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Modo: Corpus Pro

INSPECTOR DEL TRABAJO. CARECE DE FACULTADES PARA LEVANTAR ACTAS EN LAS QUE HAGA CONSTAR LA PREEXISTENCIA DEL DESPIDO ALEGADO POR EL TRABAJADOR O PARA INTERROGAR AL PATRÓN O A SUS EMPLEADOS AL RESPECTO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 121/2005-SS. · Registro digital (IUS): 19354
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO Y EL ENTONCES SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO, AHORA PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENA
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Febrero de 2006, , Pág. 919.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 121/2005-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO Y EL ENTONCES SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO, AHORA PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL PROPIO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIO: ALBERTO MIGUEL RUIZ MATÍAS.

CONSIDERANDO:

TERCERO. El criterio sustentado por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, ahora Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del propio circuito, el veintinueve de junio de mil novecientos ochenta y nueve, al resolver el amparo directo laboral 77/1989, promovido por Organización Robert’s, S.A. de C.V., se apoyó en las consideraciones siguientes:

"QUINTO. Los conceptos de violación esgrimidos por la peticionaria del amparo resultan fundados para concederle la protección federal que solicita. En efecto, de las constancias existentes dentro del expediente laboral A-521/87, aparece a fojas 86 el escrito del procurador de la Defensa del Trabajo, mediante el cual manifiesta que Eduardo Armando Rueda Pacheco demandó a Organización Roberts, S.A. de C.V., determinadas prestaciones en relación con el salario que se tomó como base y que fue el de $9,266.00 (nueve mil doscientos sesenta y seis pesos 00/100 M.N.) ejercitando la acción de despido justificado. Asimismo, a foja 52 de los autos naturales aparece el convenio de fecha veinticuatro de noviembre de mil novecientos ochenta, celebrado entre el actor y la empresa Organización Roberts, S.A. de C.V., en el que el primero manifestó su conformidad para que se le cambiaran sus condiciones de trabajo y que se le calculara en base al 3.3% de comisión de sus propias ventas en sustitución al sueldo de $4,200.00 más el 1% de comisión que venía recibiendo. Por otra parte, existen talones de percepciones por concepto de comisiones y quincenas que recibió el hoy tercero perjudicado las que corren agregadas de las fojas 71 a la 83 y de la 121 a la 180 del juicio natural; documentos éstos que fueron ofrecidos por la hoy quejosa como pruebas de su parte como se desprende del escrito que obra a foja 50 del juicio natural de fecha dieciocho de septiembre de mil novecientos ochenta y siete y con el que se comprueba el salario devengado por el actor. Por lo que respecta al acta levantada por el inspector del trabajo, vemos que la misma carece de valor probatorio pleno, ya que entre las atribuciones de tal autoridad y que se encuentran plasmadas en el capítulo 5o., en sus artículos 540 y 541 de la Ley Federal del Trabajo no aparece disposición alguna que le permita levantar un acta de esa naturaleza, además que no existe prueba fehaciente en autos que pudiera corroborar lo asentado en aquélla, sino únicamente el dicho del actor; por ende, no le asiste la razón a la Junta responsable al manifestar en la resolución que se combate que el actor acreditó la procedencia del despido injustificado con el acta del inspector del trabajo y, por lo mismo, no es procedente la reversión de la carga de la prueba, puesto que como se dijo con anterioridad, el acta levantada por el inspector del trabajo carece de valor probatorio, toda vez que no está dentro de sus funciones levantar actas de esa naturaleza, ya que la Ley Federal del Trabajo no le confiere tal facultad, por ende, al haber insistido el trabajador en el hecho del despido injustificado, le correspondía demostrar su afirmación, puesto que el ofrecimiento que le hizo la parte demandada fue en los mismos términos y condiciones que tenía con anterioridad, lo que produce el efecto de revertir al trabajador la carga de probar el despido, toda vez que el hecho del despido injustificado fue negado por el patrón y no fue comprobado por otros medios de prueba. Tiene aplicación al caso la tesis de jurisprudencia número 85 que con el rubro: ‘DESPIDO, NEGATIVA DEL, Y OFRECIMIENTO DEL TRABAJO. REVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA.’, aparece visible a foja 77, Quinta Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de los años 1917-1985."

De las consideraciones precedentes surgió la tesis, cuyos rubro, texto y datos de localización son:

"ACTA LEVANTADA POR INSPECTOR DE TRABAJO PARA ACREDITAR DESPIDO INJUSTIFICADO, CASO EN QUE CARECE DE VALIDEZ EL. Por lo que respecta al acta levantada por el inspector de trabajo (en la que se asentó que el patrón despidió al trabajador) la misma carece de valor probatorio pleno, ya que entre las atribuciones de tal autoridad y que se encuentran plasmadas, en el capítulo 5o. en sus artículos 540 y 541 de la Ley Federal de Trabajo, no aparece disposición alguna que le permita levantar un acta de esa naturaleza." (Octava Época. Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo III, Segunda Parte-1, enero a junio de 1989. Página 47)."

CUARTO. El criterio sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, el nueve de junio de dos mil cinco, al resolver el amparo directo 182/2005, promovido por Silvia Dolores Aguilar Ruiz, se apoyó en las consideraciones siguientes:

"QUINTO. Resultan sustancialmente fundados los conceptos de violación que se hacen valer, suplidos en deficiencia de la queja acorde a lo previsto por el artículo 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo. La impetrante argumenta que debió de dársele valor al acta de inspección que ofreció como prueba, porque relacionada con las respuestas que se otorgaron en la prueba confesional a cargo de América Godínez Gallo y Brenda Leticia Soto Rivas probaba que fue despedida injustificadamente, además de que la parte demandada no había objetado el acta de inspección, y que por ello tenía valor de prueba plena. Como se dio noticia, resulta sustancialmente fundado lo que argumenta la quejosa, ya que si bien no es cierto que el acta de inspección no la hubiera objetado la parte demandada, pues sí lo hizo (foja 58), también lo es que el argumento de la responsable no se comparte, como tampoco el criterio que sustenta la tesis que invocó como apoyo para restarle valor probatorio a dicho documento. En efecto, se dice lo anterior, dado que el inspector de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado, tiene facultades para ello, atento a lo dispuesto por los artículos 540 y 550 de la Ley Federal del Trabajo, que a la letra dicen: ‘Artículo 540. La inspección del trabajo tiene las funciones siguientes: I. Vigilar el cumplimiento de las normas de trabajo; II. Facilitar información técnica y asesorar a los trabajadores y a los patrones sobre la manera más efectiva de cumplir las normas de trabajo; III. Poner en conocimiento de la autoridad las deficiencias y las violaciones a las normas de trabajo que observe en las empresas y establecimientos; IV. Realizar los estudios y acopiar los datos que le soliciten las autoridades y los que juzgue conveniente para procurar la armonía de las relaciones entre trabajadores y patrones; y V. Las demás que le confieran las leyes.’. ‘Artículo 550. Los reglamentos determinarán las atribuciones, la forma de su ejercicio y los deberes de la inspección del trabajo.’. Así tenemos que el primer precepto en cita establece que la inspección del trabajo tendrá entre otras funciones, las que les confieran las demás leyes en forma genérica, y el segundo numeral en forma específica prevé que las atribuciones, ejercicio y deberes de la inspección del trabajo serán acordes al reglamento. Por su parte, el Reglamento General para la Inspección y Aplicación de Sanciones por Violaciones a la Legislación Laboral, en su artículo 1o., establece que su aplicación también corresponde a las autoridades correlativas de las entidades federativas, y que literalmente dice: ‘Artículo 1o. El presente ordenamiento rige en todo el territorio nacional y tiene por objeto reglamentar la Ley Federal del Trabajo, en relación con el procedimiento y la forma de ejercicio para la práctica de visitas de inspección y la aplicación de sanciones por violaciones a la legislación laboral, en los centros de trabajo a que se refiere este reglamento. Su aplicación corresponde tanto a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, como a las autoridades de las entidades federativas y del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias. Las disposiciones conducentes de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y de las leyes que regulen el procedimiento administrativo de las entidades federativas o del Distrito Federal, según la competencia federal o local respectivamente, se aplicarán supletoriamente a este reglamento.’. Por su parte, el artículo 14 de dicho reglamento dispone que las autoridades del trabajo podrán ordenar visitas extraordinarias en cualquier tiempo, y enumera varios supuestos en los que ello procede, entre los cuales está cuando tenga conocimiento por cualquier conducto de posibles violaciones a la legislación laboral, como lo prevé la fracción I del mismo, que a la letra dice: ‘Artículo 14. Las autoridades del trabajo podrán ordenar la práctica de visitas extraordinarias en cualquier tiempo, mismas que procederán cuando: I. Tengan conocimiento por cualquier conducto de posibles violaciones a la legislación laboral; II. Al revisar la documentación presentada para obtener autorizaciones, se percaten de posibles irregularidades imputables al patrón o de que éste se condujo con falsedad; III. Tengan conocimiento de accidentes o siniestros ocurridos en algún centro de trabajo; IV. En una visita de inspección ordinaria, el patrón visitado proporcione información falsa o se conduzca con dolo, mala fe o violencia; V. Tengan conocimiento de que existe inminente peligro para la integridad física o la salud de los trabajadores; VI. Existan actas derivadas de una visita que carezcan de los requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables, o en aquellas de las que se desprendan elementos para presumir que el inspector incurrió en conductas irregulares, y VII. Se realice la supervisión a que se refiere el artículo 26 de este reglamento.’. Asimismo, el artículo 20 del reglamento en consulta le otorga facultades al inspector para que lleve a cabo los interrogatorios que estime convenientes, tomando las medidas al respecto para que las respuestas no sean influenciadas, así como no sólo lo faculta sino que lo obliga a vaciar el resultado en un acta que al efecto levante. ‘Artículo 20. Durante la visita, el inspector efectuará los interrogatorios a que alude la ley, quedando facultado para separar a los trabajadores y al patrón o a sus representantes, con objeto de evitar la posible influencia sobre los interrogados. Los resultados que se obtengan de los interrogatorios efectuados se harán constar en el acta respectiva.’. Ahora bien, es verdad que el acta número 007/2003 redactada a las trece horas con quince minutos del día catorce de marzo de dos mil tres, a la que nos hemos venido refiriendo, carece de la firma de dos testigos como lo dispone el párrafo segundo del artículo 18 de multicitado reglamento. ‘Artículo 18. Al momento de llevarse a cabo una inspección, tanto el patrón como sus representantes, están obligados a permitir el acceso del inspector al centro de trabajo y a otorgar todo tipo de facilidades, apoyos y auxilio de carácter administrativo, para que la inspección se practique y para el levantamiento del acta respectiva, así como proporcionar la información y documentación que le sea requerida por el inspector y a que obligan la ley, sus reglamentos, las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones aplicables en la materia. De toda visita de inspección se levantará acta circunstanciada, con la intervención del patrón o su representante, así como el de los trabajadores, en presencia de dos testigos propuestos por la parte patronal, o bien, designados por el propio inspector si ésta se hubiere negado a proponerlos. En caso de que el patrón o su representante se oponga a la práctica de la inspección ordenada, el inspector lo hará constar en una acta. La autoridad del trabajo, previo acuerdo de su titular, lo hará del conocimiento del Ministerio Público competente para los efectos legales procedentes, independientemente de la sanción administrativa que proceda.’. Sin embargo, tal omisión no influye al grado de no tenerlo como documento público, atento a lo dispuesto por el artículo 795 de la Ley Federal del Trabajo, al ser expedido por un funcionario público en ejercicio de sus funciones. ‘Artículo 795. Son documentos públicos aquellos cuya formulación está encomendada por la ley a un funcionario investido de fe pública, así como los que expida en ejercicio de sus funciones. Los documentos públicos expedidos por las autoridades de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal o de los Municipios, harán fe en el juicio sin necesidad de legalización.’. Pero la omisión en cita, sí trasciende en el alcance y valor probatorio, pues conforme al artículo 841 de la ley laboral en comento, tiene valor de un indicio para justificar el despido injustificado, cuyo peso procesal recayó en la actora, que de haber militado aislado en el juicio hubiera sido insuficiente; sin embargo, existen otras pruebas y datos que ameritan una adminiculada valoración por parte de la Junta laboral, como son las pruebas confesionales que se desahogaron en autos del juicio natural, en especial las que se llevaron a cabo a cargo de América Godínez Gallo encargada de cajas de la negociación demandada, y Brenda Leticia Soto Rivas, jefa de piso de la misma, personas con quien entendió la diligencia el inspector del trabajo; asimismo obra la contestación de la demanda por parte de la empresa en que sostuvo que el último día que la actora se presentó a la fuente de trabajo fue el trece de marzo de dos mil tres (foja 42, segundo párrafo de hechos), cuando en el juicio se probó que fue el día catorce de dicho mes y año, fecha en que es atribuido el despido. Por todo lo razonado y sustentado jurídicamente, no se comparte la tesis aislada que invocó la responsable para restarle valor al acta de inspección, la que se identifica con los siguientes datos. Octava Época. Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo III, Segunda Parte-1, enero a junio de 1989. Página 47. ‘ACTA LEVANTADA POR INSPECTOR DE TRABAJO PARA ACREDITAR DESPIDO INJUSTIFICADO, CASO EN QUE CARECE DE VALIDEZ EL.’ (se transcribe y se cita precedente). En consecuencia, es incuestionable que el laudo reclamado es violatorio de las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, así como de lo dispuesto en los artículos 540, 550, 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que procede conceder la protección constitucional a la quejosa Silvia Dolores Aguiar Ruiz, para el efecto de que la responsable deje insubsistente el laudo reclamado y en su lugar dicte otro en el que siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria valore conforme a derecho el acta de inspección en forma adminiculada con las demás pruebas aportadas en autos en especial con las pruebas de confesión desahogadas a cargo de América Godínez Gallo y Brenda Leticia Soto Rivas, acatando en forma estricta lo que disponen los artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, y con plenitud de jurisdicción resuelva lo que legalmente corresponda."

De las consideraciones precedentes derivó la tesis cuyos rubro, texto y datos de localización son:

"INSPECTOR DEL TRABAJO. SE ENCUENTRA FACULTADO PARA LEVANTAR UN ACTA CUANDO SE TRATE DEL DESPIDO DE UN TRABAJADOR. El inspector del trabajo, atento a lo dispuesto por el capítulo quinto de la Ley Federal del Trabajo, específicamente en los artículos 540 y 550, en relación con los diversos numerales 1o., 14 y 20 del Reglamento General para la Inspección y Aplicación de Sanciones por Violaciones a la Legislación Laboral, tiene facultades para levantar un acta cuando se trata del despido de un trabajador. En efecto, el primer precepto citado establece que la inspección del trabajo tendrá, entre otras funciones, las que le confieran las demás leyes en forma genérica; y, el segundo, en forma específica prevé que los reglamentos determinarán las atribuciones, forma de ejercicio y los deberes de la inspección del trabajo; por su parte, el citado reglamento, en su artículo 1o., establece que su aplicación corresponde tanto a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como a las autoridades de las entidades federativas y del Distrito Federal; el numeral 14 dispone que las autoridades del trabajo podrán ordenar visitas extraordinarias en cualquier tiempo y enumera los supuestos en los que procede, entre los cuales, en su fracción I, determina que podrá efectuarla cuando tenga conocimiento por cualquier conducto de posibles violaciones a la legislación laboral; por último, el artículo 20 faculta al inspector para que lleve a cabo los interrogatorios a que alude la ley, tome las medidas para que los interrogados no sean influenciados, y lo obliga a que haga constar el resultado en el acta que al efecto levante." (Novena Época. Instancia: Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, agosto de 2005. Tesis XV.4o.5 L. Página 1930).

QUINTO. El entonces Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, ahora Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del propio circuito, al resolver el amparo directo laboral 77/1989, sustentó las consideraciones siguientes.

El acta (donde se hizo constar el despido del trabajador), levantada por el inspector del trabajo carece de valor probatorio, porque entre sus facultades, señaladas en los artículos 540 y 541 de la Ley Federal del Trabajo, no existe ninguna que lo autorice a levantar una acta de esa naturaleza, es decir, dentro de las funciones del inspector del trabajo no está la de realizar tales actas, razón por la cual carece de valor probatorio. Este criterio está reflejado en la tesis derivada del amparo directo laboral 77/1989 transcrita en el considerando tercero precedente.

Por su parte, el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito al resolver el amparo directo 182/2005, esencialmente, consideró lo siguiente:

De acuerdo a lo establecido en los artículos 540 y 550 de la Ley Federal del Trabajo, 1o., 14, 18 y 20 del Reglamento para la Inspección y Aplicación de Sanciones por Violaciones a la Legislación Laboral el inspector del trabajo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado tiene facultades para levantar el acta en la cual se haga constar el despido del trabajador, pues el primero de tales preceptos dispone que la inspección del trabajo tendrá entre otras funciones, las que les confieran las demás leyes en forma genérica, y el segundo numeral prevé en forma específica, que las atribuciones y deberes de la inspección del trabajo serán acordes al Reglamento General para la Inspección y Aplicación de Sanciones por Violaciones a la Legislación Laboral y conforme el artículo 1o. de éste, la aplicación del propio reglamento corresponde a las autoridades correlativas de las entidades federativas. Además, de acuerdo al precepto 14 del reglamento indicado, las autoridades del trabajo podrán ordenar visitas extraordinarias en cualquier tiempo, entre otros supuestos, cuando tenga conocimiento por cualquier conducto de posibles violaciones a la legislación laboral, máxime que el artículo 20 del reglamento invocado faculta al inspector del trabajo para llevar a cabo los interrogatorios que estime convenientes, tomando las medidas al respecto para que las respuestas no sean influenciadas y lo obliga a vaciar el resultado en un acta que al efecto levante.

Ahora bien, del análisis de las consideraciones preinsertas se observa la existencia de la contradicción de tesis denunciada, porque se advierte que los Tribunales Colegiados precitados se pronunciaron sobre cuestiones jurídicas esencialmente iguales, a saber, si el inspector del trabajo, tiene o no facultades para levantar actas en las cuales se haga constar el despido del trabajador; sin embargo, arribaron a conclusiones distintas, pues el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del propio circuito, consideró que de acuerdo a lo establecido en los artículos 540 y 550 de la Ley Federal del Trabajo el inspector del trabajo carece de facultades para levantar actas en las cuales se haga constar el despido del trabajador, porque en tales preceptos no existe disposición alguna que lo autorice a realizar tales actas, razón por la cual éstas carecen de valor probatorio.

Por su parte, el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito determinó que el inspector del trabajo de acuerdo a lo establecido en los artículos 540 y 550 de la Ley Federal del Trabajo y 1o., 14, 18 y 20 del Reglamento para la Inspección y Aplicación de Sanciones por Violaciones a la Legislación Laboral sí está facultado para levantar el acta en la cual se haga constar el despido del trabajador; luego, la misma sí tiene valor probatorio para acreditar este hecho, máxime si se encuentra adminiculada con otros medios de convicción.

En esta tesitura, se pone de relieve que los Tribunales Colegiados precitados abordaron el análisis de cuestiones jurídicas esencialmente iguales. La diferencia de criterios se presentó en las consideraciones sustentadas en las ejecutorias transcritas con antelación y las tesis discrepantes derivaron del análisis de los mismos elementos, razones por las cuales se reitera existe la contradicción de tesis denunciada.

Este criterio tiene apoyo en la jurisprudencia sustentada por el Pleno de este Alto Tribunal, cuyos rubro, texto y datos de localización son:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos." (Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIII, abril de 2001. Tesis P./J. 26/2001. Página 76).

SEXTO. Conforme a lo razonado en el considerando anterior el punto de contradicción de tesis es el siguiente:

Si el inspector del trabajo legalmente tiene o no facultades para levantar actas en las cuales se haga constar la existencia del despido del trabajador, es decir, vinculadas con éste.

Previamente a abordar el estudio del punto de mérito se considera necesario precisar lo siguiente.

Que en los procedimientos laborales de donde provienen los laudos señalados como actos reclamados en los juicios de amparo de donde derivan las ejecutorias participantes en la presente contradicción de tesis se presentó como prueba el acta levantada por el inspector del trabajo en la cual se hizo constar la existencia del despido del trabajador, cabe advertir que en dichas actas no se circunstanciaron los términos y momento en el cual ocurrió el mismo, pues en ambos casos el inspector del trabajo, a petición del empleado se presentó a la fuente laboral después de haber ocurrido el despido respectivo. Finalmente, es conveniente resaltar que de la lectura de las ejecutorias transcritas con antelación no se advierte que el inspector del trabajo al levantar las actas respectivas lo hubiera hecho en cumplimiento de una orden, sino que ello obedeció a la petición del trabajador.

Hecha la precisión precedente es oportuno insertar los artículos 540, 541 y 550 de la Ley Federal del Trabajo y 1o., párrafo primero, 2o., fracción VI, 8o., 9o., 10, 11, 13, 14, 17 y 20 del Reglamento General para la Inspección y Aplicación de Sanciones por Violaciones a la Legislación Laboral:

"Artículo 540. La inspección del trabajo tiene las funciones siguientes:

"I. Vigilar el cumplimiento de las normas de trabajo;

"II. Facilitar información técnica y asesorar a los trabajadores y a los patrones sobre la manera más efectiva de cumplir las normas de trabajo;

"III. Poner en conocimiento de la autoridad las deficiencias y las violaciones a las normas de trabajo que observe en las empresas y establecimientos;

"IV. Realizar los estudios y acopiar los datos que le soliciten las autoridades y los que juzgue conveniente para procurar la armonía de las relaciones entre trabajadores y patrones; y

"V. Las demás que le confieran las leyes."

"Artículo 541. Los inspectores del trabajo tienen los deberes y atribuciones siguientes:

"I. Vigilar el cumplimiento de las normas de trabajo, especialmente de las que establecen los derechos y obligaciones de trabajadores y patrones, de las que reglamentan el trabajo de las mujeres y los menores, y de las que determinan las medidas preventivas de riesgos de trabajo, seguridad e higiene;

"II. Visitar las empresas y establecimientos durante las horas de trabajo, diurno o nocturno, previa identificación;

"III. Interrogar, solos o ante testigos, a los trabajadores y patrones, sobre cualquier asunto relacionado con la aplicación de las normas de trabajo;

"IV. Exigir la presentación de libros, registros u otros documentos, a que obliguen las normas de trabajo;

"V. Sugerir se corrijan las violaciones a las condiciones de trabajo;

"VI. Sugerir se eliminen los defectos comprobados en las instalaciones y métodos de trabajo cuando constituyan una violación de las normas de trabajo o un peligro para la seguridad o salud de los trabajadores, y la adopción de las medidas de aplicación inmediata en caso de peligro inminente;

"VII. Examinar las sustancias y materiales utilizados en las empresas y establecimientos cuando se trate de trabajos peligrosos; y

"VIII. Los demás que les confieran las leyes.

"Los inspectores del trabajo deberán cumplir puntualmente las instrucciones que reciban de sus superiores jerárquicos en relación con el ejercicio de sus funciones."

"Artículo 550. Los reglamentos determinarán las atribuciones, la forma de su ejercicio y los deberes de la inspección del trabajo."

"Artículo 1o. El presente ordenamiento rige en todo el territorio nacional y tiene por objeto reglamentar la Ley Federal del Trabajo, en relación con el procedimiento y la forma de ejercicio para la práctica de visitas de inspección y la aplicación de sanciones por violaciones a la legislación laboral, en los centros de trabajo a que se refiere este reglamento. Su aplicación corresponde tanto a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, como a las autoridades de las entidades federativas y del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias."

"Artículo 2o. Para los efectos de este reglamento, se entenderá por:

"...

"VI. Inspector: El servidor público encargado de practicar visitas de inspección para comprobar el cumplimiento de la normatividad laboral en los centros de trabajo y que cuente con el nombramiento correspondiente expedido por las autoridades del trabajo, en los términos de la ley."

"Artículo 8o. Los inspectores tendrán las siguientes obligaciones:

"I. Vigilar, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, el cumplimiento de las disposiciones en materia de trabajo que establecen los derechos y obligaciones de los trabajadores y patrones; las de seguridad e higiene en el trabajo, incluidas las contenidas en las normas oficiales mexicanas; las que reglamentan el trabajo de las mujeres en estado de gestación y en periodo de lactancia; las de los menores; las de capacitación y adiestramiento de los trabajadores, y las que regulan la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas;

"II. Levantar las actas en las que se asiente el resultado de las inspecciones efectuadas o aquellas en las que se hagan constar los hechos que las impidieron, cuando la causa sea la negativa del patrón o de su representante, así como rendir los informes en los que se hagan constar las circunstancias que impidieron la práctica de una inspección por causas ajenas a la voluntad del patrón o de su representante u otras causas;

"III. Turnar a sus superiores inmediatos, dentro de un plazo no mayor de tres días hábiles, las actas de inspección que hubieren levantado y la documentación correspondiente;

"IV. Sugerir la adopción de las medidas de seguridad e higiene de aplicación inmediata en caso de peligro inminente, incluso proponer a las unidades administrativas competentes de la secretaría la clausura total o parcial del centro de trabajo;

"V. Proponer alternativas que favorezcan el mejor entendimiento entre los trabajadores y patrones, cuando así se lo soliciten éstos, a fin de buscar la armonización de sus intereses, sin perjuicio de las facultades conferidas al respecto por la ley a otras autoridades;

"VI. Recabar para ser examinadas, en caso necesario, muestras de las sustancias y de materiales que se utilicen en los centros de trabajo durante los procesos productivos;

"VII. Realizar las diligencias de notificación relacionadas con la práctica de inspecciones y la aplicación de sanciones por violaciones a la legislación laboral;

"VIII. Verificar los estallamientos y subsistencias de hue

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19354-43788510/inspector-del-trabajo-carece-de-facultades-para-levantar · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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