AMPARO. EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY RELATIVA, AL REGULAR SITUACIONES ACAECIDAS BAJO EL ABROGADO ORDENAMIENTO DE LA MATERIA, VIOLA EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).

El artículo quinto transitorio, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor al día siguiente, prevé una regla específica para los casos en que el acto reclamado se haya emitido con anterioridad a dicho ordenamiento y que a su entrada en vigor no hubiera transcurrido el plazo para presentar la demanda de amparo conforme a la ley abrogada, consistente en que deben aplicarse los plazos de la vigente, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación del acto o resolución que se reclame o a aquel en que se haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del mismo o de su ejecución. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que una norma es retroactiva cuando sus efectos se producen sobre situaciones jurídicas definidas conforme a una ley anterior o sobre los derechos adquiridos por los gobernados antes de su entrada en vigor. Consecuentemente, la citada disposición viola el principio de irretroactividad de la ley, establecido en el artículo 14, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contenido precisamente en su título primero, capítulo I, denominado: "De los derechos humanos y sus garantías", pues cuando se notifica al quejoso el acto reclamado se actualiza para él la situación prevista en la ley vigente en ese momento, en el caso, la Ley de Amparo abrogada, adquiriendo así el derecho a iniciar su defensa constitucional dentro del plazo previsto en ésta. Lo anterior es así, porque el mencionado artículo transitorio regula situaciones acaecidas bajo la ley abrogada, como lo son el inicio y la duración del plazo para la presentación de la demanda de amparo, que constituye un derecho de defensa adquirido por el quejoso.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO CIRCUITO.