INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA DE AMPARO. RESULTA INFUNDADO DEBIDO A QUE HA DEJADO DE EXISTIR LA MATERIA DE EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA CUANDO AL QUEJOSO, PRIVADO DE SU LIBERTAD, SE LE OTORGA LA PROTECCIÓN FEDERAL PARA QUE SE LE PROPORCIONE ATENCIÓN MÉDICA Y DURANTE EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO OBTIENE SU LIBERTAD ABSOLUTA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO. 7 DE DICIEMBRE DE 2020. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ENRIQUE MARTÍNEZ GUZMÁN, LINO CAMACHO FUENTES, DAVID GUSTAVO LEÓN HERNÁNDEZ, DARÍO CARLOS CONTRERAS FAVILA Y JAIME ALLIER CAMPUZANO. PONENTE: JAIME ALLIER CAMPUZANO. SECRETARIA: SYLVIA ADRIANA SARMIENTO JIMÉNEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal, 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; décimo primero transitorio, párrafos segundo y tercero, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece, por el que se expide la vigente Ley de Amparo, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y primero transitorio del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito y publicado en dicho medio oficial el veintisiete de febrero de dos mil quince, que abrogó el Acuerdo General 11/2014 del propio Pleno, publicado en el referido órgano de difusión el treinta de mayo de dos mil catorce; por tratarse de una denuncia de posible contradicción de criterios sustentados por el Primer y el Segundo Tribunales Colegiados en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito.
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero,(1) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III,(2) de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por el Juez Décimo Primero de Distrito de este mismo circuito.
TERCERO.—Antecedentes y criterios contendientes. A fin de poder identificar la posible existencia de la contradicción de criterios denunciada, es preciso reseñar los antecedentes de los criterios contendientes, así como las consideraciones sustentadas por los dos Tribunales Colegiados de este circuito, en las ejecutorias respectivas.
I. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo de este Décimo Tercer Circuito.
1. ********** promovió juicio de amparo indirecto contra actos del director general del Centro Federal de Readaptación Social Número Cuatro, Noroeste, con sede en Nayarit y otras autoridades, donde reclamó: la inmediata atención médica en nutriología y el suministro de los medicamentos, dieta y suplementos necesarios para sus padecimientos.
2. Dicha demanda de amparo se tramitó ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, bajo el número **********.
3. El siete de febrero de dos mil dieciocho se dictó sentencia y se concedió el amparo al mencionado quejoso, para que la autoridad responsable proveyera lo necesario para que de inmediato se suministraran al quejoso la totalidad de los medicamentos señalados en la nota médica de nueve de enero de dos mil dieciocho, consistentes en lorazepam 1 miligramo, dos tabletas por noventa días y afrin spray nasal, aplicar cada cuatro horas por treinta días.
4. El veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, en ejecutoria dictada en el amparo en revisión ********** del índice del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, se confirmó la sentencia que concedió el amparo al quejoso.
5. En auto de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, el Juez de Distrito requirió a la autoridad responsable para que cumpliera con la misma, así como a su superior jerárquico para que ordenara a aquélla cumpliera (sic) con el fallo protector.
6. En auto de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, el Juez de Distrito consideró que ante el egreso definitivo del quejoso del centro donde se encontraba interno, al dictársele sentencia absolutoria, por imposibilidad jurídica declaró sin materia el cumplimiento de la ejecutoria de amparo y en diverso proveído de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, al transcurrir el plazo para que las partes interpusieran recurso de inconformidad, ordenó se enviaran los autos al otrora Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, actualmente denominado Primer Tribunal en Materias Penal y de Trabajo, a fin de que se dictara la resolución que en derecho correspondiera.
7. Al resolver el incidente de inejecución de sentencia 53/2018, en sesión de cuatro de abril de dos mil diecinueve, por unanimidad de votos, dicho Tribunal Colegiado determinó en la parte conducente, lo siguiente:
"QUINTO.—Estudio.
"En relación al procedimiento de ejecución de las sentencias de amparo, los artículos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo, establecen:
"(transcribe artículos)
"Conforme a dichos preceptos legales, el procedimiento de ejecución del fallo protector dictado en un juicio de amparo indirecto inicia una vez que la sentencia cause ejecutoria, y los pasos que tiene que realizar el órgano jurisdiccional son los siguientes:
"1. Ordenar su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata, en específico a la autoridad o autoridades responsables, para que en el plazo de tres días que de manera general prevé la ley cumplan la sentencia de amparo. Dicho plazo tiene tres excepciones:
"a) Se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria;
"b) Si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y,
"c) Se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso.
"2. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada;
"3. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito;
"4. Una vez que el juzgador determine el incumplimiento, enviará los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo;
"5. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda;
"6. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere multado a la autoridad responsable en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito;
"7. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento;
"8. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará;
"9. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla.
"10. Si se declara que la sentencia no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como establece, en lo conducente el artículo 193 de la Ley de Amparo.
"Así lo sostuvo, en lo conducente, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), de rubro (sic) siguiente: ‘PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO.’(3)
"Conforme a lo expuesto, la remisión de los autos al Tribunal Colegiado puede acontecer por los motivos siguientes:
"Uno, por omisión: cuando durante el procedimiento de ejecución, la responsable no cumple con la sentencia de amparo, dentro del plazo concedido, a pesar de ser requerida para ello;
"Dos, actuar evasivo o (sic) procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo o procedimientos no necesarios para el cumplimiento, siempre que se declare que la sentencia no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento; y,
"Tres, cumplimiento extemporáneo, cuando el cumplimiento de la sentencia se realiza después de que feneció el plazo otorgado para el cumplimiento.
"Supuestos los anteriores que conllevan la posibilidad de hacer algún pronunciamiento en términos de lo establecido en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Federal.
"Es así, dado que la materia de un incidente de inejecución de sentencia, la constituye el análisis y determinación del incumplimiento a una ejecutoria de amparo y de la contumacia de las autoridades responsables para ello, a fin de aplicar las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI,(4) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, la separación inmediata del servidor público que ocupó el cargo y su consignación ante el Juez Federal correspondiente.
"Por tanto, el incidente de inejecución de sentencia tiene como finalidad determinar si existe o no incumplimiento de una ejecutoria de amparo, entendiéndose como tal el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo.
"Y en ese tenor, se infiere que el objetivo de tal instancia es determinar si se configura desacato, es decir, si la autoridad abiertamente o con evasivas se abstiene de realizar las actuaciones necesarias para lograr el cumplimiento de la ejecutoria, o bien, no realiza la obligación de dar o hacer que constituye la materia de la restitución del derecho violado y, en su caso, la aplicación de las medidas a que se refiere el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Federal.
"En el entendido de que es importante considerar que la intención que subyace al procedimiento de ejecución no es, de manera preponderante, la asignación de responsabilidades y sanciones a las autoridades que incumplen con la sentencia de amparo, sino el cumplimiento total y, en la medida de lo posible, expedito de las sentencias de amparo.
"Apoya esta consideración la jurisprudencia P./J. 56/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro (sic): ‘CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE LA SENTENCIA DE AMPARO.’(5) (transcribe texto)
"En el caso, el Juez de Distrito, por imposibilidad jurídica declaró sin materia el cumplimiento de la ejecutoria, al egresar en forma definitiva el quejoso del centro penitenciario el dieciséis de junio de dos mil dieciocho,(6) al dictársele sentencia absolutoria, como la acreditó la autoridad responsable, y por consiguiente, envió los autos para que se dicte resolución en relación a la imposibilidad jurídica de cumplimiento.
"En relación a la imposibilidad para cumplir con la ejecutoria de amparo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el incidente de inejecución de sentencia 262/2016, en sesión de catorce de junio de dos mil diecisiete,(7) consideró que el último párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, contempla la posibilidad de que el órgano judicial de amparo pueda emitir una declaración en el sentido de que una sentencia protectora no puede cumplirse, sea por razones jurídicas o materiales, con la finalidad de que remita los autos al superior, como lo establece, en lo conducente, el artículo 193 de dicha ley.
"Que, por otra parte, el artículo 214 de la Ley de Amparo(8) establece que ningún juicio de amparo podrá archivarse sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional, a menos que no exista materia para la ejecución y así lo determine el órgano jurisdiccional de amparo en resolución fundada y motivada.
"De lo anterior, concluyó el Máximo Tribunal del País que la ley prevé dos figuras diversas que pueden llegar a actualizarse cuando se presenta un impedimento técnico para el cumplimiento de una sentencia de amparo:
"1) la imposibilidad material o jurídica; y,
"2) la inexistencia de materia para su ejecución.
"Que en ese sentido, el primer supuesto se actualiza cuando por factores jurídicos, materiales, de hecho o sociales, las autoridades responsables vinculadas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo no están en condiciones de restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado en los términos de la propia ejecutoria; lo cual no significa que la ejecutoria carezca de efectos o deje de cumplirse, pues en todo caso, ante la eventualidad surgida se busca una alternativa al cumplimiento original (artículo 196, último párrafo, de la Ley de Amparo).
"En cambio, la hipótesis relativa a la falta de materia para la ejecución de la sentencia, implica que los efectos del amparo no pueden materializarse al haber dejado de existir la condición que motivó la concesión del mismo; en otras palabras, no existe materia alguna en la que pueda impactar dichos efectos para restablecer una determinada situación antes de la violación denunciada (artículo 214 de la Ley de Amparo).
"Con base en esas precisiones, contrario a lo que sostiene el Juez de Distrito, en el caso no existe imposibilidad para cumplir con la ejecutoria de amparo, sino que dejó de existir la materia para su ejecución.
"En efecto, de las constancias de autos se advierte que:
"• El siete de febrero de dos mil dieciocho,(9) se dictó sentencia y se concedió el amparo para que la autoridad responsable proveyera lo necesario para que de inmediato se suministrara al quejoso la totalidad de los medicamentos señalados en la nota médica de nueve de enero de dos mil dieciocho, consistentes en lorazepam 1 mg., dos tabletas por noventa días y afrin spray nasal, aplicar cada cuatro horas por treinta días.
"• El veintitrés de agosto de dos mil dieciocho,(10) en ejecutoria dictada en el amparo en revisión 227/2018, el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, confirmó la sentencia recurrida y concedió el amparo al quejoso.
"• En auto de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho,(11) el Juez de Distrito requirió a la autoridad responsable para que cumpliera con la misma, así como a su superior jerárquico para que ordenara a aquélla cumpliera con el fallo protector.
"• En auto de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho,(12) el Juez de Distrito consideró que ante el egreso definitivo del quejoso del centro donde se encontraba interno, al dictársele sentencia absolutoria, por imposibilidad jurídica declaró sin materia el cumplimiento de la ejecutoria de amparo y en diverso proveído de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho,(13) al transcurrir el plazo para que las partes interpusieran recurso de inconformidad, ordenó se enviaran los autos a este Tribunal Colegiado, a fin de que se dictara la resolución que en derecho correspondiera.
"Lo relacionado evidencia, que en el caso se actualiza el supuesto de inexistencia de la materia para la ejecución de la sentencia, debido a que el cumplimiento de la ejecutoria versaría sobre la atención médica del quejoso en su calidad de interno y a disposición de la autoridad responsable, lo cual no es posible dado que obtuvo su libertad definitiva, el dieciséis de junio de dos mil dieciocho, al dictársele sentencia absolutoria.
"Esto es, no existe imposibilidad jurídica para el cumplimiento, dado que no se está en presencia de un factor que impida restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado, sino la condición que motivó la concesión del amparo (privado de su libertad) dejó de existir.
"Por tanto, el Juez Federal no debió de enviar los autos a este Tribunal Colegiado, pues en el caso no se actualizó la hipótesis prevista en el artículo 196, último párrafo, de la Ley de Amparo, relativa a una imposibilidad para cumplir con una ejecutoria de amparo, sino que no había materia para la ejecución de la sentencia, en términos del artículo 214 de dicha ley, que no dispone la remisión de los autos al Tribunal Colegiado.
"En ese tenor, procede dejar sin efectos la resolución de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, en la parte en la que el Juez de Distrito declaró la imposibilidad para cumplir con la ejecutoria de amparo y sin materia su cumplimiento, en su lugar, decretar que no existe materia para la ejecución de la sentencia de amparo.
"Ante esta declaración, no procede hacer pronunciamiento alguno en términos de lo establecido en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no existe motivo alguno para concluir que en el procedimiento de ejecución de sentencia la responsable efectuó actos evasivos o procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo; menos que su proceder durante el procedimiento de ejecución ocasionó la inexistencia de la materia para la ejecución de la sentencia.
"Antes bien, el quejoso obtuvo su libertad el dieciséis de junio de dos mil dieciocho, al dictársele sentencia absolutoria, por lo que menos se puede advertir una actitud evasiva o la práctica de un procedimiento ilegal que generara retraso en el acatamiento del fallo, que ameritara un pronunciamiento de responsabilidad.
"Dado que en el trámite del procedimiento de ejecución no se impuso multa alguna a la autoridad responsable, es innecesario pronunciarse al respecto; aunado a que las multas impuestas por los órganos jurisdiccionales durante el procedimiento de ejecución de sentencia, son susceptibles de impugnarse mediante el recurso de inconformidad previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo.
"Por lo expuesto y fundado; se,
"RESUELVE:
"PRIMERO.—Se deja insubsistente la resolución de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, en la parte que, por imposibilidad jurídica, se declaró sin materia el cumplimiento de la ejecutoria de amparo.
"SEGUNDO.—Se declara que no existe materia para la ejecución de la sentencia.
"Notifíquese; con testimonio de esta resolución vuelvan los autos al lugar de su origen y, en su oportunidad, ordénese el archivo del asunto como concluido."
II. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del propio circuito.
1. ********** promovió juicio de amparo indirecto contra actos del director del Centro Penitenciario Número Cuatro de San Juan Bautista Cuicatlán, Oaxaca y otra autoridad, de quienes reclamó: la falta de atención médica y cuidados de salud a que tiene derecho.
2. Dicha demanda de amparo se tramitó ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, bajo el número **********.
3. El seis de marzo de dos mil dieciocho, el Juez constitucional concedió al quejoso **********, el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del 1) Director del Centro Penitenciario Número Cuatro de San Juan Bautista Cuicatlán, Oaxaca; y, 2) Personal médico del centro penitenciario citado, para que de inmediato se realice la valoración médica y las gestiones necesarias a fin de que se le proporcione el tratamiento prescrito, así como el suministro de los medicamentos y dieta que en su caso se le indique; incluso, de ser necesario, sea valorado por un especialista.
4. La anterior resolución causó ejecutoria el veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, motivo por el cual, en diversas ocasiones el Juez de amparo requirió a las responsables el cumplimiento de dicha ejecutoria.
5. El treinta de noviembre de dos mil dieciocho, por oficio **********, el encargado del despacho de la dirección del Centro Penitenciario de Cuicatlán, Oaxaca, informó que el veintiuno de los citados mes y año, entregó al quejoso el medicamento denominado dicloxacilina tabletas de 500 miligramos, así como que el veinticinco del mes y año referidos, aproximadamente a las trece horas con treinta minutos, el quejoso ********** obtuvo su libertad por haberse declarado extinta la pena de cuatro años, diez meses de prisión, que le fue impuesta por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, en los autos de la causa penal **********, en sentencia de nueve de enero de dos mil dieciséis, por la comisión de los delitos contra la salud en la modalidad de posesión simple de cannabis sativa L (marihuana) y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea; que al momento de poner en libertad al quejoso, le hizo entrega de los documentos relacionados con su atención médica y, por ello, ya no puede hacerse cargo de los trámites y de su atención médica, al ya no encontrarse privado de su libertad en el centro penitenciario que dirige.
6. El diez de diciembre de dos mil dieciocho, el titular del Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca declaró la imposibilidad jurídica para acatar la sentencia protectora y sin materia el cumplimiento de ésta.
7. Por auto de diez de enero de dos mil diecinueve, el secretario encargado del juzgado mencionado ordenó remitir los autos del amparo indirecto **********, al Tribunal Colegiado en turno, para la tramitación del incidente de inejecución de sentencia.
8. Al resolver en sesión de tres de septiembre de dos mil diecinueve, por unanimidad de votos el incidente de inejecución de sentencia 8/2019, dicho Tribunal Colegiado resolvió en la parte conducente, lo siguiente:
"QUINTO.—Estudio. En principio, es necesario precisar que el diez de diciembre de dos mil dieciocho, el Juez de Distrito declaró que existía imposibilidad jurídica para que las autoridades responsables dieran cumplimiento al fallo protector dictado en el juicio de amparo **********, respecto del quejoso **********.
"En ese sentido, es correcta la determinación del Juez de amparo de remitir los autos a este órgano colegiado para la sustanciación y calificación de la incidencia planteada, toda vez que el artículo 196 de la Ley de Amparo(14) establece que cuanto (sic) se declare la imposibilidad para cumplir una ejecutoria en un juicio de amparo, el órgano conocedor deberá remitirlo a su superior –Tribunal Colegiado o Suprema Corte de Justicia de la Nación–, según sea el caso, para que determine lo que corresponda en relación a la inejecución del fallo.
"Lo anterior, en cumplimiento a lo ordenado en la jurisprudencia 2a./J. 44/2017 (sic) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de observancia obligatoria de conformidad con el numeral 217 de la Ley de Amparo, de registro, datos de identificación, rubro (sic) y texto siguientes:
"‘Décima Época
"‘Registro: 2014210
"‘Instancia: Segunda Sala
"‘Tipo de tesis: jurisprudencia
"‘Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
"‘Libro 42, Tomo I, mayo de 2017
"‘Materia: común
"‘Tesis: 2a./J. 44/2017 (10a.)
"‘Página: 490
"‘CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL ÓRGANO JUDICIAL QUE CONOZCA DEL JUICIO DEBE REMITIR LOS AUTOS AL SUPERIOR EN LOS CASOS EN LOS QUE DETERMINE QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA LOGRARLO.’ (transcribe texto)
"Sobre esas premisas, este Tribunal Colegiado determina que se confirma el proveído mediante el cual el a quo estableció que existía imposibilidad jurídica para que las autoridades responsables cumplieran con los deberes impuestos en la ejecutoria de seis de marzo de dos mil dieciocho, emitida por el referido Juez, atenta a las siguientes consideraciones:
"El seis de marzo de dos mil dieciocho, el Juez de Distrito concedió al (sic) amparo al quejoso ********** el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del 1) Director del Centro Penitenciario Número Cuatro de San Juan Bautista Cuicatlán, Oaxaca; y, 2) Personal médico del centro penitenciario citado, para los siguientes efectos (fojas 651 vuelta-652 vuelta):
"- De inmediato, ordene se realice la valoración médica al quejoso, en la cual se precise el diagnóstico, tratamiento a seguir y temporalidad del mismo, en relación a la herida quirúrgica que presenta en el abdomen.
"- Realice las gestiones necesarias a fin de que se le proporcione el tratamiento prescrito en la temporalidad señalada, así como suministro de los medicamentos y dieta que en su caso se le indiquen, incluso, de ser necesario, sea valorado por un especialista.
"- Deberá acreditar fehacientemente que se proporcionó la atención médica, dieta y medicamentos que, en su caso, sean prescritos al impetrante por el médico tratante, abarcando la totalidad de la temporalidad por las que sean indicados.
"Determinación que causó ejecutoria el veintisiete de marzo de dos mil dieciocho (fojas 849-850), motivo por el cual, en diversas ocasiones el Juez de amparo requirió a las responsables el cumplimiento de dicha ejecutoria, sin haber obtenido resultados positivos –tal como se advierte de los autos del juicio de amparo–, y el treinta de noviembre de dos mil dieciocho, por oficio **********, el encargado del despacho de la dirección del Centro Penitenciario de Cuicatlán, Oaxaca, informó que en atención al diverso **********, de veintiséis de noviembre del año referido, al regresar del hospital **********, donde acudió el peticionario de amparo de su curación, el veintiuno del mes y año citados, entregó a éste el medicamento dicloxacilina tabletas de 500 miligramos, y que el veinticinco del mes y año referidos, aproximadamente a las trece horas con treinta minutos, el quejoso ********** obtuvo su libertad por haberse declarado extinta la pena de cuatro años, diez meses de prisión, que le fue impuesta por el Juez Cuatro (sic) de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, en los autos de la causa penal **********, en sentencia de nueve de enero de dos mil dieciséis, por la comisión de los delitos de (sic) contra la salud en la modalidad de posesión simple de cannabis sativa L (marihuana) y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea; y al momento de poner en libertad al quejoso, se le hizo entrega de sus documentos relacionados a su atención médica y, por ello, ya no puede hacerse cargo de los trámites y atención médica de éste, al ya no estar privado de su libertad en el centro penitenciario que dirige (fojas 3620-3624).
"Por lo anterior, el diez de diciembre de dos mil dieciocho, el titular del Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, residente en esta población declaró la imposibilidad jurídica para acatar la sentencia protectora y sin materia el cumplimiento de ésta (fojas 361-363); de ahí que, por diverso de diez de enero de dos mil diecinueve, el secretario encargado del juzgado mencionado ordenó remitir los autos del amparo indirecto **********, al Tribunal Colegiado para la tramitación del incidente de inejecución de sentencia (foja 3651).
"Ahora, los relacionados antecedentes ponen de manifiesto que el Juez de Distrito concedió el amparo al quejoso, que requirió a las responsables el cumplimiento de la referida ejecutoria, y el egreso del peticionario de amparo ********** del Centro Penitenciario de Cuicatlán, Oaxaca, el veinticinco de noviembre de dos mil dieciocho, debido a que obtuvo su libertad, en virtud de haberse declarado extinta la pena de cuatro años, diez meses de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30109-158690ef/incidente-de-inejecucion-de-sentencia-de-amparo-resulta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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