AMPARO. PUEDE PROMOVERSE POR EL MANDATARIO DEL TRABAJADOR, DESPUÉS DE LA MUERTE DE ÉSTE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 46/2005-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO, TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA (ANTES SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO) DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIO: ARNULFO MORENO FLORES.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Las consideraciones de la ejecutoria pronunciada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito al resolver, en sesión de fecha diez de febrero de dos mil cinco, en el amparo directo DT. 643/2005, cuyo quejoso fue Pedro Santander Martínez, en la parte que nos interesa, es del tenor siguiente:
"SEXTO. Los conceptos de violación son infundados e inoperantes en una parte y fundados en otra, aun cuando para apreciarlo así este Tribunal Colegiado, con fundamento en el artículo 76 bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, supla la deficiencia de la queja. Los antecedentes que informan el asunto a tratar, son los siguientes: a) Pedro Santander Martínez, por conducto de sus apoderados, demandó de Petróleos Mexicanos, Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y Sección 35 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana el pago y cumplimiento de las prestaciones siguientes: 1) el reconocimiento de que el actor prestó servicios en la Refinería ‘18 de Marzo’ Azcapotzalco, a partir del dos de octubre de mil novecientos setenta hasta el siete de diciembre de mil novecientos noventa y dos, 2) reconocimiento y declaración que el actor continuó laborando en la Refinería ‘18 de Marzo’ con posterioridad al dieciocho de marzo de mil novecientos noventa y uno, 3) cumplimiento de lo dispuesto por las cláusulas 8a., 9a., 13, 14 y 45 del contrato colectivo vigente y aplicable en la industria petrolera, 4) cumplimiento de los convenios administrativos sindicales números 1-5050/91 y 1-5066/91 respectivamente, por los que se da un trato preferencial a los trabajadores que prestaron trabajos en la Refinería ‘18 de Marzo’ Azcapotzalco, celebrados entre empresa y sindicato con motivo del cierre de ese centro de trabajo, por lo que debe otorgarse el beneficio de la jubilación de acuerdo a los convenios citados, 5) prima de antigüedad y fijación correcta de la pensión jubilatoria correspondiente, aplicación de las cláusulas 134 y 135 del contrato colectivo de trabajo y demás prestaciones dejadas de percibir, por causas imputables a la empresa demandada a partir del ocho de diciembre de mil novecientos noventa y dos, que debe incluir los aumentos que se han pactado por revisiones contractuales o de emergencia, 6) entrega al actor del número de cuenta correspondiente del Sistema de Ahorro para el Retiro, 7) inscripción al Instituto Mexicano del Seguro Social, 8) nulidad de cualquier documento o convenio que contenga renuncia de derechos en términos de los artículos 1o., 3o., 4o., 5o., 6o., 16, 17, 18 y 33 de la Ley Federal del Trabajo, 9) reconocimiento de que es portador de una enfermedad de trabajo que le produce incapacidad total denominada cortipatía bilateral mixta por trauma acústico crónico que condiciona hipoacusia bilateral combinada y bronquitis crónica industrial, padecimientos del orden profesional por guardar relación directa de causa efecto con su ambiente laboral, 10) reconocimiento de que el actor hasta antes de la unilateral jubilación de que fue objeto se desempeñó en el nivel 28 con categoría pendiente de asignar, 11) diferencias de pensión jubilatoria de la que le otorgan los demandados con la que realmente le corresponde por $2,000.00 catorcenales, a partir de la unilateral jubilación de la que fue objeto hasta que se cumplimentara el laudo y las mejoras correspondientes (fojas 1 y 2). b) De dicha demanda conoció la Junta Especial Número Doce Bis de la Federal de Conciliación y Arbitraje (foja 8). c) En la audiencia de treinta de mayo de dos mil, el actor enderezó la demanda contra Pemex Refinación (fojas 9 y 10), y en la audiencia de quince de agosto de dos mil, en términos del escrito que corre glosado a fojas doce a quince, modificó, y adicionó el escrito inicial de demanda, modificando las prestaciones marcadas en los numerales cinco y nueve, del capítulo de prestaciones, reclamando además los aumentos y ventajas económicas, que se llegaran a pactar en relación a las pensiones jubilatorias en términos del contrato colectivo de trabajo vigente y disminución visual de un 50%, respectivamente, 12) la entrega del número de cuenta del Sistema de Ahorro para el Retiro el pago de las diferencias por haberse manejado dicha cuenta con cantidades inferiores, 13) pago y expedición por escrito de la clave o número de cuenta del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y, 14) cuatro horas extras, por un año anterior a la separación de su trabajo en términos del artículo 67 de la Ley Federal del Trabajo (fojas 53 a 55). d) La audiencia trifásica inició el veinticuatro de octubre del año dos mil, continuó el seis de febrero de dos mil uno, y finalizó el nueve de abril de dos mil uno (fojas 206 a 209, 215 y 216). e) Seguido el proceso respectivo, el diecinueve de junio de dos mil tres, se emitió un primer laudo en el que la Junta responsable absolvió al demandado de las prestaciones reclamadas (fojas 277 a 282). f) Inconforme con esa determinación Pedro Santander Martínez, por conducto de su apoderado promovió el diverso juicio de amparo DT. 5163/2004, el cual por ejecutoria de veinte de mayo de dos mil cuatro se le concedió el amparo al quejoso para el efecto de que: ‘... I. Deje insubsistente el laudo reclamado y emita otro en el cual reitere la absolución decretada a favor de Pemex Refinación de las prestaciones reclamadas y la absolución que pronunció en lo que atañe al codemandado Petróleos Mexicanos, respecto de las prestaciones reclamadas consistentes en: el reconocimiento y pago de una pensión por las enfermedades profesionales (9), el pago de horas extras (14), prima de antigüedad (5) y la condena a entregar al actor el número de cuenta del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), que reclamó en el numeral 6 del capítulo de prestaciones respectivo; II. De manera fundada y motivada resuelva lo procedente respecto de las prestaciones consistentes: 1) el reconocimiento de que prestó servicios en la Refinería «18 de Marzo» Azcapotzalco, a partir del dos de octubre de mil novecientos setenta hasta el siete de diciembre de mil novecientos noventa y dos, 2) reconocimiento y declaración que el actor continuó laborando en la Refinería «18 de Marzo» con posterioridad al dieciocho de marzo de mil novecientos noventa y uno, 3) cumplimiento de lo dispuesto por las cláusulas 8a., 9a., 13, 14 y 45 del contrato colectivo vigente y aplicable en la industria petrolera, 4) cumplimiento de los convenios administrativos sindicales números 1-5050/91 y 1-5066/91, por los que se da un trato preferencial a los trabajadores que prestaron trabajos en la Refinería «18 de Marzo» Azcapotzalco, celebrados entre empresa y sindicato con motivo del cierre de ese centro de trabajo, por lo que debe otorgarse el beneficio de la jubilación de acuerdo a los convenios citados, parte del 5 relativo a la fijación correcta de la pensión jubilatoria correspondiente, aplicación de las cláusulas 134 y 135 del contrato colectivo de trabajo y demás prestaciones dejadas de percibir, a partir del ocho de diciembre de mil novecientos noventa y dos, 8) los aumentos que se hubiesen pactado por revisiones contractuales o de emergencia y mejoras que reclamó en ampliación de demanda, 10) reconocimiento de que hasta antes de la unilateral jubilación de que fue objeto se desempeñó en el nivel 28 con categoría pendiente de asignar, 11) diferencias de pensión jubilatoria de la que le otorgan los demandados con la que realmente le corresponde por $2,000.00 catorcenales, a partir de la unilateral jubilación y 13) la expedición de la clave o número de cuenta del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit); y III. De igual forma al resolver la excepción de prescripción opuesta por el demando (sic) decrete la prescripción de la acción sólo respecto de las diferencias de la pensión jubilatoria por un año anterior a la presentación de la demanda; y hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción resuelva lo que en derecho proceda ...’. g) En cumplimiento a ese fallo protector la Junta responsable emitió el laudo de seis de agosto de dos mil cuatro, que constituye el laudo reclamado en el presente juicio de garantías, en el cual condenó a Petróleos Mexicanos a otorgar a quien acreditara interés jurídico con carácter de beneficiario y derecho a recibir el número de cuenta en que realizó los depósitos correspondientes al Sistema de Ahorro para el Retiro del actor. Previo al estudio de los conceptos de violación debe estudiarse el argumento que hacen valer los terceros perjudicados mediante escrito de fecha veintiuno de enero de dos mil cinco, por medio del cual solicita que con fundamento en los artículos 73, fracción XVIII, en relación con el diverso 4o. y 74 de la Ley de Amparo, se decrete el sobreseimiento del juicio de amparo, porque al haber fallecido el actor, el apoderado del demandado cesó en su función, pues alegan que en términos del artículo 2595 del Código Civil, el mandato termina por muerte del mandante o del mandatario, apoyando su argumento además en las tesis de rubros: ‘JUICIO DE GARANTÍAS PROMOVIDO POR APODERADO DE TRABAJADOR FALLECIDO, DEBE SOBRESEERSE.’ y ‘MANDATARIO NO ESTÁ LEGITIMADO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO, EN REPRESENTACIÓN DE SU MANDANTE, SI ÉSTE FALLECIÓ CON ANTERIORIDAD A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA.’. A fin de dar contestación al argumento que antecede, se estima conveniente transcribir los artículos 15 y 74, fracción II, de la Ley de Amparo, los cuales respectivamente dicen: ‘Artículo 15. En caso de fallecimiento del agraviado o del tercero perjudicado, el representante de uno u otro continuará en el desempeño de su cometido cuando el acto reclamado no afecte derechos estrictamente personales, entretanto interviene la sucesión en el juicio de amparo.’-‘Artículo 74. Procede el sobreseimiento: ... II. Cuando el agraviado muera durante el juicio, si la garantía reclamada sólo afecta a su persona ...’. De lo anterior se colige, que en el caso, no asiste razón a Petróleos Mexicanos y Pemex Refinación, al afirmar que el juicio de amparo es improcedente, por haberse acreditado que el trabajador falleció durante la secuela del juicio laboral, puesto que las garantías reclamadas no afectan sólo los derechos personalísimos del actor, como pueden ser la vida y la libertad. Sino que esta controversia natural versa sobre cuestiones de índole patrimonial o económico que tienen que ser estudiadas, por no referirse a derechos inseparables de la persona. En tal razón, las violaciones en que hubiese incurrido la autoridad responsable son susceptibles de trascender a los derechos de los herederos o beneficiarios del quejoso, quienes pueden ser afectados en sus bienes patrimoniales al no recibir el pago de las prestaciones a que tuviese derecho el accionante. En consecuencia, a efecto de no dejar en estado de indefensión a los citados herederos o beneficiarios del actor, el representante del agraviado debe continuar en el desempeño de su encargo hasta en tanto intervenga la sucesión en el juicio de amparo; de ahí que no sea conducente que se decrete el sobreseimiento del juicio de amparo, como incorrectamente lo alegan los terceros perjudicados. Sustenta la consideración que antecede la tesis emitida por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 103-108, Tercera Parte, página 71, que dice: ‘FALLECIMIENTO DEL AGRAVIADO COMO CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. NO OPERA EN CASO DE LESIÓN A DERECHOS PATRIMONIALES. No se configura la causal de improcedencia por muerte del agraviado durante la tramitación del juicio, establecida en el artículo 74, fracción II, de la Ley de Amparo, en el caso de que los actos reclamados no afectaren derechos estrictamente personales del quejoso, sino de carácter patrimonial, en cuyo caso no opera el sobreseimiento previsto en el precepto citado.’-En esas condiciones, este Tribunal Colegiado, considera que son inaplicables los criterios de rubros: ‘JUICIO DE GARANTÍAS PROMOVIDO POR APODERADO DE TRABAJADOR FALLECIDO, DEBE SOBRESEERSE.’ y ‘MANDATARIO NO ESTÁ LEGITIMADO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO, EN REPRESENTACIÓN DE SU MANDANTE, SI ÉSTE FALLECIÓ CON ANTERIORIDAD A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA.’, que se citan al respecto, pues no (sic) comparte el criterio que en ellos sustentaron los Tribunales Colegiados que los emitieron, cuya observancia en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, no es obligatoria para este órgano jurisdiccional, por tratarse de criterios emitidos por tribunales de igual jerarquía a éste. ... Por último y, en virtud de que este órgano colegiado en el presente asunto sostiene que el juicio de amparo es procedente, aun cuando haya sido promovido por un trabajador fallecido hasta en tanto comparezca el representante de la sucesión respectiva, el cual evidentemente difiere del que emitió el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, pronunciado al resolver el amparo directo 613/99, que dio lugar a la tesis de rubro: ‘JUICIO DE GARANTÍAS PROMOVIDO POR APODERADO DE TRABAJADOR FALLECIDO DEBE SOBRESEERSE.’; así como también es diverso al que emitió el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, al resolver el amparo en revisión 10/96, en el cual sustentó la tesis cuyo epígrafe dice: ‘MANDATARIO. NO ESTÁ LEGITIMADO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO, EN REPRESENTACIÓN DE SU MANDANTE SI ÉSTE FALLECIÓ CON ANTERIORIDAD A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA.’; en tal razón y con fundamento en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, hágase la denuncia de posible contradicción de criterios ante la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales procedentes."
CUARTO. Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, al resolver por unanimidad de votos el amparo directo 613/99, cuyo quejoso fue Roque Ortiz Rueda, en sesión de veinte de enero del año dos mil, se apoyó en las consideraciones siguientes:
"VI. Es innecesario el estudio del laudo reclamado cuanto (sic) de los conceptos de violación que en su contra se vierten, atento a las razones siguientes: En el caso justiciable es necesario transcribir los artículos 2546, 2551, fracción III y 2595, fracción III, del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal de aplicación supletoria a la ley de la materia. ‘2546. El mandato es un contrato por el que el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del mandante los actos jurídicos que éste le encarga.’. ‘2551. El mandato escrito puede otorgarse: ... III. En carta poder sin ratificación de firmas.’. ‘2595. El mandato termina: ... III. Por la muerte del mandante o del mandatario.’. Así también, es necesario transcribir los artículos 4o. y 5o. de la Ley de Amparo. ‘4o. El juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que esta ley lo permita expresamente; y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor.’. ‘5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El agraviado o agraviados. II. La autoridad o autoridades responsables. III. El tercero o terceros perjudicados.’. Sentado lo anterior, la revisión de las constancias procesales que integran el expediente laboral número 422/98, en el cual se encuentra pronunciado el acto reclamado se advierte que la demanda laboral la ejercitó el trabajador Roque Ortiz Rueda, al través de su apoderado legal licenciado José Manuel Arias Solís, procurador auxiliar de la Defensa del Trabajo, personalidad que acreditó con la carta poder que obra a foja 3 del expediente, de la que se desprende que dicho mandato lo otorgó a favor de los CC. Procurador federal de la Defensa del Trabajo y/o procuradores auxiliares. Continuando la secuela procesal, en audiencia de ocho de febrero del año próximo pasado (1999), el nombrado procurador auxiliar y apoderado del trabajador, exhibió copia del acta de defunción de Roque Ortiz Rueda, respecto de la cual la Junta sostuvo que no habiendo prueba pendiente por desahogar (excepto la confesional a su cargo ofrecida por la demandada) turnó los autos para proyecto de resolución en forma de laudo. La Junta finalmente con fecha tres de mayo de mil novecientos noventa y nueve, dictó el laudo en el que resolvió no probada la acción y justificadas las excepciones. Por otra parte, en el expediente de amparo en el que ahora se actúa, se advierte que la demanda de garantías, se promovió por el licenciado José Manuel Arias Solís, ostentándose como procurador auxiliar federal de la Defensa del Trabajo y apoderado del actor. Dicho esto, y atendiendo precisamente a que el artículo 2595, fracción III, del Código Civil Federal de aplicación supletoria a la ley de la materia, prevé que el mandato termina con la muerte del mandatario o del mandante; es inconcuso, que en el caso de que se trata, el mandato en el que se apoya el licenciado Arias Solís, para promover el juicio constitucional ha fenecido, precisamente al ocurrir el fallecimiento del trabajador Roque Ortiz Rueda, quien le dio el poder para que lo representara en el juicio, por lo que su muerte, conlleva a que el mandato concluya. Luego, si de acuerdo al artículo 4o. de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, el juicio de amparo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclame, por sí, por su representante o su defensor en materia penal, y conforme al diverso 4o. de la misma ley, -entre otros- es parte en el juicio de amparo, el agraviado o agraviados, ello significa que la acción de amparo para reclamar la inconstitucionalidad de un acto (laudo) queda limitado a instancia de parte agraviada, lo que se traduce en el interés jurídico del quejoso para pretender iniciar el juicio de amparo; y entonces, es indudable que en este caso particular, al momento de presentarse la demanda de garantías ya no existía parte agraviada que debiera representarse, pues al quedar sin efecto el mandato precisamente por la muerte del trabajador, su apoderado carece de facultades para promover el amparo a nombre de quien ya falleció. Lo anterior lleva a este órgano colegiado que como se dijo al inicio se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el 4o., ambos de la Ley de Amparo, que conduce a sobreseer en este juicio constitucional acorde con lo establecido en el diverso artículo 74, fracción III, de la propia ley. En lo conducente tiene aplicación la tesis sustentada por la otrora Cuarta Sala del más Alto Tribunal de justicia del país, publicada en la página cuatro mil ciento cuarenta y siete, Tomo LXXII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que dice: ‘APODERADO, CESA SU PERSONALIDAD PARA EL AMPARO, SI MUERE SU PODERDANTE. Si el promovente del amparo se ostenta como apoderado de un trabajador fallecido, no siendo albacea de su sucesión, sino que su personalidad la hace derivar del hecho de que fue representante de aquél, en un juicio de trabajo entablado por el mismo, debe decirse que tal personalidad cesó, al menos para los efectos de la interposición del amparo, desde la fecha en que el trabajador falleció, conforme a lo prevenido por la fracción III del artículo 2595 del Código Civil para el Distrito y Territorios Federales, aplicado supletoriamente, pues aun cuando es cierto que conforme al artículo 2600 del propio código, se prorroga el ejercicio del mandato a favor del mandatario, entretanto los herederos de la persona fallecida, provean por sí mismos a la atención de sus negocios, también es verdad que ese ejercicio se relaciona con actos de administración exclusivamente como en el mismo artículo se expresa; y si no hay prueba alguna que demuestre que los interesados hayan promovido el juicio sucesorio correspondiente, ni tampoco se apersonaron en la tramitación del juicio de trabajo, consiguientemente, y en atención a que conforme a los capítulos I, II y III del título decimocuarto del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito y Territorios Federales, aplicado también supletoriamente, existen disposiciones que obligan a la pronta denuncia y promoción de los juicios sucesorios, dentro de términos considerablemente inferiores al que en el caso se dejó transcurrir sin hacer promoción alguna, es indudable que no puede aceptarse por ningún concepto, la representación con que el promovente del amparo pretende ostentarse; por todo lo cual, y teniendo en cuenta lo que previenen los artículos 4o. y 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, debe decirse que en el caso, al promoverse el amparo, ni existía agraviado, puesto que había fallecido, ni la persona que en el juicio de trabajo lo representó, tenía ya el carácter de mandatario del mismo, puesto que su representación cesó con el fallecimiento de su mandante; y siendo esto así, el amparo interpuesto debe declararse improcedente y sobreseerse en el mismo.’. Así también, en lo conducente y para normar el criterio anterior, este órgano colegiado cita la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página veintinueve, de la fuente antes mencionada Volúmenes 91-96, Sexta Parte, que a la letra se transcribe: ‘AMPARO IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA DEL QUEJOSO. El juicio de amparo tiene por objeto proteger las garantías individuales contra actos de las autoridades que las violen, lo que presupone la existencia de una persona física o moral que sea titular de esas garantías, pudiendo promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto o ley que se reclama. Por lo mismo, si quien se ostenta como representante del sindicato solicitante de amparo, desde la demanda inicial asevera que la organización (sic) su representada desapareció por haberse fusionado con otro sindicato y además ofreció prueba de que el registro del mismo quedó cancelado, es evidente que el juicio de garantías debe estimarse improcedente y ser sobreseído, por no existir una persona cuyas garantías puedan haber sido afectadas por un acto de autoridad, es decir, que no pueden haberse violado garantías de una persona moral que ya dejó de existir.’."
QUINTO. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa (antes Segundo Tribunal Colegiado) del Décimo Séptimo Circuito, al resolver el amparo en revisión administrativo número 10/96, cuyo quejoso y recurrente fue Andrés Gómez Acosta, en sesión de siete de marzo de mil novecientos noventa y seis, se apoyó en las consideraciones siguientes:
"CUARTO. Resultan infundados los agravios hechos valer por la parte recurrente. Por razón de método primero se analizará el agravio relativo a que el Juez del amparo no debió sobreseer en el juicio, en virtud de que en el caso se actualizaba la excepción a que se refiere el artículo 2499 del Código Civil vigente en el Estado, relativa a que aun cuando acontezca la muerte del mandante, debe el mandatario continuar en el ejercicio del poder hasta en tanto los herederos no provean por sí mismos a los negocios. El artículo 2494, fracción III, del Código Civil vigente en el Estado a la letra expresa: ‘El mandato termina: ... III. Por la muerte del mandante o del mandatario.’. Por su parte el numeral 2499 del precitado ordenamiento jurídico establece que: ‘Aunque el mandato termine por la muerte del mandante, debe el mandatario continuar en la administración entretanto los herederos proveen par (sic) sí mismos a los negocios, siempre que de lo contrario pueda resultar algún perjuicio.’. De la interpretación armónica del primero de los dispositivos legales se infiere que el mandato se extingue con la muerte de cualquiera de las dos partes contratantes, es decir, con la muerte del mandante o con la del mandatario. Por otro lado, el segundo de los preceptos legales hace referencia a la excepción del primer numeral citado, relativo a que aun cuando el mandato termine por la muerte del mandante, debe el mandatario continuar en la administración, entretanto los herederos se hagan cargo de los negocios, y que tal consideración dependerá de que de no darse esa continuidad en el encargo se podría causar perjuicio a quien legalmente suceda en los derechos y bienes del de cujus, es decir que a efecto de que un mandatario pueda continuar con la administración es menester que al momento de fallecer el mandante, el mandatario haya ejecutado actos jurídicos que se encuentren pendientes de concluir, y que por encontrarse en etapa de trámite procesal tales actos no puedan abandonarse por no haberse designado albacea. Ahora bien, en el caso, si a la persona que se ostentó como mandatario en el juicio de amparo que nos ocupa, se le otorgó un poder por Andrés Gómez Acosta, (finado), el cinco de octubre de mil novecientos noventa y dos (foja 19 de los autos del juicio laboral); a foja 218 de los autos del juicio principal aparece copia certificada del acta de defunción de Andrés Gómez Acosta, quien falleció el veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa y tres, y quien es la persona que otorgó el poder general para pleitos y cobranzas con cláusula especial al promovente del amparo Mario Gómez Domínguez, quien se ostentó con el carácter de mandatario del quejoso, en virtud del referido poder otorgado por Andrés Gómez Acosta; la demanda de garantías en cuestión fue presentada ante la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, el veintinueve de junio del año próximo pasado (1995), y con esa misma fecha se turnó al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado; de lo anterior se advierte que si al momento de fallecer el poderdante, no se había promovido el juicio de garantías, es decir, no existía negocio pendiente del cual los herederos tuvieran que proveer, y obligaran al poderdante a continuar en su encargo a efecto de no causar perjuicios a la sucesión a bienes de Andrés Gómez Acosta, sino que la demanda de garantías se promovió un año ocho meses después de fallecido el poderdante, por tanto en la especie sí se actualizó la hipótesis a que se refiere la fracción III del artículo 2494 del código sustantivo de la materia, o sea el apoderado dejó de tener el encargo que se le confirió a partir de la muerte del aquí quejoso, pues en aquel tiempo aún no se había promovido juicio de garantías alguno, o algún otro acto que impidiera que el poder no concluyera y por tanto no se dio la excepción a que se refiere el artículo 2499 del Código Civil vigente en el Estado, como así lo quiere hacer valer el recurrente, por ello, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 4o., ambos de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en el artículo 74, fracción III, del precitado ordenamiento jurídico, tal como acertadamente lo razonó la Juez a quo. En tal tesitura, cabe decir que tampoco le asiste la razón al recurrente al alegar que a diferencia de como lo afirmó la a quo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación al realizar una interpretación acerca de la extinción del mandato por la muerte de su otorgante, determinó que mientras la sucesión de quien aparece como directamente quejoso en el juicio constitucional, no provee de representante legítimo a la misma, el mandatario estaba obligado a continuar en el desempeño del mismo y que al no estar acreditado en la especie de manera fehaciente de la existencia de un representante legal o albacea del de cujus, era evidente que el poderdante debía continuar en el ejercicio del mandato; lo anterior, en virtud de que como ya dijo la obligación de continuar en el encargo por parte del mandatario, una vez fallecido el mandante, únicamente se da cuando se actualiza la hipótesis a que se refiere el artículo 2499 del código sustantivo de la materia. Atento a lo anterior y dado lo infundado de los agravios esgrimidos por la parte inconforme, se impone en el caso confirmar el auto recurrido y por ende, sobreseer en el juicio de garantías a que este toca se refiere."
SEXTO. Atendiendo a los relacionados criterios, corresponde ahora verificar, previamente, si en el caso existe o no la contradicción denunciada entre las tesis sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito que han quedado precisados.
Para ello es necesario tener presente que la contradicción de tesis se presenta cuando los Tribunales Colegiados contendientes, al resolver los negocios jurídicos que generan la denuncia, examinan cuestiones jurídicamente iguales, adoptando posiciones o criterios jurídicos discrepantes y que, además, la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas, requiriéndose asimismo que los criterios provengan del examen de elementos esencialmente idénticos.
Es aplicable la jurisprudencia número P./J. 26/2001 sustentada por el Pleno de este Máximo Tribunal de la nación, la cual se transcribe a continuación, cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: P./J. 26/2001
"Página: 76
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18951-5b2fb86a/amparo-puede-promoverse-por-el-mandatario-del-trabajador · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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