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Modo: Corpus Pro

TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. CUANDO RECLAMAN LA REINSTALACIÓN Y LA DEPENDENCIA DEMANDADA ADUCE QUE DIO POR TERMINADA LA RELACIÓN LABORAL POR PÉRDIDA DE LA CONFIANZA, EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE NO ESTÁ OBLIGADO A ANALIZAR LA RESOLUCIÓN DE BAJA NI LAS CAUSAS DE AQUÉLLA, TODA VEZ QUE DICHOS SERVIDORES NO GOZAN DE ESTABILIDAD EN EL EMPLEO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 4976/2007. · Registro digital (IUS): 23054
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ARMANDO RODRÍGUEZ RUIZ.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Agosto de 2011, , Pág. 1234.

AMPARO DIRECTO 4976/2007. ARMANDO RODRÍGUEZ RUIZ.

CONSIDERANDO:

CUARTO. En principio es infundado lo que aduce en parte de su primer concepto de violación el impetrante de garantías, referente a que el artículo 8o., de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, al excluir a los trabajadores de confianza de la aplicación de la propia ley, fractura lo dispuesto en los artículos 1o., 5o., 14, 16 y 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se dice lo anterior en atención a que en las diversas fracciones que integran el apartado B de este último precepto se establecen derechos que tienen los trabajadores al servicio del Estado mismos que se prevén a favor de dos tipos de trabajadores, los de base y los de confianza, y al señalar en su fracción XIV que la ley determinará los cargos que serán considerados de confianza y que las personas que los desempeñan disfrutarán de las medidas de protección al salario y de los beneficios de seguridad social, está limitando los derechos laborales de este tipo de trabajadores, lo que implica que los derechos que otorgan las doce primeras fracciones del apartado B del mencionado precepto constitucional serán aplicables a los trabajadores de base, ya que es en ellas en donde se regulan los derechos de este tipo de trabajadores y no para los de confianza. Por lo que el hecho de que la fracción IX del apartado B del citado artículo 123 de la Norma Fundamental, no haga referencia expresa de su aplicación a los trabajadores de base, ni excluya a los de confianza, no significa que los derechos en ella previstos sean atribuibles a estos últimos, ya que basta considerar lo dispuesto en la fracción XIV del mencionado apartado para determinar que por exclusión de esta fracción quedan al margen del derecho que otorga la fracción IX. Esto es, la fracción XIV, establece que los trabajadores de confianza al servicio del Estado gozan de los derechos derivados de la protección al salario, así como de seguridad social, pero los excluye de las normas que protegen al trabajador de base en cuanto a la estabilidad en el empleo.

De ahí que el artículo 8o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, no transgrede lo dispuesto por el artículo 1o. constitucional, pues no le priva de las garantías que le otorga la Constitución, ya que, se reitera, el Constituyente en la fracción IX del apartado B del artículo 123, no les reconoció el derecho a la estabilidad en el empleo. Asimismo, esa falta de estabilidad en el empleo no implica de ninguna manera que se les impida a dichos trabajadores que se dediquen a la profesión, industria, comercio o trabajo que les acomode.

Ahora bien, el actor gozó de la garantía de audiencia consagrada en los artículos 14 y 16 constitucionales, porque tuvo un tribunal que lo escuchó y resolvió la controversia sometida a su consideración sin que la garantía de audiencia implique que la acción intentada deba ser resuelta en su beneficio.

Lo anterior, en atención a la tesis 1a. VI/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, febrero de 2003, página 217, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente:

"TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. EL ARTÍCULO 8o. DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, QUE LOS EXCLUYE DE SU APLICACIÓN, NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD EN EL EMPLEO CONSAGRADA EN LA FRACCIÓN IX DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, al excluir a los trabajadores de confianza de la aplicación de la propia ley, no transgrede la garantía de estabilidad en el empleo consagrada en la fracción IX del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que si bien es cierto que en las diversas fracciones que integran el apartado B de este precepto constitucional se establecen las normas básicas aplicables a las relaciones de trabajo de los trabajadores al servicio del Estado, a través de la ley reglamentaria correspondiente, así como los derechos que tienen, también lo es que tales derechos se prevén a favor de dos tipos de trabajadores, los de base y los de confianza, y al señalar en su fracción XIV que la ley determinará los cargos que serán considerados de confianza y que las personas que los desempeñen disfrutarán de las medidas de protección al salario y de los beneficios de la seguridad social, está limitando los derechos laborales de este tipo de trabajadores, lo que implica que los derechos que otorgan las doce primeras fracciones del apartado B del mencionado precepto constitucional, serán aplicables a los trabajadores de base, ya que es en ellas donde se regulan los derechos de este tipo de trabajadores y no para los de confianza. Es decir, la calidad laboral de estos últimos, aun cuando se encuentra reconocida por la citada fracción XIV, al establecer que gozarán de los derechos derivados de los servicios que prestan en los cargos que ocupan, esto es, de la protección al salario, porque se trata de un derecho que no puede ser restringido, sino que debe hacerse extensivo a las condiciones laborales de cualquier trabajador, según las cuales preste sus servicios, así como de los derechos derivados de su afiliación al régimen de seguridad social, porque se trata de medidas de protección de carácter general, los excluye de los derechos colectivos que consagra la propia ley fundamental y, en cuanto a la relación de trabajo individual, de las normas que protegen al trabajador de base en la estabilidad en el empleo, por lo que el derecho a solicitar la reinstalación ante un despido injustificado, corresponde únicamente a los trabajadores de base y no a los de confianza, pues a éstos ese derecho no les fue reconocido por el Constituyente, de manera que el hecho de que la fracción IX del apartado B del artículo 123 de la Norma Fundamental, no haga referencia expresa de su aplicación a trabajadores de base, ni excluya a los de confianza, no significa que los derechos en ella previstos sean atribuibles a estos últimos, ya que basta considerar lo dispuesto en la fracción XIV del mencionado apartado para determinar que por exclusión de esta fracción quedan al margen del derecho que otorga la fracción IX."

Los demás conceptos de violación se estudiarán en su conjunto dada la estrecha relación que guardan entre sí.

Refiere el impetrante de garantías que la Sala únicamente centró su actuación en determinar si estaba acreditado o no el concepto de confianza sin expresar los motivos y argumentos con los cuales consideró que el cese ordenado por el titular demandado resultaba procedente, ni tomó en cuenta el contenido del artículo 46 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que exige que ningún trabajador puede ser cesado sino por causa justa, mismo que dice, debe aplicarse, pues la excepción del artículo 8o., de la misma ley, no puede fracturar ni violar los artículos 1o., 5o., 14 y 16 constitucionales, que señalan que todo acto de molestia debe estar fundado y motivado, debiendo existir adecuación entre los motivos y fundamentos aplicados, de lo contrario, dice, permitiría a las dependencias actuar con libertad de imperio; numerales que cobran aplicación para todas las personas que pretendan emitir un acto en contra de otra como es el cese contenido en el oficio 327-SAT-I- 000369, el cual, a su juicio, es violatorio de sus garantías ni el artículo 123, apartado B, fracción IX, del mismo ordenamiento, que hace evidente la inexistencia de disposición alguna con las que se limitan o restrinjan las garantías en perjuicio de la clase trabajadora de confianza.

Asimismo, sostiene que para llevar a cabo el cese de un servidor público, se debe proceder de conformidad con el artículo 46 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, o bien, conforme al artículo 113 constitucional, en relación con los artículos 21 y 28, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que precisan que en caso de que se revoque o se modifique la resolución impugnada, el servidor público tendrá derecho a que se le restituya de los derechos que hubiere sido privado, procedimientos que la Sala responsable no verificó que se hubieren satisfecho, cuando el mismo debería haber sido sujeto por la autoridad demandada al procedimiento señalado.

Aduce que toda vez que conforme al artículo 8o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en el caso de los trabajadores de confianza al estar excluidos del régimen establecido por dicha ley para llevar a cabo el cese por destitución, entonces no cobraría aplicación el cese, por lo que al tenor de los artículos 108, 109 y 113 constitucionales, sólo pueden ser sancionados administrativamente con suspensión, destitución o inhabilitación y que precisan que toda persona que desempeñe un cargo de cualquier naturaleza será responsable aplicando sanciones administrativas, procedimiento que la Sala debió verificar que se realizara pues al estar excluidos del régimen establecido en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, entonces están obligados a aplicar la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas ya que el artículo 3, fracción V, de esta última, señala que los tribunales de trabajo serán autoridades para aplicarla, por lo que fue indebido que la responsable sólo se concretara en lo que precisan las autoridades laborales.

Continúa argumentando que no fue realizado el procedimiento previsto por el artículo 21 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas por la autoridad competente que es el órgano de control interno del Servicio de Administración Tributaria, ya que por el contrario, existía documental pública con la cual dicha unidad administrativa determinó que no existían elementos de prueba que acreditaran una trasgresión a dicha ley.

Sostiene que si el oficio impugnado señala que era trabajador de confianza no le resultaba aplicable la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, por lo que debió aplicarse la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, por lo que dice que el administrador de pagos y servicios dependiente de la administración general de Innovación y Calidad del Servicio de Administración Tributaria, no tenía facultades para cesar o destituirlo por no formar parte de las unidades administrativas que son las que deben aplicar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

El quejoso se duele que la Sala responsable violó sus garantías individuales, toda vez que la responsable, al determinar que la carga de la prueba le correspondía a la patronal, le impidió acreditar la ilegalidad del cese, por lo que el ahora tercero perjudicado no tenía que acreditar únicamente ese carácter de confianza sino la procedencia de la causa del cese; de ahí que dice que la autoridad responsable debió verificar que el demandado aportara las pruebas irrefutables que acreditaran los motivos y fundamentos que le permitieron dar por concluida la relación laboral que soportaran los hechos y argumentos que demostraran la causa justa de la pérdida de la confianza.

Alega que la Sala sólo tomó en consideración conductas y hechos no imputables o atribuibles al quejoso deducidos del texto del oficio que quedaban desacreditadas si hubiera atendido y valorado sus pruebas, pues con el oficio de veinticuatro de noviembre de dos mil tres y la resolución de diecinueve de septiembre de dos mil cinco, en donde el órgano de control interno del Servicio de Administración Tributaria precisó que no contó con hechos para acreditar trasgresión a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, ni la comisión de irregularidades denunciadas, de ahí que, dice, esos documentos constituyen prueba plena de la inexistencia de trasgresión a la ley de referencia, los cuales, en todo caso, la autoridad responsable tenía que haberlos solicitado al indicado órgano de control interno.

De igual manera, señala que es incierto que el personal que formaba parte del grupo de supervisión no tuviera a su disposición los expedientes que solicitaron y que hubiera participado en la contratación de Carlos Sandoval Olivas, o que pretendiera perjudicar a Juan Carlos Rodríguez Márquez por abuso de autoridad, pues no existen pruebas exhibidas por la autoridad señalada como demandada que acrediten tal imputación.

Por último, aduce que la responsable lo dejó en estado de indefensión, pues al determinar sencillamente que tenía un puesto de confianza, le restó acción para recibir las prestaciones extralegales que se precisan en el laudo.

Son infundados sus conceptos de violación en atención a las siguientes consideraciones:

El actor demandó del administrador general jurídico, administrador central de Recursos Humanos, administrador de pagos y servicios, administrador general de innovación y calidad y subadministrador de innovación y calidad de Tijuana, dependientes del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: A) Nulidad de resolución contenida en el oficio 327-SAT-I-000369 de catorce de abril de dos mil cuatro, mediante el cual se le informa que causó baja al puesto de confianza al mando de supervisión (SUC03), nivel SUC03, y como consecuencia, su reinstalación y el pago de salarios desde el dieciséis de abril de mil novecientos noventa y cuatro; B) En caso de la negativa de la prestación anterior, la indemnización constitucional; C) Veinte días de salario por cada año laborado; D) Pago del SAR; E) Comprobante de aportaciones hechas al SAR; F) Prima de antigüedad; G) Aguinaldo correspondiente al último año laborado; H) Salarios caídos desde el dieciséis de abril de dos mil cuatro y los que se sigan venciendo; I) Vacaciones y prima vacacional del último año laborado; J) Seguro de separación individualizado; K) Diferencias desde su contratación como administrador local jurídico de Tijuana, ya que el ingreso que percibía correspondía a la de un nombramiento de administrador local jurídico de Veracruz; y L) Cualquier prestación que tuviera como funcionario como el bono anual y demás prestaciones o contraprestaciones que se proporcionen.

Señaló como hechos, entre otros, que el dieciséis de abril de dos mil cuatro, se le trató de notificar un oficio mediante el cual se le informaba sobre su baja al puesto que venía desempeñando, pero en el momento en que se presentó el personal actuante en esa diligencia, se encontraba en una reunión de asesoría legal, fuera de las instalaciones de la Administración Local Jurídica de Tijuana, por lo que indicó que tal notificación debía realizarse en la fuente de trabajo, a menos de que ya se hubiera constituido en el mismo y al no encontrarlo se le hubiera dejado citatorio para que lo esperara al día siguiente, suceso que no ocurrió; que el mismo día se le notificó de manera ilegal el oficio mediante el cual se le informaba que causaba baja en el puesto de confianza como mando de supervisión a partir del día siguiente de su notificación.

Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público contestó la demanda aduciendo, entre otras cosas que al actor se le expidió nombramiento con puesto de mando de supervisión (SU), nivel SUC3, clave de pago CFSUC03, bajo el régimen de trabajador de confianza, con funciones de titular de la Administración Local Jurídica de Tijuana, Baja California, con funciones de dirección, vigilancia, fiscalización, disponía de fondos destinados a la administración a su cargo así como de personal de base y de confianza, por lo que las prestaciones que reclama no son procedentes, en virtud de que nunca fue despedido injustificadamente, sino que fue dado de baja por pérdida de la confianza sin responsabilidad para el patrón, el cual se emitió en ejercicio de las facultades establecidas en el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, en relación con el artículo 123, apartado B, fracción IX de la Constitución, por lo que bastaba la pérdida de la confianza para ello, lo que en esencia sucedió y se materializó con el oficio 327-SAT-I-000369 de catorce de abril de dos mil cuatro, ya que en el desempeño de sus funciones como administrador local jurídico de Tijuana, actuó de manera indebida e incurrió en desvío, al haber permitido abuso de autoridad en perjuicio de sus subordinados, como fue el caso del C. Juan Carlos Rodríguez Márquez, así como haber permitido el indebido ejercicio de sus funciones y el cobro de sueldo en menoscabo del erario federal, toda vez que se abstuvo de realizar actuación alguna para evitar la contratación del C. Carlos Sandoval Olivas, quien se desempeñaba como abogado de diversos contribuyentes, contraviniendo lo normado en el código de conducta de los servidores públicos, al no cumplir con eficiencia en el servicio encomendado y abstenerse de cualquier acto que implica abuso o ejercicio indebido del empleo, destacando que no le es aplicable la ley burocrática, en virtud de que se trata de un ex empleado de confianza; que le fue debidamente notificado el acuerdo de baja por pérdida de la confianza, por incumplimiento de sus obligaciones, y carece de acción para demandar la reinstalación así como las prestaciones accesorias.

Ahora bien, el actor ofreció, entre otras pruebas, el oficio impugnado de catorce de abril de dos mil cuatro, el cual es de contenido siguiente:

"Servicio de Administración Tributaria. Administración General de Innovación y Calidad. Administración Central de Recursos Humanos. 327-SAT-I-000369. RFC. RORA-471103. Acuerdo. Asunto: Se informa que causa baja en el puesto de confianza, a partir del día siguiente a la fecha de notificación del presente documento, por las causas justificadas que abajo se indican. Ciudad de México, 14 abr. 2004. C. Armando Rodríguez Ruiz. Mando de supervisión (SUC03), nivel SUC03, calle Miguel M. Lira #2250. C. Morelos, Tijuana, B.C. Como es de su conocimiento usted presta sus servicios en este órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a partir del 16 de marzo de 2001, en el puesto de confianza denominado administrador local, como tipo de mando de supervisión, nivel SUB03, con clave de pago CFSUC03-292, así clasificado en el Catálogo General de Puestos del Gobierno Federal, con adscripción en la Administración Local Jurídica de Tijuana, B.C., unidad administrativa que depende de la Administración General Jurídica, realizando las funciones propias a un mando de supervisión, en su calidad de administrador local jurídico, consistentes en asistir, en las materias de su competencia, a las unidades administrativas adscritas al Servicio de Administración Tributaria, a fin de que en los procedimientos administrativos que dichas unidades lleven a cabo, se cumplan las formalidades previstas en las disposiciones que los regulan; requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, la documentación, datos e informes que sean necesarios para el ejercicio de sus facultades, así como recabar de los servidores públicos y de los fedatarios los informes y datos que tengan con motivo de sus funciones, para el objeto antes citado; resolver las consultas que formulen los interesados en situaciones reales y concretas sobre la aplicación de las disposiciones fiscales y aduaneras, así como las solicitudes que presenten respecto a las autorizaciones previstas en dichas disposiciones, que no sean competencia de otras unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria; notificar las resoluciones administrativas que dicte y, en forma concurrente, las que emitan las Administraciones Generales de Auditoría Fiscal Federal y de Grandes Contribuyentes, que sean susceptibles de impugnarse mediante recurso administrativo o juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con excepción de aquellas que únicamente determinen sanciones administrativas distintas de las relacionadas con el registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de los contadores públicos; ordenar y sustanciar el procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivos los créditos fiscales que sean determinados en las resoluciones que hubiera notificado ella misma y las garantías constituidas para asegurar el interés fiscal en dichos créditos, inclusive tratándose de fianzas a favor de la Federación otorgadas para garantizar obligaciones fiscales a cargo de terceros; ordenar y cobrar los gastos de ejecución y los gastos extraordinarios respecto de los citados créditos; aceptar previa calificación, las garantías que se otorguen para garantizar el interés fiscal en los créditos fiscales cuyo cobro le corresponda registrarlas, exigir su ampliación, autorizar su sustitución y cancelarlas; enajenar fuera de remate bienes embargados, así como expedir las credenciales o constancia del personal que autorice para llevar a cabo esas diligencias; imponer multas por infracción a las disposiciones fiscales que rigen la materia de su competencia, así como condonar, cuando proceda, dichas multas y las impuestas por las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria o las auto impuestas por los contribuyentes; declarar la prescripción de los créditos fiscales y la extinción de las facultades de la autoridad para comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales, para determinar las contribuciones omitidas y sus accesorios, y para imponer multas, en relación con los impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y accesorios de carácter federal; resolver los recursos administrativos hechos valer contra actos o resoluciones de ella misma, o cualquier unidad administrativa del Servicio de Administración Tributaria o de autoridades fiscales de las entidades federativas en cumplimiento de convenios y acuerdos de coordinación fiscal, y el de incumplimiento previsto en la Ley de Coordinación Fiscal; representar al secretario de Hacienda y Crédito Público, al presidente del Servicio de Administración Tributaria y a las unidades administrativas del propio Servicio de Administración Tributaria, en toda clase de juicios ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, contra resoluciones o actos de las mismas, o de las autoridades fiscales de las entidades federativas por la aplicación que dichas autoridades hagan de las leyes fiscales federales en cumplimiento de los convenios y acuerdos de coordinación fiscal, así como para ejercitar las acciones, excepciones y defensas que correspondan a las autoridades señaladas, en los juicios ante dicho tribunal; interponer con la representación del secretario de Hacienda y Crédito Público, del presidente del Servicio de Administración Tributaria y de las autoridades demandadas, el recurso de revisión contra las sentencias y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, respecto de los juicios de su competencia, así como comparecer en los juicios de amparo que interpongan los particulares en contra de las sentencias y resoluciones definitivas dictadas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; formular, ante el Ministerio Público competente, las denuncias, querellas, declaratorias de que el fisco ha sufrido o pudo haber sufrido perjuicio, por los delitos previstos en el Código Fiscal de la Federación, salvo los delitos de defraudación fiscal y sus equiparables y de los hechos que puedan constituir delitos de los servidores públicos del Servicio de Administración Tributaria en el desempeño de sus funciones, así como los relacionados con estos últimos y tratándose de hechos delictuosos en que la administración general jurídica resulte afectada, o aquellos de que tenga conocimiento o interés, así como coadyuvar en todos los supuestos anteriores con el Ministerio Público competente, en representación del Servicio de Administración Tributaria; proponer a la autoridad competente asuntos en los que se debe formular la declaratoria de que el fisco ha sufrido perjuicio o querella, por considerarse que respecto de los mismos se cometió delito fiscal; formular las demandas o contestaciones correspondientes, así como representar al Servicio de Administración Tributaria en los procedimientos administrativos en que deba comparecer y para interponer los recursos administrativos a que tenga derecho; actuar en todas las instancias del juicio, procedimiento o recurso administrativo de que se trate y en el juicio de amparo, que en su caso, interpongan los particulares contra las resoluciones dictadas en aquéllos, así como interponer con dicha representación los recursos que procedan en esos juicios; proponer los términos de los informes previos y justificados que deban rendir en relación con los juicios de amparo interpuestos contra actos de las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria; intervenir cuando las mencionadas unidades administrativas tengan el carácter de tercero perjudicado en los juicios de amparo; e interponer los recursos que procedan y actuar en esos juicios con las facultades de delegado en las audiencias; designar a los servidores públicos que tengan el carácter de delegados en los juicios de su competencia, allanarse y transigir en juicios fiscales, así como abstenerse de interponer los recursos en toda clase de juicios, incluyendo el de revisión contra sentencias o resoluciones dictadas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; coordinar y supervisar la contestación de las demandas formuladas ante la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa cuya sede se encuentra dentro de su circunscripción territorial, interpuestas contra resoluciones o actos de ella misma o de cualquier unidad administrativa del Servicio de Administración Tributaria o de las autoridades fiscales de las entidades federativas por la aplicación que dichas autoridades hagan de las leyes fiscales federales en cumplimiento de convenios y acuerdos de coordinación fiscal, inclusive las interpuestas contra requerimientos de pago a cargo de instituciones de fianzas con base en pólizas que se hayan expedido para asegurar el interés fiscal; ejercitar las acciones, excepciones y defensas que correspondan a las autoridades señaladas, en los juicios ante dicho tribunal; en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del presidente del Servicio de Administración Tributaria e interponer con la representación de los mismos y de la autoridad demandada, el recurso de revisión contra las sentencias y resoluciones definitivas dictadas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en dichos juicios, mismas facultades que se encuentran comprendidas en los artículos 26, fracciones III, VIII, IX, XII, XIV, XVI, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI y XXVII y 28 fracciones II y III del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de marzo de dos mil uno; lo anterior de acuerdo con lo previsto en el artículo 26 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que establece las facultades de la Administración General Jurídica. Funciones como consta en las fracciones que integran el citado artículo, se da encuadramiento entre lo plasmado en dichas fracciones con lo previsto en el artículo 5o. fracción II incisos a) y b) de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Actividades que de manera permanente le confieren la representatividad y poder de decisión en el ejercicio del mando y que son determinadas como de confianza al encontrarse establecidas por el artículo 5o., fracción II, incisos a) y b) de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, mismas que se encuentran detalladas en el Manual de Organización Específico para las Administraciones Locales Jurídicas, derivado de la revisión administrativa aplicada a la Administración Local Jurídica de Tijuana, B.C., con sede en esa misma ciudad, por parte de la Administración Regional de Evaluación del Noroeste, mismo que se comunicó mediante oficio No. 331-SAT-26-I-0906 de fecha 18 de agosto de 2003, por lo que, durante la práctica de dichas actuaciones se detectaron irregularidades cometidas por usted en el desempeño de sus funciones como jefe superior de la oficina, mismo que en su parte medular se detallan en cuyo proceso se elaboraron constancias de hechos en las que se asentaron las manifestaciones de las irregularidades imputadas a usted. Con fecha 6 de noviembre del 2002, mediante escrito de fecha 28 de octubre del 2002, los CC. Luis Vicente Osuna Acosta, Juan Carlos Rodríguez Márquez y Javier Zazueta Bolaños, adscritos a la Administración Local Jurídica de Tijuana, sobre abuso de poder, tráfico de influencias y hostigamiento psicológico por la C. Dolores Ana Irma Fernández Hervert, administradora de operación ‘3’, de la Administración Central de Operación de la Administración General Jurídica, derivó que les solicitaran la renuncia por irregularidades que se suscitaron en el proceso de contratación del C. Carlos Sandoval Olivas como subadministrador de resoluciones ‘2’ de la Administración Local Jurídica de Tijuana, ya que con fecha de 9 de septiembre de 2002, la Administración Central de Operación de la Administración General Jurídica en supervisión de la C.P. Ana Irma Fernández Hervert, manifestó que el C. Juan Carlos Rodríguez Márquez, subadministrador de lo contencioso, era responsable de que no hubiera sido posible supervisar los asuntos concluidos en dicha área por la falta de entrega al personal supervisor de los expedientes solicitados. Con fecha de 15 de noviembre de 2002, usted instruye acta de hechos por pérdida de la confianza al C. Juan Carlos Rodríguez

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23054-4423a735/trabajadores-de-confianza-al-servicio-del-estado-cuando · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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