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Modo: Corpus Pro

SENTENCIA DE AMPARO, EFECTOS DE LA. CUANDO SE DETERMINE QUE SE VULNERÓ LA GARANTÍA DE AUDIENCIA POR NO HABERSE SEGUIDO PROCEDIMIENTO ALGUNO RESPECTO A LA SEPARACIÓN, REMOCIÓN, BAJA, CESE O CUALQUIER OTRA FORMA DE TERMINACIÓN DEL SERVICIO DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, LOS PERITOS Y LOS MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES DEL ESTADO DE PUEBLA Y SUS MUNICIPIOS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 7/2015. · Registro digital (IUS): 26210
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2016-03-18
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II, Pág. 1488.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 7/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER, EL SEGUNDO Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO. 15 DE DICIEMBRE DE 2015. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ FRANCISCO CILIA LÓPEZ Y MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ GONZÁLEZ. DISIDENTE Y PONENTE: DIÓGENES CRUZ FIGUEROA. ENCARGADO DEL ENGROSE: JOSÉ FRANCISCO CILIA LÓPEZ. SECRETARIA: KRYSTELL DÍAZ BARRIENTOS.

San Andrés Cholula, Puebla, acuerdo del Pleno en Materia Administrativa del Sexto Circuito, correspondiente a la sesión de quince de diciembre de dos mil quince.

VISTOS para resolver los autos del expediente número 7/2015, relativo a la contradicción de tesis suscitada entre los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Sexto Circuito, denunciada por el presidente del Primer Tribunal Colegiado en la materia y circuito citados; y,

RESULTANDO:

PRIMERO.-Denuncia de la contradicción. Mediante oficio recibido el veintiocho de septiembre de dos mil quince, por la secretaria de Acuerdos del Pleno en Materia Administrativa del Sexto Circuito, el Magistrado José Eduardo Téllez Espinoza, presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de este circuito denunció la posible contradicción entre el criterio sustentado, al resolver el amparo en revisión RA. 113/2015 y el del Tercer Tribunal Colegiado de la misma especialidad y circuito, al fallar el amparo en revisión 48/2015 (fojas 1 y 2).

SEGUNDO.-Radicación. El día siguiente (fojas 43 y 44), el presidente del Pleno en Materia Administrativa del Sexto Circuito ordenó formar y registrar el expediente relativo con el número contradicción de tesis 7/2015; solicitó a la presidencia del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del referido circuito copia certificada de la ejecutoria emitida en el medio de defensa motivo de la denuncia de contradicción, al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del mismo circuito informara si había emitido algún criterio en relación con el tema contendiente, además, a la totalidad de los Tribunales Colegiados de la misma materia y circuito enviaran los archivos electrónicos correspondientes e indicaran si se encontraban vigentes los criterios contendientes o, en su caso, la causa para tenerlos por superados o abandonados.

TERCERO.-Trámite. Por oficio I-817/2015, el secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito participó el acuerdo al presidente de dicho tribunal del que se aprecia que informó que el criterio sustentado en el amparo en revisión RA. 113/2015 continuaba vigente (foja 47); mediante diverso T-104/2015 (foja 48), la presidenta del Segundo Tribunal Colegiado de la especialidad y circuito comunicó que dicho órgano sí había emitido criterio en relación con el tema de la contradicción y remitió copia certificada de la ejecutoria pronunciada en el amparo en revisión AR. 166/2015 (fojas 49 a 64); mientras que la secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado antes referido, por oficio 2683-II-2015 también hizo del conocimiento el acuerdo del presidente de tal órgano colegiado por el que informó que su criterio seguía vigente y remitió la copia certificada requerida (fojas 65 a 125); comunicaciones que se acordaron el dos de octubre posterior.

Mediante diverso oficio T-105/2015, la presidenta del Segundo Tribunal mencionado comunicó que el criterio sostenido por dicho órgano colegiado continuaba vigente.

CUARTO.-Turno. El seis de octubre de dos mil quince (fojas 131 y 132) se turnó el asunto al Magistrado Diógenes Cruz Figueroa, en su calidad de integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito y del Pleno de la propia especialidad y circuito, a fin de que formulara el proyecto de ejecutoria correspondiente; y en la sesión de quince de diciembre de la misma anualidad, se determinó por este Pleno de Circuito, que el Magistrado José Francisco Cilia López, elaborara el engrose de la presente resolución.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Sexto Circuito es competente para conocer de la posible contradicción de tesis denunciada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo y 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en atención a que los asuntos de los que deriva la contradicción se emitieron por Tribunales Colegiados en Materia Administrativa de este Sexto Circuito.

SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo establecido en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por el presidente de uno de los tribunales contendientes.

TERCERO.-Consideraciones de los Tribunales Colegiados. Las consideraciones que expusieron los Tribunales Colegiados de Circuito, en las ejecutorias de las que derivaron los criterios que se estiman discrepantes, son las siguientes:

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver el amparo en revisión RA. 113/2015, el ocho de julio de dos mil quince (fojas 23 a 41), en lo conducente estimó:

"En el segundo agravio (fojas 9 y 10), la autoridad recurrente cuestiona los efectos del fallo protector, al señalar que éste es incorrecto al haber sido superado por la jurisprudencia 103/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘SEGURIDAD PÚBLICA. EL ALCANCE DEL AMPARO CONTRA LA SEPARACIÓN, REMOCIÓN, BAJA, CESE O CUALQUIERA OTRA FORMA DE TERMINACIÓN DEL SERVICIO DE MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, POR VICIOS DE FORMA, QUE CONLLEVEN A LA REPOSICIÓN DEL PROCESO, NO OBLIGA A LA AUTORIDAD RESPONSABLE A PAGAR LA INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y LAS DEMÁS PRESTACIONES A QUE EL QUEJOSO TENGA DERECHO.’ (se transcribe).-Es fundado el agravio así formulado, toda vez que éste se encuentra vinculado con los efectos de la sentencia de amparo, en cuanto al pago de la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho el quejoso, en términos del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, motivo por el cual deberán modificarse los efectos de la concesión de amparo.-Ello es así, puesto que en la especie se advierte la violación de la que se duele la autoridad recurrente, por cuanto hace a la incorrecta precisión de los alcances del amparo concedido por el Juez de Distrito, que los fijó en los siguientes términos: ‘... En vista de lo anterior lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso **********, respecto de los actos reclamados al director general Jurídico, Consultivo y de Estudios Legislativos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, para el efecto a que se refiere el artículo 123, apartado B, fracción XIII, constitucional, esto es, para que se le indemnice y se le paguen las demás prestaciones a que tuviere derecho, en términos de lo sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 103/2012, así como las tesis 2a. LX/2012 y 2a. LXIX/2011, transcritas en esta determinación desde la fecha en que se concretó su separación, cese remoción o baja y hasta el día en que se cumpla con la presente sentencia de amparo, para lo cual deberá cuantificarse la cantidad a pagar independientemente de la cantidad de cincuenta y seis mil, novecientos treinta y un pesos con setenta y cuatro centavos, que fue puesta a su disposición el trece de octubre de dos mil catorce; y en caso de haber sido entregada al quejoso, la misma deberá descontarse del total que resulte.-Concesión que se hace extensiva a los actos reclamados al director general administrativo de la Procuraduría General de Justicia del Estado, los cuales no se reclamaron por vicios propios.-Es aplicable al caso particular la jurisprudencia número 103/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIV, Tomo 2, noviembre de 2012, página 1517, materias constitucional y común, Décima Época, registro 2002199, del tenor siguiente: ‘SEGURIDAD PÚBLICA. LA SENTENCIA EN LA QUE SE CONCEDE EL AMPARO CONTRA LA SEPARACIÓN, REMOCIÓN, BAJA, CESE O CUALQUIER OTRA FORMA DE TERMINACIÓN DEL SERVICIO DE MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE AUDIENCIA, DEBE CONSTREÑIR A LA AUTORIDAD RESPONSABLE A PAGAR LA INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y LAS DEMÁS PRESTACIONES A QUE EL QUEJOSO TENGA DERECHO.’ (la transcribe).-En vista de lo anterior lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso **********, respecto de los actos reclamados al director general Jurídico, Consultivo y de Estudios Legislativos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, para el efecto a que se refiere el artículo 123, apartado B, fracción XIII, constitucional, esto es, para que se le indemnice y se le paguen las demás prestaciones a que tuviere derecho, en términos de lo sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 103/2012, así como las tesis 2a. LX/2012 y 2a. LXIX/2011, transcritas en esta determinación desde la fecha en que se concretó su separación, cese remoción o baja y hasta el día en que se cumpla con la presente sentencia de amparo, para lo cual deberá cuantificarse la cantidad a pagar independientemente de la cantidad de cincuenta y seis mil, novecientos treinta y un pesos con setenta y cuatro centavos, que fue puesta a su disposición el trece de octubre de dos mil catorce; y en caso de haber sido entregada al quejoso, la misma deberá descontarse del total que resulte.-Concesión que se hace extensiva a los actos reclamados al director general administrativo de la Procuraduría General de Justicia del Estado, los cuales no se reclamaron por vicios propios.-Es aplicable al caso particular la jurisprudencia número 103/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIV, Tomo 2, noviembre de 2012, página 1517, materias constitucional y común, Décima Época, registro 2002199, del tenor siguiente: ‘SEGURIDAD PÚBLICA. LA SENTENCIA EN LA QUE SE CONCEDE EL AMPARO CONTRA LA SEPARACIÓN, REMOCIÓN, BAJA, CESE O CUALQUIER OTRA FORMA DE TERMINACIÓN DEL SERVICIO DE MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE AUDIENCIA, DEBE CONSTREÑIR A LA AUTORIDAD RESPONSABLE A PAGAR LA INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y LAS DEMÁS PRESTACIONES A QUE EL QUEJOSO TENGA DERECHO.’ (la transcribe).-De igual forma es aplicable la tesis aislada LX/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, junio de 2011, página 428, materia administrativa, Novena Época, registro 2001770 que dice: ‘SEGURIDAD PÚBLICA. INTERPRETACIÓN DEL ENUNCIADO «Y DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO», CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008.’ (la transcribe).-También es aplicable al caso la tesis LXIX/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, agosto de 2011, página 531, materia administrativa, Novena Época, del siguiente tenor: ‘SEGURIDAD PÚBLICA. MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008.’ (la transcribe) (fojas 216 vuelta a 218 frente).-Al respecto, cabe destacar tal como lo aduce la autoridad recurrente que en una reflexión complementaria alrededor del criterio inserto en la jurisprudencia 103/2012 (10a.), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que la prohibición contenida en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para reinstalar a los miembros de la instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, es absoluta, con independencia de la razón que haya motivado la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio, imposibilidad que podrá compensarse con el pago de la indemnización respectiva y de las demás prestaciones a que tenga derecho, pero sólo en el caso de que se obtenga una resolución favorable que se pronuncie en relación al fondo, en la que se ponga de manifiesto que la separación fue injustificada, no así cuando la resolución favorable obedezca a vicios formales.-La parte conducente de la ejecutoria correspondiente, contenida en el recurso de inconformidad 87/2013, consultable en la Red Jurídica Nacional, a fojas 15 a 30 señala lo siguiente: ‘... 33. Con ese objeto se trae a cuenta el criterio sostenido por esta Segunda Sala alrededor del tema, principalmente desglosado a lo largo de la resolución recaída en la contradicción de tesis 253/2012, donde precisamente el tema en contienda se redujo a definir: «Si como efecto de una sentencia de amparo que concede la protección constitucional en contra de la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio de algún miembro de una institución policial de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, por violación al derecho de audiencia contenido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe o no ordenarse a la autoridad responsable que pague la indemnización prevista en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la propia Constitución Federal y demás prestaciones a que el quejoso tenga «derecho».-34. En respuesta a esa interrogante, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó el contenido de dicho dispositivo constitucional, asegurando que de éste se desprendían dos enunciados jurídicos, a saber, por un lado, que los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, pueden ser separados de su cargo si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes señalen para permanecer en el servicio, o bien, removidos por causa de responsabilidad en el desempeño de sus funciones; y por otro, que si una autoridad jurisdiccional determina que fue injustificada la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que los miembros de las instituciones policiales tengan derecho, sin que en ningún caso proceda la reincorporación al servicio.-35. Después, atravesó por la referencia a diversos precedentes emitidos por la propia Segunda Sala, relacionados con ese tópico, específicamente los relativos a las contradicciones de tesis 21/2010, 489/2011, así como a los amparos directos en revisión 888/2011, 1051/2012, 685/2012, 994/2012 y 1344/2012, respectivamente, de donde extrajo, en lo que importa, las siguientes ideas: • La prohibición contenida en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de reinstalar o reincorporar a los miembros de instituciones, policiales es absoluta (con independencia de la razón del cese o baja).-• La imposibilidad de reinstalación en esas condiciones se compensaría con el pago de la indemnización respectiva.-• El enunciado «y demás prestaciones a que tenga derecho», contenido en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, forma parte de la obligación resarcitoria del Estado y debe interpretarse como el deber de pagar la remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el servidor público por la prestación de sus servicios, desde que se concretó su separación, cese, remoción o baja, y hasta que se realice el pago correspondiente.-• Ante la falta de norma que señale el monto de la indemnización prevista en la fracción XIII del apartado B, debe hacerse una aplicación analógica de la fracción XXII del apartado A, ambos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que se haga efectivo el derecho constitucional a la indemnización que la Ley Fundamental otorga a los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales que sean separados injustificadamente de su cargo; es decir, por ese concepto (indemnización) debe cubrirse el pago de tres meses de su remuneración.-• Las vacaciones, la prima vacacional y el aguinaldo, son conceptos que se encuentran comprendidos dentro del enunciado «y demás prestaciones a que tenga derecho», contenido en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho.-• En caso de que los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios sean separados o removidos de su cargo, bajo ningún supuesto, procederá su reinstalación o restitución, aun cuando el servidor público interponga un medio de defensa en contra de su remoción, cese o separación, y logre obtener una sentencia favorable, ya sea por vicios de procedimiento que propicien la reposición del procedimiento, como por una decisión de fondo, siendo procedente, en tales casos, únicamente su indemnización y demás prestaciones a que tengan derecho.-36. A partir de la esencia de esas consideraciones, en el precedente en mención se concluyó que cuando la autoridad jurisdiccional resuelve que es injustificado el acto o resolución que determinó la separación, remoción, baja o cese de los miembros de los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, sea por vicios de procedimiento que propicien su reposición o por una decisión de fondo, existe la imposibilidad constitucional de reincorporar a éstos en sus funciones; es dable considerar que la sentencia que concede el amparo a esos servidores públicos contra el acto que se traduce en la terminación de la relación administrativa existente entre ellos y el Estado, por violación al derecho de audiencia contenido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no puede, en términos de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley de Amparo, ordenar el restablecimiento de las cosas al exacto estado en que se encontraban hasta antes de la separación, cese, remoción o baja declarada injustificada por el juzgador federal.-37. Entonces, para compensar el hecho de que los miembros de las instituciones policiales cesados no pueden ser reinstalados o reincorporados al servicio público, por exigencia del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal, la sentencia de amparo debe reconocer expresamente la obligación del Estado de resarcir a los quejosos tanto de los daños originados por la prohibición de seguir prestando sus servicios en la institución correspondiente, como de los perjuicios, esto es, obligar a la autoridad responsable a otorgarles la indemnización y pagarles las demás prestaciones a que aquéllos tengan derecho.-38. En ese sentido se dijo que los efectos de la sentencia que concede el amparo y protección de la Justicia Federal contra la separación, cese, remoción o baja de los miembros de las instituciones policiales, por cuestiones formales como es la violación al derecho de audiencia no deben consistir única y exclusivamente en ordenar a la autoridad responsable a que subsane la violación procesal cometida y dejar sin efectos los actos que hayan derivado del declarado inconstitucional, sino también, en términos de lo dispuesto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constreñir a la autoridad responsable resarza de manera integral el derecho del que se vio privado el servidor público, mediante el pago de la indemnización respe

tiva y de las prestaciones a que tenga derecho, ya que sólo de esa manera se compensa el que no sea posible la reinstalación.-39. Lo anterior, se destacó, porque si bien es verdad que cuando se concede el amparo por cuestiones formales, no se hace una calificativa de fondo sobre la separación, cese, remoción o baja de los miembros de las instituciones policiales, también lo es que la concesión en esos términos implica que la terminación del vínculo administrativo correspondiente se considere injustificada, dado que la validez de una resolución supone el cumplimiento de las formalidades procesales respectivas.-40. Los razonamientos reseñados dieron lugar a la tesis de jurisprudencia de rubro: «SEGURIDAD PÚBLICA. LA SENTENCIA EN LA QUE SE CONCEDE EL AMPARO CONTRA LA SEPARACIÓN, REMOCIÓN, BAJA, CESE O CUALQUIER OTRA FORMA DE TERMINACIÓN DEL SERVICIO DE MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE AUDIENCIA, DEBE CONSTREÑIR A LA AUTORIDAD RESPONSABLE A PAGAR LA INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y LAS DEMÁS PRESTACIONES A QUE EL QUEJOSO TENGA DERECHO.» (se transcribe).-41. De lo hasta aquí expuesto, sobre la base del conocimiento del criterio transcrito, es fácil desprender que la prohibición dispuesta en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (de reinstalar o reincorporar a los miembros de instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios) es absoluta, con independencia de la razón del cese o baja; siendo que, en esos supuestos, la imposibilidad de reinstalación se compensará con el pago de la indemnización respectiva y de las demás prestaciones a que se tenga derecho.-42. En complemento de la vigencia de esa premisa, a partir de una reflexión adicional sobre el contenido del criterio referido, esta Segunda Sala encuentra que en los supuestos aludidos, la obtención de un fallo de amparo favorable por la presencia de vicios de forma, que conlleve la reposición del procedimiento, no acarrea, como efecto inmediato, el pago de la indemnización y las demás prestaciones a que tenga derecho el quejoso.-43. Esta postura complementaria se revela, de manera central, a partir de la justificación y propósito que en el contexto constitucional guarda esa obligación de pago a cargo del Estado, contenida en el precepto de mérito, que establece: (se transcribe).-44. Al respecto, como quedó explicado en párrafos precedentes, no cabe duda que la causa última que decantó la inserción de la citada obligación en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, párrafo segundo, constitucional derivó de la necesidad de atemperar la prohibición absoluta ahí dispuesta, la cual, en cualquier caso y con independencia del motivo que hubiera provocado la baja o cese, impide la reincorporación del servidor en el cargo que ocupaba.-45. Empero, como también se obtiene del precepto en comento, la actualización de dicha obligación no opera de manera directa frente a la mera presencia de la prohibición citada, pues su configuración se encuentra condicionada, en todo caso, a la calificación jurisdiccional sobre lo justificado o no del acto que hubiera propiciado la alteración del derecho que previo al cese o terminación de la relación administrativa se poseía.-46. Precisamente por eso, esta Segunda Sala ha interpretado que la previsión en el pago de la indemnización y demás prestaciones a que en esos casos puede accederse se diseña como una medida resarcitoria, que deriva, en estricto sentido, de la responsabilidad administrativa en que puede incurrir la autoridad al actuar jurídicamente de manera injustificada en la determinación sobre el cese de un miembro del servicio policial, que por ningún motivo podrá reincorporarse a su cargo.-47. Esa consideración se sustentó, de modo importante, al resolverse el amparo directo en revisión 1051/2011, donde esta Segunda Sala, al ubicar la naturaleza del pago de la indemnización y de las demás prestaciones referidas en la fracción XIII, del apartado B, el artículo 123 constitucional, señaló, entre otras consideraciones, que: «Pues bien, visto que la finalidad y razón principal de la reforma constitucional es la prohibición absoluta de reincorporación al servicio de los miembros de instituciones policiales de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y Municipios, incluso en caso de que la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada; entonces, la consecuencia de la actualización de este supuesto es, justamente, la obligación del Estado de resarcir al servidor público con el pago de una indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho.-En esa virtud, resulta claro visualizar que la conexión lógica, jurídica y necesaria entre el primer supuesto del enunciado normativo -prohibición absoluta de no reincorporar a los miembros de instituciones policiales, aunque se resuelva injustificada la separación-, y de la porción normativa que se analiza -«y demás prestaciones a que tenga derecho»-, es la definición del concepto de resarcimiento como obligación del Estado ante el acto considerado injustificado por autoridad jurisdiccional.-Es decir, la porción normativa que se analiza tiene como antecedente un imperativo categórico: la imposibilidad absoluta de reincorporar a un elemento de los cuerpos de seguridad pública, aun cuando la autoridad jurisdiccional haya resuelto injustificado el acto o resolución en que se determinó la separación, remoción, baja o cese.-Por tanto, la actualización de ese supuesto constitucional implica, como consecuencia lógica y jurídica, la obligación del Estado de resarcir al servidor público ante la imposibilidad de no reincorporarlo, mediante el pago de una «indemnización» y «demás prestaciones a que tenga derecho»; de suerte que el sentido jurídico constitucional del enunciado analizado deba verse a través de lo que se entiende por la obligación del Estado a resarcir, pues incluso así fue como lo vislumbró el Poder Constituyente cuando acotó, en el dictamen de la Cámara de Diputados, que «en tales supuestos, sí estará obligado a resarcir al afectado con una indemnización».-Por definición, resarcir significa indemnizar, reparar, compensar un daño, perjuicio o agravio (Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia Española, vigésima primera edición, tomo II, página 1779).-Entonces, como el poder reformador de la Constitución Federal previó que el Estado podía incurrir en responsabilidad administrativa, ante la imposibilidad constitucional de reincorporar a los miembros de instituciones policiales, cuando la autoridad jurisdiccional resuelva injustificado el acto o resolución que determinó la separación, remoción, baja o cese; estableció la obligación de resarcir tanto el daño originado por la prohibición de seguir prestando sus servicios en la institución, como los perjuicios que se traducen en el impedimento de obtener la contraprestación a que tendría derecho si no hubiese sido separado.-No queda duda que la indemnización prevista en la norma constitucional que se analiza, tiene por finalidad cubrir el daño provocado por el acto del Estado declarado injustificado; en tanto que, la obligación de pagar «las demás prestaciones a que tenga derecho» el servidor público, como supuesto normativo, busca satisfacer los perjuicios ocasionados por ese acto, y que se encuentra cargado del mismo sentido jurídico previsto por el poder reformador, compensar o reparar las consecuencias de ese acto del Estado.».-«Así las cosas, como la intención del Constituyente Permanente fue imponer al Estado la obligación de resarcir al servidor público, miembro de alguna institución policial, ante el evento de que no pueda ser reincorporado, a pesar de que el acto de remoción sea calificado, por resolución firme de autoridad jurisdiccional, como injustificado, el enunciado normativo «y demás prestaciones a que tenga derecho», forma parte de esa obligación y debe interpretarse como el deber de pagarle la remuneración diaria ordinaria, así como beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones, o cualquier otro concepto que percibía por la prestación de sus servicios, desde el momento en que se concretó la separación, cese, remoción o baja, y hasta que se realice el pago correspondiente.».-48. Siendo esa la dimensión sobre la que descansa la obligación a cargo del Estado respecto al pago de la indemnización y demás prestaciones a que pueda accederse en los casos ya señalados, es claro que, por ende, lo verdaderamente relevante para su materialización es la definición sobre la injustificada afectación a la sustancia de un derecho originalmente detentado, que no podrá verse restituido en cualquier caso ante la latencia de la pr

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26210-56e26fb8/sentencia-de-amparo-efectos-de-la-cuando-se · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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