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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS (LEY NÚMERO 253 QUE CREA EL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE SONORA). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). III. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. SE DEBE PERSEGUIR UNA IGUALDAD JURÍDICA, TRADUCIDA EN LA SEGURIDAD DE NO TENER QUE SOPORTAR UN PERJUICIO O PRIVARSE DE UN BENEFICIO DE FORMA DESIGUAL E INJUSTIFICADA. IV. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. SE CONFIGURA POR UNA DIMENSIÓN FORMAL O DE DERECHO Y OTRA SUSTANTIVA O DE HECHO. V. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. DIFERENCIAS ENTRE DISTINCIÓN Y DISCRIMINACIÓN. VI. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. EL TÉRMINO DE "LAS CALIDADES QUE ESTABLEZCA LA LEY", PREVISTO EN EL ARTÍCULO 35, FRACCIONES II Y VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, AL DISPONER EL DERECHO DE LOS CIUDADANOS DE PODER SER NOMBRADOS PARA CUALQUIER EMPLEO O COMISIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO, SE REFIERE A CUESTIONES INHERENTES A LA PERSONA Y NO A ASPECTOS EXTRÍNSECOS A ÉSTA. VII. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. EL REQUISITO DE SER UNA PERSONA NO CONDENADA POR DELITO DOLOSO QUE IMPONGA PENA DE PRISIÓN PARA SER DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE SONORA, CONSTITUYE UNA MEDIDA SOBREINCLUSIVA QUE VULNERA EL DERECHO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 49, FRACCIÓN XI, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "DELITO DOLOSO QUE LE IMPONGA PENA DE PRISIÓN. TRATÁNDOSE DE", DE LA LEY NÚMERO 253, QUE CREA EL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE SONORA). VIII. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. EL REQUISITO DE SER UNA PERSONA NO SANCIONADA CON MOTIVO DE UNA INVESTIGACIÓN DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO POR INFRACCIONES GRAVES PARA SER DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE SONORA RESULTA SOBREINCLUSIVO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 49, FRACCIÓN XIII, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "NO HABER SIDO SANCIONADO CON MOTIVO DE UNA INVESTIGACIÓN DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO, POR INFRACCIONES GRAVES", DE LA LEY NÚMERO 253, QUE CREA EL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE SONORA). IX. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. EL REQUISITO DE SER UNA PERSONA NO SANCIONADA CON MOTIVO DE UNA INVESTIGACIÓN DE CARÁCTER PENAL POR VIOLACIONES A LAS LEYES NACIONALES O EXTRANJERAS, QUE HAYAN TENIDO COMO CONCLUSIÓN CUALQUIER TIPO DE RESOLUCIÓN O ACUERDO QUE IMPLIQUE EXPRESAMENTE LA ACEPTACIÓN DE LA CULPA O RESPONSABILIDAD, O BIEN, SENTENCIA CONDENATORIA FIRME PARA SER DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE SONORA VIOLA EL DERECHO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 49, FRACCIÓN XIII, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "O PENAL, POR VIOLACIONES A LAS LEYES NACIONALES O EXTRANJERAS, QUE HAYAN TENIDO COMO CONCLUSIÓN CUALQUIER TIPO DE RESOLUCIÓN O ACUERDO QUE IMPLIQUE EXPRESAMENTE LA ACEPTACIÓN DE LA CULPA O RESPONSABILIDAD, O BIEN SENTENCIA CONDENATORIA FIRME", DE LA LEY NÚMERO 253, QUE CREA EL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE SONORA). X. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 49, FRACCIONES XI, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "DELITO DOLOSO QUE LE IMPONGA PENA DE PRISIÓN. TRATÁNDOSE DE", Y XIII, DE LA LEY NÚMERO 253, QUE CREA EL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE SONORA).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 92/2021. · Registro digital (IUS): 31409
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2023-04-28
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, Abril de 2023, Tomo I, Pág.502.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 92/2021. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIA: JAQUELINE SÁENZ ANDUJO.

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al trece de septiembre de dos mil veintidós, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 92/2021, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra del artículo 49, fracciones XI –en su porción normativa impugnada– y XIII, de la Ley Número 253, que crea el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Sonora, expedida mediante decreto publicado en el Boletín Oficial de esa entidad el cuatro de mayo de dos mil veintiuno.

El artículo 49, fracción XI, en la porción normativa impugnada, dispone como requisito para ser director general del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Sonora, no haber sido condenado por delito doloso que imponga pena de prisión; mientras que la fracción XIII establece no haber sido sancionado con motivo de una investigación de carácter administrativo, por infracciones graves, o penal, por violaciones a las leyes nacionales o extranjeras que hayan tenido como conclusión cualquier tipo de resolución o acuerdo que implique expresamente la aceptación de culpa o responsabilidad, o bien, sentencia condenatoria firme.

I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación de la demanda. El tres de junio de dos mil veintiuno, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 49, fracciones XI –en su porción normativa "delito doloso que le imponga pena de prisión. Tratándose de"– y XIII, de la Ley Número 253, que crea el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Sonora, expedida mediante decreto publicado en el Boletín Oficial de esa entidad el cuatro de mayo de dos mil veintiuno.

2. Conceptos de invalidez. En su demanda, la promovente expuso, en un único concepto de invalidez, los siguientes argumentos:

a) Las exigencias de las fracciones impugnadas trasgreden los derechos de igualdad y no discriminación, así como la libertad de trabajo y el derecho de acceder a un cargo público al excluir de manera injustificada a determinadas personas para ocupar un cargo en el servicio público. Las personas que han sido sancionadas en algún momento por las conductas enunciadas y que ya cumplieron la sanción impuesta deben tener la posibilidad de ocupar cargos públicos en igualdad de circunstancias que las demás personas.

b) El artículo 1o. de la Constitución Federal reconoce que todas las personas gozan de los derechos reconocidos en su propio texto y en el de los tratados internacionales de los que México es Parte. Establece la prohibición de discriminar por razón del origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, las condiciones sociales o de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o por cualquier otro motivo que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de la persona. Dicha prohibición se hace extensiva a todas las autoridades del Estado en sus respectivos ámbitos de competencia. El creador de la norma debe cuidar no incurrir en un trato diferenciado injustificado. No toda distinción es discriminatoria, pues puede ser razonable y objetiva. Será discriminatoria cuando constituya una diferencia arbitraria que redunde en detrimento de los derechos humanos de una persona. Es contraria al parámetro de regularidad constitucional toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo conduzca a tratarlo con algún privilegio o que, inversamente, por considerarlo inferior, sea tratado con hostilidad o discriminación respecto del goce de un derecho que se reconoce a quienes no se consideran incursos en tal situación.

c) El derecho humano a la igualdad ha sido interpretado a partir de dos principios: i) igualdad ante la ley, que implica que las normas jurídicas sean aplicadas de modo uniforme a todas las personas que se encuentren en la misma situación; e, ii) igualdad en la ley, que opera frente a la autoridad materialmente legislativa y que tiene por fin evitar diferenciaciones legislativas injustificadas.

d) En el ámbito internacional, el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece igual protección ante la ley. Además, si un Estado establece disposición es que resulten discriminatorias, incumple con la obligación establecida en el artículo 1.1 y el derecho sustantivo en cuestión. La Corte Interamericana ha reconocido que el principio de igualdad ante la ley y no discriminación pertenece al ius cogens, puesto que sobre él descansa todo el andamiaje jurídico nacional e internacional. Ese tribunal ha sostenido que la noción de igualdad se desprende de la naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación discriminatoria.

e) Respecto a la libertad de trabajo (artículo 5o. de la Constitución Federal) y el derecho a ocupar un cargo público (artículo 35, fracción VI, de la Constitución), se advierte que todas las personas, en un plano de igualdad pueden dedicarse a la actividad lícita que sea de su preferencia, lo que implica el derecho a dedicarse al cargo público de su elección cuando sean nombradas para tal efecto. El derecho al trabajo sólo puede vedarse por determinación judicial o resolución gubernativa, cuando se ofendan los derechos de terceros o de la sociedad. La Corte Interamericana ha señalado que todo procedimiento de nombramiento de un cargo público debe tener como función no sólo la selección según los méritos del aspirante, sino el aseguramiento de la igualdad de oportunidades a través de la libre concurrencia. Ese tribunal ha enfatizado que tales procedimientos tampoco pueden involucrar privilegios o requisitos irrazonables. Todas las personas que acrediten los requisitos determinados en la ley deben poder participar en los procesos de selección sin ser objeto de tratos desiguales y arbitrarios.

f) Los requisitos previstos en las normas impugnadas impiden de manera injustificada que las personas que se encuentren en las hipótesis de restricción accedan al cargo público de titular de la Dirección General del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Sonora.

g) Aunque las fracciones XI y XIII del artículo 49 de la ley local contienen el mismo vicio de invalidez, por su redacción se desprende que ellas implican distintas hipótesis, por lo que resulta pertinente precisar sus alcances, con la finalidad de evidenciar que por la amplitud con las que fueron establecidas, se excluye injustificadamente a determinados sectores de la población para acceder al cargo referido.

h) La fracción XI del artículo 49 del ordenamiento citado establece que para ser designado como titular de la Dirección General del Centro de Conciliación Laboral de la entidad se requiere no haber sido condenado mediante sentencia firme por delito doloso que le imponga prisión. Este supuesto comprende todo tipo de delitos dolosos, graves o no graves, cualquier condena por la comisión de delitos dolosos y que fue sentenciado con pena privativa de prisión no puede ocupar el cargo aun cuando no guarde relación alguna con la función a desempeñar.

i) Por otra parte, la fracción XIII del artículo 49 de la Ley Número 253, establece diversos supuestos de exclusión que también se considera deben ser explicados. Esto, en función de que dicha disposición prevé que para ser director del Centro de Conciliación de la entidad, el aspirante no debe haber sido sancionado con motivo de una investigación de carácter administrativo por infracciones graves, lo que aplicará para aquellas personas que hubieren sido sancionadas en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos que se consideren graves de acuerdo al capítulo II del título tercero de la Ley General de Responsabilidad Administrativas, o bien, de aquellas cometidas conforme a los supuestos enlistados en el artículo 225 bis de la Ley de Tránsito (conducir en exceso de velocidad; conducir en estado de ebriedad o bajo la acción de drogas o sustancias que disminuyan su aptitud; hacer uso de teléfonos celulares al conducir, etcétera). Así como de otras conductas sancionables a las que se refiere cualquier otra ley que constituyan infracciones administrativas que, en cada caso, la autoridad competente califique como graves.

j) La norma tampoco distingue entre la sanción impuesta, sino que en términos de la disposición la restricción se actualiza si la resolución o acuerdo implica expresamente la aceptación de la culpa o responsabilidad o sentencia condenatoria firme.

k) La disposición reclamada impide que una persona por la simple circunstancia de haber sido sancionada en cualquier procedimiento administrativo por infracciones que se consideren graves por la autoridad local o federal correspondiente, sin importar incluso la sanción impuesta, quedarán excluidos de toda posibilidad de ser designados como titulares la dirección.

l) Por otra parte, la señalada fracción XIII, también establece que para ocupar el cargo se requiere no haber sido sancionado en materia penal por violaciones a las leyes nacionales o extranjeras. Sin embargo, no define cuáles son las conductas prohibidas que necesariamente se relacionan con el ejercicio del cargo.

m) Las normas resultan sobre inclusivas, desbordan su objetivo y terminan por excluir a las personas que pretenden reinsertarse a la sociedad tras haber compurgado una pena o sanción. La generalidad de los requisitos se traduce en una prohibición absoluta y sobre inclusiva que excluye automáticamente y sin distinción a las personas que han cumplido una pena y se han reinsertado en la sociedad, creando así una condición estigmatizante. Además, hace distinciones injustificadas entre las personas que han sido condenadas penal o administrativamente y aquellas que no tienen antecedentes penales.

n) Debe aplicarse un test de escrutinio ordinario de proporcionalidad. Conforme a lo sustentado por el tribunal constitucional, cuando una norma no hace una distinción basada en una categoría sospechosa, corresponde realizar un escrutinio ordinario de la medida bajo los siguientes parámetros: finalidad constitucionalmente válida o legitimidad de la medida; b) instrumentalidad de la medida; c) proporcionalidad.

o) En el caso, si bien los preceptos normativos buscan generar las condiciones propicias para que quienes accedan al puesto mencionado tengan el perfil necesario para el desempeño, los requisitos no tienen relación directa, clara e indefectible, para el necesario cumplimiento del fin constitucionalmente válido de contar con servidores públicos adecuados y eficientes, pues no existe base objetiva para determinar que una persona sin antecedentes penales o que no haya sido sometida a una investigación administrativa por una infracción grave ejercerá las funciones correspondientes al cargo con rectitud, probidad y honorabilidad o que las personas que sí se encuentren en tal puesto, per se, no ejercerá las labores de forma adecuada, mucho menos que no tengan la aptitud necesaria para cumplir sus funciones con eficiencia.

3. Admisión y trámite. Mediante acuerdo de nueve de junio de dos mil veintiuno, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por recibida la demanda y ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 92/2021, así como su turno al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena para instruir el procedimiento correspondiente.

4. El catorce de junio de dos mil veintiuno, el Ministro instructor admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad. Tuvo como autoridades emisoras de la norma a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Sonora y ordenó dar vista para que, dentro del plazo de quince días hábiles, rindieran los informes correspondientes. También se dio vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, para que, hasta antes del cierre de instrucción, manifestaran lo que a su representación corresponda.

5. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora. El consejero jurídico de la gobernadora del Estado de Sonora, rindió su informe en los siguientes términos:

a) No existe razón para tachar de inconstitucional el artículo puesto que cuando se esté frente a un caso concreto, debe ser evaluada su situación en lo individual y considerada en razón del motivo por el que se impuso la sanción, dejando de lado la información que se refiere a la vida y protegiendo en todo tiempo la investigación.

b) Establecer esos requisitos no representa una práctica discriminatoria puesto que se está velando por obtener el mejor perfil posible para ocupar el puesto de director general y se debe tomar en consideración que se están velando otros intereses para garantizar que el ocupante del cargo tenga un grado mínimo de conocimientos puesto que entre las obligaciones se encuentra el manejo de sumas importantes de dinero. Resulta indispensable tener un mínimo de honradez y probidad que, en caso de no contar con ella, descalifican a quien participa en la selección lo que de ninguna manera se trata de exclusión social, marginación o cualquier otro calificativo.

c) La norma es constitucional porque la regulación está justificada ya que obedece a la protección del interés social que implica que la institución continúe funcionando. El fin que se persigue al contratar, es escoger y contar con las personas idóneas para dichas tareas y tener la certeza de que la dirección general se maneja de forma adecuada. Por ello la persona debe tener solidez moral, gozar de buena reputación y que en los hechos garantice el objeto de la dirección.

d) El artículo no limita el derecho a la reinserción social, pues únicamente se pretende contar con la persona idónea para el puesto vacante. Quien trata de reinsertarse a la sociedad puede hacerlo con un trabajo acorde a su situación y condición sin pasar por alto que se violentó la ley y se quebrantó el Estado de derecho. Aun habiendo cumplido su sentencia este hecho no puede pasar por alto que en ciertos casos es necesario contar con un pasado transparente.

e) La forma de considerar la responsabilidad penal de que fue objeto el candidato a director, debe relacionarse con el tipo de delito cometido, dolosos o culposos, y en todo caso debe valorar esto contra su instrucción general y otros elementos de análisis que se requieren para aceptar o no al propuesto. El procedimiento no bloquea a nadie, sino escoge a quien debe ocupar el cargo y en todo caso permite que, quien quiera laborar en el organismo lo haga, pero sin ser el titular de éste.

f) Por tanto, es falso que la porción normativa tildada de inconstitucional genere espectros discriminatorios y estigmatizantes, pues como se ha dicho los requisitos son consecuencia de los requerimientos técnicos que para el puesto se necesitan.

g) Por otra parte, la norma supera un test de escrutinio estricto. La norma persigue una finalidad de especial relevancia, pues el objetivo del legislador fue asegurar la honradez y apego a la legalidad de las personas que pretenden ocupar cargos públicos. Además, se encuentra directamente conectada a la consecución de esos objetivos. Por último, es la medida menos restrictiva para asegurar esos objetivos.

6. Informe del Poder Legislativo del Estado de Sonora. El presidente de la diputación permanente del Congreso del Estado de Sonora rindió informe en los siguientes términos:

a) Es cierto el acto reclamado consistente en la discusión y aprobación de la Ley Número 253 que crea el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Sonora. Sin embargo, se niega que dicha ley contenga artículos inconstitucionales ni que existan vicios en el proceso legislativo.

b) No se plasman actos discriminatorios en la porción normativa "delito doloso que imponga pena de prisión. Tratándose de" del artículo 49; tampoco existe acto discriminatorio en la fracción XIII del citado artículo, toda vez que quienes funjan como servidores públicos deben ser personas honestas.

c) La propia Constitución Federal ha establecido como requisito para ocupar algún cargo el no haber sido condenado por delitos por cierto tiempo o por cierto tipo de delitos, por tanto, no se contraviene ningún principio constitucional. La función pública debe contar con las personas más idóneas, más capaces, honestas y que transmitan certeza a la población. Así, se brinda certeza a la ciudadanía de que contarán con funcionarios públicos que gocen de buena reputación.

7. La Fiscalía General de la República y la Consejería Jurídica del Gobierno Federal no presentaron opinión alguna.

8. Cierre de la instrucción. Seguido el trámite legal correspondiente y la presentación de alegatos, por acuerdo de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, se declaró cerrada la instrucción del asunto y se envió el expediente al Ministro instructor para la elaboración del proyecto de resolución.

II. COMPETENCIA

Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos planteó la invalidez del artículo 49, fracciones XI –en su porción normativa impugnada– y XIII, de la Ley Número 253, que crea el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Sonora, por ser contraria a los derechos de igualdad y no discriminación, libertad de trabajo y derecho a ocupar un cargo público.

III. OPORTUNIDAD

9. Conforme al artículo 60, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, el plazo para promover acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, computados a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el medio oficial correspondiente.

10. La norma impugnada fue publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora el martes cuatro de mayo de dos mil veintiuno, por lo que el plazo de treinta días para la presentación transcurrió del miércoles cinco de mayo al jueves 3 de junio de dos mil veintiuno.

11. La demanda se recibió en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el tres de junio de dos mil veintiuno; por tanto, su presentación resulta oportuna por encontrarse dentro del plazo referido.

IV. LEGITIMACIÓN

12. La acción de inconstitucionalidad fue promovida por parte legitimada, pues presentó la demanda la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, órgano facultado para promover acciones de inconstitucionalidad contra leyes federales y las emitidas por las entidades federativas que vulneren los derechos humanos consagrados en la Constitución General y en los tratados internacionales de los que México sea Parte, en términos del artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución.(1)

13. En el caso, la referida Comisión Nacional impugnó la validez del artículo 49, fracciones XI –en su porción normativa impugnada– y XIII, de la Ley Número 253, que crea el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Sonora, por ser contraria a los derechos de igualdad y no discriminación, libertad de trabajo y derecho a ocupar un cargo público.

14. Conforme a los artículos 15, fracciones I y XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 18 de su reglamento interno, corresponde a su presidente la representación legal. La demanda fue presentada por persona legitimada para ello, pues lo hizo María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que acredita con la copia certificada de la designación en ese cargo, por parte del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

15. El Poder Ejecutivo demandado manifestó que la Comisión accionante carece de legitimación para impugnar la norma. Señala que la legitimación varía en función del ámbito de la norma que pretende impugnarse, es decir, si se trata de leyes federales, locales, etcétera. Alega que en el caso se está impugnando una ley local por lo que el legitimado activamente es el organismo de protección de derechos humanos equivalente en la entidad federativa. Alega que se actualiza una causa de improcedencia por falta de legitimación procesal de la accionante, pues el único supuesto de procedencia no se actualiza en la especie ya que no se viola ningún derecho humano y tampoco se atenta contra la dignidad de nadie. Concluye señalando que la causa de improcedencia es por falta de legitimación procesal de la accionante por lo que debe sobreseerse.

16. Sin embargo, se advierte que su alegato lo hace depender de una aparente falta de legitimación de la Comisión accionante. Este Tribunal Pleno concluye que debe desestimarse pues, como ya fue determinado en el apartado anterior, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sí cuenta con legitimación en la presente acción de inconstitucionalidad, ya que alega la invalidez del artículo bajo estudio al estimar que es contrario a los derechos de igualdad y no discriminación, libertad de trabajo y derecho a ocupar un cargo público.

17. Por su parte, el Poder Legislativo Local solicitó que se sobresea el asunto, conforme a lo previsto en los artículos 20(2) y 65(3) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

18. Sin embargo, realiza un argumento genérico, sin que este Tribunal Pleno advierta –de oficio– que se actualice alguna causal de improcedencia ni motivo alguno de sobreseimiento.

VI. ESTUDIO DE FONDO

19. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reclama la invalidez del artículo 49, fracciones XI –en la porción normativa impugnada que se subraya abajo– y XIII, de la Ley Número 253, que crea el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Sonora, expedida mediante decreto publicado en el Boletín Oficial de esa entidad el cuatro de mayo de dos mil veintiuno. Esa disposición es de contenido siguiente:

"Artículo 49. Para ser director general del centro, deberá cumplir con lo siguiente:

"I. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

"II. Tener por lo menos 30 años de edad cumplidos al día de la designación;

"III. Tener título y cedula profesional de licenciado en derecho o abogado registrado ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública o ante la Secretaría de Educación y Cultura, con una antigüedad de por lo menos 5 años al día de su designación;

"IV. Tener capacidad y experiencia comprobable en actividades profesionales, de servicio público, o administrativo que estén sustancialmente relacionadas en materia laboral, no menor a tres años al día de su designación;

"V. No haber sido dirigente de asociaciones patronales o sindicatos en los tres años anteriores a la designación;

"VI. Gozar de buena reputación;

"VII. No encontrarse en ningún supuesto de conflicto de intereses;

"VIII. No ser fedatario público, salvo que solicite licencia;

"IX. No haber sido representante popular, por lo menos tres años anteriores a la designación;

"X. No encontrarse en alguno de los impedimentos para ser integrante de la Junta de Gobierno que señale la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; ni en los supuestos a que se refieren las fracciones IV y VIII del artículo 6o. transitorio del decreto mediante el cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora, publicado en el Boletín Oficial el 27 de diciembre de 2019;

"XI. No haber sido condenado mediante sentencia firme por delito doloso que le imponga pena de prisión. Tratándose de delitos patrimoniales doloso (sic), cualquiera que haya sido la pena;

"XII. No encontrarse al momento de la designación, inhabilitado o suspendido administrativamente, o en su caso penalmente, para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público; y,

"XIII. No haber sido sancionado con motivo de una investigación de carácter administrativo, por infracciones graves, o penal, por violaciones a las leyes nacionales o extranjeras, que hayan tenido como conclusión cualquier tipo de resolución o acuerdo que implique expresamente la aceptación de la culpa o responsabilidad, o bien sentencia condenatoria firme."

20. Corresponde a este Pleno determinar si la norma, en las porciones normativas impugnadas, es constitucional o, de lo contrario, determinar la invalidez de ésta. Para ello, el estudio se dividirá en tres partes: (A) parámetro de regularidad constitucional; (B) requisito de no haber sido condenado por delitos dolosos que imponga pena de prisión, de la fracción XI del artículo 49 impugnado; y, (C) requisitos contenidos en la fracción XIII del artículo 49 impugnado.

A. Parámetro de regularidad constitucional

21. En tanto que los agravios de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se formulan principalmente a la luz del derecho de igualdad y no discriminación y tomando en consideración, además, que diversos precedentes(4) de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación han abordado temáticas similares a las planteadas en la presente acción y se han analizado conforme al parámetro de regularidad constitucional de este derecho, se aborda el estudio del presente asunto bajo esa óptica.

22. La Constitución Federal establece el derecho a la igualdad y no discriminación en el último párrafo del artículo 1o., el cual señala:

"Artículo 1o.

"...

"Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas."

23. Este Alto Tribunal, al resolver la acción de inconstitucionalidad 107/2016,(5) sostuvo que la igualdad reconocida en el artículo 1o. de la Constitución Federal es un derecho humano expresado a través de un principio adjetivo, el cual consiste en que toda persona debe recibir el mismo trato y gozar de los mismos derechos en igualdad de condiciones que otra u otras personas, siempre y cuando se encuentren en una situación similar que sea jurídicamente relevante.

24. Se ha considerado que el derecho humano de igualdad y la prohibición de discriminación, obligan a toda clase de autoridades en el ámbito de sus competencias, pues su observancia debe ser un criterio básico para la producción normativa, para su interpretación y para su aplicación.

25. No obstante, también se ha precisado que, si bien el verdadero sentido de la igualdad es colocar a las personas en condiciones de poder acceder a los demás derechos constitucionalmente reconocidos, lo cual implica eliminar situaciones de desigualdad manifiesta, ello no significa que todas las personas deban ser siempre iguales en todos los ámbitos, en condiciones absolutas y bajo cualquier circunstancia. Al contrario, en lo que debe traducirse el derecho a la igualdad, es en la seguridad de no tener que soportar un perjuicio o privarse de un beneficio de forma injustificada; por ello, dicho principio exige tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, de tal forma que habrá ocasiones en que hacer distinciones estará vedado, y habrá otras en las que no sólo estará permitido, sino que será una exigencia constitucional.(6)

26. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso Empleados de la Fábrica de Fuegos de Santo Antônio de Jesus Vs. Brasil señaló que "los Estados tienen la obligación de no introducir en su ordenamiento jurídico regulaciones discriminatorias, eliminar las regulaciones de carácter discriminatorio, combatir las prácticas de ese carácter y establecer normas y otras medidas que reconozcan y aseguren la efectiva igualdad ante la ley de todas las personas".(7)

27. Por otro lado, en el Caso Duque Vs. Colombia, el Tribunal Interamericano reiteró que "la noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se encuentren incursos en tal situación".(8)

28. En la misma línea, este Pleno se ha referido al principio y/o derecho de no discriminación, al señalar que cualquier tratamiento discriminatorio respecto del ejercicio de cualquiera de los derechos reconocidos en la Constitución es, per se, incompatible con ésta, y que es inconstitucional toda situación que considere superior a un determinado grupo y conduzca a tratarlo con algún privilegio, o que, inversamente, por estimarlo inferior, dé lugar a que sea tratado con hostilidad, o a que de cualquier forma se le discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se encuentran incursos en tal situación.

29. Asimismo, la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado sobre el derecho a la igualdad. En efecto, en la jurisprudencia 1a./J. 125/2017 (10a.),(9) señaló que el derecho humano a la igualdad jurídica ha sido interpretado y configurado a partir de dos princ

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31409-e085c793/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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