ABOGADO PATRONO DESIGNADO EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 94 Y 95 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL DEL ESTADO DE GUERRERO. SÓLO PUEDE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO, A NOMBRE DE SU AUTORIZANTE, SI SE LE FACULTÓ EXPRESAMENTE PARA ELLO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO, Y EL PRIMERO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA NOVENA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN ZACATECAS, ZACATECAS. 28 DE OCTUBRE DE 2015. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ LUIS ARROYO ALCÁNTAR, JOSÉ MORALES CONTRERAS, GERARDO DÁVILA GAONA, BERNARDINO CARMONA LEÓN Y FERNANDO RODRÍGUEZ ESCÁRCEGA. PONENTE: FERNANDO RODRÍGUEZ ESCÁRCEGA. SECRETARIO: JOSÉ HERNÁNDEZ VILLEGAS.
Acapulco, Guerrero. Acuerdo del Pleno del Vigésimo Primer Circuito, correspondiente al día veintiocho de octubre de dos mil quince.
RESULTANDO:
PRIMERO.-Por oficio recibido el dos de junio de dos mil quince, en la Oficialía de Correspondencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, los Magistrados José Luis García Vasco, José Morales Contreras, así como la secretaria en funciones de Magistrada Karla Gabriela Castañón Flores, denunciaron la posible contradicción de criterios entre los sustentados por el Primer y el Segundo Tribunales Colegiados, ambos en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, y el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, al resolver, el primero de ellos, el recurso de reclamación civil **********, el segundo, el amparo directo civil ********** y, el tercero, el amparo directo civil ********** (**********).
SEGUNDO.-Por auto de tres de junio de dos mil quince, el Pleno del Vigésimo Primer Circuito, con fundamento en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III y 227, fracción III, de la Ley de Amparo vigente, 41 Bis, 41 Ter, fracción I y 41 Quáter 1, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 14, fracción VI, del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, asumió jurisdicción para conocer y resolver de la contradicción de tesis en cuestión; por lo que ordenó formar el expediente respectivo y su registro en el Libro de Gobierno como contradicción de tesis número **********.
Por último, en auto de trece de julio de dos mil quince, el Magistrado presidente del Pleno del Vigésimo Primer Circuito, con fundamento en el artículo 14, fracciones VI y VII, del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, ordenó turnar para resolución el expediente de contradicción de tesis 5/2015 a la Magistrada María del Carmen Torres Medina, integrante del Pleno del Vigésimo Primer Circuito, en representación del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo de este circuito; posteriormente, por cambio de la Magistrada ponente, en acuerdo de diecinueve de agosto de dos mil quince, se returnó el asunto al Magistrado Fernando Rodríguez Escárcega.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-El Pleno del Vigésimo Primer Circuito es competente para conocer de la posible contradicción de tesis denunciada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo vigente, 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 14, fracción VI, del Acuerdo General 14/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en atención a que los asuntos de los que deriva el posible punto de contradicción de tesis son materia de la competencia del Pleno del Vigésimo Primer Circuito.
SEGUNDO.-La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo establecido en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por los Magistrados José Luis García Vasco, José Morales Contreras, así como Karla Gabriela Castañón Flores, secretaria en funciones de Magistrada de Circuito, integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, quienes resolvieron el amparo directo civil **********.
TERCERO.-En primer lugar, es conveniente tener en cuenta lo que los Tribunales Colegiados de Circuito que participan en esta contradicción de tesis expusieron en las ejecutorias de las que derivan los criterios que el denunciante estima divergentes.
El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, al fallar el catorce de abril de dos mil quince, el amparo directo civil número **********, en la parte que interesa al presente estudio, consideró lo que a continuación se transcribe:
"CUARTO.-En consonancia con las precisiones expuestas por la parte tercero interesada, el Pleno de este órgano colegiado estima que, en la especie, se actualiza causa de improcedencia de la acción de amparo que impide examinar el fondo de la controversia constitucional propuesta.
"En efecto, respecto del rubro de legitimación, de la demanda de amparo directo se aprecia que quien instó en la vía constitucional lo fue **********, a nombre de **********, sin que jurídicamente se encuentre legitimado para promover el medio extraordinario de defensa.
"Lo anterior, porque de la instrumental de actuaciones que se deriva del juicio de origen se aprecia que al primero de los nombrados se le reconoció en la instancia natural el carácter de abogado patrono, al tenor del auto de tres de junio de dos mil once, que es de la literalidad siguiente:
"‘Acapulco, Guerrero, a tres de junio de dos mil once.
"‘Por presentado a **********, por su propio derecho, con su escrito, documentos y copias simples que acompaña, por medio del cual en la vía ordinaria civil y en ejercicio de la acción personal proforma para el otorgamiento y firma de escritura, demanda de ********** y delegado del Registro Público de la Propiedad. Las prestaciones que indica. Ahora bien y tomando en cuenta que la demanda reúne los requisitos exigidos por la ley, se adjuntaron los documentos base de la acción, conforme a las reglas de competencia este juzgado puede avocarse al conocimiento del litigio y la vía intentada es la procedente. En tal virtud, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 232, 233, 234, 238, 257, fracciones I, II y V, y demás aplicables del Código Procesal Civil del Estado, se admite a trámite la demanda, en la vía y forma propuesta; fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este registro (sic) en el Libro de Gobierno que se lleva en este juzgado, bajo el número **********, que legalmente le corresponde. Con las copias simples de la demanda, así como de los documentos debidamente sellados y cotejados, por conducto de la secretaria actuaria de este juzgado, córrase traslado y emplácese legalmente a juicio a los demandados para que dentro de un término individual de nueve días hábiles, produzcan su contestación, con el apercibimiento que de no hacerlo, se les tendrá por presuntivamente admitidos los hechos que se dejaron de contestar. Asimismo, se le previene para que señalen domicilio en esta ciudad, donde oír y recibir notificaciones, en caso concreto, todas las ulteriores notificaciones, aun las de carácter personal, se le harán saber mediante cédula que se fije en los estrados del juzgado, con excepción de la sentencia definitiva que deberá notificarse personalmente al rebelde. Por autorizado el domicilio procesal para oír y recibir notificaciones, facultando como sus abogados patronos a **********, **********, ********** y **********, no así a ********** y **********, toda vez que éstos no cuentan con cédula profesional registrada en el Libro de Gobierno que para tal efecto se lleva en este juzgado, quienes sólo quedan autorizados para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Artículos 94, 95, 98, 147 y 150 del Código Civil adjetivo.
"‘No pasa desapercibido para el suscrito juzgador que los documentos base de la acción, son los recibos de pago de fecha veinte de agosto de mil novecientos noventa y seis y veintiuno de agosto del año dos mil; documentales con las cuales el promovente dice acreditar el pago total del bien, requisito exigido por la ley en relación a que, para la compraventa el precio pactado sea cierto y en dinero y que por virtud de dicho pago, le deviene el derecho para demandar.
"‘Viene en apoyo de lo anterior, por razón de idea, la tesis aislada, emitida por el Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tesis XVII.26 C, Tomo XXVI, julio de 2007, página 2446, de rubro y texto siguientes:
"‘«ACCIÓN PROFORMA. PARA SU PROCEDENCIA DEBE ACREDITARSE LA REALIZACIÓN DE UN CONTRATO CON TODOS LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEY (COMPRAVENTA).-La acción proforma procede cuando la ley exija determinada forma para un contrato y ésta no se hubiere realizado; de manera que como requisito de procedencia de la acción está acreditar la voluntad de las partes para celebrarlo lo cual debe constar de manera fehaciente, para que cualquiera de ellas pueda exigir que se dé al contrato la forma requerida por la ley, como pudiera ser que el obligado extienda la escritura correspondiente del acto jurídico realizado de modo informal. Así, en tratándose del contrato de compraventa, para que proceda dicha acción debe acreditarse por parte interesada en forma fehaciente, para que se produzca el otorgamiento en escritura pública, la existencia de los elementos constitutivos de la compraventa, entre otros, que el precio pactado sea cierto y en dinero; pues de no ser así, quedaría improbado el cumplimiento de tal elemento constitutivo y, consecuentemente, que exista convención que pudiera elevarse a escritura pública.»
"‘Tiene aplicación al presente caso, la jurisprudencia pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, tesis III.2o.C. J/8, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, septiembre de 2000, página 598, que literalmente dice:
"‘«ACCIÓN PROFORMA. AL EJERCERLA DEBE ACREDITARSE EL PAGO TOTAL DEL ADEUDO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).-Una recta comprensión del artículo 23 de la ley del enjuiciamiento civil del Estado de Jalisco, que concede derecho al perjudicado por falta de título legal para exigir que el obligado le extienda el documento correspondiente, nos lleva al convencimiento de que, para que prospere en juicio la acción proforma de que habla dicho numeral, es necesario que el actor acredite en el procedimiento haber pagado la totalidad del precio convenido, porque es a partir de entonces que nace el derecho para demandar el cumplimiento del contrato suscrito por el demandado.».’
"Debe decirse que la legitimación ad procesum en el juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe ser analizado de oficio, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, en relación con los dispositivos 61, fracción XXIII, del propio cuerpo normativo y 107, fracción I, constitucional.
"Cobra aplicación el criterio siguiente:
"‘PERSONALIDAD EN EL AMPARO.-No es necesario que una de las partes en el amparo objete la personalidad de la otra para que el Juez que conoce de un procedimiento proceda a examinar la cuestión, ya que la materia relativa a personalidad es de derecho público y siempre debe ser examinada de oficio.’(1)
"En este caso, como se dijo precedentemente, ********** carece de legitimación ad procesum para promover este juicio de amparo, en cuanto abogado patrono de **********, parte actora dentro del sumario.
"Lo anterior resulta así, en virtud de que si bien a **********, en autos del juicio natural se le reconoció como abogado patrono de **********, también es verdad que tal reconocimiento surte efectos únicamente en dicho asunto y no en el juicio constitucional que nos ocupa.
"En efecto, la Primera Sala del Más Alto Tribunal de Justicia del País, cuando resolvió la contradicción de tesis 135/2013, sostuvo, medularmente, que:
"• La acción es un derecho subjetivo procesal, cuyo ejercicio corresponde iniciarlo a quien plantea una pretensión litigiosa y dice ser titular de un derecho controvertido, por lo que los actos vinculados directamente con la fijación de tal pretensión inicial, como lo es la formulación de la demanda, son exigibles al titular del derecho de acción o a su representante legal o apoderado.
"• Que tal criterio, aplicado al juicio de amparo, implica que para formular la demanda sea exigible que la petición provenga de quienes figuran como quejosos (o sus representantes legales o apoderados), pues al ser los titulares de la acción, son los únicos legitimados para decidir qué actos son los que les ocasionan perjuicio y de qué forma se lesionan sus garantías individuales o derechos humanos, conforme al principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo, acorde con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5o., fracción I y 6o. de la Ley de Amparo vigente desde el tres de abril de este año.
"• Que en ese sentido, la demanda de amparo debe formularse por el quejoso o su representante legal o apoderado, sin que pueda sustituirse por un autorizado designado en los términos amplios que prevé el artículo 1069, párrafo tercero, del Código de Comercio, porque dicha autorización sólo surte efectos para atender procesalmente el juicio mercantil de origen, ya que el alcance de las facultades de ‘defensa de los derechos del autorizante’, no se traduce en que pueda realizar cualquier acto en nombre de éste, sino que su participación, por un lado, debe entenderse limitada a la tramitación del proceso mercantil de origen, por ser una autorización de tipo procesal en la que el legislador no previó que el autorizado adquiriera el carácter de representante legal y, por otro, porque tales facultades procesales deben armonizarse con el principio de instancia de parte agraviada que rige en materia de amparo, acorde con el cual se reserva al quejoso como directamente afectado la formulación de la demanda de amparo directo en materia mercantil.
"• Que como consecuencia de lo anterior, en el juicio de amparo directo en materia mercantil, la demanda debe provenir directamente de quien figura como quejoso o de su representante legal o apoderado, calidades que no se surten respecto del autorizado, conforme al artículo 1069, párrafo tercero, del Código de Comercio.
"La contradicción de tesis citada originó la jurisprudencia 97/2013 (10a.), que señala:
"‘AMPARO DIRECTO EN MATERIA MERCANTIL. EL AUTORIZADO POR LAS PARTES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1069, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO ESTÁ FACULTADO PARA PROMOVER AQUEL JUICIO A NOMBRE DE SU AUTORIZANTE. La acción es un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, cuyo ejercicio corresponde iniciarlo a quien plantea una pretensión litigiosa y dice ser titular de un derecho controvertido, por lo que los actos vinculados directamente con la fijación de tal pretensión inicial, como lo es la formulación de la demanda, son exigibles al titular del derecho de acción o a su representante legal o apoderado. Tal criterio, aplicado al juicio de amparo, implica que para formular la demanda sea exigible que la petición provenga de quienes figuran como quejosos (o sus representantes legales o apoderados), pues al ser los titulares de la acción, son los únicos legitimados para decidir qué actos son los que les ocasionan perjuicio y de qué forma se lesionan sus garantías individuales o derechos humanos, conforme al principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo, acorde con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4o. de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y 5o., fracción I, y 6o. de la Ley de Amparo vigente desde el 3 del mismo mes y año. En ese sentido, la demanda de amparo debe formularse por el quejoso o su representante legal o apoderado, sin que pueda sustituirse por un autorizado designado en los términos amplios que prevé el artículo 1069, párrafo tercero, del Código de Comercio, porque incluso de los artículos 13 de la Ley de Amparo abrogada y 11 de la ley vigente, se advierte que dicha autorización sólo surte efectos para atender procesalmente el juicio mercantil de origen, ya que el alcance de las facultades de «defensa de los derechos del autorizante», no se traduce en que pueda realizar cualquier acto en nombre de éste, sino que su participación, por un lado, debe entenderse limitada a la tramitación del proceso mercantil de origen, por ser una autorización de tipo procesal en la que el legislador no previó que el autorizado adquiriera el carácter de representante legal; y, por otro, porque tales facultades procesales deben armonizarse con el principio de instancia de parte agraviada que rige en materia de amparo, acorde con el cual se reserva al quejoso como directamente afectado la formulación de la demanda de amparo directo en materia mercantil. En consecuencia, en el juicio de amparo directo en esta materia, la demanda debe provenir directamente de quien figura como quejoso o de su representante legal o apoderado, calidades que no se surten respecto del autorizado conforme al artículo 1069, párrafo tercero, del Código de Comercio.’(2)
"Por su parte, la Segunda Sala del Máximo Tribunal de Justicia del País, cuando resolvió la solicitud de modificación de jurisprudencia 5/2012, del Primer (sic) Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, en auxilio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, indicó que:
"• El artículo 5o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo prevé la posibilidad de que el actor en el juicio contencioso administrativo o su representante legal autorice a un licenciado en derecho para que a su nombre reciba notificaciones, elabore promociones de trámite, rinda pruebas, presente alegatos e, incluso, interponga recursos; y del artículo 13 de la abrogada Ley de Amparo se observa que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, ésta debe ser admitida en el juicio de garantías para todos los efectos legales; pero que de dicho numeral no deriva que el autorizado en el juicio contencioso administrativo tenga atribuciones para promover la demanda de amparo en representación de su autorizante.
"• Que el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, y que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; por su parte, el artículo 4o. de la Ley de Amparo transcrito prevé que el juicio de garantías sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor.
"• Que lo anterior significa que sólo el quejoso directamente afectado con alguna determinación jurisdiccional es el que está en aptitud de demandar la protección de la Justicia Federal, ya que la promoción del juicio de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir el agravio personal o directo, es decir, por quien figura como quejoso o por su representante legal, porque es el titular de la acción el único legitimado para decidir cuáles actos son los que en su concepto le causan perjuicio y de qué manera lesionan sus derechos fundamentales, conforme al principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo, con la salvedad de las excepciones previstas por los artículos 6o., 15, 17 y 213, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que, al ser la titularidad de la acción de amparo un derecho personalísimo, en principio, no es disponible para que la ejerzan personas distintas a los quejosos o diversas a quienes legalmente los representen, como es el caso de los autorizados para oír notificaciones en el juicio contencioso administrativo, cuya participación se limita a la defensa del actor, exclusivamente en la jurisdicción ordinaria.
"De dicha ejecutoria emergió la jurisprudencia 2a./J. 90/2012 (10a.), que establece:
"‘AUTORIZADO EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CARECE DE FACULTADES PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO DIRECTO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 199/2004).-El artículo 5o., último párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, permite que el actor en el juicio contencioso o su representante legal, autorice por escrito a un licenciado en derecho para que a su nombre reciba notificaciones, quien podrá elaborar promociones de trámite, rendir pruebas, presentar alegatos e interponer recursos. Por su parte, el artículo 13 de la Ley de Amparo señala que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, ésta será admitida en el juicio constitucional para todos los efectos legales, siempre que se compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas. Ahora, de esta última disposición no deriva que el autorizado para oír notificaciones tenga atribuciones para promover juicio de amparo directo en representación de su autorizante, ya que conforme a la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso debe aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; todo lo cual significa que únicamente el directamente afectado con alguna determinación jurisdiccional puede demandar la protección de la Justicia Federal, principio que la legislación reglamentaria de dicho precepto constitucional señala al disponer en su artículo 4o., que el juicio de amparo sólo podrá seguirlo el agraviado, su representante legal o su defensor, personas estas últimas que en todo caso podrían ser reconocidas en términos del citado artículo 13 para efectos de la promoción del juicio de amparo directo, pero no los autorizados para oír notificaciones, cuya participación se limita a la defensa del actor exclusivamente en la jurisdicción ordinaria.’. [Décima Época. Registro: 2001581. Instancia: Segunda Sala. Tipo de tesis jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XII, Tomo 2, septiembre de 2012, materia común, tesis 2a./J. 90/2012 (10a.)]
"Lo relacionado anteriormente pone de manifiesto que es criterio del Más Alto Tribunal de Justicia del País, en sus dos Salas, que:
"1) Sólo el quejoso directamente o por conducto de su representante legal o defensor, está en aptitud de demandar la protección de la Justicia Federal; y,
"2) Los profesionistas autorizados para la defensa de las partes, en los procedimientos de origen conforme a la ley que los rige, tienen limitada su actuación a la jurisdicción ordinaria.
"Ahora bien, en el caso, el quejoso **********, supuestamente promovió demanda de amparo por conducto de su abogado patrono, figura a que se refieren los artículos 94 y 95 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, que, en su orden, prescriben:
"‘Artículo 94. Patrocinio o representación en juicio. Las partes pueden hacerse patrocinar o representar en juicio por uno o más abogados o procuradores.
"‘La intervención de los abogados o procuradores para la asistencia técnica de las partes podrá llevarse a cabo en dos formas:
"‘I. Como patronos de los interesados; y
"‘II. Como procuradores, en los términos del mandato judicial respectivo.
"‘Las partes podrán revocar en cualquier tiempo la designación de abogados y de procuradores y los poderes que hubieren otorgado a éstos, y a su vez, los abogados y los procuradores tendrán siempre el derecho de renunciar al patrocinio o mandato, debiendo continuar la defensa hasta la designación de sustitutos, en un plazo razonable.’
"‘Artículo 95. Actos de los abogados y procuradores. Los abogados y los procuradores, por el solo hecho de su designación, podrán llevar a cabo, directamente en beneficio de la parte que los designe, todos los actos procesales que correspondan a dicha parte, observándose para ello lo que dispone la ley reglamentaria para el ejercicio profesional, excepto aquellos que impliquen disposición del derecho de litigio, y los que conforme a la ley estén reservados personalmente a los interesados.
"‘La designación de abogados patronos o de procuradores podrá hacerse por escrito dirigido al juzgador, o verbalmente, durante el desarrollo de cualquier diligencia judicial, haciéndose constar en el acta respectiva.
"‘En el escrito o actas respectivos, el que haga la designación puede limitar o ampliar las facultades que correspondan al abogado patrono o al procurador de acuerdo con el párrafo anterior.
"‘Cuando los abogados o los procuradores actúen como mandatarios, tendrán las facultades que les asignen de una manera expresa las partes en el mandato. El mandato en procuración para un juicio determinado podrá otorgarse en la forma prescrita por el Código Civil.
"‘También podrán otorgar el poder verbalmente durante el desarrollo de cualquier diligencia judicial haciéndose constar en el acta respectiva.’
"Como se ve, el Código Procesal Civil del Estado de Guerrero prevé dos figuras por medio de las cuales las partes pueden actuar en los actos procesales que les correspondan, por conducto de los profesionales en derecho:
"a) Patronos interesados (de conformidad con la fracción I del artículo 94), quienes sólo intervienen como abogados y carecen de mandato o representación legal; y,
"b) Procuradores (de conformidad con la fracción II del artículo 95), quienes tienen representación en términos del mandato respectivo que las partes les otorguen.
"Siendo que unos y otros están facultados por la codificación en estudio para llevar a cabo, directamente en beneficio de la parte que los designe, todos los actos procesales que les correspondan.
"Ahora bien, en este caso, las constancias reseñadas ponen de manifiesto que **********, es sólo un patrono interesado que legalmente no representa al aquí impetrante del amparo **********, sino que sus facultades se encuentran limitadas para actuar procesalmente a nombre de este último en la jurisdicción ordinaria.
"Luego -bajo los lineamientos obligatorios de las Salas del Máximo Tribunal de Justicia del País-, en términos del primer párrafo del artículo 217 de la Ley de Amparo, este Tribunal Colegiado de Circuito sostiene que **********, en cuanto abogado patrono de **********, carece de legitimación para promover este juicio constitucional, ya que sus facultades como patrono interesado están limitadas al procedimiento civil de origen y no llega al extremo de que pueda realizar cualquier acto, incluyendo promover el juicio de amparo.
"Lo anterior es así, ya que el principio de instancia de parte agraviada impide que el ejercicio de la acción sea trasladado a persona distinta del quejoso, pues atento a tal principio, la promoción del juicio de amparo se encuentra reservada a la persona física o moral a quien le afecte el acto, lo que puede hacerlo por sí, o por medio de su representante, sin que el patrono interesado, en términos de la fracción I del artículo 94 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, tenga tal carácter.
"Por tal motivo, se considera que **********, válidamente no puede promover demanda de amparo a favor del quejoso **********, por lo que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la ley de la materia.
"Sobre el tema se atiende a la jurisprudencia resultante de la contradicción de tesis 2/2013, entre las sustentadas por el Primer y el Segundo Tribunales Colegiados, ambos en Materia Civil del Séptimo Circuito, pronunciada por el Pleno del Séptimo Circuito, que informa:(3)
"‘ABOGADO PATRONO. EL AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 89 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE VERACRUZ CARECE DE FACULTADES PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO DIRECTO A NOMBRE DEL QUEJOSO.-Partiendo de la base del análisis al principio de instancia de parte agraviada que rige la materia del juicio de amparo, se puede establecer que tratándose de esta clase de juicios, el principio de instancia de parte agraviada impide que el ejercicio de la acción sea trasladada a persona distinta del quejoso o de su representante legal, con lo cual la promoción del juicio de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, y es titular de la acción, por ello, su promoción debe contar con la firma autógrafa del quejoso o, en su caso, de su representante legal, y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, lo anterior ya que el análisis del artículo 89 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, no evidencia que la designación de un abogado patrono tenga los alcances para sustituir la voluntad del titular del derecho subjetivo de la acción procesal, máxime que para determinar tal situación debe acudirse en forma indispensable al principio de instancia de parte agraviada que rige en materia de amparo.’
"Además, es de precisarse que si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Un
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26076-ec15e750/abogado-patrono-designado-en-terminos-de-los-articulos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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