SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE PERSONAS MENORES DE EDAD. EL ARTÍCULO 13, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA CONVENCIÓN DE LA HAYA SOBRE LOS ASPECTOS CIVILES EN LA MATERIA NO VULNERA EL DERECHO A LA IGUALDAD PROCESAL.
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 6749/2019. 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021. CINCO VOTOS DE LAS MINISTRAS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ Y ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, Y LOS MINISTROS JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: MINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIO: FERNANDO SOSA PASTRANA.
SUMARIO
El presente asunto tiene su origen en un juicio de restitución internacional de menores, iniciado por **********. La madre sustractora contestó la demanda, oponiendo las excepciones previstas en los artículos 12 y 13 del Convenio de la Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores. El Juez de primera instancia consideró que la madre sustractora había acreditado la excepción prevista en el artículo 12 convencional, referente a la integración del menor a su nuevo entorno. Dicha sentencia fue confirmada en segunda instancia, además de considerar que también se actualizaba la excepción prevista en el artículo 13 convencional. El padre actor promovió un juicio de amparo que le fue negado, lo cual es materia de este recurso de revisión.
CUESTIONARIO
• ¿El artículo 13, último párrafo, de la Convención de la Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, viola el derecho de igualdad procesal, al no precisar la oportunidad procesal para que las autoridades centrales y competentes del Estado requirente ofrezcan opiniones, informes y pruebas?
• ¿La determinación del Tribunal Colegiado de Circuito sobre que, para analizar la actualización de la excepción para la restitución de menores, prevista en el artículo 12 de la Convención de la Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, es correcto observar si el menor se encuentra adaptado a su nuevo entorno, con independencia de la temporalidad entre la solicitud de restitución y el dictado de la sentencia, se aparta o es contraria a la interpretación de esta Primera Sala en la jurisprudencia 1a./J. 7/2018 (10a.)?
Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, emite la siguiente:
SENTENCIA
Correspondiente al amparo directo en revisión 6749/2019, interpuesto por **********, contra la sentencia dictada el nueve de mayo de dos mil diecinueve, por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, en el juicio de amparo directo DC. **********.
I. ANTECEDENTES
1. Mediante oficio número **********, de veintiséis de octubre de dos mil quince, signado por la directora general de Protección a Mexicanos en el Exterior, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se hizo del conocimiento de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, la solicitud de restitución del menor de iniciales **********, formulada por la autoridad central de Francia, de acuerdo con la petición realizada por su padre **********.(1)
2. En proveído de dieciocho de noviembre de dos mil quince,(2) la Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares del Estado de Guerrero, a quien le tocó conocer del asunto, admitió a trámite la solicitud de restitución planteada, para lo cual, formó y registró el expediente **********, asimismo, decretó como medida precautoria el aseguramiento del menor de edad **********, a fin de que quedara bajo resguardo de la institución designada por la Dirección del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Municipio de Acapulco y ordenó citar a juicio a **********, madre del menor.
3. El seis de septiembre de dos mil diecisiete,(3) tuvo verificativo la diligencia de aseguramiento del menor de edad **********. En dicha diligencia se emplazó a juicio a la parte demandada.
4. Mediante escrito presentado el ocho de septiembre de dos mil diecisiete, **********, contestó la demanda de restitución, oponiendo las defensas y excepciones previstas en los artículos 12 y 13 de la Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, relativas a que el menor había quedado integrado en su nuevo ambiente, para lo cual ofreció las pruebas que estimó pertinentes, así como que el menor se encontraría en un grave riesgo al ser restituido.
5. El trece de septiembre de dos mil diecisiete, tuvo verificativo la audiencia ordenada en el auto admisorio del procedimiento.(4) El seis de octubre de dos mil diecisiete, la Juez del conocimiento emitió sentencia, en la que determinó que ********** había justificado su excepción; en consecuencia, negó la restitución del menor a Francia.(5)
6. Inconforme, **********, interpuso recurso de apelación, del cual conoció la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, misma que mediante sentencia de trece de febrero de dos mil dieciocho, dictada en el toca **********, declaró parcialmente fundados los agravios del apelante, pero inoperantes para revocar el fallo recurrido, por lo que se confirmó en sus términos.(6)
7. En desacuerdo con la sentencia de alzada, el demandante promovió juicio de amparo directo mediante escrito presentado el nueve de marzo de dos mil dieciocho ante la Oficialía de Partes Común de la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero.(7)
8. De la demanda correspondió conocer por razón de turno al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, quien la admitió por auto de presidencia de once de abril de dos mil dieciocho.(8)
9. En sesión plenaria de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, ese Tribunal Colegiado resolvió solicitar a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ejercer su facultad de atracción del amparo directo, ordenando la suspensión del procedimiento debido a ello.
10. Dicho asunto recayó en la Primera Sala de este Alto Tribunal con el número de solicitud de atracción 640/2018, el cual se resolvió en sesión de seis de febrero de dos mil diecinueve en el sentido de no ejercer la facultad de atracción para conocer del amparo directo ********** del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito.
11. Por tanto, el tres de abril de dos mil diecinueve, el Tribunal Colegiado tuvo por recibido el testimonio anterior, así como las constancias inherentes al toca familiar ********** y expediente familiar número **********, por lo que ordenó devolver el asunto a la ponencia del Magistrado correspondiente para efectos del proyecto de sentencia correspondiente.
12. Así entonces, en fecha nueve de mayo de dos mil diecinueve, ese Primer Tribunal Colegiado determinó negar el amparo a ********** por resultar inoperantes, ineficaces e infundados los conceptos de violación.
13. Recurso de revisión. En fecha siete de junio de dos mil diecinueve el Tribunal Colegiado recibió escrito mediante el cual **********, a través de su representante legal, interpuso recurso de revisión en contra de aquella sentencia y, en proveído de doce de junio del mismo año, el Magistrado presidente ordenó la remisión de los autos a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que el expediente se encontrara debidamente integrado.
14. Recibidos los autos por este Alto Tribunal, en auto de presidencia de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, se desechó el recurso de revisión, al determinar que, si bien se surtía una cuestión propiamente constitucional, el mismo no entrañaba la fijación de un criterio de importancia y trascendencia.
15. Inconforme con lo anterior, el recurrente interpuso recurso de reclamación por escrito presentado el siete de noviembre de dos mil diecinueve, el cual el Ministro presidente de este Alto Tribunal tuvo por interpuesto el veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, registrándolo con el número de expediente 2893/2019.
16. El recurso de reclamación fue resuelto bajo la ponencia de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández en sesión de veintitrés de septiembre de dos mil veinte en el sentido de declarar fundado el recurso de reclamación y revocar el acuerdo recurrido, al considerar que subsistían al menos dos temas de constitucionalidad en el recurso de revisión, que revestían de importancia y trascendencia: el primero, relativo a la interpretación directa del artículo 12 del Convenio de la Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores sostenida en la jurisprudencia 1a./J. 7/2018 (10a.), en relación con la posible interpretación hecha por el Tribunal Colegiado al respecto; y la segunda, el estudio relativo a la constitucionalidad del artículo 13, último párrafo, de dicho Convenio.
17. Por tanto, por acuerdo de seis de enero de dos mil veintiuno, el presidente de este Alto Tribunal admitió el recurso de revisión 6749/2019 y ordenó turnarlo al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá y su respectiva radicación a la Primera Sala de este Alto Tribunal, dado que la materia del asunto corresponde a su especialidad.
18. Esta Primera Sala se avocó al conocimiento del asunto por proveído de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno y, en ese mismo auto, ordenó el envío de los autos a la ponencia designada para elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
II. COMPETENCIA
19. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83 de la Ley de Amparo vigente, 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto tercero del Acuerdo General Número 5/2013 del Pleno de este Alto Tribunal, toda vez que el recurso de revisión se interpuso en contra de la sentencia dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito en el juicio de amparo directo DC. **********, en el que se alega la inconstitucionalidad de una norma general, así como la inobservancia de la jurisprudencia emitida por este Alto Tribunal.
III. OPORTUNIDAD Y LEGITIMACIÓN
20. El recurso de revisión fue interpuesto oportunamente y por parte legítima, pues la sentencia se notificó al quejoso por medio de lista el veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve; surtió sus efectos al día hábil siguiente, por lo que el plazo de diez días, que el artículo 86 de la Ley de Amparo concede para interponer el recurso de revisión, corrió del veintiocho de mayo al diez de junio del dos mil diecinueve, sin contar los días uno, dos, ocho y nueve de junio de ese año, por haber sido inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo.
21. Por tanto, si el recurso de revisión fue interpuesto el siete de junio de dos mil diecinueve ante la oficialía de partes del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, es inconcuso que la referida interposición fue oportuna.
22. Aunado a lo anterior, el presente recurso proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 1o. del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5o., fracción I, de esta última, toda vez que fue interpuesto por el quejoso, quien, al ser parte en el juicio de amparo, se encuentra legitimado para intervenir en éste, mediante la interposición de los recursos correspondientes.
IV. PROCEDENCIA
23. De conformidad con los supuestos establecidos en la fracción IX del artículo 107 de la Constitución Federal; la fracción II del artículo 81 de la Ley de Amparo vigente, y la fracción III del artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para que un recurso de revisión interpuesto contra las sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito en los juicios de amparo directo sea procedente, es necesario que las mismas decidan sobre la constitucionalidad de normas legales (leyes federales y locales, tratados internacionales y reglamentos federales y locales) o establezcan la interpretación directa de un precepto de nuestra Constitución Federal, o bien que en dichas resoluciones se omita hacer un pronunciamiento al respecto, cuando se hubiera planteado en la demanda. Además, es necesario que la cuestión de constitucionalidad tenga la potencialidad de llevar a la fijación de un criterio de importancia y trascendencia. En todos los casos, la decisión de este Alto Tribunal en vía de recurso debe limitarse a la resolución de las cuestiones propiamente constitucionales.
24. Los referidos requisitos de procedencia del recurso de revisión en amparo directo se han desarrollado normativamente por el Acuerdo Plenario 9/2015, así como jurisprudencialmente(9) por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación a efecto de establecer que las sentencias que dicten los Tribunales Colegiados de Circuito en juicios de amparo directo sólo admitirán recurso de revisión en los siguientes supuestos:
a) Decidan o hubieran omitido decidir sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma general, o se establezca la interpretación directa de un precepto constitucional o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, siempre que dichos temas hubieren sido planteados desde la demanda de amparo directo; y
b) Que los referidos temas de constitucionalidad entrañan la fijación de un criterio de importancia y trascendencia.
25. Respecto a la actualización de los referidos requisitos de importancia y trascendencia, esta Primera Sala ha sostenido que debe realizarse caso por caso, buscando contestar la pregunta si de declararse la procedencia del recurso, ello permitiría a esta Suprema Corte, como Tribunal Constitucional, emitir un pronunciamiento sobre una cuestión novedosa y de relevancia para el orden jurídico, pues, en caso contrario, ha de declararse improcedente el recurso intentado. De ahí que la constatación de las notas de importancia y trascendencia para la procedencia del recurso de revisión en amparo directo se realiza mediante un ejercicio sustantivo de valoración por el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación plasma su política judicial.(10)
26. Finalmente, es importante destacar que el análisis definitivo de la procedencia del recurso es competencia, según sea el caso, del Pleno o las Salas de esta Suprema Corte. El hecho de que el presidente, del Pleno o de la Sala respectiva, admita a trámite el mismo no implica la procedencia definitiva del recurso.
A. Cuestiones necesarias para resolver
27. Considerando lo anterior, se emprende el estudio sobre la procedencia del medio de impugnación que es materia de esta resolución. Para tal efecto es necesario conocer los planteamientos expresados en la demanda de amparo, la sentencia del Tribunal Colegiado y los agravios formulados en la revisión, elementos que enseguida se relacionan.
28. Conceptos de violación. En su primer concepto de violación, el quejoso alegó que la sentencia del tribunal de alzada violó en su perjuicio los artículos 1o., 14 y 16 de la Constitución General, en relación con el precepto 217 de la Ley de Amparo. De acuerdo con el quejoso, la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero interpretó la excepción prevista en el artículo 12(11) del Convenio de la Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores de manera errónea, al considerar que el solo paso del tiempo era suficiente para afirmar que el menor se había adaptado a su nuevo entorno.
29. También, alegó que la conclusión a la que arribó la Sala responsable es contraria al parámetro de interpretación del artículo 12 del Convenio referido que esta Suprema Corte realizó, al resolver el amparo directo en revisión 4465/2014, el amparo en revisión 1564/2015 y el amparo en revisión 4833/2016. Así como del criterio de jurisprudencia que devino de la resolución de estos asuntos, de título y subtítulo: "SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES. PARA QUE OPERE LA CAUSAL DE EXCEPCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 12 DEL CONVENIO DE LA HAYA ES INDISPENSABLE QUE HAYA TRANSCURRIDO MÁS DE UN AÑO ENTRE LA SUSTRACCIÓN Y LA SOLICITUD DE RESTITUCIÓN."(12)
30. Por tanto, –de acuerdo con el quejoso–, la autoridad responsable debió haber aplicado el precedente de la Primera Sala de la Suprema Corte que se identifica con el título y subtítulo: "SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES. EXISTE UNA PRESUNCIÓN DE QUE EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR SUSTRAÍDO SE VE MAYORMENTE PROTEGIDO CON SU RESTITUCIÓN INMEDIATA AL PAÍS DE ORIGEN."(13) El padre del menor argumentó que la autoridad responsable no tomó en cuenta que la solicitud de restitución se presentó dentro del plazo de un año posterior a que sucedió la sustracción, pero por dilaciones procesales y obstaculizaciones de la misma naturaleza, el procedimiento se retrasó por más de dos años, lo que es contrario a los precedentes de esta Suprema Corte, pues ésta ha determinado que el posible retraso en la acción de las autoridades competentes no debe perjudicar los intereses de las partes amparadas.
31. Por tanto, el quejoso alega que la autoridad responsable vulneró sus derechos humanos, al no respetar su obligación de aplicar la jurisprudencia emitida por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
32. En el segundo concepto de violación, el quejoso argumentó que el acto reclamado violó en su perjuicio los derechos consagrados en los artículos 1o., 14 y 16 de la Constitución Federal, en relación con el artículo 217 de la Ley de Amparo. Esto porque la Sala Familiar consideró erróneamente que se actualizaba la excepción a la restitución contenida en el artículo 13(14) del Convenio de la Haya ya referido. El quejoso alegó que la procedencia de dicha excepción es de carácter extraordinario y que la carga de la prueba recae sobre la parte que se niega a restituir al menor.
33. En ese mismo sentido, el padre del menor considera que la Sala responsable concluyó erróneamente que la madre aportó las pruebas suficientes para acreditar la excepción prevista en el artículo 13 del Convenio, por lo que la autoridad responsable consideró actualizada dicha excepción con base, únicamente, en indicios que, además, considera incorrectos. Por ello, el quejoso alega que no es posible acreditar la excepción del artículo 13 convencional con la presunción de que el menor se encuentra integrado a su ambiente porque requiere acreditar que existe un riesgo de peligro real, y si se realiza la restitución y la averiguación previa, no puede ser una prueba para acreditar el peligro real y actual porque de ser así, vulneraría la presunción de inocencia de la persona que busca la restitución del menor.
34. Asimismo, el quejoso aduce que los informes presentados por el DIF y el Ministerio Público en restituciones de menores son obstáculos en contra de la Convención de la Haya en la materia, toda vez que, en la práctica, las personas que realizan estos informes son pertenecientes a la localidad en donde el menor fue sustraído, por lo que, al tener mayor apego emocional con la sustractora, deciden realizar informes en contra de la restitución. Siendo así que, aduce el quejoso, se debe ponderar sobre dichos informes y no solamente darles un valor probatorio pleno, en virtud de que, al no aportar elementos objetivos del peligro que se corre con la restitución, se vuelve arbitraria la decisión de la autoridad responsable.
35. Es por ello, que el quejoso considera que el último párrafo del artículo 13 de la Convención de la Haya es inconstitucional, toda vez que es contrario al artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues al permitir que solamente las autoridades administrativas de la localidad en la que se encuentra el menor sustraído puedan aportar su opinión sobre la restitución, se cae en el supuesto de la desigualdad ante la ley, porque por razones materiales y especiales, considera que es obvio que dichas autoridades apoyarán siempre al progenitor sustractor. 36. Por tanto, considera el quejoso que, al no darle oportunidad a las autoridades administrativas del lugar de residencia habitual del menor, para aportar de igual forma su opinión fundada y motivada de las circunstancias que rodean la restitución, debe ser declarado inconstitucional.
37. En su tercer concepto de violación, el quejoso alegó que la Sala responsable violó en su perjuicio los artículos 1o., 14 y 16 previstos en la Constitución General, en relación con el artículo 217 de la Ley de Amparo. Ya que realizó una interpretación contraria a los precedentes establecidos por la Suprema Corte respecto al principio del interés superior del menor en materia de restitución internacional,(15) toda vez que con base en los criterios de este Alto Tribunal, debe imperar la presunción de que la restitución es mejor para el menor, a menos que quede demostrada alguna de las excepciones extraordinarias que se señalan en el propio Convenio, las cuales deben ser interpretadas de la forma más restringida para garantizar su correcta aplicación y no hacer nugatorios los objetivos del Convenio, siendo que la autoridad responsable basó su decisión en indicios para la construcción de su justificación, pasando por alto cualquier prueba que no encajara en su construcción.
38. Finalmente, el quejoso alegó en su cuarto concepto de violación que la sentencia reclamada violó el principio de progresividad de los derechos humanos en relación con los artículos 1, 2 y 7 del Convenio de la Haya, en los cuales se enuncia que el propósito del Convenio es restituir con celeridad a los menores que han sido sustraídos ilícitamente y se reitera el compromiso de los Estados Parte de llevar a cabo todas las acciones de urgencia necesarias con el objetivo de garantizar la restitución inmediata del menor.
39. Sentencia de amparo. El Tribunal Colegiado calificó de infundados, inoperantes e ineficaces los argumentos vertidos en los conceptos de violación y negó el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso, en virtud de las siguientes consideraciones:
40. En primer lugar, el órgano colegiado estableció el marco normativo en relación con la restitución internacional de menores, analizando el sistema de restitución establecido por el Convenio de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, en especial las excepciones previstas en el artículo 12 de dicha Convención referente a la integración al nuevo ambiente, en el artículo 13 sobre un grave riesgo de que la restitución del menor lo exponga a un peligro físico o psíquico o lo ponga en una situación intolerable, así como en el artículo 20 sobre violación a los principios fundamentales del Estado. Posteriormente, el órgano colegiado señaló el análisis jurisprudencial que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho sobre el interés superior del menor. Asimismo, estableció que el presente caso no se trataba de una sustracción del menor, sino de una retención ilícita, en atención a que de manera voluntaria ambos progenitores autorizaron el viaje del menor de Francia a México; sin embargo, aun cuando el menor y su madre tenían boletos de regreso, eso ya no aconteció por decisión unilateral de la madre. No obstante, el órgano jurisdiccional determinó que la materia de la litis consiste en determinar si es legal o no el acto reclamado en relación con la solicitud de restitución hecha por el padre de **********, a fin de trasladarlo a Francia.
41. Expuesto lo anterior, el órgano colegiado calificó de infundado el segundo concepto de violación, inherente a declarar inconstitucional el último párrafo del artículo 13 del Convenio de la Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, al considerarlo contrario al artículo 24 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en virtud de que, a juicio del quejoso, no se toman en cuenta las opiniones de la autoridad central del lugar de residencia habitual del menor; señalando el órgano jurisdiccional que, sin perjuicio de que el quejoso no aduce una violación directa a algún precepto de la Constitución Federal, atendiendo a la causa de pedir, se desprendía que su argumento estaba encaminado a evidenciar una violación al debido proceso.
42. En ese hilo, el órgano jurisdiccional señaló que, contrario a lo aducido por el quejoso, el artículo 13 convencional no atenta contra el derecho de discriminación o trato igualitario ante la ley, previsto en el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues no impide que las partes puedan aportar por sí mismas o por conducto de los Estados la información correspondiente para hacer valer sus pretensiones. Esto, pues ambas normas son complementarias y no contradictorias, en relación con los principios de igualdad procesal de la litis natural, al no restringir a la autoridad competente la valoración de todas las pruebas contundentes para resolver si procede o no la restitución del menor, y más aún aquellas aportadas por diversas autoridades especializadas en el ramo, sin menoscabo de las aportadas directamente por cada una de las partes, respetando en todo momento su derecho de audiencia.
43. Por otro lado, el Tribunal Colegiado calificó de inatendible el cuarto concepto de violación en el que el quejoso solicitó la remisión del asunto a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que ejerciera su facultad de atracción sobre el presente asunto, en atención a que ya había solicitado a este Alto Tribunal su atracción, el cual en sesión de seis de febrero de dos mil diecinueve decidió no ejercer la referida facultad, por lo que el órgano colegiado consideró innecesario hacer un mayor pronunciamiento al respecto.
44. En otro orden de ideas, el órgano jurisdiccional calificó de inoperantes los conceptos de violación por los que el quejoso se duele de lo establecido por la autoridad responsable sobre las excepciones opuestas por la parte contraria, previstas en los artículos 12 y 13 de la Convención de la Haya en la materia, al determinar que la Sala responsable desestimó todos los agravios planteados en apelación por el quejoso, por lo que éste debió combatir todas las consideraciones por las que los Magistrados responsables arribaron a la consideración de confirmar la sentencia apelada, lo que el órgano colegiado consideró no se cumple.
45. Lo anterior, al señalar que en la sentencia reclamada se tomó en cuenta qué excepciones fueron planteadas por la parte demandada y de qué manera las analizó el Juez de primer grado y de manera especial, el material obrante en el juicio de restitución, por lo que, como efecto predominante y, atendiendo a los derechos humanos previstos en los artículos 1o. y 4o. constitucionales, en relación con los diversos criterios emitidos por esta Suprema Corte sobre el principio de interés superior del menor, la Sala responsable hizo un ejercicio de ponderación de principios para determinar si era procedente o no la restitución del menor al país requirente. Por tanto, el Tribunal Colegiado consideró que el quejoso estaba obligado a combatir todas las consideraciones expuestas por la autoridad responsable con las que se declararon procedentes las excepciones opuestas por la parte demandada en relación con los preceptos 12, párrafo segundo y 13, inciso b), de la Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores. Lo que, a juicio del Tribunal Colegiado, no sucedió así.
46. Por otro lado, el órgano colegiado señaló que no pasaba inadvertido que el peticionario del amparo sostenga medularmente que el acto reclamado es violatorio de sus derechos humanos por no estar debidamente fundado y motivado en términos de los preceptos 14 y 16 constitucionales, sin embargo, contrario a ello, el órgano jurisdiccional consideró que la sentencia reclamada sí expresa las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado.
47. De igual forma, el Tribunal Colegiado consideró que, aun cuando el quejoso señaló en repetidas ocasiones que la autoridad responsable intentó justificar las excepciones planteadas por la parte demandada, sin tomar en cuenta la jurisprudencia de título y subtítulo: "SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES. PARA QUE OPERE LA CAUSAL DE EXCEPCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 12 DEL CONVENIO DE LA HAYA ES INDISPENSABLE QUE HAYA TRANSCURRIDO MÁS DE UN AÑO ENTRE LA SUSTRACCIÓN Y LA SOLICITUD DE RESTITUCIÓN.", el órgano jurisdiccional consideró que esta Suprema Corte también definió en diversos precedentes la obligación de todas las autoridades del Estado de velar por el interés superior del menor, por lo que dicho órgano consideró legal la determinación de la Sala de analizar si el niño se encontraba adaptado a su nuevo entorno social, con independencia del tiempo transcurrido desde la solicitud hasta el dictado de la sentencia definitiva, a mayor razón tomando en consideración la opinión del menor, quien dijo querer estar en México. Ello, lo fundamentó en lo resuelto por este Alto Tribunal en el amparo en revisión 4102/2015.
48. Por tanto, el órgano colegiado consideró que, si bien el quejoso presentó su solicitud de petición de restitución antes de cumplir un año de la retención ilícita, no menos cierto es que, desde el dos mil quince al dictado de la sentencia de primer grado en sede familiar, transcurrió un poco más de dos años, por lo que resulta lógico y jurídicamente viable analizar la condición actual del niño en el medio ambiente en el cual se encuentra, pues pensar lo contrario daría pauta a soslayar el interés superior del niño porque es incuestionable que el análisis de la procedencia o no de la restitución debe estar lo más ajustado posible al bienestar real del menor, es decir, protegiendo a toda costa de su integridad psíquica y física, acorde con los parámetros legales del Es
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30553-2789320b/sustraccion-internacional-de-personas-menores-de-edad-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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