AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE DECIDE EN FORMA DEFINITIVA SOBRE LA RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES DE EDAD, SOLICITADA CONFORME A LA CONVENCIÓN DE LA MATERIA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 191/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL QUINTO CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DÉCIMA REGIÓN. 26 DE JUNIO DE 2019. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIA: LETICIA GUZMÁN MIRANDA.
CONSIDERANDO:
8. PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(7) 226, fracción II, de la Ley de Amparo;(8) 86, párrafo segundo, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación;(9) así como en el punto segundo, fracción VII, parte final, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013.(10) Lo anterior, porque contienden criterios de Tribunales Colegiados de distintos Circuitos que versan sobre la materia civil, que se ubica dentro del ámbito de especialidad de esta Sala, sin que se estime necesaria la intervención del Tribunal Pleno.
9. SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, así como 227, fracción II,(11) de la Ley de Amparo, toda vez que la formula el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza.
10. TERCERO.—Criterios contendientes. A fin de estar en posición de establecer si existe la contradicción de tesis denunciada, a continuación se sintetizan las consideraciones de las resoluciones de los Tribunales Colegiados que se denunciaron como contradictorias, así como las condiciones fácticas relevantes de los asuntos que resolvieron:
11. 1) Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito (amparo directo civil 210/2013).
12. I. Antecedentes(12)
13. a) Solicitud de restitución. A solicitud de **********, el director general adjunto de Protección, encargado provisional del despacho de la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior, promovió un procedimiento de restitución internacional de dos menores de edad en contra de **********, con fundamento en la Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores.
14. b) Procedimiento ante el juzgado familiar. El procedimiento de restitución fue del conocimiento del Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Navojoa, Sonora, que lo registró con el número ********** y, como medida cautelar, ordenó el depósito judicial de los niños ante el Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia.
15. En la sentencia de primera instancia se declaró procedente la oposición a la restitución de menores solicitada; en consecuencia, se levantó la medida cautelar y se ordenó la entrega inmediata de los niños a su madre.
16. c) Recurso de apelación. En contra de esta resolución, ********** interpuso recurso de apelación (toca civil **********), que fue resulto por la Sexta Sala Mixta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, en el sentido de confirmar la sentencia recurrida.
17. d) Juicio de amparo. Inconforme con lo anterior, ********** promovió juicio de amparo, que fue del conocimiento del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, que lo registró con el número 210/2013.
18. Previo a la admisión de la demanda, el presidente del Tribunal Colegiado planteó una consulta al Pleno, a fin de que éste decidiera si era competente o no para conocer del asunto. Esto, al advertir que la resolución reclamada podría no encuadrar en los supuestos previstos en los artículos 44 y 46 de la Ley de Amparo –abrogada– para considerar que se trata de una sentencia definitiva contra la que proceda el juicio de amparo directo y, por ende, el asunto podría ser competencia de un Juez de Distrito, en términos del artículo 114, fracción III, de dicho ordenamiento.(13)
19. II. Consideraciones relevantes
20. Al resolver la consulta a trámite, el veinte de febrero de dos mil trece,(14) el Pleno del Tribunal Colegiado partió de que el problema planteado consistía en definir si la sentencia irrecurrible que decide sobre la restitución de menores en términos de la Convención de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, debe considerarse como una sentencia definitiva para efectos del juicio de amparo directo, lo que resolvió de acuerdo con los razonamientos que se sintetizan a continuación:
21. – Se ha conceptualizado que "juicio", para efectos de la procedencia del juicio de amparo directo, no se refiere a todo procedimiento que provenga de algún tribunal penal, civil, administrativo o de trabajo, sino que debe tener como característica que verse sobre una contienda o cuestión litigiosa entre partes determinadas; de tal manera que si no reúne esa característica, no procede la vía directa del juicio de amparo contra la decisión que se emita, pues todo lo actuado en el procedimiento se considerará como actos fuera de juicio.
22. – En términos del artículo 19 de la Convención de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, la decisión adoptada sobre la restitución no afectará la cuestión de fondo del derecho de custodia.
23. – A pesar de que la decisión adoptada sobre la restitución de menores no resuelve de forma definitiva sobre el derecho de custodia o patria potestad, ello no es obstáculo para considerar que ese procedimiento se trata de un verdadero juicio para efectos del juicio de amparo, pues sí existe una contienda clara y bien definida respecto de los derechos controvertidos, como son los relativos a la sustracción de menores y su eventual restitución.
24. – Además, porque la resolución sobre la restitución se emite en un procedimiento bien definido en el que se respetan las formalidades esenciales del procedimiento, ya que se otorga garantía de audiencia a quien pudiera oponerse a la petición de restitución y se da oportunidad a las partes de ofrecer pruebas y alegar, siendo relevante que, satisfechos los requisitos de procedibilidad, la resolución final es susceptible de resolver en definitiva sobre la restitución solicitada, es decir, la materia de ese juicio es la posible ilegalidad de la sustracción de menores.
25. – Sumado a lo anterior, de acuerdo con el artículo 7 de la Convención, en ese tipo de procedimientos se toman medidas cautelares a efecto de garantizar la posible ejecución de la sentencia que se dicte, característica que es propia de los juicios principales.
26. – El hecho de que la controversia respectiva no resuelva en definitiva sobre los derechos de custodia de los menores involucrados, no puede considerarse como factor determinante para definir la competencia para conocer del juicio de amparo, pues en materia de derechos familiares, sobre todo los relacionados con menores, las decisiones que se toman no causan estado, por lo que no puede decirse que en ellas se resuelve definitivamente en torno a los derechos controvertidos y, sobre esa base, decir que en esos casos no procede el juicio de amparo directo.
27. – Existen otros procedimientos judiciales en los que se resuelve provisionalmente o de manera interina sobre los derechos controvertidos en los que procede el juicio de amparo directo, por ejemplo, en los juicios interdictales, en los que no se falla sobre el mejor derecho de las partes, sino sobre la perturbación o afectación de aquel que se encuentra cuestionado, situación análoga al caso, pues la materia del procedimiento no es decidir sobre el derecho de custodia de los menores, sino sobre la eventual sustracción ilegal de éstos, lo que lleva a concluir que la resolución que se reclama debe considerarse como una sentencia definitiva para los efectos del juicio de amparo directo.
28. – Si bien para determinar la competencia de un Tribunal Colegiado para conocer de una demanda de amparo, sólo debe atenderse a la calidad de la resolución que se reclama, esto es, si se trata de una sentencia definitiva para tales efectos, no puede dejar de valorarse que el trámite del juicio de amparo directo es más breve, lo que permite fallar el asunto en menor tiempo que en un juicio de amparo indirecto, con lo que se evitan los efectos dañosos que pudieran existir con motivo de la dilación.
29. – El único argumento para establecer que no procede el juicio de amparo directo, es el hecho de que en la contienda de la que emanan los actos reclamados no se resuelve en definitiva sobre derechos de custodia o de patria potestad de los menores; sin embargo, eso es insuficiente, si se toma en cuenta que en tal procedimiento existe una verdadera contienda y se resuelve de manera efectiva sobre la existencia de derechos controvertidos, como es la legal o ilegal sustracción de menores.
30. De esta decisión derivó la tesis de título, subtítulo y texto siguientes:
"SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES. LAS SENTENCIAS DICTADAS EN LOS PROCEDIMIENTOS RELATIVOS, AL SER EMITIDAS EN VERDADEROS JUICIOS Y TENER EL CARÁCTER DE DEFINITIVAS, SON IMPUGNABLES EN AMPARO DIRECTO. De conformidad con los artículos 1 a 20 de la Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de marzo de 1992, en los procedimientos jurisdiccionales que se tramiten con motivo de una solicitud de restitución de menores en términos de dicha convención, la resolución final que al efecto se dicte no tiene como objetivo resolver o decidir, definitivamente, en relación con el derecho de custodia de los menores, sino que lo único que procura es restituir las cosas al estado que guardaban antes de que se diera la sustracción o retención ilegal de éstos. Sobre esa base, podría considerarse, en términos del artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, que tales procedimientos no son verdaderos juicios para efectos de dicha ley, y que lo actuado y resuelto en ellos constituyen actos previos o preparatorios a los procedimientos en que se decida en definitiva sobre la custodia de los menores en cuestión, esto es, puede considerarse que se trata de actos fuera de juicio o, incluso, si ello ya fue definido judicialmente, que se trata de actos posteriores al propio juicio y que, por ende, de la constitucionalidad de la sentencia definitiva que se dicte, competa conocer a un Juez de Distrito en términos del citado numeral. No obstante lo anterior, dicha resolución sí debe considerarse, para los efectos del juicio de amparo, como una sentencia definitiva emitida en un verdadero juicio, pues reúne los requisitos necesarios para considerarse como tal, ya que en éstos existe una contienda clara y bien delimitada entre las partes respecto de derechos controvertidos, que en el caso son los relativos a la sustracción de menores y su eventual restitución; además, la resolución respectiva se emite en un procedimiento en el que se respetan las formalidades esenciales del procedimiento, a lo que debe añadirse que en tales procedimientos, a semejanza de los juicios principales, también se toman medidas cautelares para asegurar el cumplimiento de la sentencia que se dicte, las cuales son características distintivas de un ‘juicio’ para efectos de la Ley de Amparo. Por otra parte, el hecho de que en ellos no se resuelva en definitiva sobre los derechos de custodia de los menores involucrados, no es un elemento determinante para establecer que no se está en presencia de un verdadero juicio, en razón de que, por regla general, las medidas jurisdiccionales que se toman con relación a menores no causan estado, sin que ello constituya un obstáculo para que en su contra proceda el juicio de amparo directo, a lo que se suma el hecho de que en otro tipo de procedimientos judiciales, como los interdictales, también se resuelve provisional o interinamente sobre los derechos controvertidos, sin que ello impida que el juicio de amparo directo proceda contra las sentencias definitivas que en esos procedimientos se dicten, situación que es análoga a los procedimientos de restitución de menores. Así, al tener las resoluciones irrecurribles que deciden los procedimientos de sustracción internacional de menores tramitados en términos de la referida convención el carácter de sentencias definitivas para los efectos del juicio de amparo directo, resulta evidente que para conocer de la constitucionalidad de éstas compete a un Tribunal Colegiado de Circuito, en términos de los artículos 107, fracciones V, inciso c) y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación."(15)
31. A partir de lo anterior, el Tribunal Colegiado se declaró competente para conocer del juicio de amparo en la vía directa y admitió a trámite la demanda. Posteriormente, en sesión de tres de diciembre de dos mil trece, resolvió conceder el amparo, al considerar que la sentencia reclamada carecía de validez, ante la falta de identificación de los cargos, nombres y apellidos de los funcionarios que la emitieron.
32. 2) Criterio del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región (amparo directo 301/2017, derivado del juicio de amparo directo 16/2017, del índice del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito).
33. I. Antecedentes(16)
34. a) Solicitud de restitución. ********** o ********** solicitó la restitución internacional de tres menores de edad ante el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. Ante tal petición, la fiscal delegada del fuero común, Unidad de Restitución de Menores del Condado de Riverside, California, emitió en términos de la Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, una solicitud de apoyo a la autoridad central mexicana, a fin de que se garantizara a la solicitante la custodia y acceso a los menores, pues se tenía noticia de que su padre, **********, los había llevado a la ciudad de **********, Coahuila.
35. La solicitud de apoyo fue del conocimiento de la Subdirección de Derecho Familiar de la Dirección General de Protección y Asuntos Consulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que remitió la carta rogatoria al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza, para la tramitación del procedimiento correspondiente.
36. b) Procedimiento ante el juzgado familiar. Del asunto correspondió conocer al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Saltillo, que lo registró con el número ********** y resolvió declarar improcedente la solicitud de restitución, dejando a salvo los derechos de las partes para que reclamaran en un diverso juicio el régimen de alimentos, guarda y custodia de los niños.
37. c) Apelación (**********) y reposición del procedimiento. La madre de los menores interpuso recurso de apelación, mientras que el padre interpuso apelación adhesiva. De tales medios de impugnación conoció el Primer Tribunal Distrital del Estado de Coahuila, que ordenó reponer el procedimiento a efecto de desahogar diversas pruebas.
38. d) Sentencia de cumplimiento. Una vez cumplido lo anterior, el Juez de lo Familiar dictó una nueva sentencia en la que una vez más declaró improcedente la solicitud de restitución.
39. e) Segundo recurso de apelación (**********). En contra de la sentencia, ********** interpuso recurso de apelación. Al resolver el recurso, el Tribunal Distrital ordenó nuevamente la reposición del procedimiento.
40. f) Juicio de amparo directo (**********). ********** promovió amparo directo y ********** promovió amparo adhesivo, los cuales fueron del conocimiento del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, que se declaró incompetente para conocer del asunto y, en consecuencia, ordenó su remisión al Juzgado de Distrito en turno.
41. g) Juicio de amparo indirecto (**********). El juicio de amparo fue turnado al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, que ordenó su remisión al Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región, que resolvió en el sentido de conceder el amparo a ********** para determinados efectos.
42. En cumplimiento a lo anterior, el Tribunal Distrital dictó una nueva sentencia en el toca **********, en la que determinó confirmar la sentencia en la que se negó la restitución de los menores.
43. h) Juicio de amparo directo (301/2017). En contra de esta sentencia, ********** promovió juicio de amparo directo, del que correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, que lo registró con el número 16/2017 y lo admitió a trámite. Posteriormente, el asunto fue remitido para su resolución al Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, que en sesión de cuatro de agosto de dos mil diecisiete, resolvió declararse incompetente.
44. II. Consideraciones relevantes
45. La declaratoria de incompetencia del Tribunal Colegiado Auxiliar se basó en las consideraciones que se resumen a continuación:
46. – El juicio de amparo en la vía directa procede en dos supuestos: a) en contra de sentencias definitivas, laudos y resoluciones que deciden el juicio en lo principal; y, b) en contra de aquellas resoluciones que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido. Sin embargo, en el caso no se está ante ninguno de esos supuestos de procedencia, sino de un acto realizado fuera de juicio.
47. – El derecho aplicable a todo procedimiento de restitución de menores es la legislación procesal civil de cada entidad federativa; por tanto, tratándose de los procedimientos de restitución internacional de menores tramitados en el Estado de Coahuila, debe estarse a lo dispuesto en el artículo 551 del código procesal civil local, que prevé las formalidades esenciales para garantizar la defensa del gobernado del acto de privación. Sin embargo, ello no lleva a considerar propiamente la existencia de un juicio para efectos del juicio de amparo directo, pues en el procedimiento de origen no se decide una cuestión de fondo.
48. – Esto, porque el objeto del procedimiento de restitución regulado por la Convención de la Haya, es el restablecimiento del statu quo de los menores trasladados o retenidos de forma ilícita al país donde residían mediante su restitución inmediata, sin que ello implique la resolución sobre algún derecho, como el de guardia y custodia, o bien, el régimen de visitas, pues en el lugar de su residencia habitual es donde se deberá decidir respecto a los derechos de esa índole.
49. – A pesar de que durante la tramitación del procedimiento de restitución de menores surgiera un conflicto entre las partes, que pudiera ser precisamente la existencia de una situación extraordinaria que impida el retorno inmediato del menor al lugar de su residencia habitual, ello tampoco implica estimar que se está en presencia de un juicio para efectos del juicio de amparo directo, pues esa controversia se centrará precisamente en determinar si acorde al interés superior del menor procede o no su restitución inmediata, siempre que se demuestre la situación o situaciones de excepción que se aleguen, sin resolver sobre un derecho relacionado con el menor.
50. – Por lo anterior, la resolución reclamada constituye un acto proveniente de un tribunal judicial realizado fuera de juicio y, en ese tenor, la competencia para conocer del juicio de amparo le corresponde a un Juez de Distrito.
51. CUARTO.—Existencia de la contradicción de tesis. Para determinar si existe la contradicción de criterios denunciada, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 226 de la Ley de Amparo, se debe tener presente que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencia en el sentido de que existe contradicción de tesis cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito adoptan en sus sentencias criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales o que se adviertan elementos secundarios diferentes en el origen de las ejecutorias.
52. Lo anterior tiene sustento en la tesis P./J. 72/2010, del Pleno de este Alto Tribunal, que establece:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.—De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."(17)
53. Además, resulta pertinente destacar que es innecesario que los criterios divergentes estén plasmados en tesis redactadas y publicadas en términos de los artículos 218 a 220 de la Ley de Amparo, sino que basta que se encuentren en las consideraciones de los asuntos sometidos al conocimiento de los órganos jurisdiccionales.(18)
54. Dicho lo anterior, conviene referir inicialmente que en los asuntos que dieron lugar a los criterios contendientes se presentaron las siguientes circunstancias de hecho en común:
55. 1) Tuvieron su origen en solicitudes de restitución de menores formuladas al amparo de la Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores.(19)
56. 2) Los procedimientos respectivos fueron tramitados ante juzgados locales, que aplicaron la legislación adjetiva de la entidad en materia civil.
57. 3) En ambos casos se combatió, a través del juicio de amparo directo, la sentencia dictada en el recurso de apelación, en la que se resolvió en forma definitiva sobre la procedencia de la restitución internacional de menores de edad.
58. Puntualizado esto, esta Primera Sala considera que, en el caso, existe la contradicción de tesis denunciada, entre los criterios sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, en el amparo directo 210/2013, y por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, en el amparo directo 301/2017.
59. En efecto, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito determinó procedente el juicio de amparo en la vía directa, contra la resolución de segunda instancia por la que se resolvió en forma definitiva sobre un procedimiento de restitución internacional de menores.
60. Para ello, consideró que, a pesar de que en términos de la Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, la decisión adoptada sobre la restitución no resuelve en forma definitiva sobre el derecho de custodia o patria potestad de éstos, el procedimiento de restitución constituye un verdadero juicio para efectos del juicio de amparo, pues existe una contienda clara y bien definida sobre los derechos controvertidos, como son los relativos a la sustracción de menores y su eventual restitución; de forma que en ellos se resuelve si existe derecho del solicitante de ser restituido en la custodia de los menores.
61. Sumado a lo anterior, argumentó que la resolución sobre la restitución se emite en un procedimiento en el que se respetan las formalidades esenciales del procedimiento, en tanto se otorga garantía de audiencia a quien pudiera oponerse a la petición de restitución y se da oportunidad a las partes de ofrecer pruebas y alegar.
62. En cambio, el Cuatro Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región sostuvo que la resolución derivada del procedimiento de restitución internacional de menores, en términos de la citada convención, constituye un acto realizado fuera de juicio. Al respecto, consideró que si bien el procedimiento –que fue tramitado conforme a las reglas del procedimiento previsto en el artículo 551 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Coahuila– podría implicar el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento, ello no llevaba a considerar la existencia de un juicio para efectos del juicio de amparo directo, pues en el procedimiento de origen no se decide una cuestión de fondo.
63. Esto, porque el objeto del procedimiento es la restitución inmediata de los menores trasladados o retenidos de forma ilícita al país donde residían, sin que ello implique la resolución sobre algún derecho, como el de guardia y custodia, o bien, el régimen de visitas.
64. Por estas razones, concluyó que la resolución reclamada constituye un acto proveniente de un tribunal judicial realizado fuera de juicio y, por ende, la competencia para conocer del juicio de amparo corresponde a un Juez de Distrito.
65. De lo anterior se desprende que los Tribunales Colegiados se pronunciaron de manera contradictoria sobre un mismo problema jurídico, cuya materia consiste en determinar si las resoluciones judiciales que deciden en forma definitiva sobre la restitución internacional de menores de edad, solicitada en términos de la Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, constituyen o no sentencias definitivas en contra de las cuales procede el juicio de amparo directo.
66. En este punto conviene precisar lo siguiente:
67. En primer término, no pasa inadvertido que ante la ausencia de legislación uniforme, los procedimientos de restitución de menores que dieron lugar a los criterios contendientes se tramitaron conforme a las reglas previstas en códigos adjetivos civiles de diferentes entidades federativas (Sonora y Coahuila); sin embargo, ello no impide considerar que se actualiza la contradicción de tesis, pues con independencia de las particularidades que pudiera tener cada legislación, lo relevante es que se trata de procedimientos seguidos ante autoridades judiciales en los que se decidió en definitiva sobre la restitución internacional de menores de edad solicitada conforme a la Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, los cuales, por cierto, necesariamente deben observar las formalidades esenciales del procedimiento, como lo ha señalado esta Primera Sala.(20)
68. Tampoco resulta obstáculo el que uno de los tribunales contendientes se haya pronunciado cuando se encontraba en vigor la Ley de Amparo abrogada –publicada en el Diario Oficial de la Federación
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29144-d2378019/amparo-directo-procede-contra-la-resolucion-judicial-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- PROCEDIMIENTO DE RESTITUCIÓN INTERNACIONAL. NATURALEZA JURÍDICA. RESTITUCIÓN INTERNACIONAL. LINEAMIENTOS PARA LA VALORACIÓN DE LA EXCEPCIÓN DE GRAVE RIESGO CUANDO SE ALEGA QUE E (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)
- SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES. EL NEGAR LA RESTITUCIÓN POR CONSIDERAR QUE LAS ACTIVIDADES PROFESIONALES DEL PROGENITOR IMPLICAN SU INCAPACIDAD DE CRIANZA REFUERZA ESTEREOTIP (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)
- SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE PERSONAS MENORES DE EDAD. EL ARTÍCULO 13, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA CONVENCIÓN DE LA HAYA SOBRE LOS ASPECTOS CIVILES EN LA MATERIA NO VULNERA EL DERECHO A (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)
- AMPARO DIRECTO. SI LA DEMANDA RESULTÓ EXTEMPORÁNEA AL HABERSE PRESENTADO ANTE AUTORIDAD DISTINTA DE LA RESPONSABLE CONFORME A LA REGLA DEL ARTÍCULO 176, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES. LAS SENTENCIAS DICTADAS EN LOS PROCEDIMIENTOS RELATIVOS, AL SER EMITIDAS EN VERDADEROS JUICIOS Y TENER EL CARÁCTER DE DEFINITIVAS, SON IMPUGNA (V.2o.C.T.2 K (10a.))
- AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE DECIDE EN FORMA DEFINITIVA SOBRE LA RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES DE EDAD, SOLICITADA CONFORME A LA CONVENCIÓN DE L (1a./J. 71/2019 (10a.))
- JUICIO DE AMPARO DIRECTO. LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE REVOCA EL SOBRESEIMIENTO EN LA CAUSA PENAL DECRETADO EN UN PROCEDIMIENTO DE SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO Y OR (XVIII.2o.P.A.3 P (11a.))
- SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. DEBE NEGARSE SI CONTRA EL ACTO RECLAMADO ESTÁ PENDIENTE DE RESOLUCIÓN UN MEDIO DE DEFENSA ORDINARIO. (VII.2o.C.10 K (11a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis