EXTRADICIÓN. SI EN LA DEMANDA DE AMPARO SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO, EL JUEZ DEBE ABRIR DE OFICIO EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, CONFORME AL ARTÍCULO 127, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE LA MATERIA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 6/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 7 DE JULIO DE 2015. MAYORÍA DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS LUIS NÚÑEZ SANDOVAL, RICARDO OJEDA BOHÓRQUEZ, HORACIO ARMANDO HERNÁNDEZ OROZCO, LILIA MÓNICA LÓPEZ BENÍTEZ Y GUADALUPE OLGA MEJÍA SÁNCHEZ. DISIDENTES: MARIO ARIEL ACEVEDO CEDILLO, HÉCTOR LARA GONZÁLEZ, TERESO RAMOS HERNÁNDEZ Y TAISSIA CRUZ PARCERO. PONENTE: HÉCTOR LARA GONZÁLEZ. ENCARGADO DEL ENGROSE: HORACIO ARMANDO HERNÁNDEZ OROZCO. SECRETARIA: MAYRA LEÓN COLÍN.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, correspondiente a la sesión de siete de julio de dos mil quince.
VISTOS para resolver los autos de la contradicción de tesis 6/2014.
RESULTANDO:
PRIMERO.-Antecedentes y trámite. Por escrito que presentó el diecinueve de agosto de dos mil catorce, ante la Secretaría de Acuerdos del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, **********, quejoso en el juicio de amparo **********, del índice del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, denunció la existencia de una posible contradicción de tesis entre las sustentadas por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver, en sesión de treinta de junio de dos mil catorce, la queja penal **********, formada con motivo del recurso que interpuso, por conducto de su autorizado, contra el auto de veinte de junio del mismo año, dictado en el incidente de suspensión derivado del citado juicio de derechos fundamentales, y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al fallar, en sesión de treinta de junio de dos mil catorce, la queja penal **********, formada con motivo del recurso que interpuso **********, por conducto de su autorizado, contra el auto de veinte de junio del citado año, dictado también por el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo **********.
Ello, con relación a la forma en que se concedió la suspensión, tratándose en ambos casos del acto reclamado, consistente en la ejecución de un acuerdo de extradición.
En auto de veintiuno de agosto de dos mil catorce, el presidente del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito ordenó formar y registrar el expediente de contradicción de tesis con el número **********, admitió a trámite la denuncia y solicitó a la presidencia tanto del Quinto como del Segundo Tribunales Colegiados en Materia Penal del Primer Circuito, copia certificada de las correspondientes ejecutorias.
En sendos autos de veintiséis de agosto y dos de septiembre de dos mil catorce, se ordenó agregar al expediente los correspondientes oficios que remitieron los Tribunales Colegiados de Circuito de referencia, a los que anexaron las ejecutorias que se les requirieron e informaron que no se habían apartado del criterio asumido en ellas. Además, en el segundo de los autos, el asunto se turnó a la Magistrada Elvia Díaz de León D'Hers, para que elaborara el proyecto de resolución respectivo.
SEGUNDO.-Returno. Con motivo de la nueva integración del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito y la designación de la Magistrada Olga Estrever Escamilla como presidenta del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en auto de veintiuno de enero de dos mil quince, se ordenó returnarle el asunto, a efecto de que formulara el respectivo proyecto de resolución.
En sesión plenaria de veinticuatro de marzo de dos mil quince, se instauró la nueva integración del Pleno de Circuito, por lo que en proveído de siete de abril del mismo año, se returnó el presente asunto al Magistrado Héctor Lara González, a efecto de que formulara el proyecto de resolución correspondiente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Este Pleno en Materia Penal del Primer Circuito es legalmente competente para resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo y 9, 17, 27 y 33 del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se suscitó entre criterios sustentados por dos Tribunales Colegiados en Materia Penal de este Primer Circuito.
SEGUNDO.-Legitimación del denunciante. La denuncia de contradicción de tesis fue formulada por **********, quien de acuerdo con las copias certificadas que remitió el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, respecto de la queja penal **********, efectivamente tiene el carácter de quejoso en el juicio de amparo **********, del índice del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, del que derivó una de las ejecutorias en aparente conflicto.
Por tanto, en términos de la fracción I del artículo 5o. de la Ley de Amparo, tiene el carácter de parte en el citado juicio de derechos fundamentales, de lo que le deriva su legitimación para denunciar la probable divergencia de criterios, acorde con la fracción III del artículo 227 de la Ley de Amparo.
TERCERO.-Criterios denunciados como contradictorios. Las ejecutorias en probable contradicción, en su parte conducente, son las siguientes:
I. La resolución que dictó el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en sesión plenaria de treinta de junio de dos mil catorce, relativa a la queja penal **********, que se interpuso contra el auto de veinte de junio del mismo año, dictado por el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, en el incidente de suspensión del juicio de amparo **********, es la siguiente:
"QUINTO.-Son inoperantes e infundados los agravios esgrimidos por el recurrente, por las consideraciones que enseguida se exponen: De inicio, es dable destacar que del análisis del recurso que ocupa la atención no se inadvierte que de manera indistinta el recurrente hace manifestaciones que denotan su pretensión de impugnar tanto el auto principal como el incidental, emitidos el veinte de junio del año en curso, en el juicio de amparo **********, de su índice e incidente derivado de aquél, pues incluso en los agravios expresados en los puntos identificados como segundo y tercero, tilda de inconstitucionales e inconvencionales los artículos 127, fracción I y 128 de la Ley de Amparo, en virtud de que a su consideración debió decretarse la suspensión de oficio y de plano, del acto de ejecución del acuerdo de extradición que reclamó; sin embargo, como se advierte del análisis integral del escrito de agravios y se corrobora de la certificación asentada en esta fecha por la secretaria de Acuerdos de este órgano colegiado, el veintiséis de junio del año en curso, la parte quejosa también interpuso recurso de queja, en contra del proveído dictado en el juicio principal del expediente aludido en la data en mención, donde se proveyó sobre la admisión de la demanda, sin pronunciamiento sobre la suspensión de plano y donde se ordenó la apertura del incidente por duplicado.-Motivo por el cual, el análisis de la presente queja se constreñirá a determinar si fue correcto o no el pronunciamiento del Juez de Distrito recurrido, al resolver sobre la suspensión provisional del acto reclamado, quedando, por ende, excluidos los aspectos de la inconstitucionalidad e inconvencionalidad planteada, pues es manifiesto que guardan estrecha relación con lo determinado en el auto dictado en el juicio principal, en el que se omitió proveer sobre la suspensión de oficio y de plano de uno de los actos materia de impugnación (de manera específica, la ejecución del acuerdo de extradición) y se ordenó la tramitación del incidente de suspensión en torno al referido acto; circunstancia por la cual, es dable calificar de inoperantes los argumentos relacionados con el tópico en cuestión, expuestos en los puntos segundo y tercero del escrito de agravios.-SEXTO.-Los restantes agravios, contenidos en el apartado identificado como primero del escrito de agravios pueden sintetizarse de la siguiente manera: Señala que en el auto de veinte de junio del año en curso, dictado en el incidente de suspensión, el Juez de Distrito recurrido, en lo que interesa, determinó: ‘Se satisfacen los supuestos a que se contraen los artículos 127, fracción I y 128 de la nueva Ley de Amparo, a saber: a) El acto reclamado consiste en la extradición; b) La solicitó el quejoso; y, c) No se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público.’.-Sin embargo, -aduce- ignoró por completo lo expresamente solicitado en el escrito de demanda en el capítulo en el que se solicita la suspensión de uno de los actos reclamados, ya que, en el caso, lo que solicitó fue la: ‘Suspensión de oficio y de plano del primero de los actos reclamados consistente en la inminente ejecución material del acuerdo de extradición’; aspecto que, adujo, encuadra de manera exacta en el artículo 126 de la Ley de Amparo, que dice: ‘Artículo 126.’.-Y no que se decretara ‘de oficio’ en términos del artículo 127, fracción I y 128 de la Ley de Amparo, que señalan: ‘Artículo 127.’.-‘Artículo 128.’.-Pues en ese sentido, -refiere- que de la simple lectura de ambos preceptos legales se advierte que son contradictorios entre sí, pues mientras en el numeral 126 de la ley en cita, se establece que: ‘la suspensión se concede de oficio y de plano cuando se trate de extradición ... En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda ...’; en el diverso 127, fracción (sic), dispone que el incidente se abrirá de oficio y se sujetará, en lo conducente, al trámite previsto para la suspensión a instancia de parte, en los casos siguientes: ‘I. Extradición; y ... II. ...’; en tanto que en el ordinal 128, se señalan los requisitos que deben satisfacerse para concederse la suspensión de oficio [sic].-Por lo que, -señala- que el legislador estableció en tres preceptos diversos, dos tipos de suspensión y procedimientos diversos, pese a que se trata del mismo acto reclamado; la extradición.-Virtud a lo cual, solicita que este órgano colegiado aplique en beneficio del quejoso el precepto que más le favorezca, de conformidad con el principio pro personae, tutelado por el artículo 1o. constitucional, en el cual se establece la obligación de todas las autoridades del país de preferir la norma que más le beneficie a los gobernados y la interpretación más favorable, que en el caso, a su estima, es el numeral 126 de la Ley de Amparo, en cuanto dispone una protección más amplia y eficaz, ya que en el mismo auto admisorio de la demanda se debe decretar de oficio y de plano, para que se mantengan las cosas en el estado en que se encuentran y el quejoso no sea extraditado hasta en tanto se resuelva en definitiva el juicio de amparo.-Lo anterior es así, ya que en tratándose de la suspensión ‘de oficio’, prevista en los artículos 127, fracción I y 128 de la ley de la materia, tramitada vía incidental, inicialmente sólo se concederá la medida suspensional provisional, misma que sólo tendrá vigencia hasta que se le celebre la audiencia incidental, que estará a resultas de lo que las autoridades responsables expongan en los informes previos y a las pruebas que pudiera aportar el quejoso, por lo que, en su caso, pudiera negarse o concederse la suspensión definitiva, por lo que en este último supuesto, se coloca al quejoso ‘en desventaja’, ya que las autoridades responsables ‘dolosamente’ pudieran negar el acto reclamado, lo que en su caso sería difícil desvirtuar y, por ende, traería como consecuencia que se negara la suspensión definitiva y ello daría pauta a que se ejecute la extradición; con lo que quedaría sin materia el amparo en lo principal, aspecto que lo privaría del acceso a la justicia y a un recurso efectivo contra los actos de autoridad, con lo que se transgredirían sus derechos humanos de manera irremediable.-SÉPTIMO.-En ese sentido, resultan inoperantes los argumentos vertidos en el agravio primero, tendentes a evidenciar lo determinado por el Juez de garantías, en el juicio principal, verbigracia como la parte en la que se sostiene: ‘... ignoró por completo lo expresamente solicitado en el escrito de demanda en el capítulo en el que se solicita la suspensión de uno de los actos reclamados, ya que en el caso, lo que solicitó fue la: «Suspensión de oficio y de plano del primero de los actos reclamados consistente en la inminente ejecución material del acuerdo de extradición» ... Aspecto que adujo encuadra de manera exacta en el artículo 126 de la Ley de Amparo, ya que como se anticipó, son aspectos ajenos a la materia de litis del presente recurso de queja; en tanto que los restantes, resultan infundados, por las consideraciones que enseguida se plasman.’.-Acotado lo anterior y previo a emprender el análisis de los motivos de disenso aludidos, es dable destacar que resulta desacertado lo expresado por el Juez de Distrito, al proveer sobre la suspensión del acto reclamado, de manera particular, lo asentado en el apartado IV, relativo a la fijación de requisitos y efectos de la medida, en la parte que señala que: ‘... Ahora bien, toda vez que, de conformidad con el segundo párrafo del dispositivo décimo transitorio del ordenamiento invocado, en los casos en que no haya entrado en vigor el nuevo sistema de justicia penal a que se refiere la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, la suspensión en materia penal seguirá rigiéndose conforme a la anterior ley de la materia, lo que acontece en esta ciudad, corresponde proveer sobre la medida cautelar en los siguientes términos: Con apoyo en el arábigo 124 de la Ley de Amparo abrogada, los requisitos y efectos de la suspensión concedida son: ...’.-En efecto, el artículo décimo transitorio de la Ley de Amparo vigente señala: ‘Décimo.’.-Como se ve, el segundo párrafo del precepto legal transcrito establece que en los casos donde no haya entrado en vigor el nuevo sistema de justicia penal a que se refiere la reforma constitucional de dieciocho de junio de dos mil ocho, la suspensión en materia penal seguirá rigiéndose conforme a la Ley de Amparo derogada.-Ahora bien, en el caso, el Juez de Distrito determinó que cobraba vida dicha hipótesis legal y debía aplicarse la Ley de Amparo abrogada en cuanto a la suspensión ‘solicitada’ por la parte quejosa, virtud a que en esta ciudad, aún no ha entrado en vigor el sistema penal acusatorio.-Determinación que, como se dijo, se estima inexacta, cuenta habida que el supuesto previsto en el segundo párrafo del artículo décimo transitorio de la actual Ley de Amparo, se relaciona con actos derivados de un procedimiento penal; esto es, para aplicar la Ley de Amparo derogada, en cuanto al capítulo de suspensión, es menester no sólo que no haya entrado en vigor el nuevo sistema de justicia penal a que se refiere la reforma constitucional de dieciocho de junio de dos mil ocho, sino también que el acto reclamado derive de un procedimiento penal.-Cierto, se requiere que el acto materia de impugnación derive de un procedimiento penal, en cualquiera de sus etapas, llámese averiguación previa, preinstrucción, instrucción, juicio, primera instancia, segunda instancia o ejecución; pero si el acto combatido no se relaciona con alguna etapa de ese procedimiento, es manifiesto que debe aplicarse la Ley de Amparo en vigor, a efecto de proveer sobre la suspensión.-Luego entonces, si en la especie se reclama la ejecución material de una extradición, la cual no forma parte de un procedimiento penal; deviene inconcuso que el Juez Federal no estuvo en lo correcto, al aplicar la Ley de Amparo derogada, en los términos señalados, pues debió atender a la que se encuentra vigente.-En efecto, el procedimiento de extradición no forma parte de la naturaleza de un juicio penal, sino de un procedimiento administrativo con intervención judicial limitada, según se desprende del artículo 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, para proveer sobre su suspensión dentro del juicio de amparo, resulta irrelevante si se encuentra o no en vigor el sistema de justicia acusatorio.-Cuanto más, que en uno de los apartados que le precedió, como lo fue en el identificado como II, denominado ‘Requisitos de procedencia’, señaló que se satisfacían los supuestos a que se contraen los artículos 127, fracción I y 128 de la nueva Ley de Amparo, lo que de suyo implica una incongruencia interna; de ahí que, en esa parte, resulte incorrecto el proceder del Juez de Amparo, pues dadas las anteriores consideraciones, es manifiesto que para efectos de la tramitación del incidente relativo, es aplicable la Ley de Amparo vigente, sin que esa sola circunstancia implique variar el sentido en que se pronunció en cuanto a los efectos de la suspensión provisional, ya que, en lo medular, coincide con los efectos que prevé el diverso 147 de la Ley de Amparo en vigor.-En continuidad, como se adelantó, son infundados los restantes agravios esgrimidos en el punto uno (y que fueron sintetizados en el considerando sexto de esta ejecutoria), ya que en el caso a estudio se estima que no se está en presencia de normas incompatibles, sino por el contrario, se considera que los preceptos 126 y 127, fracción I, de la Ley de Amparo, son congruentes entre sí, como enseguida se ilustra:
Ver preceptos
"En efecto, acorde con el numeral 126 del ordenamiento legal en cita, la suspensión de oficio y de plano se concederá cuando se trate de actos reclamados que: a) Importen peligro de privación de la vida.-b) Mutilación, infamia, marcas, azotes, palos o el tormento de cualquier especie.-c) La multa excesiva.-d) La confiscación de bienes.-e) Cualquier pena inusitada y trascendental.-f) Ataques a la libertad personal fuera de procedimiento.-g) Incomunicación.-h) Deportación o expulsión, proscripción o destierro, y extradición.-i) Desaparición forzada de personas.-j) La incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales.-En ese sentido, siguiendo las reglas lógicas del género próximo y la diferencia específica, de una cuidadosa lectura es claro que en el artículo 126 se agrupan, al lado de la extradición, actos que en principio son inconstitucionales en sí mismos (género próximo), como los aquí listados.-Mientras que el precepto 127 de la ley de la materia prevé la apertura del ‘incidente de suspensión de oficio’, esto es, la tramitación del incidente es por separado, oficioso, y no a petición de parte, cuando se esté en presencia de actos consistentes en la ‘extradición’.-Esto es, regulan aspectos y tramitación diversos, pues mientras la medida cautelar a que alude el numeral 126 de la Ley de Amparo, esto es, la ‘suspensión de oficio y de plano’, se agota en un solo auto (sin forma de sustanciación, dada la urgencia y gravedad de los casos enunciados -en el referido numeral-, cuya finalidad es que cesen de inmediato los actos reclamados, en el caso particular la ejecución de la extradición, comunicándose sin demora a las autoridades responsables, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento), misma que estará vigente hasta que se resuelva el juicio en lo principal.-La ‘de oficio’, contenida en el artículo 127, fracción I, del ordenamiento legal en cita, es de tramitación incidental, pues responde a un procedimiento que inicia con una suspensión provisional, se realiza la petición de informes previos a las autoridades responsables, existe la posibilidad de ofrecer pruebas, se lleva a cabo la celebración de una audiencia y concluye con una interlocutoria que resuelve sobre la suspensión definitiva, la cual no necesariamente será en el mismo sentido que la provisional.-En abundamiento, los actos contemplados en el precepto citado en primer término (126), de demostrarse su existencia, carecerán a priori de respaldo constitucional, por su alto grado de afección a las garantías individuales y derechos humanos; de donde debe inferirse que el supuesto de extradición a que se refiere ese precepto es aquel en la que ésta se decrete fuera de procedimiento, esto es, aquella en la que se realizará la entrega de una persona a un gobierno extranjero de manera arbitraria, sin cumplir con el procedimiento previsto, ya sea en la Ley de Extradición Internacional o en el tratado de extradición celebrado con el Estado correspondiente.-En cambio, el diverso precepto 127, fracción I, es aplicable a los casos como el presente, en el que se ha llevado a cabo el procedimiento de extradición y según informa el propio quejoso, el acuerdo es ejecutable, por lo que goza de la presunción de legitimidad, y lo único que se cuestiona en la especie es la legalidad de su ejecución.-De manera que no se trata del supuesto de extradición que pueda estimarse violatoria en sí misma de derechos fundamentales, sino que dada su calificación de legalidad por las autoridades correspondientes es necesario, de acuerdo con el último precepto invocado, la apertura oficiosa del incidente de suspensión, sujeto en su tramitación a lo previsto para la suspensión a instancia de parte, pues en este último supuesto es necesario recabar los informes previos de las autoridades señaladas como responsables y recibir las pruebas que aporten las partes sobre la existencia y demás peculiaridades del acto reclamado a fin de confrontar la posibilidad de otorgar en su momento la suspensión definitiva, con el interés social y el orden público, a efecto de no propiciar con la paralización de acuerdos de extradición el incumplimiento de obligaciones constitucionales exigibles a los Estados Unidos Mexicanos, con detrimento de esos presupuestos legales para su otorgamiento; sin que sobre el particular haya lugar a adelantar apreciación jurídica alguna, como pretende hacerlo el recurrente al afirmar que de no concederse la suspensión de plano le será negada irremediablemente la definitiva con transgresión a sus derechos humanos, dado que ello, se insiste, no es materia del presente recurso.-Virtud a lo cual resulta inexacto lo aducido por el recurrente respecto a que ‘el legislador estableció en tres preceptos diversos, dos tipos de suspensión y procedimientos diversos, a pesar de que se trate del mismo acto reclamado: la extradición’; pues de acuerdo con lo expuesto no se trata del mismo acto, dada la diferencia específica existente entre los actos prohibidos por la Constitución, la ley, los tratados internacionales y los previstos y regulados precisamente por estos ordenamientos. Por consiguiente, la diferencia está basada en la naturaleza del acto, esto es, aquellos inconstitucionales en sí mismos, por no antecederles el procedimiento correspondiente y aquellos en que ya existe un procedimiento, como en el caso, y sólo se impugna la materialidad de su ejecución.-Circunstancia por la cual, se estima que fue correcto el proceder del Juez de Distrito recurrido, pues se itera, al margen de que no se está en presencia de normas incompatibles, el hecho de que se hubiese pronunciado en la vía incidental sobre el acto materia de suspensión, ningún agravio causó al quejoso, en la medida en que vía incidente de suspensión (tramitado por separado), en términos de los artículos 127, fracción I y 128 de la ley de la materia, y acertadamente concedió la medida cautelar procedente para el efecto de que el inconforme quedara a disposición de ese Juzgado de Distrito, en cuanto a su libertad personal, y se mantuvieran las cosas en el estado que actualmente guardan, esto es, para que no fuera extraditado, hasta en tanto se resolviera sobre la suspensión definitiva, bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables, lo que es correcto y además se preserva la materia del juicio principal.-De esta guisa, se establece que no es procedente ‘desaplicar’ los preceptos 127, fracción I y 128 de la Ley de Amparo, ni aun bajo el principio pro homine también conocido como pro personae, ya que como se vio, no resultan incompatibles con lo establecido en el numeral 126 de la ley en cita.-No obsta a lo anterior que se esté en presencia de actos que de no suspenderse harían físicamente imposible la restitución de la garantía que el quejoso aduce violada en su perjuicio, pues el mismo tratamiento dio el legislador de amparo en el artículo 127, fracción II, a los diversos actos de esa naturaleza, al establecer: ‘Artículo 127.’.-De donde se advierte nuevamente la congruencia de la voluntad del órgano legislativo, pues sí tomó en cuenta que la ejecución de la extradición aun autorizada por el Gobierno Mexicano, previa sustanciación del procedimiento correspondiente ‘haría físicamente imposible la restitución de la garantía que el quejoso aduce violada en su perjuicio.’.-Sin que, en el caso, esta determinación tenga el alcance de pronunciarse sobre si procede o no la suspensión de plano, porque como se dijo, no es la materia de la litis en el presente recurso de queja, dado que el juicio de amparo y el incidente de suspensión se tramitan por cuerda separada y, por ende, guardan autonomía e independencia, a lo que debe adicionarse, que en el caso, como se sostuvo en supralíneas, se tiene noticia que la parte quejosa interpuso medio de impugnación contra lo determinado en el auto veinte de junio del año en curso, en el juicio principal del cual deriva el incidente de suspensión del que emerge la presente queja.-Por las consideraciones que anteceden, resulta inaplicable la tesis ... ‘SUSPENSIÓN DE OFICIO. DEBE DEJARSE INSUBSISTENTE TODO LO ACTUADO EN EL INCIDENTE EN EL QUE SE RESOLVIÓ SOBRE LA PROVISIONAL Y LA PARTE DEL ACUERDO EN EL QUE SE ORDENÓ FORMAR Y TRAMITAR DICHO INCIDENTE, CUANDO DEBE DECRETARSE DE PLANO EN EL AUTO ADMISORIO EN EL CUADERNO PRINCIPAL.’, que citó el recurrente en apoyo a sus argumentos.-En las relatadas condiciones, ante lo inoperante, en parte, de los agravios esgrimidos y lo infundado, en la restante, lo procedente es declarar infundado el presente recurso de queja.-Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO.-Es infundado el recurso de queja interpuesto por el quejoso **********, por conducto de su autorizado, contra el auto de veinte de junio de dos mil catorce, dictado por el Juez Décimo Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, en el incidente de suspensión relativo al juicio de garantías **********. ..."
II. La resolución que dictó el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en sesión plenaria de treinta de junio de dos mil catorce, relativa a la queja penal **********, que se interpuso contra el auto de veinte de junio del mismo año, emitido por el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, en el incidente de suspensión del juicio de amparo **********, es la siguiente:
"QUINTO.-Son sustancialmente fundados los agravios que esgrime el recurrente, atento a las siguientes consideraciones: En efecto, el disconforme afirma que, al presentar su demanda de amparo, solicitó expresamente que se concediera la suspensión de oficio y de plano en el cuaderno principal, en términos del artículo 126 de la ley de la materia; empero, incorrectamente el Juez de Distrito ordenó de oficio la apertura del incidente y concedió la suspensión provisional.-Lo anterior, resulta fundado cuenta habida que del texto de los artículos 126, 127 y 128 de la Ley de Amparo, se advierte que el legislador distinguió tres formas de conceder la suspensión: de plano, de oficio y a petición de parte(1).-Luego, el artículo citado en primer término dispone que la medida cautelar debe concederse de oficio y de plano cuando se reclame, entre otros, la extradición; consecuentemente, señala que el propio dispositivo, se deberá decretar en el auto de admisión de la demanda.-Sin embargo, del acuerdo de veinte de junio del presente año, donde el Juez de Distrito concedió la suspensión provisional, se advierte que hizo una simbiosis entre la legislación actual y la abrogada, pues aun cuando citó los artículos 127, fracción I y 128 de aquélla para justificar la procedencia y sentido de la suspensión; lo cierto es que señaló que al no haber entrado en vigor el sistema de justicia penal referido en la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, la suspensión debía regirse conforme a la anterior normativa de la materia, por lo que apoyó en el artículo 124 de ésta los requisitos y efectos de la medida decretada.-Determinación que resulta incorrecta y, para así estimarlo, es menester transcribir los artículos transitorios primero y décimo de la nueva Ley de Amparo, que a la letra disponen: ‘Primero. ... Décimo. ...’.-La interpretación sistemática de lo transcrito pone de manifiesto que, como regla general, los juicios de amparo iniciados al momento en que cobró vigencia la actual ley reglamentaria, serán tramitados conforme a la misma; con la salvedad del tema de la suspensión del acto reclamado en materia criminal, pues en lugares donde aún no esté en vigor el nuevo sistema de justicia penal de que se habla, se seguirá aplicando, sólo a ese respecto, el anterior ordenamiento de la materia.-Pues bien, en el caso, se tiene que la causa constitucional de la que deriva el presente recurso inició el veinte de junio último, así que los actos reclamados respecto de los cuales se solicitó la medida cautelar, derivan de un procedimiento de extradición, el cual no tiene la naturaleza de un juicio penal, sino de un procedimiento administrativo, por ende, al no tener el quejoso el carácter de procesado, resulta irrelevante la implementación del sistema penal acusatorio o que aún se continúe con el sistema tradicional vigente antes de la reforma constitucional de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25898-eda000a6/extradicion-si-en-la-demanda-de-amparo-se · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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