SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES. LAS EXCEPCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 13 DEL CONVENIO DE LA HAYA NO SE ENCUENTRAN SUJETAS A ALGUNA CONDICIÓN TEMPORAL, PERO CORRESPONDE AL PADRE SUSTRACTOR PROBAR PLENAMENTE SU ACTUALIZACIÓN. SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES. PARA QUE OPERE LA CAUSAL DE EXCEPCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 12 DEL CONVENIO DE LA HAYA ES INDISPENSABLE QUE HAYA TRANSCURRIDO MÁS DE UN AÑO ENTRE LA SUSTRACCIÓN Y LA SOLICITUD DE RESTITUCIÓN.
SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES. LAS EXCEPCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 13 DEL CONVENIO DE LA HAYA NO SE ENCUENTRAN SUJETAS A ALGUNA CONDICIÓN TEMPORAL, PERO CORRESPONDE AL PADRE SUSTRACTOR PROBAR PLENAMENTE SU ACTUALIZACIÓN.
SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES. PARA QUE OPERE LA CAUSAL DE EXCEPCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 12 DEL CONVENIO DE LA HAYA ES INDISPENSABLE QUE HAYA TRANSCURRIDO MÁS DE UN AÑO ENTRE LA SUSTRACCIÓN Y LA SOLICITUD DE RESTITUCIÓN.
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 5669/2015. 13 DE ABRIL DE 2016. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: MERCEDES VERÓNICA SÁNCHEZ MIGUEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es legalmente competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción II, de la Ley de Amparo; y, 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, emitido el trece de mayo de dos mil trece y publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiuno del mismo mes y año, toda vez que el presente recurso se interpone en contra de una sentencia dictada en un juicio de amparo directo que tiene como antecedente mediato un juicio de restitución de menores, cuya materia en términos de lo dispuesto en el artículo 37 del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, corresponde a la especialidad de esta Sala y, su resolución no requiere la intervención del Tribunal Pleno.
SEGUNDO.-Oportunidad del recurso. Por tratarse de un presupuesto procesal, cuyo análisis debe hacerse de oficio, es necesario corroborar que la interposición del recurso fue oportuna.
El recurso de revisión planteado por la parte quejosa fue interpuesto en tiempo y forma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, pues de las constancias de autos se advierte que la sentencia dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, fue notificada personalmente, el lunes uno de junio de dos mil quince,(10) surtiendo efectos el día hábil siguiente, es decir, el martes dos, de conformidad con la fracción II del artículo 31 de la Ley de Amparo.
Así, el plazo de diez días que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, corrió del miércoles tres al martes dieciséis de junio de dos mil quince, sin contar en dicho plazo los días seis, siete, trece y catorce del mismo año, por ser inhábiles, conforme a los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
En tales condiciones, dado que de autos, se desprende que el recurso de revisión fue presentado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, el dieciséis de junio de dos mil quince, resulta evidente que se interpuso oportunamente.(11)
TERCERO.-Legitimación. ********** en encuentra legitimado para promover el presente medio de impugnación en nombre y representación de ********** por su propio derecho y en representación de su menor hija ********** quien compareció como quejosa en el juicio de amparo directo en que se emitió la sentencia recurrida y en la demanda de amparo que dio origen al juicio mencionado, lo designó como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, y esa designación fue reconocida de manera implícita en el proveído de fecha catorce de octubre de dos mil catorce.
CUARTO.-Cuestiones necesarias para resolver el asunto. A fin de resolver sobre la procedencia y, eventualmente, sobre el fondo del presente asunto, se sintetizan a continuación los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, las consideraciones del Tribunal Colegiado para negar el amparo y, finalmente los agravios expresados en el recurso de revisión.
I. Conceptos de violación.
- Considera que, la sentencia recurrida, transgrede los derechos humanos tutelados en los artículos 1o., 14, 16 y 17 de la Norma Fundamental, así como el 8, 19 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el 3o. en sus numerales 1, 2, el 9o., en sus apartados 1, 2 y 3, así como el 10 en su numeral 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas.
- Que mientras los derechos humanos contemplados en la Carta Magna no se suspendan, éstos deben respetarse, en especial, el derecho a una defensa adecuada y a ser escuchado en juicio, por lo que la privación de derechos sólo es válida en estricto apego a las reglas del debido proceso legal, es decir, cuando el afectado tiene la oportunidad real de defensa, de manera que la afectación tenga como sustento un juicio en el que pudiera ejercer su derecho de defensa.
- Menciona que el hecho de confirmar el fallo recurrido evidencia una falta de cuidado en la protección de los derechos humanos porque en el caso, se está en presencia de una infante de cinco años de edad; y no se advirtieron diversas circunstancias que vulneran sus derechos al ordenarse el traslado a los Estados Unidos de Norteamérica.
- Que la restitución, se sustentó en un proceso judicial de custodia no compartida y divorcio, en el cual las quejosas no tuvieron la oportunidad de defenderse, privando sus derechos en violación a sus prerrogativas de derechos constitucionales y convencionales, que ello es así porque no fueron llamadas a juicio en respeto a la garantía de audiencia y proceso legal, lo cual implica que la causa legal de la solicitud de traslado no es suficiente para que se ordene su regreso.
- Aduce que la solicitud de custodia no compartida y el divorcio tramitados en su contra, fueron seguidos sin su intervención, por lo que no tuvieron oportunidad de hacer valer su defensa plena y adecuada, transgrediendo sus derechos humanos constitucionales y convencionales, por tanto, la sentencia reclamada resulta ilegal, porque no se ejerció el control de constitucionalidad y de convencionalidad.
- Que con la orden de restitución, se privan sus derechos humanos que nacen del parentesco consanguíneo de madre e hija, basado en un proceso seguido a sus espaldas que concluyó en otorgar la guarda y custodia no compartida a favor del tercero interesado.
- Considera que de manera errónea se otorgó mayor jerarquía a un tratado internacional, -Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores-, por encima de nuestro texto Constitucional; de ahí que se vulnerara el artículo 1o. de la Constitución Federal, ello obedece a que la responsable obtuvo de diversos preceptos de tal pacto internacional los requisitos que la llevaron a ordenar la restitución de la infante, lo cual se inobservó, porque no se pueden aplicar tratados internaciones cuando se vulneren derechos fundamentales protegidos por la Constitución.
- Que la Sala responsable aplicó de manera ilegal la referida convención, al señalar que obliga al Estado requerido a devolver a los niños cuando acontece un traslado ilícito, porque persigue que no se violen las relaciones protegidas por el Estado requirente, es decir, tutela el derecho de custodia, estableciendo que para dilucidar si se vulneró el derecho de custodia, debe analizarse si el derecho vigente en el Estado requirente ampara el derecho del restitutor, lo cual se evidenció con el Código Familiar del Estado de California y, por tanto, debe ordenarse la restitución.
- No obstante lo anterior, se advierte que el criterio sostenido en aplicar el tratado internacional al margen de las violaciones a los derechos humanos, toda vez que se argumenta que la restitución de la menor no redunde en un mayor perjuicio al de su entorno habitual, familiar y social, ni que se ponga en peligro su estado físico y psíquico, y que la condición de migratoria de ilegal en los Estados Unidos de Norteamérica, del tercero perjudicado no ponen en peligro a la menor ni en una situación intolerable.
- Que son inadmisibles los razonamientos de la responsable, porque se aparta de los principios de protección a los derechos humanos, pues en el caso, la menor tiene cinco años de edad y que no es discutible su vulnerabilidad.
- Con independencia de que se reunieran los requisitos que contempla la Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores; no debe perderse de vista que ninguna resolución puede sustraerse de la protección más amplia a los derechos humanos, esto es, del principio pro persona.
- Se aplicó el pacto internacional en consulta por encima de la Constitución y la Convención Americana sobre Derechos Humanos con lo cual se vulneraron los derechos a la no discriminación, a recibir trato igual y a ser privado de sus derechos, mediante juicio ante los tribunales establecidos, en el cual se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, lo que en la especie no aconteció, porque tales derechos no se respetaron en el proceso judicial en el cual se solicitó la custodia no compartida sin llamarlas a juicio.
- Considera que la Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores es inconstitucional, porque permite el traslado de menores al extranjero, sin que se valore la protección de los derechos humanos en el sentido más amplio, de ahí que deba declararse inconstitucional la aludida convención, en la medida que el traslado de menores que contempla no cumple ni satisface la exigencia de proteger y garantizar los derechos humanos, conforme a nuestro sistema normativo superior y el derecho internacional de los derechos humanos.
II. Consideraciones de la sentencia recurrida.
• En primer término, calificó de infundados los conceptos de violación en los que la parte demandada planteó la inconstitucionalidad de la Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores en razón de lo siguiente:
Los artículos 7, inciso f) y 13 de la Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, adoptada en la ciudad de la Haya, países bajos, el veinticinco de octubre de mil novecientos ochenta, y publicada en el Diario Oficial de la Federación, el seis de marzo de mil novecientos noventa y dos, respeta las garantías de audiencia y defensa previstas en los numerales 14 y 16 constitucionales, al establecer, por una parte, que las autoridades centrales deben colaborar entre sí y con otras competentes en sus respectivos Estados, con el propósito de iniciar la apertura de un procedimiento judicial o administrativo con el objeto de conseguir la restitución del menor y, por otra, que la autoridad del Estado requerido que conozca de la solicitud respectiva no está obligada a ordenar tal restitución si la persona, institución u organismo que se opone a ello demuestra que se actualiza alguno de los supuestos a que se refiere el aludido artículo 13, de lo cual se sigue que tales dispositivos permiten a la parte que puede resultar afectada -y que, por tanto, se opone a la restitución- comparecer a alegar y demostrar lo que a su derecho convenga.
Agregó que la citada convención, hace referencia al procedimiento que puede seguirse de manera urgente ante la autoridad judicial o administrativa competente para lograr la restitución inmediata del menor que ha sido sustraído, sin embargo, únicamente, provee los lineamientos generales o básicos que deben observarse en aquél sin regularlo expresamente; de ahí que no haga referencia al medio de comunicación procesal (emplazamiento o citación) a través del cual debe informarse al sustractor de un menor del procedimiento que se sigue en su contra y sus consecuencias. Por tanto, ello no implica una vulneración al derecho fundamental de audiencia, pues al ser un tratado multilateral, cada Estado contratante tiene su propia normativa, por lo cual resulta conveniente que el procedimiento, se siga conforme a la prevista para cada Estado; no obstante, éste debe respetar el derecho de audiencia, pues de los artículos 7, inciso a), 12, 13 y 20 de la propia convención, se advierte que antes de tomar cualquier decisión sobre la restitución del menor, el sustractor debe ser escuchado, no sólo por respeto al derecho de referencia, sino porque, además, al atenderse el interés superior del menor, tal convención no desconoce que en algunas ocasiones su traslado o la negativa a restituirlo podría estar justificado.
Que tales numerales, prevén implícitamente el deber de dar intervención al sustractor para que comparezca a ese procedimiento, y tratar de llegar a una solución amigable que garantice la restitución voluntaria del menor y, en caso de no ser así, pueda oponerse a la restitución al ofrecer las pruebas conducentes para demostrar que ésta no es posible, entre otras cosas, porque: a) por el tiempo transcurrido el menor ya se integró a su nuevo medio; b) la persona, institución u organismo que tenía a su cargo el menor, no ejercía de manera efectiva el derecho de custodia en el momento en el cual lo sustrajeron; c) la persona, institución u organismo que tenía a su cargo al menor había consentido o posteriormente consintió su traslado o retención; d) existe un grave riesgo de que la restitución del menor ponga en peligro su salud psicológica o emocional o de cualquier otra manera lo ponga en una situación intolerable; e) el propio menor se oponga a la restitución, cuando éste ha alcanzado un grado de madurez apropiado para tener en cuenta sus opiniones; y, f) los derechos fundamentales del Estado requerido en materia de protección de derechos humanos y las libertades fundamentales no lo permitan.
Apoyó tal determinación en las tesis emitidas por esta Primera Sala, que llevan por rubro: "CONVENCIÓN SOBRE LOS ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES. NO VULNERA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE AUDIENCIA" y "CONVENCIÓN SOBRE LOS ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES. RESPETA LAS GARANTÍAS DE AUDIENCIA Y DEFENSA."
Manifestó que si bien es verdad que la Convención puntualizada no establece un recurso o medio de defensa, a través del cual puedan combatirse los actos de autoridad emitidos en el procedimiento que regula para lograr la restitución internacional de un menor; también lo es que las resoluciones emitidas en aquél pueden ser objeto de análisis a través del juicio de amparo, el cual constituye un recurso extraordinario de rápida y sencilla tramitación que puede lograr la restitución de los derechos humanos que se estimen vulnerados en las determinaciones o resoluciones emitidas en ese procedimiento y que constituyan el acto reclamado, por lo que tal instrumento internacional no vulnera el derecho fundamental de acceso a la justicia, en tanto que prevé un procedimiento que permite la posibilidad del recurso.
Expresó que la garantía de no discriminación que consagra el quinto párrafo del artículo 1o. de la Constitución Federal, proscribe cualquier distinción injustificada que derive del origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas; y desde esa perspectiva, la aplicación de tal pacto de derecho internacional, no implica la presencia de un trato discriminatorio o que se tratara de manera desigual a la quejosa; pues según se explicó, la convención permite la comparecencia del sustractor al procedimiento de restitución en igualdad de circunstancias que el solicitante, con el propósito de que proponga pruebas y deduzca lo que a su derecho convenga, por tanto la aludida convención se encuentra en armonía con el texto constitucional; y por tanto, la responsable ninguna obligación tenía de ejercer el control de constitucionalidad y convencionalidad para declararla contraria a la Constitución y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sobre todo porque en la especie no se advierte la aplicación de normas que resulten inconstitucionales o inconvencionales; de ahí que no era factible inaplicar preceptos legales en ejercicio del control de constitucionalidad y convencionalidad.
• Por otra parte, estimó que no era factible analizar la legalidad de procedimientos concernientes a la custodia de la menor, lo cual obedece a que la Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, tiene como finalidad principal, garantizar la restitución inmediata del menor trasladado o retenido de manera ilícita hacia el Estado donde tenía su residencia habitual; y, por ello, mediante el procedimiento de solicitud de restitución busca reducir, en la medida de lo posible, el ámbito de competencia material de los Jueces del Estado en el cual el sustractor del menor ha buscado refugio, al disponer que ninguna decisión adoptada en el marco de la citada convención afectará el derecho de custodia.
- Mencionó que dado que en el acto reclamado no se privó a la peticionaria de los derechos a los que se refiere; habida cuenta que en tal resolución se especificó, que el pronunciamiento efectuado no comprende el fondo del derecho de custodia y visita; así también, en tal acto, se puntualizó que la hoy quejosa queda en aptitud de regresar con su menor hija al lugar donde tenían su domicilio; con el propósito de evitarle cualquier daño o para denunciarlo ante las autoridades competentes.
- Que contrario a la apreciación de la quejosa, no debe perderse de vista que el convenio de la Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, constituye un importante esfuerzo de la comunidad internacional para la protección de los menores de edad, de los efectos perjudiciales que puede ocasionar un traslado o retención ilícita en el plano internacional, al establecer procedimientos que permiten garantizar su restitución inmediata al Estado en el que tengan su residencia habitual. Así, es claro que el mencionado convenio, se erige como un instrumento para garantizar la tutela del interés del menor y el ejercicio efectivo del derecho de custodia.
- Concluyó en que resulta claro que es el principio del interés superior del menor el que inspira toda la regulación de sustracción de menores y constituye un parámetro para su aplicación; por tanto, el principio general previsto por el convenio de la Haya, en el sentido de que las autoridades del Estado receptor deben asegurar la restitución inmediata del menor sustraído, es acorde con el principio de interés superior del infante, previsto en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en diversos tratados internacionales firmados y ratificados por nuestro país.
Lo anterior, porque existe una presunción de que este interés superior de los menores involucrados, se ve mayormente protegido y beneficiado, mediante el restablecimiento de la situación previa al acto de sustracción, es decir, mediante la restitución inmediata del menor en cuestión, salvo que quede plenamente demostrada -por parte de la persona que se opone a la restitución- una de las causales extraordinarias señaladas en los artículos 12, 13 y 20 del Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, en cuyo caso es evidente que el derecho de un menor a no ser desplazado de su residencia habitual deberá ceder frente a su derecho a no ser sujeto a mayores afectaciones en su integridad física y psicológica, en atención al propio principio del interés superior del niño.
- Que tampoco debe perderse de vista que el artículo 4o. de la Constitución Federal, en relación con el numeral 20 de la Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, revela que para el Estado Mexicano, la preferencia por la permanencia de un niño de corta edad con su madre no es un derecho fundamental y, por tanto, no puede ser invocado con base en el segundo precepto para negar la restitución del niño sustraído o retenido ilícitamente.
En primer lugar, porque en la resolución sobre la procedencia de la restitución no cabe hacer análisis alguno sobre el derecho de custodia; y en segundo lugar, el derecho fundamental, previsto en tal mandato constitucional es el de lograr el desarrollo integral del infante, sin que ahí se prevea como regla forzosa o exclusiva, que un menor de corta edad sólo podría alcanzarlo al lado de su madre, por lo que también es factible lograrlo junto a su padre, o algún otro familiar, según lo permita la ley.
- Agrega que la calidad migratoria del solicitante, no es una causa para negar la restitución de la menor; en la medida que el artículo 1o. de la Constitución Federal, previene que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, sin discriminación motivada por razón de raza, religión, origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, opinión, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Amén de que la aludida calidad migratoria no lleva a concluir, que la restitución de la menor la exponga a un peligro físico o psíquico o la ponga en una situación intolerable.
- Que durante el curso del procedimiento, la primigenia consideró indispensable conocer el sentir de la menor de edad, así como contar con el dictamen atinente; lo cual estimó con la premisa de que la infante tiene derecho a que se reciba su opinión, por conducto del personal experto en psicología. Razón por la cual ordenó que se concedieran las facilidades necesarias a la psicóloga adscrita al juzgado, con el propósito de que recibiera la manifestación de la niña; así como también para que confeccionara su dictamen. El nueve de abril de dos mil catorce, se hizo constar que tal profesionista efectuó la entrevista y estudio psicológico de la menor; mientras que al pronunciar sentencia, la Juez natural adujo que la opinión de la infante se encuentra en sobre cerrado, el cual se encuentra bajo resguardo. Sobre lo cual, la Sala responsable omitió pronunciarse cuando emitió la sentencia reclamada.
- No obstante, tal omisión no lleva a conceder la protección constitucional; habida cuenta que aun si la responsable valorara el resultado del estudio psicológico -el cual se tiene a la vista al extraerse del sobre cerrado en el cual se remitió-, ello no variaría el sentido de lo resuelto en la sentencia reclamada. Sin que sea el caso de revelar el contenido de tal análisis; lo cual se efectúa con el propósito de proteger el interés superior de la menor, al mantenerla ajena a la controversia que actualmente existe entre sus progenitores.
III. Agravios. La parte recurrente en esencia hace valer lo siguiente:
- En su primer agravio se duele de una incorrecta interpretación del artículo 4o. constitucional aunado a que se consideró ilegal que la Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, se encuentra en armonía con el texto constitucional y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sin embargo, no existen razones suficientes que lo sustenten.
- Que del fallo recurrido, se advierte la consideración encaminada a que la convención, respeta las garantías de audiencia y defensa, tuteladas en los artículos 14 y 16 de la Carta Magna, porque desde que dio inicio el procedimiento tenía permitido oponerse a la restitución de la menor con la acreditación de la excepción que prevé el numeral 13 de dicho instrumento internacional, como lo es que "existe un grave riesgo de que la restitución del menor lo exponga a un peligro físico o psíquico o que de cualquier otra manera ponga al menor en una situación intolerable" no obstante, ello de nada sirvió, porque aun y que ofreció pruebas y testimonios para acreditar que la solicitud de restitución transgrede el interés superior de la menor, consagrado en el artículo 4o. de la Norma Fundamental, así como los derechos humanos y fundamentales de la ahora quejosa, existe un grave riesgo de que se ponga en peligro la salud psicológica y emocional de su hija, derivado del hecho de que su progenitor es un hombre violento, consume drogas y obligó a la madre a prostituirse.
- Considera que el significado de "interpretación" dado al interés superior del menor, implica que se otorgue la máxima protección en defensa de su desarrollo, respeto de sus derechos y a su dignidad, criterios que deben prevalecer en la aplicación de las normas relativas a la vida de todo niño; y es en ese sentido que aun y cuando la Norma Fundamental coloca en un plano superior dicho interés es que la restitución no debe ser concedida puesto que ello evitará que se ponga ante un peligro e incertidumbre.
- Expresa que al Tribunal Colegiado, le corresponde valorar el acervo probatorio, incluso presuntivamente, que demuestre que se pone en peligro el interés superior de la menor, puesto que no es cierto que éste se proteja mediante la restitución ordenada.
- Aduce que la Juez de origen no optó por contar con mayores elementos para resolver, con todo y que hizo notar las razones de su oposición, sino que existen testimonios coincidentes, reportes psicológicos, así como la propia opinión del agente del ministerio que también se opuso, lo cual no fue suficiente para advertir el riesgo que implicaba restituir a la menor en las condiciones mencionadas.
- Menciona que si bien la convención pretende que la restitución de los menores sustraídos de manera ilegal sean protegidos, también lo es que debe valorarse que cuando ello resulte inconveniente al poner en peligro a la menor, entonces cobra relevancia el hecho de que la quejosa tiene dificultad de acceso a los Estados Unidos de Norteamérica.
- En el segundo agravio menciona que es desafortunado que el órgano colegiado sostenga que la Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores no violenta los derechos humanos de la madre y de la menor, al permitir que sean separadas por tiempo indefinido y que sus derechos naturales de convivencia, cuidados y ayuda que nacen de toda relación madre e hija sean suprimidos, como acontece en la especie, máxime que la madre no sólo carece de recursos económicos suficientes para trasladarse a aquel país, sino además que tiene nulas posibilidades de obtener una visa para defender sus derechos.
- Por ello, considera que la convención mencionada impide que sus derechos de convivencia sean respetados por lo que transgrede los derechos humanos constitucionalmente consagrados, lo cual debe ser reparado con la negativa de restituir la menor hasta en tanto no se garanticen sus derechos.
- Que la convención señalada es omisa por no contemplar las causas para negar la restitución de menores, la debida valoración de las causas que originan la sustracción de los menores ilegalmente, como en el caso que acontece, toda vez que resulta innegable que algunas sustracciones pueden estar justificadas en causas por demás válidas, que por sí mismas deben prohibir que se restituya al menor a su lugar de origen en estricta protección del menor.
- Por tanto, se ha olvidado que detrás de las causas que propician la sustracción de un menor, puede estar justificada esa decisión, ya que ello no acontece entre parejas que conviven y cohabitan civilizadamente y con respeto, sino que normalmente ocurre por la violencia que infiere o ejerce uno contra el otro o ambos entre sí.
- Que está demostrado que la madre en un intento de protegerse de las agresiones por parte de su esposo, tomó la decisión de abandonar el país donde vivía en condición de ilegal, pero como es natural, tenía que hacerlo con su menor hija a costa de lo que fuere, máxime que ésta desconocía las consecuencias legales de sustraer ilegalmente a su hija de aquel país, seguramente que lo contrario pudo ser de peores consecuencias si no atiende a su instinto de defensa de ponerse a salvo, donde su propio estado de indefensión le indicó que debía ponerse a salvo con su mejor hija.
- Que la convención referida debe ajustarse, conforme a las exigencias de protección a los derechos humanos de las quejosas, ya que nos encontramos ante un instrumento de carácter internacional que fue suscrito mucho antes de las reformas a los derechos humanos que contempla el artículo 1o. Constitucional.
QUINTO.-Requisitos indispensables para la procedencia del recurso. Una vez que se conocen las cuestiones que se estiman necesarias para resolver el presente asunto, atendiendo a la problemática jurídica que se debe dilucidar, la cual fue precisada en el considerando cuarto de esta ejecutoria, en primer término, se debe establecer si el recurso de revisión que nos ocupa es o no procedente.
Para ese efecto, se debe tener presente que el artículo 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente:
"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"IX. En materia de amparo directo procede el recurso de revisión en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales, establezcan la interpretación directa de un precepto de esta Constitución u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas, siempre que fijen un criterio de importancia y trascendencia, según lo disponga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento de los acuerdos generales del Pleno. La materia del recurso se limita
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27647-0a92d31e/sustraccion-internacional-de-menores-las-excepciones-previstas-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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