NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL EN EL SISTEMA PROCESAL TRADICIONAL. ES OPTATIVO PARA EL JUSTICIABLE AGOTAR EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 130 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE TABASCO (ABROGADO), PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN CONTRA DE LA DETERMINACIÓN QUE APRUEBA AQUELLA DETERMINACIÓN, AL NO PREVER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 6/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO CIRCUITO CON SEDE EN VILLAHERMOSA, TABASCO, Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DECIMOPRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN COATZACOALCOS, VERACRUZ. 28 DE AGOSTO DE 2018. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ALFONSO GABRIEL GARCÍA LANZ, JAIME RAÚL OROPEZA GARCÍA, VÍCTOR HUGO VELÁSQUEZ ROSAS Y CÁNDIDA HERNÁNDEZ OJEDA. PONENTE. JAIME RAÚL OROPEZA GARCÍA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Pleno del Décimo Circuito es legalmente competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 226, fracción III, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, y por el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, toda vez que se trata de una denuncia de contradicción de tesis sustentadas entre dos Tribunales Colegiados del Circuito en que este Pleno de Circuito ejerce jurisdicción.
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en virtud que fue formulada por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, en relación con el criterio sostenido por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo de este Circuito, en el recurso de queja 276/2017, y con el sustentado por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décimo Primera Región, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, en el cuaderno auxiliar 666/2016 (amparo en revisión 609/2016), los cuales, a consideración del denunciante, resultan contrastantes.
TERCERO.—Ejecutorias que participan como contradictorias. A fin de determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente transcribir la parte considerativa que motivó las decisiones de los tribunales contendientes, así como hacer referencia a los hechos que les dieron origen.
1. En sesión plenaria de trece de octubre de dos mil dieciséis, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décimo Primera Región, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, resolvió, en auxilio del Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Circuito, el amparo en revisión 609/2016 (cuaderno auxiliar 666/2016), relativo al juicio de amparo indirecto 307/2016-III del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Tabasco, promovido por **********, en cuya parte considerativa, en lo que interesa, el citado órgano colegiado de Circuito sustentó lo que a continuación se transcribe:
"Ahora bien, en relación con el cumplimiento del principio de definitividad, previamente a la promoción del juicio de amparo, que debe cumplirse al agotar el recurso ordinario, previsto por la legislación correspondiente, respecto a las resoluciones del no ejercicio de la acción penal; como ya se vio en párrafos que preceden, el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo dispone que, el juicio de amparo es improcedente: contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal, en virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley.
"Del contenido de la anterior porción normativa, se desprende, que para que la interposición de un recurso sea condicionante de la procedencia del juicio de amparo, es preciso que cumpla requerimientos específicos:
"a) Que ese medio de impugnación, recurso o medio de defensa sea legal, es decir que esté en ley;
"b) Que a través de ese medio sea posible modificar, nulificar o revocar el acto de autoridad; y,
"c) Que no se exijan mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva por la Ley de Amparo.
"En el caso la legislación penal adjetiva del Estado de Tabasco, al prever la impugnación de la resolución del no ejercicio de la acción penal en el artículo 130 mencionado, se pone de relieve que para la procedencia del juicio constitucional, sí se cumple las exigencias predichas en el precepto 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, veamos la razón de tal aserto.
"a) Que ese medio de impugnación, recurso o medio de defensa sea legal, es decir que esté en ley.
"En efecto, como ya quedó puntualizado, fue instaurado en el artículo 130 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco, la facultad para impugnar la decisión del agente del Ministerio Público cuando determine que no es de ejercitarse la acción penal por los hechos que se hubieren denunciado como delitos, o por los que se hubiere presentado querella, pues impone la obligación al Ministerio Público de hacerlo a quienes hubiesen promovido el procedimiento, los cuales podrán impugnar el acto ante una autoridad jurisdiccional, conforme a la competencia que al respecto establezca la legislación correspondiente, dentro de los quince días de la notificación que se les haga. El tribunal citará a los recurrentes y al Ministerio Público, recibirá las pruebas y las consideraciones jurídicas que éstos aporten, y decidirá en definitiva.
"En términos de lo establecido en el código procesal citado, es claro que la decisión del no ejercicio de la acción penal dictada por el Ministerio Público puede ser impugnada ante la autoridad jurisdiccional cuya competencia se encuentra regulada por la legislación correspondiente.
"El legislador también estableció el plazo para interponer esa impugnación, el cual será de quince días siguientes a la notificación que se les haga, así como también el trámite que debe darse a esa impugnación, concretamente, citará a los recurrentes y al Ministerio Público, recibirá las pruebas que aporten y decidirá.
"Del mismo modo, el legislador estableció que esa decisión puede ser recurrida por el Ministerio Público ante el superior del juzgador que dictó aquella resolución.
"Y termina enfatizando cuándo será firme la resolución de no ejercicio de la acción: ‘será firme cuando el interesado no actúe según lo previsto en este artículo y cuando se confirme la determinación del Ministerio Público, una vez desarrollado el procedimiento de impugnación respectivo’.
"Por tanto, es dable concluir que se colma el primer elemento indicado, habida cuenta que ese medio de impugnación es legal, es decir, está contemplado por la ley y a través de él es posible modificar, nulificar o revocar el acto de autoridad.
"Importa destacar que aun cuando el legislador no impuso denominación alguna al medio de impugnación que previó en dicho numeral, ese detalle resulta intrascendente jurídicamente hablando, pues ello no torna letra muerta el contenido de ese numeral, ya que rige el principio de validez que tiene una ley vigente emitida por el Poder Legislativo en el ejercicio de sus funciones; y para ello deberá demostrarse que es contrario a la Constitución para que se concluya que no debe aplicarse conforme a las bases previstas en la Constitución, la Ley de Amparo y la jurisprudencia aplicable; de forma tal, que corresponde a los operadores de la ley interpretar su contenido para su aplicación.
"En opinión de este tribunal la circunstancia de que el legislador no hubiera precisado el ‘nombre’ o ‘denominación’ de ese medio de impugnación que previó no demerita la labor legislativa, pues si bien es verdad que al legislador le es exigible la emisión de normas claras, precisas y exactas, también lo es, que ello es por el principio de taxatividad que rige en materia penal en cuanto a la tipicidad de los delitos.
"Pero no rige esa obligación en cuanto a las normas adjetivas o procesales, en virtud de que basta con que se encuentre previsto en la ley y que a través de ese medio sea posible modificar, nulificar o revocar el acto de autoridad, sin que se exijan mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva por la Ley de Amparo.
"Sobre todo, que en opinión de este tribunal, mencionarlo simplemente como impugnación en el artículo 130 del ordenamiento adjetivo penal citado para oponerlo contra el no ejercicio de la acción penal emitida por el Ministerio Público, permite apreciar que con ello distinguió ese medio de impugnación de los recursos de revocación, apelación, nulidad, denegada apelación, queja y anulación de sentencia, que previó en el título sexto, capítulos II, III, IV, V, VI y VII, de dicho ordenamiento legal adjetivo de la materia, pues éstos fueron establecidos para combatir las decisiones de los juzgadores en el procedimiento penal una vez que el Ministerio Público ejercitara la acción penal.
"Esta distinción hecha por el legislador se corrobora con la denominación del título sexto: ‘Medios de impugnación’, cuyo primer capítulo contiene las reglas generales para todos los medios de impugnación, no sólo para los recursos previstos con denominación precisa.
"Estos numerales conllevan a confirmar el aserto sostenido de que el legislador diferenció el medio de impugnación previsto en el artículo 130 de los que previó en los precitados capítulos II, III, IV, V, VI y VII, de dicho ordenamiento legal adjetivo de la materia denominados recursos de revocación, apelación, nulidad, denegada apelación, queja y anulación de sentencia.
"Diferencia que en términos doctrinarios se conocen como que ‘la impugnación es el género, el recurso es la especie’, como sostiene Hernando Devis Echandía, en su obra ‘Teoría General del Proceso’, editorial Universidad Buenos Aires, página 504.
"En otras palabras, el legislador tabasqueño estableció la impugnación (término genérico), para combatir la decisión de la autoridad ministerial cuando decide no ejercer la acción penal, para distinguirlo de los recursos que previó para combatir las decisiones de los juzgadores en el proceso penal después de ejercitada la acción penal.
"Razón por la cual también estableció el plazo para su interposición como el trámite que debe realizar el juzgador.
"Por otra parte, respecto a la autoridad competente para conocer del citado medio de impugnación interpuesto contra el no ejercicio de la acción penal; dicho conocimiento si bien, expresamente no lo expone el artículo 130 referido, es incuestionable que será un Juez de Primera Instancia en Materia Penal quien debe conocer del mismo, se afirma lo anterior por las siguientes consideraciones:
"Los artículos 8, 18, 20 y 21 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Tabasco que dicen:
"(Reformado primer párrafo, P.O. 1 de junio de 2011)
"‘Artículo 8. Corresponde a los tribunales del Estado de Tabasco, según la organización y competencia previstos por la ley, resolver sobre los delitos del orden común y de aquellas materias respecto de las cuales la Constitución Federal, así como las leyes que de ella emanen, les otorguen competencia, cometidos en esta entidad federativa, conforme a la pretensión planteada por el Ministerio Público, y aplicar las sanciones que procedan en el caso concreto.
"‘Los tribunales decidirán acerca de la reparación de daños y perjuicios que reclamen el ofendido, sus derechohabientes o el Ministerio Público.’
"‘Artículo 18. Para establecer la competencia de los tribunales en el conocimiento de los delitos, se tomará en cuenta, ante todo, el grado que guarde el juzgador en la organización judicial del Estado y la sanción aplicable al delito por el que se ejercita la acción. Asimismo, se considerarán los siguientes elementos, en su orden: lugar en que se cometió el delito o se produjeron sus efectos, autoridad que intervino y turno establecido.
"‘Cuando proceda la acumulación y los procesos acumulables se sigan ante Jueces de Paz y Jueces de primera instancia, la competencia para conocer del conjunto recaerá en este último. Si los procesos se siguen en diversos juzgados del mismo nivel en la organización de los tribunales, será competente para resolver sobre el conjunto el juzgador que conoce del más antiguo.’
"(F. de E., P.O. 1 de marzo de 1997)
"‘Artículo 20. Para determinar la competencia de los Jueces de primera instancia, y de paz, se estará a lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.
"‘Cuando para establecer la competencia deba considerarse la sanción aplicable al delito, se atenderá a la privativa de libertad, si la ley estipula varias sanciones concurrentes de distinta naturaleza, y al término máximo de la prisión prevista.’
"‘Artículo 21. En lo que respecta a la competencia por razón del territorio, es competente el Juez del lugar en el que se cometió el delito. Cuando el delito se comete o produce efectos en dos o más circunscripciones judiciales, será competente el juzgador de cualquiera de éstas, a prevención. Si el delito se realizó fuera del Estado de Tabasco, pero tuvo efectos en él, conocerá el Juez en cuya circunscripción territorial se hubiesen producido esos efectos. ...’
"El primer numeral dispone claramente que corresponde a los tribunales de Tabasco según la organización y competencia previstos por la ley, resolver sobre aquellas materias respecto de las cuales la Constitución Federal, así como las leyes que de ella emanen, les otorguen competencia, cometidos en esta entidad federativa.
"Por su parte, el artículo 18 previene que para establecer la competencia de los tribunales en el conocimiento de los delitos se tomará en cuenta ante todo, el grado que guarde el juzgador en la organización judicial del Estado, lugar en que se cometió el delito o se produjeron sus efectos, autoridad que intervino y turno establecido; y esto se complementa con el artículo 20 que dispone que para determinar la competencia de los Jueces de primera instancia y de Paz, se estará a lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.
"En esta vertiente también se observa que el artículo 1o. de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tabasco(1) establece que tiene por objeto regular la organización y funcionamiento del Poder Judicial del Estado de Tabasco.
"Entre los cuales figura el artículo 41, fracción I,(2) que establece que el juzgador de lo penal conocerá de aquellas materias respecto de los cuales la Constitución, así como las leyes que de ella emanen les otorguen competencia conforme a lo dispuesto en los Códigos Penal y de Procedimientos Penales y leyes especiales.
"Luego, con claridad meridiana se aprecia que si el artículo 130 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco establece que ese medio de impugnación será interpuesto ante el juzgador, es incuestionable que se trata del Juez de lo Penal, ya que basta leer el artículo 41, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tabasco para notar que le otorga competencia no sólo para conocer de los delitos, sino también para conocer de aquellas materias respecto de los cuales la Constitución, así como las leyes que de ella emanen les otorguen competencia conforme a lo dispuesto en los Códigos Penal y de Procedimientos Penales y leyes especiales, acorde con el lugar donde se cometió el delito, y el turno establecido.
"Por tanto, es evidente que el juzgador al que se refiere el precitado precepto legal 130 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco es al Juez de lo penal y para su conocimiento basta la simple lectura de los artículos antes transcritos.
"b) Que a través de ese medio sea posible modificar, nulificar o revocar el acto de autoridad.
"El segundo requisito exigido por la disposición de mérito, consiste en que a través del medio de impugnación establecido en la ley, sea posible modificar, nulificar o revocar el acto de autoridad; situación que acorde a lo establecido en el artículo 130 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco, también se colma, porque al ser recurrible la resolución en la que se formuló la consulta del no ejercicio de la acción penal, a través del recurso innominado a que se ha hecho alusión, conforme a lo establecido por el artículo 194 del código adjetivo penal para el Estado de Tabasco,(3) los recursos tienen por consecuencia, confirmar, revocar, anular o modificar la resolución recurrida; aunado a ello, dicha porción normativa, dispone que cuando proceda revocar, anular o modificar, la autoridad que conoce de la impugnación emitirá directamente la nueva resolución en los términos que legalmente proceda.
"De este modo, queda de manifiesto que al interponerse el recurso innominado en estudio, sí se cumple con la segunda exigencia contenida en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo.
"c) Que no se exijan mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva por la Ley de Amparo.
"En cuanto a la tercer y última condición que establece el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, para que opere la causa de improcedencia, por no haber agotado el recurso ordinario, en acatamiento al principio de definitividad, la citada porción normativa establece que el medio de impugnación contemple la suspensión del acto reclamado sin exigir mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo, es de señalarse que el artículo 195 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco preceptúa:
"‘Artículo 195. Las impugnaciones tienen los siguientes efectos:
"‘I. Suspensivo y devolutivo. En estos casos se remite el conocimiento al superior en grado y no se ejecuta la resolución impugnada mientras esté pendiente el fallo en el recurso intentado;
"‘II. Suspensivo y retentivo. En estos supuestos la decisión corresponde al mismo órgano que dictó la resolución combatida, que no se ejecuta hasta que se resuelva el recurso;
"‘III. Ejecutivo y devolutivo. En esta hipótesis conoce el superior en grado, y la resolución impugnada se ejecuta de inmediato, sin perjuicio de la modificación que resulte al cabo del recurso intentado; y
"‘IV. Extensivo. En este caso la impugnación interpuesta en la misma causa por cualquiera de los inculpados beneficia a los restantes, en la medida en que le sea atribuible el agravio que se hace valer. Lo previsto en esta fracción será aplicable siempre que haya coacusados.’
"Como es de verse, la parte reproducida fija lo referente a la suspensión de los actos impugnados ante el mencionado órgano judicial, destacando por su importancia, para el caso que nos ocupa, la fracción II, que establece que la impugnación tiene efectos suspensivos y retentivo,(4) cuya declaración corresponde al mismo órgano que decretó la resolución impugnada, que no se ejecuta hasta que no se resuelva la impugnación; esto es, la suspensión tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, al momento en que se interpone el medio de impugnación.
"Sobre todo, que de la lectura de todo este capítulo se observa que no requiere mayores condiciones que la Ley de Amparo para la suspensión del acto, contenidas en el artículo 128,(5) pues no establece ninguna más que la interposición del medio de impugnación.
"Como puede advertirse de lo anterior, la ley en cita prevé mecanismos de suspensión del acto que es susceptible de impugnación ante el juzgador, de ahí que cumple el requerimiento de prever la figura de suspensión; con independencia de que el supuesto que nos ocupa, que es la decisión del Ministerio Público de no ejercer acción penal en la averiguación previa respectiva al tratarse de una omisión, por su propia naturaleza, pueda considerarse no suspendible; sin embargo, se insiste, la ley que rige el acto al contemplar la suspensión, permite afirmar que la impugnación prevista en el artículo 130 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco es un medio de defensa completo que debe agotarse antes de acudir al juicio de control constitucional contra la decisión del representante social de no ejercer la acción penal.
"Caso concreto.
"En el particular, el acto reclamado a la autoridad señalada como responsable fiscal del Ministerio Público Auxiliar de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, lo constituye la resolución de veinticuatro de diciembre de dos mil quince, dictada en la averiguación previa **********, del índice del agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Agencia Investigadora Sexta del Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, por la cual, el auxiliar del fiscal general de esa entidad federativa y residente en la misma ciudad, aprobó la consulta de no ejercicio de la acción penal de veintidós de septiembre de esa anualidad, emitida por dicho agente del Ministerio Público Investigador.
"De las constancias de autos que remitió la autoridad responsable fiscal del Ministerio Público Auxiliar de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, en vía de informe justificado, específicamente de la copia certificada de la averiguación previa **********, de donde emergió el acto reclamado, se advierte que obra el acuerdo de consulta de no ejercicio de la acción penal, dictado el veintidós de septiembre de dos mil quince en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, por el agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Agencia Investigadora Sexta del Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, en la cual propuso el no ejercicio de la acción penal, tal como se evidencia de la transcripción de los siguientes puntos resolutivos:
"‘**********
"‘Acuerdo de consulta del no ejercicio de la acción penal.—En la ciudad de Villahermosa, del Municipio Centro del Estado de Tabasco, República Mexicana, siendo las once horas con cincuenta y nueve minutos (11:59) del día martes veintidós (22) del mes de septiembre del año dos mil quince (2015), en audiencia pública el suscrito fiscal del Ministerio Público determinador licenciado **********, adscrito a la Agencia Investigadora Sexta actuando legalmente con sus testigos de asistencia Lic. ********** y **********, quienes en su unión y al final firmarán:
"‘...
"‘Acuerda:
"‘Primero. Propóngase el no ejercicio de la acción penal, en atención a los razonamientos expuestos en el cuerpo del presente acuerdo.
"‘Segundo. Notifíquese personalmente el actual acuerdo a la parte ofendida ********** y a su asesor legal, haciéndole saber que, en caso de encontrarse inconforme con el mismo, cuenta con un término de quince días contados a partir del día siguiente en que surta sus efectos dicha notificación, para hacerla valer en los términos del artículo 129 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado.
"‘Tercero. Recibida que sea la inconformidad a que se hace referencia en el punto de acuerdo que antecede o transcurrido el plazo para la interposición del mismo, remítanse las presentes diligencias de averiguación previa al C. Director de Archivo, Amparo e Inconformidades de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en atención a lo establecido en los acuerdos número 02/98 emitido por la entonces titular de esta institución en fecha tres de julio del año de mil novecientos noventa y ocho, así como en el correspondiente acuerdo dictado por el procurador general de Justicia en fecha 19 de noviembre de 2004, publicado en el suplemento número 6495 del Periódico Oficial del Estado en fecha 27 de noviembre de 2004, con la finalidad de que resuelva lo conducente respecto del acuerdo de consulta planteado en atención a las atribuciones de las que se encuentra investido.’(6) (lo subrayado es propio).
"Dicha resolución le fue notificada a la ofendida, aquí recurrente, por oficio **********, de seis de octubre de dos mil quince, apreciándose que al inicio del aludido oficio, obra una rúbrica y firma del citado quejoso, señalando como fecha de recepción el quince de ese mismo mes y año.(7)
"Asimismo, obra a foja 84 del juicio de amparo indirecto, el escrito signado por **********,(8) fechado el diecinueve de octubre de dos mil quince, presentado ante la Agencia Investigadora Sexta del Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, a través del cual se inconformó en relación con el acuerdo de no ejercicio de la acción penal, solicitando se turnara al superior jerárquico para que resolviera ya fuera en el sentido de confirmar o bien, revocar dicha determinación.
"Posteriormente, por diverso oficio **********, el agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Agencia Investigadora Sexta del Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, remitió a la Dirección de Amparo, Criterio de Oportunidades y Resolución de Consultas de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Tabasco, con sede en Villahermosa, la averiguación previa **********, con motivo de que, en la citada indagatoria se había proveído consulta de no ejercicio de la acción penal.(9)
"Luego, el veinticuatro de diciembre de dos mil quince, el fiscal del Ministerio Público Auxiliar del fiscal general del Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, emitió resolución en la averiguación previa **********, en la que aprobó la consulta de no ejercicio de la acción penal de diez de octubre de dos mil trece. Dicha resolución fue firmada por la referida representante social y sus testigos de asistencia, así como con la aprobación del director de Amparos, Criterios de Oportunidad y Resolución de Consultas de la citada fiscalía.
"Esta resolución, culminó con los puntos resolutivos siguientes:
"‘Resolución.—En la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, República Mexicana, siendo las ... del día veinticuatro (24) del mes de diciembre de año dos mil quince (2015), ...
"‘RESUELVE:
"‘PRIMERO.—Se aprueba la consulta de no ejercicio de la acción penal de fecha veintidós (22) de septiembre del año dos mil quince (2015), formulada por el fiscal del Ministerio Público determinador adscrito a la Fiscalía Sexta de esta ciudad, con base en las consideraciones de hecho y de derecho que se expusieron en los considerandos que anteceden.
"‘SEGUNDO.—Notifíquese la presente resolución personalmente a la agraviada y a su asesor jurídico particular el licenciado **********; tal como lo establece el artículo 130 el código adjetivo penal en vigor.’ (lo subrayado es propio)
"Cabe precisar, que en dicha resolución, la fiscal resolutora aludió al escrito de inconformidad interpuesto por la ofendida, hoy recurrente, con base en el artículo 129 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco, pues en relación con éste, argumentó que en atención a tal escrito, la ofendida debería estar a lo señalando en el mismo fallo.
"Como ya se apuntó en líneas precedentes, esta resolución constituye el acto reclamado en el presente juicio constitucional, y de ella fue notificada la ofendida, ahora quejoso, así como su asesor particular el veintidós de enero del presente año, tal como se advierte a fojas 91 a 94 del juicio de amparo indirecto.
"Ahora bien, de la anterior narrativa, se pone de manifiesto que la ofendida quejosa, si bien se inconformó en ocurso de diecinueve de octubre de dos mil quince, contra el acuerdo de veintidós de septiembre de dos mil quince, emitida por el fiscal investigador, en la cual formuló la consulta de no ejercicio de la acción penal; sin embargo, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, no se advierte que contra la resolución de veinticuatro de diciembre de dos mil quince, misma que constituye el acto reclamado, hubiera interpuesto la impugnación prevista por el artículo 130 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco, esto es, el recurso innominado previsto en dicho numeral.
"Es decir, previamente a instar la acción constitucional, la ofendida **********, debió haber agotado el mencionado medio de impugnación, ante la autoridad jurisdiccional, en acatamiento al principio de definitividad, ya que tal exigencia se regula en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio constitucional.
"Lo cual no aconteció en la especie, pues no obstante la quejosa fue notificada de la resolución que autorizó el no ejercicio de la acción penal, no se advierte –al menos de las constancias que obran en autos del juicio de amparo– que aquélla hubiera agotado el procedimiento de impugnación respectivo, establecido en el numeral 130 de la codificación adjetiva penal en comento, lo anterior, a pesar de que estaban en actitud de promoverlo.
"Cuestión esta última, que resultaba ineludible para efecto de acudir al juicio de amparo indirecto, toda vez que si bien es cierto el numeral 130, en la segunda parte, del primer párrafo, establece que el ofendido o su asesor ‘podrán’ impugnar el acto ante una autoridad jurisdiccional, conforme a la competencia que establezca la legislación, y de cuya redacción pudiera interpretarse, que la interposición del recurso innominado es optativa mas no imperativa; contrario a dicha interpretación, lo cierto es, que el mismo arábigo, en su último párrafo, concluye que: ‘La resolución de no ejercicio de la acción será firme cuando el interesado no actúe según lo previsto en este artículo y cuando confirme la determinación del Ministerio Público, una vez desarrollado el procedimient
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28233-e8bc66f0/no-ejercicio-de-la-accion-penal-en-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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