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RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES. AL TRAMITARSE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO EN LA VÍA JURISDICCIONAL, ANTE UN JUEZ FAMILIAR, EXCLUYE LA PRETENSIÓN DE SER UN ACTO INCONSTITUCIONAL EN SÍ MISMO (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO). RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES. CUANDO EN EL JUICIO DE AMPARO O EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN HA COMPARECIDO LA MADRE DEL MENOR QUE DEBE SER RESTITUIDO, ES INNECESARIO EMPLAZAR A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES QUE INSTÓ EL PROCEDIMIENTO DE ORIGEN, ATENTO A LA PRONTA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES. CUANDO SE TRATE DE LA SEPARACIÓN DE UN MENOR CONTRA LA VOLUNTAD DE SUS PADRES, DEBE DARSE A ÉSTOS PARTICIPACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, LO QUE OBLIGA A LAS AUTORIDADES A ACTUAR CON URGENCIA Y OBVIAR EL PLAZO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 184 DE LA LEY DE AMPARO. RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES. EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN PARA QUE UN MENOR SEA REPATRIADO Y ENTREGADO A SU MADRE, NO IMPLICA DEJAR SIN MATERIA EL AMPARO PRINCIPAL. RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES. LA FINALIDAD DE LA CASA CUNA ES ALBERGAR A NIÑOS ABANDONADOS, MALTRATADOS, ABUSADOS O HUÉRFANOS, POR LO QUE NO SE JUSTIFICA LA RETENCIÓN DE UN INFANTE, MÁS ALLÁ DE LO ESTRICTAMENTE NECESARIO PARA PROCURARLE LOS CUIDADOS INDISPENSABLES HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN SOBRE LA PROCEDENCIA DE AQUÉLLA. RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES. PROCEDE OTORGAR LA SUSPENSIÓN CON EFECTOS RESTITUTORIOS, AL PONDERAR LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL PELIGRO EN LA DEMORA, SI SE JUSTIFICA QUE LA GUARDA LA TENÍA LA MADRE, Y EL HECHO DE QUE SE TRATE DE UNA MENOR DE DOCE AÑOS, CONSTITUYE UN ELEMENTO ADICIONAL PARA QUE PREFERENTEMENTE QUEDE BAJO SU CUIDADO (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO). RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES. SI LA RESOLUCIÓN QUE LA ORDENÓ AL LUGAR DE SU RESIDENCIA HABITUAL, SE CONOCE COMO ACTO JURÍDICO SUPERVENIENTE, DEBE ATENDERSE A LA INDIVIDUALIDAD DE LOS QUEJOSOS (PADRE Y MENOR) PARA DECIDIR POR SEPARADO LA SITUACIÓN JURÍDICA DE CADA UNO DE ELLOS Y PRIVILEGIAR EL INTERÉS SUPERIOR DE ÉSTE. RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES. SU DIFERENCIA CON EL PROCEDIMIENTO DE EXTRADICIÓN.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 178/2017. · Registro digital (IUS): 27583
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2018-01-26
Promovente:
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 50, Enero de 2018, Tomo IV, Pág. 2238.

RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES. AL TRAMITARSE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO EN LA VÍA JURISDICCIONAL, ANTE UN JUEZ FAMILIAR, EXCLUYE LA PRETENSIÓN DE SER UN ACTO INCONSTITUCIONAL EN SÍ MISMO (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO).

RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES. CUANDO EN EL JUICIO DE AMPARO O EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN HA COMPARECIDO LA MADRE DEL MENOR QUE DEBE SER RESTITUIDO, ES INNECESARIO EMPLAZAR A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES QUE INSTÓ EL PROCEDIMIENTO DE ORIGEN, ATENTO A LA PRONTA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES. CUANDO SE TRATE DE LA SEPARACIÓN DE UN MENOR CONTRA LA VOLUNTAD DE SUS PADRES, DEBE DARSE A ÉSTOS PARTICIPACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, LO QUE OBLIGA A LAS AUTORIDADES A ACTUAR CON URGENCIA Y OBVIAR EL PLAZO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 184 DE LA LEY DE AMPARO.

RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES. EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN PARA QUE UN MENOR SEA REPATRIADO Y ENTREGADO A SU MADRE, NO IMPLICA DEJAR SIN MATERIA EL AMPARO PRINCIPAL.

RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES. LA FINALIDAD DE LA CASA CUNA ES ALBERGAR A NIÑOS ABANDONADOS, MALTRATADOS, ABUSADOS O HUÉRFANOS, POR LO QUE NO SE JUSTIFICA LA RETENCIÓN DE UN INFANTE, MÁS ALLÁ DE LO ESTRICTAMENTE NECESARIO PARA PROCURARLE LOS CUIDADOS INDISPENSABLES HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN SOBRE LA PROCEDENCIA DE AQUÉLLA.

RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES. PROCEDE OTORGAR LA SUSPENSIÓN CON EFECTOS RESTITUTORIOS, AL PONDERAR LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL PELIGRO EN LA DEMORA, SI SE JUSTIFICA QUE LA GUARDA LA TENÍA LA MADRE, Y EL HECHO DE QUE SE TRATE DE UNA MENOR DE DOCE AÑOS, CONSTITUYE UN ELEMENTO ADICIONAL PARA QUE PREFERENTEMENTE QUEDE BAJO SU CUIDADO (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO).

RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES. SI LA RESOLUCIÓN QUE LA ORDENÓ AL LUGAR DE SU RESIDENCIA HABITUAL, SE CONOCE COMO ACTO JURÍDICO SUPERVENIENTE, DEBE ATENDERSE A LA INDIVIDUALIDAD DE LOS QUEJOSOS (PADRE Y MENOR) PARA DECIDIR POR SEPARADO LA SITUACIÓN JURÍDICA DE CADA UNO DE ELLOS Y PRIVILEGIAR EL INTERÉS SUPERIOR DE ÉSTE.

RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES. SU DIFERENCIA CON EL PROCEDIMIENTO DE EXTRADICIÓN.

AMPARO EN REVISIÓN 178/2017. 31 DE MAYO DE 2017. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: FRANCISCO JAVIER SANDOVAL LÓPEZ. PONENTE: VÍCTOR FRANCISCO MOTA CIENFUEGOS. SECRETARIOS: GRETA LOZADA AMEZCUA Y ADOLFO ALMAZÁN LARA.

CONSIDERANDO:

CUARTO.-Antecedentes. Para la mayor comprensión del caso se considera conveniente exponer los antecedentes más relevantes:

1. ********** (madre) y ********** (hija), quienes radican en la ciudad de San Antonio, Texas, según lo tuvo acreditado la Juez familiar responsable, el treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis se encontraron con el padre de la menor **********, en el embarcadero Zacapa, Xochimilco, Ciudad de México, donde acordaron que la mamá le daría permiso para que realizara actividades con su abuelo y su padre.

2. El uno de noviembre de dos mil dieciséis, ********** presentó denuncia ministerial para la localización de padre e hija, dado que ********** quedó de devolverla el día treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis.

3. Posteriormente, el dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, ********** presentó solicitud de restitución internacional de la menor.

4. Esa solicitud quedó radicada en el Juzgado Séptimo Familiar de la Ciudad de México, el quince de diciembre de dos mil dieciséis **********, donde se ordenó dar vista al requerido con la solicitud y que señalara el domicilio donde se encontraba viviendo la menor.

Posteriormente, en cumplimiento a la suspensión provisional dictada por el Juez Tercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en el juicio de amparo **********, promovido por la madre de la menor, en auto de dieciocho de enero de dos mil diecisiete, la Juez familiar requirió a ********** para que presentara a la menor el veintitrés de enero de dos mil diecisiete, apercibido con arresto de treinta y seis horas.

5. Luego de la búsqueda y localización de padre e hija, el cinco de abril de dos mil diecisiete, personal de la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol presentó a la menor y la Juez familiar ordenó su resguardo en la Casa Cuna DIF Nacional del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. El seis de abril del mismo año compareció ante la Juez familiar el padre de la menor **********, y se le corrió traslado.

6. El siete de abril de dos mil diecisiete **********, promovió juicio de amparo indirecto, que ahora es motivo de análisis, en el que señaló como acto reclamado la retención, incomunicación y deportación de la menor **********.

7. El veinte de abril de dos mil diecisiete **********, desahogó la vista con la solicitud de restitución, ofreció pruebas y opuso las excepciones que consideró oportunas.

8. El veintiuno de abril de dos mil diecisiete, la Juez familiar dictó resolución en la que declaró procedente la restitución de la menor al lugar de su residencia en San Antonio, Texas, Estados Unidos de Norteamérica.

QUINTO.-Emplazamiento al tercero interesado. No queda inadvertido para este Tribunal Colegiado, que el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito estableció que tratándose del procedimiento judicial de restitución de un menor, iniciado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, en su carácter de autoridad central del Estado Mexicano, a ésta le surge el carácter de tercero interesado al ejercer el rol de representante de la persona que tiene la custodia de la menor y pretende la restitución;(1) sin embargo, en el caso no tiene aplicación esa jurisprudencia.

Lo anterior, porque en el incidente de suspensión que ahora se revisa ya ha comparecido la madre de la menor que debe ser restituida, lo que hace innecesario el emplazamiento de la autoridad central que instó el procedimiento de origen, dado que la progenitora ha ejercido su garantía de defensa.

Por tanto, una reposición del procedimiento en nada favorecería los intereses de la menor, porque al operar en favor de ésta la suplencia total de la queja deficiente, la reposición iría en detrimento de la pronta administración de justicia prevista en el artículo 17 constitucional.

SEXTO.-Quejosos. La demanda de amparo la promovió **********, por derecho propio y en representación de su menor hija **********.

En ese estado de cosas, se advierte que ambos son quejosos, lo que permite a este Tribunal Colegiado pronunciarse por separado respecto de la suspensión definitiva del acto reclamado.

Ello, porque se advierte que tienen intereses contrarios, pues en el capítulo de suspensión del acto reclamado, el quejoso la solicitó para el efecto de que se le entregara a la menor mientras se resolvía el procedimiento de restitución internacional de la menor.

En tanto que existe un hecho superveniente, consistente en la resolución de veintiuno de abril de dos mil diecisiete, dictada por la Juez Séptimo Familiar de la Ciudad de México, que ordenó la restitución de la menor al lugar de su residencia habitual.

De ahí la justificación para pronunciarse por separado respecto a cada uno de los quejosos.

SÉPTIMO.-Suplencia de la queja. Este Tribunal Colegiado no se ocupará del análisis de los agravios expresados en esta instancia, pues con fundamento en el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo,(2) en suplencia de la queja en favor de la menor de edad, advierte que la suspensión definitiva otorgada por el Juez de Distrito es contraria a derecho, como enseguida se explica.

De la lectura de la sentencia interlocutoria en análisis, se aprecia que para decidir sobre la suspensión definitiva del acto reclamado, el Juez de amparo únicamente analizó que se reunieran los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, y otorgó la suspensión, al considerar que existía solicitud de parte y no se seguiría perjuicio al interés social, por lo que el efecto de la medida suspensional fue para que la menor en disputa no fuera sustraída de la casa cuna en que se encuentra resguardada, hasta que se notificara a la responsable la existencia de resolución ejecutoriada respecto al procedimiento de restitución internacional de la menor.

Sin embargo, esos efectos son similares a la suspensión que se otorga en el procedimiento de extradición, el cual es distinto al de restitución internacional de la menor, como se desarrollará más adelante pues, en este caso, se dejó resguardada a la menor hasta en tanto se decidía si debe ser restituida o no, como si se tratara de impedir que la infante se sustraiga de la acción de la justicia.

En cambio, esos efectos únicamente favorecen el derecho del padre quejoso a ver a su menor hija y que éste mantenga una relación paterno-filial con la infante.

Empero, el Juez de Distrito dejó de advertir que los derechos sustantivos del quejoso son distintos a los de la menor, también quejosa, y que en observancia al principio de interés superior de ésta, la niña tiene derecho de regresar a su entorno habitual para evitar que se encuentre en un país distinto al en que ha radicado desde su nacimiento y, con ello, preservar su salud psicológica; dado que en el procedimiento de restitución se tuvo por acreditado que la menor ********** tenía su residencia habitual con su madre en la ciudad de San Antonio, Texas, Estados Unidos de Norteamérica. Así como los derechos de la niña a vivir en familia y con educación, sin que pase inadvertido que su padre radica en México.

Ergo, la suspensión definitiva que se otorgó al padre de la menor **********, solamente tomó en cuenta los derechos de éste y no los de la niña, por lo que es contraria al interés superior de la menor y contraviene disposiciones de orden público, por lo que, en observancia del principio del interés superior de la infante, lo procedente es otorgarle a ésta la suspensión definitiva, lo que implica negársela a su padre, por las razones que enseguida se expondrán.

En principio, es necesario señalar que el artículo 4o., párrafo noveno, constitucional establece que, en sus decisiones y actuaciones, el Estado velará y cumplirá con el principio del interés superior, garantizando de manera plena sus derechos. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación(3) estableció que el interés superior del menor es un concepto triple, al ser: (I) un derecho sustantivo; (II) un principio jurídico interpretativo fundamental; y, (III) una norma de procedimiento.

Ahora bien, el artículo 11 de la Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores establece lo siguiente:

"Artículo 11. Las autoridades judiciales o administrativas de los Estados Contratantes actuarán con urgencia en los procedimientos para la restitución de los menores.

"Si la autoridad judicial o administrativa competente no hubiera llegado a una decisión en el plazo de seis semanas a partir de la fecha de iniciación de los procedimientos, el solicitante o la Autoridad Central del Estado requerido, por iniciativa propia o a instancias de la Autoridad Central del Estado requirente tendrá derecho a pedir una declaración sobre las razones de la demora.

"Si la Autoridad Central del Estado requerido recibiera una respuesta, dicha autoridad la transmitirá a la Autoridad Central del Estado requirente o, en su caso, al solicitante."

Asimismo, el artículo 9, numerales 1 y 2, de la Convención sobre los Derechos del Niño establece lo siguiente:

"Artículo 9.

"1. Los Estados Partes velarán porque el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño.

"2. En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo, se ofrecerá a todas las partes interesadas la oportunidad de participar en él y de dar a conocer sus opiniones."

De lo anterior se obtiene que el interés superior del menor también atiende a un aspecto procedimental y, por ello, las autoridades judiciales deben actuar con urgencia en los procedimientos para la restitución de los menores y que, cuando se trata de la separación de un menor contra la voluntad de sus padres, debe dárseles a las partes la oportunidad de participar en él.

Pues bien, dado que el acto reclamado tiene origen en una solicitud de restitución internacional de menor y que la menor fue separada de su progenitora sin el consentimiento de ésta, ello obliga a las autoridades judiciales a actuar con urgencia, lo que permite a este Tribunal Colegiado ajustar el procedimiento para obviar el plazo que debe mediar entre la fecha en que se listó el asunto para resolución y la fecha de la sesión, a fin de satisfacer la garantía constitucional de pronta administración de justicia, prevista en el artículo 17 constitucional, en aras de favorecer el interés superior de la menor e inmediata restitución que se solicitó a la Juez familiar responsable.

Es así, porque en auto de veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, dictado por el Juez Tercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, glosado en el incidente de suspensión que ahora se revisa, se estableció que el quejoso **********, quedó notificado de la radicación del juicio de amparo en ese órgano jurisdiccional y que quedó notificado de la interposición de este recurso de revisión y del diverso de queja, aunado a que éste es quien promovió el juicio de amparo que ahora es materia -por lo que hace al incidente de suspensión- de análisis y que ha comparecido al procedimiento de restitución internacional; por lo cual, se encuentra garantizada su garantía de audiencia, lo que permite resolver este recurso de revisión.

Ahora, entrando en la materia de la revisión, es de señalar que los artículos 128, 129, fracción VIII, último párrafo, 138 y 150 de la Ley de Amparo establecen:

"Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes:

"I. Que la solicite el quejoso; y

"II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.

"La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado.

(ADICIONADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016)

"Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial.

(ADICIONADO, D.O.F. 14 DE JULIO DE 2014)

"Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva."

"Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión:

"...

"VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico;

"...

"El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aun cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social."

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016)

"Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público, en su caso, acordará lo siguiente:

"I. Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado;

"II. Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y

"III. Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estime pertinentes."

"Artículo 150. En los casos en que la suspensión sea procedente, se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, hasta dictarse resolución firme en él; a no ser que la continuación de dicho procedimiento deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso."

De la lectura conjunta de esos preceptos se obtiene que, para decidir respecto del otorgamiento de la suspensión del acto reclamado se debe tomar en cuenta la naturaleza del acto para determinar si es suspendible o no, en ponderación con la apariencia del buen derecho y la afectación al interés social. Y que, por regla general, la concesión de la suspensión no impida la continuación del procedimiento, a menos que, de continuarse se consume de manera irreparable el daño causado al quejoso.

Apoya a lo anterior, la tesis 2a. XXIII/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:

"SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA CONCEDERLA. De los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 128 y 138 de la Ley de Amparo, se advierte que para conceder la suspensión definitiva en el juicio de amparo se requiere que: i. Expresamente la solicite el quejoso; ii. Haya certidumbre sobre la existencia de los actos cuya suspensión se solicita; iii. Los actos reclamados sean susceptibles de suspensión; iv. No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, según lo dispuesto en el artículo 129 de la citada ley y; v. Deba llevarse a cabo un análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho. Así, sólo de cumplirse todos los requisitos que anteceden, el órgano jurisdiccional podrá conceder la suspensión definitiva sujetándola, en su caso, al otorgamiento de la garantía prevista en el artículo 132 de la propia ley."(4)

En el caso, se considera que se afecta el interés social y se contravienen disposiciones de orden público; esto, porque el otorgamiento de la suspensión definitiva impugnada afecta el interés social, dado que la sociedad está interesada en que los niños no sean extraídos de su entorno sin su consentimiento y sin haber sido previamente escuchados, convivan con sus padres y se desarrollen en un ambiente armonioso; en cambio, la suspensión otorgada impide que la menor (nacida el dos noviembre de dos mil once) viva con la progenitora con la que ha vivido desde su nacimiento, en el lugar en donde tiene su residencia habitual, en ese mismo lugar en donde no solamente ha sido inscrita en la escuela, sino que ha asistido a la misma e impide que se cumpla con la Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, que prevé la restitución inmediata.

Se dice lo anterior, porque el interés público atiende al interés superior del menor que, de acuerdo con órganos de las Naciones Unidas, el interés superior del niño es un principio que incluye, por una parte, el derecho a la protección, lo que supone que todo niño, niña o adolescente sea protegido contra toda forma de sufrimiento, abuso o descuido, incluidos el descuido físico, psicológico, mental y emocional; y, por la otra, la posibilidad de desarrollarse en forma armoniosa, es decir, que tenga derecho a crecer en un ambiente armonioso y con un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.(5)

Asimismo, el interés superior del niño consiste en optar por los medios más idóneos para favorecer el bienestar físico, emocional, social, espiritual y educativo de éste; que, a su vez, es definido por el artículo 416 Ter del Código Civil para el Distrito Federal, como la prioridad que ha de otorgarse a los derechos de las niñas y los niños, respecto de los derechos de cualquier otra persona; de ahí que cuando en una contienda judicial intervengan menores de edad, éstos deben ser escuchados, pero no implica que siempre deba decidirse conforme a la voluntad de los infantes.

En tanto que, la apariencia del buen derecho(6) consiste en determinar, hipotéticamente, con base en un conocimiento superficial del caso, la existencia del derecho cuestionado y las probabilidades de que la sentencia de amparo declare la inconstitucionalidad del acto.

Pues bien, el acto reclamado consistente en la retención de la menor **********, hija del quejoso y de la ahora recurrente, tiene origen en la solicitud de restitución internacional que la madre de la menor presentó el dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, ante la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior; solicitud que fue enviada al presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, quien por oficio de nueve de diciembre de dos mil dieciséis la remitió al Juez familiar en turno.

El quince de diciembre de dos mil dieciséis, se radicó la solicitud de restitución internacional de la menor ante la Juez Séptimo Familiar de la Ciudad de México con el número **********; donde, previa secuela procesal, se emplazó y contestó el requerido **********, mediante resolución dictada en audiencia de veintiuno de abril de dos mil dieciséis, el Juez familiar declaró procedente la restitución de la menor al lugar de su residencia habitual en San Antonio, Texas, Estados Unidos de Norteamérica, solicitada por su madre **********, sin que tal procedencia implicara pronunciamiento alguno sobre la custodia de la menor la que, en su caso, debía ser ventilada ante las autoridades de ese país.

También señaló que la suspensión definitiva otorgada en el juicio de amparo promovido por el padre de la menor, consiste en que ésta quedará a disposición de la autoridad de amparo en el lugar en que se encuentra, de donde no podía ser removida sin autorización y al cuidado de la autoridad que la tiene bajo su protección; por lo cual, ordenó la permanencia de la menor ********** en el Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación, Casa Cuna Coyoacán, del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia hasta nueva orden.

Lo anterior, con base en que había acreditado plenamente que la residencia de la menor ********** es en aquella ciudad extranjera, tal como se advertía de la solicitud de asistencia con base en la Convención de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores; acta de nacimiento en Bexar, San Antonio, Texas, Estados Unidos de Norteamérica y está adminiculada con el acta de entrevista que la autoridad ministerial tuvo con el presunto sustractor en la carpeta de investigación **********, quien manifestó: "que el día 28 de octubre del año en curso llegaron a México y se la prestó para convivencia, ya que ella radica en Estados Unidos".

Que, además, al desahogar la vista con la solicitud de restitución, el presunto sustractor manifestó que la madre de la menor se encontraba en Estados Unidos, y ya no le permitía (al quejoso) hablar con su menor hija, pero él siguió depositando dinero para sufragar las necesidades de su hija; lo que se corroboraba con los depósitos de dinero que éste le realizaba a ********** a la ciudad de San Antonio, Texas.

Asimismo, con las pruebas ofrecidas por la mamá de la menor, consistente en el correo electrónico de **********, de tres de noviembre de dos mil dieciséis, donde refiere que **********, es estudiante en la primaria **********, en Helotes, Texas; escritos de dieciséis de abril de dos mil quince y veintiséis de octubre de dos mil dieciséis que contienen los beneficios de atención médica a nombre de la menor, en San Antonio, Texas; notificación de caso dirigida a **********, en San Antonio, Texas; carta de la doctora **********, en la que manifestó que la menor está bajo su cuidado y se le ha seguido médicamente desde 20011 (sic) cuya última visita fue el 10/03/2016 y control de vacunas de la menor, de la que se desprende que su residencia habitual es en San Antonio, Texas, Estados Unidos de Norteamérica.

De igual forma, el Juez familiar consideró que **********, aceptó que el treinta de octubre de dos mil dieciséis se reunió con la madre de la menor en el embarcadero de Zacapa, Xochimilco, Ciudad de México, donde su hija le relató que su madre le ejercía violencia, por lo cual, presentó denuncia por ese delito, indagatoria donde el presunto sustractor manifestó que desde entonces tiene bajo su cuidado a su menor hija **********, por lo cual estaba ejerciendo una retención ilegal de la menor, al no haberla regresado con su progenitora al lugar donde tiene su residencia con su madre.

Que el presunto sustractor no demostró la violencia familiar que alegó, sobre todo que refirió actos de violencia sobre la menor cuando ésta y su madre se encontraban en México, mas no actos de violencia realizados en su lugar de residencia; ello, porque la carpeta de investigación ********** formada en la Unidad de Atención Temprana Número 3, Especializada en Atención al Turista, del Distrito Judicial de Tabares (Guerrero) de cinco de marzo de dos mil diecisiete, obra el estudio psicológico practicado a la menor, donde se concluyó que en relación con los hechos donde se ha visto amenazada su integridad física y emocional, no presentaba daño psicológico y tiene la capacidad para seguir con su vida diaria; dictamen en el que no se refiere quién ha amenazado la integridad de la menor.

Que tampoco se acreditó lo alegado por el presunto sustractor, consistente en que la progenitora no es apta para cuidar a su menor hija, porque le puede aprender malas costumbres y malos hábitos.

Resolución que al ser posterior a que el Juez de Distrito se pronunciara respecto de la suspensión definitiva en análisis, debe tomarse como un hecho superveniente para advertir que la medida suspensional es contraria a las disposiciones de orden público y apariencia del buen derecho.

Cabe precisar que si bien el padre quejoso promovió el amparo señalando como acto reclamado la privación ilegal de la libertad de la menor, la incomunicación de ésta y la deportación, esos actos se encuentran acreditados que nunca existieron de la manera anunciada; y, por el contrario, lo que sucedió fue que se tramitó en términos constitucionales y convencionales un procedimiento jurisdiccional de restitución internacional de menores.

Este procedimiento que incluye la participación de la Secretaría de Relaciones Exteriores en representación de la madre despojada de su hija y tramitado ante la Juez Séptimo de lo Familiar de la Ciudad de México, permitió conocer que fue la Interpol quien localizó a la menor en la ciudad de Acapulco en compañía de su padre quien presuntamente fue quien realizó la sustracción interparental y, asimismo, consta la intervención del padre, emplazado, que tuvo oportunidad de conocer la imputación, contestar y oponer sus excepciones consistentes en la manifestación de violencia que dijo ejercía la madre, sus malos ejemplos y malos cuidados según las circunstancias que dijo le fueron referidas por su niña de cinco años, lo que lo determinó a retenerla.

Ahora bien, se conoce que posteriormente a la promoción del amparo, la Juez familiar dictó sentencia que declaró la procedencia de la restitución de la menor a su país de origen y al cuidado de su madre que ya venía ejerciendo la custodia, pues no se probó riesgo para la menor.

Esta circunstancia resulta sumamente relevante para este Tribunal Colegiado de Circuito, quien debe obrar en el sentido de permitir al Estado Mexicano cumplir sus compromisos internacionales en la materia, sin que pueda calificarse como una variación de la litis, sino como un hecho superveniente, el que haya sobrevenido la orden judicial emitida por la Juez familiar; de ahí que se considere que el buen derecho que asiste a la menor se patentiza en el sentido de volver a su país, sin dilación, como lo ordenó la Juez familiar en el procedimiento judicial, según sentencia que en el incidente de suspensión goza de la presunción de validez constitucional y convencional.

Procedimiento de restitución internacional de menor que atiende a las siguientes disposiciones internacionales:

Naturaleza del Convenio sobre Aspectos Civiles de la Sustracción de Menores.

La sustracción de menores es un problema complejo, eminentemente familiar, pues en el tema que comienza a tomar forma, la sustracción realizada por el progenitor es sin propósitos ilícitos, apartándose de cualquier traslado o retención que de manera análoga pudieran realizar los padres u otras personas o grupos delictivos debidamente estructurados, con fines ilícitos, caso este último en donde no se vulneran derechos de guarda, custodia y visita, sino derechos fundamentales que son motivo de un actuar represivo por parte del Estado, trasladando su actuar al ámbito penal; lo cual no es el contexto del presente análisis.

Cuando los progenitores de un menor se separan físicamente, poniendo fin al matrimonio o a la unión marital de hecho que los vinculaba,

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27583-c2fbb354/restitucion-internacional-de-menores-al-tramitarse-el-procedimiento · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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