Corpus
Modo: Corpus Pro

SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES. LAS EXCEPCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 13 DEL CONVENIO DE LA HAYA NO SE ENCUENTRAN SUJETAS A ALGUNA CONDICIÓN TEMPORAL, PERO CORRESPONDE AL PADRE SUSTRACTOR PROBAR PLENAMENTE SU ACTUALIZACIÓN. SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES. EL ARTÍCULO 7 DE LA CONVENCIÓN DE LA HAYA SOBRE ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES NO ADOLECE DE AMBIGÜEDAD AL PREVER EL POSIBLE APOYO DE INTERMEDIARIOS. SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES. EL ARTÍCULO 14 DE LA CONVENCIÓN DE LA HAYA SOBRE ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES NO ES VIOLATORIO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONVENCIÓN DE LA HAYA SOBRE ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES NO VULNERA LA SOBERANÍA NACIONAL. SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES. FUENTES DEL DERECHO DE CUSTODIA TUTELADO POR EL ARTÍCULO 3 DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS ASPECTOS CIVILES EN ESA MATERIA.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 29/2016. · Registro digital (IUS): 27646
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2018-03-02
Promovente: —
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo I, Pág. 773.

SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES. LAS EXCEPCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 13 DEL CONVENIO DE LA HAYA NO SE ENCUENTRAN SUJETAS A ALGUNA CONDICIÓN TEMPORAL, PERO CORRESPONDE AL PADRE SUSTRACTOR PROBAR PLENAMENTE SU ACTUALIZACIÓN.

AMPARO DIRECTO 29/2016. 15 DE FEBRERO DE 2017. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, QUIENES RESERVARON SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. AUSENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. SECRETARIA: LUZ HELENA OROZCO Y VILLA.

III. Competencia

24. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver el presente asunto, en atención a que se ejerció la facultad de atracción, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción V, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 40 de la Ley de Amparo y 21, fracción III, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con lo dispuesto en los puntos primero, párrafo segundo, y segundo, fracción IX, del Acuerdo General Número 5/2013, emitido por el Pleno de este Alto Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiuno de mayo de dos mil trece. Asimismo, este órgano resulta competente ya que el presente asunto es una controversia de naturaleza civil, materia de su especialidad, sin que se estime necesaria la intervención del Tribunal Pleno.

IV. Oportunidad y legitimación

25. Resulta innecesario el cómputo de días, ya que el Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito, en la resolución de once de febrero de dos mil dieciséis, dentro de su considerando tercero, concluyó que la demanda de amparo había sido presentada de forma oportuna.(10)

26. Asimismo, la parte quejosa se encuentra legitimada para promover el juicio de amparo directo, en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, al haberle sido reconocido tal carácter por la autoridad responsable.

V. Procedencia

27. El juicio de amparo directo que nos ocupa resulta procedente, en virtud de que se hace valer en contra de una sentencia definitiva, respecto de la cual, la ley no concede recurso ordinario por virtud del cual pueda ser modificada o revocada, en términos del artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo.(11)

28. Existencia del acto reclamado. La existencia del acto reclamado -sentencia dictada el tres de octubre de dos mil catorce- quedó acreditada con el documento original que consta en los autos del presente asunto.

VI. Elementos necesarios para resolver el asunto

29. A continuación, se sintetizan las consideraciones de la autoridad responsable y los conceptos de violación expresados en la demanda de amparo:

30. Sentencia reclamada. La Sala unitaria responsable consideró procedente confirmar la sentencia apelada, ya que los motivos de disenso eran infundados. Para ello, estableció -en síntesis- los siguientes razonamientos:

30.1. Control ex officio. En primer lugar, la Sala responsable refirió realizar un estudio ex officio, ya que, en el caso, debía velarse por el interés superior del menor y, por tanto, debía garantizarse lo contemplado en los artículos 4o. de la Constitución Federal y 6, apartado 2, de la Convención sobre los Derechos del Niño. Del mismo modo, advirtió que se cuestionaban los derechos humanos de acceso a la justicia y protección judicial, contemplados en el artículo 17 de la Constitución, así como los artículos 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Con ese parámetro normativo, la Magistrada consideró que la sentencia de primer grado no violentó ninguno de los derechos humanos referidos, ya que se había observado el interés superior del menor y se habían respetado las formalidades del procedimiento.

30.2. Agravios sobre la falta de valoración de pruebas. La Sala responsable consideró como infundado lo aducido por la parte recurrente sobre que no se hubieran valorado las pruebas por él ofrecidas y que únicamente el Juez reconoció aquellas ofrecidas por su contraparte. Al respecto, la Magistrada refirió que no podría sostenerse una falta de valoración de los medios de convicción, esto en razón de que precisamente con base en esas pruebas fue que la sentencia de primer grado concluyó que la menor estuvo la mayor parte de su vida en la ciudad de La Paz, Baja California, lugar en donde nació; así como que su padre, siendo apto para ejercer la guarda y custodia de su hija, había provisto diligentemente sobre su cuidado, salud, esparcimiento y educación; y que la menor, en forma intercalada (como ambos padres lo habían reconocido) estuvo viviendo tanto en México como en los Estados Unidos de América. No obstante -consideró la Magistrada-, el Juez natural resolvió, en uso de sus facultades, que dichas pruebas no eran eficaces para demostrar que la menor quedó integrada al medio que el progenitor proveía en México, estimando que la sustracción tenía menos del año que se suscitó y que ambos padres, de acuerdo al "Plan Temporal de Crianza", determinaron que su residencia habitual sería en Estados Unidos. De igual manera -relató la alzada-, el Juez sostuvo que de las documentales de referencia no se desprendía que la madre de la menor no ejerciera de modo efectivo el derecho de custodia o que hubiera consentido el traslado de su hija, ni mucho menos que la restitución implicara un peligro físico o psíquico para la niña. Con base en lo anterior, la Magistrada concluyó que la autoridad de primer grado, efectivamente, emitió una argumentación en relación con los elementos de convicción, y que si bien fue en abstracto, resultaba suficiente para controvertir la omisión alegada por la parte recurrente.

30.3. Agravios sobre la omisión de estudio de las excepciones. La Sala responsable calificó como fundados pero inoperantes los argumentos de agravio que sostenían que el Juez de primera instancia omitió estudiar y resolver respecto de todas y cada una de las excepciones y defensas opuestas en el escrito de contestación de demanda. Lo anterior, ya que, al estimar el tribunal de alzada que aun analizando y abordando dichas excepciones, éstas no eran suficientes para decidir la cuestión controvertida de manera favorable a los intereses del apelante, toda vez que existían diversas razones aptas para concluir en el sentido del fallo de primer grado. Para fundamentar tal conclusión, la Magistrada analizó cada una de las excepciones opuestas por el demandado:

Respecto de la excepción de competencia, la improcedencia de la vía y la excepción de litispendencia, la autoridad responsable señaló que el Juez de primera instancia utilizó como piedra angular de su determinación el "Plan Temporal de Crianza", celebrado entre ********** y ********** el catorce de febrero de dos mil trece ante el Tribunal Superior de Washington para el Condado de King, en los Estados Unidos de América. De dicho convenio se desprendía el derecho de la progenitora a la guarda y custodia temporal de la menor, por lo que determinó procedentes la aplicación y cumplimiento de la Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores. Al realizar una interpretación teleológica de dicha norma internacional -refirió la Magistrada-, el juzgador debe atender a los supuestos ahí establecidos, en tanto la comunidad internacional ya tuvo en cuenta el interés superior del menor en su elaboración, concluyendo que ante la comprobación de una sustracción ilegal, lo más benéfico para el niño o niña es su restitución inmediata, siendo que las únicas excepciones oponibles son la inexistencia del derecho que se trata de proteger, evitar el peligro psíquico o físico que pueda representar la restitución, la integración del menor al nuevo ambiente, la prueba de su traslado a un Estado distinto, o cuando no lo permitan los principios fundamentales del Estado requerido en materia de derechos humanos, hipótesis que, además, deben interpretarse restrictivamente. Por tanto, la Magistrada concluyó que las excepciones referidas eran improcedentes de plano.

En relación con la excepción sine actione agis o la falta de acción y derecho, sustentada en que la notificación realizada en el procedimiento de origen en Estados Unidos -en el que se basa el derecho del que emana la solicitud de restitución- no se llevó a cabo al demandado en su domicilio de forma personal, la Magistrada señaló que era improcedente, puesto que tal y como lo resolvió el Juez de primera instancia, el derecho del que dimana la solicitud de restitución proviene de un consenso de voluntades denominado "Plan Temporal de Crianza", celebrado ante la autoridad jurisdiccional estadounidense, el cual tiene la presunción iuris tantum de estar aprobado conforme a derecho, que si bien admite prueba en contrario, lo cierto es que ésta debe estar debidamente acreditada. La Sala responsable agregó que, aun en la hipótesis de que la parte encausada no hubiera sido notificada, ésta se hizo presente en el procedimiento de origen, estando en posibilidad de controvertirlo sin haberlo hecho y, por tanto, concluyó que dicha actuación judicial tiene el alcance de acreditar el derecho de la parte actora.

Respecto de la excepción innominada de falta de condiciones necesarias para la restitución de la menor, -la cual, la parte recurrente hacía consistir en que en el caso concreto no se actualizaba la figura de retención internacional de menores en términos de lo señalado por el artículo 3 del Convenio de La Haya, sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, por lo que debería prevalecer el interés superior de la menor-, la Sala responsable la calificó como improcedente, al estimar que dicho interés ya estaba inmerso en el instrumento internacional aplicado por la autoridad de primer grado, que en particular respondía a la problemática de multiplicación de sustracciones y retenciones ilegales internacionales a menores, para evitar que los niños sufrieran los perjuicios que acarreaba la alienación de su familia, como sucedió en la especie.

Finalmente, en relación con la excepción innominada de violación a las leyes prohibitivas de interés público, en particular lo sostenido por la parte recurrente, en el sentido de que se había violado el artículo 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en donde se prevé la obligación para los Estados de velar por que el niño no sea separado de sus padres, la Sala responsable consideró que era improcedente, en tanto debía interpretarse conforme a la Constitución Federal y el resto de los tratados internacionales, siendo que, en el caso particular, resultaba físicamente imposible, al estar los padres de la menor geográficamente separados, por lo que necesariamente, al encontrarse bajo la custodia de uno, estaría separada del otro. Al respecto, la Magistrada señaló que no había sido el Juez de primera instancia quien violentó la norma internacional, sino el demandado, al violar el acuerdo entre las partes y determinar ejercer exclusivamente la custodia en cuestión, por lo que, en aras del interés superior de la niña, debía ordenarse su restitución.

30.4. Agravio sobre la violación al interés superior del menor. La autoridad responsable calificó como infundado el argumento de la parte recurrente, consistente en que el Juez no tomó en cuenta que la salvaguarda del interés superior del menor es de relevancia prioritaria e insistió en que lo mejor para la menor sería quedarse bajo su cuidado. Al respecto, la Magistrada señaló que si bien la sentencia de primera instancia valoró que de los medios de convicción se advertía la capacidad que tenía el progenitor para ejercer con responsabilidad la custodia de la menor en cita; sin embargo, tal como lo dejaba ver la propia resolución, dichos elementos de convicción no tenían el alcance de acreditar que la madre no tuviera la capacidad de ejercer esas mismas funciones, y menos aún que se pusiera en riesgo la integridad física o psíquica de la menor en cuestión que impidieran la restitución, o se actualizaran las excepciones previstas en la Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, y con mayoría de razón, tampoco se acreditó que se contraviniera el interés superior del menor, contemplado en el artículo 4o. constitucional, o que se hubieran violado los artículos 8, 13 o 20 de la convención referida.

A juicio de la Magistrada, sí se actualiza la hipótesis contemplada en el artículo 3 de la Convención de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, pues fácticamente se violaron los derechos derivados del denominado "Plan Temporal de Crianza" celebrado por las partes el catorce de febrero de dos mil trece ante la autoridad jurisdiccional estadounidense. Además, la autoridad responsable refirió que si bien es cierto que le fuera asignada la custodia al demandado en el proceso registrado bajo el número de expediente **********, el acto inicial de demanda en ese juicio fue presentado el día treinta y uno de mayo de dos mil trece, es decir, tres meses y un día posterior al convenio referido, cuando éste ya había generado derechos y obligaciones sin que exista constancia de que el mismo haya sido declarado nulo, ineficaz o ilegal. Por tanto, la Magistrada reiteró lo infundado del agravio.

30.5. Agravio sobre la inconstitucionalidad de los artículos 7 y 14 de la Convención de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores. En relación con la argumentación de la parte recurrente, en la que adujo que el Convenio de La Haya no reconoce la calidad de garante que como ciudadana mexicana tiene la menor, que el artículo 7 es ambiguo y genera un margen de amplitud indebido, al establecer la figura del intermediario, y que el artículo 14 del mismo instrumento violenta los derechos humanos, al reconocer la validez y aplicación de legislaciones y decisiones extranjeras que no han sido, a su vez, reconocidas formalmente por el Estado Mexicano, la Sala responsable la calificó como infundada.

30.6. En primer lugar, la Magistrada precisó que la menor no podía ser considerada como ciudadana mexicana, al no contar con la edad de dieciocho años, lo que no impide que deba ser considerada como persona de nacionalidad mexicana, con todos los derechos y prerrogativas que tal status conlleva.

30.7. Sobre la alegada inconstitucionalidad del convenio, la Magistrada sostuvo que el tratado internacional no es contrario al marco jurídico de los derechos humanos reconocidos en el país, en tanto que: 1) constituye un "tratado ley" que impone obligaciones genéricas a los Estados Parte, quienes deben adoptar las medidas apropiadas para garantizar los fines en él previstos; 2) si bien es cierto que la parte recurrente se considera afectada por su aplicación, en el momento en el que considere violentado su derecho de custodia o visita, podrá, a su vez, invocar la convención para ejercer sus derechos; 3) la norma internacional no es absoluta, pues prevé excepciones a la restitución, las que no han sido acreditadas en autos; y, 4) la convención busca reducir en la medida de lo posible el ámbito de competencia material de los Jueces en el Estado en el que el sustractor del menor ha buscado resguardo, al disponer que ninguna decisión adoptada en el marco de la convención afectará el derecho de custodia.

30.8. Agravio consistente en que la restitución resulta perjudicial para la menor. La Sala responsable calificó como infundado el motivo de inconformidad manifestado por la parte recurrente relativo a la aplicabilidad del artículo 13 de la Convención de La Haya, en el sentido de que el Juez no valoró el material probatorio que acreditaba que la madre devela una falta absoluta por el cuidado de la menor y que la residencia habitual de la niña es México, al haber permanecido más de dos años en territorio nacional, por lo que su desarrollo armonioso ha sido violentado con la restitución. Al respecto, la Magistrada sostuvo que la autoridad de primer grado efectivamente hizo un pronunciamiento en abstracto de las pruebas aportadas, las que no resultaron idóneas para desvirtuar el instrumento denominado "Plan Temporal de Crianza", celebrado por las partes el catorce de febrero de dos mil trece ante el Tribunal Superior de Washington para el Condado de King, en los Estados Unidos de América, el que tiene la presunción de ser aprobado conforme a derecho. Asimismo, la autoridad responsable insistió que, aun en la hipótesis de que la parte recurrente no hubiera sido debidamente notificada, ésta se hizo presente en el procedimiento de origen, estando en posibilidades de controvertirlo, por lo que la actuación judicial tiene el alcance de acreditar el derecho de la parte actora y, como consecuencia, la improcedencia de las excepciones previstas en el artículo 13 de la convención multicitada, aunado a que, al ser presentada en forma de documento público, merece valor probatorio pleno, en términos de lo señalado por los artículos 399 y 401 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Baja California Sur.

Finalmente, la Sala responsable precisó que si bien era cierto que la parte recurrente había sostenido que el convenio referido lo suscribió bajo la amenaza de no dejarlo ver a su hija, tal coacción no se encuentra acreditada en autos para demeritar el derecho de la parte actora, con mayoría de razón si esas excepciones no se hicieron valer en el procedimiento de origen. Por tanto, confirmó la sentencia de primer grado.

31. Conceptos de violación. En su demanda de amparo, el quejoso manifestó, esencialmente, los siguientes motivos de inconformidad:

31.1. Inconstitucionalidad del artículo 17 de la Convención de La Haya, por violentar la soberanía nacional. En su primer concepto de violación, el quejoso alega que se violó en su perjuicio el artículo 1o. de la Constitución Federal, que prevé el principio pro persona, ya que considera que el artículo 17 del Convenio sobre Aspectos Civiles de Sustracción Internacional de Menores establece de manera desproporcional un golpe a la soberanía nacional cuando dispone que el solo hecho de que se haya dictado una decisión relativa a la custodia de la menor o que esa decisión pueda ser reconocida en el Estado requerido no podrá justificar la negativa para restituir a un menor conforme a lo dispuesto en el mencionado convenio, pero las autoridades judiciales o administrativas del Estado podrán tener en cuenta los motivos de dicha decisión, al aplicar el convenio.

Al respecto, señala que la violación se encuentra al analizar los vocablos "solo hecho" y "no podrá justificar", ya que permite que a pesar de existir una resolución de un Poder Constituido en un Estado, se pueda cambiar el sentido por el simple hecho de que dicho Estado haya firmado el convenio. A juicio del quejoso, se tendría que aplicar un control de convencionalidad al tratado internacional, privilegiando la supremacía constitucional, como se afirmó en la contradicción de tesis 293/2011.

31.2. Asimismo, el quejoso afirma que la resolución emitida por el Juez natural, al fundarse en el Convenio de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, no observó lo prescrito en el artículo 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño, cuando establece que un niño no debe ser separado de sus padres contra la voluntad de éstos, a menos que sea necesario. En esa lógica, sostiene que el Juez violentó el interés superior del menor, porque no tomó en cuenta que dicho tratado internacional permite tal separación únicamente cuando el menor haya sido maltratado o descuidado por sus progenitores, cuando en el caso concreto el quejoso acreditó, mediante diversas documentales, que su hija gozaba de buena salud mental y se encontraba en aptitud de vivir con él.

31.3. Omisión de las autoridades responsables de actuar oficiosamente ante indicios. En su segundo concepto de violación, el quejoso manifiesta que se violó el artículo 4o. de la Constitución Federal, ya que las autoridades responsables omitieron velar y hacer cumplir el interés superior de la niñez, pues si existían indicios de que su menor hija podría estar en riesgo al cuidado de su progenitora, debieron ser examinados de manera oficiosa. Esto es, según el quejoso, el Juez de primera instancia debió decretar las medidas necesarias para garantizar el interés superior de la niñez y de la familia, en lugar de sostener que los medios de convicción eran insuficientes para acreditar que se encontraba en peligro y basarse en el convenio denominado "Plan Temporal de Crianza" que no fue ratificado.

31.4. Violación a las formalidades esenciales del procedimiento, falta de valoración de pruebas e incongruencia de la sentencia de primer grado. En su tercer concepto de violación, el quejoso argumentó que se violaron en su perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, debido a que en el juicio no se observaron las formalidades esenciales del procedimiento, porque si bien se tramitó la sustracción en la vía de controversia familiar, por no existir regulación concreta en materia se sustracción internacional en el Estado Mexicano, también es cierto que existen formalidades establecidas en el Convenio de La Haya que no fueron acatadas durante el procedimiento. Asimismo, sostiene que no se valoraron las pruebas y que la sentencia fue incongruente.

31.5. Específicamente, el quejoso aduce que el Juez de primera instancia: 1) solamente reconoció las pruebas ofrecidas por la contraria y no valoró aquellas por él ofrecidas, mismas que no fueron objetadas por la actora y, por tanto, debían tener reconocimiento pleno; 2) omitió pronunciarse respecto de todas y cada una de las excepciones y defensas que opuso, dejándolo en indefensión; 3) debió desestimar las probanzas ofrecidas por la actora por ser ambiguas y oscuras, además de haber sido por él objetadas; 4) no actuó con celeridad y mantuvo una actitud pasiva e inercial, pues debió allegarse de más elementos y practicar las diligencias necesarias; 5) violó los artículos 80, 278, 286, 412 y 413 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California al dictar una sentencia incongruente, sin valorar todas las constancias ni señalar todos los puntos litigiosos; 6) violó el artículo 133 de la Constitución Federal, al ordenar la separación entre su hija y él; 7) no observó que le causa un daño de imposible reparación; y, 8) hace una indebida valoración de las pruebas, en tanto no las relacionó ni especificó los fundamentos de su decisión.

31.6. Improcedencia de la restitución. El quejoso afirma que el a quo no consideró que la salvaguarda del interés superior del menor es prioritaria en el sistema jurídico mexicano, ya que él mismo precisó con claridad que es lo mejor para su menor hija y que como padre es totalmente apto para cuidarla y educarla, como lo había venido haciendo. Además, señala que su protección está por encima de los intereses de las naciones, siendo que la autoridad jurisdiccional de Washington no acreditó la residencia habitual de la menor para entonces emitir la certificación o declaratoria que exige el artículo 8 de la Convención de La Haya.

31.7. Asimismo, el quejoso manifiesta que la resolución no está debidamente fundada y motivada, al decretar la restitución de la niña, toda vez que la madre es una persona adúltera, que la abandonó en reiteradas ocasiones por sus conductas promiscuas, siendo este último abandono por un periodo mayor a tres meses, acreditándose con este hecho -desde el punto de vista del quejoso- la causal de improcedencia derivada del no ejercicio efectivo de la custodia.

31.8. Según el quejoso, la restitución contraviene lo establecido en el artículo 13 del Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, ya que dicho precepto señala que el tutor es el que legalmente debe mantener la guarda y custodia del menor, y la residencia habitual de su menor hija se encuentra en México y no en los Estados Unidos, como lo pretendió acreditar falsamente la madre, al llevar a cabo indebidamente la solicitud de restitución. En ese orden de ideas, el quejoso señala que tanto el Juez de primer grado como el de alzada, concluyeron indebidamente que, a pesar de que ambos padres han manifestado que la menor nació, se desarrolló y vivió en México, en el "Plan Temporal de Crianza" se estableció que el lugar de residencia habitual sería el Condado de King, Washington, pues en estricto sentido, la residencia habitual se considera a partir de la permanencia de un individuo por más de seis meses en un lugar determinado.

31.9. Según el quejoso, la restitución de la menor es improcedente, en términos del artículo 13 del Convenio de La Haya, en virtud de que se pone en riesgo a la niña en su integridad física y psíquica, lo que queda plenamente acreditado con las pruebas periciales en materia de psicología que obran en el expediente. Asimismo, sostiene que el a quo debió considerar que, en el caso, no existe la retención internacional de menores, contemplada en el artículo 3 de la Convención de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, porque el quejoso nunca retuvo ilegalmente a su menor hija, toda vez que ejerció de manera efectiva y legal la guarda y custodia otorgada y es una persona honorable.

31.10. Al respecto, el quejoso señala que, conforme a los artículos 4o. de la Constitución Federal y 20 del Convenio de La Haya, podía verificarse por medio de pruebas cuál era el interés superior del menor, siendo que él acreditó que la residencia habitual era en México, donde le había procurado a la niña un ambiente de estabilidad y armonía, con educación y atención médica, mientras que la actora omitió señalar su domicilio y ubicación. En ese sentido, denuncia que la jurisdicción legalmente competente para conocer de la guarda y custodia de la menor es el Estado de Baja California, por ser, además, el último domicilio conyugal.

31.11. Violación a los derechos humanos de la menor. El quejoso aduce que el a quo no valoró el beneficio de la niña como un interés prevalente, porque erróneamente concedió la restitución a favor de su madre, quien tiene una conducta que pone en peligro su integridad y formación, cuando la menor, al tener cuatro años aproximadamente, necesita de especial protección, lo que resulta violatorio de los artículos 4o., párrafo octavo, de la Constitución Federal, 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

31.12. Asimismo, manifiesta que el Juez natural omitió observar que la Convención de La Haya sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores carece del debido reconocimiento a la calidad de garante que como ciudadana mexicana tiene su menor hija, es decir, la inexacta aplicación de este convenio vulnera y decide por sobre los derechos de las personas menores, en particular, lo que dispone el artículo 2, que establece que los Estados contratantes adoptarán las medidas apropiadas para garantizar que se cumplan en sus territorios respectivos los objetivos del convenio y que, para ello, deberán recurrir a los procedimientos de urgencia que se dispongan.

31.13. Inconstitucionalidad del artículo 7 del Convenio de La Haya por establecer la figura del "intermediario". Asimismo, indica que la modificación al artículo 89, fracción X, constitucional dispone que los derechos humanos son un principio de la política exterior mexicana, por lo que el artículo 7 del convenio citado violenta dichos derechos, al prever la figura del intermediario, la cual pudiera recaer, incluso, en un particular, lo que es muy ambiguo y deja al gobierno mexicano en un estado de indefensión.

31.14. Inconstitucionalidad del artículo 14 del Convenio de La Haya, por permitir el reconocimiento de legislación y decisiones extranjeras. El quejoso aduce que el Convenio sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores resulta violatorio del artículo 105 de la Constitución Federal, en tanto permite el reconocimiento de legislación y decisiones extranjeras sin tener que recurrir a procedimientos concretos para probar su validez y vigencia, lo que resulta arbitrario y puede generar un acto de imposible reparación. En esa lógica, señala que si los Jueces deben aplicar lo más favorable a los gobernados, la obligación prevista en el Convenio de La Haya de reconocer validez a normas y actos de otro Estado constituye una aberración jurídica que puede tener alcances muy graves al contrariar tal mandato.

31.15. Actualización de la excepción a la restitución prevista en el artículo 13 del Convenio de La Haya. El quejoso insiste en que el Juez natural no valoró adecuadamente el material probatorio, del que claramente se desprende que la conducta de la madre devela una falta absoluta de cuidado de la menor, tan es así que no se tomó en cuenta que su hija ha permanecido más de dos años en nuestro país, por lo que, al sustraerla de su residencia original, en donde se estaba desarrollando de manera armoniosa, se alteró y violentó su interés superior. En ese sentido, denuncia que con su restitución existe un grave peligro de afectación a la estabilidad de la niña, que ha sido cuidada adecuadamente por el quejoso.

31.16. Respecto a los hechos, el quejoso narra que estaba acreditado en autos que a mediados del mes de octubre de dos mil doce, después de que la madre de la menor abandonó a su menor hija por un periodo de tres años y medio, decidió llevarle a la menor en vista de la indiferencia de la señora hacia su hija para que convivieran y lo único que logró es que cuando regresó al mes siguiente a Estados Unidos, no le permitió verla, amenazándolo que si no firmaba un convenio de divorcio con sus condiciones, no lo dejaría ver a su hi

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27646-54acd834/sustraccion-internacional-de-menores-las-excepciones-previstas-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.