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Modo: Corpus Pro

DEFINITIVIDAD, PRINCIPIO DE. DEBE DEJARSE DE APLICAR EN ASUNTOS DE MENORES DE EDAD, A FIN DE RESOLVER SIEMPRE EL FONDO, EN ACATAMIENTO A LA NORMATIVA CONSTITUCIONAL E INTERNACIONAL APLICABLES, EN ORDEN CON EL PRINCIPIO DE CONVENCIONALIDAD.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 89/2012. · Registro digital (IUS): 23865
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4, Pág. 2419.

AMPARO EN REVISIÓN 89/2012. 15 DE AGOSTO DE 2012. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: VIRGILIO A. SOLORIO CAMPOS. PONENTE: NOÉ ADONAI MARTÍNEZ BERMAN. SECRETARIO: JUAN CARLOS GUERRA ÁLVAREZ.

CONSIDERANDO:

CUARTO. Antes de analizar los agravios, con fundamento en el artículo 73, último párrafo, de la Ley de Amparo, que establece que las causales de improcedencia deben estudiarse de oficio, resulta necesario exponer las siguientes consideraciones:

El acto reclamado, en el amparo, por la menor quejosa **********, por conducto de **********, lo constituye el auto de trece de abril de dos mil once, emitido en el juicio de convivencia familiar ********** del índice del Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, México, que promovió el tercero perjudicado **********; en el cual se señalan las diez horas del seis de mayo de dos mil once para que se practique examen pericial en la persona de la citada menor, ello según las constancias de los autos, en orden con la integración de la prueba pericial psicológica que ofreció la propia demandada en ese procedimiento, y ahora quejosa y recurrente, particularmente para que la perito tercero en discordia esté en posibilidad de rendir su dictamen pericial psicológico.

El auto de trece de abril de dos mil once, es del tenor siguiente:

"Naucalpan de Juárez, México, trece de abril del año dos mil once. Por presentada a la licenciada **********, en su carácter de perito oficial en materia de psicología, con su escrito de cuenta. Visto su contenido, con fundamento en el artículo 1.309 del Código de Procedimientos Civiles, téngase por aceptado y protestado el cargo de perito que le fue conferido en términos del proveído de seis de abril del año en curso; asimismo, como se solicita mediante notificación personal cítese a las partes para que se presenten junto con su menor hija a las diez horas del seis de mayo del año en curso, en las instalaciones de este juzgado a efecto de llevar a cabo la práctica de la diligencia respectiva; con el apercibimiento que en caso de no comparecer, se les aplicará en su contra una multa de hasta cien días de salario mínimo general vigente en esta zona económica, por desacato a un mandato judicial. Por otro lado, atendiendo a que la perito no se manifestó respecto a la parte in fine de dicho proveído, gírese atento oficio al jefe de Departamento de Peritos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, a fin de que se le requiera a la misma, informe a este juzgado a la brevedad posible, quien incluso en auxilio de este órgano jurisdiccional si lo cree conveniente adicione algún otro cuestionamiento necesario, con el sólo fin de conocer la verdad de los hechos, y si lo estima pertinente la diligencia sea videograbada. Notifíquese.". (Foja cuatrocientos seis del sumario del juicio de amparo **********).

Asimismo, de las constancias del propio juicio de garantías se advierte en lo esencial que en el procedimiento del que deriva el acto reclamado ********** demandó de ********** un régimen de visitas y convivencia respecto de la **********.

En la contestación de demanda ********** negó la procedencia de lo reclamado y alegó que el progenitor y actor ha realizado **********, por lo que rechazó terminantemente la procedencia de la acción de convivencia.

Ahora bien, del referido procedimiento de controversia del orden familiar sobre régimen de visitas y convivencias **********, surge el acto reclamado en el amparo, en el entendido de que la citada menor de edad actualmente cuenta con la **********, pues nació el **********, según se aprecia del acta respectiva que en copia certificada obra en la foja setenta y seis del sumario constitucional, además de que los hechos que la madre de la menor imputa al padre son ubicados como efectuados en el mes de diciembre de dos mil nueve, esto es, cuando la infante tenía **********.

Sentados estos precedentes que informan la naturaleza del acto reclamado en el amparo, de las constancias se advierte que el referido auto de trece de abril de dos mil once, que es precisamente el acto reclamado en el amparo, no fue recurrido mediante el recurso de revocación que prevé el artículo 1.362 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de México, en forma previa al ejercicio de la acción de amparo, en términos del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, en cuanto ahí se establece que cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan.

Al respecto, de la sentencia recurrida se advierte que el Juez Federal nada expuso en relación con este tema, ya que desestimó las diversas causales de improcedencia hechas valer en el juicio constitucional, previstas en el artículo 73, fracciones V y XI, de la Ley de Amparo, empero nada dijo en relación con la falta de interposición de dicho recurso.

No obstante, en el caso tal inobservancia no conduce al sobreseimiento en el juicio de garantías, en atención a que por las consideraciones lógico-jurídicas que a continuación se anotarán, este Tribunal Colegiado concluye en que debe dejarse de exigir a la menor quejosa la observancia de la carga procesal referida, a efecto de que puedan ser analizados en cuanto al fondo sus derechos constitucionales controvertidos, según se desprende de la normatividad tanto constitucional como de los tratados e instrumentos internacionales a que enseguida se hará mención.

Ahora bien, el principio de definitividad en el amparo indirecto, se encuentra previsto en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, en cuanto ahí se indica que cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan.

Tal principio de definitividad del amparo, descansa en la circunstancia consistente en que el juicio de garantías, constituye un medio extraordinario para invalidar los actos que conculquen derechos constitucionales y garantías individuales, y así obliga al quejoso a agotar previamente a la interposición del juicio constitucional, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, para luego, en su caso, promover el amparo en contra de la resolución adversa que se dicte en el recurso.

Ahora bien, el actual artículo 1o. constitucional, indica que en los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución indica.

En el segundo párrafo de este numeral, se establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

En el tercer párrafo, se menciona que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en consecuencia, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley.

De lo anterior, se advierte que con motivo de la reforma de derechos humanos de diez de junio de dos mil once, se creó un bloque de constitucionalidad en relación con la protección de estos derechos, dado que el artículo 1o. constitucional indica que en los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución, pero además en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, en el entendido de que todas las normas relativas a los derechos humanos, se interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia; esto es, que por mandato de la propia norma constitucional en materia de derechos humanos la normatividad se conforma tanto con los derechos de esta naturaleza reconocidos por la Constitución como por los contenidos en los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, y tales preceptos que reconocen los derechos humanos, deben ser interpretados mediante un análisis conforme con la propia Constitución y con esos tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia a tales derechos, lo cual excluye la interpretación restringida, obstaculizadora e impeditiva de su estudio, sino al contrario, se debe efectuar mediante la óptica jurídica de análisis interpretativo pro-persona, con base en el cual debe obtenerse el significado de las normas constitucionales y de los tratados internacionales que sea más favorable a las personas, en cuanto se logre la protección más amplia posible de sus derechos humanos.

En el caso, se discuten los derechos de la menor quejosa **********, toda vez que, como ya se vio, el acto reclamado está constituido por el auto de trece de abril de dos mil once, emitido en el juicio de convivencia **********, del índice del juzgado responsable, en el cual se determinó que se presenten las partes junto con la menor el día y hora que ahí se señala, en las instalaciones del juzgado, a efecto de llevar a cabo la diligencia pericial en materia de psicología por parte de la perito oficial; ello en un asunto en el que la madre de la menor, en esencia, se opone a la pretensión de convivencia gestionada por el **********, bajo el argumento de que éste ha efectuado los ya señalados actos considerados por la madre como ********** en la persona de la niña, particularmente por **********, esto en diciembre de dos mil nueve, o sea, cuando la menor contaba con **********.

Lo anterior conduce a que en términos de lo que dispone el artículo 1o. constitucional en los aspectos ya indicados, como el amparo es promovido por la menor y se encuentran discutidos sus derechos, que tienen la calidad de humanos y, por ende, del rango constitucional, de conformidad con el aludido precepto de la Norma Fundamental, toda vez que el acto reclamado determina que se practiquen exámenes psicológicos en la persona de la menor quejosa, lo cual sin duda incide jurídica y fácticamente en su propia entidad como ser humano sujeto de derechos correlativos, entonces, es obligado para este Tribunal Colegiado atender al interés superior de la misma, establecido en favor de las niñas y niños en la Convención sobre los Derechos del Niño; así como a lo dispuesto por el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, y su jurisprudencia relativa, ello para que se deje de aplicar el principio de definitividad en el amparo, y así sean analizados de fondo los derechos controvertidos de la citada menor, en el juicio constitucional.

Conviene señalar, para justificar lo antes expuesto, que el derecho de familia es un conjunto de normas jurídicas dirigidas a regir la conducta de los miembros del grupo familiar entre sí, creando las relaciones conyugales y consanguíneas, constituidas por un sistema de derechos y obligaciones, poderes, facultades y deberes entre consortes y parientes.

Esas facultades y deberes de carácter asistencial que nacen entre los parientes colaterales (hermanos, tíos, sobrinos, etcétera), tienen hacia los ascendientes y descendientes un aspecto de potestades y sujeciones establecidas para la protección de los hijos.

Por ello, el derecho de familia se ocupa, entre otros aspectos, de la protección de los menores a través del ejercicio de la patria potestad, la que es considerada como una institución protectora de la persona y bienes de los hijos menores de edad no emancipados y que nace de la filiación, siendo aspectos relevantes que derivan de la patria potestad, tanto la guarda y custodia de los menores, como la convivencia familiar en el caso de que los progenitores se encuentren separados.

Ahora bien, es pertinente precisar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que rige el sistema jurídico de nuestro país desde mil novecientos diecisiete, establece diversas garantías de orden personal y social a favor de los menores, precisamente en su artículo 4o., lo que hace en los términos siguientes:

"Artículo 4o. ... Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que se coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez."

También es pertinente dejar asentado que nuestro país es parte firmante de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada en Nueva York, Estados Unidos de América, en mil novecientos ochenta y nueve, en vigor desde el dos de septiembre de mil novecientos noventa, y ratificada por el Estado Mexicano el veintiuno de septiembre de ese mismo año.

La declaración de principios contenida en el preámbulo de este instrumento de derecho internacional, resalta como puntos esenciales, los siguientes:

a) La igualdad de derechos para todos los miembros de la familia humana; la dignidad y el valor de la persona humana;

b) La promoción del progreso y elevación de los niveles de vida dentro de un marco de libertad; el derecho de la infancia a tener cuidados y asistencia especiales por su falta de madurez tanto física como mental; la protección de la familia, como grupo en el cual la niñez crece y se desarrolla;

c) El reconocimiento de la persona humana en su niñez; su necesidad de crecer en un ambiente familiar de felicidad, amor y comprensión para lograr un desarrollo pleno y armonioso;

d) La preparación de la niñez para una vida independiente con "espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad";

e) La toma de conciencia de las condiciones especialmente difíciles en las que viven muchos niños y niñas en el mundo; y,

f) La importancia de las tradiciones.

Con base en esa declaración de principios, en primer lugar, en el artículo 1 de la citada convención, se establece el concepto de niño, y al efecto se apunta que por tal debe entenderse todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.

Luego, de los artículos 2 al 41 de la citada convención, se enuncian, entre otros, los derechos para la niñez que a continuación se enumeran:

1. El derecho a la vida y a un sano desarrollo psicofísico, y al respecto el artículo 6 dispone que los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida y además garantizarán en la máxima medida posible su supervivencia y desarrollo.

2. El derecho a la identidad, que incluye el derecho al nombre, a la nacionalidad y en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos, tal como lo establece el artículo 7 de la convención.

3. El derecho a que en todas las medidas concernientes a los menores que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, se considerará de forma primordial atender al interés superior del niño, ello tal y como lo dispone el artículo 3 del citado instrumento internacional.

4. El derecho a dar su opinión y que ésta sea tomada en cuenta en todos los asuntos que les afecten, incluyendo los de carácter judicial y administrativo, y que con ese fin se dará al niño oportunidad de ser escuchado en tales procedimientos, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional (artículo 12 de la convención).

5. Asimismo, se establece que el niño tiene derecho a la libertad de expresión, la que incluye la libertad de buscar, recibir, difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o por cualquier otro medio elegido por el niño. Se velará además para que el niño tenga acceso a información y material procedentes de diversas fuentes nacionales e internacionales, en especial la información y el material que tengan por finalidad promover su bienestar social, espiritual, moral, así como su salud física y mental (artículos 13 y 17 de la convención).

6. El derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, según lo dispone el artículo 14.

7. Derecho a la libertad de asociación y de celebrar reuniones pacíficas (artículo 15).

8. Derecho a la protección de su vida privada, familia, domicilio, correspondencia y de ataques ilegales a su honra y reputación (artículo 16).

9. El derecho a vivir en familia, que incluye la incorporación plena a una nueva familia a través de la adopción, en el entendido de que para ello, siempre se cuidará su interés superior (artículo 21 de la convención).

10. El derecho a ser protegido contra peligros físicos o mentales, contra el descuido, el abuso sexual, la explotación, el uso de drogas y enervantes o el secuestro y la trata (artículos 19, 32, 33, 34 de la convención).

11. El derecho a que se le proporcionen los cuidados alternativos adecuados en caso de desamparo familiar (artículo 20 de la convención).

12. El derecho a una educación, trato y cuidados especiales en caso de impedimento psicofísico (artículo 23 de la convención).

13. El derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud (artículo 24 de la convención).

14. El derecho a la enseñanza primaria y a una educación que respete su dignidad y los prepare para la vida en un espíritu de comprensión, paz y tolerancia (artículo 28 de la convención).

15. El derecho a pertenecer a minorías, al descanso, al juego y a las actividades culturales y artísticas (artículos 30 y 31 de la convención).

16. El derecho a ser protegidos en contra del uso de drogas (artículo 33 de la convención).

17. Derecho a asistencia humanitaria en caso de que el menor sea refugiado, así como a que se le incorpore a su familia (artículo 22 de la convención).

18. Derecho a la seguridad social (artículo 26 del citado instrumento).

19. Derecho a contar con un nivel de vida adecuado, así como a ser alimentado (artículos 27 y 28 de la convención).

20. Protección en contra de tortura, pena capital, hostilidades y proveerles de las medidas necesarias para su recuperación psicológica y física en caso de haber sido víctimas de cualquier forma de abandono, explotación, abuso, tortura, penas crueles o conflictos armados (artículo 39 de la convención).

Ahora bien, de la Convención sobre los Derechos del Niño, cabe destacar lo prescrito en los dispositivos 3, 9, 12, 19, 20, 21 y 27, los que en forma preponderante constriñen a los tribunales judiciales a velar por el interés superior del niño, lo que deben hacer en los siguientes términos:

"Artículo 3.1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. 3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.". "Artículo 9.1. Los Estados Partes velarán porque el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño. 2. En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo, se ofrecerá a todas las partes interesadas la oportunidad de participar en él y de dar a conocer sus opiniones. 3. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño. 4. Cuando esa separación sea resultado de una medida adoptada por un Estado Parte, como la detención, el encarcelamiento, el exilio, la deportación o la muerte (incluido el fallecimiento debido a cualquier causa mientras la persona esté bajo la custodia del Estado) de uno de los padres del niño, o de ambos, o del niño, el Estado Parte proporcionará, cuando se le pida, a los padres, al niño o, si procede, a otro familiar, información básica acerca del paradero del familiar o familiares ausentes, a no ser que ello resultase perjudicial para el bienestar del niño. Los Estados Partes se cerciorarán, además, de que la presentación de tal petición no entrañe por sí misma consecuencias desfavorables para la persona o personas interesadas.". "Artículo 12. 1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño. 2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional.". "Artículo 19. 1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. 2. Esas medidas de protección deberán comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial.". "Artículo 20. 1. Los niños temporal o permanente privados de su medio familiar, o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado. 2. Los Estados Partes garantizarán, de conformidad con sus leyes nacionales, otro tipo de cuidado para esos niños. 3. Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación en hogares de guarda, la kafala del derecho islámico, la adopción o de ser necesario, la colocación en instituciones adecuadas de protección de menores. Al considerar las soluciones, se prestará particular "atención a la conveniencia de que haya continuidad en la educación del niño y a su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico.". "Artículo 21. Los Estados Partes que reconocen o permiten el sistema de adopción cuidarán de que el interés superior del niño sea la consideración primordial.". "Artículo 27.1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. 2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño. ..."

Como efecto inmediato de esa convención internacional, aparece en el sistema jurídico mexicano el concepto "interés superior de la niñez", el cual implica que en todo momento las políticas, acciones y toma de decisiones relacionadas con esta etapa de la vida humana, tendrán que realizarse de modo tal que, en primer término, se busque el beneficio directo del niño o niña a quien van dirigidas.

Cabe aquí apuntar que la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, indica en su artículo 19, denominado "Derechos del Niño", que todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado, y en ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha establecido en orden con el concepto de interés superior del niño, que el mismo se funda "en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de los niños, y en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades" (Caso Bulacio vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de septiembre de 2003. Serie C No. 100).

En orden con ello, se indica que la expresión "interés superior del niño", a que se refiere el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño.

En el mismo sentido, conviene observar que para asegurar, en la mayor medida posible, la prevalencia del interés superior del niño, en el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño se establece que éste requiere "cuidados especiales", y en el artículo 19 de la Convención Americana se señala que debe recibir "medidas especiales de protección".

En ambos casos, dichos instrumentos destacan que la necesidad de adoptar esas medidas o cuidados proviene de la situación específica en la que se encuentran los niños, tomando en cuenta su debilidad, inmadurez o inexperiencia.

En conclusión, cuando se trata de pronunciarse respecto de derechos de menores, es preciso ponderar no sólo el requerimiento de medidas especiales, sino también las características particulares de la situación en la que se halle el propio infante (Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-17/02 del 28 de agosto de 2002. Serie A No. 17).

Lo anterior, así se refiere en la obra intitulada Jurisprudencia Interamericana sobre Derechos Humanos. Criterios Esenciales, del autor Fernando Silva García, Juez Federal de México, que obra en el disco compacto editado por el Consejo de la Judicatura Federal, México 2011.

Esto es, en atención al concepto jurídico internacional de interés superior del niño, éste implica que el ejercicio pleno de sus derechos, deben ser ponderados necesariamente como criterios torales y fundamentales para la aplicación de las normas jurídicas en todos los órdenes relativos a la vida del niño, entre los que sin duda se incluye a los juicios en los que sean parte o se discutan sus derechos, sin importar la instancia de los mismos.

De esta manera, las instituciones familiares heredadas desde el derecho romano sufren una transformación acercándose más hacia la niñez y en cierto modo, alejándose de los intereses de los adultos.

La patria potestad es un ejemplo muy claro de estas transformaciones; antiguamente, implicaba el derecho de vida o muerte que el "pater" tenía sobre las personas sujetas a él; visión que, poco a poco, fue cambiando para dirigir su foco de atención hacia la niñez, al establecer no sólo derechos para quien ejerce la patria potestad, sino también deberes, pues los primeros sólo existen en función de estos últimos y para facilitar su cumplimiento. Así, aquélla se convirtió de un poder, en una verdadera función social.

En este panorama, la aparición del concepto interés superior de la niñez supedita, con mayor claridad, los derechos que las personas adultas pudieran tener sobre un niño o niña, al deber de atenderlos y cuidarlos, buscando siempre el mayor beneficio posible para ellos, como un imperativo de la comunidad hacia las personas que ejercen la patria potestad; con ello, la función social es ahora explícitamente de orden público e interés social.

Ahora bien, por disposición expresa del artículo 133 constitucional, los tribunales judiciales, al resolver sobre controversias que incidan sobre los derechos de los menores, tienen la obligación de atender a estas disposiciones, pues el citado precepto establece:

"Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que e

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23865-a7a27bb8/definitividad-principio-de-debe-dejarse-de-aplicar-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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