EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN AMPARO INDIRECTO. ES INNECESARIO AGOTAR EL RECURSO DE APELACIÓN CUANDO SE INVOLUCREN DERECHOS DE MENORES DE EDAD (ARTÍCULO 700 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE COLIMA).
AMPARO EN REVISIÓN 537/2023. 20 DE JUNIO DE 2024. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JOEL FERNANDO TINAJERO JIMÉNEZ. SECRETARIO: JUAN CARLOS PÉREZ MUÑOZ.
Colima, Colima, acuerdo del Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, correspondiente a la sesión ordinaria de veinte de junio de dos mil veinticuatro.
VISTO para resolver el amparo en revisión 537/2023, relativo al juicio de amparo indirecto 968/2023, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Colima, con residencia en esta ciudad; y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Mediante escrito presentado el 26 de julio de 2023, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Colima, *********, por su propio derecho y en representación de sus hijas menores de edad ********* promovió demanda de amparo, contra los actos de autoridad que estimó violatorios de los artículos 1°, 4, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como a continuación se indica:
III. AUTORIDADES RESPONSABLES:
JUEZ TITULAR DEL JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR, PRIMER PARTIDO JUDICIAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA, con domicilio (...)
IV. ACTO RECLAMADO:
A la autoridad señalada le reclamo el ilegal, infundada, inmotivado y excesivo régimen de convivencias entre mis menores hijas antes citadas con su progenitor el C. *********, mismo el cual fue dictado mediante el AUTO DE FECHA TRES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS y notificado personalmente el 05 de julio del año en curso.
SEGUNDO. Por auto de 28 de julio de 2023, el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Colima, a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto, admitió la demanda según expediente 968/2023 y, entre otras cuestiones, señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional y ordenó emplazar al tercero interesado *********.
Mediante acuerdo del 4 de agosto de 2023, el juez federal reconoció a ********* como representante especial de las menores de edad.
TERCERO. Seguido el juicio por sus etapas, el 24 de agosto de 2023, el juez de Distrito celebró la audiencia constitucional, y posteriormente el 27 de septiembre siguiente, dictó sentencia cuyo punto resolutivo establece:
ÚNICO. La justicia de la Unión ampara y protege a *********, por sí y en representación de las menores de edad *********, por las razones expuestas en el apartado V de esta sentencia y para los efectos precisados en el diverso apartado VI.
CUARTO. Inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado el 14 de octubre de 2023, el tercero interesado interpuso recurso de revisión.
QUINTO. Por oficio 17478/2023, signado electrónicamente por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Colima y la Secretaria adscrita a dicho juzgado, se remitió a este Tribunal Colegiado el escrito de agravios respectivo, así como los autos del juicio de amparo indirecto 968/2023.
SEXTO. La presidencia de este Tribunal Colegiado admitió el recurso de revisión de que se trata en auto 8 de noviembre de 2023, lo que originó la formación del expediente 537/2023.
El agente del Ministerio Público de la Federación adscrito fue notificado en términos de ley, y una vez enterado no formuló pedimento.
SÉPTIMO. Por acuerdo de 13 de febrero de 2024, se turnó el expediente al Magistrado Joel Fernando Tinajero Jiménez, para que formulara el proyecto de resolución correspondiente; y
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Este Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito es competente para conocer del presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracción VIII, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción I, inciso e), 83, de la Ley de Amparo y 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; ya que se recurre una sentencia dictada por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Colima, quien reside en la circunscripción territorial en la cual este cuerpo colegiado ejerce jurisdicción.
SEGUNDO. El recurso de revisión se interpuso oportunamente, como se ve a continuación:
Ver tabla
TERCERO. La existencia del fallo recurrido se acreditó con el expediente del juicio de amparo indirecto 968/2023, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Colima, con residencia en esta ciudad, que merece valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su arábigo 2º, por tratarse de actuaciones judiciales; sin que resulte necesario transcribir su parte considerativa, ya que no lo exige la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como tampoco la Ley de amparo.
Sin que resulte necesario agregar copia certificada de la resolución recurrida, toda vez que la misma es consultable en el expediente electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
CUARTO. La parte recurrente expresó los agravios que estimó pertinentes, que también se tienen por reproducidos en este apartado, por no ser necesaria su transcripción, atento a lo dispuesto en la jurisprudencia 2ª./J.58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente:
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.(5)
QUINTO. Es menester precisar que el presente asunto se estudiará, en su caso, de conformidad con el artículo 79, fracción II,(6) de la Ley de Amparo, toda vez que el juicio natural del que deriva el acto reclamado es una acción de controversias del orden familiar.
Tiene aplicación, la jurisprudencia 1a./J. 42/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro 2018093, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 59, octubre de 2018, tomo I, página 773, de rubro y texto:
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO. SU PROCEDENCIA DEBE ANALIZARSE CASO A CASO, CUANDO LA RESOLUCIÓN RECLAMADA SEA LA QUE DECRETA LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL. El artículo citado prevé la suplencia de la queja a favor de tres grupos distintos: los menores de edad, los "incapaces" y la familia, en aquellos casos en que se afecte su orden y desarrollo. Ahora, si bien el matrimonio no es sinónimo de familia, sí da lugar a una forma o modelo específico de familia. En estos términos, en un sentido amplio, es evidente que la disolución del matrimonio conlleva inevitablemente una afectación al orden y estabilidad del núcleo familiar, pues modifica su dinámica interna y hace cesar los derechos y obligaciones que los cónyuges tenían a partir de dicha institución. No obstante ello, no todos los aspectos referentes a un divorcio afectan en sentido estricto a la familia, sino que ello dependerá de que se vean vulneradas las relaciones entre sus miembros o de que se encuentren en juego instituciones de orden público como los alimentos. Así, para comprender las relaciones que efectivamente se consideran protegidas como parte del orden y desarrollo de la familia, es pertinente recordar que este supuesto de suplencia de la deficiencia de la queja no existía en la Ley de Amparo abrogada, cuyo artículo 76 Bis, fracción V, únicamente preveía dicha figura a favor de menores de edad e "incapaces". Esto resulta relevante porque, considerando que los intereses de los menores de edad solían verse afectados en asuntos familiares cuyos litigios normalmente se entablaban por sus progenitores, la suplencia de la queja se entendió con un alcance amplísimo, de modo tal que los derechos de las niñas, niños y adolescentes involucrados en conflictos familiares fuesen tutelados de manera adecuada y autónomamente. Así, resulta evidente que la causal de suplencia de la queja a favor del orden y desarrollo de la familia puede empalmarse, en juicios de divorcio, con un número importante de decisiones que recaen sobre los menores de edad, como lo referente a sus alimentos, custodia, visitas y convivencias con los padres, y la patria potestad. Ahora bien, la suplencia de la queja también opera a favor de la familia, de modo que existe un espacio residual de relaciones jurídicas que pueden estar en juego y cuya existencia y relevancia deberá constatarse caso a caso, sin llegar a comprender la posibilidad de impedir el divorcio, pues se desconocería el papel preponderante de la voluntad de la parte que ya no desea seguir unida en matrimonio, ni la de resolver cuestiones estrictamente patrimoniales. Considerando lo anterior, dicha figura debe operar de modo que quienes juzguen eviten que la ruptura de las relaciones surgidas de esa forma específica de familia, derivada del matrimonio, carezca de un impacto jurídicamente diferenciado sobre cada uno de los cónyuges. En este punto resulta fundamental la eliminación de posibles actos de discriminación u otros obstáculos que impidan desproporcionada o irrazonablemente a los progenitores ejercer sus derechos de maternidad y paternidad, así como la compensación de la eventual pérdida de oportunidades que hubiese sufrido una de las partes durante y con motivo del matrimonio.
De igual manera, se informa que los motivos de disenso serán analizados en un orden distinto al formulado, o bien, a la temática o calificativa que se les otorgará; ello, en atención lo que establece el artículo 76 de la Ley de Amparo.
En su tercer agravio, el recurrente expone que tal y como lo informó la autoridad responsable al Juez de Distrito, en el controvertido juicio de origen ya se celebró un convenio entre la quejosa y el aquí tercero interesado; por tanto, es claro que este Tribunal Colegiado deberá decretar el sobreseimiento en el presente juicio.
Lo anterior resulta ineficaz.
Esto es así, pues de una revisión exhaustiva al expediente electrónico del juicio de amparo que se revisa, no se advierte que la autoridad responsable haya manifestado tal circunstancia; por el contrario, lo que único que indicó fue que el acto reclamado cumplía con las exigencias establecidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Entonces, si se trata de una aseveración no demostrada, inconcuso es que el planteamiento expuesto por el recurrente es desacertado.
En su primer agravio, el recurrente aduce que la demanda de amparo fue presentada contra una resolución de un tribunal judicial, respecto de la cual la ley ordinaria concede un recurso dentro del procedimiento, por virtud del cual puede ser modificada, revocada o nulificada; de ahí que, conforme a lo previsto en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo era improcedente y, atendiendo a lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, del ordenamiento legal antes referido, debió decretarse el sobreseimiento en el caso que nos ocupa.
Lo anterior es así, sostiene, dado que el numeral 687, fracción III, inciso i), del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, dispone que el recurso de apelación procede contra los autos definitivos o los que, independientemente de que tengan ese carácter, causen un perjuicio que no sea reparable en sentencia definitiva. Por ende, al contar la determinación reclamada en sede constitucional con las características a las que se refiere el supuesto de impugnación mencionado, es claro que, previo a la promoción del juicio de amparo, se debió agotar el recurso de apelación.
En el mismo tenor, expone el recurrente, es de sostenerse que no se configura alguno de los supuestos de excepción previstos en la citada fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado no es un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; no consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso; ni se trata de persona extraña al procedimiento; y tampoco se trata de un auto de vinculación a proceso.
En consecuencia, concluye, deberá revocarse la sentencia impugnada y, en su lugar, dictarse otra en la que se decrete el sobreseimiento del presente juicio.
Tal planteamiento es infundado.
Ello, debido a que este Tribunal Colegiado estima que no puede exigirse a la parte quejosa agotar el medio de defensa ordinario a que se alude, en razón que se actualiza una excepción al principio de definitividad como se pasa a demostrar.
El artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo dispone:
Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:
[...]
XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.
Se exceptúa de lo anterior:
a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales;
b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal;
c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento.
d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso.
Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;
[...]
En relación con dicha porción normativa, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 139/2013, en sesión de 3 de julio de 2013, sostuvo el punto de vista que se actualiza otra excepción al principio de definitividad en aquellos casos en los que esté involucrado un menor de edad cuando, de acuerdo con la legislación aplicable al caso, el recurso ordinario que deba agotarse no admita suspensión y cualquiera de las partes alegue un riesgo para el menor en caso de ejecutarse la resolución impugnada.
De esa contradicción de tesis surgió la jurisprudencia 1a./J. 77/2013 (10a.), cuyo rubro y texto establecen:
DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO. En términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y, particularmente, otorgar una protección especial a los derechos de la infancia por las circunstancias de vulnerabilidad en que se hallan. Por lo anterior, y en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la propia Constitución y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se sigue que se actualiza una excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto en aquellos casos en los que esté involucrado un menor de edad, cuando, de acuerdo con la legislación aplicable al caso, el recurso ordinario que deba agotarse no admita suspensión y cualquiera de las partes alegue un riesgo para el menor en caso de ejecutarse la resolución impugnada, pues en ese supuesto el recurso es inadecuado o ineficaz para alejarlo de la situación de vulnerabilidad en que pueda encontrarse. Lo anterior es así, pues el principio de definitividad supone la existencia de recursos idóneos, efectivos, oportunos y aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes cometidas en el acto o resolución impugnada”.(7)
La jurisprudencia antes transcrita es aplicable aún y cuando se refiere a la anterior Ley de Amparo; pues no se oponen a la ley de la materia en vigor, de conformidad con lo dispuesto a su Artículo Sexto Transitorio.
En ese sentido, en el supuesto de que los derechos de un menor de edad se encuentren involucrados en un litigio, no existirá la obligación de agotar el recurso que conceda la ley ordinaria contra la resolución de un tribunal judicial, cuando se reúnan los requisitos siguientes:
• El recurso que proceda no admita suspensión y, por ende, sea inadecuado e ineficaz para alejar al niño o la niña de una situación de vulnerabilidad en la que se encuentre.
• Cualquiera de las partes alegue un riesgo para el menor de edad, en caso de ejecutarse la resolución impugnada.
Bajo ese contexto es importante reiterar que, por regla general, el recurso que procede contra un auto que versa sobre los regímenes de convivencia con un menor de edad a favor de uno de sus progenitores es el de apelación, de acuerdo con el artículo 687, fracción III, inciso i), del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima.
En esa línea, el párrafo segundo del artículo 700 del código adjetivo civil estatal, dispone que cuando la ejecución de autos pueda causar un daño irreparable o de difícil reparación, el recurso se podrá admitir en el efecto suspensivo, siempre y cuando:
1) El apelante lo solicite al interponer éste.
2) Señale los motivos por los que considera que el daño que la ejecución pudiera causarle es irreparable o de difícil reparación.
3) Lo justifique por medio de documento o dictamen de un perito registrado.
4) En caso de que el Juez resuelva que efectivamente existe peligro de causar daño irreparable o de difícil reparación; señalará el monto de la caución que el apelante deberá exhibir dentro del término de seis días para que surta efectos la suspensión.
El análisis del numeral 700 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, conduce a la conclusión de que en el recurso ordinario se sujeta la procedencia de la suspensión del acto reclamado a mayores requisitos que los previstos por la Ley de Amparo.
De manera que se sujeta la procedencia de la suspensión del acto reclamado, a mayores requisitos que los previstos por la Ley de Amparo.
Esta circunstancia provoca que el recurso sea inadecuado e ineficaz, pues la sujeción de la medida cautelar a requisitos adicionales impide alejar al niño o a la niña de una situación de vulnerabilidad en la que se encuentre, con la eficacia que lo hace el juicio de amparo. Por lo que, si en el caso se imponen mayores deberes procesales a la parte quejosa para gozar de la medida cautelar, queda claro que el recurso pierde eficacia y, por ende, se justifica extender a ese límite la excepción al principio de definitividad de lo que se ocupa la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la indicada 1a./J. 77/2013 (10a.), de rubro: DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO.
Por ende, se cumple con el primer requisito para que se actualice una excepción al principio de definitividad, pues en la ley adjetiva civil estatal se condiciona la suspensión de la ejecución del acto reclamado al cumplimiento de mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo, provocando que el recurso previsto en la ley ordinaria no sea adecuado y eficaz para alejar al niño o la niña de una posible situación de vulnerabilidad en la que se encuentre.
Consecuentemente, si en el caso se imponen mayores deberes procesales al quejoso para gozar de la medida cautelar, queda claro que el recurso pierde eficacia y, por ende, se justifica extender a ese límite la excepción al principio de definitividad de lo que se ocupa la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Las anteriores consideraciones encuentran sustento en el criterio XXXII.5 C (10a.), emitido por este Órgano Colegiado, cuyo rubro y texto son los siguientes:
DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. EL ARTÍCULO 700, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE COLIMA, QUE SUJETA LA PROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO A MAYORES REQUISITOS QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, ACTUALIZA LA EXCEPCIÓN A ESE PRINCIPIO, ESTABLECIDO EN LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 77/2013 (10a.). En la jurisprudencia 1a./J. 77/2013 (10a.), la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que se actualiza otra excepción al principio de definitividad distinta a las señaladas en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en los casos en los que esté involucrado un menor de edad, el recurso ordinario no admita la suspensión del acto y cualquiera de las partes alegue un riesgo para el menor en caso de ejecutarse la resolución impugnada. En esos supuestos, no existirá la obligación de agotar el recurso que conceda la ley ordinaria contra la resolución de un tribunal judicial, cuando se reúnan los siguientes requisitos: a) el recurso que proceda no admita suspensión y, por ende, sea inadecuado e ineficaz para alejar al niño o a la niña de una situación de vulnerabilidad en la que se encuentre; y, b) cualquiera de las partes alegue un riesgo para el menor de edad, en caso de ejecutarse la resolución impugnada. Ahora bien, el párrafo segundo del artículo 700 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima dispone que cuando la ejecución de autos pueda causar un daño irreparable o de difícil reparación, el recurso de apelación podrá admitirse en el efecto suspensivo, siempre y cuando: 1) El apelante lo solicite al interponer éste; 2) Señale los motivos por los que considera que el daño que la ejecución pudiera causarle es irreparable o de difícil reparación; 3) Lo justifique por medio de documento o dictamen de un perito registrado; y, 4) En caso de que el Juez resuelva que efectivamente existe peligro de causar daño irreparable o de difícil reparación, señalará el monto de la caución que el apelante deberá exhibir dentro del término de seis días para que surta efectos la suspensión. De manera que la legislación local sujeta la procedencia de la suspensión del acto reclamado a mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo, pues exige la justificación de la irreparabilidad del daño mediante documento o dictamen de un perito registrado, provocando así que el recurso previsto en la ley ordinaria no sea adecuado y eficaz para alejar al niño o a la niña de una posible situación de vulnerabilidad en la que se encuentre. Por ende, se cumple con el primer requisito para que se actualice la excepción al principio de definitividad señalada por el Alto Tribunal, restando únicamente verificar, en cada caso, la satisfacción del segundo elemento necesario para eximir al quejoso de agotar el recurso de apelación que se comenta.(8)
En lo que respecta al segundo requisito, cabe destacar que, en su demanda de amparo, la parte quejosa refirió que de forma indebida y excesiva la autoridad responsable concedió al aquí recurrente la convivencia con sus hijas lactantes.
Entonces, si la madre quejosa expuso que es un riesgo para las lactantes dicha convivencia, es claro que alegó un riesgo para las mismas y, por tanto, su deseo de que no se ejecute el acto reclamado.
De ahí, es claro que los requisitos antes referidos se actualizan en el caso en concreto.
Cabe destacar que el criterio sostenido en esta ejecutoria y que se basa fundamentalmente en la jurisprudencia 1a./J. 77/2013 (10a.),(9) no riñe con la diversa jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.),(10) en razón de que la excepción al principio de definitividad en estudio, se surte no solo por la irreparabilidad del acto reclamado sino porque además el medio ordinario de defensa que la ley ordinaria prevé en su contra no admite la suspensión y, por ende, es inadecuado e ineficaz para alejar al niño o la niña de una situación de vulnerabilidad en la que se encuentra según lo manifiesta la parte quejosa, aquí recurrente.
En esa línea argumentativa, al no actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, como se adelantó, resulta infundado el motivo de disenso en análisis.
En similares términos se resolvió el recurso de queja 329/2022, en sesión de 2 de febrero de 2022, del índice de este órgano de control constitucional.
En su segundo agravio, el recurrente aduce que le causa un agravio que el Juez de Distrito haya emitido la resolución que se reclama con base en estereotipos de género, asumiendo de antemano que sus menores lactantes no estarían debidamente cuidadas cuando se encontraran bajo su responsabilidad, siendo que, por su condición de progenitor, goza de las mismas prerrogativas y, asimismo, tiene las mismas obligaciones que la madre de las niñas; aspectos que, hasta este momento, se han cumplido a cabalidad por parte del aquí tercero interesado respecto de las niñas mencionadas, quienes han estado conviviendo con su padre todo este tiempo, a partir de la emisión del acuerdo reclamado, en condiciones adecuadas para ellas.
Adicionalmente, asevera, en este momento, las menores ya rebasan los 10 meses de edad, y su alimentación no se realiza exclusivamente con leche materna; de ahí que, no exista inconveniente alguno para que sea su progenitor quien cuide de ellas en los días y horarios fijados por el juzgador responsable, como hasta ahora ha acontecido con normalidad.
Dicho planteamiento resulta infundado.
Lo que se afirma en ese sentido, pues de una simple lectura a la sentencia objeto de revisión, se advierte que el Juez Federal determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en virtud de que la autoridad responsable no fundó ni motivó el acuerdo reclamado, tal como se evidencia de la siguiente transcripción:
(...)
Los motivos de disenso se consideran fundados, suplidos en su deficiencia, en atención a lo que establece la fracción II del artículo 79 de la ley, por tratarse de un asunto en el que se encuentran involucradas dos menores de edad y se pudiera afectar el orden y desarrollo de su núcleo familiar.
Lo anterior, pues del análisis de la resolución reclamada se observa que si bien, la autoridad responsable decretó la convivencia provisional de plano, refiriendo que la relación del actor no constituye un riesgo inminente que ponga en peligro la integridad física, psicológica y emocional de las niñas, lo cierto es que no consideró la edad de las menores de edad, los cuidados y atenciones que requieren, así como tampoco la poca convivencia e integración que tienen con el progenitor.
Por ende, resultaba necesario establecer medidas para el desarrollo de la convivencia de las menores de edad con su progenitor, o en caso de considerarlo necesario, fijar la convivencia asistida para que en todo momento se privilegiara el derecho de salud de las menores de edad que se encuentran en edad lactante, pero sin soslayar su derecho de convivencia.
En esa tesitura, resulta conveniente destacar que del análisis de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se reconocen, entre otras, las garantías de legalidad y seguridad jurídica. De ellas deriva la obligación que tienen todas las autoridades de fundar y motivar sus determinaciones.
(...)
En el caso concreto, se considera que la resolución reclamada adolece de esos requisitos constitucionales, debido a como lo aduce la quejosa, la autoridad responsable omitió fijar las medidas o protocolos que debían ser aplicados en el desarrollo de las convivencias de las menores con el progenitor, pasó por alto la edad de las menores y las necesidades físicas que deben ser atendidas para su sano desarrollo.
Tampoco consideró la posibilidad de que las convivencias se desarrollen de manera asistida para asegurar la satisfacción de las necesidades de las menores, fundando y motivando en todo momento su determinación o en su caso, recabando información sobre la viabilidad del desarrollo de las convivencias de esa manera, así como del entorno habitual de las menores y el grado de vinculación afectiva, física y emocional con su padre.
Por ende, resultaba necesario haber especificado dichas circunstancias atendiendo al interés superior de las menores, siendo insuficientes las razones expuestas por la responsable para decretar las convivencias aludidas.
(...)
Aunado a que no se hace referencia alguna respecto de respetar las activi
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33134-a1d786cf/excepcion-al-principio-de-definitividad-en-amparo-indirecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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