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Modo: Corpus Pro

DERECHO A UNA SEGUNDA INSTANCIA EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. SU OBJETO Y FIN CONFORME A LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 335/2011. · Registro digital (IUS): 23521
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VII, Abril de 2012, Tomo 2, Pág. 1343.

AMPARO DIRECTO 335/2011. 29 DE MARZO DE 2012. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: HUMBERTO MANUEL ROMÁN FRANCO. SECRETARIO: GERARDO DOMÍNGUEZ ROMO.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Dado el sentido de la ejecutoria, resulta innecesaria la transcripción completa de la sentencia reclamada, así como la totalidad de los conceptos de violación que las quejosas hacen valer y dividen en tres números; lo anterior, ya que este órgano colegiado determina que es sustancialmente fundado el último de esos motivos de disenso, en el que esencialmente reclaman que el tribunal responsable omitió contestar el tercer agravio que expusieron ante esa alzada, en específico, los tópicos que destacaron en los puntos que indicaron como: 1, 2, 3, 3.1, 3.2 y 3.3.

En principio y por razón del mandato constitucional, de manera preliminar se destaca que acorde con lo dispuesto por el precepto 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, vigente a partir del día siguiente, en términos de su tercer párrafo, corresponde a este órgano de control de constitucionalidad, en el ámbito de su competencia, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Asimismo, es pertinente destacar que en materia de derechos fundamentales el ordenamiento jurídico mexicano tiene dos fuentes primigenias, es decir, los derechos fundamentales reconocidos en la Carta Magna y aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, de ahí que las normas provenientes de ambas fuentes son normas supremas; en el supuesto de que un mismo derecho fundamental esté reconocido en ambas fuentes, la elección de la norma que será aplicable en materia de derechos humanos, atenderá a criterios de favorabilidad del individuo o lo que se ha denominado "principio pro persona" (en provecho del hombre).

En consecuencia, en aras de ese principio, conforme al cual y en términos del párrafo segundo del arábigo constitucional en cita, así como los numéricos 1 y 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; y, 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se debe favorecer en todo tiempo a las personas la protección más amplia; por lo que, el Poder Judicial, al ejercer un control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos deberá realizar: una interpretación conforme en sentido amplio del orden jurídico a la luz y respecto de los derechos humanos reconocidos en la Carta Magna y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; una interpretación conforme en sentido estricto, lo que significa que al existir varias interpretaciones jurídicamente válidas los juzgadores partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes deben preferir aquella que hace a la ley acorde a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y tratados internacionales; y una inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no son posibles; de ahí que, de estimar la existencia de una violación a los derechos humanos, se procederá a señalar y reparar, en los términos que establezca la ley para ello, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución General de la República y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada 1a. XIX/2011, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, pendiente de publicar, de rubro y texto:

"PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE. De conformidad con el texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, en materia de derechos fundamentales, el ordenamiento jurídico mexicano tiene dos fuentes primigenias: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Consecuentemente, las normas provenientes de ambas fuentes, son normas supremas del ordenamiento jurídico mexicano. Esto implica que los valores, principios y derechos que ellas materializan deben permear en todo el orden jurídico, obligando a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Ahora bien, en el supuesto de que un mismo derecho fundamental esté reconocido en las dos fuentes supremas del ordenamiento jurídico, a saber, la Constitución y los tratados internacionales, la elección de la norma que será aplicable -en materia de derechos humanos-, atenderá a criterios de favorabilidad del individuo o lo que se ha denominado principio pro persona, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 1o. constitucional. Según dicho criterio interpretativo, en caso de que exista una diferencia entre el alcance o la protección reconocida en las normas de estas distintas fuentes, deberá prevalecer aquélla que represente una mayor protección para la persona o que implique una menor restricción. En esta lógica, el catálogo de derechos fundamentales no se encuentra limitado a lo prescrito en el texto constitucional, sino que también incluye a todos aquellos derechos que figuran en los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano."

Así como también, la tesis aislada P. LXIX/2011, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 552 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro III, Tomo 1 diciembre de 2011, que dice:

"PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. La posibilidad de inaplicación de leyes por los Jueces del país, en ningún momento supone la eliminación o el desconocimiento de la presunción de constitucionalidad de ellas, sino que, precisamente, parte de esta presunción al permitir hacer el contraste previo a su aplicación. En ese orden de ideas, el Poder Judicial al ejercer un control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos, deberá realizar los siguientes pasos: a) Interpretación conforme en sentido amplio, lo que significa que los Jueces del país -al igual que todas las demás autoridades del Estado Mexicano-, deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el Estado Mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia; b) Interpretación conforme en sentido estricto, lo que significa que cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los Jueces deben, partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquélla que hace la ley acorde a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos; y, c) Inaplicación de la ley cuanto las alternativas anteriores no son posibles. Lo anterior no afecta o rompe con la lógica de los principios de división de poderes y de federalismo, sino que fortalece el papel de los Jueces al ser el último recurso para asegurar la primacía y aplicación efectiva de los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el Estado Mexicano sea parte."

Ahora bien, este órgano colegiado determina que como es sustancialmente fundado el tercer concepto de violación que hacen valer las quejosas, resulta innecesario llevar a cabo el estudio de los demás motivos de disenso.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia V.2o. J/7, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que se comparte, visible en la página 86, Tomo VII, abril de 1991, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO. Si al considerarse fundado un concepto de violación ello trae como consecuencia la concesión del amparo, es innecesario analizar los restantes, ya que cualquiera que fuera el resultado de ese estudio, en nada variaría el sentido de la sentencia."

Así como la jurisprudencia número 336, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que también se comparte, consultable en la página 225, Tomo II, Parte TCC, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Octava Época, que a la letra dice:

"AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. SU FALTA DE ESTUDIO ES VIOLATORIA DE GARANTÍAS Y HACE INNECESARIO EL ESTUDIO DE LOS DEMÁS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Si el tribunal de amparo llega a la conclusión de que el ad quem omitió el estudio de los agravios expresados en la apelación, o alguno o algunos de ellos y que, por lo tanto, incurrió en violación de garantías, resulta innecesario proceder al estudio de los demás conceptos de violación, pues debe concederse el amparo para el efecto de que el tribunal responsable deje insubsistente su resolución y dicte una nueva en la que, con plenitud de jurisdicción, haga el estudio de todos los agravios expresados en la apelación y resuelva, en consecuencia, lo que estime legalmente procedente."

Asimismo, se destaca que como bien reclaman las quejosas, el tribunal responsable no contestó la totalidad de los agravios que ante esa alzada hizo valer su defensa particular, por lo que con ello vulneró sus derechos fundamentales.

Lo anterior se afirma, ya que por proveído de veinticinco de mayo de dos mil once, el Magistrado del Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, tuvo como defensores particulares designados por las ahora quejosas, a los licenciados ********** y **********; el segundo de ellos, compareció ante dicho tribunal el uno de junio de ese año para aceptar y protestar el cargo conferido; el seis siguiente se llevó a cabo la audiencia de vista en la que se dio cuenta del escrito de agravios que expuso ese defensor y que el referido tribunal precisó que sería analizado en el momento procesal oportuno (fojas 3 y 4, 13, 64 a 113 y 114 del toca de apelación).

El doce de julio de dos mil once, el Tribunal Unitario responsable, dictó resolución en la que modificó la sentencia de primer grado en sus resolutivos tercero y cuarto (fojas 115 a 240 del toca de apelación).

El catorce de julio de dos mil once, la Juez Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, para llevar a cabo el cumplimiento de la sentencia pronunciada por el tribunal de alzada, advirtió algunas confusiones en sus exposiciones señaladas en el considerando séptimo, en específico, en lo concerniente al pago de la reparación del daño a que fueron condenadas las sentenciadas y en favor del fisco federal, ya que estimó ambigüedad con respecto a si el pago total de ese concepto se encontraba satisfecho con las garantías pecuniarias que exhibieron las entonces procesadas para gozar de su libertad provisional bajo caución y el diverso monto (que podría incrementarse con motivo de las actualizaciones -recargos fiscales-), por lo que a dicho tribunal, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 351 y 352 del Código Federal de Procedimientos Penales, solicitó la aclaración de sentencia (fojas 255 y 256 del toca de apelación).

El diecinueve de julio de dos mil once, el Magistrado responsable puso a la vista de las partes por el término de tres días, la solicitud realizada por la juzgadora para que expusieran lo que a su derecho estimaran procedente, y fenecido el plazo, resolviera sobre la procedencia o no de la aclaración propuesta (foja 257 del toca penal).

El veinticinco de julio de dos mil once, el Ministerio Público de la Federación y la defensa particular de las sentenciadas, desahogaron la vista que se les ordenó dar (fojas 305 a 459 del toca penal).

El veintisiete de julio de dos mil once, el Magistrado responsable resolvió declarar improcedente la aclaración de sentencia propuesta por la Juez Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, tras determinar que no existen las ambigüedades invocadas por ésta.

El ocho de agosto de dos mil once, las quejosas promovieron amparo directo contra la sentencia definitiva de fecha doce de julio de ese año, el cual, por encontrarse relacionado con el R.P. 130/2010 del índice de este órgano colegiado, también le correspondió conocer, por lo que se recibió en este tribunal el doce de agosto de ese año.

Ahora bien, este tribunal advierte que en la resolución definitiva que se reclama, la autoridad responsable no analizó la totalidad de los agravios expuestos por la defensa particular de las quejosas; lo que evidentemente las dejó en estado de indefensión y con ello se vulneraron sus derechos fundamentales de defensa, consagrados en los preceptos 14 y 16 constitucionales, infringiendo además el contenido del diverso 364 del Código Federal de Procedimientos Penales, que textualmente dice:

"... Artículo 364. La segunda instancia solamente se abrirá a petición de parte legítima para resolver sobre los agravios que estime el apelante le cause la resolución recurrida. Los agravios deberán expresarse al interponerse el recurso o en la vista del asunto. El tribunal de apelación suplirá la deficiencia de los agravios cuando el recurrente sea el procesado o, siéndolo el defensor, se advierta que por torpeza no los hizo valer debidamente."

Asimismo, resulta oportuno destacar que el derecho a promover un recurso está regulado en los preceptos 7.6, 8.2.h, y 25.1 y 2, incisos a), b) y c), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que señalan:

"Artículo 7. Derecho a la libertad personal.

"6. ... Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona."

"Artículo 8. Garantías judiciales.

"2. ...

"h) Derecho de recurrir del fallo ante Juez o tribunal superior."

"Artículo 25. Protección judicial.

"1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los Jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

"2. Los Estados partes se comprometen:

"a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;

"b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y

"c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso."

Así como en el numeral 8 de la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, que prevé:

"Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley."

Precisado lo anterior, se destaca que la defensa particular de las ahora inconformes, en su tercer agravio, de forma específica, reclamó como número 1.

Que la Juez omitió analizar la declaración anual complementaria que como contribuyente personal del D.F., presentó con fundamento en lo dispuesto por el artículo 32 del Código Fiscal de la Federación; anexo que se sustentó en el dictamen de veintitrés de julio de dos mil nueve que se le recibió con el folio 25426311; documental que además esa juzgadora recibió el veintiocho de julio de ese año y que corresponde a la segunda de las tres informaciones complementarias a las que el contribuyente tiene derecho a exhibir (de conformidad a lo señalado por ese precepto legal), máxime que en el momento de su exhibición, no había antecedentes de que la autoridad hacendaria hubiese iniciado facultades de revisión por el ejercicio fiscal comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, ya que el acto de autoridad que se les reclama, se limita al periodo comprendido entre los meses de marzo y abril de ese año.

Por lo que en ese anexo, se mostraron los importes que se generaron por el concepto del impuesto al valor agregado acreditable y que se pagó, lo cual se demostró en el apartado "E" en la sección de estado de resultados, en el renglón de gastos de operación -partes no relacionadas-; más aún, este dictamen se elaboró de conformidad a la normatividad fiscal publicada en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria identificada como:

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/información_fiscal/orientación_oe/dictamen_fiscal/76_6874.html

Asimismo, en ese portal cibernético existe una pregunta marcada con el número 11 que refiere:

¿Existe la opción de presentar dictamen complementario? y se proporciona otra dirección virtual que es:

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/información_fiscal/orientación_oe/dictamen_fiscal/76_6874.html1#11.

Sin embargo, no existe esa opción para elaborar el dictamen complementario; no obstante ello, si se requiere modificar algún dato al del dictamen enviado, entre otros requisitos debe presentarse un escrito firmado por el contribuyente o su representante legal y el contador público que lo elaboró.

En el punto número 2, alegó:

Se transcribió el argumento del Juez de primer grado en relación con la opinión técnica contable que emitió el experto ********** (perito coadyuvante del Ministerio Público).

Asimismo, abundó al referir que la juzgadora pasó por alto que ese perito, al elaborar su dictamen, no consideró las declaraciones que como contribuyentes presentaron el veintidós de julio de dos mil ocho, correspondiente al ejercicio fiscal del mes de marzo de dos mil siete y por el que se pagó la cantidad de $57,216.00, así como la diversa por el mes de abril de dos mil siete que se presentó el veintiuno de julio de dos mil ocho por la suma de $71,530.00; que ambas cifras son el resultado de restar el impuesto al valor agregado causado por el impuesto al valor agregado acreditable, el cual efectivamente fue cobrado y cubierto su importe, cuyo sustento, se tiene con la documentación que el propio contribuyente exhibió y que obra en el expediente del proceso penal que se les instruyó (anexaron dos tablas ilustrativas que contienen fechas, números de cuentas bancarias, conceptos e importes); todo ello en relación con los meses de marzo y abril de dos mil siete.

En el punto indicado como 3, la defensa apelante lo subdividió en tres temas -la primera parte transcribió la parte conducente que esgrimió la juzgadora y que para mayor relevancia, en sus agravios lo destacó de color verde-, asimismo, como 3.1., destacó:

Que las cifras reflejadas en la declaración complementaria a través del dictamen del ejercicio fiscal de dos mil siete, se integra por soportes y registros contables que fueron aportados en su oportunidad ante la autoridad investigadora y sólo se anexó, el escrito de fecha veintiocho de julio de dos mil nueve, a través del cual se llevó a cabo la declaración complementaria por dictamen, no así, los documentos contables, por lo que la apreciación de la Juez es equivocada al no haber analizado todo el expediente, ya que de haberlo hecho, se habría percatado que se encuentra agregada toda la documentación -facturas, registros contables, contratos y comprobantes bancarios que ya formaban parte del expediente desde la etapa de averiguación previa.

En el punto señalado como 3.2. se precisó:

El impuesto al valor agregado se causa de forma mensual; sin que obste a ello, que se puedan emitir informes complementarios y de esa manera, aclarar el resultado anual por ello el perito **********, llevó a cabo el análisis sobre ese concepto y a través de las declaraciones presentadas en forma mensual, sobre las que elaboró un informe completo en cuanto a su registro contable (se anexaron tablas en las que se detallaron los ingresos efectivamente cobrados y correspondientes a los meses de marzo y abril de dos mil siete, en los que se incluyeron, fechas, conceptos, referencias bancarias e importes).

Por último, en el 3.3. se indicó:

Que si bien es cierto, en su favor no es aplicable lo dispuesto por el ordinal 113 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como el diverso 26, fracciones I y II, del Código Fiscal de la Federación, como tampoco el contrato de prestación de servicios celebrado entre ********** en virtud de que se refiere a las retenciones y entero del impuesto sobre la renta; ya que la legislación aplicable fue la que se invocó en el proceso penal que se les instauró; empero, el perito particular que ellas ofrecieron, a través del dictamen que elaboró, explica la determinación del impuesto al valor agregado acreditable a su favor y efectivamente pagado.

Por su parte, en el fallo que se impugna mediante este amparo, se advierte que de fojas 188 vuelta a 214 vuelta del toca de apelación, el tribunal responsable estableció:

"... Décimo. Contestación de agravios formulados por las enjuiciadas ... procede el análisis de los conceptos de agravio expuestos por las sentenciadas **********, que han quedado transcritos en el considerando tercero de este fallo; de los cuales, se advierte, la procedencia de su estudio, en términos integrales, conjuntos y esenciales, puesto que los principios de exhaustividad y congruencia que deben contener toda resolución, no pueden entenderse bajo la obligación para los órganos jurisdiccionales de referirse expresamente en sus fallos, ‘punto por punto’ o ‘renglón por renglón’, ‘a todos los cuestionamientos’ propuestos, máxime, si como en el caso, inciden en reiteradas posturas y sustanciales idénticos planteamientos, sino atender a todos aquellos que revelen una inconformidad concreta con ánimo de demostrar la razón que se alegue, esto es, en su manifestación esencial, pero no reiterada o relacionada con nuevos puntos de inconformidad, pues implicaría la reiteración de consideraciones ya establecidas y superadas.

"Es aplicable, en su identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia VI 3o.A. J/13 ... de rubro y texto siguientes:

"‘GARANTÍA DE DEFENSA Y PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD Y CONGRUENCIA. ALCANCES.’ (se transcribe). En primer término las enjuiciadas aducen que existe una indebida valoración de prueba que condujeron al Juez a tener por acreditada la materialidad del delito de defraudación fiscal equiparada, previsto en la fracción I, del artículo 109 y sancionado en la fracción I del numeral 108, ambos del Código Fiscal de la Federación (vigente en la actualidad). -Conceptos de agravio que carecen de razón jurídica, toda vez que ... Asimismo las enjuiciadas argumentan que no se acreditó la conducta, en el caso que se consignaran en las declaraciones, ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos; ya que desde el inicio de la visita, esto es, el uno de junio de dos mil siete, por el periodo fiscal comprendido del uno de enero al treinta de abril de dos mil siete, se entregaron a los funcionarios hacendarios la información referente a los ingresos obtenidos. Agravio que resulta infundado, puesto que ... (foja 208 vuelta)

"También señalan las encausadas que: ‘la Juez a quo desdeña el valor demostrativo de la pericial desahogada por el perito de la defensa, pese a que en ese trabajo pericial, a través de los diversos escrito (sic) que lo conforman, explicó de forma clara y puntual la forma en que se calculó el IVA a pagar ...’ (transcriben el escrito signado por el perito **********, presentado ante el órgano investigador el dieciocho de marzo de dos mil nueve), asimismo destaca que dicha pericial, tenía que ser analizada con armonía con la presentada por la perito tercero en discordia, puesto que esta última experticial concluye de forma similar al perito de la defensa, al haber tomado en consideración todas las pruebas aportadas durante la averiguación previa, situación que no realizaron los peritos oficiales. Lo anterior es infundado, porque las periciales aludidas se encuentran contradichas por el informe de veintisiete de febrero de dos mil nueve, suscrito por **********, peritos en materia de contabilidad de la Procuraduría General de la República, en el que concluyeron que los registros contables realizados posteriores a la terminación de la visita domiciliaria practicada a **********, así como la nueva documentación contable aportada como prueba, no son suficientes ni competentes que permitan desvirtuar el dictamen vertido en fecha veintiocho de agosto de dos mil ocho, subsistiendo el perjuicio al fisco federal. Así como con el diverso informe de veinte de abril de dos mil nueve, emitido por los peritos de la Procuraduría General de la República **********, en el que señalaron: ‘Lo cierto es que con la nueva documentación integrada al expediente con posterioridad a la conclusión de la visita domiciliaria que se le practicó a la contribuyente **********, se desprenden registros contables que muestran el pago de la factura 325 por el mes de marzo de dos mil siete y la factura 342 por el mes de abril de dos mil siete, ambas facturas por concepto de servicios administrativos de personal, proporcionados por la empresa denominada **********, mediante la presentación de un contrato de prestación de servicios, dicho pago de factura se realiza supuestamente en forma directa al personal de la empresa prestadora del servicio, a través de la elaboración de pólizas cheque, las cuales no contienen copia del cheque, ni mucho menos se observan las firmas de recibido por parte del beneficiario; no obstante lo anterior, del análisis efectuado a la declaración complementaria por dictamen, se observa que el monto registrado en el rubro mano de obra en el apartado E. Estado de resultados es en cantidad $55'424,331. Del dictamen de estados financieros de dos mil siete. Luego entonces, no aparece la deducción de las dos facturas por concepto de servicios administrativos de personal expedidas a nombre de la contribuyente **********, información que resulta contraria, es decir, el contenido de las balanzas aportadas después de ejercidas las facultades de comprobación muestran información que no es consistente ni con las balanzas entregadas inicialmente a la autoridad fiscalizadora ni con la declaración anual, ni tampoco con el dictamen de Estados Financieros presentado por la propia contribuyente. Por tanto y en virtud de lo anteriormente expuesto, los suscritos ratificamos en todas y cada una de sus partes el dictamen pericial en materia de contabilidad vertido en fecha veintiocho de agosto de dos mil ocho, ya que subsiste el perjuicio al fisco federal, en cantidad de $1'218,145.66 (un millón doscientos dieciocho mil ciento cuarenta y cinco pesos con sesenta y seis centavos moneda nacional)’. De ahí que atendiendo a lo expuesto por los peritos oficiales en el informe en comento, fue correcto el valor probatorio de indicios que la a quo les otorgó a los dictámenes que los mismos emitieron y en el que concluyeron que el quebranto fiscal asciende a la cantidad en cita. Igualmente, los peritos adscritos a la Procuraduría General de la República en sus respectivos informes determinaron que los registros contables realizados posteriores a la terminación de la visita domiciliaria practicada a ********** así como la nueva documentación contable aportada como prueba, no fueron suficientes ni competentes para desvirtuar el dictamen vertido el veintiocho de agosto de dos mil ocho, subsistiendo el perjuicio al fisco federal; asimismo, indicaron que del análisis efectuado a la declaración complementaria por dictamen, se observa que el monto registrado en el rubro mano de obra en el apartado E. Estado de resultados es en cantidad $55'424,331. Del dictamen de estados financieros dos mil siete. Luego entonces, no aparece la deducción de las dos facturas por concepto de servicios administrativos de personal expedidas a nombre de la contribuyente ********** información que resulta contraria, toda vez que el contenido de las balanzas aportadas después de ejercidas las facultades de comprobación muestran información que no es consistente ni con las balanzas entregadas inicialmente a la autoridad fiscalizadora ni con la declaración anual, ni tampoco con el dictamen de Estados Financieros presentado por la propia contribuyente. Por lo cual, si de las experticiales realizadas por los peritos ********** (adscritos al Servicio de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, dependiente del Servicio de Administración Tributaria), ********** (de la Procuraduría General de la República), se advierte que tanto la balanza de comprobación correspondiente a los meses de marzo y abril de dos mil siete, con fecha de impresión veinticuatro de marzo de dos mil ocho, que se le proporcionó al Servicio de Administración Tributaria, así como la balanza de comprobación correspondiente a los mismos meses con fecha de impresión veintidós de septiembre de dos mil ocho, aportada con posterioridad por la contribuyente ********** se muestran diferentes contenidos, obteniendose que la contribuyente **********, lleva a cargo el registro de sus operaciones contables en dos sistemas de contabilidad con diferentes contenidos. Esto es, con la nueva documentación integrada al expediente con posterioridad a la conclusión de la visita domiciliaria que se le practicó a la contribuyente ********** se desprenden registros contables que muestran el pago de la factura número 325 por el mes de marzo de dos mil siete y la factura número 342 por el mes de abril de dos mil siete, ambas facturas por concepto de servicios administrativos de personal, proporcionados por la e

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23521-2faf50ec/derecho-a-una-segunda-instancia-en-el-procedimiento · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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