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EXTRADICIÓN INTERNACIONAL. EL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY DE EXTRADICIÓN INTERNACIONAL NO ES DISCRIMINATORIO AL NO REGULAR LOS MISMOS DERECHOS QUE SE RECONOCEN A QUIENES ESTÁN SUJETOS A UN PROCESO PENAL, DEBIDO A QUE NO SON PROCEDIMIENTOS COMPARABLES. EXTRADICIÓN. LOS ARTÍCULOS 3o. Y 13 DEL TRATADO DE EXTRADICIÓN ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, NO VULNERAN LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 314/2020. · Registro digital (IUS): 30059
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2021-09-03
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Septiembre de 2021, Tomo II, Pág. 1515.

AMPARO EN REVISIÓN 314/2020. 12 DE MAYO DE 2021. CINCO VOTOS DE LAS MINISTRAS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, QUIEN ESTÁ CON EL SENTIDO, PERO CON SALVEDAD EN LAS CONSIDERACIONES Y SE RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO ACLARATORIO, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, Y LOS MINISTROS JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIO: SAÚL ARMANDO PATIÑO LARA.

Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión virtual de doce de mayo de dos mil veintiuno, emite la siguiente

Sentencia

Mediante la cual se resuelve el amparo en revisión 314/2020, interpuesto por el señor **********, en contra de la resolución dictada el quince de octubre de dos mil dieciocho por la Juez Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región con residencia en Culiacán, Sinaloa, en auxilio del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria dentro del juicio de amparo indirecto **********.

1. Los problemas jurídicos por resolver son dos. Primero, determinar si los preceptos 3 y 13 del Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América transgreden el principio de legalidad contenido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, al omitir establecer los procedimientos internos y leyes aplicables de los que dispone la autoridad requerida para dar curso y respuesta a la solicitud de extradición, las autoridades que intervienen, las decisiones judiciales que se emiten y la legislación que se debe aplicar para valorar las pruebas relativas al procedimiento de extradición. Segundo, si el numeral 1 de la Ley de Extradición Internacional atenta contra el derecho a la igualdad y a la no discriminación a que se refiere el artículo 1o. de la Constitución Federal, respecto de las personas sujetas a un procedimiento de extradición al no concederles los mismos derechos que se reconocen a aquellas que se les instruye un proceso penal.

I. Antecedentes

2. Procedimiento de extradición **********. El dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, el titular de la Dirección General de Procedimientos Internacionales de la entonces Procuraduría General de la República solicitó la detención provisional con fines de extradición de **********, con base en lo planteado en el oficio ********** suscrito por la directora general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual comunicó que el Gobierno de los Estados Unidos de América pidió la extradición del señor ********** para que sea procesado en aquel país por los delitos de asociación delictuosa para cometer lavado de dinero, en violación a lo dispuesto en las secciones 1956(a)(1)(B)(i), 1956(a)(2)(B)(i) y 1956(h); operación sin licencia de un negocio de envíos de dinero, en violación a lo dispuesto en las secciones 2 y 1960(b)(1); y, asociación delictuosa para cometer fraude bancario, en contravención a lo dispuesto en las secciones 1344 y 1349; todas del título 18 del Código de los Estados Unidos de América.

3. En la solicitud se acusa al señor **********, quien fue ********** del Estado de ********** de dos mil cuatro a dos mil diez, de organizarse con su cuñado el señor ********** y otras personas para diseñar y ejecutar un esquema para robar dinero al Gobierno del Estado de Tamaulipas, entre el año dos mil cinco y el mes de mayo de dos mil quince, mediante contratos falsos celebrados con un banco de alimentos ficticio y otros medios ilícitos, para hacerse de alrededor de ********** (**********) del Gobierno de Tamaulipas, los cuales "lavaron" en México y en los Estados Unidos de América a través de transacciones financieras elaboradas, estructuradas y basadas en información falsa, que resultaron en una estafa a las instituciones financieras del país requirente.

4. Esta solicitud fue presentada en el Centro de Justicia Penal Federal en Ciudad Victoria, Tamaulipas, donde se registró con el número de procedimiento de extradición **********. El dieciséis de octubre de dos mil diecisiete se libró una orden de detención provisional con fines de extradición internacional que se ejecutó el día siguiente, por lo que el señor ********** fue ingresado al Centro de Ejecución de Sanciones de Ciudad Victoria, Tamaulipas.

5. El trece de diciembre de dos mil diecisiete el Ministerio Público de la Federación adscrito a la Dirección General de Procedimientos Internacionales, informó que recibió la petición formal de extradición en el asunto, por lo que el siguiente día se llevó a cabo la audiencia a que se refiere el artículo 24 de la Ley de Extradición Internacional,(1) se hizo saber a la persona que es requerida el contenido de la petición de extradición y los documentos acompañados a la solicitud. En la misma audiencia se dio la oportunidad al señor ********** de ejercer su derecho a designar defensores y fue informado del plazo de tres días previsto en el artículo 25 del mismo ordenamiento para oponer excepciones.(2)

6. Por escrito recibido el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, la defensa del señor ********** planteó excepciones esencialmente relativas a que la petición formal no se ajustó a los términos de la Ley de Extradición Internacional y del Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, petición que fue acordada el veinte del mismo mes y año en que se hizo saber a las partes el plazo para probar las excepciones.

7. El cinco de enero de dos mil dieciocho el Centro de Justicia recibió el escrito de ofrecimiento de pruebas sobre las excepciones planteadas por la defensa, las cuales fueron discutidas en audiencia de diez del mismo mes y año, en la que se desestimó el ofrecimiento de pruebas adicionales (relacionadas con documentos y derecho extranjero) y coincidió con la defensa en la necesidad de que se hiciera llegar al juzgador la petición formal y los documentos anexos con el fin de estar en condiciones de emitir la opinión jurídica correspondiente, lo que se cumplió mediante oficio del agente del Ministerio Público recibido en la misma fecha.

8. Por oficio recibido el dieciséis de enero de dos mil dieciocho, el agente del Ministerio Público entregó al Centro de Justicia los documentos originales que conforman la presentación de pruebas adicionales que remitió el Gobierno de Estados Unidos de América en apoyo a la petición formal de extradición.

9. Dos días después, el fiscal contestó las excepciones formuladas por la defensa del reclamado, mientras que la defensa realizó un segundo ofrecimiento de pruebas periciales y documentales, las cuales no se admitieron por considerarse impertinentes. En el mismo acuerdo, se hizo saber a las partes que al no estar justificada la necesidad de una prórroga al plazo de prueba pretendida por la defensa, la opinión jurídica se emitiría dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de ese acuerdo.

10. Con base en lo anterior, el veintidós de enero de dos mil dieciocho, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria emitió su opinión jurídica, en la que señaló que, de conformidad con el artículo 10 del Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América: i) la solicitud de extradición se presentó por la vía diplomática; ii) contiene la expresión de los hechos, los delitos por los que se pide la extradición y los datos del reclamado; iii) se adjuntó copia certificada de la orden de aprehensión librada contra el reclamado en el Estado requirente; iv) se señalan las pruebas que conforme a las leyes del Estado Mexicano justificarían la aprehensión o enjuiciamiento del reclamado; y expone por qué los hechos que se le imputan, de haberse cometido en nuestra legislación, encuadrarían en los delitos de abuso de la función pública, previsto en el artículo 220, fracción I, en relación con el 212, y operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en el numeral 400 bis, todos del Código Penal Federal; v) señaló que los cargos por los que se solicitó la extradición no han prescrito, que los documentos de soporte fueron acompañados por la traducción al idioma español y se encuentran legalizados y autorizados con el sello oficial del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América.(3)

11. Sin embargo, opinó que la extradición del señor ********** no debía concederse por las siguientes razones:

a) La Constitución Federal, en su artículo 109, fracción II, mandata que los delitos cometidos por parte de cualquier servidor público o de particulares que incurran en hechos de corrupción deben ser sancionados en los términos de la legislación penal aplicable (nacional), por lo que de concederse la extradición, se pondría en riesgo la reparación de los daños y perjuicios al erario mexicano como consecuencia de la comisión de esos ilícitos.

b) En ese sentido, si se rechaza la extradición se cumple la condición relativa a que el país requerido tenga jurisdicción para perseguir el delito, ya que se cometió en parte del territorio mexicano en perjuicio de bienes jurídicos de relevancia penal interna, y respecto de lo ocurrido en el país extranjero resultaría aplicable el contenido del artículo 4 del Código Penal Federal,(4) que reconoce a las autoridades nacionales jurisdicción para procesar delitos cometidos en el extranjero, por un mexicano contra mexicanos o contra extranjeros, con arreglo a las leyes federales, si el acusado se encuentra en la República, no ha sido definitivamente juzgado en el país en el que delinquió y la infracción por la que se le acuse tenga el carácter de delito en el país en que se ejecutó y en México.(5)

12. No obstante, el dos de marzo de dos mil dieciocho el secretario de Relaciones Exteriores emitió un acuerdo por el que concedió la extradición del señor ********** al Gobierno de los Estados Unidos de América para ser presentado en el proceso ********** (también referido con el número **********, ********** y **********) ante la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de Texas,(6) únicamente por el cargo Uno, referente al delito de asociación delictuosa para cometer lavado de dinero, y consideró que la opinión jurídica no es vinculante en términos del artículo 30 de la Ley de Extradición Internacional.(7)

13. La citada Secretaría señaló que las razones expuestas en la opinión jurídica no impiden la extradición del señor ********** en virtud de que eran subjetivas y generales, pues no existe impedimento legal para conceder la extradición internacional de ciudadanos mexicanos o para concederla en supuestos en los que los hechos delictivos que motivan la solicitud se cometieron parcialmente en territorio nacional. Indicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores es la autoridad facultada para resolver en definitiva sobre la extradición de acuerdo con la Ley de Extradición Internacional y en cambio, la opinión jurídica emitida carece de coercitividad e imperio.(8)

14. Juicio de amparo indirecto **********. El treinta de abril de dos mil dieciocho, el señor ********** presentó demanda de amparo en la que señaló como autoridades responsables y actos reclamados, las siguientes:

a. El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y la Cámara de Senadores en cuanto a la discusión, aprobación, celebración, promulgación y orden de publicación del artículo 1 de la Ley de Extradición Internacional y los ordinales 3 y 13 del Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América;(9)

b. El secretario de Relaciones Exteriores, el procurador general de la República y el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, en cuanto al procedimiento de extradición que culminó con el acuerdo de extradición de fecha dos de marzo de dos mil dieciocho con el que se concedió la extradición de ********** a los Estados Unidos de América;

c. El director del Diario Oficial de la Federación respecto de la publicación de la Ley de Extradición Internacional y del referido tratado de extradición; y,

d. El director del Centro de Ejecución de Sanciones con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y la directora de Asistencia Jurídica Internacional de la Secretaría de Relaciones Exteriores en cuanto a la ejecución del acuerdo de extradición internacional de dos de marzo de dos mil dieciocho.

15. Expresó que los actos reclamados transgredieron en su perjuicio los artículos 1o., 14, 16, 18, 19, 20, 119 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1.1, 1.2, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 11.1, 11.2 y 11.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 17.1 y 17.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y V y IX de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, toda vez que:

a) Los artículos 3 y 13 del Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América transgreden el principio de legalidad previsto en los preceptos 14 y 16 constitucionales, ya que no señalan quién es la autoridad facultada para conocer y resolver la extradición; cuáles son los procedimientos internos y las leyes aplicables de las que dispone la autoridad requerida para dar curso y respuesta a la solicitud de extradición; ni cuál es la legislación que se debe aplicar para valorar las pruebas relativas al procedimiento de extradición.

b) El artículo 1 de la Ley de Extradición Internacional es violatorio del precepto 1o. constitucional respecto del derecho a la igualdad y no discriminación,(10) pues no concede a las personas requeridas los mismos derechos que se reconocen a quienes están sujetas a un proceso penal, como son los derechos de audiencia, defensa, debido proceso y acceso a la justicia. Esto es así, pues el procedimiento de extradición no contempla una etapa para presentar pruebas o hacer valer alegatos ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, ni tampoco prevé un recurso ordinario para controvertir ilegalidades ocurridas durante el proceso.

c) Reclama que el procedimiento culminó con el acuerdo de extradición de dos de marzo de dos mil dieciocho, el que estimó inconstitucional por falta de fundamentación, motivación, por transgresión a su derecho de defensa, por una indebida valoración de las pruebas, porque además no se justifica el por qué se aparta de la opinión jurídica sobre no otorgar la extradición. Aunado a que existe una indebida equiparación entre los tipos penales y se carece de un pronunciamiento sobre la continuidad de la medida privativa de libertad.

16. La demanda fue turnada al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, donde se registró el treinta de abril de dos mil dieciocho bajo el número de juicio de amparo **********. Posteriormente, la titular del órgano jurisdiccional concedió al quejoso la suspensión de plano para el efecto de que no se ejecutara en su contra el acuerdo de extradición reclamado y se previno al promovente para que manifestara si también era su deseo señalar como autoridad responsable a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

17. Mediante escrito de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho se desahogó la prevención referida y se incluyó como autoridad responsable a la Cámara de Diputados.

18. El ocho de agosto de dos mil dieciocho, tras ser integrado el expediente del juicio de amparo **********, fue remitido al Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en donde se radicó y registró como cuaderno de antecedentes **********, para la elaboración de la sentencia respectiva.

19. El quince de octubre de dos mil dieciocho, el mencionado Juzgado de Distrito auxiliar emitió su sentencia en la que determinó sobreseer en el juicio respecto los actos reclamados al procurador general de la República (porque negó su existencia) y respecto de los atribuidos al director general adjunto del Diario Oficial de la Federación, en virtud de que no fueron impugnados por vicios propios al ámbito de su competencia.

20. Asimismo, declaró infundados los reclamos de inconstitucionalidad formulados en contra de los artículos 1 de la Ley de Extradición Internacional y los numerales 3 y 13 del tratado de extradición en comento, con base en las siguientes consideraciones:

a) Los artículos 3 y 13 del tratado de extradición antes mencionado no violan el principio de legalidad, ya que estos preceptos deben analizarse con los demás ordenamientos del régimen jurídico, como la Constitución y la Ley de Extradición Internacional; de esta manera se puede advertir que las omisiones a que hizo referencia el quejoso quedaron subsanadas por el legislador al fijar dichos requisitos en las disposiciones normativas señaladas que permiten al gobernado tener certeza sobre la autoridad competente para el trámite y resolución de la extradición, así como conocer las exigencias que se deben actualizar para que la autoridad emita la decisión respectiva.

En este sentido, las expresiones "leyes de la parte requerida" y "legislación de la parte requirente" contenidas en los artículos impugnados, deben interpretarse conforme a la legislación del Estado Mexicano que encabeza la Constitución Federal, cuyo artículo 119, párrafo tercero, sujeta el trámite del procedimiento de extradición a que se lleve a cabo por el Ejecutivo Federal con la intervención de la autoridad judicial y que se resuelva en los términos fijados en la propia Constitución, tratados internacionales y leyes reglamentarias.

Además, el artículo 2 de la Ley de Extradición Internacional remite a la aplicación de los procedimientos establecidos en dicha norma para el trámite de la solicitud de extradición. Sus artículos 4o. y 16, último párrafo, y los transitorios (sic) segundo de sus reformas de dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve y veintiséis de junio de dos mil diecisiete, establecen como leyes penales aplicables el Código Penal Federal, las leyes federales en las que se definan delitos, y el Código Federal de Procedimientos Penales o el Código Nacional de Procedimientos Penales (dependiendo de si los hechos ocurrieron antes o después del veintisiete de junio de dos mil diecisiete, fecha en que entraron en vigor las últimas reformas efectuadas a la Ley de Extradición Internacional).

En términos de los artículos 90 constitucional, 2, 14, 26 y 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la autoridad competente para resolver sobre la extradición es la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues en esta dependencia delegó el Ejecutivo su facultad para intervenir en el procedimiento de extradición; el cual además se regula en los artículos 19, 20, 21 y 30 de la Ley de Extradición Internacional.

Asimismo, al resolver el amparo en revisión 1267/2003, el Pleno de esta Suprema Corte estableció que en términos del artículo 3 y 10 del tratado de extradición en mención, la prueba que justifica el enjuiciamiento del requerido en extradición es precisamente la orden de aprehensión enviada por la parte solicitante.

Por último, conforme a los artículos 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 de la Ley de Extradición Internacional las decisiones judiciales necesarias para la resolución de la solicitud de extradición son: la orden de detención de la persona reclamada (y en su caso, el secuestro de indicios); la celebración de la audiencia de pruebas y excepciones; y la emisión de la opinión jurídica.

b) El artículo 1 de la Ley de Extradición Internacional no transgrede el derecho a la igualdad y no discriminación, pues la distinción de trato entre las personas requeridas en un procedimiento de extradición y las que forman parte de un enjuiciamiento penal en la República Mexicana constituye una diferencia razonable y objetiva, toda vez que el reclamado no está siendo sujeto a un juicio penal en el Estado Mexicano y, por tanto, no tiene el carácter de imputado, procesado, acusado o sentenciado, conforme al sistema de la ley penal interna.

Además, la Suprema Corte ha sostenido que el procedimiento de extradición no transgrede los derechos de audiencia, defensa, debido proceso y acceso a la justicia, pues en él se da el derecho a la persona que es requerida de hacer valer y probar sus excepciones en la etapa judicial, y éstas deben ser tomadas en consideración por la Secretaría de Relaciones Exteriores, todo ello, en distintas tesis aisladas que citó en su sentencia.

Adicionalmente, la Suprema Corte ha sostenido que todas las violaciones que se cometan en el procedimiento de extradición pueden controvertirse mediante amparo interpuesto en contra del acuerdo que concede la extradición, tal y como dejó plasmado en un criterio aislado, por lo que también se respeta el derecho a un recurso efectivo.

Finalmente, las reformas en materia de derechos humanos que se realizaron a la Constitución Federal en el año dos mil once no implican que se haya modificado el procedimiento de extradición para homologarlo con el penal, pues el artículo 119 de nuestro Ordenamiento Fundamental continúa previendo lo mismo, ni se modificó la Ley de Extradición Internacional para establecer un sistema de enjuiciamiento criminal, como el previsto en los artículos 19 y 20 constitucionales.

c) Por último, declaró infundados, inoperantes y fundados pero inoperantes los conceptos de violación con los que se controvirtió la legalidad del procedimiento de extradición que culminó con el acuerdo de extradición de fecha dos de marzo de dos mil dieciocho, al considerar lo siguiente:

i. La fundamentación empleada por la responsable encuentra sustento en el propio Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América y en el artículo 119 de la Constitución Federal;

ii. Fue correcta la negativa de recibir los medios de convicción de los que se adolece el quejoso y de ampliar el plazo probatorio debido a que ello equivaldría sustituirse a la labor del tribunal extranjero que habrá de juzgar al extraditable, también fue adecuada la valoración de las pruebas;

iii. La Secretaría de Relaciones Exteriores sí dio respuesta a las consideraciones del Juez de Control que motivaron su opinión sobre la negativa de la extradición;

iv. El estudio de equiparación de los tipos penales también fue ajustado al principio de legalidad; y,

v. No hay disposición normativa que imponga a la Secretaría de Relaciones Exteriores la obligación de pronunciarse sobre las razones por las cuales la medida cautelar de privación de libertad sigue vigente.

II. Recurso de revisión

21. Interposición del recurso de revisión y trámite. Inconforme con la resolución anterior, el seis de noviembre de dos mil dieciocho el señor ********** interpuso recurso de revisión. Señaló como agravios respecto del tratamiento efectuado en la sentencia de amparo sobre del reclamo de inconstitucionalidad de los artículos 1 de la Ley de Extradición Internacional y los ordinales 3 y 13 del Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, los siguientes:

a) La Jueza de Distrito apeló al artículo 1 de la Ley de Extradición Internacional para sustentar la constitucionalidad de los artículos 3 y 13 del tratado de extradición mencionado cuando debió hacerlo exclusivamente con base en las reglas instituidas en el tratado, que es de aplicación preferencial. Por tanto, insiste que los numerales citados son inconstitucionales pues no establecen: i) cómo se va a determinar si las pruebas que integran el procedimiento son suficientes para conceder la extradición; ii) cuál es la legislación que debe aplicarse al realizar la valoración de las pruebas; iii) cuál es la autoridad a la que le toca valorar dichas probanzas y emitir la resolución correspondiente; iv) cuáles son los procedimientos internos para dar curso al procedimiento de extradición; y, v) cuáles son las decisiones que deben dictar las autoridades judiciales para la resolución de la solicitud de extradición.

Es incongruente atender a la Ley de Extradición Internacional cuando esa norma sólo es aplicable ante la ausencia de un tratado, de conformidad con su artículo 1, de manera que en este caso debe ser empleado el tratado de extradición de referencia y no esa norma secundaria.

b) El artículo 1 de la Ley de Extradición Internacional y los numerales 3 y 13 del tratado de extradición en comento son inconstitucionales pues no respetan las garantías de audiencia, debido proceso y defensa adecuada al permitir que una persona sea privada de su libertad y extraditada sin que previo a ello pueda presentar pruebas o hacer valer alegatos ante la dependencia del Ejecutivo Federal que resuelve y sin prever un medio de impugnación ordinario, aunado a que la opinión jurídica no fue atendida por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

c) Esto ocasionó que la Secretaría de Relaciones Exteriores concediera la extradición a pesar de que el Juez de Distrito emitió una opinión desfavorable, lo cual transgrede el derecho a una defensa efectiva. Si bien es cierto que en la sentencia se atendió a criterios de este Alto Tribunal para sostener la constitucionalidad de las normas impugnadas, éstos no resuelven el problema planteado, pues no explican por qué la Secretaría de Relaciones Exteriores puede simplemente no tomar en cuenta lo resuelto en la opinión jurídica.

22. Asimismo, señaló que la Jueza de Distrito no analizó en su integridad los conceptos de violación que se hicieron valer en relación con la legalidad del acto reclamado, pues:

a) Las pruebas que no le fueron admitidas sí eran pertinentes, además fue incongruente la valoración que realizó la Secretaría de Relaciones Exteriores de las pruebas en las que se sustentó la solicitud.

b) Los datos de prueba no justificaron la orden de aprehensión en el procedimiento de extradición.

c) La Secretaría de Relaciones Exteriores indebidamente empleó su facultad discrecional para conceder la extradición de nacionales mexicanos, pues no tomó en cuenta la obligación de las autoridades a cumplir con el sistema nacional de responsabilidades de servidores públicos.

d) Hubo una indebida equiparación de los delitos por los que fue requerido y aquellos que supuestamente se habrían actualizado de haberse cometido en territorio nacional.

e) En el acuerdo de extradición no se menciona si la medida cautelar subsiste o queda sin efecto, ni tampoco se pronuncia sobre el momento de entrega del reclamado.

f) El artículo 6 del Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América prohíbe la entrega del reclamado cuando ya haya sido sometido a proceso por el mismo delito en que se apoye la solicitud de extradición y actualmente está siendo procesado por los mismos hechos ante las autoridades del Estado de Tamaulipas.

g) La Secretaría responsable no ponderó adecuadamente las consideraciones esgrimidas en la opinión jurídica.

h) No se respetaron las reglas del debido proceso.

i) Solicitó que este Alto Tribunal ejerciera su facultad de atracción para resolver la revisión.

23. Tres días después de interponer su recurso de revisión, el quejoso presentó otro escrito para ampliar los agravios interpuestos en contra de la resolución de quince de octubre de dos mil dieciocho respecto de la negativa de amparo en cuanto al procedimiento de extradición y reclamó la inconstitucionalidad de los preceptos 9, 11, 17, 23, 25 y 33 del Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América.(11)

24. El recurso fue admitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito el veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho y registrado con el número de expediente **********.

25. El cuatro de diciembre de dos mil dieciocho la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores interpuso recurso de revisión adhesiva, la cual fue admitida por el Tribunal Colegiado por acuerdo de cinco de diciembre de dos mil dieciocho, en la que la autoridad recurrente señaló:

a) No se dan las circunstancias necesarias para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerza su facultad de atracción.

b) En sus agravios, el quejoso se limitó a reproducir los conceptos de violación planteados en la demanda de amparo, los que fueron debidamente analizados por la Juez de Distrito auxiliar por lo que son inatendibles.

c) En los agravios Octavo, Noveno, Décimo Segundo, Décimo Tercero, Décimo Cuarto, Décimo Quinto, Décimo Sexto, Décimo Séptimo y Décimo Octavo, el recurrente principal busca controvertir aspectos relacionados con el acuerdo de extradición que no fueron planteados en los conceptos de violación en la demanda de amparo, por lo que deben ser desestimados por novedosos.(12)

d) La Jueza dictó la sentencia recurrida con base en un análisis congruente, principio al que toda resolución judicial debe apegarse.

26. Solicitud de reasunción de competencia 15/2019. El quince de enero de dos mil diecinueve, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, consideró oportuno enviar los autos del recurso de revisión ********** a este Alto Tribunal, pues advirtió que en el escrito de agravios el recurrente solicitó que ejerciera su facultad de atracción. No obstante, ante la falta de legitimación del señor **********, en sesión privada de seis de marzo de dos mil diecinueve se sometió la solicitud a consideración de esta Primera Sala y ninguno de sus integrantes decidió hacer suya la referida petición, por lo que fue desechada.

27. Reserva de jurisdicción. Recibidos los autos de nueva cuenta en el Tribunal Colegiado del conocimiento, en sesión de ocho de junio de dos mil veinte el mencionado Tribunal Colegiado emitió una resolución en la que p

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30059-5ed87b79/extradicion-internacional-el-articulo-1o-de-la-ley · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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