TESIS DE JURISPRUDENCIA, AISLADAS O PRECEDENTES INVOCADOS EN LA DEMANDA DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JURISDICCIONAL PRONUNCIARSE SOBRE SU APLICABILIDAD AL CASO CONCRETO, AL MARGEN DE QUE EL QUEJOSO EXPRESE O NO RAZONAMIENTOS QUE JUSTIFIQUEN SU APLICACIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 400/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEXTO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO Y SEGUNDO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 21 DE FEBRERO DE 2018. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y EDUARDO MEDINA MORA I.; VOTÓ CON RESERVA DE CRITERIO JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIA: GUADALUPE MARGARITA ORTIZ BLANCO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, suscitada entre Tribunales Colegiados de diferentes Circuitos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y por los puntos primero y segundo, fracción VII, del Acuerdo General Número 5/2013, del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo, pues fue formulada por el Magistrado integrante del Sexto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, órgano que emitió uno de los criterios que aquí participan.
TERCERO.-Criterios contendientes. Para estar en aptitud de establecer si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, la postura que debe prevalecer, es preciso tener en cuenta las consideraciones esenciales que sustentan las sentencias de los Tribunales Colegiados que aquí intervienen.
Debido a que las ejecutorias abordaron diversos temas ajenos al que aquí se analizará, sólo serán transcritas las partes conducentes de los fallos.
I. Amparo en revisión penal 122/2017, del índice del Sexto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, resuelto por unanimidad de votos en sesión de veintiséis de octubre de dos mil diecisiete:
"QUINTO.-En otro orden de ideas, el análisis de los agravios hechos valer por la representación social recurrente, se debe regir bajo el principio de estricto derecho, al no ubicarse el asunto o el quejoso en ninguna de las hipótesis de suplencia previstas en el artículo 79 de la Ley de Amparo.
"Los agravios formulados devienen jurídicamente inoperantes, como se apreciará a continuación:
"Con la finalidad de tener una clara visión de esa calificativa, conviene relatar algunos de los antecedentes de autos, los cuales son:
"1. Mediante escrito presentado el trece de enero de dos mil diecisiete en la oficina de correspondencia común de los Tribunales Unitarios del Decimoquinto Circuito, con residencia en Tijuana, **********, por conducto de su defensor público federal **********, solicitó amparo contra actos del Magistrado del Tercer Tribunal Unitario del Décimo Quinto Circuito, con residencia en Tijuana, y del Juez de Control adscrito a la Sala Uno del Centro de Justicia Penal Federal, por los actos que a continuación se precisan:
"‘A. De la primera autoridad señalada, se reclama la resolución de fecha treinta de diciembre de dos mil dieciséis, pronunciada por el Magistrado del Tercer Tribunal Unitario del Décimo Quinto Circuito, en el toca penal **********, en la que confirma el auto de vinculación a proceso emitido en audiencia de trece de diciembre de dos mil dieciséis, por el Juez de Control adscrito a la Sala Uno del Centro de Justicia Penal Federal, en contra de la quejosa **********, por considerar que probablemente participó en el delito contra la salud en su modalidad de posesión de clonazepam y alprozolam, previsto por el artículo 195 Bis, en relación con el artículo 193 del Código Penal Federal, determinación que se estima violatoria de derechos humanos fundamentales y garantías individuales.
"‘B. De la segunda autoridad en mención, Juez de Control adscrito a la Sala Uno del Centro de Justicia Penal Federal, se reclaman los actos tendientes a dar cumplimiento a la resolución dictada por la mencionada en primer término.’ (amparo indirecto, fojas 3 a 7)
"2. El conocimiento de la demanda correspondió al Octavo Tribunal Unitario del Décimo Quinto Circuito, cuyo titular la admitió a trámite con el número **********; asimismo, solicitó a las autoridades responsables el informe justificado y señaló data para la celebración de la audiencia constitucional. (ibídem, fojas 9 a 11)
"3. Una vez agotadas las instancias legales, el veintiocho de abril siguiente, el Magistrado recurrido emitió la sentencia respectiva, en la que concedió el amparo constitucional en los siguientes términos (ibídem, fojas 148 a 162):
"‘OCTAVO.-Precisión de los efectos de la protección constitucional. Para cumplir con este apartado, se estima necesario transcribir el contenido del artículo 77 de la Ley de Amparo, que dice:
"‘...
"‘Entonces, de conformidad con la fracción II del artículo recién transcrito, la protección constitucional se concede a fin de que el tribunal de apelación deje sin efectos la resolución de treinta de diciembre de dos mil dieciséis, dictada dentro del toca 361/2016 de su índice; enseguida, de forma fundada y motivada, sin considerar que los agravios que originaron ese toca resultan inoperantes, emita una nueva determinación en la que con plenitud de jurisdicción los atienda.
"‘...
"‘RESUELVE:
"‘PRIMERO.-Para los efectos precisados en el considerando octavo de la presente determinación, la Justicia de la Unión ampara y protege a ... en contra de la resolución emitida el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, por el Magistrado del Tercer Tribunal Unitario del Décimo Quinto Circuito, con sede en esta ciudad, en el toca penal **********; y su ejecución, atribuida al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con sede en esta ciudad.
"‘SEGUNDO.-Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 17 la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en relación con el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con supresión de los datos personales, en los términos fijados en el considerando respectivo de esta sentencia.
"‘TERCERO.-El presente asunto no se considera de relevancia documental, en términos de la consideración conducente de la presente determinación. ...’
"Esa decisión, se debió a que el Magistrado que conoció del amparo consideró fundados los conceptos de violación expuestos por la quejosa, aunque para ello suplió su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo.
"Para justificar esa postura, aludió a los límites establecidos en los artículos 4585 y 4616 del Código Nacional de Procedimientos Penales, relativos a que el tribunal de alzada está obligado a resolver todas y cada una de las cuestiones debatidas, con base en los agravios formulados por las partes.
"En mérito de ese esquema, indicó que el acto reclamado vulneraba el derecho de legalidad establecido en el artículo 16 constitucional, ya que el Magistrado responsable omitió analizar los agravios sometidos a su potestad.
"Lo anterior, pues, destacó los argumentos expuestos por la quejosa en el recurso de apelación e indicó que no se dio contestación a todas y cada una de las cuestiones sometidas a la potestad del tribunal de alzada.
"Por ende, señaló que el tribunal de alzada no debía considerar esos argumentos como reiterativos, en razón de que reunían las características de verdaderos agravios; máxime que, respecto de ellos no existió pronunciamiento por parte del Juez de Control; de ahí que, tenía la obligación de pronunciarse sobre los tópicos debatidos, para dar respuesta al punto específico planteado o calificar de procedente o improcedente esos argumentos.
"Por último, el a quo precisó que con tal determinación de ninguna manera se abandonaba el principio de estricto derecho que impera; sin embargo, el tribunal responsable tenía la obligación de apreciar en su totalidad el contenido del escrito relativo, con el objeto de extraer la causa de pedir propuesta.
"En ese sentido, concluyó que al quedar evidenciado que en la resolución que constituye el acto reclamado, no se realizó un pronunciamiento sobre cada uno de los tópicos planteados en los agravios que se formularon con motivo de la apelación, se vulneró en perjuicio de la impetrante el derecho de legalidad consagrado en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"Por ello, la concesión de la Justicia Federal fue para el efecto de que se dejara insubsistente el acto reclamado y se emitiera otro fallo en el que, con plenitud de jurisdicción, de forma fundada y motivada, se diera contestación a los agravios en los términos formulados y se resolviera lo que en derecho correspondiera.
"Ese veredicto constituye la materia del presente medio de defensa.
"Vía agravios, la representación social recurrente procedió de la forma siguiente:
"La agente del Ministerio Público Federal adscrita al Octavo Tribunal Unitario de este Circuito Judicial, refiere que le causa perjuicio la resolución impugnada, ya que -en su opinión- el Magistrado responsable correctamente basó su resolución en que la apelante fue omisa en combatir la afectación que le causaba el auto impugnado, pues no expuso las razones tendentes a controvertirlo, ni aun bajo la causa de pedir.
"Asimismo, precisó que el Magistrado del amparo perdió de vista características y circunstancias de prueba, las cuales eran aptas para presumir que la quejosa, como resultado del análisis de la audiencia de vinculación a proceso y resolución de segunda instancia, es culpable del delito contra la salud en la modalidad de posesión de clonazepam y alprozolam, previsto y sancionado por el artículo 195 Bis, en relación con el 193 del Código Penal Federal.
"De igual forma, aduce que en ningún momento existió una violación a las garantías fundamentales y derechos humanos de los impetrantes, ya que, contrario a lo sostenido por el Magistrado constitucional, la autoridad responsable emitió su resolución apegada a derecho y observando los derechos fundamentales de aquéllos.
"Aunado a que -insiste-, de ninguna manera se violentaron los derechos fundamentales de los quejosos, ya que en la resolución que constituye el acto reclamado, existen datos y pruebas suficientes que acreditan su constitucionalidad, cumpliendo con las garantías previstas en los artículos 18 y 21 de la Carta Magna, colmando los requisitos de fundamentación y motivación, así como las formalidades del procedimiento, apoyándose con leyes expedidas con anterioridad al hecho.
"Finalmente, los representantes sociales recurrentes señalan que el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en el Estado de Baja California y el Magistrado del Tercer Tribunal Unitario del Décimo Quinto Circuito, analizaron debidamente los elementos considerados como base fundamental que, conforme el (sic) artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, requieren para el dictado de un auto de vinculación a proceso; esto es, los datos que establezca que se ha cometido un hecho señalado por la ley como delito.
"En ese tenor, indica, es erróneo que se otorgara la protección de la Justicia Federal, al considerarse que el acto reclamado no cumplía con los principios de fundamentación y motivación, así como el de exhaustividad, pues de los datos de prueba narrados por la institución ministerial en la audiencia de vinculación al proceso y, en su caso, en la audiencia de alzada, son idóneos y suficientes para establecer que se cometió un hecho señalado por la ley como delito y que los imputados probablemente lo cometieron o participaron en él, valorándose todos los datos de prueba; de ahí que no se violaron las garantías constitucionales de los quejosos.
"Citando como apoyo las tesis de rubros:
"‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.’, ‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, CONCEPTO DE.’ y ‘MOTIVACIÓN, CONCEPTO DE.’
"Como se precisó al inicio del presente considerando, los argumentos expuestos por los agentes del Ministerio Público Federal recurrentes son inoperantes.
"Esa calificativa surge, en razón de que al confrontar el contenido de las razones expuestas por el Magistrado del Octavo Tribunal Unitario de este Circuito, en correlación con los agravios esgrimidos por las recurrentes, se advierte la ineficiencia jurídica de estos últimos, pues no combaten de manera directa las consideraciones vertidas para otorgar la protección constitucional.
"En efecto, la representación social omitió combatir los motivos por virtud de los cuales, se concedió a la impetrante del amparo la protección de la Justicia Federal, pues incluso vertió argumentos tendentes a evidenciar que los datos de prueba narrados por la institución ministerial en la audiencia de vinculación a proceso, son suficientes para demostrar el delito y la probable responsabilidad de la quejosa, aspectos que, desde luego, son ajenos a la sentencia impugnada a través del recurso de revisión, pues en ella no se analizó si esos aspectos estaban acreditados o no, sino únicamente al hecho de que se omitió analizar los agravios propuestos en el recurso de alzada y, con ello, se vulneró en perjuicio de los impetrantes el derecho de legalidad consagrado en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"En ese contexto, es patente la omisión de formular argumentos lógicos y jurídicos encaminados a combatir la decisión del órgano de control constitucional, en tanto se vierten afirmaciones, tales como que el acto reclamado no vulnera derechos fundamentales, que se comparte el fallo del tribunal responsable, en razón de que existen elementos de convicción suficientes para demostrar el delito contra la salud en la modalidad de posesión de clonazepam y alprozolam, previsto y sancionado por el artículo 195 Bis, en relación con el 193 del Código Penal Federal, así como la probable responsabilidad de la quejosa en su comisión; asimismo, que en esa resolución se observaron todos los requisitos que debe contener una determinación; esto es, de fundamentación y motivación, las formalidades del procedimiento y se apoyó con leyes expedidas con anterioridad al hecho; y por último, que los conceptos de violación expresados por la quejosa -a su parecer- son inoperantes.
"Por tanto, se advierte que esos argumentos no contienen expresión alguna que permita desplegar un análisis de la legalidad de la resolución cuestionada, pues no se controvierten los aspectos torales que sostienen la sentencia impugnada.
"Es por ello que, si el tribunal de amparo consideró que la resolución que constituye el acto reclamado transgredió derechos fundamentales, no basta para considerar operantes los agravios, lo argumentado por la representación social recurrente, a fin de que este órgano colegiado estuviera en aptitud jurídica de analizar la decisión materia del recurso y realizar un pronunciamiento al respecto, precisamente ante la ausencia de agravio expreso de la parte que le perjudica.
"Lo precedente es así, pues -como se dijo- lo que la parte inconforme debió impugnar en el presente medio de defensa, son las consideraciones que rigen la sentencia revisada; esto es, si el tribunal de apelación cumplió con el principio de exhaustividad, al dar contestación a todos los agravios expuestos a su consideración; además, si realmente tenía obligación de dar respuesta, ya que el Juez de Control no emitió pronunciamiento respecto de ellos; de ahí que, si la parte recurrente omite debatir esas cuestiones, deben continuar rigiendo el sentido del fallo, por falta de impugnación.
"En la inteligencia de que abordar el estudio a partir de lo expuesto por la representación social inconforme, implicaría suplir la queja deficiente en un caso no permitido por la Ley de Amparo ni la jurisprudencia.
"Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son los siguientes:
"‘AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN.’ (se transcribe)
"No pasa inadvertido a este órgano colegiado el argumento del agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Agencia Segunda Investigadora de Ensenada de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado, en el que alega que la sentencia combatida sí se encuentra debidamente fundada y motivada, toda vez que el Magistrado que conoció de la apelación emitió un pronunciamiento respecto de los citados criterios jurisprudenciales invocados por la quejosa en el recurso de apelación, al señalar que la apelante (quejosa), fue omisa en exponer con argumentos sustanciales el motivo por el cual resultaban aplicables las jurisprudencias que invocó; en apoyo a su argumento, la autoridad recurrente invoca la jurisprudencia de rubro: ‘TESIS AISLADA O JURISPRUDENCIA INVOCADA EN LA DEMANDA DE AMPARO O RECURSOS. CORRESPONDE AL QUEJOSO O RECURRENTE RAZONAR EN TORNO A SU APLICABILIDAD AL CASO CONCRETO, SIN QUE BASTE SU SOLA TRANSCRIPCIÓN EN EL RESPECTIVO OCURSO (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 130/2008).’
"Sin embargo, debe decirse que en el caso en particular, no resulta aplicable dicho criterio, en virtud de que la jurisprudencia 2a./J. 130/2008, de rubro: ‘TESIS AISLADA O DE JURISPRUDENCIA INVOCADA EN LA DEMANDA DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JURISDICCIONAL PRONUNCIARSE EN TORNO A SU APLICABILIDAD O INAPLICABILIDAD AL CASO CONCRETO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LA QUEJOSA ESGRIMA O NO ALGÚN RAZONAMIENTO AL RESPECTO.’, aborda la excepción específica en la cual la autoridad responsable sostuvo su fallo y, sobre todo, que de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo, es de observancia obligatoria por encima de los criterios que al respecto puedan tener los Tribunales Colegiados de Circuito.
"En consecuencia, ante lo jurídicamente ineficaz de los agravios esgrimidos por la agente del Ministerio Público de la Federación, procede confirmar la sentencia combatida."
II. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, al resolver el amparo directo 1024/2015, fallado por unanimidad de votos, en sesión de catorce de julio de dos mil dieciséis, emitió la tesis de rubro y texto siguientes:
"TESIS AISLADA O JURISPRUDENCIA INVOCADA EN LA DEMANDA DE AMPARO O RECURSOS. CORRESPONDE AL QUEJOSO O RECURRENTE RAZONAR EN TORNO A SU APLICABILIDAD AL CASO CONCRETO, SIN QUE BASTE SU SOLA TRANSCRIPCIÓN EN EL RESPECTIVO OCURSO (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 130/2008). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 130/2008, de rubro: ‘TESIS AISLADA O DE JURISPRUDENCIA INVOCADA EN LA DEMANDA DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JURISDICCIONAL PRONUNCIARSE EN TORNO A SU APLICABILIDAD O INAPLICABILIDAD AL CASO CONCRETO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LA QUEJOSA ESGRIMA O NO ALGÚN RAZONAMIENTO AL RESPECTO.’, estableció que cuando la quejosa transcribe en su demanda una tesis aislada o jurisprudencial, implícitamente puede considerarse que pretende que el órgano jurisdiccional la aplique al caso concreto, por lo que éste deberá verificar su existencia; si es jurisprudencia, determinar su aplicabilidad y, si se trata de una tesis aislada o alguna que no le resulte obligatoria, precisar si se acoge al referido criterio, o externar las razones por las cuales se separa de él; lo anterior, independientemente de que quien la invoque hubiere razonado o justificado su aplicabilidad al caso concreto. Sin embargo, esta jurisprudencia es inaplicable a los asuntos regulados por la Ley de Amparo en vigor a partir del 3 de abril de 2013, en razón de que aquélla analizó la Ley de Amparo abrogada, específicamente el artículo 196, el cual establecía: ‘Cuando las partes invoquen en el juicio de amparo la jurisprudencia del Pleno o de las Salas de la Suprema Corte o de los Tribunales Colegiados de Circuito, lo harán por escrito, expresando el número y órgano jurisdiccional que la integró, y el rubro y tesis de aquélla. Si cualquiera de las partes invoca ante un Tribunal Colegiado de Circuito la jurisprudencia establecida por otro, el tribunal del conocimiento deberá: I. Verificar la existencia de la tesis jurisprudencial invocada; II. Cerciorarse de la aplicabilidad de la tesis jurisprudencial invocada, al caso concreto en estudio; y, III. Adoptar dicha tesis jurisprudencial en su resolución, o resolver expresando las razones por las cuales considera que no debe confirmarse el criterio sostenido en la referida tesis jurisprudencial. En la última hipótesis de la fracción III del presente artículo, el tribunal de conocimiento remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia para que resuelva sobre la contradicción.’. Lo anterior, pues en la actual legislación no se advierte que el legislador reiterara aquellas obligaciones de los Tribunales Colegiados de Circuito; de ahí la inaplicabilidad del criterio jurídico de que se trata, ya que de conformidad con su artículo sexto transitorio, se opone al nuevo marco normativo, en tanto que prevé obligaciones de hacer para los órganos de control constitucional que ahora ya no establece la ley; máxime si se toma en cuenta que en su artículo 221, la norma vigente sólo dispone: ‘Cuando las partes invoquen tesis de jurisprudencia o precedentes expresarán los datos de identificación y publicación. De no haber sido publicadas, bastará que se acompañen copias certificadas de las resoluciones correspondientes.’ Lo anterior sin demérito del análisis que se haga, caso por caso, conforme al libre juicio, acerca de si es o no procedente el estudio de las tesis o jurisprudencias que invoquen y transcriban las partes en su demanda, o en sus recursos, atendiendo aspectos primordiales como: a) si el quejoso o recurrente es o no beneficiario de la suplencia de la queja deficiente; b) si dicho criterio es una tesis aislada o jurisprudencia de observancia obligatoria en términos del artículo 217 de la aludida ley; y, c) si existen elementos suficientes para actuar conforme a la causa de pedir, entre otros; ello, atento a las diversas condiciones que puedan presentarse.". Décima Época. Registro: 2013130. Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis aislada. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 36, Tomo IV, noviembre de 2016, materia común, tesis VII.2o.T.87 L (10a.), página 2529.
"SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO."
Las consideraciones que dieron origen a la tesis, son las siguientes:
"QUINTO.-Son ineficaces los conceptos de violación planteados.
"Antes de abordar su estudio, cabe señalar que no serán materia de esta litis constitucional, las condenas decretadas contra la parte aquí quejosa, consistentes en el pago de horas extras, aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, en razón de que no formula motivos de inconformidad en su contra, en tanto que en este asunto campea en su análisis, el principio de estricto derecho ...
"Será entonces el único tema de esta resolución, ceñido por los conceptos de violación formulados por la quejosa, la condena a la acción principal planteada en el sumario natural que lo fue el pago de indemnización constitucional y, en consecuencia, las demás prestaciones accesorias que tienen vinculación directa con la misma, las cuales en su momento se precisarán en la medida que lo permitan las consideraciones de la presente ejecutoria.
"Precisado lo anterior, se procede al análisis de los motivos de inconformidad hechos valer en la demanda constitucional en el apartado A), denominado ‘Violaciones a las leyes del procedimiento que afectan las defensas de la empresa quejosa.’ y parte del B), titulado ‘Violaciones sustanciales cometidas en cuanto al fondo del asunto.’; los cuales se estudian en su conjunto dada la estrecha vinculación que tienen entre sí, y por así permitirlo el artículo 76 de la Ley de Amparo, donde la parte quejosa aduce, en resumen: (se transcriben)
"...
"En otra parte de su demanda de amparo, la solicitante de amparo manifiesta, en síntesis, que en la audiencia de demanda y excepciones le ofreció el trabajo al actor, quien sostuvo su negativa a reinstalarse; oferta que fue calificada de buena fe por la Junta del conocimiento, no obstante, en el laudo que combate ‘... en forma errónea e injustificada determina que es de mala fe, por haberse ofrecido el trabajo en jornada normal de ocho horas de labores, de lo que se advierte y desprende que la autoridad responsable incurrió en defectos de lógica; en el raciocinio, al no darle el efecto probatorio que jurídicamente tiene tal ofrecimiento al trabajó ...’; asimismo, señala que dio de baja al trabajador del Instituto Mexicano del Seguro Social posteriormente a que fue requerido para que manifestara su deseo de reintegrarse al desempeño de sus labores ‘... fue así que la empresa procedió a darlo de baja posteriormente al ofrecimiento de trabajo calificado de buena fe por la autoridad responsable.’
"Son ineficaces los conceptos de violación sintetizados.
"...
"Con el propósito de dar respuesta al resto de los conceptos de violación previamente resumidos, es pertinente destacar la parte conducente del laudo reclamado que aborda el punto de la oferta de trabajo que, a saber, dice: (se transcribe)
"Como se aprecia de lo transcrito, fueron dos las razones básicas en que la Junta del conocimiento sustentó la calificativa de mala fe del ofrecimiento de trabajo:
"1. Porque se formuló en un horario distinto del que señaló el actor en que lo venía desempeñando y la parte patronal no probó que el ofertado fuera el que en realidad laboraba, a lo cual dijo, estaba obligado en términos de lo previsto en el artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo.
"2. Dio de baja al trabajador del Instituto Mexicano del Seguro Social el nueve de enero de dos mil doce, sin especificar el motivo para ello, y con posterioridad a que le hizo el ofrecimiento de trabajo.
"En lo atinente a la segunda razón en que la Junta local sostuvo la determinación de que se trata, efectivamente, como bien lo aduce la parte inconforme, resulta incorrecta, atento a que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las consideraciones relativas a la modificación de jurisprudencia 2a./J. 19/2006, definió que no necesariamente debe calificarse de mala fe el ofrecimiento de trabajo cuando el patrón demandado realizó la baja del trabajador ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, en fecha posterior a la indicada como del despido y previo a la oferta del trabajo, sin indicar la causa de baja; porque ese aviso constituye la comunicación obligatoria que el patrón hace al instituto dentro del plazo previsto en la Ley del Seguro Social y su reglamento cuando ha dejado de existir la causa de aseguramiento en el régimen obligatorio del seguro social.
"La modificación de jurisprudencia de donde derivan los argumentos destacados se encuentran (sic) publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, Tomo 2, abril de 2013, materia laboral, página 1607, siendo de título y contenido:
"‘OFRECIMIENTO DEL TRABAJO. EL AVISO DE BAJA DEL TRABAJADOR ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, POSTERIOR A LA FECHA INDICADA COMO DEL DESPIDO PERO PREVIA A LA OFERTA, SIN ESPECIFICAR LA CAUSA QUE LA ORIGINÓ, NO IMPLICA MALA FE (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 19/2006 E INTERRUPCIÓN DE LA DIVERSA 2a./J. 74/2010).’ (se transcribe)
"Por lo que si la baja del Instituto Mexicano del Seguro Social del trabajador se dio con posterioridad al despido reclamado (cuatro de julio de dos mil once), como se desprende del informe que dicho organismo rindió al efecto a través del oficio de ocho de marzo de la citada anualidad, donde refiere que el actor causó baja el nueve de enero de dos mil doce (foja 131), cuando la oferta laboral la había rechazado el diecinueve de noviembre de dos mil once, no por esa actitud debió calificarse de mala fe el ofrecimiento de trabajo.
"No obstante lo anterior, como quedó destacado en párrafos anteriores, la autoridad responsable apoyó su calificativa de mala fe de la oferta de trabajo en una diversa consideración, consistente en que se formuló en un horario distinto del que señaló el actor en que lo venía desempeñando y la parte patronal no probó que el ofertado fuera el que en realidad laboraba; y dicha razón no es combatida eficazmente por la empresa quejosa, pues al respecto sólo manifiesta que de forma errónea e injustificada la Junta determinó que era de mala fe, por haberlo ofrecido en jornada normal de ocho horas de labores, lo cual, además de ser insuficiente, también es erróneo, porque ése no fue el argumento sustentado por la autoridad responsable en el laudo reclamado, de acuerdo con lo antes expuesto.
"En esas condiciones, si la quejosa combate únicamente una de las razones que la Junta laboral expresó para calificar de mala fe el ofrecimiento de trabajo, omitiendo exponer razonamientos lógico jurídicos encaminados a controvertir el argumento que también hizo la responsable, en el sentido de que no se probó el horario distinto que señaló el patrón que laboraba el actor; entonces, los motivos de disenso en estudio devienen inoperantes por insuficientes, pues dicha razón se estima suficiente para sustentar el sentido de la calificativa de mala fe de la oferta de trabajo, así determinada en el fallo, al ser una de las condiciones fundamentales de la relación laboral, por lo que ante su falta de controversia total, debe seguir r
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27726-5144ce3a/tesis-de-jurisprudencia-aisladas-o-precedentes-invocados-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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