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Modo: Corpus Pro

"SÍNDROME DE ALIENACIÓN PARENTAL" EN MATERIA FAMILIAR. SU TRATAMIENTO Y PONDERACIÓN JUDICIAL DEBEN ENFOCARSE SOBRE LOS PARÁMETROS DE PROTECCIÓN DEL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR Y DE EQUIDAD DE GÉNERO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 236/2016. · Registro digital (IUS): 27429
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2017-10-27
Promovente:
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, Pág. 2548.

AMPARO EN REVISIÓN 236/2016. 16 DE MARZO DE 2017. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: NOÉ ADONAI MARTÍNEZ BERMAN. PONENTE: JUAN CARLOS ORTEGA CASTRO. SECRETARIA: SONIA GÓMEZ DÍAZ GONZÁLEZ.

Toluca, Estado de México; dieciséis de marzo de dos mil diecisiete.

VISTOS para resolver los autos del amparo en revisión, sentencia principal 236/2016, interpuesto por **********, contra la sentencia terminada de engrosar el dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, dictada por la Juez Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en el juicio de amparo indirecto **********, promovido por **********, por derecho propio y en representación de sus menores hijos **********, **********, ********** y **********, todos de apellidos **********, contra el acto y autoridad que más adelante se precisarán; y,

RESULTANDO:

PRIMERO.-Por escrito presentado el quince de marzo de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, **********, por derecho propio y en representación de sus menores hijos **********, **********, ********** y **********, todos de apellidos **********, promovió juicio de amparo indirecto, señalando como autoridad responsable y acto reclamado, respectivamente, lo siguiente:

"...III. Autoridades responsables.-A) Primera Sala Regional Familiar de Tlalnepantla, del Estado de México, dentro del toca **********, con domicilio oficial y conocido dentro del Municipio de Tlalnepantla, Estado de México. Como autoridad ordenadora.-B) Juez Décimo de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan, Estado de México, dentro del expediente **********, con domicilio oficial y conocido en el Municipio de Huixquilucan, Estado de México. Como autoridad ejecutora.-IV. Actos reclamados.-A) De la Primera Sala Regional Familiar de Tlalnepantla del Estado de México señalada como responsable ordenadora, reclamo la sentencia definitiva de fecha 22 de febrero de 2016, dictada en el toca de apelación **********, formado con motivo del recurso de apelación hecho valer por el actor y la suscrita en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 30 de abril de 2015, dictada por el Juez Décimo de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan, Estado de México, en el incidente de modificación de guarda y custodia promovido por la suscrita en contra del ahora tercero perjudicado **********.-B) Del C. Juez Décimo de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan, Estado de México, reclamo el cumplimiento de dicha resolución y sus consecuencias legales y humanas, consistentes, entre otras, en la ejecución de la sentencia mencionada, respecto de que la guarda y custodia deberá seguirla conservando el progenitor **********, situación que daña la esfera psicológica y de seguridad de los intereses de los menores, ya que desde el 7 de septiembre de 2015 tengo a mis menores bajo mi cargo y causa perjuicio en ellos derivado de la resolución impugnada en el juicio del que emana los actos reclamados, pues no toman en cuenta aspectos relevantes al interés superior de los menores. ..."

SEGUNDO.-En proveído de dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, la Juez Décima de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, a quien correspondió conocer de la demanda, previno a la quejosa para que acreditara su personalidad como progenitora de los menores que representa.

Mediante acuerdo de treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis admitió la demanda, solicitó los informes justificados a las autoridades responsables, dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación y señaló hora y fecha para la audiencia constitucional, que se llevó a cabo el diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, terminada de engrosar el dieciocho de agosto siguiente, en la que resolvió:

"ÚNICO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a **********, por propio derecho y en representación de los menores **********, **********, ********** y **********, todos de apellidos **********, por los motivos y fundamentos expuestos en el último considerando de la presente resolución."

TERCERO.-Inconforme con la resolución anterior, **********, por derecho propio y en representación de sus menores hijos **********, **********, ********** y **********, todos de apellidos **********, mediante escrito presentado el dos de septiembre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del conocimiento, interpuso recurso de revisión; el juzgador federal distribuyó entre las partes el escrito de expresión de agravios y remitió el original y una copia, así como los autos relativos a la Oficina de Correspondencia Común a los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Segundo Circuito y correspondió su conocimiento a este órgano colegiado.

El veintisiete de septiembre del año próximo anterior, previamente a la admisión, el presidente de este Tribunal Federal, acordó dar vista al pleno del mismo con la petición del recurrente de enviar el recurso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que ejerciera su facultad de atracción.

Mediante escrito presentado el diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, la quejosa interpuso revisión adhesiva, a lo cual por acuerdo de siete de octubre siguiente, el tribunal se reservó acordar su escrito.

Por lo anterior, mediante acuerdo de veinte de octubre siguiente, se denegó la petición de enviar los autos a nuestro Máximo Tribunal para el ejercicio de la facultad de atracción, por lo que dicho medio de impugnación fue admitido en esa fecha, aclarando que el recurrente sólo tiene reconocida personalidad por derecho propio y no en representación de los citados menores; por otra parte, en el mismo proveído se tuvo por adherida en el recurso de revisión a la quejosa, por derecho propio y en representación de sus menores hijos; así se ordenó dar vista al representante social.

El agente del Ministerio Público de la Federación adscrito fue notificado el veintiuno de octubre del año en curso y se abstuvo de formular pedimento, como consta a foja noventa y ocho.

El nueve de noviembre del año que transcurre (sic)se certificó que la tercero interesada interpuso revisión adhesiva, mas no formuló alegatos; en auto de la misma fecha, fueron turnados los autos a la ponencia del Magistrado Juan Carlos Ortega Castro, para que formulara el proyecto de sentencia. (foja ciento dos del presente cuaderno)

El presente asunto fue listado para resolverse el dos de febrero del año en curso, en la correspondiente se ordenó dejarlo fuera de lista por trámite de la solicitud del ejercicio de la facultad de atracción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Posteriormente, el ahora recurrente desistió de esa petición, por lo cual la presidenta de la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal acordó favorablemente la petición y lo comunicó a este Tribunal Federal a fin de que se continuara con el trámite del amparo en revisión.

El quince de febrero de dos mil diecisiete, se ordenó devolver los autos a la ponencia del Magistrado Juan Carlos Ortega Castro, para que formulara el proyecto de sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Este Tribunal Colegiado es legalmente competente para conocer del asunto, en términos de lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VIII, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88, 89 y 91 de la Ley de Amparo en vigor; 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el contenido del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, sobre división de circuitos y fijación de competencia territorial; por tratarse de un amparo en revisión principal interpuesto contra una sentencia dictada en un juicio de amparo indirecto, por un Juez de Distrito residente en este Circuito.

SEGUNDO.-Las consideraciones de la resolución recurrida obran a fojas noventa y tres a ciento cincuenta y nueve, de los autos del juicio de amparo indirecto **********, las cuales se anexan al cuaderno de revisión en copia certificada.

TERCERO.-Los agravios expresados por el tercero interesado recurrente obran de las fojas tres a la setenta y dos, del cuaderno de amparo en revisión de la sentencia principal, los cuales se estima innecesario transcribir, ya que no existe disposición alguna en la Ley de Amparo que obligue a actuar en tal sentido, además de que lo alegado en éstos será materia de estudio en el siguiente considerando.

CUARTO.-Los agravios expresados por la quejosa **********, por derecho propio y en representación de sus menores hijos **********, **********, ********** y **********, todos de apellidos **********, en su escrito de revisión adhesiva, constan de la foja setenta y nueve a ochenta y nueve del expediente de amparo en revisión que se resuelve, y se tienen aquí por reproducidos, remitiéndose a ellos este Tribunal Federal en su literalidad.

Sustenta lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.-De los preceptos integrantes del capítulo X ‘De las sentencias’, del título primero ‘Reglas generales’, del libro primero ‘Del amparo en general’, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer."(1)

QUINTO.-Son inoperantes algunos de los agravios y otros serán suplidos en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo.

En un primer argumento, el recurrente dijo que la Juez Federal le da un trato discriminatorio y solicita la suplencia en la deficiencia de sus argumentos en términos de lo previsto por el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, en atención a la marginación por razón de género, estigmatizando al recurrente al considerar válidos los argumentos de la quejosa por el hecho de ser mujer, a quien tradicionalmente se le ubica como una persona desprotegida; siendo que, en el caso, el varón fue marginado, cuestionando su actuación frente a la de sus hijos, quienes de manera expresa refirieron su preferencia de vivir con su progenitor; de ese modo, dice que de manera infundada se pretende realizar una nueva valoración de pruebas, para que él continúe sin convivir con sus hijos, ni conservar la guarda y custodia que le corresponden. Cita como aplicable la tesis 1a. CXXXIII/2015 (10a.), de título y subtítulo: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN. RELACIÓN ENTRE EL LENGUAJE DOMINANTE EN UNA SOCIEDAD Y LA CONSTRUCCIÓN DE ESTEREOTIPOS."

En el mismo sentido, el recurrente dice que en la tramitación de este recurso, debe preservarse y hacer cumplir sus derechos humanos y los de sus menores, en términos de lo previsto por el artículo 1o. constitucional, tomando en cuenta el interés superior de los infantes, aquí se transcribe la tesis 1a. XLIII/2014 (10a.), de título y subtítulo: "DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD JURÍDICA. CONTENIDO Y ALCANCES DE SU DIMENSIÓN SUSTANTIVA O DE HECHO."

El recurrente también dice que solicita a este tribunal examinar de oficio y, en su caso, decretar la causa de improcedencia desestimada por el Juez de origen, ya que no consideró que el acto reclamado se emitió en cumplimiento de una ejecutoria de amparo de la cual ella misma conoció en el expediente **********.

De igual forma dice que la Juez Federal interpretó de manera inadecuada y errónea lo previsto en los artículos 1o., 4o., 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, así como lo dispuesto por el artículo 74 de la Ley de Amparo, ya que la sentencia recurrida no reúne los elementos que exige la ley citada, respetando los derechos humanos del promovente, así como el interés superior de los menores; aunado a que no se pronunció conforme a la literalidad de la ley ni los principios legales de derecho, dictando una sentencia completa e imparcial, debidamente fundada y motivada.

Esto es, el inconforme dice que si se hubiera apegado a los principios mencionados, se consideraría de manera preponderante la opinión de sus hijos, con base en el principio del interés superior de los menores, quienes fueron escuchados en la audiencia de catorce de enero de dos mil quince y de manera libre y espontánea, los cuatro menores señalaron su deseo de permanecer con su progenitor; de ese modo, conforme a los dispositivos constitucionales que invocó, el a quo federal debió considerar que la responsable cumplió con los principios básicos de respeto a los derechos humanos de los niños, así como a la garantía de audiencia, pues literalmente se escuchó y atendió el sentir libre y espontáneo de los niños, quienes son los directamente interesados e hicieron saber al juzgador su voluntad para vivir a lado del recurrente. En este apartado se transcribe la tesis 1a. XCVII/2012 (10a.), titulada: "GUARDA Y CUSTODIA DE LOS MENORES DE EDAD. LA DECISIÓN JUDICIAL RELATIVA A SU OTORGAMIENTO DEBERÁ ATENDER A AQUEL ESCENARIO QUE RESULTE MÁS BENÉFICO PARA EL MENOR."

En otro apartado, se dice que la Juez de Distrito, haciendo ostensiblemente evidente los elementos de discriminación y marginación, en una actitud contraria a los principios de inmediatez y justicia pronta, pretendía desvirtuar la presunción y contundente manifestación de sus hijos. Aunado a lo anterior, señaló que se pretendía una revaloración de pruebas, cuando ya lo había ordenado a la Sala responsable en el amparo **********, retardando el procedimiento e insistiendo en desvirtuar la voluntad de los infantes, discriminándolos, marginándolos y minimizándolos, al presumir que su voluntad podía estar viciada.

Que la tesis aislada en que pretendía basar su determinación la a quo federal, no era oponible a la jurisprudencia definida, con fuerza obligatoria y con el imperio de un precepto constitucional, que jurídicamente estaba por encima de la tesis aislada que invocó. Además, persistió en que por encima de la voluntad expresa de los menores, tomó en cuenta diversas pruebas que transgreden la obligatoriedad de la jurisprudencia y el texto del artículo 4o. constitucional.

Por lo anterior, en opinión del recurrente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe conocer de este recurso, en atención a que la Juez de Distrito soslayó el precepto constitucional mencionado, según lo prevé el artículo 83 de la ley de la materia.

En el mismo sentido, dice que la sentencia que concede el amparo para efectos resulta discriminatoria y de marginación, pues determina que el progenitor, atendiendo a las constancias de autos, puede ser generador de violencia hacia los menores, pretendiendo que la responsable encuentre un motivo para que no se le otorgue la guarda y custodia provisional, con base en hechos inciertos, en contravención a la jurisprudencia definida y obligatoria y de lo previsto en el párrafo noveno del artículo 4o. constitucional.

En otro apartado, el recurrente reiteró que sus hijos, de manera simple y llana, en su libre expresión de menores de edad, ante una autoridad judicial, sin presión, de manera acorde y contestes, manifestaron su deseo de vivir con el recurrente, por lo que resultaba obvio que no podía ser generador de violencia pues, de ser así, esas acusaciones se desprenderían de la entrevista que la autoridad judicial les practicó.

Que el criterio que invocó la Juez de Distrito, titulado: "LA OPINIÓN DEL MENOR NO TIENE EFECTO VINCULANTE.", resultaría aplicable en un caso distinto al de la litis natural, en el que existiera duda fundada o razonada de que el testimonio de los menores fue manipulado; pero, en el caso, la declaración y deseo expreso de que los menores vivan con su progenitor, no fue de manera aislada, ya que sería imposible aleccionar de modo impecable a cuatro personas para que conjunta, acorde y conteste respondieran en el mismo sentido, sobre todo porque se trata de cuatro infantes y debe atenderse al principio popular de que "los niños siempre dicen la verdad".

En el siguiente apartado, el recurrente destacó que con fundamento en el párrafo noveno del artículo 4o. constitucional, la Juez Federal debió considerar la mínima edad de los menores para tomar en cuenta el valor probatorio de su opinión de querer vivir con el recurrente, ya que sería un contrasentido si dicha opinión, petición y prácticamente imploración de sus hijos no se tomara en cuenta, ya que debía repararse la violación a sus derechos humanos y negar el amparo solicitado o, en su caso, considerar como un elemento básico en la nueva sentencia, que la responsable considere la opinión de los menores sin restarle el valor efectivo que le corresponde conforme al imperio del artículo precitado y jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; opinión que no estaba supeditada a un criterio aislado e inaplicable.

Que la a quo de Distrito, sin sustento legal ni fáctico, transcribió de manera irresponsable el contenido de una tesis aislada, sin precisar ni detallar su aplicación, pues de acuerdo con las consideraciones de la propia sentencia recurrida, no hay evidencia de que el inconforme fuera el generador de violencia, menos que tuviera una conducta alienadora o manipuladora, para pretender que la Sala responsable resolviera conforme a dichos conceptos que no existen. Por lo anterior, el recurrente persiste en que los criterios que invocó la Juez de Distrito no son aplicables, incluso resolvió de manera parcial soslayando la obligación de aplicar la tesis 1a. CVIII/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. EL DERECHO A EXPRESAR SU OPINIÓN EN UN PROCESO JURISDICCIONAL DEBE RESPETARSE INCLUSIVE EN TEMAS EN LOS QUE AUN NO ESTÉ PREPARADO PARA MANIFESTARSE."

Por otro lado, el inconforme sostiene que los dictámenes en materia de psicología, no fueron concluyentes en el sentido que mencionó la Juez, pues no estaba demostrado que existía el síndrome de alienación parental, pues bastaba revisarlos para corroborarlo; además, de existir un tipo moderado de alienación parental, la recomendación científica no consistía en apartar a los menores de su progenitor, como lo pretendía la a quo federal, quien no tenía el carácter de perito en psicología para inferir que la razón por la cual sus cuatro hijos opinaban de manera clara que querían vivir con el padre, derivaba de que eran alienados o manipulados, sustentando su determinación en un par de tesis aisladas que provenían de un caso en el que había un menor y no cuatro.

En el mismo sentido, dice que esos dictámenes periciales no justifican la existencia de alienación o manipulación que refirió la Juez de Distrito y menos que esto sea causa inmediata y directa para que sus hijos declaren de esa manera su deseo libre y espontáneo de vivir con su progenitor, en particular porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que la pericial en psicología en asuntos familiares, auxilia en el conocimiento del estado emocional de las personas en asuntos sobre violencia familiar y su objeto directo es conocer su estado psicológico y no demostrar los hechos en que se sustentó.

Es decir, los especialistas tienen la tarea primordial de identificar el daño psicológico y realizar un diagnóstico de utilidad para el impartidor de justicia; así, dicha prueba no tiene como objeto demostrar las conductas de las partes, sino conocer el daño emocional provocado a los miembros de la familia en función de las demás pruebas aportadas; por lo que, en el caso, las periciales en psicología o psiquiatría no demostraban que existía un impedimento para no cumplir con la voluntad de los menores de vivir con el ahora recurrente. Cita como aplicable la tesis aislada II.2o.C.459 C, de rubro: "GUARDA Y CUSTODIA DE MENORES, ELEMENTOS QUE DEBE CONTENER LA PRUEBA PERICIAL EN EL PROCEDIMIENTO DE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO)."

Así, el inconforme persistió en que, como el Juez familiar recibió de manera inmediata y directa la declaración de los cuatro niños, contaba con elementos suficientes para confirmar la guarda y custodia de los menores ante su manifestación expresa y voluntaria, dado que no existía prueba en contrario que pudiera oponerse y suponer que los menores son manipulados o alienados, implicaba emitir juicios a priori sobre la actuación de la autoridad ante la cual fueron recibidas sus exposiciones de manera libre, espontánea, con atención especializada y sin que existiera constancia de que en ese tiempo tuvieron manipulación.

A continuación, el recurrente dice que pretender la valoración de pruebas que exhaustivamente fueron analizadas y desglosadas, transgrede el interés superior de los menores y de lo dispuesto en los artículos 1o., 4o., 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, ya que se emitió una resolución sin observar los principios de igualdad, interés superior, debido proceso, fundamentación y motivación.

Que la Juez de Distrito, no tomó en cuenta la objetividad al momento de resolver ni expresó porque suponía que cuatro menores podían ser objeto de manipulación o alienación para restarles el valor contundente a una declaración de sus hijos; pues en realidad, únicamente tomó como base los principios de las tesis aisladas que invocó sin fundar ni motivar porqué resultaba válida la circunstancia aludida, incluso, en el caso dichos criterios no eran aplicables, si sólo hablaran de un menor y no de la declaración de cuatro ante una autoridad judicial donde al menos presuntivamente pudieron ser alienados o manipulados para declarar de manera conteste, conjunta y unánime.

Incluso, el inconforme refirió que la Juez Federal no sólo soslayó las constancias de autos, sino que minimizó la actuación del a quo familiar, quien obtuvo la declaración de los niños de manera libre y espontánea; lo anterior en violación al principio de congruencia y coherencia, ni atender al de inmediatez de la obtención de pruebas.

En otro apartado, con relación a los informes escolares, la Juez ordenó a la responsable valorarlos; no obstante que de los oficios presentados derivaba que sus hijos tuvieron necesidad de ausentarse de la escuela, pero su rendimiento evolucionó a la mejoría e incrementaron cualitativamente su desarrollo escolar. En consecuencia, la autoridad federal debió concatenar tales elementos con el reporte de las audiencias a las que debieron comparecer sus hijos, para establecer que coincidían las inasistencias escolares con las presentaciones al juzgado familiar.

A lo anterior agregó el inconforme que la Juez se sustituyó a los argumentos de la quejosa al ordenar que la responsable emitiera una nueva sentencia en la que tomara en cuenta la supuesta conducta violenta que ejerció en una audiencia, lo que no era parte de la controversia, dándole credibilidad a lo que mencionó su contraparte sin confirmarlo; por ende, carecía de fundamento legal lo que advirtió respecto a las agresiones hacia el adolescente **********, porque se ordenó valorar un supuesto video en el que ocurrió ese evento; lo anterior, ya que esto no guardaba relación con la controversia objeto del acto reclamado.

Por último, expuso que procedía decretar el sobreseimiento en el juicio al existir la causa de improcedencia que mencionó al inicio o, en su caso, negar el amparo ante las inconsistencias, violaciones y carencia de sustento de la ejecutoria reclamada, pues suponiendo sin conceder que la responsable debe dictar una nueva sentencia no es con base en dos tesis inaplicables, sino apegándose a los lineamientos de la jurisprudencia definida de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al párrafo noveno del artículo 4o. constitucional, respetando la libre y espontánea voluntad de sus cuatro hijos, quienes desean vivir con el recurrente.

Ahora bien, por razón de técnica, inicialmente se analizará el argumento del recurrente en el que dice que la Juez Federal omitió examinar la causa de improcedencia que hizo valer en el juicio, ya que no consideró que el acto reclamado se dictó en cumplimiento de la ejecutoria dictada en el juicio constitucional **********.

Es fundado, pero inoperante el argumento que precede.

En efecto, mediante escrito presentado el once de abril de dos mil dieciséis, el ahora recurrente solicitó a la Juez de Distrito que dictara el sobreseimiento en el juicio de amparo, al estimar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, bajo el argumento de que la quejosa tuvo conocimiento de lo reclamado desde que se dictó y omitió presentar en tiempo la demanda.

De la sentencia recurrida, no se advierte que la Juez Federal diera respuesta a la petición del citado tercero perjudicado, pues se limitó a señalar que no advirtió de oficio la existencia de alguna causa de improcedencia prevista por el artículo 62 de la Ley de Amparo, ni las partes lo hicieron valer.

Por lo anterior, con fundamento en lo previsto por el numeral 93, fracción II, de la ley de la materia, este tribunal federal procede a examinar dicha petición.

El artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo dispone que el juicio constitucional es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.

Por su parte, el diverso numeral 63, fracción V, del apuntado ordenamiento legal, dice que procede sobreseer en el procedimiento de amparo cuando durante el juicio apareciera o sobreviniera alguna causa de improcedencia.

En el caso, de las constancias que integran el juicio constitucional se advierte que **********, el veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, fue notificada de la resolución señalada como acto reclamado; la demanda de amparo fue presentada el quince de marzo siguiente.

En consecuencia, es evidente que la presentación del escrito ocurrió dentro del plazo de quince días siguientes al en que surtió efectos la notificación, como lo prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, dicho plazo transcurrió del veinticinco de febrero al diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, sin contar los días veintisiete, veintiocho de febrero, dos, cinco, seis, doce y trece de marzo, por ser inhábiles.

Por tanto, como se indicó, no se actualiza la causa de improcedencia invocada por el ahora recurrente.

Asimismo, tampoco prospera el argumento del inconforme referente a que el juicio de amparo resultaba improcedente en atención a que el acto reclamado se dictó en cumplimiento de la diversa ejecutoria **********.

Lo anterior, porque el artículo 61, fracción IX, de la ley de la materia establece que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones dictadas en los juicios constitucionales o en ejecución de las mismas.

En el caso, es cierto que en el diverso juicio constitucional **********, del índice del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, promovido por **********, el treinta de octubre de dos mil quince, se resolvió en los siguientes términos:

"...a) Dejara insubsistente la resolución de treinta de junio de dos mil quince, emitido en el toca **********, del índice de la Primera Sala Familiar Regional de Tlalnepantla, Estado de México.-b) Emitiera una nueva resolución, en la que tomara en consideración, los elementos que ha determinado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se deben atender en los asuntos que decidan la guarda y custodia de los niños, sobre todo, en el caso específico, la protección de la afectividad del menor, su escucha y atender a la violencia alegada.-c) Para ello, debería valorar de forma general el material probatorio que obraba en los autos del juicio de origen y plasmando lo que realmente se advierte y demuestra con ellos, así como contrastarlos unos con otros.-d) De considerar el cambio de guarda y custodia, debería ponderar quién la ejercerá, así recaiga en un tercero ajeno a las partes, motivando suficientemente la idoneidad de la persona. ..."

En cumplimiento a lo anterior, la autoridad responsable, Primera Sala Familiar Regional de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, el veintidós de febrero de dos mil dieciséis, dictó la nueva resolución señalada como acto reclamado en el juicio constitucional **********, del que derivó el presente recurso.

Por tanto, contra lo sostenido por el ahora inconforme, no se actualiza la referida causa de improcedencia en el juicio constitucional, en atención a que se le dejó plena jurisdicción a la autoridad responsable para que en una nueva determinación, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo y motivando debidamente sus consideraciones, ponderara lo concerniente para determinar a quién correspondía ejercer la guarda y

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27429-eafa2fa4/sindrome-de-alienacion-parental-en-materia-familiar-su · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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