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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO POR EVASIÓN DE LA JUSTICIA DE LA PARTE QUEJOSA. GENERA LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXII, DE LA LEY DE AMPARO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 128/2020. · Registro digital (IUS): 30586
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2022-05-27
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 13, Mayo de 2022, Tomo III, Pág.3035.

AMPARO EN REVISIÓN 128/2020. 13 DE OCTUBRE DE 2021. CINCO VOTOS DE LAS MINISTRAS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ Y ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, Y LOS MINISTROS JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE, Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: MINISTRA PRESIDENTA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIO: EDWIN ANTONY PAZOL RODRÍGUEZ.

Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión de trece de octubre de dos mil veintiuno, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el amparo en revisión 128/2020, interpuesto por ********** contra la resolución dictada el treinta de agosto de dos mil diecinueve, por el Segundo Tribunal Unitario del Décimo Segundo Circuito, en el juicio de amparo indirecto **********.

La cuestión que debe resolver esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si los artículos 201, párrafo primero, fracción I, 202, párrafos primero y último, 203, párrafo primero y 205, párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales,(1) al establecer que sólo el Ministerio Público puede solicitar la apertura del procedimiento abreviado, contravienen el principio de acceso a la justicia en condiciones de igualdad, reconocido en los artículos 1o. y 20, apartado A, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(2)

I. ELEMENTOS NECESARIOS PARA RESOLVER

1. Hechos. El veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, aproximadamente a la una hora con cincuenta minutos, en la colonia **********, en **********, Sinaloa, elementos de la Policía Estatal Preventiva de **********, Sinaloa, se percataron que el señor ********** portaba una mochila azul con negro, mientras tripulaba sin casco de seguridad una motocicleta sin placas de circulación. El señor ********** al notar la presencia policial aceleró y metros adelante derrapó de la moto.

2. Los policías se acercaron al señor ********** para auxiliarlo y observaron que la mochila color azul con negro que traía estaba abierta y que en su interior contenía material con olor muy fuerte a marihuana. Al inspeccionarla descubrieron bolsas con características propias de metanfetamina, cocaína y marihuana, por esa razón lo detuvieron y pusieron a disposición del Ministerio Público. La droga encontrada al ser examinada pericialmente dio como resultado: 66.7 gramos de clorhidrato de metanfetamina, 29 gramos de clorhidrato de cocaína y 473.1 gramos de cannabis sativa.

3. Audiencia inicial (control de detención, formulación de imputación, vinculación a proceso e imposición de medida cautelar). El cinco de noviembre de dos mil dieciocho, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, en funciones de Juez de Control, calificó de legal la detención del señor ********** al actualizarse la hipótesis de flagrancia prevista en el artículo 146, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales;(3) lo vinculó a proceso por el hecho con apariencia de delito contra la salud en la modalidad de posesión de clorhidrato de metanfetamina, clorhidrato de cocaína y marihuana con fines de comercio en su variante de venta, previsto y sancionado en el artículo 195, párrafos primero y tercero, del Código Penal Federal;(4) y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en términos del artículo 167, fracción XI, del Código Nacional de Procedimientos Penales.(5)

4. Antes de concluir la audiencia, el Juez de Control preguntó a las partes si optarían por una salida anticipada. El defensor del señor ********** indicó que el deseo de su defendido era optar por el procedimiento abreviado y solicitó fijar fecha para la audiencia respectiva. La Fiscalía contestó que tendría que contar con la autorización de su superior. Ante esa cuestión, el Juez de Control fijó audiencia de procedimiento abreviado para el diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho.

5. Primera prórroga del procedimiento abreviado. En audiencia de diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, el Ministerio Público manifestó su voluntad de que el caso se resolviera a través del procedimiento abreviado, a cambio de la aceptación del quejoso le ofreció una pena de cuatro años dos meses de prisión. El quejoso y su defensa solicitaron que se reconsiderara dicha penalidad, razón por la cual el Juez de Control exhortó al delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de Sinaloa para que reconsiderara la pena ofrecida al señor **********, por lo que difirió la audiencia para el ocho de febrero de dos mil diecinueve.

6. El tres de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio **********, el delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de Sinaloa, le informó al Juez de Control que reconsideraría el análisis del proyecto de autorización del procedimiento abreviado; que en términos de los artículos 202 y 206, párrafo segundo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el procedimiento abreviado y la reducción de la pena mínima, es una facultad exclusiva del Ministerio Público y que no podrá imponerse una pena distinta o de mayor alcance a la solicitada por el Ministerio Público y aceptada por el imputado, sin que exista a favor del imputado el derecho de intervenir en la disminución de la pena.

7. Segunda prórroga del procedimiento abreviado. En audiencia de ocho de febrero de dos mil diecinueve, el agente del Ministerio Público expuso que conforme al artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales y el Acuerdo A/017/15 emitido por el entonces procurador general de la República, por el cual se establecen los criterios generales y el procedimiento que deberán observar los agentes del Ministerio Público de la Federación para solicitar la pena en el procedimiento abreviado, mantendría la penalidad propuesta, esto es, cuatro años, dos meses de prisión. El señor ********** y su defensa estuvieron inconformes con lo anterior. Por tal motivo, el Juez de Control determinó improcedente el procedimiento abreviado, estableció que la reducción de la pena debía ser menor y señaló que en caso de incumplimiento daría vista al supervisor jerárquico del Ministerio Público interviniente, por lo que difirió la audiencia para el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve.

8. Tercera prórroga del procedimiento abreviado. En audiencia de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, el agente del Ministerio Público realizó una nueva propuesta de pena de prisión consistente en cuatro años, un mes, quince días. El señor ********** y su defensa estuvieron en desacuerdo. El Juez de Control determinó que la pena de prisión correspondía a tres años, diez meses y quince días, por lo que dio vista al superior jerárquico del Ministerio Público y señaló que éste debía autorizar el proyecto de abreviación con la penalidad fijada por el órgano jurisdiccional, con el apercibimiento que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior daría vista al superior jerárquico de ambos servidores públicos, y fijó audiencia para el veintidós de abril de dos mil diecinueve.

9. Conclusión del procedimiento abreviado. En audiencia de veintidós de abril de dos mil diecinueve, el agente del Ministerio Público expresó que el delegado estatal de la Fiscalía General de la República, mediante oficio **********, informó que el señor ********** y su defensa no estaban de acuerdo en aceptar el procedimiento abreviado con base en la pena ofrecida por la Fiscalía, por lo que no se cumplían los supuestos para su procedencia en términos del artículo 201 del Código Nacional de Procedimientos Penales.(6) En consecuencia, el delegado estatal instó al Ministerio Público a continuar con el procedimiento penal ordinario, revocando la autorización de los anteriores proyectos de procedimiento abreviado. La defensa del señor ********** estuvo en desacuerdo con la determinación de la fiscalía. Al respecto, el Juez de Control determinó lo siguiente:

A. Debido a que el delegado estatal de la Fiscalía General de la República en Sinaloa no se ciñó a lo establecido en la audiencia de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve (en la cual se le indicó que debía autorizar el proyecto de tres años, diez meses y quince días), ordenó hacer efectivo el apercebimiento de dicha audiencia y dio vista al superior jerárquico del mencionado delegado estatal para las responsabilidades administrativas o penales que resultaran conducentes.

B. El artículo 201 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el procedimiento abreviado sólo puede ser solicitado por el Ministerio Público. Si bien el artículo 20, apartado A, fracción VII, constitucional, establece que si el acusado acepta la responsabilidad tendrá acceso a derechos en términos de lo que marque la ley, ésta indica que únicamente el fiscal es el único que puede hacer la solicitud del procedimiento abreviado.

C. Se vulnera el principio de imparcialidad si el Juez obliga a una de las partes a aceptar el procedimiento abreviado, pues en las audiencias de ocho de febrero y veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, sólo se dieron los lineamientos de cómo debía autorizarse el procedimiento abreviado, pero si la Fiscalía de la Federación ya no quiere negociar dicho procedimiento, el órgano jurisdiccional no puede obligarlo. Por tanto, no admitió la apertura del procedimiento abreviado.

10. Recurso de apelación. Contra la decisión anterior, el señor ********** interpuso recurso de apelación, que se radicó ante el Tercer Tribunal Unitario del Décimo Segundo Circuito, como toca penal **********. Mediante sentencia de siete de junio de dos mil diecinueve, dicho órgano jurisdiccional confirmó la resolución emitida en la audiencia celebrada el veintidós de abril de dos mil diecinueve por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, en funciones de Juez de Control, en la que no admitió abrir el procedimiento abreviado.

11. Amparo indirecto. Contra dicha resolución, el señor ********** promovió juicio de amparo indirecto contra las autoridades y actos siguientes:

A. Como ordenadora del acto reclamado al Tercer Tribunal Unitario del Décimo Segundo Circuito, por la resolución emitida en el toca penal ********** en la que se confirma la resolución dictada en audiencia celebrada el veintidós de abril de dos mil diecinueve, en la que se negó abrir el procedimiento abreviado.

B. Como autoridad ejecutora al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Sinaloa, en funciones de Juez de Control que el veintidós de abril de dos mil diecinueve, negó la apertura del procedimiento abreviado.

C. A la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y al presidente de la República, por ser las autoridades que intervinieron en la creación y promulgación de los artículos 201, párrafo primero, fracción I, 202, párrafos primero y último, 203, párrafo primero y 205 párrafo primero, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales.

12. El señor ********** planteó los conceptos de violación siguientes:

A. La negativa del procedimiento abreviado vulnera el derecho a una tutela judicial efectiva, porque el fiscal y su superior jerárquico por propia voluntad, no van a solicitar de nueva cuenta el procedimiento abreviado.

B. El fiscal externó su voluntad de celebrar el procedimiento abreviado y de someter el monto de la pena a la decisión jurisdiccional, por lo que el Juez estimó cuál debía ser la pena, cuyas determinaciones no fueron impugnadas por el fiscal. Por ende, eran obligatorias las decisiones judiciales de ocho de febrero y veintinueve de marzo de dos mil diecinueve.

C. El Ministerio Público no puede decidir de manera unilateral y sin haber interpuesto el recurso correspondiente, retirar la propuesta del procedimiento abreviado, máxime cuando ya había acordado ajustarse a la determinación del Juez de Control.

D. El Juez tiene facultades exclusivas en materia de imposición de penas, en términos del artículo 21 constitucional. Si bien el fiscal puede proponer una pena, el Juez es quien decide si dicha pena es correcta, proporcional, legal y adecuada, por ser uno de los derechos humanos del imputado, y porque así lo exige el artículo 1o. constitucional en relación con el artículo 134, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales.(7)

E. No se comparte el argumento relativo a que el Juez no puede obligar al Ministerio Público a solicitar el procedimiento abreviado, por ser imparcial. Al contrario, sería parcial si no obliga al fiscal y a su superior jerárquico a cumplir con la ley, pues el órgano acusador de manera voluntaria optó por someterse a la acción jurisdiccional.

F. De conformidad con el artículo 20, apartado A, fracción VII, constitucional,(8) el procedimiento abreviado debe cuidarse por el órgano jurisdiccional y todas las partes. Si en el caso se demostró que la pena propuesta por el fiscal era desproporcional, el Juez la debe ajustar en atención al principio de proporcionalidad, y si el imputado quiere el procedimiento abreviado, es lógico que el Juez tenga la facultad de dictar las medidas necesarias para que se lleve a cabo este medio de terminación anticipada del procedimiento.

G. Es obligación del fiscal y su superior promover el procedimiento abreviado. Por tanto, no es válido que el superior del fiscal retirara la propuesta del procedimiento abreviado si estaban dadas todas las condiciones para su celebración y no existe justificación para no abrirlo.

H. Los artículos 201, párrafo primero, fracción I, 202, párrafos primero y último, 203, párrafo primero, 205, párrafo primero, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales, deben ser desaplicados en la porción normativa que reserva la solicitud del procedimiento abreviado exclusivamente al Ministerio Público, el derecho puede ser ejercido por las partes en igualdad, no es congruente que sólo el Ministerio Público pueda hacer esa solicitud y el imputado quede a la deriva a lo que el representante social quiera, a pesar de que le ofrezca una pena desproporcionada.

I. El artículo 20 constitucional refleja que el procedimiento abreviado depende de la voluntad del imputado y lo señala como protagonista, sin indicar que el fiscal sea el único facultado para solicitar el procedimiento abreviado, ni que pueda oponerse a su realización o retirar la propuesta. Por lo que los artículos mencionados no se encuentran redactados de forma armónica con la Constitución Federal.

J. Considerar lo contrario implica negar al imputado el acceso a los mecanismos de terminación anticipada que la Constitución Federal establece como principio y derecho a su favor, lo que vulnera el derecho a la igualdad procesal, justicia pronta y expedita y a la celeridad y operatividad del sistema. Si el imputado desea abrir el procedimiento abreviado, a la luz del principio pro persona, debe celebrarse.

13. El Segundo Tribunal Unitario del Décimo Segundo Circuito radicó la demanda de amparo como **********, y mediante resolución de treinta de agosto de dos mil diecinueve determinó que se actualizaban las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Federal, y 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, a contrario sensu, de la Ley de Amparo,(9) con los argumentos siguientes:

• Falta de interés jurídico del señor **********.

A. La solicitud del procedimiento abreviado es una facultad potestativa del Ministerio Público, para ejercerla debe verificar que se cumplan con todos los requisitos que establece la ley, sin que el hecho de que se satisfagan los mismos resulte un imperativo para que la autoridad ministerial formule la solicitud correspondiente, porque el numeral 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al establecer la expresión normativa "podrá", le da la facultad discrecional a la autoridad ministerial para determinar si procede o no elevar la solicitud correspondiente ante la autoridad judicial, quien decide si concede o niega la forma de terminación anticipada del proceso.

B. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo directo en revisión 6389/2015, señaló que la labor del Juez de Control se constriñe a la verificación de los requisitos de procedencia para la autorización del procedimiento abreviado, de corroborar que la pena propuesta por el Ministerio Público sea acorde con las disposiciones legales aplicables, en términos del artículo 202, párrafos penúltimo y último, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Si el señor ********** y su defensor no aceptaron las penas propuestas por el Ministerio Público, y la autoridad ministerial revocó la autorización de los proyectos del procedimiento abreviado, efectivamente no existió el acuerdo necesario para la instauración del procedimiento solicitado.

C. Dado que el Ministerio Público determinó en ejercicio de su facultad discrecional que le otorga la ley, revocar la autorización de los proyectos del procedimiento abreviado, tal decisión no produce una afectación real y actual a los derechos sustantivos del señor **********, porque la solicitud para el procedimiento abreviado es una facultad que el legislador determinó que recayera únicamente en la institución ministerial.

D. El juicio de amparo es improcedente porque las partes no llegaron a un acuerdo, ni existe conformidad, conciliación o pacto entre el Ministerio Público y el señor ********** y su defensa, para dar por terminado anticipadamente el proceso.

E. Al no existir el acuerdo necesario para la instauración del procedimiento abreviado solicitado, no se ve afectada la esfera de derechos fundamentales del señor **********, ya que alude a un desacuerdo entre las partes del proceso en torno a las penas propuestas.

• La confirmación de la negativa de la apertura del procedimiento abreviado no es un acto que traiga aparejada una ejecución de imposible reparación.

F. La negativa de abrir el procedimiento abreviado, al afectar derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, implica la continuidad del proceso penal conforme al procedimiento ordinario. En su caso, esa violación podrá ser reparada si agotado el juicio oral se obtiene una sentencia absolutoria a favor del señor **********, con lo que quedaría reparada la violación y los posibles perjuicios que se le hubieren causado con la negativa de aperturar el procedimiento abreviado, de lo contrario, goza de los medios de defensa que la ley establece para controvertir ésta y las posibles violaciones cometidas en el procedimiento.

G. El procedimiento abreviado se puede solicitar desde que se dicte el auto de vinculación a proceso y hasta antes de la emisión del auto de apertura a juicio oral; lo que permite comprender que se trata de un acto que ocurre dentro del juicio en términos del artículo 170 de la Ley de Amparo,(10) ya que acontece después de la audiencia inicial.

H. Tampoco podría considerarse que aspirar a conseguir un beneficio como la reducción de la pena sea un derecho sustantivo que se vincule con la libertad de la persona, ya que no se tiene la certeza de que necesariamente el proceso deba concluir con la condena del imputado, sino que únicamente se refiere a una determinación de trámite de aperturar o no el procedimiento por una vía especial.

I. Argumento que se robustece con la doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desarrollada en el contexto del sistema penal tradicional, relativa a que los beneficios no constituyen derechos para las personas, ya que son una facultad y no una obligación para el juzgador, siempre que la negativa a la concesión del beneficio no importe alguna afectación de un derecho sustantivo. Esta lógica de beneficios es aplicable para el sistema de justicia penal acusatorio, debido a que la persona juzgadora, con independencia de que se le pueda concebir como una intermediaria, está en posibilidad de rechazar la tramitación del procedimiento abreviado si no se cumple con los requisitos de procedencia y efectividad. Apoya lo expuesto la tesis 1a. CCXII/2016 (10a.), de la Primera Sala, de rubro y texto: "PROCEDIMIENTO ABREVIADO. CONNOTACIÓN Y ALCANCES DEL PRESUPUESTO DE PROCEDENCIA CONSISTENTE EN QUE ‘EXISTEN MEDIOS DE CONVICCIÓN SUFICIENTES PARA CORROBORAR LA IMPUTACIÓN’, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 20, APARTADO A, FRACCIÓN VII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. En el precepto constitucional citado se establecen, entre otras cuestiones, que puede decretarse la terminación anticipada del proceso penal, si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito, y si ‘existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación’. Ahora bien, la locución ‘medios de convicción suficientes’ no puede confundirse, interpretarse o asignarle como sentido, que deba realizarse un ejercicio de valoración probatoria por parte del juzgador para tener por demostrada la acusación formulada por el Ministerio Público, porque la labor del Juez de Control se constriñe a figurar como un ente intermedio que funge como órgano de control para que se respete el debido proceso y no se vulneren los derechos procesales de las partes, y es quien debe determinar si la acusación contra el imputado contiene lógica argumentativa, a partir de corroborar que existan suficientes medios de convicción que la sustenten; es decir, que la aceptación del acusado de su participación en la comisión del delito no sea el único dato de prueba, sino que está relacionada con otros que le dan congruencia a las razones de la acusación. De no considerarse así, no tendría sentido contar con un procedimiento abreviado, pues éste se convertiría en un juicio oral un tanto simplificado, otorgándole la misma carga al juzgador de valorar los datos de prueba para comprobar la acusación y premiando al imputado con el beneficio de penas disminuidas. En esta posición, al Juez de Control le corresponde verificar que efectivamente se actualicen las condiciones presupuestales para la procedencia de la resolución anticipada de la controversia, entre ellas, la de analizar la congruencia, idoneidad, pertinencia y suficiencia de los medios de convicción invocados por el Ministerio Público en la acusación. En ese sentido, en el supuesto de que no existan medios de convicción suficientes para corroborar la acusación, es decir, que no tenga sustento lógico en otros datos diversos a la aceptación del acusado de haber participado en la comisión del delito, el juzgador estará en posibilidad de rechazar la tramitación del procedimiento abreviado. Consecuentemente, la decisión sobre la procedencia del procedimiento referido no depende del ejercicio de valoración de los medios de convicción con los que el Ministerio Público sustenta la acusación para afirmar la acreditación del delito y la demostración de culpabilidad del acusado, pues el Juez de Control no tiene por qué realizar un juicio de contraste para ponderar el valor probatorio de cada elemento y, a partir de este resultado, formarse convicción sobre la culpabilidad o inocencia del sentenciado, ya que ello está fuera de debate, porque así lo convinieron las partes. De esta manera, la locución referida deberá entenderse como la obligación del juzgador de revisar la congruencia, idoneidad, pertinencia y suficiencia de los medios de convicción reseñados por el Ministerio Público para sustentar la acusación, y uno de los requisitos previos a la admisión de la forma de terminación anticipada del proceso penal acusatorio."(11)

• Sobre la constitucionalidad de los artículos 201, párrafo primero, fracción I, 202, párrafos primero y último, 203, párrafo primero y 205, párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales.

J. En términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo,(12) sobreseyó en el juicio respecto de la impugnación de los artículos tildados de inconstitucionales, porque al ser improcedente el juicio respecto del acto de aplicación, también debe decretarse el sobreseimiento de los ordenamientos en los que se apoya.

14. Interposición del recurso de revisión. Inconforme con lo anterior, el señor **********, por conducto de su defensor, interpuso recurso de revisión, en el que estableció como agravios los siguientes:

A. Al no obtener el beneficio del procedimiento abreviado, sí existe un interés afectado, pues estaría libre desde hace tiempo si se hubiera autorizado dicha forma de terminación anticipada.

B. El Ministerio Público expresó su voluntad de celebrar el procedimiento abreviado en dos ocasiones, por lo que lo resuelto por el Juez relativo a la pena adecuada le era obligatorio. El Ministerio Público no podía retirar el acuerdo del procedimiento abreviado cuando no le favorezca.

C. La facultad discrecional de la fiscalía debe ejercerse bajo los principios de racionalidad, legalidad, objetividad y proporcionalidad. No se atendieron los conceptos de violación relativos a que, desde el punto de vista constitucional, la facultad del fiscal para solicitar el procedimiento abreviado vulnera el debido proceso.

D. Aunque en el procedimiento ordinario hubiera obtenido una sentencia absolutoria, el tiempo privado de su libertad es de imposible reparación.

E. La reducción de la pena es significativa porque con la impuesta en el procedimiento abreviado alcanzaría un beneficio, a lo que no tendría acceso de ser condenado en el procedimiento ordinario ya que la pena mínima de prisión es de cinco años.

F. El procedimiento abreviado no es una figura jurídica que se pueda comparar con los beneficios del sistema tradicional, por lo que no son aplicables las tesis que sobre esos beneficios existen.

15. Admisión y determinación del Tribunal Colegiado. El dos de julio de dos mil diecinueve, el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito admitió y lo registró como **********. En sesión de veintitrés de enero de dos mil veinte, el Tribunal Colegiado calificó como fundados los agravios del recurrente por lo que hace a las causales de improcedencia, en los términos siguientes:

A. El señor ********** sí tiene interés jurídico para reclamar la determinación mediante la cual se confirmó la negativa de abrir el procedimiento abreviado, pues la tarea del Juez de Control se constriñe en verificar los requisitos de procedencia para la autorización del procedimiento abreviado y corroborar que la pena propuesta por el Ministerio Público a los imputados sea acorde con las disposiciones legales aplicables, de conformidad con el artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

B. Es inexacto que confirmar la negativa de abrir el procedimiento abreviado no es un acto que traiga aparejada una ejecución de imposible reparación. La violación de los derechos del señor ********** es objetiva, ya que se encuentra detenido, y estaría libre si se le hubiera concedido el procedimiento abreviado, aun cuando en sentencia obtuviera una absolución, ese tiempo es de imposible reparación, porque además, esas circunstancias no se pueden hacer valer en sentencia por el criterio de cierre de etapas.

C. Una vez dictado el auto de apertura a juicio no es reparable en sentencia esa circunstancia, de manera que la lesión a los derechos del señor ********** no es formal, sino real, pues la reducción de la pena sí es significativa e implica necesariamente la libertad del nombrado. En el procedimiento abreviado se puede alcanzar ese beneficio, de otro modo sería condenado en juicio y se le impondría como pena mínima cinco años de prisión, aunado a que no existe la certeza de que será absolutoria la sentencia que se dicte.

D. Desestimó las causales de improcedencia propuestas por el presidente de la República, por conducto del director general de lo Contencioso y Procedimientos Constitucionales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en auxilio de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de dicha secretaría, concluyó que el señor ********** sí tiene interés jurídico para promover juicio de amparo indirecto ya que no estuvo de acuerdo con la pena de prisión propuesta por la fiscalía.

16. En esas condiciones, el Tribunal Colegiado revocó la sentencia recurrida, advirtió que no estaba pendiente de estudio alguna otra causal de improcedencia y remitió los autos a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al subsistir el problema de constitucionalidad de los artículos 201, párrafo primero, fracción I, 202, párrafos primero y último, 203, párrafo primero, y 205, párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales.

17. Trámite en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recibidos los autos en esta Suprema Corte, por acuerdo de la presidencia de dieciocho de mayo de dos mil veinte, se asumió la competencia originaria para conocer del recurso de revisión, se ordenó su radicación en esta Primera Sala y se turnó a la ponencia de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat.

18. Mediante auto de veintiséis de octubre de dos mil veinte, el entonces Ministro presidente de esta Primera Sala tuvo por recibido el expediente, señaló que la Sala se avocaba al conocimiento del asunto y ordenó enviar los autos a la Ministra ponente.

19. Acuerdo mediante el cual se informa el estatus del procedimiento ordinario en contra del señor **********. El administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, mediante oficio presentado el nueve de febrero de dos mil veintiuno ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, comunicó a este Alto Tribunal que el seño

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30586-77dad186/suspension-en-el-procedimiento-abreviado-por-evasion-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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