I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA NORMAS GENERALES DE CARÁCTER LOCAL O FEDERAL, QUE VULNEREN LOS DERECHOS HUMANOS CONSAGRADOS EN LA CONSTITUCIÓN GENERAL Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PUEDE PRESENTAR LA DEMANDA EN REPRESENTACIÓN DE ESE ÓRGANO. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN LA QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES. V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NUEVA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO. VI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. CUANDO LA FRACCIÓN IMPUGNADA ÚNICAMENTE SUFRE UN CAMBIO EN SU NUMERACIÓN, PERO FORMA PARTE DE UN PRECEPTO QUE SÍ PRESENTÓ UN CAMBIO EN SU SENTIDO NORMATIVO, SE CONSIDERA QUE EXISTE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO SUSCEPTIBLE DE SER IMPUGNADO A PARTIR DE SU PUBLICACIÓN (ARTÍCULO 151, PÁRRAFO SEGUNDO, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE MOVILIDAD PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO, REFORMADO MEDIANTE DECRETO 058, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL 28 DE ABRIL DE 2023). VII. SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS CONTRATADO A TRAVÉS DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS O DIGITALES EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO. EL REQUISITO DE NO CONTAR CON ANTECEDENTES PENALES PARA SER CONDUCTOR EN ESE SERVICIO, TRANSGREDE EL DERECHO A LA IGUALDAD Y LA LIBERTAD DE TRABAJO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 151, PÁRRAFO SEGUNDO, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE MOVILIDAD PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO). VIII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 151, PÁRRAFO SEGUNDO, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE MOVILIDAD PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 111/2023. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 16 DE MAYO DE 2024. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: GUILLERMO PABLO LÓPEZ ANDRADE.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reclama la invalidez del artículo 151, fracción IX, de la Ley de Movilidad para el Estado de Quintana Roo, reformado mediante Decreto 058, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad federativa el veintiocho de abril de dos mil veintitrés.
Ver índice temático
Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al dieciséis de mayo de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 111/2023, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra del artículo 151, fracción IX,(1) de la Ley de Movilidad para el Estado de Quintana Roo, reformado(2) mediante Decreto 058, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad federativa el veintiocho de abril de dos mil veintitrés.(3)
I. ANTECEDENTES
1. 1.1. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado en buzón judicial el veintinueve de mayo de dos mil veintitrés y recibido el día siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, María del Rosario Piedra Ibarra, Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad en la que demandó la invalidez de la norma general referida en el proemio de este fallo.
2. Para ello, señaló como autoridad emisora al Congreso del Estado de Quintana Roo y, como promulgadora, a la Gobernadora Constitucional de dicha entidad federativa.
3. 1.2. ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES E INSTRUMENTOS INTERNACIONALES QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. La Comisión accionante estimó como preceptos constitucionales vulnerados los artículos 1 y 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; así como 2 y 26 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Al respecto, consideró que las normas impugnadas transgreden el derecho humano de igualdad, la prohibición de discriminación y la libertad de trabajo.
4. 1.3. CONCEPTOS DE INVALIDEZ. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos planteó en su demanda, esencialmente, los siguientes argumentos:
Argumentos para defender la procedencia:
• En principio, defendió la procedencia de la acción de inconstitucionalidad, defendiendo que el Decreto impugnado sí constituía un nuevo acto legislativo, ya que no sólo había tenido lugar un proceso legislativo (criterio formal), sino que, además, la modificación causaba un impacto en el sentido normativo (criterio material). Esto, dado que fue voluntad del órgano legislativo generar cambios trascendentales en el alcance de la disposición, los cuales se vieron reflejados en el sistema que regula la prestación el servicio público de transporte contratado a través de plataformas tecnológicas o digitales.
• Refirió que el Decreto 058 introdujo varias modificaciones sustanciales a la Ley de Movilidad para el Estado de Quintana Roo, entre las que se destaca el cambio en el régimen relativo al servicio de trasporte de pasajeros contratado por medio de plataformas tecnológicas o digitales.
• El legislador cambió la clasificación del servicio de transporte en la entidad. Conforme a la legislación vigente, solo existen dos modalidades: a) el servicio privado de transporte y b) el servicio público de transporte.
• Por el primero se entiende que contempla a todos aquellos servicios de naturaleza privada, los cuales no están sujetos a una concesión, requiriendo necesariamente un permiso por parte del Instituto para realizar sus actividades conforme a la normatividad aplicable; mientras que, por el segundo, se hace referencia al servicio de pasajeros en general que presta el Estado de Quintana Roo por sí o a través de particulares mediante régimen de concesión o de permiso.
• Partiendo de esta nueva categorización, el servicio privado de transporte se subclasifica en diversas modalidades, entre las que se encuentra el denominado servicio -privado de transporte de pasajeros contratado a través de plataformas tecnológicas o digitales. Éste se entiende, conforme al artículo 86 Bis de la Ley, como aquel que requiere de -un permiso para el prestador, de servicios y autorización para la persona moral mediadora del mismo, expedidos por el Instituto de Movilidad de la entidad y se refiere a la actividad de traslado de un punto a otro, al interior de un vehículo que cumpla con las especificaciones contempladas en la ley, de acuerdo con el artículo 148 Quáter.
• Por su parte, el servicio público de transporte, a su vez, se subdivide en vario tipos, entre ellos, el servicio público de transporte de pasajeros contratado a través de plataformas tecnológicas o digitales; y se refiere a aquél qué se presta en el Estado de Quintana Roo que debe satisfacer la necesidad colectiva de movilidad, de manera continua, uniforme, segura y de calidad y que sólo podrá ser prestado a través de concesión expedida por la autoridad competente.
• En ese orden de ideas, puede decirse, en primer término; que a través de plataformas tecnológicas o digitales se pueden solicitar servicios de transporte de pasajeros, ya sea de naturaleza pública o privada. No obstante, para el caso de que sea pública es necesario que medie concesión o permiso en el caso que corresponda; mientras que, si es privada, se requiere un permiso.
• Aunque ambas modalidades de transporte tienen particularidades que las diferencian entre sí -motivo por el que se regulan en una sección concreta del Capítulo Séptimo de la ley- el legislador estimó necesario regular aspectos comunes a ambos tipos de servicios en la sección III del respectivo Capítulo que contiene el artículo 151 impugnado.
• El artículo 151 cambió significativamente, toda vez que ya no se destina a enlistar entre otras cosas- los requisitos que se deben cumplir para que el Instituto otorgue concesiones para la prestación del servicio de trasporte contratado a través de plataformas tecnológicas o digitales-.
• A diferencia del régimen anterior, el servicio de transporte contratado a través de plataformas tecnológicas o digitales ya no es únicamente de naturaleza pública, sino que ahora también se le considera como un servicio privado de transporte. Ello impactó indiscutiblemente en los requisitos, exigencias y condiciones impuestas por el Estado para su debida operación en interés de la sociedad, a fin de que se presten adecuadamente para satisfacer las necesidades de traslado de las personas.
• El legislador local consideró pertinente modificar el esquema de autorización y gestión para la prestación del servicio de trasporte, pues ya no se requiere únicamente de una concesión expedida por el Instituto para poder prestarlo. En efecto, si se trata del servicio privado de transporte de pasajeros a través de plataformas tecnológicas o digitales la legislación actual exige que se cuente con un permiso que emitirá el Instituto de Movilidad y siempre que las personas morales que lo medien o promuevan cuenten con la autorización del mismo Instituto.
• Cuestión diferente, ocurre cuando se trata del servicio público de transporte contratado por plataformas tecnológicas o digitales, pues sólo podrá ser prestado a través de concesión expedida por la autoridad competente y también si las personas morales que promuevan el servicio tengan la respectiva autorización.
• En ese orden, es incuestionable que en función de la naturaleza del servicio de transporte -público o privado- se requerirán diferentes condiciones para su debida prestación, pues -aunque las personas morales que lo promuevan necesariamente deben tener una autorización- en un caso solo se exigirá un permiso y en otro una concesión. En ese orden de ideas, ya no es posible afirmar que los requisitos que enumera el artículo 151 de la ley en sus diez fracciones se refiera a los documentos que deben acompañarse en la solicitud para obtener la concesión respectiva, toda vez que el régimen ya no exige necesariamente que el servicio de transporte contratado por plataformas sea bajo esa única modalidad.
• Ahora, el texto vigente del numeral impugnado refiere a la documentación que deberá exhibirse al momento de que las personas morales que medien la contratación del servicio, tanto público o privado, de transporte de pasajeros a través de plataformas tecnológicas soliciten la acreditación de las personas conductoras con el objetivo de que obtengan el permiso.
• Entonces, el cumplimiento de cada uno de los requisitos que establece la norma vigente solamente tendrá por consecuencia que se considere a la persona conductora como "acreditada" y, por ende, que se le otorgue el permiso para operar, más no una concesión, como lo disponía antes de la reforma el artículo 151 de la Ley.
• Lo anterior evidencia que el requisito de exhibir carta de antecedentes no penales se enmarca como una exigencia necesaria para obtener el permiso para poder ser conductor del vehículo mediante los que se preste el servicio de transporte contratado a través de esta modalidad, ya que el legislador quintanarroense estimó necesario modificar el sistema regulatorio en esta materia.
• En conclusión, la reforma ha cambiado la trascendencia, contenido y alcance del precepto, lo que genera un impacto en el sistema normativo al que pertenece la norma, consecuentemente esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera que la modificación al artículo 151, fracción IX, de la Ley de Movilidad para el Estado de Quintana Roo sí constituye un nuevo acto legislativo susceptible de impugnarse por esta vía, por lo que lo procedente será que ese Tribunal Constitucional admita a trámite el presente medio de control de la constitucionalidad por presentarse de manera oportuna.
Argumentos para defender la inconstitucionalidad de la norma impugnada:
• El artículo 151, fracción IX de la Ley de Movilidad para el Estado de Quintana Roo al establecer que las personas que busquen obtener el permiso que les permita fungir como conductoras de transporte público o privado de pasajeros contratado a través de plataformas tecnológicas o digitales deben presentar una carta de no antecedentes penales, transgrede los derechos de igualdad y no discriminación, así como la libertad de trabajo, ya que, por su generalidad, crea un amplio margen de exclusión injustificada en perjuicio de determinadas personas para desempeñarse en esa actividad laboral.
• Dicha disposición es incompatible con el parámetro de regularidad constitucional, toda vez que es desproporcionada y sobre inclusiva, pues tiene por efeto excluir de forma injustificada a un sector de la población de la posibilidad de desempeñarse como conductores de un servicio de transporte de pasajeros.
• Exigir el acreditamiento de no tener antecedentes penales incluye no sólo a las personas que hayan sido sentenciadas y hayan compurgado una pena por la comisión de delito, sino inclusive a aquellas personas contra quienes se instruyó o se instruye un proceso penal cuyo registro esté vigente, aun cuando no hayan sido sujetos de una condena, por lo que la disposición impugnada debe ser analizada tomando en cuenta la gran extensión de supuestos que comprende; además de que sirve de fundamento para negar a las personas la obtención del permiso respectivo, así como la posibilidad de seguir desempeñándose como conductores.
• La exigencia de no contar con antecedentes penales sí produce una diferenciación entre quienes tienen ese tipo de registro y quienes no, ya que ello impacta en la posibilidad que tienen de obtener y mantener un permiso para fungir como conductores de vehículos que prestan servicios de transporte de pasajeros contratados por medio de plataformas digitales o tecnológicas.
• En un test de escrutinio ordinario, en cuanto al primer requisito consistente en analizar si la distinción cumple con una finalidad constitucionalmente válida, se advierte que se podría actualizar, en virtud de que pretende garantizar que quienes obtengan el permiso para desempeñarse como conductores de vehículos que prestan servicios públicos o privados de transporte de pasajeros contratados por medio de plataformas digitales o tecnológicas, sean personas idóneas, honorables y confiables para realizar dicha actividad, descartando así que puedan significar un posible peligro para el usuario.
• En cuanto al segundo elemento, consistente en analizar si la medida resulta racional para su consecución, se considera que la medida no tiene relación directa, clara e indefectible para el necesario cumplimiento del fin constitucionalmente válido de contar con conductores de vehículos de transporte de pasajeros adecuados y probos, pues no existe base objetiva para determinar que una persona sin antecedentes penales ejercerá la actividad de laboral en comento con idoneidad, rectitud y probidad o que las personas que sí se encuentren en tal supuesto per se, no ejercerán dicha labor de forma adecuada, o que carezcan de tales valores, ni mucho menos que no tengan la aptitud necesaria para desempeñar ese trabajo.
• Por otro lado, consideró que la medida legislativa tampoco resulta razonable, ya que no es constitucionalmente válido que, por regla general, se impida a las personas laborar como conductoras de transporte de pasajeros por el solo hecho de tener algún tipo de registro del orden penal, dado que esa clase de medidas se traducen en una exclusión injustificada y discriminatoria para quienes se encuentran en tal hipótesis, cuyo efecto es impedir, a su vez, que ejerzan su derecho a la libertad de trabajo.
• La exigencia combatida puede comprender todo tipo de delitos, ya sean estos graves o no graves; culposos o dolosos; cualquiera que sea la pena impuesta, y sin precisar, además, si se refiere a la existencia de sentencias firmes o tan solo a que exista sujeción a un proceso penal en curso; por ende, arriba a la convicción de que estamos en presencia de una norma claramente sobre inclusiva.
• El artículo 151, fracción IX, de la Ley de Movilidad para el Estado de Quintana Roo contiene un requisito discriminatorio que genera una diferenciación injustificada, exclusión, restricción o preferencia arbitraria e injusta para desempeñar la actividad laboral descrita, pues dicha distinción tiene como resultado obstaculizar el ejercicio del derecho a la libertad de trabajo a aquellas personas que buscan reintegrarse a la sociedad en igualdad de condiciones que las demás
5. 1.4. REGISTRO Y TURNO. Mediante proveído de doce de junio de dos mil veintitrés, la Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad con el número 111/2023 y, por razón de turno, designó como instructor al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.
6. 1.5. ADMISIÓN. Por auto de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, el Ministro instructor admitió la acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Quintana Roo para que rindieran sus respectivos informes.
7. De igual forma, dio vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal con la finalidad de que, si así lo consideraban, formularan el pedimento respectivo o formularan las manifestaciones a que hubiese lugar.
8. 1.6. INFORME DE LA AUTORIDAD EMISORA. El Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, al rendir su informe, sostuvo medularmente lo siguiente:
• En primer término, hizo valer la causal de improcedencia establecida en el artículo 65, con relación al artículo 19, fracciones VII y VIII de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en que la demanda de acción de inconstitucionalidad se presentó de forma extemporánea, en virtud de que el que el plazo para impugnar la disposición combatida ha fenecido, en tanto que el Decreto que se combate no debe considerarse como un acto legislativo nuevo, dado que la porción normativa impugnada no sufrió cambio alguno a lo establecido en el Decreto 213, expedido por la H. XV Legislatura del Estado aprobado en fecha de 18 de mayo de 2018 y publicado en el periódico oficial el 14 de junio de la misma anualidad, tal y como se establece en el siguiente cuadro comparativo:
Ver cuadro comparativo 1
• En ese sentido, los argumentos vertidos por la parte actora, con los que pretende impugnar la porción normativa contenida en el artículo 151, fracción IX de la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo, constituyen hechos derivados de actos consentidos, al no haber impugnado la porción normativa en comento desde su vigencia, es decir, desde el 14 de junio de 2018, dado que la reforma que hoy pretende impugnar la contraparte, no constituye modificación alguna que haya sido sustantiva o material respecto de la porción normativa ya señalada.
• Sumado a lo anterior, el objeto de la reforma contenida en el Decreto impugnado únicamente obedece a modificar que en cuanto los sujetos obligados a “presentar al instituto la solicitud de acreditación de las personas conductoras para la obtención del permiso” y en el texto anterior establecía que, se “deberá presentar al Instituto la solicitud de concesión para la obtención de la misma”.
• Asimismo, trajo a colación la jurisprudencia P./J. 25/2016 (10a.) del Pleno de este Alto Tribunal de rubro y texto:
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NUEVA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO.
Para considerar que se está en presencia de un nuevo acto legislativo para efectos de su impugnación o sobreseimiento por cesación de efectos en una acción de inconstitucionalidad deben reunirse, al menos, los siguientes dos aspectos: a) Que se haya llevado a cabo un proceso legislativo (criterio formal); y b) Que la modificación normativa sea sustantiva o material. El primer aspecto conlleva el desahogo y agotamiento de las diferentes fases o etapas del procedimiento legislativo: iniciativa, dictamen, discusión, aprobación, promulgación y publicación; mientras que el segundo, consistente en que la modificación sea sustantiva o material, se actualiza cuando existan verdaderos cambios normativos que modifiquen la trascendencia, el contenido o el alcance del precepto, de este modo una modificación al sentido normativo será un nuevo acto legislativo. Este nuevo entendimiento, pretende que a través de la vía de acción de inconstitucionalidad se controlen cambios normativos reales que afecten la esencia de la institución jurídica que se relacione con el cambio normativo al que fue sujeto y que deriva precisamente del producto del órgano legislativo, y no sólo cambios de palabras o cuestiones menores propias de la técnica legislativa tales como, por ejemplo, variación en el número de fracción o de párrafo de un artículo, el mero ajuste en la ubicación de los textos, o cambios de nombres de entes, dependencias y organismos. Tampoco bastará una nueva publicación de la norma para que se considere nuevo acto legislativo ni que se reproduzca íntegramente la norma general, pues se insiste en que la modificación debe producir un efecto normativo en el texto de la disposición al que pertenece el propio sistema.
• En virtud de la jurisprudencia citada, señaló que el primer supuesto se colma, en tanto que mediante el Decreto 58, el artículo en mención sí fue reformado, pero no en la porción normativa indicada, es decir, la fracción IX del artículo 151, por lo que el segundo requisito no se colma, pues no existe modificación que haya sido sustantiva o material respecto a la porción normativa señalada, dado que no se dieron cambios normativos que modifiquen la trascendencia, el contenido o el alcance del precepto impugnado. • Por otro lado, en cuanto al fondo el asunto, señaló que la exigencia de presentar carta de no antecedentes penales a las personas que pretendan obtener el permiso que les permita fungir como conductoras de transporte público o privado de pasajeros contratado a través de plataformas tecnológicas o digitales no establece una diferencia de trato injustificada y desproporcionada que tenga como efecto excluir a un sector de la población de desempeñarse como conductora de un servicio de transporte de pasajeros, así como tampoco vulnera el derecho a la igualdad y no discriminación, ni la libertad de trabajo.
• Señaló que el principio de igualdad no prohíbe que el legislador utilice incluso categorías sospechosas, sino que en el caso se garantice que esté justificada la medida. No obstante, la presente medida no se encuentra dentro de éstas, consagradas en el artículo 1°, primer y tercer párrafos de la Constitución Federal. En ese orden de ideas, estableció que el principio de igualdad no establece la paridad entre todos los individuos, ni implica una igualdad material o económica real, sino que exige sea razonable la diferencia de trato, como límite de la actividad del legislador ordinario. Siendo el caso, que cuando acontece el supuesto de deber dar un trato igual en supuestos de hecho equivalente, la excepción es que exista un fundamento objetivo y razonable que permita darles un trato desigual.
• En el presente caso, los sujetos de la medida impugnada son todas las personas en su calidad de conductoras de un servicio de transporte de pasajeros, siendo sujetos equivalentes, por lo que no hay una diferencia de trato entre dichas personas, ya que a todas se les exige el mismo requisito.
• Además, la medida legislativa es válida, ya que atiende a un fin legítimo, el cual es otorgar a los usuarios del transporte un mínimo de confiabilidad respecto de los operadores, en un contexto de garantizar el derecho humano a la seguridad pública, por lo que la distinción de trato impugnada no produce una exclusión desmedida y desproporcionada. Para sustentar dicho criterio, hizo valer la Jurisprudencia de Pleno de Circuito de rubro y texto siguiente:
TRANSPORTE PARA LA MOVILIDAD SUSTENTABLE DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. A LA LUZ DE UN ESCRUTINIO ESTRICTO, EL ARTÍCULO 86, FRACCIÓN I, INCISO E), DE LA LEY RELATIVA, NO VIOLA EL DERECHO A LA IGUALDAD NI GENERA DISCRIMINACIÓN EN EL EJERCICIO DE LA LIBERTAD DE TRABAJO.
El precepto aludido, al imponer como condición para obtener la licencia especial para la conducción de vehículos del servicio de transporte público, que se presente una carta de no antecedentes penales, no transgrede los derechos a la igualdad y a la no discriminación, así como a la libertad de ocupación o trabajo reconocidos en los artículos 1o. y 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues sin perder de vista que no está proscrito que el legislador establezca en las leyes distinciones de trato, a condición de que éstas sean objetivas y razonables, valorada la objetividad y razonabilidad de esta medida bajo los parámetros más estrictos posibles, se advierte que aquella condicionante se adopta para otorgar a los usuarios del transporte un mínimo de confiabilidad respecto de los operadores, en un contexto de garantizar el diverso derecho humano a la seguridad pública, fin que es constitucionalmente válido, pues el artículo 21 constitucional lo reconoce expresamente al disponer el deber de las autoridades de adoptar medidas y políticas públicas preventivas y de aseguramiento de la paz social y que a su vez es relevante, porque al garantizarse la seguridad pública, se posibilita el ejercicio de otros derechos de las personas. Asimismo, la relación entre la medida adoptada y el fin perseguido, no es sólo identificable, sino también estrecha a la luz del propio precepto constitucional últimamente citado, el cual reconoce la existencia y funcionalidad de las bases de datos criminalísticos y la posibilidad de generar con la información que contienen, políticas públicas tendentes a dotar a la sociedad de confiabilidad en áreas sensibles a ese principio, como se estima lo es la prestación de un servicio público que, por principio, corresponde al Estado, pero que por estar concesionado a particulares, exige que se otorgue a los usuarios un mínimo de certidumbre de que quienes intervienen en su prestación, reúnen las mismas condiciones que se cumplirían como si el Estado lo hiciera, lo cual se logra dotándolos de la certeza de que los choferes de las unidades no han incurrido previamente en la comisión de conductas delictuosas y contrarias a la seguridad pública, denotándose así, la robusta idoneidad de la medida; y, finalmente, dicha condicionante resulta proporcional y de mínima afectación a los derechos involucrados, toda vez que la distinción de trato no produce una exclusión desmedida de otros bienes o derechos constitucionalmente protegidos de las personas que cuenten con antecedentes penales, pues no se les impide el ejercicio de su derecho al empleo o a la libertad de trabajo u ocupación en otras actividades productivas, como tampoco les impide realizar la actividad de chofer en otros ámbitos del transporte o la conducción de vehículos distinto del de transporte público de pasajeros, en el entendido de que tampoco esa libertad de trabajo u ocupación es absoluta e irrestricta.
• En cuanto al derecho a la libertad de trabajo, señaló que dicho derecho no es absoluto, ni irrestricto, por lo que no cualquier determinación legal o administrativa que restrinja la libertad de una persona para dedicarse al trabajo o la ocupación que le acomoden, siendo lícitos, es contraria al artículo 5° Constitucional, en tanto que la medida impugnada es legislativamente válida, pues se adopta con el fin de otorgar a los usuarios del transporte seguridad, tranquilidad y un mínimo de confiabilidad respecto de los operadores, protegiendo el interés de la sociedad por encima del particular y con vistas a satisfacer ese interés mayor se estableció el requisito impugnado. De igual manera, en el caso de no exigir la carta de antecedentes no penales, se podría afectar el derecho de la sociedad en su vertiente de seguridad, fin constitucionalmente protegido, lo que se traduce en que la condicionante controvertida es obligatoria y atiende a la protección de un bien jurídico tutelado, que es la integridad de las personas.
9. 1.7. INFORME DE LA AUTORIDAD PROMULGADORA. El Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo informó, en síntesis, lo siguiente:
• Es cierta la emisión y promulgación del Decreto impugnado. Sin embargo, la promulgación y publicación que constituye el acto que reclama la parte actora de la Gobernadora del Estado de Quintana Roo, se realizó en estricta observancia y cumplimiento de las obligaciones que a dicha autoridad le impone la Ley Suprema del Estado de Quintana Roo, acorde a la Carta Fundamental, por lo tanto, el acto de publicación por sí mismo, no contradice ni contraviene los artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como tampoco los artículos convencionales, ni los derechos fundamentales, como señala el impetrante, en la presente Acción de Inconstitucionalidad. Aunado a lo anterior, debe decirse que la promovente manifiesta conceptos de invalidez respecto de la porción normativa, no así de los actos del procedimiento legislativo que le compete al Ejecutivo local.
• La acción de inconstitucionalidad es improcedente, dado que no se trata de un nuevo acto legislativo, de manera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción VII del artículo 19, en relación con los numerales 21, 59, 60 y 65 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la CPEUM. Lo anterior, toda vez que el requisito tildado de inconstitucional establecido en el artículo 151 de la Ley de Movilidad ya existía en el texto de la Ley de Movilidad para el Estado de Quintana Roo, y la reforma a través de la cual la Comisión accionante pretende impugnar la constitucionalidad del mismo no generó ningún cambio trascendental en la norma que permita cuestionarla en este momento.
• La modificación realizada al artículo 151 únicamente consistió en incorporar la posibilidad de que el servicio de transporte de pasajeros a través de plataformas tecnológicas o digitales que ya estaba regulado y que anteriormente sólo era público a través de concesiones, ahora pueda ser también prestado de manera privada a través de la obtención de un permiso. La norma incorporó una modalidad en la prestación del servicio de transporte, la privada. Sin embargo, el requisito consistente en "presentar carta de no antecedentes penales", ya se requería desde la redacción anterior de la norma para obtener la concesión (servicio público).
• De hecho, la primera Ley de Movilidad publicada en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo de 14 junio de 2018, en su artículo 151 fracción XI ya contenía el requisito de presentar carta de no antecedentes penales para la persona conductora para la prestación del servicio público de transporte de pasajeros.
• En este sentido, no es posible considerar que la norma impugnada en la presente acción de inconstitucionalidad, resultado de una nueva publicación constituye un nuevo acto legislativo, pues si bien esta norma impugnada fue parte de un procedimiento legislativo que la reformó y publicada el 28 de abril de 2023, lo cierto es que el requisito de requisito para la persona conductora consistente en “presentar carta de no antecedentes penales" no implicó ningún tipo de cambio trascendental en la hipótesis normativa pues, como se ha señalado, dicho requisito ya se exigía desde la redacción anterior de la norma en su fracción XI y ahora, quedó incorporado en los mismos términos en la fracción IX.
• Con la exigencia del requisito impugnado no se pretende estigmatizar
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33123-93089aae/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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