ISSSTE. EFECTOS DEL AMPARO CONCEDIDO RESPECTO DE UN ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 51, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY RELATIVA ABROGADA, DECLARADO INCONSTITUCIONAL POR LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS ENTONCES TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, TODOS DEL NOVENO CIRCUITO. 7 DE MARZO DE 2016. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS EVA ELENA MARTÍNEZ DE LA VEGA, JUANA MARÍA MEZA LÓPEZ, PEDRO ELÍAS SOTO LARA Y ENRIQUE ALBERTO DURÁN MARTÍNEZ. DISIDENTES: GUILLERMO CRUZ GARCÍA Y JOSÉ ÁNGEL HERNÁNDEZ HUÍZAR. PONENTE: GUILLERMO CRUZ GARCÍA. ENCARGADO DEL ENGROSE: ENRIQUE ALBERTO DURÁN MARTÍNEZ. SECRETARIO: JESÚS RICARDO MEZA MACÍAS.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Este Pleno del Noveno Circuito del Poder Judicial de la Federación es legalmente competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, de conformidad con el Acuerdo General Número 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, así como lo establecido por el artículo 226, fracción III, de la Ley de Amparo, y el numeral 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que la denuncia de contradicción versa sobre criterios jurídicos sostenidos entre Tribunales Colegiados de este Noveno Circuito.
SEGUNDO.-Legitimación. Erubiel Ernesto Gutiérrez Castillo está legitimado para denunciar la presente contradicción de tesis, al ser titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con residencia en San Luis Potosí, capital, con fundamento en lo dispuesto por la fracción III del artículo 227 de la Ley de Amparo, toda vez que los asuntos que motivan la presente contradicción fueron sometidos ante su potestad.
TERCERO.-Criterios contendientes. Los criterios sobre los que versa la denuncia de contradicción son cuatro y se precisan a continuación:
1) En el sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, al resolver el amparo en revisión **********, se exponen las consideraciones siguientes:
"CUARTO.-Son esencialmente fundados los agravios.
"La recurrente alega, en síntesis, que le causa perjuicio lo resuelto por el Juez Primero de Distrito en el Estado, en relación con los efectos de la concesión del amparo, pues aquél consideró que el acto reclamado únicamente consistió en el acto de aplicación del artículo 51, fracción III, párrafo segundo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo del dos mil siete y, por tanto, sólo concedió la protección constitucional para el efecto de que la responsable reintegrara la cantidad descontada por concepto de compatibilidad de pensiones, correspondiente al mes de enero de dos mil quince, obligándola de esta manera a que deba promover el juicio constitucional cada que la autoridad aplique en su perjuicio la referida norma tildada de inconstitucional, omitiendo tomar en cuenta el principio pro hombre contenido en el artículo 1o. de la Constitución Federal, así como diversas disposiciones internacionales.
"Pues bien, en opinión de este Primer Tribunal Colegiado de Circuito, asiste la razón a la peticionaria de garantías, pues es verdad que el Juez Primero de Distrito no apreció correctamente el acto reclamado, emitiendo una sentencia incongruente con la causa de pedir propuesta por la peticionaria de garantías.
"El artículo 76 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(1) establece que el órgano jurisdiccional deberá corregir los errores u omisiones que advierta en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, y podrá examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, sin cambiar los hechos expuestos en la demanda.
"Basta leer el escrito de demanda de amparo, para percatarse que la pretensión efectivamente planteada por la quejosa, no fue únicamente que le fuera devuelta la cantidad de dinero indebidamente descontada, correspondiente a enero de este año, de la suma de sus pensiones, la propia, obtenida por su jubilación, y la de viudez, con motivo del fallecimiento de su esposo **********, por exceder del límite establecido en el artículo 51 de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.(2)
"Es claro que la intención de la ahora inconforme, además, fue que se le regresaran las sumas de dinero descontadas en anteriores pagos, así como la anulación de las liquidaciones que se cuantificaron en su contra, por pagos anteriores supuestamente excesivos y, desde luego, que en lo futuro no se le aplicaran tales descuentos por aquel motivo, es decir, la limitante contenida en el mencionado artículo 51 de la abrogada Ley del ISSSTE, mismo que fue declarado inconstitucional por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 97/2012, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XII, Tomo 2, septiembre de 2012, página 553.
"Así se advierte de la parte del concepto de violación que enseguida se transcribe:
"‘En primer término, causa agravio en mi perjuicio el acto de aplicación y ejecución de la norma secundaria contenida en el artículo 51 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente al 31 de marzo de 2007, cuyo artículo fue declarado inconstitucional por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que se traduce en que las autoridades señaladas como responsables ejecutan el acto reclamado, que es la obligación de pagarme mi pensión de jubilación y viudez íntegramente desde que tengo derecho a ella, la cual tengo derecho a disfrutar de manera completa como consta en la concesión de pensión.-Este acto es violatorio del artículo 123 constitucional, apartado B, fracción XI, inciso a), ya que, esencialmente, contraviene la garantía de seguridad social, porque restringe el derecho de la suscrita a recibir íntegramente la pensión por jubilación, dicho acto lo basan las autoridades en el artículo 51, segunda párrafo, de la ley del instituto, sin que impida que se trate de segundo o ulterior acto de aplicación de la norma secundaria en mi agravio, porque si bien el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo vigente, la cual establece la improcedencia del juicio de garantías contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.-Por lo tanto, lo que se va a analizar por este medio, es un acto de aplicación fundado en una norma que ha sido declarada inconstitucional por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que debe de otorgarse en amparo y protección de la Justicia Federal, y entrar al estudio del fondo del asunto tomando en consideración las prerrogativas, consistente en que las autoridades que conozcan del juicio de garantías deben suplir la deficiencia de queja en cualquier materia cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por jurisprudencia, la cual se cita a continuación, ya que la siguiente jurisprudencia es aplicable a la ley vigente.’
"Debe tenerse presente que conforme al artículo 74, fracciones I y II, de la Ley de Amparo,(3) el Juez de amparo debe fijar con claridad y precisión el acto reclamado y analizar sistemáticamente todos los conceptos de violación; también, atento a lo estatuido por el diverso numeral 189 de la misma legislación,(4) el órgano jurisdiccional de amparo debe privilegiar el análisis de aquellas inconformidades que, de resultar fundadas, redunden en el mayor beneficio para el quejoso, y no obstante que esta última disposición está contenida en el apartado relativo al amparo directo, por justa extensión, debe imperar también en cuanto al amparo indirecto.
"Lo anterior, en concordancia con la Norma Fundamental, en cuyo artículo 17, segundo párrafo,(5) contiene el derecho humano de toda persona a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.
"Luego entonces, si el Juez Primero de Distrito estimó que el ajuste o descuento a la suma de las pensiones recibidas por la quejosa en enero de este año, es ilegal, por fundarse en una norma declarada inconstitucional, esto es, el artículo 51 de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el beneficio de la protección de la Justicia de la Unión, a través del juicio de amparo, debe hacerse extensivo en cuanto a los descuentos anteriores, así como a los futuros, pues solamente de esta forma se logrará resarcir cabalmente a la inconforme en sus derechos fundamentales infringidos por la autoridad responsable.
"A lo anterior no se opone el hecho de que la quejosa no hubiera señalado como acto reclamado en su escrito inicial, el artículo 51 de la Ley del ISSSTE, sino exclusivamente el acto de aplicación de dicha disposición legal, pues, por una parte, habiendo sido declarado inconstitucional con anterioridad, por parte de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resultaba evidentemente ocioso señalar dicho artículo como acto reclamado.
"Por otro lado, no se aprecia una razón jurídicamente válida para condicionar el alcance del amparo concedido, al señalamiento preciso como acto reclamado, de aquella disposición legal, cuando se tiene como premisa, justamente, la ya declarada inconstitucionalidad de la misma.
"En efecto, la jurisprudencia en que se basó el Juez de Distrito para limitar la concesión del amparo a la quejosa, en los términos antes mencionados, número 112/99, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(6) expresa lo siguiente:
"‘AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA.-El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 Bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro.’
"En dicho criterio jurisprudencial se establece sin duda alguna, que si en el juicio de amparo se reclama una norma general y ésta es declarada inconstitucional, los efectos de la sentencia de amparo serán los de obligar a la autoridad responsable a no aplicar la disposición, no únicamente en el caso preciso que se hubiera invocado, sino también, a futuro.
"Empero, en la especie, no puede interpretarse a contrario, o sea, que si no se reclamó la norma general, sino únicamente el acto concreto de aplicación, el quejoso tenga la obligación de promover tantos juicios de amparo, como actos posteriores de aplicación de la norma en su contra, pues no debe pasarse por alto que se trata de un caso especial, en que la norma ya fue declarada inconstitucional, y que ello puede hacerlo valer, de oficio, el juzgador de amparo, conforme a lo estatuido en el artículo 79, fracción I, de la Ley de Amparo,(7) de manera que, sobre esa premisa, es decir, la inconstitucionalidad del artículo 51 de la abrogada Ley del ISSSTE, debe concederse el amparo a la peticionaria de garantías, no únicamente en cuanto al acto de aplicación que se desprende de su demanda de garantías, sino también respecto de los anteriores y los futuros, pues solamente así se satisface el derecho humano de obtener justicia completa.
"No es óbice a lo anterior, el hecho de que la quejosa, en su escrito aclaratorio de demanda de amparo, expresamente haya manifestado que no combatía la norma, sino exclusivamente el acto de aplicación de la misma, ya que, por otro lado, en la referida demanda sí hizo mención de la inconstitucionalidad de la norma, así declarada con anterioridad por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, inclusive, se transcribió la jurisprudencia relativa (foja 7), respecto de lo cual, no podía generarse controversia alguna en el amparo de origen, pero sí tomarse válidamente como punto de partida del reclamo relativo a la aplicación; menos aún puede inferirse que la quejosa consintió la norma, por no haberla señalado como acto reclamado en su demanda inicial, puesto que el texto de dicho escrito evidencia inobjetablemente lo contrario.
"En este orden de consideraciones, procede modificar los efectos para los cuales se concedió a la quejosa la protección de la Justicia de la Unión, en la sentencia que se revisa, con apoyo en lo señalado por el artículo 93, fracción V, de la Ley de Amparo,(8) de manera que la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa, tenga los efectos siguientes:
"1. Cesen los descuentos a la pensión que recibe la quejosa con motivo de la aplicación del precepto legal considerado inconstitucional por el Máximo Tribunal del País;
"2. Se deje insubsistente la resolución o liquidación de las cantidades supuestamente pagadas en demasía a la quejosa, de acuerdo con el contenido del oficio **********, de primero de junio de dos mil diez, emitido por la subdelegada de prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (fojas 56 y 57); y,
"3. Se restituyan a la peticionaria de garantías las sumas de dinero indebidamente descontadas, del total de las pensiones de que disfruta, la propia, por jubilación y la de viudez, con motivo del fallecimiento de su esposo.
"Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73, 74, 81, fracción I, inciso e), 84 y 188 de la Ley de Amparo y 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en vigor, se resuelve:
"PRIMERO.-Se modifica la sentencia recurrida.
"SEGUNDO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a **********, contra el acto que reclamó de la subdelegada en la entidad del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por el acto precisado en el resultando primero de esta ejecutoria y que aquí se tiene por reproducido. El amparo se concede para los efectos indicados en la parte final del considerando último de este fallo."
2) En el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del propio circuito, al resolver el amparo en revisión **********, se consideró lo siguiente:
"CUARTO.-Son infundados los agravios transcritos, mismos que serán examinados de manera conjunta dada su estrecha relación.
"Para ponerlo de manifiesto, es oportuno relatar los antecedentes que guardan correspondencia con el sentido de la resolución impugnada y el de los motivos de inconformidad que en su contra se expresan.
"Así, por su importancia destacan los que a continuación se enumeran:
"1. ********** promueve demanda de amparo contra actos del subdelegado de Prestaciones del Departamento de Pensiones y Seguridad e Higiene en el Trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y jefe del departamento de Pensiones dependiente de la Subdelegación de Prestaciones del Departamento de Pensiones y Seguridad e Higiene en el Trabajo de la citada institución, los que hace consistir en la orden, ejecución y continuación de la pretensión de seguir aplicando en su perjuicio el contenido de la norma prevista en el artículo 51, fracción III, párrafo segundo, y fracción I, inciso a), de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, declarada inconstitucional por jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.(9)
"2. En los hechos de su demanda, mismos que narra bajo protesta de decir verdad, manifiesta que está jubilada desde el primero de febrero de mil novecientos noventa y ocho, por haber cotizado al ente social treinta y cinco años diez meses.
"Añade que su esposo ********** fallece el **********.
"Afirma que a la muerte de su cónyuge se le otorga la concesión correspondiente por viudez con derecho al cobro a partir del veintinueve de agosto de mil novecientos noventa.
"Refiere que el tres de noviembre de dos mil catorce, al presentarse a un cajero automático del banco **********, advierte que la cantidad que se le deposita por concepto de pensión de viudez no era igual que la del mes anterior, razón por la cual, acude a las oficinas administrativas y solicita sus comprobantes de pago, tanto el de jubilación como el de viudez, percatándose de que, en relación al segundo, se le aplica el concepto 048 de deducciones, que contiene la leyenda ‘compatibilidad de pensión’, por una cantidad de **********. "Finaliza diciendo que en las oficinas administrativas, concretamente en la jefatura de Pensiones, le informan de manera verbal que la deducción se debe a que se ubica en el supuesto previsto en el artículo 51, fracción III, párrafo segundo y, por tal razón, el excedente de la suma de las cuotas de ambas pensiones es el que se le aplica como deducción.
"3. La demanda se turna al Juzgado Primero de Distrito en el Estado.
"4. La entonces secretaria del juzgado, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Juez de Distrito, en auto de once de noviembre de dos mil catorce admite la demanda; ordena se pida informe justificado a las autoridades responsables; señala fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional y dispone que se dé a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponda.(10)
"5. El quince de diciembre de dos mil catorce a las nueve horas con treinta y dos minutos, tiene lugar la audiencia constitucional, fecha en la que el titular del juzgado dicta sentencia, la cual termina de engrosar hasta el veintidós de diciembre próximo pasado en que se lo permiten las labores del juzgado, y en la cual concede a la quejosa la protección constitucional.(11)
"Es en contra de esta determinación que la quejosa promueve recurso de revisión.
"El Juez de Distrito en el fallo impugnado, esencialmente, considera que el acto reclamado es la aplicación del artículo 51, fracción III, párrafo segundo, de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que se traduce en el descuento vía nómina de la pensión de viudez por concepto de compatibilidad de pensión. Lo anterior en razón de que la quejosa reclama únicamente el acto concreto de aplicación y no la ley.
"Añade que dicho acto es inconstitucional en razón de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el artículo 51, fracción III, párrafo segundo, de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, es contrario a los derechos sociales contenidos en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y establece que el beneficio de la pensión de viudez y la de jubilación no se excluyen, y sí son compatibles.
"Considera que en el caso está acreditado que la quejosa cuenta con dos pensiones, una de jubilación y otra de viudez, y que en noviembre de dos mil catorce, a la segunda se le aplica un descuento por concepto de ‘compatibilidad de pensiones’, lo cual resulta inconstitucional, porque se funda en una norma que vulnera derechos sociales.
"Lo anterior provoca que se conceda a la quejosa la protección constitucional para el efecto de que las autoridades responsables reintegren la cantidad que descontó por concepto de ‘compatibilidad de pensiones’, correspondiente al mes de noviembre de dos mil catorce.
"Puntualiza que la concesión del amparo no tiene el alcance de desincorporar en lo futuro de la esfera jurídica de la parte quejosa la obligación prevista en el precepto referido, pues no se está en presencia de un amparo contra normas de carácter general; por el contrario, únicamente comprende el acto de aplicación.
"Explica que cuando se promueve el juicio de amparo únicamente contra el acto de aplicación de una norma declarada inconstitucional por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el efecto de la sentencia es destruir el acto que materializa la norma, en razón de que se examina sólo el acto concreto de aplicación de la ley.
"Funda su determinación en los criterios sustentados por el Pleno y la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulados: ‘AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA.’ e ‘INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA NEGATIVA DE ENTREGA DE APORTACIONES FUNDADA EN EL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL DECRETO DE REFORMA A LA LEY RELATIVA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 6 DE ENERO DE 1997.’
"Concomitante a ello, la recurrente, en su escrito de expresión de agravios, esencialmente alega que cuando se impugna en sede constitucional un acto que se funda en una ley declarada inconstitucional por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es necesario impugnar la ley, sino que basta objetar el acto.
"Añade que: ‘... a la lectura integral de la demanda, en los conceptos de violación se reclama la inconstitucionalidad de la ley y su aplicación ...’
"Refiere que la demanda de amparo es una instancia contra leyes en su acto de aplicación, ya que éste se sustenta en una norma general considerada como inconstitucional por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
"Sostiene que, contrario a lo estimado por el Juez de Distrito, en el caso no se actualiza el concepto ‘vicio propio del acto controvertido’, pues para que éste opere es necesario que se aleguen cuestiones de legalidad y en el caso no se considera que el acto contenga vicios de legalidad.
"Afirma que en el caso, la ley no puede separarse de la aplicación del acto.
"Enfatiza que, contrario a lo que sostiene el Juez de Distrito, los efectos de una sentencia que otorgue el amparo contra una ley que se señala como acto reclamado (sic), no sólo es para proteger a la quejosa del acto de aplicación atacado, sino también para los futuros, lo que significa que la ley no podrá serle aplicada en lo sucesivo.
"Indica que si en los juicios de amparo que dieron origen a las cinco ejecutorias que declaran inconstitucional el citado artículo 51, fracción III, segundo párrafo, de la Ley del ISSSTE vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete, ya no era necesario llamar a juicio a las autoridades legislativa que intervienen en la formación de la norma.
"Ahora bien, conforme a lo considerado por el Juez de Distrito y lo expresado por el inconforme en su escrito de expresión de agravios, la controversia en el presente recurso de revisión se reduce a determinar, si los efectos de la concesión del amparo, cuando se impugna únicamente un acto que se funda en una ley declarada inconstitucional por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y no la disposición legal en sí, tiene como propósito que se le inaplique la norma para actos futuros, o si la concesión únicamente alcanza al acto reclamado.
"Primeramente, es oportuno acotar que, contrario a lo considerado por la quejosa en sus motivos de disenso, la lectura íntegra de la demanda de amparo permite considerar que, en el caso, asiste razón al Juez de Distrito en cuanto considera que no se tilda de inconstitucional el artículo 51, fracción III, párrafo segundo, de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, sino únicamente el acto de aplicación de noviembre de dos mil catorce, pues así se consigna en el apartado correspondiente a los actos reclamados, sin que sea dable considerar que, conforme a la causa de pedir, deba considerarse que sí se impugna esa disposición normativa, pues, contrariamente a ello y como bien se destaca en la sentencia recurrida, la peticionaria del orden constitucional expresamente refiere no combate la ley sino sólo el acto de aplicación.(12)
"Luego, si en la demanda de amparo literalmente se consigna que la ley no se controvierte, es inconcuso que ahora no puede alegarse que la misma sí forma parte de su reclamo.
"Ahora bien, para dilucidar la controversia es necesario transcribir el contenido del artículo 73, párrafo primero, de la Ley de Amparo vigente, el cual es del siguiente tenor:
"‘Artículo 73. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubieran solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda.’
"El precepto reproducido contiene el principio de ‘relatividad de la sentencias’ que rige el juicio de amparo, el cual consiste, precisamente, en que la concesión del amparo:
"a) Únicamente está en función de los individuos o personas morales privadas u oficiales que lo hubieren solicitado; y,
"b) Sólo esté en relación el caso sobre el que verse la demanda.
"Lo anterior significa que la concesión de la tutela constitucional no puede estar en relación con personas que no lo solicitan ni respecto de actos o leyes que no se impugnen.
"En tratándose de impugnación de disposiciones normativas, fácticamente pueden presentarse varios supuestos, los cuales de manera enunciativa más no limitativa, a continuación se detallan:
"a) Que el quejoso impugne únicamente la norma que le causa perjuicio;
"b) Que el peticionario del amparo controvierta la norma y el acto de aplicación; y,
"c) Que sólo combata el acto de aplicación.
"Del primer supuesto no será necesario ocuparnos, en la medida en que no es el que llama la atención de los suscritos.
"Del segundo y tercero si es necesario realizar pronunciamiento por ser los relacionados con el caso.
"Si el quejoso impugna la norma y el acto, los efectos de la sentencia de amparo, atendiendo al principio de relatividad de sentencias, será que la norma ya no se aplique al quejoso en lo futuro y, por ende, que no se emita en su perjuicio ningún acto posterior vinculado con ella.
"La anterior particularidad no adquiere aplicabilidad cuando se controvierte únicamente el acto de aplicación, sea el primero, segundo o ulteriores, pues en ese supuesto, al no impugnarse la norma, el efecto del amparo impacta sólo en el acto de aplicación. Considerar lo contrario como lo afirma el recurrente sería inobservar el principio de que se trata y otorgar la protección de la justicia de la unión respecto de una norma que no tildó de inconstitucional.
"Así, si el ahora peticionario del amparo en la instancia a través de la cual insta la acción de protección constitucional sólo reclama el acto concreto de aplicación, los efectos de la concesión deben concretarse a él y no a la norma en que se funda, por no ser materia de impugnación
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26274-e62b0fac/issste-efectos-del-amparo-concedido-respecto-de-un · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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