ABOGADO PATRONO. EL DESIGNADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO, CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER AMPARO DIRECTO [ALCANCE Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 90/2012 (10a.)].
CONTRADICCIÓN DE TESIS 16/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, TERCERO, CUARTO Y QUINTO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 7 DE SEPTIEMBRE DE 2020. MAYORÍA DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS SALVADOR MURGUÍA MUNGUÍA, ROBERTO CHARCAS LEÓN, JUAN JOSÉ ROSALES SÁNCHEZ, JACOB TRONCOSO ÁVILA Y MOISÉS MUÑOZ PADILLA. AUSENTE: RENÉ OLVERA GAMBOA. DISIDENTE Y PONENTE: OSCAR NARANJO AHUMADA. SECRETARIO: CARLOS ABRAHAM DOMÍNGUEZ MONTERO.
Ciudad Judicial Federal, Zapopan, Jalisco. Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, sesión ordinaria virtual, correspondiente al siete de septiembre de dos mil veinte.
VISTOS, para resolver los autos de la contradicción de tesis 16/2019, originada con motivo de la denuncia presentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, a partir de la sentencia emitida en el recurso de reclamación 24/2019, al estimar que lo ahí resuelto se encuentra en contradicción con las consideraciones de los Tribunales Colegiados Tercero, Cuarto y Quinto, todos en Materia Administrativa del propio Circuito, sustentadas al fallar los recursos de reclamación 43/2018, 20/2018 y 42/2018, respectivamente; y,
RESULTANDO:
I. Antecedentes de la denuncia. Mediante oficio **********, de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve (fojas 1 a 13), los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito denunciaron ante el Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito la posible contradicción de tesis suscitada entre el criterio emitido por ese órgano de control constitucional, al resolver el recurso de reclamación 24/2019 de su índice y el sostenido por los Tribunales Colegiados Tercero, Cuarto y Quinto, todos en Materia Administrativa del propio Circuito, al fallar en los recursos de reclamación 43/2018, 20/2018 y 42/2018, respectivamente.
El tribunal denunciante, básicamente consideró que la demanda de amparo directo puede ser promovida por el abogado patrono designado en el juicio contencioso administrativo local, en términos del artículo 7 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, ya que su nombramiento se equipara al de un mandatario especial.
El criterio de los otros tribunales es opuesto; en efecto, los homólogos Tercero, Cuarto y Quinto, todos del Tercer Circuito, medularmente sostienen que el abogado patrono designado en el juicio de nulidad local carece de legitimación para promover demanda de amparo directo.
II. Trámite de la denuncia. El entonces Magistrado presidente del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, por acuerdo de cuatro de junio de dos mil diecinueve (fojas 86 a 88), admitió a trámite la denuncia correspondiente y le asignó el número de registro 16/2019; señaló que el posible punto de contradicción consiste en determinar si el abogado patrono designado en términos del artículo 7 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, tiene legitimación para promover el juicio de amparo directo; dispuso solicitar a las presidencias de los tribunales involucrados en la probable contradicción, que informaran si aún estaban vigentes los criterios por ellos sustentados en los recursos de reclamación materia de la denuncia; comunicar a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la admisión de la denuncia, con la finalidad de que se informara si se encontraba pendiente de trámite alguna contradicción de tesis radicada en el Máximo Tribunal del País, que guarde relación con la temática planteada en este caso.
Por acuerdo de veintiséis de junio de dos mil diecinueve (foja 193), el entonces Magistrado presidente del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito tuvo a los Tribunales Colegiados Tercero, Cuarto y Quinto informando que seguía vigente el criterio sustentado en las reclamaciones 43/2018, 20/2018 y 42/2018, de sus respectivos índices; que de la misma manera debían tenerse en cuenta al momento de resolver la contradicción de tesis las diversas ejecutorias dictadas por el tribunal referido en último orden, en los recursos de reclamación 1/2015, 7/2016 y 2/2017 de su índice, por la posible incidencia que pudieran tener en el asunto.
El director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante oficio **********, de fecha diecinueve de junio de dos mil diecinueve (foja 194), comunicó que de la consulta realizada en el sistema de seguimiento de contradicciones de tesis pendientes de resolver, así como de los acuerdos de admisión de las denuncias de contradicción de tesis dictados por el Ministro presidente durante los últimos seis meses no se advirtió la existencia de alguna contradicción de tesis radicada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que el punto a dilucidar guarde relación con la temática planteada en la presente contradicción de tesis; el oficio fue acordado mediante auto de presidencia de veintiocho de junio de dos mil diecinueve (foja 196).
III. Auto de turno. Por auto de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve (foja 197), se turnó el asunto al Magistrado Oscar Hernández Peraza, adscrito al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.
Mediante oficio de dieciséis de octubre de dos mil diecinueve (foja 200), con apoyo en el artículo 28 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, el Magistrado en mención solicitó una prórroga de veinte días hábiles para la elaboración del proyecto de resolución respectivo, por estimar que la complejidad y trascendencia del asunto requería de un mayor estudio; plazo que le fue concedido en auto de presidencia de dieciocho de octubre de dos mil diecinueve (foja 201).
Posteriormente el referido Magistrado, mediante oficio de ocho de enero de dos mil veinte (foja 204), devolvió el presente asunto a la presidencia del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, por haber concluido el periodo de sesiones correspondiente al año dos mil diecinueve, lo cual, según refirió, hacía materialmente imposible presentar dicho proyecto; lo anterior fue acordado en auto de presidencia de diez de enero de dos mil veinte (foja 205).
IV. Returno. Por auto de presidencia de veintitrés de enero de dos mil veinte (foja 207), se determinó returnar el asunto al Magistrado Oscar Naranjo Ahumada, integrante del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.
V. Engrose del asunto. En tales condiciones, una vez que el Magistrado ponente elaboró el proyecto de resolución correspondiente el asunto fue listado para discutirse en la sesión ordinaria virtual de esta fecha, en donde por mayoría de cinco votos de los integrantes del Pleno, se decidió rechazar la propuesta inicial, y conforme a las reglas básicas de funcionamiento de este órgano colegiado el asunto le fue asignado al Magistrado Salvador Murguía Munguía, para la elaboración del engrose correspondiente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. El Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito tiene competencia legal para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo y 41, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo previsto en el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, por tratarse de una contradicción suscitada entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Tercer Circuito.
SEGUNDO.—Legitimación. La contradicción de tesis fue denunciada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, quienes cuentan con legitimación para denunciar la posible contradicción de los criterios contendientes, de conformidad con las reglas establecidas en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 227, fracción III, de la Ley de Amparo.
TERCERO.—Criterios contendientes. Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito que dieron origen a la denuncia de contradicción de criterios, por su orden de mención, son las siguientes:
A) El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en sesión de quince de mayo de dos mil diecinueve resolvió por unanimidad de votos el recurso de reclamación 24/2019 (fojas 14 a 26), interpuesto por la parte quejosa en el juicio de amparo directo 84/2018, y en su ejecutoria consideró lo siguiente:
"Las transcripciones ponen de relieve que el anterior criterio derivó de la interpretación del artículo 5o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que se refiere a la figura específica del autorizado.
"Sin embargo, la problemática que justifica el sentido de esta ejecutoria deriva de una norma y una figura distintas, a saber, surge de la aplicación del artículo 7 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, que regula la institución del abogado patrono.
"Es así, pues, tales numerales a la letra dicen:
Ver numerales
"Así, es posible advertir que una y otra figuras son diversas en la medida en que:
"a) El autorizado en la instancia federal, cuenta con facultades para hacer promociones de trámite, rendir pruebas, presentar alegatos e interponer recursos, en el juicio contencioso administrativo federal.
"b) En tanto que el abogado patrono, de acuerdo con la legislación local, puede:
"• Recibir notificaciones, hacer promociones de trámite, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, interponer recursos; y,
"• En general, realizar todos los actos que resulten necesarios para la defensa de los derechos de quien lo autorizó.
"En esa medida, la jurisprudencia 2a./J. 90/2012 (10a.) y la resolución de la que emanó, no cobran aplicación al caso, en la medida en que el Máximo Tribunal analizó una norma distinta a la invocada en este asunto, pues el precepto materia de estudio en la reclamación tiene un alcance diverso y más amplio, pues como se expuso, en la legislación local se establece que el abogado patrono tiene, a diferencia del autorizado con sede federal, la obligación de realizar todos los actos que resulten necesarios para la defensa de los derechos de quien lo autorizó.
"En lo conducente puede acudirse a la siguiente tesis:
"‘JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. LA OBLIGATORIEDAD DE SU APLICACIÓN, AUN EN SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA, ESTÁ SUJETA A QUE EN EL CASO CONCRETO SEA PROCEDENTE SU APLICACIÓN. La obligatoriedad que el artículo 192 de la Ley de Amparo dispone en la aplicación de las jurisprudencias que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas, y aun en suplencia de la deficiencia de la queja en los juicios de amparo cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por dichas jurisprudencias, conforme al artículo 76 Bis, fracción I, de la Ley de Amparo, está supeditada a que en el caso concreto sea procedente su aplicación, hipótesis que no se presenta cuando la constitucionalidad de la ley no puede ser analizada en el juicio de amparo, como cuando el tema relativo no formó parte de la litis ante la responsable.’(1)
"Luego, para entender el alcance del artículo 7 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, debe tenerse en cuenta que conforme al principio pro persona, debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos fundamentales e inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida si se busca establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o de su suspensión extraordinaria, por lo que ante la existencia de varias posibilidades de solución a un mismo problema, obliga a optar por la que protege en términos más amplios.
"Este principio se relaciona con la interpretación conforme, por la cual, antes de considerar inconstitucional una norma jurídica, deben agotarse todas las posibilidades de encontrar en ella un significado que la haga compatible con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que, de ser posibles varias interpretaciones de la disposición, debe preferirse la que salve la aparente contradicción con la Norma Fundamental.
"En ese sentido, un presupuesto indispensable para que esas técnicas hermenéuticas puedan aplicarse es que la asignación de significado a la norma jurídica sea fruto de una interpretación válida, es decir, la derivada de algún método de interpretación jurídica, ya sea el gramatical, el sistemático, el funcional, el histórico o algún otro.
"En lo conducente, cobra aplicación el siguiente criterio:
"‘INTERPRETACIÓN CONFORME. NATURALEZA Y ALCANCES A LA LUZ DEL PRINCIPIO PRO PERSONA. A juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la supremacía normativa de la Constitución no se manifiesta sólo en su aptitud de servir como parámetro de validez de todas las demás normas jurídicas, sino también en la exigencia de que tales normas, a la hora de ser aplicadas, se interpreten de acuerdo con los preceptos constitucionales; de forma que, en caso de que existan varias posibilidades de interpretación de la norma en cuestión, se elija aquella que mejor se ajuste a lo dispuesto en la Constitución. En otras palabras, esa supremacía intrínseca no sólo opera en el momento de la creación de las normas, cuyo contenido ha de ser compatible con la Constitución en el momento de su aprobación, sino que se prolonga, ahora como parámetro interpretativo, a la fase de aplicación de esas normas. A su eficacia normativa directa se añade su eficacia como marco de referencia o criterio dominante en la interpretación de las restantes normas. Este principio de interpretación conforme de todas las normas del ordenamiento con la Constitución, reiteradamente utilizado por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, es una consecuencia elemental de la concepción del ordenamiento como una estructura coherente, como una unidad o contexto. Es importante advertir que esta regla interpretativa opera con carácter previo al juicio de invalidez. Es decir, que antes de considerar a una norma jurídica como constitucionalmente inválida, es necesario agotar todas las posibilidades de encontrar en ella un significado que la haga compatible con la Constitución y que le permita, por tanto, subsistir dentro del ordenamiento; de manera que sólo en el caso de que exista una clara incompatibilidad o una contradicción insalvable entre la norma ordinaria y la Constitución, procedería declararla inconstitucional. En esta lógica, el intérprete debe evitar en la medida de lo posible ese desenlace e interpretar las normas de tal modo que la contradicción no se produzca y la norma pueda salvarse. Así el Juez ha de procurar, siempre que sea posible, huir del vacío que se produce cuando se niega validez a una norma y, en el caso concreto, de ser posibles varias interpretaciones, debe preferirse aquella que salve la aparente contradicción. Ahora bien la interpretación de las normas conforme a la Constitución se ha fundamentado tradicionalmente en el principio de conservación de ley, que se asienta a su vez en el principio de seguridad jurídica y en la legitimidad democrática del legislador. En el caso de la ley, fruto de la voluntad de los representantes democráticamente elegidos, el principio general de conservación de las normas se ve reforzado por una más intensa presunción de validez. Los tribunales, en el marco de sus competencias, sólo pueden declarar la inconstitucionalidad de una ley cuando no resulte posible una interpretación conforme con la Constitución. En cualquier caso, las normas son válidas mientras un tribunal no diga lo contrario. Asimismo, hoy en día, el principio de interpretación conforme de todas las normas del ordenamiento a la Constitución, se ve reforzado por el principio pro persona, contenido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual obliga a maximizar la interpretación conforme en aquellos escenarios en los cuales, dicha interpretación permita la efectividad de los derechos fundamentales de las personas frente al vacío legislativo que puede provocar una declaración de inconstitucionalidad de la norma.’(2)
"Ahora bien, el concepto de abogado patrono se emplea con referencia a un rol asumido por un profesionista del derecho.
"Recordemos que un abogado es un profesional que cuenta con la habilitación y el título necesarios para defender a una de las partes de un proceso judicial o para asesorar a un individuo en cuestiones jurídicas.
"En tanto que el Diccionario de Lengua Española (sic), define ‘patrono’ de la siguiente forma:
"‘patrono, na. (Del lat. patronus). m. y f. Defensor, protector, amparador’(3)
"Así, puede decirse que un abogado patrono es quien brinda asesoramiento legal a su cliente, a partir de las facultades conferidas por el legislador local. Lo que no puede realizar es delegar o sustituir estas facultades en otro individuo.
"Ahora bien, destaca que entre las atribuciones que le son conferidas al abogado patrono se ubica la relativa a ‘... realizar todos los actos que resulten necesarios para la defensa de los derechos de quien lo autorizó.’.
"En esos términos, al abogado patrono conforme a lo dispuesto en tal norma, se le erige en un auténtico representante judicial, cuya actuación dentro del juicio queda sujeta a la única condición de que los actos que realice puedan estimarse necesarios para la defensa de los derechos de su autorizante.
"En efecto, con el acto a través del cual el actor del juicio administrativo en el Estado de Jalisco designa como tal a un tercero ajeno a la relación procesal sustantiva, confieren a esa diversa persona, profesional del derecho, la capacidad procesal necesaria para actuar válidamente, en su nombre, sin que exista de manera expresa una limitante para actuar dentro del propio juicio; acto que se traduce en el encargo de cumplir en su interés y en su nombre, dentro del juicio, los actos jurídicos procesales necesarios para lograr que prosperen las pretensiones que se hagan valer en cualquier instancia.
"Ahora bien, las facultades de que está investido el abogado patrono no deben entenderse de manera limitativa, sino que esas atribuciones deben entenderse de manera enunciativa para establecer que una vez que el profesionista es autorizado, queda facultado para realizar cualquier acto que resulte necesario para la adecuada defensa de su autorizante.
"Por tanto, una vez que le es conferida la facultad para ejercer como abogado patrono, dentro de un juicio administrativo en el Estado de Jalisco, claro resulta que también queda facultado para realizar cualquier acto procesal que requiera la adecuada defensa de la parte a la que representa, con el propósito de lograr que prosperen las pretensiones de su asesorado.
"Siendo de esta manera, el abogado patrono es un auténtico representante facultado para realizar dentro del juicio administrativo y en función de las resoluciones que de tal juicio deriven, todos los actos procesales que exija la adecuada defensa de los intereses de su mandante, lo que en muchas ocasiones incluye una variedad de actos, si bien derivados de aquel juicio, no dentro del mismo, como puede ser la presentación de una demanda de amparo en que se combatan actos dentro del juicio en que tiene reconocido el indicado carácter, pues solamente de esta manera podrá realizar una adecuada defensa de las pretensiones de sus mandantes.
"Asimismo, considerar que las facultades en comento son limitativas, es decir, que se reducen a actuar dentro de la instancia ordinaria, se traduciría en una importante limitación a la adecuada defensa de las pretensiones deducidas en el juicio contencioso administrativo, en detrimento de las garantías de audiencia y adecuada defensa consagradas por los artículos 14 y 17 de la Constitución Federal.
"Inclusive, debe ponderarse que el artículo 42 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, de aplicación supletoria a la Ley de Justicia Administrativa, en términos de su numeral 2,(4) establece que:
"‘Artículo 42. Los interesados y sus representantes legítimos podrán comparecer en juicio por sí o por medio del procurador con poder bastante.
"‘Las partes e interesados podrán designar por escrito, en cualquier etapa procesal, abogado patrono legalmente autorizado para el ejercicio profesional quien no podrá delegar en otro su función o nombrar diverso abogado patrono.
"‘La designación aceptada faculta al abogado para recabar, ofrecer, desahogar y objetar pruebas; interponer y continuar los recursos e incidentes, formular alegatos y en general, realizar todos los actos procesales salvo la adquisición de inmuebles que le correspondan a quien lo designó exceptuando la transacción, el desistimiento, la adquisición de inmuebles y los actos personalísimos que la ley o el Juez señalen. Cuando hubiere varios designados, podrán actuar conjunta o separadamente, pero en la práctica de diligencias o audiencias sólo uno de ellos podrá llevar la voz.
"‘El designado en los términos de éste artículo tendrá las mismas obligaciones que un mandatario especial con respecto a su patrocinado.’
"El citado precepto, que regula la figura del abogado patrono, se advierte que basta que las partes designen a un abogado patrono con título o cédula profesional y éste acepte el cargo conferido, para que con ello se encuentre facultado para interponer recursos y tramitar incidentes, ofrecer o rendir pruebas, alegar en las audiencias y realizar todos aquellos actos procesales que estime necesarios para la defensa de su patrocinado; en ese sentido, la función de los abogados patronos consiste en promover en favor de la parte que representa, tanto en las cuestiones de fondo como en las procesales; redactar los escritos de defensa; también desarrollar oralmente en la audiencia las razones que asistan a la parte, acto en el cual asumen la representación de ésta.
"Es decir, el abogado patrono tiene intervención en los juicios con el carácter de profesional del derecho para defender a la parte que representa.
"El propio dispositivo legal en cita, en su última parte establece categóricamente que el abogado patrono, tiene ‘las mismas obligaciones que un mandatario especial con respecto a su patrocinado’; figura jurídica que en nuestra entidad federativa se encuentra regulada en el numeral 2207 del Código Civil del Estado de Jalisco, que dispone:
"‘Artículo 2207. En los poderes generales judiciales, bastará decir que se otorgan con ese carácter, para que el apoderado pueda representar al poderdante en todo negocio de jurisdicción voluntaria, mixta y contenciosa, desde su principio hasta su fin; siempre que no se trate de actos que conforme a las leyes requieran poder especial, en tal caso se consignarán detalladamente las facultades que se confieran con su carácter de especialidad.—Este tipo de poderes sólo podrá otorgarse a personas que tengan el título de abogado, licenciado en derecho o a quien no tenga ese carácter se encuentre asesorado necesariamente por profesionales del derecho, quien deberá suscribir y actuar conjuntamente con el apoderado, en todos los trámites judiciales.’
"Entonces, si el artículo 6o.(5) de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de garantías debe ser promovido por la parte afectada, ya sea por su propio derecho, o a través de su representante legal o apoderado; resulta incuestionable que la demanda de amparo directo sí puede ser promovida por un abogado patrono, puesto que, como se dijo, su nombramiento se encuentra equiparado con el de un mandatario especial.
"Máxime que, en la respectiva exposición de motivos, relativa al decreto 15766, por el que se adicionaron los dos últimos párrafos del artículo 42 del Código de Procedimientos Civiles de esta entidad federativa, de fecha treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, en forma clara se expuso, en lo que interesa, lo siguiente:
"‘VI. De la misma manera, dado el cúmulo de ponencias presentadas ante los foros de consulta respecto del tema de la figura del abogado patrono, se decidió reglamentarla y reubicarla en el capítulo II del título segundo «De la personalidad», ampliando sus facultades hasta para interponer el juicio de amparo y limitando las mismas para celebrar transacciones, así como para desistirse y demás actos personalísimos que la ley o el Juez señalen.’
"De donde se advierte sin lugar a dudas, que el legislador jalisciense, al efectuar las modificaciones al numeral 42 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, tuvo como razón principal, entre otras cosas, la de ampliar las facultades del abogado patrono, para que, incluso, pudiera interponer el juicio de amparo en favor de su representado, aunado a que en atención a los principios pro persona y de tutela judicial efectiva, protegidos por los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en afán de no impedir el acceso al que se ha considerado el recurso judicial efectivo –juicio de amparo–, por ser tendente a maximizar esas garantías, sumado a que el abogado patrono tiene las mismas responsabilidades de un mandatario, es factible concluir que sí está facultado para promover el aludido procedimiento constitucional.
"Así, se estima que el procedimiento de origen se encuentra sub júdice, porque la decisión de la autoridad responsable, aún podría ser variada con motivo de la concesión de la protección constitucional; de lo que deriva entonces, que si su obligación connatural a su designación, es defender los intereses de su patrocinado que están en juego en el juicio natural, es inconcuso que tal expresión legislativa contiene imbíbito, a su vez, el aserto de que igualmente el abogado patrono debe contar con las facultades propias del mandatario especial, cuando, como en el caso, actúa en defensa de los intereses litigiosos cuya defensa le fue conferida; y en este caso, hasta la de promover el juicio de amparo; máxime que, tal como se ponderó antes, así lo especificó el legislador local en la exposición de motivos correspondiente.
"En lo conducente, se comparte el criterio contenido en la siguiente jurisprudencia:
"‘ABOGADO PATRONO. EL DESIGNADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 42 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO A NOMBRE DE QUIEN LO DESIGNÓ CON ESE CARÁCTER. De los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, 5o., fracción I y 6o. de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, deriva que el juicio constitucional debe promoverse por la persona a quien perjudique el acto reclamado, y que puede hacerlo por su propio derecho, o a través de su representante legal, o su apoderado; a su vez, el numeral 42 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, que regula la figura del abogado patrono, en su parte última dispone que éste tendrá «las mismas obligaciones que un mandatario especial con respecto a su patrocinado»; y de todo ello se colige que el abogado patrono en la legislación procesal civil del Estado, se equipara a un apoderado especial, lo que se robustece con la exposición de motivos relativa al Decreto 15766, por el que se adicionaron los dos últimos párrafos del artículo 42 mencionado, de 31 de diciembre de 1994, pues en ella el legislador estableció expresamente, que las facultades del abogado patrono se ampliaban «... hasta para interponer el juicio de amparo ...»; con base en dicho marco legal, se concluye que el abogado patrono tiene legitimación para promover el juicio de amparo a nombre de quien lo designó con ese carácter.’(6)
"Con motivo de lo anterior, se concluye que el abogado patrono designado en términos del artículo 7 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, sí cuenta con legitimación para suscribir demanda de amparo a nombre de sus autorizantes.
"Entonces, en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo en vigor, cuando quien comparezca en el juicio de amparo en nombre del quejoso afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, deberá acreditarse con las constancias respectivas, con la salvedad de que en el amparo directo podrá justificarse con la acreditación que tenga en el juicio del que emane la resolución reclamada.
"Lo que en el caso sí quedó acreditado con las constancias que conforman el juicio número 3087/2017 del índice de la Primera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco; pues mediante auto de diez de enero de dos mil dieciocho,(7) el Magistrado Unitario reconoció el carácter de abogado patrono al indicado **********.
"Consecuentemente, lo que procede es revocar el auto controvertido, para el efecto de que, con fundamento en el artículo 106 de la ley de la materia, reconozca la personalidad ejercida por **********, y provea de nueva cuenta en relación a la demanda de amparo."
B) Por su parte el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en sesión de catorce de diciembre de dos mil dieciocho resolvió por unanimidad de votos el recurso de reclamación 43/2018 (fojas 27 a 46), interpuesto por la parte quejosa en el juicio de amparo directo 320/2018; en su ejecutoria consideró, en la parte conducente:
"Del juicio de origen se observa que la actora demandó de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29578-7f3a52c6/abogado-patrono-el-designado-en-terminos-del-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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