenta que las prestaciones de tal naturaleza, si bien derivan directamente de la relación jurídica que por disposición legal se entable entre ese organismo y los trabajadores o sus beneficiarios, la misma tiene su origen en la existencia del vínculo laboral que se da entre el respectivo trabajador y la correspondiente dependencia o entidad de la administración pública, por lo que aquel vínculo es derivado de la relación laboral entablada. En esa medida, si un trabajador que presta sus servicios para alguno de los Poderes de la Unión, o de las entidades federativas, demanda al mencionado instituto el pago de una prestación, debe estimarse que al encontrarse regulada la respectiva relación laboral por el apartado B del artículo 123 de la Constitución General de la República, o bien por la correspondiente ley burocrática local, en términos del diverso 116, fracción VI, de la propia Norma Fundamental, la competencia para conocer de tal juicio corresponde al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje; al tenor del mismo criterio, si como consecuencia del fenómeno de la descentralización de la prestación de servicios, un organismo descentralizado sustituye en su carácter de patrón al titular de alguna dependencia de la administración pública centralizada, ello dará lugar a que ese vínculo jurídico ya no se rija por el apartado B del artículo 123 constitucional, ni en su caso, por la respectiva legislación burocrática local, sino por el régimen que deriva de lo dispuesto en el apartado A del citado precepto fundamental, lo que implicará que la competencia para conocer tanto de los conflictos estrictamente laborales que se susciten, como de los surgidos dentro de las relaciones jurídicas derivadas directamente de ese vínculo laboral, se sustancien ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, de ahí que a este órgano jurisdiccional corresponde conocer del juicio en el que un trabajador de un organismo descentralizado de cualquier nivel de gobierno, demanda el pago de una prestación al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Lo anterior así se refleja en las tesis números 2a. XLVI/2001 y 2a. XLVII/2001 publicadas en las páginas cuatrocientos cincuenta y tres y cuatrocientos cincuenta y cuatro, Tomo XIII, del mes de mayo de dos mil uno, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dicen: ‘INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO LABORAL EN EL QUE SE LE RECLAME EL PAGO DE UNA PRESTACIÓN PRINCIPAL CORRESPONDE A UN ÓRGANO JURISDICCIONAL DEL FUERO FEDERAL, CON INDEPENDENCIA DE QUE LA RELACIÓN LABORAL SE HAYA ENTABLADO CON UNA DEPENDENCIA O ENTIDAD DE CARÁCTER LOCAL Y EN EL PROPIO OCURSO SE DEMANDE A ÉSTA.’ (se transcribe). ‘INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. PARA DETERMINAR CUÁL ES EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE DEBE CONOCER DE LOS JUICIOS LABORALES EN LOS QUE SE RECLAME EL PAGO DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL A ESE ORGANISMO, DEBE ATENDERSE AL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL QUE RIGE EL VÍNCULO LABORAL DEL QUE ÉSTAS DERIVAN.’ (se transcribe). En esta tesitura, podemos decir que cuando como en el caso se atribuye a algún órgano integrante del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ajuste, disminución o cancelación a una pensión, tal acto no reviste el carácter de una resolución administrativa, toda vez que las controversias surgidas entre los beneficiarios y dicho Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, respecto de prestaciones otorgadas por la ley, siempre y cuando tengan su origen, como en el caso, en una relación laboral y el demandante sea beneficiario, no hay que olvidar que una de las características que tiene tal instituto, en ese tipo de relaciones, es que sustituye a las obligaciones del patrón, absorbiendo a través de las mecánicas impuestas en la ley, la de otorgar a los trabajadores servicios de asistencia evidentemente laborales, como en el caso, la pensión por viudez, prestación que originalmente correspondió al patrón pero que fue absorbida por tal instituto, pues aun cuando el patrón es el Estado, o un organismo público descentralizado, la obligación del instituto para con el trabajador o sus beneficiarios sólo se produce por un vínculo laboral y no por otro. En este orden de ideas, la actuación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, no se encuentra revestida de imperio frente al particular, puesto que el acto impugnado carece de las características de unilateralidad, coercibilidad e imperatividad propias de un acto de autoridad, dado que como se ve, las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el instituto sobre las prestaciones que la referida ley otorga, podrán tramitarse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, o ante la Junta de Conciliación y Arbitraje Local, atendiendo para ello al régimen constitucional y legal que regule la respectiva relación jurídica laboral. De tal forma que si el artículo 4o. de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, le da el carácter de organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios; y en términos del artículo 123, apartado A, fracción XXXI, inciso b), punto 1 y apartado B, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puede ser demandado como tal ante la autoridad del trabajo, por consiguiente, es inconcuso que en esas circunstancias no puede sujetársele al juicio de garantías, reclamándole actos que en todo caso podrían ser demandados ante la Junta laboral competente, como en la especie, la cancelación de pensión por viudez. Cierto, en este caso la promovente en su demanda de garantías manifestó tener una relación laboral con la dependencia señalada como responsable al argumentar en el capítulo de hechos que ‘a partir del 1 de enero de 1994, fue pensionada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), por haber sido jubilada de por vida en una plaza de profesora de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, en la que coticé 30 años y 05 meses, asignándoseme el número de pensionista 314811, sin que hubiera adeudos pendientes, para lo cual se señaló como lugar de pago, el domicilio ubicado en Independencia y Galeana de la ciudad de Iguala, Gro. Así también manifiesto que a partir del día 29 de marzo de 2002, percibía otra pensión por viudez, derivada de la muerte de mi esposo, que en vida respondió al nombre de Joaquín Rigoberto Valle González ... asignándoseme el número 314821 de pensionista, en razón de que mi difunto esposo también trabajó para la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal ...’. De lo anterior, resulta evidente que a través de la promoción del juicio de garantías se intenta combatir un acto que nació merced de una relación laboral entre la quejosa y también entre su esposo Joaquín Rigoberto Valle González, con la entidad señalada como autoridad responsable, conflicto que surge por suspensión o descuento del importe de la pensión recibida, es decir, dentro de la relación laboral existente entre las autoridades señaladas como responsables y la peticionaria de amparo, así como su esposo del cual disfruta la pensión por viudez, en donde las primeras hacen las veces de patrón y la solicitante de garantías se erige como empleado, por lo que la instancia constitucional resulta improcedente, en virtud que los actos reclamados no provienen de autoridad para efectos del juicio de garantías. Por lo que a las citadas autoridades no les reviste el carácter de autoridades responsables para los efectos del amparo, ya que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o. y 11 de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio de garantías se encuentra supeditada a que los actos que se reclamen provengan de autoridad, entendiéndose por tal aquella que: dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, con el objeto de imponer unilateralmente obligaciones a los gobernados, modificar las existentes o limitar sus derechos. Es importante destacar que para los efectos del juicio de amparo, la calidad de autoridad deriva de las siguientes circunstancias: a) La existencia de un órgano del Estado que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, por lo que dota al órgano del Estado de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos jurisdiccionales ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Tal como así se advierte del contenido de la tesis aislada pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja treinta y nueve, del Tomo XIV, noviembre de dos mil uno, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: ‘AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.’ (se transcribe). Situación que como se estableció en párrafos que preceden en la especie no acontece, porque del contenido de la demanda de amparo y de las propias documentales que anexó la parte quejosa a su escrito inicial de demanda, se obtiene que la ahora quejosa laboró para la Secretaría de Educación Pública Federal, donde se desempeñó como profesora y lo que reclama es el descuento a su pensión que derivó precisamente de su relación de coordinación con el ente para el cual prestó sus servicios, no en función de la emisión de un acto de autoridad unilateral, imperativo y coercible, por lo que, se reitera en el caso, se está ante una relación de coordinación de tipo laboral entre la promovente y quienes señala como autoridades responsables en torno a la cual no concurren los citados elementos ya enunciados, los cuales únicamente surgen en las relaciones de supra a subordinación, porque en este supuesto las partes no se colocan en el mismo plano como particulares, pues el ente de gobernación impone su voluntad sin el consenso del afectado, es decir, se ejercen facultades de decisión que le están atribuidas en un ordenamiento legal y que por ende, constituyen una potestad, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de tal potestad, lo que revela que tal ente es una autoridad para los efectos del amparo. Hipótesis que no se actualiza en el caso, al tratarse de una cuestión eminentemente laboral (lo que en todo caso podría dilucidar ante la autoridad laboral que estime competente), porque aquí se les atribuyen actos que ejercen en calidad de patrón, como lo es el ordenar la suspensión o el descuento y ejecución sobre su pensión. Al respecto es aplicable la tesis aislada pronunciada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página trescientos cuarenta y siete del Tomo III, abril de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ÓRGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTÚAN COMO PATRONES.’ (se transcribe). Por otro lado, el hecho de que tales funcionarios fueran señalados como autoridades responsables en diversos juicios de garantías, del cual dice conoció en revisión el Tercer Tribunal Colegiado de este circuito, ello por sí solo no hace que el asunto que aquí nos ocupa sea procedente, dado que el criterio que en todo caso adopte otro órgano jurisdiccional, en tanto no sea jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es obligatorio para este órgano colegiado, de ahí que sus agravios en tal sentido sean inoperantes. En las narradas circunstancias, por las razones expuestas en esta ejecutoria, se confirma la resolución que decreta el sobreseimiento del juicio en términos del artículo 74, fracción III, en relación con los numerales 1o., fracción I, 11, y 73, fracción XVIII, todos de la Ley de Amparo, sobreseimiento que se hace extensivo sobre los actos atribuidos al jefe del departamento de finanzas del citado instituto."
De las consideraciones precedentes surgió la tesis, cuyo texto y datos de localización son:
"INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. NO TIENE CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO A ALGUNO DE SUS ÓRGANOS SE LE ATRIBUYE EL AJUSTE, DISMINUCIÓN O CANCELACIÓN DE UNA PENSIÓN. Si se atribuye a algún órgano integrante del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ajuste, disminución o cancelación de una pensión, tal acto no reviste el carácter de una resolución administrativa, porque si bien formalmente emana de un organismo público descentralizado que eventualmente puede equipararse a una autoridad constituida, carece de las características de unilateralidad, coercibilidad e imperatividad que requiere el artículo 11 de la Ley de Amparo para considerarlo como tal, dado que las controversias surgidas entre los beneficiarios y dicho instituto respecto de prestaciones otorgadas por la ley, cuando tienen su origen en una relación laboral y el demandante sea beneficiario, sustituye al patrón al absorber las obligaciones de otorgar a los trabajadores servicios de asistencia evidentemente laborales, como la pensión por viudez, que originalmente corresponde al patrón, por lo que en términos del artículo 123, apartado A, fracción XXXI, inciso b), punto 1 y apartado B, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe ser demandado ante la autoridad del trabajo, pudiendo tramitarse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, o ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, atendiendo para ello al régimen constitucional y legal que regule la respectiva relación laboral." (Novena Época. Instancia: Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, septiembre de 2004, tesis XXI.4o.13 A, página 1788).
CUARTO. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito (antes Tercer Tribunal Colegiado del mismo circuito), el diecisiete de febrero de dos mil cinco, al resolver la improcedencia en revisión administrativa 10/2005, entre otras consideraciones, sostuvo las siguientes:
"QUINTO. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, la Juez Cuarto de Distrito para desechar la demanda, sostuvo medularmente que los actos reclamados no provienen de autoridades para los efectos del juicio constitucional, porque no contienen en sí mismos los requisitos que para su configuración exige el artículo 11 de la Ley de Amparo, es decir, no son actos unilaterales, coercitivos e imperativos, y que no obsta que se trate de un organismo público descentralizado que atiende los derechos que tienen los beneficiarios con él, dada cuenta que el origen de esa situación es una relación laboral conforme al artículo 123, apartado A, fracción XXXI, inciso b), 1 y apartado B, fracción XII, de la Constitución Federal; y que si bien es cierto existe una relación de subordinación entre el beneficiario y las autoridades responsables, ello no es fundamental para considerar que sus actos pueden ser de autoridad para el juicio de garantías, tomando en cuenta que los derechos derivados son de naturaleza laboral y no administrativa, por carecer de las características de unilateralidad, coercibilidad e imperatividad que establece el artículo 11 de la Ley de Amparo. Agregó que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo, son: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise el consenso de la voluntad del afectado. De los argumentos anteriores, derivó la juzgadora de Distrito que los actos reclamados no provienen de autoridad responsable para los efectos del amparo; invocando como fundamento de su aserto la tesis que pronunció el Cuarto Tribunal Colegiado de este circuito e identificó con el número 49, TC214013.9 AD1, cuyo antecedente lo fue la resolución dictada en el amparo en revisión administrativa número 248/2004, promovido por María Ignacia Meza Luna, fallado el diez de junio de dos mil cuatro, la cual es del rubro siguiente: ‘INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, NO TIENEN CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EL DELEGADO Y EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PENSIONES, SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.’. Debe hacerse la aclaración que el rubro del criterio anterior fue modificado por observaciones que hizo la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (lo cual no observó la a quo), quien le asignó el número de tesis XXI.4o.13 A, y es consultable en la página 1788, Tomo XX, septiembre de dos mil cuatro, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro modificado dice: ‘INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. NO TIENE CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO A ALGUNO DE SUS ÓRGANOS SE LE ATRIBUYE EL AJUSTE, DISMINUCIÓN O CANCELACIÓN DE UNA PENSIÓN.’. El texto de la tesis precisada, no fue modificado. Aclarado lo anterior, son de tomarse en cuenta las consideraciones en que se sustenta el citado criterio, las cuales dicen: ‘SEXTO. (se inserta este considerando de la ejecutoria dictada en el AR. ADVA. 248/2004, la cual participa en la presente contradicción de tesis y ya se transcribió en el considerando anterior).’. Ahora bien, con motivo de que este tribunal no comparte las consideraciones y tesis que propuso el Cuarto Tribunal Colegiado de este circuito para llegar a la conclusión de que el delegado y el jefe de Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, no son autoridad para los efectos del juicio de amparo, los argumentos que enseguida se precisarán, forman parte de la competencia número 312/2000, suscitada entre el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en Toluca y la Tercera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en el Distrito Federal, de la que derivaron las tesis 2a. XLVI/2001 y 2a. XLVII/ 2001 que fueron publicadas en las páginas 453 y 454, Tomo XIII, mayo de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, pronunciadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, invocadas por el mencionado Cuarto Tribunal Colegiado. En la competencia aludida, como antecedentes del caso natural se puede apreciar que Lidia Zaragoza Bobadilla, demandó del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, d
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19113-f427988b/instituto-de-seguridad-y-servicios-sociales-de-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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