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Modo: Corpus Pro

SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES. EL NEGAR LA RESTITUCIÓN POR CONSIDERAR QUE LAS ACTIVIDADES PROFESIONALES DEL PROGENITOR IMPLICAN SU INCAPACIDAD DE CRIANZA REFUERZA ESTEREOTIPOS DE GÉNERO. VIOLENCIA FAMILIAR. EL JUZGADOR DEBE RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS QUE ESTIME CONDUCENTES PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD EN AQUELLAS CONTROVERSIAS DONDE SE ALEGUE VIOLENCIA FAMILIAR Y ESTÉN INVOLUCRADOS DERECHOS DE MENORES DE EDAD.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2937/2021. · Registro digital (IUS): 30788
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2022-07-15
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 15, Julio de 2022, Tomo II, Pág.2164.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2937/2021. 16 DE MARZO DE 2022. CINCO VOTOS DE LAS MINISTRAS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ Y ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE, Y LOS MINISTROS JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: MINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIO: FERNANDO SOSA PASTRANA.

SUMARIO

El presente asunto tiene su origen en un juicio de restitución internacional de menores, iniciado por **********. La madre sustractora contestó la demanda, oponiendo las excepciones previstas en los artículos 12 y 13 de la Convención de la Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores. El Juez de primera instancia consideró que la madre sustractora no había acreditado las excepciones previstas. La madre demandada promovió un juicio de amparo que le fue otorgado, lo cual es materia de este recurso de revisión.

CUESTIONARIO

• ¿El Tribunal Colegiado, al determinar que no procedía la restitución inmediata de la menor a su país de residencia habitual, en virtud de que, al desarrollar lazos afectivos con su progenitora, el simple hecho de separarla de ella le ocasionaría un daño psicológico y físico irremediable, ignoró y contradijo lo establecido por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la restitución internacional de menores y la excepción establecida en el inciso b) «del» artículo 13 de la Convención de la Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores?

• ¿El Tribunal Colegiado se apartó de la interpretación que esta Primera Sala ha sustentado sobre los derechos de convivencia, guarda y custodia bajo la aplicación de la Convención de la Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores?

• ¿El órgano colegiado contravino la línea jurisprudencial de esta Suprema Corte sobre perspectiva de género, al determinar la no restitución de la menor, en virtud de que el padre no podrá prodigarle cuidados y atenciones en el hogar a su menor hija en comparación a los que la madre sí podrá?

Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al dieciséis de marzo de dos mil veintidós, emite la siguiente:

SENTENCIA

Correspondiente al amparo directo en revisión 2937/2021, interpuesto por **********, contra la sentencia dictada el trece de mayo de dos mil veintiuno por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito en el amparo directo **********.

I. ANTECEDENTES(1)

1. El veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, **********, ante el departamento de Estado de los Estados Unidos de América, formuló en contra de **********, solicitud de devolución de su menor hija de iniciales ********** a su residencia habitual en Texas, al señalar que la demandada retenía ilegalmente a su hija en Puebla, México, desde el veintiuno de mayo de dos mil diecinueve.

2. Por escrito de once de julio de dos mil diecinueve, en Washington, D.C., la Oficina de Asuntos de Menores del Departamento de Estado de Estados Unidos de América, remitió la solicitud formulada por ********** a la Oficina de Derechos de Familia de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de México, en su carácter de autoridad central, en donde se recibió el veintiséis de julio de dos mil diecinueve.

3. El director general Adjunto de Políticas de Protección, encargado del despacho de la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior, de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de México, por escrito de cinco de agosto de dos mil diecinueve, y dirigido al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, en su carácter de autoridad central y, de conformidad con la Convención de la Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, solicitó la iniciación del procedimiento jurisdiccional en que se diera curso a la petición que le fue dirigida por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América.

4. Dicho oficio fue remitido al Juzgado de Exhortos de la Zona Metropolitana, del Poder Judicial del Estado de Puebla, en donde se radicó con el número de expediente **********, mediante proveído de diez de septiembre de dos mil diecinueve en el cual también se señaló que se estaba bajo una posible retención ilícita y no sustracción, en virtud de que la menor, la cual residía habitualmente en Montgomery, Texas, Estados Unidos de América con sus padres, con motivo de vacaciones, viajó junto con ellos a Puebla, México, siendo que el padre regresó a Estados Unidos el nueve de mayo de dos mil diecinueve y regresó por su familia el dieciséis de mayo del mismo año, sin embargo, no localizó a su cónyuge, fue bloqueado vía telefónica y por redes sociales, sin tener contacto con su menor hija, de lo que se desprende la retención ilícita ejercida por la madre para que la menor permaneciera en México.

5. Asimismo, en dicho oficio ordenó como medida precautoria el aseguramiento de la menor con la finalidad de que no fuera ocultada o trasladada a otro lugar mientras se decide sobre su restitución. Medida que se desahogó sin éxito el treinta de septiembre de dos mil diecinueve.

6. En contra de la medida provisional de aseguramiento de la menor y su consecuente depósito en las instalaciones del Sistema DIF estatal, la madre promovió juicio de amparo indirecto, del que tocó conocer al titular del Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, registrándolo con el número **********, en el que se otorgó la suspensión provisional y definitiva de la ejecución del acto reclamado y finalmente se sobreseyó en el juicio, mediante sentencia dictada en la audiencia constitucional y terminada de engrosar el veintiséis de febrero de dos mil veinte.

7. ********** compareció al procedimiento de restitución de su menor hija, presentando contestación de demanda el veintidós de octubre de dos mil diecinueve, en la que señaló que se oponía a la restitución de su menor hija, en virtud de que a su consideración se pone en riesgo su integridad física y mental, al señalar que el padre de su hija ejerce violencia psicológica y económica en contra de su hija. De igual forma, señaló que su hija no ha sido sustraída o retenida ilícitamente, en virtud de que la Jueza del Juzgado Tercero de lo Familiar del Estado de Puebla dentro de la controversia familiar sobre guarda y custodia número ********** le otorgó la guarda y custodia a la demandada de su menor hija. De igual forma, aludió que el padre de la menor no le daba los cuidados necesarios a ésta, en virtud de que siempre se la pasaba trabajando y cuando llegaba a la casa empezaba a gritar, ejerciendo violencia familiar en contra de ambas. Asimismo, señaló que su menor hija se encuentra integrada a su nuevo ambiente familiar en México, por lo que la restitución podría generarle daños psicológicos.

8. Previos diferimientos, derivados de las medidas de contingencia adoptadas con motivo del virus COVID-19, el doce de noviembre de dos mil veinte, se llevó a cabo la diligencia en que se recibió la declaración de la menor **********.

9. En esa misma fecha, se dictó sentencia definitiva en la que se determinó que el señor ********** acreditó la solicitud de restitución de la menor **********, mientras que la madre no probó las excepciones opuestas, ordenando la restitución inmediata de la menor a su residencia habitual ubicada en Montgomery, Texas, Estados Unidos de América.

10. En contra de dicha determinación, el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, ********** promovió amparo indirecto, cuyo conocimiento correspondió por turno al titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, quien por auto de veintiséis de ese mismo mes y año, dictado en el expediente ********** declaró su legal incompetencia para conocer de dicho medio de defensa constitucional y ordenó su remisión al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito en turno, al considerar que dicho juicio debía tramitarse como amparo directo.

11. Por auto de diecinueve de enero de dos mil veintiuno, dicho órgano colegiado se avocó al conocimiento del asunto, radicándolo con el número de expediente **********, habiéndose hecho constar que tiene relación con el diverso amparo directo **********, que fue promovido por la misma **********, por conducto de la autoridad responsable, mediante demanda presentada el dos de diciembre de dos mil veinte.

12. En sentencia de trece de mayo de dos mil veintiuno, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito resolvió los autos del juicio de amparo directo ********* en el sentido de amparar a la quejosa, en representación de su menor hija de iniciales ********, en contra de la sentencia dictada el doce de noviembre de dos mil veinte en el expediente ********, requiriendo a la autoridad responsable al cumplimiento de dicha ejecutoria.

13. Recurso de revisión. En fecha siete de junio de dos mil veintiuno, *********, a través de su representante legal, interpuso vía electrónica recurso de revisión en contra de la sentencia anterior, ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito.

14. Recurso de revisión adhesiva. **********, en representación de su menor hija de iniciales **********, mediante escrito presentado el veintitrés de junio de dos mil veintiuno en la Oficialía de Partes Comunes de San Andrés Cholula, Puebla, promovió revisión adhesiva.

15. Recibidos los autos por este Alto Tribunal, en auto de presidencia de siete de julio de dos mil veintiuno, se admitieron a trámite los recursos de revisión, tanto el principal como el adhesivo, registrando el asunto con el número 2937/2021 y se ordenó turnarlo al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá y su respectiva radicación a la Primera Sala de este Alto Tribunal, dado que la materia del asunto corresponde a su especialidad.

16. Esta Primera Sala se avocó al conocimiento del asunto por proveído de nueve de noviembre de dos mil veintiuno y, en ese mismo auto, ordenó el envío de los autos a la ponencia designada para elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

II. COMPETENCIA

17. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83 de la Ley de Amparo vigente, 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto tercero del Acuerdo General Número 5/2013 del Pleno de este Alto Tribunal, toda vez que el recurso de revisión se interpuso en contra de la sentencia dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito en el juicio de amparo directo 396/2020, en el que se alega la inobservancia e incorrecta interpretación de la jurisprudencia emitida por este Alto Tribunal en materia de restitución internacional de menores y de perspectiva de género.

III. OPORTUNIDAD Y LEGITIMACIÓN

18. El recurso de revisión fue interpuesto oportunamente y por parte legítima, pues la sentencia se notificó a las partes por medio de lista el veintiuno de mayo de dos mil veintiuno; surtió sus efectos al día hábil siguiente, es decir, el lunes veinticuatro del mismo mes y año, por lo que el plazo de diez días, que el artículo 86 de la Ley de Amparo concede para interponer el recurso de revisión, corrió del veinticinco de mayo al siete de junio del dos mil veintiuno, sin contar los días veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de mayo, así como cinco y seis de junio de dos mil veintiuno, por haber sido inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo.

19. Por tanto, si el recurso de revisión fue interpuesto el siete de junio de dos mil veintiuno, ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, es inconcuso que la referida interposición fue oportuna.

20. En lo que concierne al recurso de revisión adhesiva, se precisa que la admisión del recurso principal se realizó el siete de julio de dos mil veintiuno, en consecuencia, si el adhesivo fue presentado el veintitrés de junio de dos mil veintiuno, debe concluirse que el mismo fue interpuesto oportunamente, en términos del artículo 82 de la Ley de Amparo. Sin perjuicio de que su presentación haya sido anterior a la fecha en que se admitió la revisión principal. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 39/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "RECURSO DE REVISIÓN ADHESIVA. SU INTERPOSICIÓN ES OPORTUNA, AUN SI SE PRESENTA ANTES DE QUE SEA NOTIFICADO EL ACUERDO POR EL QUE SE ADMITE EL PRINCIPAL."(2)

21. Aunado a lo anterior, los recursos provienen de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 1o. del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5o., fracción I, de esta última, toda vez que la revisión principal fue interpuesta por el tercero interesado y la revisión adhesiva por la quejosa, quienes, al ser partes en el juicio de amparo, se encuentran legitimados para intervenir en éste, mediante la interposición de los recursos correspondientes.

IV. PROCEDENCIA

22. De conformidad con los supuestos establecidos en la fracción IX del artículo 107 de la Constitución Federal; la fracción II del artículo 81 de la Ley de Amparo vigente, y la fracción III del artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para que un recurso de revisión interpuesto contra las sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito en los juicios de amparo directo sea procedente, es necesario que las mismas decidan sobre la constitucionalidad de normas legales (leyes federales y locales, tratados internacionales y reglamentos federales y locales) o establezcan la interpretación directa de un precepto de nuestra Constitución Federal, o bien que en dichas resoluciones se omita hacer un pronunciamiento al respecto, cuando se hubiera planteado en la demanda. Además, es necesario que la cuestión de constitucionalidad tenga la potencialidad de llevar a la fijación de un criterio de importancia y trascendencia. En todos los casos, la decisión de este Alto Tribunal en vía de recurso debe limitarse a la resolución de las cuestiones propiamente constitucionales.

23. Los referidos requisitos de procedencia del recurso de revisión en amparo directo se han desarrollado normativamente por el Acuerdo General Plenario Número 9/2015, así como jurisprudencialmente(3) por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación a efecto de establecer que las sentencias que dicten los Tribunales Colegiados de Circuito en juicios de amparo directo sólo admitirán recurso de revisión en los siguientes supuestos:

a) Decidan o hubieran omitido decidir sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma general, o se establezca la interpretación directa de un precepto constitucional o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, siempre que dichos temas hubieren sido planteados desde la demanda de amparo directo; y

b) Que los referidos temas de constitucionalidad entrañan la fijación de un criterio de importancia y trascendencia.

24. Respecto a la actualización de los referidos requisitos de importancia y trascendencia, esta Primera Sala ha sostenido que debe realizarse caso por caso, buscando contestar la pregunta si de declararse la procedencia del recurso, ello permitiría a esta Suprema Corte, como Tribunal Constitucional, emitir un pronunciamiento sobre una cuestión novedosa y de relevancia para el orden jurídico, pues, en caso contrario, ha de declararse improcedente el recurso intentado. De ahí que la constatación de las notas de importancia y trascendencia para la procedencia del recurso de revisión en amparo directo se realiza mediante un ejercicio sustantivo de valoración por el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación plasma su política judicial.(4)

25. Finalmente, es importante destacar que el análisis definitivo de la procedencia del recurso es competencia, según sea el caso, del Pleno o las Salas de esta Suprema Corte. El hecho de que el presidente, del Pleno o de la Sala respectiva, admita a trámite el mismo no implica la procedencia definitiva del recurso.

A. Cuestiones necesarias para resolver

26. Considerando lo anterior, se emprende el estudio sobre la procedencia del medio de impugnación que es materia de esta resolución. Para tal efecto es necesario conocer los planteamientos expresados en la demanda de amparo, la sentencia del Tribunal Colegiado y los agravios formulados en la revisión y en la revisión adhesiva, elementos que enseguida se relacionan.

27. Concepto de violación. En su único concepto de violación, la quejosa adujo que la sentencia recurrida vulnera en perjuicio de la menor, sus derechos reconocidos en los artículos 14, 76, fracción I, 89, fracción X, 104, fracción I y 133 de la Constitución Federal, 12, 13, 14, 18 y 19 del Código Civil Federal, en relación con los numerales 1, 2, 4, 9, 11, 12, 16 y 18 de la Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, en virtud de que la autoridad responsable soslayó analizar de manera fundada y motivada los agravios de la apelante.

28. Esto, pues aduce que, si bien por regla general, en los juicios de restitución, el paso del tiempo de la excepción establecida en el artículo 12 de la Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, no debe obedecer a prácticas evasivas o dilatorias de las partes para impedir el retorno del menor, también lo es que la quejosa no ha incurrido en prácticas procesales de este tipo, pues el hecho de que desde el emplazamiento al juicio de restitución internacional a la audiencia programada el veintiocho de octubre de dos mil veinte, transcurriera más de un año, obedeció a la pandemia provocada por el COVID-19 y no a su conducta procesal.

29. Así, la quejosa considera que lo más adecuado para la menor es que permanezca en Puebla, ya que se encuentra adaptada a esa realidad nueva, siendo que ordenar su restitución sería tóxico e intolerable para la menor, pues ésta ha estado en Puebla la mayoría de su vida consciente, siendo dañino para su salud emocional el que la regresen a Estados Unidos de América.

30. Lo anterior lo considera así, pues alude que el único vínculo sanguíneo y familiar que tendría en Texas es su padre, contrario a Puebla que tiene a su alrededor a toda su familia paterna y materna, siendo pertinente para su sano desarrollo; que ya se encuentra adaptada plenamente a su entorno, sin querer regresar a Texas; que ha establecido vínculos de amistad en Puebla, además de tener un historial académico extraordinario por su comodidad y adaptación al sistema educativo mexicano; que tiene un nivel de vida garantizado por su abuelo materno; y que existe violencia económica por parte de su padre contra la menor, pues no ha sido responsable de sufragar los alimentos de ésta por más de un año, seis meses.

31. Asimismo, la quejosa considera que, si se restituye a la menor, se le llevará a un ambiente en donde será educada bajo la cultura machista, a diferencia de lo que sucede y sucederá en Puebla, en donde la menor podrá crecer y desarrollarse en un ambiente libre de violencia, así como inculcarle una cultura de empoderamiento que le permita tomar sus decisiones libres de coacción y en equidad. Asimismo, considera importante considerar que, en el Estado de Texas, así como en otros Estados del país solicitante, ha habido balaceras escolares.

32. Por otro lado, la quejosa aduce que el catorce de mayo de dos mil diecinueve, presentó ante la Unidad de Investigación Especializada en Violencia Familiar y Delitos de Género, Primer Turno, de la Fiscalía General del Estado de Puebla, una denuncia por violencia familiar en contra del actor, la cual fue identificada como **********. Aduce que el actor la amenazó con quitarle a su hija, jaloneando a ésta última, por lo que, a raíz de dicha denuncia, se otorgó una medida de protección, consistente en prohibir al actor realizar conductas de intimidación en su contra o respecto de personas relacionadas con la quejosa. Asimismo, señala la quejosa que ella promovió un procedimiento familiar en el que se le otorgó la guarda y custodia provisional de la menor, por lo que consideró que no está dentro del ámbito jurídico del actor, la decisión del regreso de su menor hija a Texas, correspondiéndole dicha decisión únicamente a la quejosa. 33. Por otro lado, aduce que la única intención del actor ha sido tener la posesión material, no custodia propiamente dicha, de su menor hija, a quien ha objetivado como arma de chantaje para recuperar el control de la quejosa, conforme a su cultura machista, contrario a la conducta procesal de la quejosa que ésta considera ha sido ejemplar, al cumplir con las diligencias requeridas durante el procedimiento.

34. Finalmente, la quejosa solicitó que se suspendiera el trámite del juicio de restitución con la finalidad de remitir a la Corte de Montgomery, Texas, la información que evidencia que no es jurídicamente válido calificar la conducta de la quejosa como ilícita, en la medida que la respalda una decisión de una Juez mexicana, al otorgarle la custodia provisional, previo al inicio del juicio de restitución internacional de la menor, por lo que la orden de restitución haría nugatoria la decisión de la Juez mexicana sobre la custodia de la niña a favor de la quejosa.

35. Sentencia de amparo. El Tribunal Colegiado le otorgó el amparo a la quejosa, al declarar suficiente, suplida en su deficiencia, una de las alegaciones de la quejosa.

36. Esto, bajo la consideración de que debe analizarse, la posibilidad de que a la menor de edad en cuestión se le puedan ocasionar daños físicos y psicológicos, si se lleva a cabo su restitución a Estados Unidos de América, valorando para ello la totalidad de las pruebas que obran en el expediente de origen y sin estar sujeto a alguna limitante procesal.

37. El órgano colegiado señaló que ambos progenitores han referido ante diversas autoridades que cada uno de ellos es excelente en el ejercicio y cumplimiento de sus deberes frente a la menor, a diferencia de como acontece con el otro progenitor, a quien califican como deficiente en dicha labor y hasta con cierto grado de peligrosidad para la menor. Sin que tales dichos los considere relevantes, al no encontrarse plenamente probados.

38. Sin embargo, el Tribunal Colegiado estableció que lo que sí se encontraba probado era que ambos padres establecieron su domicilio en Montgomery, Texas, Estados Unidos de América; que los dos ejercían la guarda y custodia de la menor, sin que entre ellos hubieran establecido de forma convencional algún acuerdo sobre dicho particular; que al momento que ingresó a México, es decir, el tres de mayo de dos mil diecinueve, su hija menor tenía menos de cuatro años de edad; y que la realización del viaje que planearon para acudir a un evento social que fueron invitados, corresponde a una decisión adoptada de común acuerdo. Por eso último, el órgano colegiado excluyó la existencia de un traslado indebido.

39. Así, el órgano colegiado consideró de capital importancia, por lo que hace a la retención que hizo la quejosa sobre su hija, establecer las condiciones que se han provocado a partir de la estancia de la citada menor en territorio nacional, al lado de su progenitora, a efecto de poder establecer las consecuencias que para dicha niña habrían de generarse con el cumplimiento de la orden de que regrese a Estados Unidos de América.

40. Así, estableció que es relevante el hecho de que la madre en Estados Unidos de América no realizó ninguna actividad laboral, dedicándose al cuidado del hogar desde que nació su menor hija. Así, el órgano colegiado señaló que dicha circunstancia refleja el hecho no controvertido de que la madre es quien se ha ocupado del cuidado de la menor desde su nacimiento y, por tanto, la niña tiene lazos afectivos sumamente estrechos con su progenitora, a quien identifica plenamente como la persona que se ocupa de ella, brindándole cuidados y atenciones y estableciendo lazos afectivos materno-filiales.

41. Por otro lado, el órgano colegiado estableció que, a diferencia de la madre, el padre es quien se ha ocupado de realizar actividades laborales fuera del domicilio que en común acuerdo estableció con su esposa en la población de Montgomery, Texas, por lo que concluyó que el padre es quien menos tiempo convivió con la menor durante su estancia en Estados Unidos de América.

42. Aunado a lo anterior, el órgano colegiado señaló que desde mayo de dos mil diecinueve y hasta el momento en que emite su resolución, la menor de edad ha permanecido al lado de su madre, lo que le ha dado un lapso de dos años de convivencia diaria con su mamá, por lo que a los cinco años con los que contaba la menor en ese momento, ha tenido convivencia y trato directo con su madre en forma ininterrumpida desde su nacimiento, considerando innegable que el solo hecho de separarla de ella, le habrá de ocasionar un daño psicológico irremediable que, por su gravedad y trascendencia a la salud emocional de esa niña, no puede ser obviado, ni ignorado.

43. Asimismo, el órgano colegiado señaló que un dato adicional que debía ser tomado en cuenta es que, de ser restituida la menor al lugar de su residencia habitual, en virtud de que su padre tiene que realizar actividades laborales fuera del hogar, la niña habrá de quedar al cuidado de un extraño, dado que no hay alguna mención de que él tenga familia en dicha localidad, siendo que la niña tendría que quedar bajo el cuidado de una tercera persona que pudiera ser la misma o diversa, según la disponibilidad de quienes se dedican a dicha labor en ese país, hasta el momento en que su padre terminara su jornada laboral y estuviera en condiciones de darle cuidados y atenciones en el hogar, lo que igual incluye que la alimentación quedaría encomendada a terceros.

44. Así, el órgano jurisdiccional estableció que, en contraste a lo anterior, en la ciudad de Puebla se encuentran las familias materna y paterna de la menor, por lo que existe la posibilidad de que durante el tiempo que tenga que estar a cargo de alguna otra persona, distinta a su madre, si es que ella llegara a realizar alguna actividad laboral fuera de su domicilio, la referida menor estaría en un entorno que le brindaría estabilidad y seguridad psicológica, ante la familiaridad de trato frecuente que tiene con sus demás familiares.

45. Por ello, el órgano colegiado estableció que lo más acorde con el interés superior de la menor no lo es su restitución inmediata, además de señalar que no debe soslayarse que una de las intenciones implícitas de la Convención de la Haya en la materia es evitar que con la sustracción o retención indebida de un menor en un país diverso al de su residencia habitual, se le ocasionen daños psicológicos y de acontecer dicho evento, que se cesen las conductas que los ocasionen, es decir, que a los menores sustraídos o retenidos se les cause un mayor sufrimiento en virtud de las citadas conductas que unilateralmente se tomen respecto a ellos, puesto que su traslado o retención en un país distinto al suyo, les representa, además, un cambio en el lugar de su habitación ordinaria, una modificación, a veces radical de costumbres, amistades y, en general, de todos aquellos elementos que conforman su entorno habitual.

46. Así, continúa el Colegiado, una de las finalidades de este mecanismo convencional es evitar o disminuir la incidencia que tiene en la salud psicológica de un niño, el hecho de que abruptamente y sin derecho se les modifiquen las condiciones de vida que tienen en lugar de su residencia habitual. Todo esto, sobre la base de que resulta congruente con el interés superior del menor que, como menores de edad, les asiste el hecho de que retornen en el menor tiempo posible al lugar donde tienen estabilidad psicoemocional, sin embargo, señaló el órgano colegiado, dicha finalidad no es absoluta, ni debe aplicarse en todos los casos, pues existen algunos casos que por sus propias características no se ubican en el modelo que se tomó en cuenta al momento de la suscripción de la repetida Convención en la materia.

47. Por tanto, el Tribunal Colegiado consideró que el presente asunto es una excepción a la regla general, pues conforme a las pruebas que obran en autos, se acredita que la menor por su edad y el tiempo que ha pasado al lado de su progenitora, ha desarrollado y estrechado lazos afectivos, que le brindan seguridad y estabilidad emocional, la cual evidentemente se vería afectada por el solo hecho de ser separada de su lado, siendo incluso, más pernicioso para la menor que se le obligue a regresar al lugar de su domicilio habitual, dado que ello le impediría, a la menor, tener contacto cotidiano con su mamá, puesto que ella no podría vivir en el mismo domicilio, dado que su cónyuge se encuentra tramitando su divorcio, lo cual es significativo del daño psicológico que se le causaría con tal situación.

48. Por ende, el órgano jurisdiccional concluyó que, excepcionalmente y debido a las particularidades del asunto, no resulta congruente con la finalidad que busca la adopción de la Convención de la Haya en la materia, que no es otra que la de velar por el interés superior del menor, que la menor regrese a Texas, pues independientemente de quién sea el progenitor más idóneo para tener la custodia de la niña, su restitución, por el momento, separándola de su madre, con quien lleva viviendo dos años continuos, sin al parecer haber establecido convivencia

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30788-102a36ec/sustraccion-internacional-de-menores-el-negar-la-restitucion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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