EXTRADICIÓN INTERNACIONAL. ES APLICABLE SUPLETORIAMENTE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, PARA DETERMINAR EL MOMENTO EN QUE SURTE EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO Y EL QUINTO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 9 DE DICIEMBRE DE 2014. MAYORÍA DE SEIS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS LUIS NÚÑEZ SANDOVAL, RICARDO OJEDA BOHÓRQUEZ, JUAN WILFRIDO GUTIÉRREZ CRUZ, TERESO RAMOS HERNÁNDEZ, CARLOS HUGO LUNA RAMOS Y CARLOS ENRIQUE RUEDA DÁVILA. DISIDENTES: IRMA RIVERO ORTIZ DE ALCÁNTARA, ELVIA ROSA DÍAZ DE LEÓN D'HERS Y MIGUEL ÁNGEL AGUILAR LÓPEZ. PONENTE: LUIS NÚÑEZ SANDOVAL. SECRETARIO: EDWIN ANTONY PAZOL RODRÍGUEZ.
CONSIDERANDO
I. Este Pleno de Circuito es competente en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, del Acuerdo General 14/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y su anexo, así como de lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesiones de tres y veintisiete de junio del año en curso, dado que se trata de una contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados en Materia Penal del Primer Circuito.
II. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, pues fue realizada por los Magistrados integrantes de uno de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Primer Circuito -el Quinto- que sustentó uno de los criterios materia de esta contradicción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo.
Las consideraciones de los fallos son, en lo que interesa, las siguientes:
1) Amparo en revisión 235/2012 del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito:
"TERCERO. A fin de verificar la oportunidad de la demanda de garantías, se precisa que según manifestación del peticionario de amparo hecha en su demanda de garantías, se le notificó el acto reclamado el treinta y uno de mayo último, lo cual se constata con la respectiva constancia de notificación (foja 5 del anexo 1 del juicio de garantías); por tanto, de acuerdo con el arábigo 38 la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, dicha notificación surtió efectos el mismo día, por lo que el término a que hace referencia el numeral 21 de la ley de la materia, inició el uno del siguiente mes y concluyó el veintiuno siguiente, con exclusión de los días dos, tres, nueve, diez, dieciséis y diecisiete del último de los meses mencionados, por haber sido inhábiles, acorde con los numerales mencionados en el párrafo precedente, por lo que si el escrito inicial se presentó en la oficina de correspondencia referida, el último de los mencionados, fue oportuno.
"Es así, dado que este tribunal considera que el artículo 71 del Código Federal de Procedimientos Penales, no rige en el acto reclamado para realizar el cómputo con el fin de determinar la oportunidad de la presentación de la demanda de amparo, puesto que la Ley de Extradición Internacional no remite a la normatividad adjetiva invocada para ese efecto, es decir, sobre ese particular no existe supletoriedad de dicho ordenamiento procesal, por ende, para realizar dicho cómputo se tiene que acudir a la Ley Federal del Procedimiento Administrativo concretamente a sus artículos 1o. y 38, al estar en presencia de un procedimiento administrativo, no jurisdiccional penal (lo anterior sin que se soslaye que al tratarse de un procedimiento de naturaleza mixta, a virtud de intervenir un Juez de proceso penal federal, en el que a efecto de su tramitación en su fase procedimental se aplica de manera supletoria el Código Federal de Procedimientos Penales, puesto que al culminar dicha fase, la legislación aplicable es la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado), como lo ha sostenido el Pleno del Alto Tribunal, en la tesis aislada consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, agosto de 2004, página 11, de rubro y texto que rezan: ‘EXTRADICIÓN. ES UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO QUE INICIA CON SU PETICIÓN FORMAL Y TERMINA CON LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES EN QUE LA CONCEDE O LA REHÚSA (INTERRUPCIÓN DE LA TESIS PLENARIA CLXV/2000). El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada P. CLXV/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, octubre de 2000, página 36, con el rubro: «EXTRADICIÓN. CONCLUIDA UNA DE LAS TRES FASES PROCEDIMENTALES EN QUE SE DIVIDE EL PROCEDIMIENTO EXTRADITORIO, LAS VIOLACIONES COMETIDAS EN ELLA QUEDAN CONSUMADAS IRREPARABLEMENTE EN VIRTUD DEL CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA (INTERRUPCIÓN DE LA TESIS PLENARIA XLIV/98).», reiteró un criterio anterior en el sentido de que la extradición es un procedimiento que se divide en tres fases: la primera inicia cuando un Estado manifiesta a otro la intención de presentar petición formal de extradición y solicita se adopten medidas precautorias, o bien, la que inicia directamente con la petición formal de extradición; la segunda se entendía iniciada con la decisión de la Secretaría de Relaciones Exteriores de admitir la solicitud formal de extradición; y la tercera constituida sólo con la resolución de dicha secretaría, que en forma definitiva la concede o la rehúsa, con el importante señalamiento de que cuando culmina una de las tres, quedan consumadas irreparablemente las violaciones que en ellas pudieran haberse cometido, en virtud del cambio de situación jurídica. Ahora bien, nuevos elementos de reflexión llevan a establecer que la adopción de las medidas precautorias previstas por el artículo 17 de la Ley de Extradición Internacional, si bien en términos generales pueden formar parte del trámite de extradición siempre que el gobierno requirente decida hacer uso de ese derecho, ello no da inicio formal al citado procedimiento, sino que esto ocurre hasta que se presenta la petición formal, con los requisitos que establezca el tratado correspondiente y la propia ley de la materia, según sus artículos 19, 20 y 21, pues es cuando se brinda al reclamado la garantía de audiencia ante un Juez de Distrito y concluye con el dictado de la resolución de la Secretaría de Relaciones Exteriores que concede o rehúsa la extradición. Por tanto, la medida precautoria que tiene por objeto evitar que la persona reclamada pueda sustraerse a la acción de la justicia, asegurando la eficacia de la decisión de extradición no da inicio al procedimiento relativo y, además, es preclusiva, en tanto que conforme al último párrafo del artículo 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no puede durar más de sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que se haya cumplimentado, por lo que se extingue el derecho de realizar cualquier facultad procesal no ejercida en ese plazo; lo que no ocurre con las violaciones procesales que pudieran suscitarse a partir de que se presente la petición formal de extradición, ya que al tratarse de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, en términos del párrafo segundo de la fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, por regla general, podrán invocarse al tiempo de combatir en amparo indirecto la resolución que concede la extradición.’
"Los numerales que se estiman aplicables, respectivamente dicen:
"‘Artículo 1. Las disposiciones de esta ley son de orden e interés públicos, y se aplicarán a los actos, procedimientos y resoluciones de la administración pública federal centralizada, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales de los que México sea parte.
"‘El presente ordenamiento también se aplicará a los organismos descentralizados de la administración pública federal paraestatal respecto a sus actos de autoridad, a los servicios que el Estado preste de manera exclusiva, y a los contratos que los particulares sólo puedan celebrar con el mismo.
"‘Este ordenamiento no será aplicable a las materias de carácter fiscal, responsabilidades de los servidores públicos, justicia agraria y laboral, ni al ministerio público en ejercicio de sus funciones constitucionales. En relación con las materias de competencia económica, prácticas desleales de comercio internacional y financiera, únicamente les será aplicable el título tercero A.
"‘Para los efectos de esta ley sólo queda excluida la materia fiscal tratándose de las contribuciones y los accesorios que deriven directamente de aquéllas.’
"‘Artículo 38. Las notificaciones personales surtirán sus efectos el día en que hubieren sido realizadas. Los plazos empezarán a correr a partir del día siguiente a aquel en que haya surtido efectos la notificación.’
"Ello, en atención a la naturaleza de la autoridad que realizó la notificación de la resolución de extradición del quejoso, que lo fue la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, esta última dependiente de la administración pública federal centralizada. ..."
2) Amparo en revisión 60/2009 -bajo los mismos argumentos- del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito:
"CUARTO. Deviene innecesario abordar el estudio tanto de los conceptos de violación como de la sentencia impugnada, en virtud de que se actualiza una causa de improcedencia de la acción de amparo, lo cual es de estudio oficioso y preferente en términos del último párrafo del artículo 73 de la ley reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual no obstante fue planteada por la autoridad responsable ordenadora al rendir su informe con justificación visible a fojas cuarenta y siete a setenta y cuatro del cuaderno de amparo, su estudio fue soslayado en la sentencia impugnada.
"Al tema, tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 30/97, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 137 del Tomo VI correspondiente el mes de julio de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice:
"‘REVISIÓN. ESTUDIO OFICIOSO DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA NO EXAMINADAS POR EL JUZGADOR DE PRIMER GRADO. Si se trata de una causal de improcedencia diferente a las ya estudiadas y declaradas inoperantes por el juzgador de primer grado, no existe obstáculo alguno para su estudio de oficio en la revisión, ya que en relación con ella sigue vigente el principio de que siendo la improcedencia una cuestión de orden público, su análisis debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no ante el Juez de Distrito o ante el tribunal revisor, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo.’
"En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 73 de dicha ley, que preceptúa:
"‘Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente:
"‘...
"‘XII. Contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que se señalan en los artículos 21, 22 y 218.’
"Ello, en la medida que en el presente asunto, el plazo para la presentación de la demanda de amparo es de quince días, de acuerdo al imperativo expreso contenido en el párrafo tercero de la fracción II del artículo 22 de la ley en cita, en tanto el acto reclamado lo constituye la resolución de extradición emitida por la Secretaría de Relaciones Exteriores, al señalar:
"‘Artículo 22.
"‘...
"‘II. ...
"‘En los casos en que el acto de autoridad combatible mediante demanda de amparo consista en acuerdo de la Secretaría de Relaciones Exteriores favorable a la extradición de alguna persona reclamada por un Estado extranjero, el término para interponerla será siempre de 15 días.’
"Se sostiene lo anterior, en virtud de que la resolución de extradición reclamada se notificó en forma personal al quejoso ahora recurrente, el once de septiembre de dos mil ocho, a las diecisiete horas con treinta y cinco minutos, en el ‘local’ del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente del Distrito Federal, según se advierte de la constancia de igual fecha suscrita por el notificador licenciado José Sigifredo De Alba Flores, en presencia de los testigos que firmaron al calce, en la que también se advierte que el inconforme se negó a firmar de recibido, pero la resolución se dejó a su disposición en ochenta y una fojas en la dirección de la dependencia, lo que se corrobora con el sello de recibo visible en la parte inferior de tal actuación consultable a foja 37 del anexo I, la cual a continuación se escanea para mayor ilustración:
"**********
"Para tal efecto, se precisa que el referido plazo para la presentación de la demanda de amparo, se debe contar desde el día siguiente en que haya surtido efectos la notificación de la resolución reclamada, conforme a la ley del acto, tal como lo dispone el numeral 21 de la ley de la materia; en este caso, por tratarse del acuerdo que autoriza la extradición del quejoso, es evidente que se debe acudir a la Ley de Extradición Internacional, sin embargo, del contenido de tal legislación no se advierte disposición alguna sobre el particular, como tampoco remisión expresa a legislación procesal supletoria de dicha normatividad, salvo lo previsto en el artículo 16, fracción VI, párrafo segundo, que refiere al Código Federal de Procedimientos Penales para la legalización de documentos, en los siguientes términos:
"‘Los documentos señalados en este artículo y cualquier otro que se presente y esté redactado en idioma extranjero, deberán ser acompañados con su traducción al español y legalizados conforme a las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales.’
"Tal situación conduce a determinar que si el acto materia del reclamo (resolución administrativa que concede la extradición), implica que el quejoso está privado de su libertad personal, amén de estar relacionado a un procedimiento de orden penal en un país extranjero, al margen del carácter administrativo de la autoridad emisora del acto, es indefectible privilegiar el aspecto sustancial y las consecuencias materiales del acto controvertido, razón por la cual, para los efectos del mencionado cómputo aplica en forma supletoria lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 71 del Código Federal de Procedimientos Penales, el cual preceptúa: ‘Los plazos son improrrogables y empezarán a correr desde el día siguiente al de la fecha de la notificación, salvo los casos que este código señale expresamente.’
"Lo anterior conlleva a determinar conforme a dicha norma, que la notificación en comento surtió efectos el mismo día, por tanto, si la resolución reclamada se notificó al quejoso el once de septiembre del dos mil ocho, es evidente que el plazo de quince días que tenía para promover la acción de garantías, empezó a correr el doce de septiembre y feneció el seis de octubre de dicha anualidad, con exclusión de los días trece, catorce, quince, dieciséis, veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de septiembre, así como cuatro y cinco de octubre, por haber sido inhábiles conforme a lo previsto en el numeral 23 de la Ley de Amparo, salvo el quince de septiembre que fue declarado no laborable por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, según circular número 40/2008, de veinte de agosto de la referida anualidad; por ende, ante tal calendarización resulta inconcusa la extemporaneidad del escrito de demanda, en virtud de que el quejoso presentó su escrito de demanda hasta el siete de octubre de dos mil ocho, esto es, un día después de que concluyó el plazo previsto en el artículo 22, fracción II, párrafo tercero, de la ley de la materia; data que consta en el sello de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal (foja 02 del expediente).
"En consecuencia, al resultar extemporánea la demanda de garantías se actualiza la causa de improcedencia referida, por tanto, procede sobreseer en el presente juicio de garantías, conforme a lo previsto en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo. ..."
De esa ejecutoria derivó la tesis I.2o.P.178 P (9a.), de rubro, título, subtítulo, texto y datos de publicación siguientes:
"EXTRADICIÓN INTERNACIONAL. APLICACIÓN SUPLETORIA DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA DETERMINAR CUÁNDO SURTE EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE. Cuando se reclama el acuerdo de extradición dictado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, el plazo de quince días para presentar la demanda de garantías inicia desde el siguiente en que, conforme a la ley del acto y en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, haya surtido efectos su notificación. Ahora bien, al ser manifiesto que la Ley de Extradición Internacional carece de disposición expresa respecto a cuándo surten efecto las notificaciones, amén de que tampoco hace remisión expresa a legislación procesal supletoria, excepto en lo relativo a la legalización de documentos, a cuyo tenor su artículo 16, fracción VI, párrafo segundo, determina la aplicabilidad del Código Federal de Procedimientos Penales; tal situación conduce a determinar que si el acto materia de reclamo (resolución administrativa que concede la extradición), implica que el quejoso está privado de su libertad personal, amén de estar relacionado a un procedimiento de orden penal en un país extranjero, al margen del carácter administrativo de la autoridad emisora del acto, es indefectible privilegiar el aspecto sustancial y las consecuencias materiales del acto controvertido, razón por la cual, para los efectos referidos, aplica la supletoriedad del citado ordenamiento adjetivo; de modo que, conforme al párrafo primero del artículo 71 de tal codificación, para calificar la oportunidad de la presentación de la demanda de garantías, debe atenderse que la notificación que realiza la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores surte efectos desde el momento en que se realiza, por ende, el plazo de quince días para promover la acción de amparo inicia al siguiente de concretado tal acto." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, julio de 2009, página 1921, con registro electrónico 166955)
III. Sí existe la contradicción de tesis denunciada.
Es así, porque del análisis de las sentencias transcritas se advierte que los Tribunales Colegiados Segundo y Quinto, ambos en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver los amparos en revisión 60/2009 y 235/2012, respectivamente, se pronunciaron sobre qué legislación sería aplicada supletoriamente a la Ley de Extradición Internacional, para determinar cuándo surte efectos la notificación de la resolución de extradición.
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 60/2009, sostuvo que al no advertir disposición alguna sobre cuándo surte efectos la notificación de extradición como tampoco remisión expresa a una ley procesal, y como el acto -resolución administrativa que concede la extradición- implica que el quejoso esté privado de su libertad personal, además de estar relacionado con un procedimiento penal en un país extranjero, al margen del carácter administrativo de la autoridad emisora del acto, para efectos del cómputo para la presentación de la demanda de amparo, se debe aplicar supletoriamente el artículo 71 del Código Federal de Procedimientos Penales.
En sentido contrario, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 235/2012 estableció que el artículo 71 del Código Federal de Procedimientos Penales no rige en el acto reclamado para realizar el cómputo con el fin de determinar la oportunidad de la presentación de la demanda de amparo, puesto que la Ley de Extradición Internacional no remite a la normatividad adjetiva invocada para ese efecto, es decir, que sobre ese particular no existe supletoriedad de dicho ordenamiento procesal, por ende, para realizar dicho cómputo se tiene que acudir a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, específicamente a sus numerales 1o. y 38,(2) al estar en presencia de un proceso administrativo, no jurisdiccional.(3)
Ahora, revisando la Ley de Extradición Internacional se constata que en ella no se advierte disposición alguna que establezca cuándo surte efectos una notificación de una revisión emitida con fundamento en ella.
Por tanto, el punto de contradicción que debe esclarecer este Tribunal Pleno consiste en determinar ¿cuál es la legislación aplicable -supletoriamente- para determinar cuándo surte efectos la notificación de una resolución de extradición internacional, para computar el plazo para promover el juicio de amparo indirecto en su contra?.
Primeramente, importa destacar que la nueva forma de analizar la posible existencia de una contradicción de tesis debe radicar en la necesidad de unificar criterios y no en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados contendientes. Por ello, para acreditar la existencia de una contradicción de tesis es indispensable establecer si existe una necesidad de unificación, es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación más que en su producto. De ahí que si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios, y si el problema radica en los procesos de interpretación -que no en los resultados- adoptados por los tribunales contendientes, es posible afirmar la existencia de una contradicción de tesis cuando se verifican los elementos siguientes:
- Los tribunales contendientes resolvieron alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de emplear su arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún método, cualquiera que fuese.
- Entre los ejercicios interpretativos respectivos existe al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gira en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.
El discernimiento expuesto encuentra apoyo en el criterio sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la tesis jurisprudencial P./J. 72/2010, cuyo rubro es el siguiente: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES." (Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 7); y la diversa 22/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, marzo de 2010, página 122, de epígrafe: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA."
IV. Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio de este Pleno de Circuito en Materia Penal del Primer Circuito.
Atendiendo a que la resolución de una contradicción de tesis tiene como finalidad fundamental resguardar el principio de seguridad jurídica que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación o -en este caso- los Plenos de Circuito emiten el criterio que finalmente debe prevalecer, esto puede realizarse adoptando un criterio diverso al sostenido por los respectivos Tribunales Colegiados de Circuito o con argumentos diferentes.(4)
Desde este espacio conviene establecer que, como se verá, la ley aplicable al acto -resolución de extradición internacional- es la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, pues recuérdese que el procedimiento de extradición inicia con la petición formal y termina con la resolución definitiva que dicta la Secretaría de Relaciones Exteriores, el cual está constituido por tres etapas, tal y como lo estableció el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. XXXVI/2004, de rubro: "EXTRADICIÓN. ES UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO QUE INICIA CON SU PETICIÓN FORMAL Y TERMINA CON LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES EN QUE LA CONCEDE O LA REHÚSA (INTERRUPCIÓN DE LA TESIS PLENARIA CLXV/2000)."(5)
Ese procedimiento de apoyo internacional no se equipara al procedimiento penal, porque aquél se caracteriza por ser una vía expedita en que se da la intervención al Juez Federal para efectos del inicio del trámite, pero no por ello es un asunto de orden jurisdiccional.
Al respecto, resulta aplicable la tesis aislada 1a. LX/2009, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:
"EXTRADICIÓN INTERNACIONAL. LOS ARTÍCULOS 2, 22, 24, 25, 30, 33 Y 34 DE LA LEY RELATIVA NO SON VIOLATORIOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 20 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Al no tener el procedimiento de extradición la naturaleza de un juicio penal, sino de un procedimiento administrativo con intervención judicial limitada, según se desprende del artículo 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a las personas reclamadas por el Estado peticionario no le son aplicables las garantías previstas en el artículo 20 constitucional a favor de los inculpados en un proceso de esa naturaleza, toda vez que no están siendo sujetas a un juicio penal y, por ende, no tienen el carácter de procesados. En consecuencia, es posible concluir que los artículos 2, 22, 24, 25, 30, 33 y 34 de la Ley de Extradición Internacional no son violatorios del artículo 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en atención a que dicho precepto constitucional no es aplicable tratándose de procedimientos de extradición."(6)
Para determinar cuál es la normativa ordinaria que debe aplicarse supletoriamente para efecto de computar el plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra la determinación final de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el procedimiento de extradición, no debemos atender a la naturaleza del acto o la autoridad, sino a la ley del acto, conforme a la cual formalmente se le notifica la resolución de extradición reclamada; además, es necesario acudir al marco establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos atendiendo a los principios de interpretación pro persona y de progresividad establecidos en los párrafos segundo y tercero del artículo 1o.; el derecho humano de acceso efectivo a la justicia, reconocido en el párrafo segundo del precepto 17 constitucional, el cual también otorga al legislador la atribución de establecer los términos y los plazos en los que se puede ejercer ese derecho humano.
Conviene señalar que el artículo 21 de la Ley de Amparo de 1936, establecía:
"Artículo 21. El término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días. Dicho término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos."
Y la Ley de Amparo en vigor, en sus numerales 17 y 18, establece:
"Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo:
"I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; ..."
"Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor."
Al comparar los dispositivos 21 de la Ley de Amparo de 1936 y el 18 de la actual, se advierte que se prevé -en idénticas condiciones- que los plazos se computan a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación "conforme a la ley del acto"; por tanto, el que los tribunales contendientes en sus respectivas resoluciones hayan invocado el primero de esos dispositivos, en nada cambia esta decisión.
Ahora, en los dos artículos acabados de mencionar, se establecen tres formas de computar el término de treinta días que señala la fracción I del diverso 17 para la interposición de la demanda de garantías:
a) desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame;
b) desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; y,
c) desde el día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados.
El tema de esta contradicción es el establecido en el primer supuesto y consiste en clarificar cuándo surte efectos una notificación personal, conforme a la ley del acto.
Para eso, se insiste, el procedimiento de extradición se rige por la Ley de Extradición Internacional y en ella no se advierte disposición alguna que expresamente prevea la supletoriedad de otra norma.
Así, se itera, que la ley del acto para efectos de la notificación de la resolución de extradición ordenada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, es la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
En efecto, debe tomarse en cuenta que el ordenamiento jurídico acabado de invocar, en su numeral 1, establece:
"Artículo 1. Las disposiciones de esta ley
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25637-16cd1c33/extradicion-internacional-es-aplicable-supletoriamente-la-ley-federal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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