EXTRADICIÓN INTERNACIONAL. CUANDO SE SEÑALE COMO ACTO RECLAMADO, EN TODOS LOS CASOS EN LOS QUE SE ADMITA LA DEMANDA DE AMPARO DEBE DECRETARSE LA SUSPENSIÓN DE PLANO Y DE OFICIO PARA EVITAR QUE LA PERSONA SEA ENTREGADA AL PAÍS REQUIRENTE Y ADICIONALMENTE SE DEBE APERTURAR DE OFICIO EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN PARA PROVEER SOBRE LA EJECUCIÓN DE LOS RESTANTES ACTOS DECRETADOS DURANTE ESE PROCEDIMIENTO QUE AFECTEN O NO LA LIBERTAD PERSONAL, SIEMPRE QUE NO IMPLIQUEN LA ENTREGA DE LA PERSONA REQUERIDA.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 44/2022. SUSCITADA ENTRE EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO Y EL PLENO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 6 DE NOVIEMBRE DE 2024. MAYORÍA DE TRES VOTOS DEL MINISTRO Y LAS MINISTRAS LORETTA ORTIZ AHLF, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO ACLARATORIO Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. DISIDENTES: MINISTROS JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO PARTICULAR Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: LORETTA ORTIZ AHLF. SECRETARIO: RODOLFO ANTONIO BECERRA JÁUREZ.
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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al seis de noviembre de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios 44/2022, suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito y el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito.
El problema jurídico a resolver por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en establecer la forma en que se debe tramitar la suspensión en un juicio de amparo indirecto, cuando se reclama la orden de extradición; si conforme a lo establecido en el numeral 126 de la Ley de Amparo, de oficio y de plano, o acorde con el artículo 127, fracción I, de dicha legislación, esto es, que se debe abrir, oficiosamente, el incidente correspondiente.
ANTECEDENTES DEL ASUNTO
1. Denuncia de la contradicción. El Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito denunció la posible contradicción suscitada entre el criterio que sostuvo al resolver el recurso de queja **********, y el que emitió el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito en la contradicción de criterios **********.
2. El criterio del Tribunal Colegiado establecía que cuando en un amparo se reclamara una extradición, se debía conceder la suspensión de oficio y de plano contemplada en el artículo 126 de la Ley de Amparo y, posteriormente, en caso de que no se acreditara la existencia del referido acto reclamado, la persona juzgadora debía dejar insubsistente tal determinación y ordenar, de oficio, la tramitación del incidente de suspensión, acorde con las reglas previstas en el artículo 127 de dicha legislación.
3. Lo que resulta contrario al criterio establecido por el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, pues sostuvo que cuando se señala como acto reclamado la extradición, la persona juzgadora debe dejar de aplicar el artículo 126 de la Ley de Amparo y abrir, de oficio, el incidente de suspensión, como se establece en el numeral 127, fracción I, de la ley de la materia. Como se expone en la jurisprudencia PC.I.P. J/11 P (10a.), de rubro: “EXTRADICIÓN. SI EN LA DEMANDA DE AMPARO SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO, EL JUEZ DEBE ABRIR DE OFICIO EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, CONFORME AL ARTÍCULO 127, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE LA MATERIA.”(1)
4. Trámite de la denuncia. Por acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, el entonces Presidente de esta Suprema Corte ordenó formar y registrar el expediente 44/2022, admitió a trámite la denuncia de la posible contradicción de criterios y determinó que, por razón de materia, la competencia para conocer del caso corresponde a esta Primera Sala, por lo que se ordenó la integración del cuaderno correspondiente y turnar el asunto para su estudio a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat.
5. Avocamiento. La entonces Ministra Presidenta de esta Primera Sala acordó el avocamiento del asunto a esa Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante proveído de diecisiete de marzo de dos mil veintidós.
6. Posteriormente, en acuerdo de veinte de abril de dos mil veintidós, se recibió oficio mediante el cual el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito informó que su criterio sigue vigente. Por lo que se ordenó enviar los autos a la Ponencia de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat, para la elaboración del proyecto de sentencia respectivo.
7. Returno. En sesión de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, los integrantes de esta Primera Sala determinaron returnar el asunto para la elaboración del proyecto respectivo. Así, por auto de uno de septiembre siguiente, se ordenó su envío a la Ponencia del Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.
8. Returno. En sesión de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, esta Primera Sala determinó returnar el asunto para la elaboración del proyecto respectivo. Por lo cual, mediante acuerdo de veinte de abril siguiente, se ordenó su envío a la Ponencia del entonces Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
9. Returno. Mediante oficio SGA/MFEN/734/2023 de dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, se comunicó el cambio de adscripción de la Ministra Loretta Ortiz Ahlf a la Primera Sala del Alto Tribunal a partir del día diecisiete siguiente; por lo que se determinó, entre otras cuestiones, que conserve todos los asuntos radicados en esa Sala y asignados al entonces Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea; motivo por el que el expediente se returnó a la Ministra Ortiz Ahlf.
I. COMPETENCIA
10. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(2) 226, fracción II, de la Ley de Amparo;(3) 21, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(4) así como los puntos Primero, Segundo, fracción VII, Tercero y Sexto, del Acuerdo General 5/2013, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios suscitada entre un Tribunal Colegiado y un Pleno en materia Penal de diversos circuitos, tramitada previo a la conformación de los Plenos Regionales;(5) además, al tratarse de un asunto del orden penal, corresponde a la materia de la especialidad de esta Primera Sala y no se advierten motivos para la intervención del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
II. LEGITIMACIÓN
11. De conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, la presente denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legitimada, toda vez que fue formulada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, quienes emitieron resolución en el recurso de queja **********, que contiende en este asunto.(6)
III. CRITERIOS DENUNCIADOS
12. Para verificar la existencia de la contradicción entre los criterios que sustentaron los aludidos órganos jurisdiccionales es necesario hacer una breve relatoría de los antecedentes de los asuntos que cada uno de ellos resolvió, así como de las cuestiones jurídicas relevantes que motivaron sus posturas.
A. Criterio del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito al resolver la contradicción de tesis **********.
13. Denuncia de la contradicción de criterios. El diecinueve de agosto de dos mil catorce, la parte quejosa en el juicio de amparo de donde derivó una de las resoluciones que se consideraron contradictorias, denunció la existencia de la posible contradicción de criterios entre los sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja **********, y el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al fallar el recurso de queja **********.
14. Sentencia emitida por el Pleno de Circuito. Tramitado el expediente, mediante sentencia de siete de julio de dos mil quince, el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito determinó que la contradicción de tesis era existente, en virtud de que los Tribunales Colegiados contendientes realizaron una interpretación de los artículos 126 y 127, fracción I, de la Ley de Amparo, respecto de la suspensión que debe aplicarse cuando se señale como acto reclamado una extradición, arribando a conclusiones diversas.
15. Por lo cual en la sentencia que dirimió la contradicción de los órganos jurisdiccionales, el aludido Pleno de Circuito argumentó lo siguiente:
a) La Ley de Amparo hace referencia expresa a la extradición en los artículos 15, 17, fracción I, 20, 48, 61, fracción XVIII, inciso a), 124, 126, 127, fracción I, 159, 160, 239, 248, 261, fracción I, 265, fracción I, y 266, fracción I. De dichos preceptos se desprende que, en general, aparece en los grupos de actos con tintes de inconstitucionalidad, por ello que amplía la posibilidad de legitimación para reclamarla en amparo, el plazo, la presentación, la obligación de suspender el acto, excepción al principio de definitividad, etcétera.
b) La ley de Amparo al referirse a la extradición, la enmarca como una institución jurídica relativa a todo el procedimiento formal por el cual el Estado Mexicano concluye si debe entregar a otro Estado, a una persona para que sea juzgada o cumpla una sanción. Por tanto, debe entenderse que el vocablo “extradición” contenido en la Ley de la Materia, se refiere a cualquier acto que se genere en ese procedimiento especial, desde la orden de detención con fines de extradición hasta la ejecución de la resolución de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
c) De la lectura de los artículos 126 y 127, fracción I, de la Ley de Amparo, se desprende que, tratándose de extradición (esto es, cualquier acto que se genere en ese procedimiento), es procedente tanto la suspensión de oficio y de plano como la de trámite oficioso. Sin embargo, ello no conduce a estimar que haya incompatibilidad de normas.
d) Del proceso legislativo se advierte que, si bien inicialmente el acto de extradición únicamente aparecía como suspendible de oficio conforme al artículo127 de la Ley de Amparo, posteriormente se estableció que también era susceptible de suspenderse de oficio en términos del 126. Lo que evidencia la intención del legislador de que existan ambas figuras. Por lo que no existe antinomia.
e) Conforme al artículo 126 de la Ley de Amparo es procedente la suspensión de oficio y de plano respecto de actos que son inconstitucionales en sí mismos y, si bien también se cita la extradición, no es porque a priori sea considerada como de tal naturaleza (porque está instituida en la Constitución Federal), sino porque se trata de un acto que implica la privación de la libertad personal para que una persona sea entregada a otro Estado. De este modo, fue introducida a dicho numeral porque podría existir la imposibilidad de que la persona pudiera promover el juicio de amparo personalmente, pudiéndolo hacer un tercero conforme al artículo 15 de la Ley de Amparo.
f) Únicamente en los casos en los que se mencionen actos que pudieran ser inconstitucionales en sí mismos resulta necesario otorgar la suspensión de oficio y de plano.
g) El artículo 127 de la Ley de Amparo, establece que el incidente de suspensión se abra de oficio para el acto de extradición, porque no se trata de actos inconstitucionales en sí mismos, por estar establecido en la ley el procedimiento de extradición.
h) Dada la inexistencia de alguna antinomia, no hay necesidad de analizar los criterios de interpretación establecidos por el iuspositivismo o de aclamar el principio pro pesonae para dilucidar qué artículo debe aplicarse.
i) Tampoco puede invocarse el principio de mayor beneficio, porque ambos dispositivos disponen que cuando se impugne un acto de extradición, la suspensión siempre será de oficio y procede concederla bajo los efectos del artículo 160 de la Ley de Amparo.
j) Sin que sea factible considerar que deba decretarse la suspensión de oficio y de plano establecida en el artículo 126 de la Ley de Amparo en cualquiera de los casos en que se señale un acto de extradición, pues éstos no son catalogados inconstitucionales en sí mismos.
k) Cuando se señale la extradición como acto reclamado, debe entenderse que se trata de cualquier acto del procedimiento de extradición y debe tramitarse conforme a lo previsto en el artículo 127, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que el juzgador de amparo está obligado a aperturar, de oficio, el incidente de suspensión respectivo y seguir su trámite a fin de resolver sobre la suspensión provisional y, posteriormente, la definitiva. Lo anterior, con el propósito de evitar que la medida suspensional trascienda en la prosecución del procedimiento de extradición y con ello se genere un abuso.
16. Lo anterior, dio origen a la jurisprudencia PC.I.P. J/11 P (10a.), de rubro y texto:
“EXTRADICIÓN. SI EN LA DEMANDA DE AMPARO SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO, EL JUEZ DEBE ABRIR DE OFICIO EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, CONFORME AL ARTÍCULO 127, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE LA MATERIA. Cuando se señale la extradición como acto reclamado, debe entenderse que se trata de cualquier acto del procedimiento de extradición y deberá tramitarla conforme al artículo 127, fracción I, de la Ley de Amparo, el juzgador debe abrir de oficio y tramitando el incidente de suspensión respectivo, pues la extradición no es un acto inconstitucional en sí mismo, sino un procedimiento formal reglado en la ley y así, con base en los informes previos rendidos por las autoridades responsables, las pruebas ofrecidas por las partes y la ponderación del interés social y el orden público, resuelva si procede conceder o negar la suspensión definitiva de ese acto. Esto, con el propósito de evitar el abuso de la medida suspensional que trascienda en la prosecución del procedimiento de extradición, ya que de los informes allegados pudiera resultar que en el caso respectivo el acto reclamado no exista; que se trate de algún acto relativo a cierta etapa del procedimiento de extradición, o bien, que el acto sea diverso a esa figura jurídica, por citar algunos ejemplos que permitan al juzgador decidir que la suspensión de oficio no debe subsistir indefinidamente.”(7)
B. Criterio del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito al resolver el recurso de queja **********.
17. Antecedentes. El veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, el señor ********** advirtió mediante las redes sociales que el Secretario de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo retuiteó una publicación con la leyenda: “#UltimaHora televisión rumana informa que un tribunal de ese país acaba de conceder la orden de aprehensión en contra de **********”.
18. Demanda de amparo indirecto. El veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, el señor ********** promovió demanda de amparo indirecto contra su extradición o cualquier acto tendente a privarlo de su libertad, solicitando la suspensión de plano, así como la provisional y, en su momento, la definitiva de los actos reclamados.
19. Suspensión de oficio y de plano. El veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo radicó la demanda con el número ********** y concedió la suspensión de oficio y de plano por cuanto hace a la orden de extradición girada contra ********** con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, para el efecto de que las autoridades responsables se abstuvieran de ejecutar los actos reclamados, siempre que, para ese momento, no hubieran sido ejecutados, pues, para el caso de que se hubiera ejecutado, determinó que cesaran de inmediato sus efectos.
20. Precisó que la suspensión de plano era una medida excepcional autorizada en atención a la urgencia y gravedad del caso, pero que no implicaba la libertad inmediata del señor **********. Finalmente, ordenó tramitar el incidente de suspensión por los restantes actos reclamados.
21. Recurso de queja. Inconforme con la determinación, el Director General de Procedimientos Internacionales de la Fiscalía General de la República interpuso recurso de queja, conforme a lo previsto por el artículo 98, fracción I, de la Ley de Amparo,(8) al considerar que la actuación por parte de la autoridad de amparo contravino lo previsto en el precepto 127 de esa norma.
22. Para la parte recurrente lo correcto era tramitar el incidente de suspensión por cuerda separada tomando en consideración los informes previos rendidos por las autoridades responsables y las pruebas que se hubieran ofrecido, para posteriormente resolver conforme a derecho la suspensión definitiva.
23. Por razón de turno, conoció del recurso el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, quien lo registró con el número ********** y en sesión de cinco de octubre de dos mil veintiuno, declaró infundado el recurso de queja interpuesto. Entre los motivos que sustentaron dicha decisión, se encuentran los siguientes:
a) Para el caso de la extradición, existen dos supuestos normativos en torno a la suspensión: el primero, contemplado en el artículo 126 de la Ley de Amparo, que indica que la suspensión se decretará en el auto admisorio, comunicándose sin demora a la autoridad responsable; el segundo, establecido en el artículo 127, fracción I, de la Ley de la Materia, que señala que el incidente de suspensión se abrirá de oficio y se sujetará al trámite de la suspensión a petición de parte.
b) La extradición no es un acto inconstitucional en sí mismo, sino que es una figura contemplada en el artículo 119 constitucional y que, además, ésta regulado en la Ley de extradición Internacional. Sin embargo, de consumarse podría hacer imposible su reparación a través del juicio de amparo.
c) El órgano de amparo debe realizar una interpretación sistemática y armonizar el artículo 126 con el 127, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, a fin de respetar la voluntad del Constituyente, en tratándose de ese tipo de actos y el principio que obliga a buscar el mayor beneficio posible para el accionante.
d) Al ser un acto de imposible reparación y no inconstitucional en sí mismo, el órgano de amparo debe al proveer sobre la demanda, en primer lugar, atender al artículo 126 de la Ley de Amparo y decretar la suspensión de oficio y de plano.
e) Cuando se tenga certeza que la orden de extradición sea la solicitud para la detención provisional con fines de extradición, o su trámite o ejecución, con fundamento en el artículo 127, fracción I, de la Ley de Amparo, deberá dejar insubsistente la suspensión de plano y ordenar, de oficio, que se tramite el incidente de suspensión. Ello, permite atender a la voluntad del Constituyente al regular la suspensión de la extradición en dos apartados.
f) Hacer depender la aplicación de los artículos 126 y 127, fracción I, de la Ley de Amparo, de reclamar una extradición legal o ilegal, resulta absurdo e implica exigir al quejoso que, al plantear la demanda, conozca el acto reclamado que en ese momento puede serle desconocido.
g) La distinción, seguramente se efectuó para permitir que el amparo en el que se reclame una extradición pueda ser planteado por un tercero a nombre de la parte quejosa en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Por tanto, es incorrecto el criterio del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito.
IV. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN
24. Corresponde ahora verificar si la contradicción denunciada resulta procedente, ya que la seguridad jurídica obliga a lograr uniformidad en la solución de iguales problemas jurídicos sometidos a tribunales diversos del Poder Judicial de la Federación, esto es, que bajo el mismo criterio válido se resuelvan los asuntos de idéntica o similar naturaleza y contenido.
25. Para verificar la existencia de la presente contradicción de criterios, se recuerda el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 36/2007,(9) al considerarse que la existencia de la contradicción debe estar condicionada a que se sostengan tesis contradictorias, entendiéndose por ello el criterio adoptado a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia; lo que determina que la contradicción se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, aunque no provenga de cuestiones fácticas iguales. 26. Así, la finalidad de dicha determinación es definir puntos jurídicos que den seguridad legal a los gobernados, pues para ello fue creada la figura de la contradicción de criterios en la Constitución y su regulación en la Ley de Amparo.
27. Con base en lo anterior es posible identificar los siguientes requisitos para la existencia de una contradicción de criterios:
a) Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b) Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y
c) Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
28. En el caso, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que sí existe la contradicción de criterios denunciada, tal y como enseguida se demostrará:
i. Primer requisito: Ejercicio interpretativo y arbitrio judicial.
29. Del análisis de los procesos interpretativos involucrados, se advierte que los órganos judiciales contendientes, realizaron un ejercicio interpretativo para determinar cómo se debe resolver la suspensión, en los casos en que el acto reclamado sea la extradición de una persona, si conforme lo establecido en el artículo 126 o bien acorde a lo señalado en el diverso numeral 127, fracción I, ambos de la Ley de Amparo.
30. En el caso, el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito analizó una contradicción de tesis en la que dos Tribunales Colegiados discreparon de la forma en la que debe ser concedida la suspensión cuando se señale como acto reclamado la ejecución de una orden de extradición.
31. Precisando que cuando en la Ley de Amparo se hacía referencia a la extradición, no establecía distinción respecto del momento en específico del procedimiento en que pudiera ser impugnado mediante amparo. Y de la lectura de los artículos 126 y 127, fracción I, de la Ley de Amparo, se entiende que regulan cuestiones diversas, ya que el primero de los numerales en cuestión, se refiere a que es procedente la suspensión de oficio y de plano únicamente respecto de actos que son inconstitucionales en sí mismos, tanto que conforme al numeral 15 de la mencionada legislación era factible que un tercero presentara la demanda de amparo en representación de la persona directamente agraviada.
32. Concluyendo que, cuando se señalara la extradición como acto reclamado, se debía entender que se trata de cualquier acto del procedimiento de extradición y debía tramitarse conforme a lo previsto en el artículo 127, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que la persona juzgadora debía abrir, de oficio, el incidente de suspensión respectivo y seguir su trámite.
33. Por otro lado, el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, analizó un recurso de queja en el que se planteó si fue correcto que el Juez de Distrito otorgara la suspensión de oficio y de plano respecto de la orden de extradición, conforme al artículo 126 de la Ley de Amparo.
34. Estableciendo que, en los casos en los que el acto reclamado sea la extradición de una persona, existen dos supuestos en los que se puede resolver la suspensión: el primero, contemplado en el artículo 126 de la Ley de Amparo, que indica que se decretará de oficio y de plano en el auto admisorio; y, el segundo, en el artículo 127, fracción I, del mismo cuerpo normativo, que señala que el incidente de suspensión se abrirá de oficio y se sujetará al trámite de la suspensión a petición de parte. Resolviendo que, de una interpretación sistemática entre ambos preceptos, la persona juzgadora debía considerar que, de materializarse el acto reclamado (extradición), sería un acto de imposible reparación, por lo que debía atender a lo precisado en el artículo 126 de la Ley de Amparo y decretar la suspensión de oficio y de plano.
35. No obstante, cuando la persona juzgadora tuviera certeza de la existencia de la solicitud para la detención provisional con fines de extradición o bien su trámite o ejecución, con fundamento en el artículo 127, fracción I, de la Ley de Amparo, debía dejar insubsistente la suspensión de plano y ordenar, de oficio, que se tramitara el incidente de suspensión.
36. Tal distinción, el Tribunal Colegiado la realizó al considerar que permitía atender a la voluntad del Constituyente de regular la suspensión de la extradición en dos apartados.
ii. Segundo requisito: Punto de toque y diferendo de criterios interpretativos.
37. Esta Primera Sala considera que, en los ejercicios interpretativos realizados por los órganos contendientes, sí existe propiamente un punto de toque en cuanto a la resolución de un mismo tipo de problema jurídico a resolver.
38. Lo anterior, ya que el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito estimó que la extradición no es un acto inconstitucional en sí, pero que de ejecutarse sería de imposible reparación, por tanto, la persona juzgadora debía tramitar la suspensión conforme lo establecido en el artículo 126 de la Ley de Amparo y decretarla de oficio y de plano. Pero, cuando tuviera certeza de que lo realmente existente es la detención provisional con fines de extradición o su trámite o ejecución, con fundamento en el artículo 127, fracción I, de la Ley de Amparo, debía dejar insubsistente la suspensión de plano y ordenar de oficio, que se tramitara el incidente de suspensión.
39. Por su parte, el Pleno en Materia del Primer Circuito estimó que conforme lo establecido en el artículo 126 de la Ley de Amparo es procedente la suspensión de oficio y de plano respecto de actos que son inconstitucionales en sí mismos, por lo cual, cuando se señale la extradición como acto reclamado, debe entenderse que se trata de cualquier acto del procedimiento de extradición y debe tramitarse conforme a lo previsto en el artículo 127, fracción I, de la Ley de Amparo, de modo que la persona juzgadora de amparo está obligada a iniciar, de oficio, el incidente de suspensión respectivo y seguir su trámite.
40. Así, se aprecia que los tribunales colegiados contendientes se pronunciaron respecto del tipo de suspensión que debe emitirse cuando se señala como acto reclamado la orden de extradición, sin que existiera homogeneidad en sus determinaciones, pues mientras que el Colegiado de Circuito estableció que se debía aplicar el artículo 126 de la Ley de Amparo, el Pleno Penal refirió que debía actuarse conforme lo previsto en el artículo 127, fracción I de la Ley de Amparo.
41. Bajo esos parámetros, esta Primera Sala advierte que la discrepancia de criterios entre los órganos contendientes se debió a la interpretación que cada uno realizó de los artículos 126 y 127, fracción I, de la Ley de Amparo, para estimar qué tipo de suspensión debe otorgarse cuando en una demanda de amparo indirecto se reclame la orden de extradición, entendida como la orden de entrega de la persona al Estado solicitante.
iii. Tercer requisito: surgimiento de la pregunta que detona la procedencia de la contradicción.
42. De las constancias de autos se advierte que los puntos de vista de los órganos contendientes, al reflejar contradicción en sus consideraciones y razonamientos, dan lugar a la formulación de la siguiente pregunta:
¿Qué tipo de suspensión debe decretarse cuando el acto reclamado consiste en la extradición, la de oficio y de plano prevista en el artículo 126, de la Ley de Amparo, o la de oficio vía incidental conforme lo dispuesto por el precepto 127, fracción I, del mismo ordenamiento?
V. ESTUDIO DE FONDO
43. Los preceptos cuya interpretación realizaron los órganos jurisdiccionales contendientes y que constituyen la materia de estudio en esta resolución, literalmente señalan:
Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.
En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento.
La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal.
Artículo 127. El incidente de suspensión se abrirá de oficio y se sujetará en lo conducente al trámite previsto para la suspensión a instancia de parte, en los siguientes casos:
I. Extradición; y
[...]
44. A partir de su contenido, se debe resolver si al tramitarse una demanda de amparo indirecto en la que se señala como acto reclamado la extradición, la persona juzgadora debe decretar la suspensión de plano y de oficio a que se refiere el artículo 126 de la Ley de Amparo, o bien, la suspensión de oficio en el
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32963-1d28c1cb/extradicion-internacional-cuando-se-senale-como-acto-reclamado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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