MENOR DE EDAD. ES IMPROCEDENTE EL SOBRESEIMIENTO DECRETADO EN EL JUICIO DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE LA FALTA DE REPRESENTACIÓN DE AQUÉL EN SU CARÁCTER DE QUEJOSO, AL TRATARSE DE UN ASUNTO DONDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA OPERA EN TODA SU AMPLITUD.
AMPARO EN REVISIÓN 234/2014. 30 DE OCTUBRE DE 2014. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE Y PONENTE: ISIDRO PEDRO ALCÁNTARA VALDÉS. SECRETARIA: ANDREA MARTÍNEZ GARCÍA.
CONSIDERANDO:
QUINTO. Suplidos en su deficiencia, según ordena el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, resultan fundados los agravios vertidos por ********** y **********, al estar de por medio la esfera jurídica de una menor de edad.
Apoya lo antes expuesto la jurisprudencia 1a./J. 191/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son:
"Novena Época
"Registro digital: 175053
"Instancia: Primera Sala
"Jurisprudencia
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo XXIII, mayo de 2006
"Materia(s): Civil
"Tesis: 1a./J. 191/2005
"Página: 167
"MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quién o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz."
Ahora bien, para una comprensión adecuada de esta ejecutoria, cabe destacar que el acto reclamado se hizo consistir en el acuerdo pronunciado el veinticinco de junio de dos mil ocho, por la Juez Segundo de Primera Instancia de Veracruz, Veracruz, mediante el cual se aprobó el convenio celebrado entre ********** y **********; relativo a la disolución de su vínculo matrimonial, así como a la guarda, custodia, patria potestad, convivencia y pensión alimenticia en favor de su menor hija (ahora quejosa y recurrente).
En tal virtud, con fundamento en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito resolvió sobreseer en el juicio de garantías, por estimar que la demanda se presentó extemporáneamente; considerando, para ello, que dicho acuerdo de voluntades fue notificado a las partes mediante lista de acuerdos publicada el veinticinco de junio de dos mil ocho, y que la quejosa fue representada en el juicio ordinario de donde emanó.
Igualmente, estimó actualizada la diversa causa de improcedencia contemplada en la fracción XVIII del citado precepto legal, bajo la premisa de que la quejosa cuenta con una acción autónoma para exigir el pago de los alimentos que implica una mayor celeridad, así como la fijación de una pensión alimenticia provisional como medida de urgencia, en la que el Juez que conozca del asunto deberá tomar en consideración la variación que hubiere existido del momento en que se fijó originalmente. Argumentando que, en el caso, no se actualiza una excepción al principio de definitividad, porque dicha acción implica necesariamente la suspensión del acto reclamado.
Así las cosas, la calificativa dada a los agravios deriva de que en los juicios de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como tercero extraño equiparado, la materia de fondo a dilucidar en dicho procedimiento es, precisamente, el conocimiento o desconocimiento que tuvo el quejoso del acto reclamado.
En consecuencia, las reglas del juicio de amparo en estos casos varían respecto a la temporalidad de la presentación en la demanda, pues al constituir una petición de principio, no deben tomarse en cuenta los aspectos formales del conocimiento del acto reclamado como requisitos de procedencia, sino como la materia a dilucidar en el amparo. De ahí que no pueda decretarse a priori, sin otorgar la garantía de audiencia, que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado, cuando precisamente la materia del fondo del asunto es ésa.
En tales condiciones, si el fondo del asunto es lo tocante a la falta de representación de la menor quejosa, no puede tenerse como fecha para el cómputo del amparo, aquel día en que la representación tachada de indebida tuvo conocimiento, porque como ello también constituye una petición de principio, es la materia de fondo.
Bajo esa tesitura, se estima que, sobreseer en el juicio bajo el argumento de que la demanda de amparo es extemporánea, y dada la actualización de la diversa causa de improcedencia contemplada en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, coarta en definitiva el derecho de acceso a la justicia, pues no se le da la oportunidad a la impetrante del amparo de estudiar la cuestión planteada ante la potestad jurisdiccional. En ese sentido, no es necesario que exista agravio de la parte recurrente, pues se trata de un asunto donde la suplencia de la queja opera en toda su amplitud, conforme a la jurisprudencia transcrita en párrafos precedentes.
Apoyan lo antes expuesto, por sus alcances y contenido jurídico, los criterios sustentados por la Primera Sala y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son:
"Novena Época
"Registro digital: 178705
"Instancia: Primera Sala
"Jurisprudencia
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXI, abril de 2005
"Materia(s): Civil
"Tesis: 1a./J. 10/2005
"Página: 344
"JUICIO DE AMPARO. DILIGENCIA DE EMBARGO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. NO PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO CUANDO ÉSTA CONSTITUYE EL ACTO RECLAMADO. El Código de Comercio establece una serie de formalidades para el desahogo de la diligencia de embargo en un juicio ejecutivo mercantil como son: ésta debe ser conducida por el actuario, en cumplimiento de un auto dictado por el Juez, en el que se mande requerir de pago al deudor, a su representante o a la persona con la que se entienda la diligencia y, en caso de no efectuarlo, se le requiera para que señale bienes suficientes a fin de garantizar las prestaciones reclamadas y se emplace al demandado. La diligencia terminará con la designación por parte del ejecutante del depositario y con el levantamiento del acta respectiva. Por su parte, el artículo 1394 del mismo Código de Comercio establece que el emplazamiento al demandado debe hacerse con las formalidades que ordenan los códigos adjetivos locales. La diligencia de embargo en los juicios ejecutivos mercantiles debe observar las reglas establecidas en el Código de Comercio y en las leyes procesales locales, ya que de no cumplirse con estas formalidades, se deja en estado de indefensión a la parte demandada en esta clase de juicios. Por tales motivos, no puede tenerse como consentido el acto cuando se reclama la diligencia de embargo, ya que éste es precisamente el acto reclamado, pues no se está de acuerdo con la misma y no se puede tener la certeza de que a la persona o personas que se les practicó tuvieron conocimiento en fecha cierta de dicho acto, ya que si los quejosos alegan que la misma fue ilegal, es una cuestión que debe resolverse de fondo y el Juez en la audiencia constitucional debe allegarse de los medios de prueba ofrecidos para tal efecto. Sobreseer en el juicio con apoyo en la fracción XII, del artículo 73, de la ley de la materia por los motivos expuestos, va en contra de la técnica del juicio de amparo ya que dicha figura procesal impide el estudio del fondo del asunto. Cuando se cuestiona la validez de la diligencia de embargo en el juicio mercantil, esta circunstancia permite analizar el acta respectiva, lo que ya no trae como consecuencia sobreseer en el juicio de amparo, sino en su caso otorgarlo o negarlo, de lo contrario se dejaría en estado de indefensión a la quejosa al no poderse valorar las pruebas que ofreció para desvirtuar la legalidad del acta en el juicio de garantías, lo que resulta contrario a la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 constitucional."
"Novena Época
"Registro digital: 181395
"Instancia: Pleno
"Jurisprudencia
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIX, junio de 2004
"Materia(s): Constitucional
"Tesis: P./J. 36/2004
"Página: 865
"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que las causales de improcedencia propuestas en los juicios de amparo deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si en una acción de inconstitucionalidad se hace valer una causal que involucra una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse y, de no operar otro motivo de improcedencia estudiar los conceptos de invalidez."
"Novena Época
"Registro: 187973
"Instancia: Pleno
"Jurisprudencia
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XV, enero de 2002
"Materia(s): Común
"Tesis: P./J. 135/2001
"Página: 5
"IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse."
En consecuencia, al resultar fundados los agravios, procede revocar la resolución recurrida al estimar que el a quo infringió -en perjuicio de la inconforme- lo dispuesto por los artículos 74 y 75 de la Ley de Amparo; razón por la cual se impone analizar los conceptos de violación vertidos en la demanda de garantías, a fin de determinar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado.
SEXTO. Los conceptos de violación son del tenor literal siguiente:
"Primero. Se vulnera el derecho humano de audiencia atendiendo al interés superior del menor contenido en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada en Nueva York, Estados Unidos de América, en mil novecientos ochenta y nueve, y aprobada por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, el diecinueve de junio de mil novecientos noventa, disposición que establece el derecho de la niñez a dar su opinión y que ésta sea tomada en cuenta en todos los asuntos que le afecten, incluyendo los de carácter judicial y administrativo, tal como se corrobora con lo que prevé el artículo 12 de la misma, que refiere: (se transcribe).
"Precepto que por disposición expresa del artículo 133 constitucional, los tribunales judiciales, al resolver sobre controversias que incidan sobre los derechos de los menores, tienen la obligación de atender.
"Disposiciones que deben ser aplicadas en forma correlacionada con el numeral 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la necesaria protección del derecho de audiencia previo al acto privativo.
"Así las cosas, ante el evidente conflicto de intereses entre mis padres, el Juez responsable, atendiendo al interés superior del menor, debió tomar las medidas cautelares necesarias para no dejar en estado de indefensión a la suscrita, mediante una representación imparcial y efectiva de mis intereses.
"En efecto, el Juez responsable debió proveer que siendo la suscrita menor de edad y ante el conflicto de intereses existente entre los hoy terceros interesados, se me designara un representante especial que resguardara mis intereses, lo que en la especie no aconteció, ya que no se advierte que dicho representante hubiere expresado algo, o se hubiere, inclusive, firmado el convenio, en aras de proteger mis intereses.
"Tales omisiones implican una violación a mi derecho de audiencia, ya que al estar involucrados derechos de la suscrita menor, resultaba necesario que se me diera intervención y se me tomara en cuenta, oyendo mi parecer, lo que implica que se me debió dar el derecho de audiencia en dicho procedimiento, mediante un representante especial ajeno a mis padres, quienes tenían intereses contrarios.
"Así las cosas, para decidir una cuestión trascendental para la vida del menor, es necesario que la suscrita hubiere sido escuchada para que expresara mi libre opinión sobre el acuerdo al que llegaron mis padres.
"Tiene aplicación la tesis l.3o.C.75 C (10a.), de la Décima Época, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Tomo 3, marzo de 2013, página 2005, que se cita a continuación:
"‘GUARDA Y CUSTODIA. AUDIENCIA PREVIA AL MENOR PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO.’ (se transcribe texto).
"Por otra parte, no pasa inadvertido el contenido del artículo 500 del Código de Procedimiento Civiles para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el sentido de que tratándose del divorcio, en el cuidado de los hijos se buscará una justa proporción entre los padres siguiendo, hasta donde se estime oportuno, la elección de los hijos expresada en forma libre y para el caso en que éstos sean incapaces, el Juez elegirá los términos en los que deban quedar, cuidando siempre el interés social y familiar.
"Sirve de apoyo dicho numeral para proteger mi derecho de ser escuchada en el convenio de divorcio de mis padres, pues como se advierte de la diligencia, fui presentada por mi madre; sin embargo, en ningún momento fui cuestionada en relación con mi cuidado, pues es evidente que afectaron mi derecho a contar con una pensión alimenticia adecuada y, con ello, una vivienda, en consecuencia afectaron el interés superior del menor, contemplados en los artículos 1 a 5 y 7 a 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
"Sirve de apoyo la tesis aislada XVII.1 C (10a.), de la Décima Época, emitida por el Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XI, Tomo 2, agosto de 2012, página 1759, con el rubro y texto siguientes:
"‘DIVORCIO. AUNQUE LA ACCIÓN CON LA QUE SE PROMUEVE EL JUICIO RELATIVO ES UN DERECHO PERSONALÍSIMO DE QUIENES LO SOLICITAN, EL JUEZ DEBE LLAMAR A LOS MENORES DE EDAD QUE PUDIERAN RESULTAR AFECTADOS PARA QUE MANIFIESTEN LO QUE ESTIMEN CONVENIENTE, EN RESPETO Y GUARDA DEL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR EMANADO DE LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO.’ (ídem).
"Segundo. Se vulneran los derechos humanos del interés superior del menor contenido en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada en Nueva York, Estados Unidos de América, en mil novecientos ochenta y nueve, y aprobada por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, el diecinueve de junio de mil novecientos noventa, en correlación con las garantías de debido proceso legal, que consagran los artículos 4o., 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"Lo anterior se afirma en atención a que al proponer los terceros perjudicados y la autoridad responsable, aprobar el convenio de veintiséis de mayo de dos mil ocho, lo hicieron sin atender al interés superior de la suscrita menor de edad, ya que acordaron fijar los terceros interesados, una pensión de cincuenta pesos diarios, sin atender ni justificar cuáles eran mis necesidades y las posibilidades de mi padre para sufragar los gastos de mi subsistencia, y respecto a la habitación, sin atender que la mayor certidumbre para la suscrita, sería habitar un inmueble que pertenece en copropiedad a mis padres y que fue el lugar donde tuvimos la convivencia familiar, aspectos que a pesar de haberme dejado en desventaja, el Juez responsable decidió aprobar y elevar a categoría de cosa juzgada.
"Así las cosas, de acuerdo a lo que dispone el artículo 101 del Código Civil del Estado de Veracruz, los hijos en materia de alimentos, tendrán derecho preferente sobre los ingresos y bienes de quien tenga a su cargo el sostenimiento económico de la familia y podrán demandar el aseguramiento de los bienes para hacer efectivos estos derechos.
"Asimismo, el artículo 234 del citado código establece que los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos.
"Lo anterior en el entendido de que esa obligación es a medida de las posibilidades económicas que se tengan para darlos, aspecto no acreditado en el convenio, no pudiéndose aprobar uno como malamente lo hizo la Juez, a pesar de que no se hubiere acreditado si esa cantidad correspondía a lo que yo realmente necesito y la proporción de lo que en realidad mi padre puede darme.
"Además, resulta que en la cláusula octava del convenio aprobado por quienes ejercen la patria potestad, acordaron, sin preguntarme ni tomar en cuenta mi mayor beneficio, que mi padre se quedaría a vivir en el inmueble que siempre fue mi domicilio familiar y que además ambos progenitores adquirieron en copropiedad del **********, decidiendo que mi madre, quien tendría mi custodia y la suscrita viviríamos en un departamento que no es de ninguno de los dos, ni están pagando un crédito por dicho inmueble que habito, dejándome así en una posición desventajosa al no haber la Juez responsable, verificado y valorado, antes de aprobar el convenio y elevarlo a la categoría de cosa juzgada, si la suscrita y mi madre (dado que en ella recayó mi guarda y custodia) continuaran o no en el uso de la vivienda familiar, en correlación con la situación de mi padre, y la mayor o menor posibilidad de ser él quien tuviere que arrendar un lugar que le sirva de habitación, dando prioridad al derecho de la suscrita menor, invocando el interés superior.
"Tampoco justificó la Juez en el convenio que aprobó que hubieren existido razones excepcionales, debidamente probadas que justificaran en este aspecto concreto, optar por el derecho a la habitación del padre sobre el derecho de la suscrita; de ahí la violación alegada.
"Apoya las argumentaciones que aquí se vierten, la tesis aislada I.14o.C.4 C (10a.), Décima Época, emitida por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Tomo 3, enero de 2013, página 2041, que se cita:
"‘DIVORCIO. RAZONES QUE DEBEN TOMARSE EN CUENTA AL DECIDIR CUÁL DE LOS CÓNYUGES DEBERÁ CONTINUAR EN EL USO DE LA VIVIENDA FAMILIAR, CUANDO EL HIJO DE LAS PARTES ES MENOR DE EDAD.’ (ibídem).
"Es importante precisar que nuestro país es parte integrante de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada en Nueva York, Estados Unidos de América, en mil novecientos ochenta y nueve y aprobada por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, el diecinueve de junio de mil novecientos noventa, la cual establece el derecho de la niñez a dar su opinión, y que ésta sea tomada en cuenta en todos los asuntos que le afecten, incluyendo los de carácter judicial y administrativo, tal como se corrobora con lo que prevé el artículo 12 de la misma, que refiere: (se transcribe).
"Precepto que por disposición expresa del artículo 133 constitucional, los tribunales judiciales, al resolver sobre controversias que incidan sobre los derechos de los menores, tienen la obligación de atender.
"En efecto, el citado numeral constitucional establece: (ídem).
"De la transcripción anterior se desprende que constitucionalmente se reconoce en los tratados la fuente única del derecho internacional y, como consecuencia de lo anterior, el Constituyente Mexicano reconoce la incorporación de las normas contenidas en los tratados dentro del sistema jurídico y las hace vigentes cuando se cumpla con los requisitos que la misma establece.
"Por tanto, conforme lo prevé el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada en Nueva York, Estados Unidos de América, en mil novecientos ochenta y nueve, y aprobada por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, el diecinueve de junio de mil novecientos noventa, en todo procedimiento judicial debe oírse al menor, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional.
"De igual manera los artículos 1o. y 4o. de la Norma Suprema en la parte conducente establecen: (se transcriben parcialmente).
"Del último precepto constitucional en cita se desprende que en todas las decisiones y actuaciones del Estado, se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos.
"Además, el Estado queda obligado a cumplir con ese encargo constitucional, el cual se traduce en una prestación de hacer, esto es, proveer lo necesario para propiciar el ejercicio pleno de los derechos de la niñez, así como otorgar facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de tales derechos.
"En ese orden de ideas los ascendientes, tutores y custodios, así como los particulares, tienen el deber de preservar los derechos y de coadyuvar a su cumplimiento y se creó un sistema sui géneris de responsabilidad del Estado, asimismo, dicho artículo tiene una caracterización de derecho público subjetivo, tiene delimitados al Estado y niños, ya que el Estado busca satisfacer las necesidades de éstos.
"Ahora bien, atendiendo al interés superior del menor el sistema jurídico mexicano establece diversas prerrogativas de orden personal y social en favor de los menores, lo que se refleja tanto a nivel constitucional como en los tratados internacionales y en las leyes federales y locales, de donde deriva que el interés superior del menor implica que en todo momento las políticas, acciones y toma de decisiones vinculadas a esa etapa de la vida humana, se realicen de modo que, en primer término, se busque el beneficio directo del niño o niña a quien van dirigidos.
"Cabe señalar que los artículos 6o., 7o. y 8o. de la Ley de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Veracruz, disponen los principios rectores en la observancia, interpretación y aplicación de la ley y los derechos de los menores, precisando que se les debe atender con respeto a sus derechos en los procesos judiciales, así como velar por su protección y auxilio en cualquier circunstancia, preceptos de los que puede interpretarse que toda contienda judicial debe ser resuelta atendiendo, en primer lugar, al interés superior del niño, conforme lo dispone la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz.
"Precisado lo anterior, en el juicio de origen debió prevalecer ante todo el interés superior de la suscrita menor de edad.
"Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia I.5o.C. J/14, de la Novena Época, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, marzo de 2011, visible en la página 2187, de rubro y texto siguientes:
"‘INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR, ALCANCES DE ESTE PRINCIPIO.’ (ibíd).
"Por ello la determinación que se impugna resulta violatoria del principio de congruencia que debe regir el ejercicio jurisdiccional, pues el tribunal responsable no puede válidamente aprobar un convenio en el que no está garantizada la subsistencia debida en forma alguna, en la habitación, sin tomar en consideración aspectos indispensables como la circunstancia que el inmueble donde se acordó viviría mi padre y no la suscrita, siempre fue mi domicilio familiar y que, además, ambos progenitores adquirieron en copropiedad del **********, decidiendo que mi madre, quien tendría mi custodia y la suscrita viviríamos en un departamento que ni es de ninguno de los dos, ni están pagando un crédito por dicho inmueble que habito, dejándome así en una posición desventajosa al no haber la Juez responsable, antes de aprobar el convenio y elevarlo a la categoría de cosa juzgada, analizado detalladamente y valorado si la suscrita y mi madre (dado que en ella recayó mi guarda y custodia) continuarán o no en el uso de la vivienda familiar, en correlación con la situación del padre, y la mayor o menor posibilidad de ser él quien tuviere que arrendar un lugar que le sirva de habitación dando prioridad al derecho de la suscrita menor, invocando el interés superior, ni mucho menos el Juez justificó que hubieren existido razones excepcionales, debidamente probadas y que deban requerir una motivación reforzada, que justifique, en este aspecto concreto, optar por el derecho a la habitación del padre sobre el derecho de la suscrita."
SÉPTIMO. Son infundados los conceptos de violación, acorde a las consideraciones que se expondrán en párrafos subsecuentes.
Tales argumentos consisten -en síntesis- en lo siguiente:
a) Contravención a los artículos 1 a 5 y 7 a 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, bajo la premisa de que la menor no fue escuchada en el convenio de divorcio de sus padres, aun cuando el mismo afecta su derecho a contar con una pensión alimenticia adecuada y una vivienda.
b) Violación al derecho humano de audiencia, atendiendo al interés superior de la menor contenido en el artículo 12 de la citada convención.
c) Ilegalidad del convenio reclamado, al no haberse designado un representante especial que resguardara los intereses de la infante quejosa.
d) Inobservancia a lo dispuesto en el artículo 500 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Veracruz.
e) Transgresión al artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en relación con los diversos 4o., 14, 16 y 17 constitucionales, al haberse pactado una pensión alimenticia sin atender las necesidades de la niña.
Se afirma que son infundados los motivos de inconformidad abreviados en los incisos a), b) y c), al no advertirse contravención a los preceptos legales referidos por la quejosa.
En efecto, de tales numerales se desprende -en síntesis- la obligación de los Estados Partes de respetar los derechos enunciados en la Convención sobre los Derechos del Niño, así como todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres o sus tutores, o de sus familiares.
Igualmente, la atención a su interés superior, asegurando su protección y cuidado, mediante la adopción de todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en dicha convención; respetando su derecho a preservar su identidad y a que no sean separados de sus padres contra la voluntad de éstos. Adoptando medidas para luchar contra los traslados ilícitos y retención ilícita de niños en el extranjero; garantizándoles condiciones de formarse un juicio propio y el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones, en función de su edad y madurez.
En tales condiciones, si bien es cierto que conforme al numeral 2 del artículo 12 de la citada convención, debe darse al niño oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que lo afecte, también lo es que en el mismo precepto legal se prevé que dicha intervención puede ser directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley.
De ahí que si como se desprende del convenio de divorcio pactado entre los padres de la menor quejosa, el veinticinco de junio de dos mil ocho, ésta intervino en el procedimiento de origen, mediante la representación de su madre, y ante lo expuesto por el Ministerio Público adscrito al juzgado natural, quien intercedió para salvaguardar sus intereses, entonces no puede estimarse que se ha violentado en su perjuicio, lo pactado en la referida Convención sobre los Derechos del Niño.
Máxime, si tomamos en consideración que con independencia de los intereses dilucidados en el juicio ordinario civil **********, la realidad es que la infante sí fue representada por su madre en dicho procedimiento, considerando que conforme a lo dispuesto por el artículo 343 del Código Civil vigente en el Estado de Veracruz, la patria potestad sobre los hijos se ejerce por los padres; asimismo, que de acuerdo al numeral 342 del citado cuerpo normativo, dicha patria potestad se ejerce sobre la persona y los bienes de los hijos, en cuyo caso, de separarse quienes la ejercen, ambos deberán continuar con el cumplimiento de sus deberes; quedando facultados para convenir los términos de su ejercicio, particularmente en lo relativo a su guarda y custodia.
Ello, bajo la premisa de que la guarda y custodia, entendida c
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25521-e2706c67/menor-de-edad-es-improcedente-el-sobreseimiento-decretado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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