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Modo: Corpus Pro

DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 139/2013. · Registro digital (IUS): 24639
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO, AMBOS EN MATERIA CIVIL.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, Pág. 953.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 139/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO, AMBOS EN MATERIA CIVIL. 3 DE JULIO DE 2013. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS EN CUANTO A LA COMPETENCIA. DISIDENTE Y PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS EN CUANTO AL FONDO. DISIDENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO A FORMULAR VOTO PARTICULAR. SECRETARIA: MIREYA MELÉNDEZ ALMARAZ.

II. COMPETENCIA Y LEGITIMACIÓN

8. Competencia. Esta Primera Sala es competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Federal, aplicado en términos del criterio sustentado por el Pleno de este Alto Tribunal en la tesis I/2012, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011)."(5) y 226, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, en relación con el punto tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diversos circuitos, en un tema que, por ser de naturaleza civil, corresponde a la materia de la especialidad de la Primera Sala.

9. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece(6) pues, en el caso, fue formulada por el presidente del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con motivo del criterio sustentado en el amparo en revisión ********** de su índice, que contiende en el presente asunto, por lo que se actualiza el supuesto de legitimación a que se refieren los referidos preceptos.

III. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN

10. Conforme a lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para comprobar la existencia de una contradicción de tesis, es indispensable determinar si existe una necesidad de unificación, es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación más que en el producto del mismo. En esa línea de pensamiento, si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios, y si el problema radica en los procesos de interpretación -que no en los resultados- adoptados por los tribunales contendientes, entonces, es posible afirmar la existencia de una contradicción de tesis cuando se cumplen los siguientes requisitos:

a. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;

b. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos exista, al menos, un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,

c. Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

11. El discernimiento expuesto es tomado y resulta complementario del criterio sustentado por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia **********.(7)

12. Por otro lado, cabe señalar que aun cuando los criterios sustentados por los tribunales contendientes no constituyan jurisprudencia debidamente integrada, ello no impide proceder a su análisis para determinar si existe la contradicción planteada y, en su caso, cuál es el criterio que debe prevalecer, siendo aplicable la tesis L/94, con el epígrafe: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS.", emitida por el Pleno de esta Suprema Corte.(8)

13. Posturas contendientes. En primer orden, se sintetizan las consideraciones y argumentaciones en que los Tribunales Colegiados contendientes basaron sus resoluciones, las que servirán para dar respuesta a una primera interrogante: ¿Existe contradicción en los criterios que refieren los denunciantes?

14. Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Al resolver el amparo en revisión número **********, dicho tribunal analizó un asunto con las siguientes características:

15. En el incidente de licencia de venta de bienes, derivado de un juicio intestamentario, la actora, en representación de su hija menor de edad, por conducto de su autorizado, requirió del Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Federal la entrega del billete de depósito que se suscribió con motivo de la venta del bien inmueble que, en su parte proporcional, le heredó a la menor de edad el padre de esta última. La solicitud la justificó con el argumento de que la cantidad de dinero asignada era necesaria para la manutención de la niña. El Juez de primera instancia desestimó las pretensiones de la actora, mediante tres acuerdos de distintas fechas.

16. En contra de las resoluciones anteriores, y de la intervención del Ministerio Público adscrito al Juzgado Familiar respecto de las mismas, la actora promovió un juicio de amparo indirecto del cual conoció, por razón de turno, el Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal. El Juez de amparo ordenó prevenir a la quejosa y requirió al Juez responsable para que le allegaran información sobre los actos reclamados. Tras el desahogo del requerimiento, el Juez constitucional desechó la demanda de amparo por considerar que la quejosa no observó la regla de la definitividad antes de promover el juicio de amparo, pues no agotó previamente el recurso de apelación que tuvo a su disposición y que procedía en contra del acto reclamado.

17. En contra de la resolución anterior, la quejosa, en representación de su hija menor de edad, y por conducto de su autorizado en términos del artículo 27 de la Ley de Amparo, interpuso recurso de revisión, del cual, por razón de turno, correspondió conocer al Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que le asignó el número de expediente de improcedencia civil **********.

18. En sesión de diecisiete de enero de dos mil trece, dicho tribunal resolvió confirmar la resolución recurrida y, por tanto, desechar la demanda de amparo. En cuanto al tema de la presente contradicción, el tribunal expuso los siguientes argumentos:

18.1 La interpretación literal y sistemática del artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal y del artículo 161 de la Ley de Amparo lleva a sostener que la excepción al principio de definitividad que estas normas establecen, tratándose de violaciones procesales en asuntos relativos al estado civil o que afecten al orden y estabilidad de la familia o a menores o incapaces, procede exclusivamente en amparo directo, por ser aquel que se interpone al reclamarse la sentencia definitiva o la que pone fin al juicio. Esta excepción no es extensiva al amparo indirecto. Del contenido textual y de la interpretación de los mencionados preceptos se infiere que la voluntad del Constituyente Reformador y del legislador ordinario fue que la mencionada excepción sólo operara en materia de amparo directo.

18.2 Para fortalecer su postura, el Tribunal Colegiado citó la tesis jurisprudencial 1a./J. 41/2001, de rubro: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. LA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO SÓLO PROCEDE RESPECTO DE VIOLACIONES A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO IMPUGNABLES EN LA VÍA DIRECTA, TRATÁNDOSE DE CONTROVERSIAS QUE AFECTEN AL ESTADO CIVIL, AL ORDEN Y ESTABILIDAD DE LA FAMILIA O A MENORES O INCAPACES.", sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 101 del Tomo XIV, agosto de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

18.3 Asimismo, señaló que los tres acuerdos emitidos por el Juez de primera instancia, por medio de los cuales se pronunció respecto a la solicitud de entrega del billete de depósito y sobre la postura, al respecto, por parte del Ministerio Público al que le dio vista, fueron emitidos después de concluido el juicio, así que la vía de amparo procedente para su impugnación es la indirecta. Por tanto, es evidente que, en el caso, no opera la excepción al principio de definitividad establecida en el artículo 107, fracción III, inciso a), constitucional y 161 de la Ley de Amparo a la que hizo alusión la quejosa en su demanda de amparo.

18.4 Por el solo hecho de que la quejosa sea menor de edad no la exime de cumplir las reglas de procedencia del juicio de amparo indirecto; máxime que, en el caso, como se aprecia de autos, dicha menor fue representada en el juicio natural por su madre. La quejosa debió agotar previamente a la promoción del juicio de amparo el recurso de apelación, ya que este recurso era el medio idóneo para ello, en términos de lo dispuesto por los artículos 688, 689, 691 y 692 Ter del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. La quejosa no agotó el recurso de apelación y no observó el principio de definitividad, por lo que se actualizó la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo; por lo cual, es correcto el desechamiento de la demanda de amparo.

18.5 El tribunal consideró como criterio orientador la tesis jurisprudencial con número de registro IUS: 257209, de rubro: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO.", por lo que resolvió que no cobraba aplicación la tesis que citó la quejosa, de rubro: "DEFINITIVIDAD, PRINCIPIO DE. DEBE DEJARSE DE APLICAR EN ASUNTOS DE MENORES DE EDAD, A FIN DE RESOLVERSE SIEMPRE EL FONDO, EN ACATAMIENTO A LA NORMATIVA CONSTITUCIONAL E INTERNACIONAL APLICABLES, EN ORDEN CON EL PRINCIPIO DE CONVENCIONALIDAD.", sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. Señaló que era un criterio aislado que no compartía y adelantó que denunciaría la contradicción de criterios ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

18.6 Además, dicho órgano colegiado expuso que la eventualidad de que los actos reclamados pudieran estimarse de imposible reparación por afectar los derechos sustantivos del gobernado, dicha circunstancia no se erige como excepción del principio de definitividad, según lo dispone la tesis jurisprudencial 1a./J. 44/2012, de rubro: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL.", sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 729 del Libro X, julio de 2012, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

18.7 El órgano constitucional resolvió que aun y cuando el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Federal exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, ello no puede servir como fundamento para omitir el estudio de aspectos técnico legales del juicio de amparo, como el principio de definitividad. Sólo será observable el principio pro persona una vez superados los requisitos de procedencia del juicio de amparo, máxime cuando el caso no aprecia norma interna o internacional por virtud de la cual la quejosa estuviese exenta de observar las reglas de procedencia del juicio constitucional.

18.8 Para respaldar su criterio, el Tribunal Colegiado invocó las tesis 1a. CCLXXVI/2012 y 1a. CCLXXV/2012, cuyos rubros son, respectivamente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICO LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO." y "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL.", emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visibles, la primera, en la página 530 del Libro XV, Tomo 1, diciembre de 2012 y, la segunda, en la página 525, Libro XV, Tomo 1, diciembre de 2012, en ambos casos del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

18.9 Por lo anterior, el Tribunal Colegiado concluyó que no eran aplicables al caso las tesis invocadas por la quejosa en materia de control de convencionalidad.

18.10 Bajo estos lineamientos, la autoridad revisora resolvió confirmar la resolución recurrida y desechar la demanda de amparo promovida por la quejosa en representación de su hija menor de edad.

19. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. Al resolver el amparo en revisión ********** analizó un asunto con las siguientes características:

20. En un juicio familiar, relativo al régimen de visitas y convivencias, del Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, promovido por el padre de una menor de edad, la Jueza ordenó la práctica de un examen psicológico a la citada menor y requirió a las partes para que la presentaran a hora determinada para dichos fines. El motivo del examen fue la integración de la prueba pericial psicológica sobre la persona de la menor, ofrecida por la madre de esta última, contraparte en el juicio, para que la perito tercera en discordia estuviera en posibilidades de rendir su dictamen sobre la condición psicológica de la menor con motivo de alegados actos sexuales en perjuicio de esta última imputados a su padre.

21. En contra del acuerdo anterior, la actora, en representación de su hija menor de edad, promovió juicio de amparo indirecto, del que, por razón de turno, le correspondió conocer al Juez Cuarto de Distrito en el Estado de México, que negó el amparo.

22. En contra de la resolución anterior, la quejosa, en representación de su hija menor de edad, interpuso recurso de revisión, del cual, por razón de turno, le correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, que le asignó el número de toca **********.

23. En sesión de quince de agosto de dos mil doce, dicho tribunal resolvió confirmar la resolución recurrida y, por tanto, negar el amparo a la quejosa. En cuanto al tema de la presente contradicción, el tribunal expuso los siguientes argumentos:

23.1 Consideró que el acto reclamado no fue impugnado por el medio ordinario apto para ello que, en el caso particular, era el recurso de revocación que prevé el artículo 1.362 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, el cual debió agotar antes de acudir al amparo, en términos del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal. No obstante, el Juez de amparo no expuso nada sobre el tema, ya que desestimó las diversas causales de improcedencia hechas valer en el juicio constitucional, previstas en el artículo 73, fracciones V y XI, de la Ley de Amparo. A pesar de lo anterior, refirió el tribunal, tal inobservancia no conduce al sobreseimiento, pues a la quejosa menor de edad se le debe dejar de exigir el cumplimiento de la carga procesal de la definitividad, con la finalidad de que se analicen de fondo los conceptos de violación que expuso en su demanda de amparo.

23.2 El tribunal señaló que el principio de definitividad descansa en la circunstancia de que el juicio de amparo es un medio extraordinario para invalidar los actos que conculquen derechos constitucionales y, así, obliga al quejoso a agotar antes los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o anularlo.

23.3 El órgano revisor sostuvo que con motivo de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, de diez de junio de dos mil once, se creó un bloque de constitucionalidad para la protección de los citados derechos que, entre otras cosas, dispone que las normas relativas a los derechos fundamentales se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales en la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Lo anterior, señaló el tribunal, excluye la interpretación restringida, obstaculizadora e impeditiva del estudio de los derechos humanos.

23.4 Igualmente, el tribunal manifestó que, en el caso, está involucrada como parte una menor de edad y están a discusión sus derechos humanos que tienen rango constitucional, en términos del artículo 1o. de la Constitución Federal. Consideró que la práctica de exámenes psicológicos a la persona de la menor incide jurídica y fácticamente en su entidad como ser humano y en sus derechos correlativos. De lo anterior, el tribunal concluyó que debía dejar de aplicar el principio de definitividad en el amparo para que pudieran ser analizados de fondo los derechos controvertidos de la citada menor, pues era obligatorio atender al interés superior del niño, en términos de la Convención sobre los Derechos del Niño y de lo dispuesto en el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de su jurisprudencia relativa.

23.5 El órgano colegiado sostuvo que el derecho de familia es un conjunto de normas jurídicas dirigidas a regir la conducta de los miembros del grupo familiar entre sí y crea las relaciones conyugales y consanguíneas, constituidas por un sistema de derechos y obligaciones, poderes, facultades y deberes entre consortes y parientes. Este sistema genera obligaciones de asistencia tanto para los ascendientes como para los descendientes. El derecho de familia dispone la protección de los menores a través del ejercicio de la patria potestad, que nace de la filiación. De la patria potestad derivan, señaló el tribunal, la guarda y custodia y la convivencia familiar.

23.6 El tribunal afirmó que el artículo 4o. de la Constitución Federal, así como la Convención sobre los Derechos del Niño, instrumento del que es parte nuestro país, reconocen diversos derechos personales y sociales a favor de los menores. El tribunal destacó el contenido del artículo 3 de la citada convención: el derecho a que en todas las medidas concernientes a los menores que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, se considerará de forma primordial atender al interés superior del niño. Asimismo, el tribunal señaló que los artículos 3, 9, 12, 19, 20, 21 y 217 de la convención constriñen a los tribunales a velar por el interés superior del niño.

23.7 Expuso que con motivo de la Convención sobre los Derechos del Niño, aparece en el sistema jurídico mexicano el concepto del "interés superior de la niñez", el cual implica que en todo momento las políticas, acciones y toma de decisiones relacionadas con esta etapa de la vida humana tendrán que realizarse de modo tal que, en primer término, se busque el beneficio directo del niño o niña a quien van dirigidas. El interés superior del menor obliga a que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deban ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño, lo que incluye a los tribunales cuando los menores son parte en un juicio o se definen sus derechos. En términos de los estándares internacionales, el niño debe recibir "medidas especiales de protección". Estas medidas son con motivo de la situación en la que se encuentran los menores, esto es, considerando su debilidad, inmadurez o inexperiencia.

23.8 Indicó que las instituciones familiares heredadas desde el derecho romano han sufrido una paulatina transformación y se han acercado a la niñez y se han alejado de los intereses de los adultos.

23.9 Resolvió que, en el caso, deben ponderarse dos normas constitucionales: por un lado, la que establece el principio de definitividad, prevista en el artículo 107, fracción III, inciso b) y, por el otro, el artículo 1o., que establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales. Asimismo, analizó la aplicabilidad del artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, que reconoce el principio de definitividad. Concluyó que, tratándose de asuntos jurisdiccionales, la protección al interés superior del menor, sin importar la instancia, se traduce en que los derechos de los niños deben quedar siempre dilucidados y resueltos de fondo por la autoridad judicial de la instancia que sea; los derechos de los niños no deben, en modo alguno, quedar sin examinar por privilegiar sobre tal análisis de fondo otras cuestiones, como las procesales, técnicas y meramente formales, pues de hacerlo así se afectaría la garantía de defensa en perjuicio de quien no tiene la capacidad de ejercerla por sí mismo.

23.10 Señaló que no es jurídicamente correcto someter a los menores a las mismas exigencias procesales previstas en instituciones que se advierten concebidas en orden con los adultos, como ocurre con el principio de definitividad. La sanción, que es la improcedencia del juicio de amparo por no agotar el recurso ordinario previo, únicamente se puede entender dirigida a los adultos y no a los menores, aunque éstos estén representados por un adulto, pues un infante es un incapaz total y de origen, lo que resulta en una vulnerabilidad extrema.

23.11 El tribunal expuso que los menores son objeto de una protección absoluta, lo que implica no exponerlos o, en su caso, rescatarlos de cualquier factor de riesgo que pudiera traer como consecuencia dejarlos en estado de indefensión, lo cual ocurriría si el representante del menor en el juicio omite interponer el recurso procedente contra el acto que afecta los derechos del menor a quien representa.

23.12 En el caso particular, señaló el órgano revisor, de no admitirse la demanda de amparo con motivo del interés superior del menor, por aplicación del principio de definitividad, no se estaría en condiciones de analizar el fondo del asunto, en el que subyace la imputación que realiza la madre de la menor al padre, de haber realizado conductas de contenido sexual en perjuicio de la niña, con motivo de las cuales sería sometida a un examen pericial oficial. Todas aquellas disposiciones legales, cuyo efecto sea impedir la posibilidad de que se analicen y resuelva el fondo del asunto, sucumben ante el principio del interés superior del menor. El Juez, federal o local, incluso, debe suplir la queja y actuar de modo tal que lleve la tramitación de cada instancia del asunto a una posición que le permita siempre resolver, en todo caso, el fondo de los derechos cuestionados.

23.13 Refirió que el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sobre protección judicial, establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los Jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales. Este artículo reconoce a la institución procesal del amparo. Los Estados deben garantizar que su sistema legal decida sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, así como a desarrollar las posibilidades del mismo, como lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por tanto, cuando se trata de resolver sobre los derechos de los menores, el principio de definitividad entorpecería la efectividad del juicio de amparo para un incapaz, así como su sencillez, rapidez y tendencia a resolver el fondo del asunto.

23.14 Consideró que no es obstáculo el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un caso contencioso, en el que señaló que la efectividad del recurso de amparo no implica que siempre y en cualquier caso los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe la verificación de presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del particular recurso intentado, porque cuando la quejosa es menor de edad, como en el caso de mérito, se encuentra en un estado máximo de vulnerabilidad, debido a su incapacidad total.

23.15 El tribunal constitucional determinó que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, que recoge el principio de definitividad, es inconvencional, por ser contrario al artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño y a los artículos 19 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la protección de los derechos humanos de los niños y sus garantías judiciales, lo cual condujo al Colegiado a desaplicar, en el caso, la norma de la Ley de Amparo que reconoce el principio de definitividad, en ejercicio del control de convencionalidad, en términos de los artículos 1o. y 133 de la Constitución Federal y de lo expuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el expediente varios **********, y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su jurisprudencia.

23.16 Expuso que el artículo 161 de la Ley de Amparo recoge el procedimiento de preparación de las violaciones procesales que se plantean en los juicios de amparo directo en materia civil, no obstante, no existe identidad jurídica entre el procedimiento de preparación de violaciones procesales, a que se refiere el numeral 161 de la Ley de Amparo, con el principio de definitividad. Este último consiste en que, antes de intentar la acción de amparo, el quejoso debe agotar los medios de impugnación previstos en la ley ordinaria contra el acto reclamado, mientras que la preparación de las violaciones procesales se refiere a que el agraviado debe impugnar la violación en el curso mismo del procedimiento, mediante el recurso ordinario y dentro del término que la ley respectiva señale. La definitividad se aplica a los actos reclamados y se vincula a la procedencia del juicio; el procedimiento de preparación de las violaciones procesales no se aplica a los actos reclamados y su inobservancia no genera la improcedencia del juicio de amparo, sino un pronunciamiento sobre la operatividad y eficacia de los motivos de inconformidad de carácter procesal que se hagan valer en la demanda de amparo directo. Por tanto, el artículo 161 de la Ley de Amparo no fue obstáculo para resolver el asunto.

23.17 El tribunal señaló que la desaplicación del principio de definitividad, en los términos de la ejecutoria, no afecta el principio de igualdad procesal, pues obedece al reconocimiento de la desigualdad de hecho en la que se encuentra un menor en un juicio en el que se discuten sus derechos y tiene como objetivo colocar al menor en una condición de equilibrio en el procedimiento. Tampoco deja de observar que el artículo 107 constitucional no prevé como excepción al principio de definitividad, que el juicio de amparo sea promovido por menores, puesto que, en términos del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las personas deben contar con un recurso sencillo, rápido y efectivo ante los tribunales que las ampare contra actos que afecten sus derechos fundamentales.

23.18 Bajo estos lineamientos, el Tribunal Colegiado resolvió admitir la demanda de amparo y analizar el fondo del asunto, para resolver que los agravios de la quejosa eran infundados e inoperantes y, por ello, procedía confirmar la sentencia recurrida y negar el amparo.

24. Una vez que han quedado relacionadas las posturas de los tribunales contendientes, ha lugar ahora a corroborar que, en el caso, se actualicen los requisitos que este Alto Tribunal ha considerado para dar respuesta a la pregunta: ¿Existe contradicción en los criterios que refieren los denunciantes?

25. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. A juicio de esta Primera Sala, los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada. Ello se advierte en las resoluciones emitidas por dichos Tribunales Colegiados, las cuales se detallaron al explicar las posturas de cada uno de ellos.

26. Segundo requisito: razonamiento y diferendo de criterios interpretativos. En los ejercicios interpretativos realizados por los Tribunales Colegiados mencionados existió un razonamiento sobre la validez de la inobservancia del principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso es menor de edad, con motivo del interés superior de la niñez. Siendo el caso que cada uno de los tribunales adoptó posiciones o criterios jurídicos discrepantes sobre el mismo tema.

27. Así, el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito consideró que el principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto no debe dejarse de observar, no obstante que el quejoso sea menor de edad y alegue la ejecución de un acto irreparable en su perjuicio, pues el principio de definitividad y la irreparabilidad de los actos no están vinculados. Consideró, a partir de lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte, que el principio pro persona no es fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales en el juicio de amparo, los cuales deben observarse para luego atender a

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24639-9498f109/definitividad-en-el-juicio-de-amparo-indirecto-se · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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