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Modo: Corpus Pro

RECURSO DE QUEJA 203/2013. ********** Y **********. 24 DE ABRIL DE 2014. PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. ENCARGADO DEL ENGROSE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: GEORGINA LASO DE LA VEGA ROMERO.

Tipo de asunto: QUEJA 203/2013. · Registro digital (IUS): 80099
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ********** Y **********.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Versión electrónica, Pág. 1.

Vo. Bo.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veinticuatro de abril de dos mil catorce.

VISTOS, para resolver los autos relativos al recurso de queja identificado al rubro; y

RESULTANDO:

PRIMERO. Trámite de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el trece de mayo de dos mil trece en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Coahuila, ******** y ********, por conducto de su abogado defensor, demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra los autos de formal prisión dictados por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Sabinas, Estado de Coahuila, el siete y doce de noviembre de dos mil doce, respectivamente, dentro de la causa penal ********.

En acuerdo de catorce de mayo de dos mil catorce, el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila tuvo por presentada la demanda, registrándose al efecto el expediente relativo con el número 535/2012 y requirió a los promoventes a efecto de que manifestaran, bajo protesta de decir verdad, la fecha en que les fueron notificadas las resoluciones impugnadas.

Desahogada la prevención de mérito, mediante proveído de veinte de mayo de dos mil trece, el Juez de Distrito desechó de plano la demanda de amparo, al considerar que se presentó fuera del plazo de quince días previsto en el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo y Quinto Transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece.

SEGUNDO. Trámite del recurso de queja. En contra de la precitada determinación, la parte quejosa interpuso recurso de queja mediante escrito presentado en el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila, con residencia en Piedras Negras, el veintidós de mayo de dos mil trece.

El conocimiento del asunto correspondió al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Octavo Circuito, en donde se registró con el número de expediente 21/2013. Concluidos los trámites de ley, en sesión celebrada el uno de agosto de dos mil trece, el referido órgano colegiado determinó solicitar a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que ejerciera su facultad de atracción para resolver el recurso de queja, en virtud de que se planteó la inconstitucionalidad de los artículos 17 y Primero, Segundo y Quinto Transitorios de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, por considerarlos violatorios del derecho humano de irretroactividad de la ley, reconocido en el artículo 14 de la Constitución Federal.

Por acuerdo de veintiuno de agosto de dos mil trece, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción que se registró con el número de expediente 279/2013, la que se resolvió por la Primera Sala de este Alto Tribunal en sesión de nueve de octubre de dos mil trece, en el sentido de ejercer su facultad de atracción para conocer del precitado recurso de queja.

En tal virtud, por acuerdo de once de noviembre de dos mil trece, el Presidente de este Alto Tribunal admitió el recurso de queja, registrándose al efecto el expediente relativo con el número 203/2013; asimismo ordenó turnar el asunto al señor Ministro José Ramón Cossío Díaz para la elaboración del proyecto de resolución respectivo y remitirlo a la Primera Sala para su radicación.

Previo dictamen del Ministro Ponente, el recurso se radicó en el Tribunal Pleno para su resolución mediante proveído presidencial de veinticinco de marzo de dos mil catorce.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer y resolver el presente recurso de queja, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 10, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo vigente.

Al respecto, es importante destacar que este Tribunal Pleno decidió reasumir su competencia originaria para resolver diversas contradicciones de tesis y un amparo directo en revisión,(1) de similar temática, respecto a la oportunidad para ejercer la acción constitucional de amparo contra actos que si bien se dictaron antes del tres de abril de dos mil trece, fecha en que entró en vigor la actual Ley de Amparo, la demanda se presentó una vez vigente este ordenamiento.

SEGUNDO. Oportunidad. Resulta innecesario que este Tribunal Pleno se pronuncie sobre el particular, toda vez que el Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Octavo Circuito determinó que el recurso de queja se presentó oportunamente.

TERCERO. Antecedentes. Los que interesan para la solución del presente asunto, son los siguientes:

I. Auto recurrido. El Juez Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila desechó la demanda de amparo hecha valer por los ahora recurrentes al considerar, en esencia, lo siguiente:

• El artículo Quinto Transitorio, segundo párrafo, de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, establece que a los actos que se hubieran dictado o emitido con anterioridad a su entrada en vigor y no se hubiere vencido el plazo para la presentación de la demanda de amparo conforme a la ley abrogada, les serán aplicables los plazos de la ley vigente, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación conforme a la ley del acto reclamado, o al en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del mismo.

• Por su parte, el artículo 22, fracción II, de la Ley de Amparo abrogada, establecía que tratándose de actos que importan peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal y cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, entre otros, la demanda de amparo podía interponerse en cualquier tiempo, por lo que siendo el auto de formal prisión un acto restrictivo de la libertad personal, el plazo para promover el juicio de amparo en su contra era ilimitado.

• En ese orden, si a la fecha en que inició la vigencia de la actual Ley de Amparo (tres de abril de dos mil trece), no había vencido el plazo para la presentación de la demanda de amparo conforme a la ley abrogada -dado que no existía plazo para ello-, entonces, debe estimarse aplicable el plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo en vigor, de acuerdo con lo previsto en el segundo párrafo de su artículo Quinto Transitorio, sin que pueda estimarse actualizada la excepción prevista en la fracción IV del primer numeral en cita, que alude a los actos que implican ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, toda vez que el auto de formal prisión, si bien es un acto que afecta temporalmente la libertad, se emite dentro de un procedimiento judicial.

• En el caso, los quejosos señalaron como actos reclamados los autos de formal prisión dictados en su contra el siete y doce de noviembre de dos mil doce y bajo protesta de decir verdad, manifestaron que se les notificaron el ocho de noviembre de dos mil doce y veintidós de enero de dos mil trece respectivamente, de lo que se sigue que el plazo de quince días para promover la demanda de amparo comenzó a correr el día hábil siguiente al tres de abril del año en cita, fecha en que entró en vigor la nueva Ley de Amparo. Por tanto, si la demanda se presentó hasta el diecisiete de julio de dos mil trece, es claro que su interposición es extemporánea y, en consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, del citado ordenamiento legal,(2) al haberse consentido tácitamente los actos reclamados.(3)

2. Recurso de queja. En sus motivos de agravio los ahora recurrentes aducen, en esencia, que el acuerdo combatido viola en su perjuicio lo previsto en el artículo 14 constitucional, toda vez que el Juez de Distrito, de forma indebida, aplicó retroactivamente en su perjuicio el artículo 17 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, ya que si los autos de formal prisión que reclamaron les fueron notificados con anterioridad a su entrada en vigor, entonces debe estimarse aplicable lo previsto en el artículo 22 de la ley reglamentaria abrogada, conforme al cual dichos actos podían impugnarse a través del juicio de amparo en cualquier tiempo.

Al efecto, los recurrentes invocaron la jurisprudencia 1ª/J 50/2003 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se lee bajo el rubro: "GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD. CONSTRIÑE AL ÓRGANO LEGISLATIVO A NO EXPEDIR LEYES QUE EN SÍ MISMAS RESULTEN RETROACTIVAS, Y A LAS DEMÁS AUTORIDADES A NO APLICARLAS RETROACTIVAMENTE."

CUARTO. Consideraciones y fundamentos. Como cuestión preliminar, es menester precisar que en el presente asunto es procedente la suplencia de la deficiencia de la queja en favor de los recurrentes, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, ya que detentan el carácter de imputados en la causa penal de origen, dentro de la cual se emitió el auto de plazo constitucional reclamado.

Asimismo, para dar respuesta a sus agravios, es preciso tener en cuenta que se está en presencia de un supuesto no previsto en las disposiciones transitorias de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, ya que tanto la emisión como la notificación de los actos reclamados -consistentes en los autos de formal prisión decretados en contra de los ahora recurrentes-, se verificó con anterioridad a la fecha en comento y la demanda de amparo se presentó el trece de mayo de dos mil trece.

En efecto, los artículos que comprenden el régimen transitorio de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, textualmente establecen lo siguiente:

"TRANSITORIOS

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Se abroga la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 1936, y se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo previsto en la presente Ley.

TERCERO. Los juicios de amparo iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio, salvo lo que se refiere a las disposiciones relativas al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, así como al cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo.

CUARTO. A las personas que hayan cometido un delito de los contemplados en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales publicada en el Diario Oficial de la Federación de 10 de enero de 1936, incluidas las procesadas o sentenciadas, les serán aplicadas las disposiciones vigentes en el momento en que se haya cometido.

QUINTO. Los actos a los que se refiere la fracción III del artículo 17 de esta Ley que se hubieren dictado o emitido con anterioridad a la entrada en vigor de la misma podrán impugnarse mediante el juicio de amparo dentro de los siete años siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley.

Los actos que se hubieren dictado o emitido con anterioridad a la presente Ley y que a su entrada en vigor no hubiere vencido el plazo para la presentación de la demanda de amparo conforme a la ley que se abroga en virtud del presente decreto, les serán aplicables los plazos de la presente Ley contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación del acto o resolución que se reclame o a aquél que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del mismo o de su ejecución.

SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley.

SÉPTIMO. Para la integración de la jurisprudencia por reiteración de criterios a que se refiere la presente Ley no se tomarán en cuenta las tesis aprobadas en los asuntos resueltos conforme a la ley anterior.

OCTAVO. Las declaratorias generales de inconstitucionalidad no podrán ser hechas respecto de tesis aprobadas conforme a la ley anterior.

NOVENO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal en el ámbito de sus respectivas competencias podrán dictar las medidas necesarias para lograr el efectivo e inmediato cumplimiento de la presente Ley.

DÉCIMO. Las referencias que la presente Ley realice al concepto de "auto de vinculación a proceso" le serán aplicables a los autos de formal prisión emitidos en aquellos órdenes normativos en que aún no hayan entrado en vigor en cumplimiento de los artículos transitorios del Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008.

En los casos donde no haya entrado en vigor el nuevo sistema de justicia penal a que se refiere la reforma constitucional referida en el párrafo anterior, la suspensión en materia penal seguirá rigiéndose conforme a la Ley de Amparo a que se refiere el artículo segundo transitorio de este Decreto.

DÉCIMO PRIMERO. El Consejo de la Judicatura Federal expedirá el Reglamento a que hace referencia el artículo 3o del presente ordenamiento para la implementación del Sistema Electrónico y la utilización de la firma electrónica.

Asimismo el Consejo de la Judicatura Federal dictará los acuerdos generales a que refieren los artículos 41 Bis y Bis 1 del presente decreto, para la debida integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito.

Las anteriores disposiciones deberán emitirse en un plazo de noventa días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto."

Como se aprecia, los artículos Tercero y Quinto Transitorios de la Ley de Amparo vigente, son los que prevén las disposiciones aplicables a los actos emitidos o dictados con anterioridad a su entrada en vigor, sin embargo, sus alcances e hipótesis son insuficientes para responder la problemática jurídica planteada en los agravios.

Ello es así, ya que el artículo Tercero Transitorio establece que los juicios de amparo iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo ordenamiento jurídico [tres de abril de dos mil trece], continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones vigentes a su inicio, excepto por lo que se refiere al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, así como al cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo, lo que en principio daría lugar a considerar que en el caso específico resultan aplicables las disposiciones de la Ley de Amparo actualmente en vigor, dado que la demanda de amparo se presentó el trece de mayo de dos mil trece en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Coahuila.

Empero, debe tenerse en cuenta que el artículo Quinto Transitorio previene el régimen jurídico al que deberán quedar sometidos los actos emitidos o dictados durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada y que al entrar en vigor la nueva ley de la materia, aún no habían sido impugnados a través del juicio de amparo, señalando al efecto que aquellos a que se refiere la fracción III del artículo 17 de la Ley de Amparo, esto es, los actos en materia agraria -respecto de los cuales no se preveía un plazo de impugnación- podrán ser combatidos dentro de los siete años siguientes y, por cuanto hace a los actos que estando sujetos a un plazo para su impugnación, éste aun no hubiese vencido, les serán aplicables los plazos previstos en la ley reglamentaria vigente, mismos que se contarán "a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación del acto o resolución que se reclame o a aquél que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del mismo o de su ejecución".

Luego, resulta claro que las citadas disposiciones transitorias no prevén el supuesto específico que se analiza, dado que los autos de formal prisión que se reclaman en la demanda de amparo cuyo desechamiento se cuestiona en el presente recurso de queja, se emitieron con anterioridad a la fecha en que entró en vigor la nueva Ley de Amparo y por tratarse de actos dictados dentro de un procedimiento judicial que afectaron la libertad personal, no estaban sujetos a plazo alguno para su impugnación en la vía de amparo, ello acotado desde luego a que no se dictara sentencia definitiva en el juicio de origen pues, en ese caso, la situación jurídica del sentenciado se regiría por un nuevo acto jurisdiccional diverso al impugnado, es decir, por el fallo definitivo.

Atento a lo anterior, es dable concluir que los supuestos previstos en las normas de tránsito en examen no resultan aplicables al caso concreto, ya que la demanda constitucional se presentó durante la vigencia de la nueva Ley de Amparo y en ella se combatieron actos que no estaban sujetos a plazo alguno, mismos que se emitieron con anterioridad a su entrada en vigor, de ahí que no pueda estimarse, por evidente lógica, que les resulten aplicables los plazos de la ley reglamentaria vigente, ya que a la fecha en que ésta entró en vigor, no estaba corriendo plazo alguno para su impugnación ni, por supuesto, había vencido éste.

En conclusión, el régimen transitorio contenido en la nueva legislación del juicio de amparo no consideró previsión alguna para los actos que afectaron la libertad de las personas dictados durante la vigencia de la ley abrogada, combatidos a partir del dos de abril de dos mil trece.

Dicha situación genera inseguridad jurídica a los gobernados, al no tener certeza sobre el criterio que rige para la interposición del juicio de amparo en la vía indirecta, cuando se pretenda combatir un acto dictado dentro un proceso judicial que afecte su libertad personal y que, al ser notificado no tenía plazo alguno para ser impugnado.

Por ello, en función de tutelar los derechos fundamentales de seguridad jurídica y acceso efectivo a la justicia que consagran los artículos 14, 16 y 17 de la Norma Suprema, este Tribunal Pleno estima necesario proveer de contenido integrador al referido artículo Quinto Transitorio de la Ley de Amparo en vigor, para establecer que los actos dictados dentro de un procedimiento judicial que afectan la libertad personal -como lo es el auto de formal prisión-, durante la vigencia de la ley de la materia abrogada, pueden ser impugnados a través del juicio de amparo en cualquier tiempo.

Esto es, si el régimen transitorio de toda ley tiene, entre otras, la función de regular las situaciones jurídicas acaecidas durante la vigencia de una ley abrogada que trascienden a la nueva normatividad a fin de no generar un estado de inseguridad jurídica, es claro entonces que la disposición transitoria respectiva debe complementarse en lo no previsto y para ello debe considerarse la misma previsión que regía al momento de darse el supuesto jurídico de que se trate.

Tal entendimiento resulta acorde al principio constitucional de interpretación más favorable que se consagra en el segundo párrafo del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y además evita que se genere un estado de incertidumbre jurídica por la falta de previsión legislativa antes apuntada, pues, como se ve, es hasta ahora que se define por este Tribunal Pleno tal aspecto jurídico.

Luego, si en el caso concreto, el Juez de Distrito determinó desechar de plano la demanda de amparo interpuesta por los ahora recurrentes, por estimar que se presentó de manera extemporánea de conformidad con lo previsto en los artículos 17, primer párrafo y Primero y Quinto Transitorios de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, resulta evidente entonces que el acuerdo impugnado es contrario a derecho, ya que de conformidad con lo antes expuesto, la referida demanda de amparo se puede presentar en cualquier tiempo, dado que los actos que se reclaman en la vía constitucional, consistentes en dos diversos autos de formal prisión, se dictaron dentro de un procedimiento judicial y afectaron la libertad personal de los quejosos, habida cuenta que su emisión y notificación se verificó durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada.

QUINTO. Decisión. En atención a las consideraciones precedentes, resulta esencialmente fundando el motivo de agravio formulado por los recurrentes, suplido en su deficiencia, conforme lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, de la Ley de Amparo vigente.

En consecuencia, lo procedente es declarar fundado el recurso de queja, revocar el acuerdo de veinte de mayo de dos mil trece, dictado por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila, en el juicio de amparo indirecto 535/2013 y devolverle los autos relativos a efecto de que, en caso de no advertir un diverso motivo de improcedencia al aquí analizado, admita a trámite la demanda de amparo y, en su oportunidad, dicte la resolución que en derecho corresponda.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO. Es fundado el presente recurso de queja.

SEGUNDO. Se revoca el acuerdo de veinte de mayo de dos mil trece, emitido por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila, en los autos del juicio de amparo indirecto 535/2013.

TERCERO. Devuélvanse los autos del juicio de amparo indirecto 535/2013, al Juez Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila, para que lleve a cabo los actos precisados en el último apartado de la presente resolución.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

Respecto del punto resolutivo primero:

Se aprobó por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y Presidente Silva Meza, respecto de los apartados I, II, III, IV y V relativos, respectivamente, a los antecedentes, al trámite, a la competencia, a la oportunidad, y a las consideraciones y fundamentos.

Respecto de los puntos resolutivos segundo:

Se aprobó por mayoría de diez votos de los señores ministros Gutiérrez Ortiz Mena en contra de las consideraciones, Cossío Díaz en contra de las consideraciones, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y Presidente Silva Meza, respecto del apartado VI, relativo al estudio de fondo del proyecto. Los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena y Cossío Díaz Anunciaron voto de minoría. La señora Ministra Luna Ramos votó en contra y anunció voto particular.

Respecto de los puntos resolutivos tercero:

Se aprobó por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y Presidente Silva Meza.

El señor Ministro Presidente Silva Meza declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados. Doy fe.

Firman los señores Ministros Presidente y Ponente con el Secretario General de Acuerdos quien da fe.

PRESIDENTE

MINISTRO JUAN N. SILVA MEZA

ENCARGADO DEL ENGROSE

MINISTRO ALBERTO PÉREZ DAYÁN

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

LIC. RAFAEL COELLO CETINA

En términos de lo previsto en el artículo tercero, fracciones II y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

________________

1. Los asuntos a que se hace referencia son los correspondientes a las contradicciones de tesis 366/2013, 371/2013, 436/2013, 445/2013, 495/2013, 441/2013, 476/2013, 429/2013 y 397/2013, y al amparo directo en revisión 2866/2013, mismos que en sesión privada, de veinte de enero de la anualidad en curso, el Tribunal Pleno resolvió por unanimidad de once votos ejercer su competencia originaria para su conocimiento y resolución.

2. En el acuerdo impugnado textualmente se menciona la fracción "XV"; sin embargo, esta referencia constituye un error en la invocación de la norma aplicada, porque la motivación de la causal de improcedencia del juicio de amparo está claramente referida a la hipótesis de actos consentidos tácitamente, entendidos como aquéllos contra los que no se promueva el juicio dentro de los plazos previstos en la ley. En cambio, la fracción XV se refiere a la improcedencia del juicio de amparo, cuando se reclamen resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral; supuesto que de ninguna manera es aplicable al caso concreto.

3. Consideración que apoyó en el criterio contenido en la jurisprudencia p./j. 27/96, emitida por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, junio de 1996, jurisprudencia común, página 57, con el rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO"

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/80099-4127eaca/recurso-de-queja-203-2013-y-24-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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