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Modo: Corpus Pro

I. SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS CONTRATADO A TRAVÉS DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS. FACULTAD DEL CONGRESO LOCAL PARA REGULARLO. II. SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS CONTRATADO A TRAVÉS DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS. EL TRATO DIVERSO QUE SE CONFIERE EN LA LEGISLACIÓN A ESE SERVICIO FRENTE AL DE TAXIS NO CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE IGUALDAD. III. SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS CONTRATADO A TRAVÉS DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS. LA PREVISIÓN LEGAL QUE ESTABLECE LAS RESTRICCIONES PARA SU OPERACIÓN, NO AFECTAN LA LIBRE COMPETENCIA Y CONCURRENCIA EN EL MERCADO (ARTÍCULO 172, PUNTO 1 Y PUNTO 2, EN SUS FRACCIONES II, III Y IV, DE LA LEY DE MOVILIDAD SUSTENTABLE PARA EL ESTADO DE COLIMA). IV. SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS CONTRATADO A TRAVÉS DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS. LA PREVISIÓN LEGAL QUE ESTABLECE QUE LA FLOTA DE VEHÍCULOS QUE LO PRESTEN NO DEBERÁ SUPERAR EL 4 % DEL PARQUE VEHICULAR DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL MOTORIZADO EN TODAS SUS MODALIDADES CONSTITUYE UNA BARRERA PARA LA ENTRADA DE AQUEL SERVICIO (INVALIDEZ DE LA TOTALIDAD DEL ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO TRANSITORIO DE LA LEY DE MOVILIDAD SUSTENTABLE PARA EL ESTADO DE COLIMA). V. SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS CONTRATADO A TRAVÉS DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS. LA PREVISIÓN LEGAL QUE ESTABLECE LA APORTACIÓN MENSUAL DEL 1.5 % POR VIAJE AL FONDO DE MOVILIDAD CUBRE UNA FINALIDAD LEGÍTIMA (ARTÍCULO 177 DE LA LEY DE MOVILIDAD SUSTENTABLE PARA EL ESTADO DE COLIMA). VI. SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS CONTRATADO A TRAVÉS DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS. LA PREVISIÓN LEGAL QUE ESTABLECE QUE CADA INDIVIDUO TENDRÁ DERECHO A SER TITULAR DE UN PERMISO Y ÉSTE AMPARARÁ SÓLO UN VEHÍCULO VULNERA LA LIBERTAD DE TRABAJO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 173 DE LA LEY DE MOVILIDAD SUSTENTABLE PARA EL ESTADO DE COLIMA). VII. SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS CONTRATADO A TRAVÉS DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS. LOS PERMISIONARIOS TIENEN LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN TÉCNICA REQUERIDA POR LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO, RESPECTO DEL SERVICIO PRESTADO, DE SUS SOCIOS, CONTROLES DE PROCESO Y PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA CONDUCTORES, ASÍ COMO PERMISIONARIOS (ARTÍCULO 174 DE LA LEY DE MOVILIDAD SUSTENTABLE PARA EL ESTADO DE COLIMA). VIII. SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS CONTRATADO A TRAVÉS DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS. LA PREVISIÓN LEGAL AL TENOR DE LA CUAL ESE SERVICIO NO PUEDE PAGARSE EN EFECTIVO CONSTITUYE UNA BARRERA DE ENTRADA QUE VULNERA LA LIBRE COMPETENCIA Y CONCURRENCIA EN EL MERCADO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 172, PUNTO 2, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE MOVILIDAD SUSTENTABLE PARA EL ESTADO DE COLIMA). IX. SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS CONTRATADO A TRAVÉS DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS. COMPETENCIA FEDERAL EXCLUSIVA PARA ESTABLECER QUE EN LA OPERACIÓN DE ESE SERVICIO LOS PRESTADORES NO PUEDEN RECIBIR PAGOS EN EFECTIVO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 172, PUNTO 2, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE MOVILIDAD SUSTENTABLE PARA EL ESTADO DE COLIMA). X. SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS CONTRATADO A TRAVÉS DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS. LA EXIGENCIA LEGAL DE CARACTERÍSTICAS FÍSICO-MECÁNICAS DE LOS VEHÍCULOS QUE DEBEN UTILIZARSE PARA PRESTAR ESE SERVICIO CONSTITUYE BARRERAS INJUSTIFICADAS A LA ENTRADA AL MERCADO RESPECTIVO Y, POR ENDE, VULNERA LA LIBRE COMPETENCIA Y CONCURRENCIA EN EL MERCADO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 169 DE LA LEY DE MOVILIDAD SUSTENTABLE PARA EL ESTADO DE COLIMA). XI. SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS CONTRATADO A TRAVÉS DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS. LA EXCLUSIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LAS TARIFAS PREFERENCIALES VULNERA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 373, PUNTO 1, FRACCIÓN I, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE ESTABLECE "DESDE LOS NIVELES DE SECUNDARIA EN ADELANTE", DE LA LEY DE MOVILIDAD SUSTENTABLE PARA EL ESTADO DE COLIMA). XII. SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS CONTRATADO A TRAVÉS DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS. LA EXIGENCIA LEGAL DE QUE EL PAGO DE DICHO SERVICIO SE REALICE EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE EL USO DE UNA APLICACIÓN TECNOLÓGICA CONSTITUYE UNA BARRERA DE ENTRADA QUE VULNERA LA LIBRE COMPETENCIA Y CONCURRENCIA EN EL MERCADO (INVALIDEZ DE LA FRACCIÓN CX, DEL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 13 EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE INDICA: "REALIZANDO EL PAGO DE LOS SERVICIOS EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE EL USO DE LA APLICACIÓN TECNOLÓGICA" DE LA LEY DE MOVILIDAD SUSTENTABLE PARA EL ESTADO DE COLIMA). XIII. SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS CONTRATADO A TRAVÉS DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS. LA EXIGENCIA LEGAL DE QUE EL PAGO DE DICHO SERVICIO SERÁ MEDIANTE UN MECANISMO PROPIO CONSTITUYE UNA BARRERA DE ENTRADA QUE VULNERA LA LIBRE COMPETENCIA Y CONCURRENCIA EN EL MERCADO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 125, PUNTO 1, FRACCIÓN III, EN LAS PORCIONES NORMATIVAS QUE INDICAN: "DE GAMA ALTA O PREMIUM" Y "LA FORMA DE PAGO SE DEBERÁ REALIZAR MEDIANTE UN MECANISMO PROPIO", DE LA LEY DE MOVILIDAD SUSTENTABLE PARA EL ESTADO DE COLIMA). XIV. SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS CONTRATADO A TRAVÉS DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS. L

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 13/2017. · Registro digital (IUS): 28655
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2019-05-17
Promovente: DIVERSOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL PODER LEGISLATIVO DE COLIMA.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 66, Mayo de 2019, Tomo I, Pág. 726.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 13/2017. DIVERSOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL PODER LEGISLATIVO DE COLIMA. 16 DE OCTUBRE DE 2018. PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. SECRETARIOS: RAÚL MANUEL MEJÍA GARZA, LAURA PATRICIA ROJAS ZAMUDIO Y MONSERRAT CID CABELLO.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, por el que se emite la siguiente:

Sentencia

Mediante la que se resuelve la presente acción de inconstitucionalidad promovida por diversos diputados integrantes del Poder Legislativo del Estado de Colima, en contra de los artículos 13, fracción CX, 125, fracción III, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 180, numeral 1, fracción II, inciso k), 183, 316, numeral 5, 317, 373, numeral 1, fracción I y artículo vigésimo cuarto transitorio de la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima, publicada en el Periódico Oficial estatal de treinta de enero de dos mil diecisiete.

I. Trámite

1. Presentación del escrito, autoridades (emisora y promulgadora) y normas impugnadas. El primero de marzo de dos mil diecisiete, por escrito entregado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, diversos diputados locales integrantes de la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado de Colima, promovieron acción de inconstitucionalidad, en contra del propio Congreso de la entidad y del Poder Ejecutivo Local.

2. Normas generales impugnadas. En esta acción de inconstitucionalidad se impugnaron los artículos 13, fracción CX, 125, fracción III, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 180, numeral 1, fracción II, inciso k), 183, 316, numeral 5, 317, 373, numeral 1, fracción I y artículo vigésimo cuarto transitorio de la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima, publicada en el Periódico Oficial estatal de treinta de enero de dos mil diecisiete.

3. Conceptos de invalidez. Los promoventes en sus conceptos de invalidez, manifestaron en síntesis, que:

4. Primer concepto de invalidez. Violación al artículo 5o., constitucional. Al regularse en la Ley de Movilidad Sustentable de la entidad el servicio de transporte privado por arrendamiento a través de aplicaciones tecnológicas e imponer restricciones a esta modalidad, se viola la libertad de trabajo consagrada en el artículo 5o. de la Constitución Federal, ya que se da una indebida intervención estatal al regularse actos entre particulares, como si se tratara de un servicio público o si se estuviera causando una afectación a los derechos de la sociedad. Es decir, se regula una actividad privada que sólo puede ser regulada por disposiciones que ya se encuentran en el Código Civil en materia de contratos y cumplimiento de obligaciones, el Código de Comercio en materia de comercio electrónico y de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en su propio ámbito material de validez.

5. Se señalan obligaciones contrarias a la naturaleza de un servicio privado e inconstitucionales, como lo hace el artículo 171 que otorga la facultad a la Secretaría de Movilidad para fijar reglas para las tarifas que se cobrarán por el servicio privado de transporte y al obligar a las empresas que tengan registro para funcionar como operadoras de redes de gestión de la demanda, a aportar mensualmente el 1.5% de cada viaje al fondo de movilidad que establece la ley.

6. Por su parte, el artículo 172 obliga que para trabajar en esta modalidad cada vehículo deberá contar con un permiso de operación otorgado por la secretaría y los conductores a portar el permiso. Permisos que se otorgarán por convocatoria y con la limitante de un 4% del parque vehicular del servicio de transporte público individual motorizado, de conformidad con el artículo vigésimo cuarto transitorio.

7. Segundo concepto de invalidez. Violación a los artículos 1o. y 6o. constitucionales. El desarrollo de las tecnologías de la información ha impactado en la sociedad y ha permitido el surgimiento y auge de servicios de transporte a través de aplicaciones móviles para brindar a los individuos soluciones prácticas a su necesidad de trasladarse de un lugar a otro, en un medio seguro, ordenado, al permitirles conocer anticipadamente y con exactitud la suficiencia de la oferta, su puntualidad y previsión del trayecto que ha de seguirse. El servicio de transporte que se presta a través de plataformas electrónicas intervienen tres elementos: los propietarios y/o conductores de los vehículos, los usuarios de los servicios y el titular de la aplicación que los vincula.

8. Los conductores de los automóviles adquieren, a través de una aplicación o plataforma electrónica, un servicio particular que permite ponerlos en contacto satelital con personas diversas que se encuentran dentro de una circunferencia cercana a aquella en la que se encuentra el automóvil y que requiere un servicio particular de transportación terrestre, con la seguridad de poder conocer su perfil general, a fin de proporcionarles dicho servicio, en una relación estrictamente de derecho privado. A esta aplicación electrónica se puede acceder a través de dispositivos electrónicos, principalmente teléfonos inteligentes conectados a Internet. A través de estas aplicaciones también se puede cobrar electrónicamente por el servicio con base en tarifas estimadas que los usuarios conocen por anticipado por reflejarse en sus dispositivos electrónicos. Además, para seguridad del usuario, éste siempre tendrá conocimiento de los datos generales del conductor.

9. Los usos de estos servicios de transporte privado se prestan gracias a un sistema de aprovechamiento de las tecnologías de la información que nace en el ejercicio de los derechos humanos reconocidos en la Constitución, como lo establece el artículo 1o. y del derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación establecido en el tercer párrafo del artículo 6o. constitucional.

10. Por ello, la Ley de Movilidad Sustentable establece restricciones a la prestación del servicio de transporte privado en esta nueva modalidad, que hace imposible su funcionamiento, como se establece en el artículo 169 de la referida ley que establece requisitos excesivos a los automóviles para esta modalidad, ya que sólo cumplirían carros de lujo de un monto superior a los trescientos mil pesos.

11. Tercer concepto de invalidez. Violación al artículo 11 de la Constitución Federal. El entendimiento de movilidad tiene que ver con la calidad, accesibilidad y oportunidad para toda la población, utilizando instrumentos internacionales, y la visión del Estado debe estar encaminada a favorecer el aprovechamiento de las tecnologías, especialmente cuando a través de ellas las personas acceden a satisfactores que en otras circunstancias son deficientes o insuficientes, y no a restringir y sobre regular el uso de las mismas, pues esto último implica un retroceso al progreso y al bienestar de la población.

12. Existe una estrecha vinculación entre el derecho a la movilidad y el derecho a las tecnologías de la información, cuando las personas optan por utilizar un servicio de transporte diverso y distinto a cualquiera de aquellos que, directa o indirectamente proporciona el Estado y existe la oferta para satisfacer esa necesidad mediante el uso de dispositivos móviles que les entregan seguridad, confiabilidad, oportunidad y comodidad. Ahí es donde el Estado, lejos de establecer trabas y candados como se hace en la Ley de Movilidad Sustentable, para que los ciudadanos ejerzan libremente sus derechos, tanto del lado de quien proporciona el servicio como de aquel de quien lo recibe, deben favorecerlo y dejar que se desenvuelva en un terreno de libertad y competitividad en beneficio de todos.

13. La debida observancia a lo dispuesto por los artículos 6o. y 11 constitucionales y a diversos instrumentos de carácter internacional, llevan a la conclusión de que no es dable regular una actividad que ha demostrado ser favorable desde diversos puntos de vista y que es de interés colectivo que se conserve en ese nivel de eficacia y funcionalidad. La función del Estado es la de permitir que se sigan dando y que inclusive se mejoren las condiciones para que las partes interesadas puedan llevar a cabo sus transacciones de manera libre e independiente, para favorecer el acceso a una movilidad sana y adecuada, tanto desde el punto de vista individual como colectivo y no imponer restricciones y candados que dan como resultado precisamente lo contrario.

14. Cuarto concepto de invalidez. Violación a los artículos 25 y 26 de la Constitución Federal. Las restricciones y exceso regulatorio que se establecieron en la ley impugnada al abordar el tema de los servicios de transporte a través de aplicaciones electrónicas van a contraflujo del reconocimiento que el Constituyente ha hecho sobre la importancia de la competitividad, entendida como la capacidad de crear un entorno que favorezca el crecimiento sostenido de la productividad y que se refleja en niveles de vida más altos para la población. Se establecieron en la ley restricciones inútiles y anacrónicas, así como exigencias, cuyo cumplimiento en nada abonan a la construcción de un entorno económico más competitivo.

15. La sobre regulación que se da con la nueva Ley de Movilidad Sustentable, muy similar a la que históricamente se les ha dado a los taxistas, no atiende de manera frontal y efectiva la problemática de la movilidad que la población padece de manera generalizada. Una regulación como la que se aprobó no le otorga al público usuario una alternativa para trasladarse, por ejemplo, a sus lugares de trabajo de manera más ágil, segura y confortable, lo que desde luego incide en su productividad y en el desarrollo de una vida más digna.

16. Quinto concepto de invalidez. Violación al artículo 28 de la Constitución Federal. El artículo 172 de la Ley de Movilidad Sustentable de la entidad es inconstitucional porque viola el artículo 28 constitucional, ya que prohíbe el pago en efectivo como contraprestación del servicio de transporte privado por arrendamiento a través de aplicaciones tecnológicas.

17. Sí el Texto Constitucional establece la existencia del Banco de México y entre sus atribuciones prevé el monopolio de acuñar moneda y emitir billetes y, más aún, si las monedas metálicas que acuña y los billetes que emite son la moneda corriente en territorio nacional, cualquier disposición que prohíba el uso del efectivo para solventar el pago de una obligación, cualquiera que sea la causa de ésta, deviene inconstitucional porque estaría despojando de cualquier utilidad o propósito las atribuciones que la Constitución le confirió al Banco de México. El hecho de que existan medios alternativos de pago, como las tarjetas de crédito o débito no suplantan el dinero en efectivo.

18. La prohibición aludida genera un prejuicio y trato discriminatorio injustificado, al excluir automáticamente a quienes carecen de un instrumento de garantía de pago como lo es una tarjeta de crédito, pero también tendría un impacto en los propietarios de los vehículos destinados al servicio privado de transporte y a sus conductores que perderían a un gran número de personas que constituyen la contraparte natural para el desarrollo y culminación de una actividad lícita y sustentable.

19. Lo que no acaba de ser una condición superficial en la que se coloca a la ciudadanía en mérito de que existen otras ofertas de transporte, porque se ha reconocido que las cualidades que proporciona la posibilidad de proceder a la contratación a través de la aplicación móvil permite la superación de la problemática general en materia de seguridad y movilidad que aqueja a la población, lo que debería de llevar a que la gran mayoría de personas interesadas en la contratación de un conductor, en lo sucesivo, lo hicieran siempre a través de la tecnología existente, siempre y cuando se pueda pagar.

20. Sexto concepto de invalidez. Violación al artículo 73, fracciones XVII y X, de la Constitución Federal. El acceso a las tecnologías de la información a través de la red mundial de comunicación, constituye un servicio de telecomunicaciones, por lo que invade el ámbito de atribuciones exclusivas que la Constitución le concede a la Federación, en los términos del artículo 73, fracción XVII. Se podrá decir que la intención del Congreso Local fue la de legislar en materia de servicio de transporte; sin embargo, la normatividad impugnada tiene que ver realmente con la aplicación de plataformas de información que se utilizan en la red, con el uso de la información para la concreción de actos de comercio, con la intervención de terceros, localizados en sitios a los que se tiene acceso solamente a través de la red, a quienes se encomienda una intermediación comercial para la transferencia e intercambio de información y la regulación de la actividad que éstos realizan consistente en la gestión de cobro de servicios prestados en Colima, a través de la misma plataforma electrónica.

21. Por otro lado, ya que lo que se pretende regular es la intermediación comercial para el intercambio de información en la red, que es una operación de comercio electrónico, ello es contrario al artículo 73, fracción X, de la Constitución Federal. En la actualidad el comercio electrónico ya constituye por sí mismo un ámbito de regulación del Estado, controlado y sujeto a interpretación por parte del Estado, por así haber quedado contemplado en el Código de Comercio, que expidió en ejercicio de las facultades exclusivas el Poder Legislativo de la Unión.

22. Adicionalmente, la regulación que se aprobó en el Estado de Colima, se involucra en la explotación de un derecho de autor, vinculado con un programa de cómputo, que se rige por las normas federales en dicha materia que expide el Congreso de la Unión y, por último, reguló igualmente una intermediación para la prestación de servicios financieros en el ámbito de cobranza de crédito, también regulado por las leyes federales, lo que acaba por evidenciar, de manera ostentosa, la invasión en la esfera de la Federación en la que se incurrió.

23. Por ello, dicha regulación debe provenir de un órgano legislativo federal, ya que no se trata, propiamente, de la regulación del transporte público que está reservada a favor de los Estados conforme al artículo 124 constitucional.

24. Por la naturaleza de los servicios proporcionados por los conductores, atento a la garantía de igualdad que contemplan los artículos 1o. y 5o. constitucionales, las normas en materia de seguridad en el transporte: regulación del conductor y cualidades del vehículo utilizado, deberían quedar contempladas y vistas en las normas generales que observan y deben cumplir todos los conductores, ya que no existiendo diferencia alguna entre la labor que dichos vehículos habrán de realizar con la de cualquier otro, no habría justificación consecuente para dicho trato discrecional y diferenciado como se señala en la ley aprobada. Ello, no sería aplicable a los vehículos destinados al servicio público de taxi, por las características mismas del servicio regulado que a través de ellos se presta.

25. Séptimo concepto de invalidez. Violación al artículo 1o. de la Constitución Federal. El artículo 373, numeral 1, de la Ley de Movilidad Sustentable de la entidad es inconstitucional, porque viola el artículo 1o. constitucional, al discriminar a los niños y niñas que cursan el nivel primario, excluyéndolos del acceso a las tarifas preferentes para el transporte público, tal y como sí lo gozan otros niños y/o adolescentes y/o adultos de nivel secundaria en adelante.

26. El legislador local no justifica porque se les discrimina por la condición de edad, es decir, todos aquellos que se encuentren estudiando el nivel de primaria, puesto que debió prever las tarifas preferenciales para transporte público colectivo a todos los niños sin importar la edad, por consecuencia el nivel educativo en el que se encuentren, sino sólo por la calidad de ser estudiantes.

27. Admisión y trámite. Mediante proveído de dos de marzo de dos mil diecisiete, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 13/2017,(1) promovida por la minoría de diputados que integran el Congreso del Estado de Colima y, por razón de turno, designó como instructor al Ministro José Ramón Cossío Díaz.

28. Por su parte, el Ministro instructor en acuerdo de seis de marzo de dos mil diecisiete admitió la demanda de acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Colima, por ser quienes respectivamente, emitieron y promulgaron las normas generales impugnadas para que rindieran sus informes.(2)

29. Informes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la entidad.

30. El Poder Ejecutivo de la entidad señaló, en síntesis, lo siguiente:

• Del análisis efectuado por el Poder Legislativo se advierte que el espíritu de la Ley de Movilidad impugnada, se encuentra encaminado para asegurar que existen condiciones de entrada y operación que atiendan mercados diferentes, ofreciendo así opciones y condiciones de mejora de todos los servicios por la existencia de la competencia económica, partiendo de la premisa de que la sociedad colimense pueda recibir un nivel diferente de servicios de transporte de pasajeros para un sector de la población, cuya disponibilidad de pago pueda entrar en mecanismos de precios basados en oferta y demanda, por lo cual las tarifas generales no son determinadas y fijas como lo son para los servicios públicos.

• La distinción entre el denominado servicio de transporte privado por arrendamiento a través de aplicaciones tecnológicas, que es en esencia el aspecto específico de la Ley de Movilidad sobre la que versa la presente acción de inconstitucionalidad, y otro tipo de movilidades del transporte, como por ejemplo las que se establecen para los "taxis" del servicio público, no trasgrede en modo alguno el derecho a la igualdad, ni implica discriminación alguna, pues lo que hace la ley es regular servicios de transporte distintos que atienden a segmentos del mercado diferentes, que requieren reglas específicas acordes a su propia naturaleza.

• Los preceptos impugnados no redundan en una infracción a la libertad de trabajo, toda vez que la actividad que se realiza por conducto del servicio de transporte privado por arrendamiento a través de aplicación tecnológicas, no se prohíbe, ni se veda, sino por el contrario, tal actividad encuentra por primera vez un reconocimiento expreso en la ley encargada de regular el transporte, estableciendo reglas que permiten el desarrollo de esa actividad bajo parámetros uniformes de orden, certeza y de seguridad jurídica para usuarios como para prestadores de ese tipo de servicios.

• La ley impugnada cumple con los principios constitucionales que rigen para la materia, y las disposiciones legales necesarias para el debido funcionamiento a los transportistas colimenses, buscando un crecimiento ordenado de las ciudades para hacer de ellas sitios en los que las distancias no representen una barrera para sus habitantes, generando ciudades productivas, en las que los ciudadanos aprovechen al máximo las ventajas de la urbanización y se impulsa un crecimiento compatible con la sustentabilidad ambiental y social.

• Atendiendo al principio de división de poderes, la participación que tuvo el Ejecutivo Local, en la ley impugnada, en su sentido formal se circunscribe a la promulgación de un decreto enviado por el Poder Legislativo, conforme a las facultades que le otorga el artículo 58, fracciones I y II, de la Constitución Estatal.

31. Poder Legislativo del Estado de Colima. El Poder Legislativo de la entidad, al rendir su informe señaló, en síntesis, lo siguiente:

• Los promoventes carecen de legitimación activa para promover la acción de inconstitucionalidad, porque la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima, no reúne la característica de una norma general, por tanto, no es aplicable a la generalidad de los individuos sino que rige sólo para quienes forman parte de él, pero excluidos ellos, nadie más tiene el derecho de acción en su contra, por lo que lo procedente es desechar la presente acción.

• Niega que los artículos impugnados sean inconstitucionales. No se comparten los argumentos de los promoventes, pues la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima no incide ni afecta la competencia, derechos humanos y garantías de libertad de trabajo, de igualdad, de acceso a las tecnologías de la información y movilidad y la garantía social de la competitividad. Se realizó un exhaustivo y minucioso análisis para el transporte de personas en lo individual o colectivamente, mediante contratos entre privados asistidos a través de aplicaciones móviles, que permite conectar la oferta privada con usuarios afiliados a sus servicios, realizando el pago de los servicios exclusivamente mediante el uso de la aplicación tecnológica. Lo que se buscó con la iniciativa fue garantizar la competitividad, evitar las prácticas monopólicas, incentivar al transeúnte a utilizar diferentes mecanismos para llegar a su destino, evitar menos emisiones de CO2, implementar transporte ecológico y de más modificaciones a favor de la sociedad.

• El acelerado desarrollo urbano que se ha dado en las ciudades del Estado de Colima durante las últimas dos décadas, los actuales sistemas de transporte han presentado dificultades para poder ser una alternativa viable de movilidad para la población, reduciendo cada año el porcentaje de usuarios de transporte público hasta en un 20%, así aumentando los viajes en vehículos particulares, siendo Colima la segunda entidad en el país con mayor índice de crecimiento de parque vehicular, lo anterior, sin que exista una política integral que promueva la movilidad segura, asequible, sostenible y accesible para todos.

• La sociedad colimense súplica un mejoramiento sustancial del servicio de transporte, con mayor calidad, efectividad y garantía, pues la Secretaría de Movilidad, debe exigir que se cumpla con las normas y que se adecue la legislación al proyecto de modernización de la movilidad, para evitar que los ciudadanos padezcan un mal servicio, también evitar el uso de vehículos de altas emisiones de CO2.

• Los actuales mecanismos de financiamiento para los proyectos de modernización del transporte exigen a las entidades de la República fortificar sus marcos legales, institucionales, programáticos y de políticas públicas para dar certeza a las inversiones, privilegiando el derecho a la movilidad, fortaleciendo las instituciones de gobierno y la profesionalización del sector de transporte.

• Con el fin de atender esas necesidades de manera coordinada, en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima se establecieron las atribuciones sustantivas de la Secretaría de Movilidad como dependencia de la administración pública centralizada del Estado competente en materia de movilidad y transporte. Inclusive, dentro del programa nacional de desarrollo, resulta pertinente considerar que de entre seis objetivos fundamentales, se encuentra el de impulsar una política de movilidad sustentable que incremente la calidad, disponibilidad y accesibilidad de los viajes urbanos.

• Estas metas nacionales impactan en la movilidad urbana sustentable por lo que obligan a los Gobiernos Estatales, particularmente el Estado de Colima, a implementar las siguientes acciones: fomentar una movilidad urbana sustentable con apoyo de proyectos de transporte público y masivo, también promover el uso de transporte no motorizado, acelerar el tránsito hacia un desarrollo bajo en carbono en los sectores productivos primarios, industriales y de la construcción, así como en los servicios urbanos, turísticos y de transporte, contribuir a mejorar la calidad del aire, y reducir emisiones de compuestos de efecto invernadero mediante combustibles más eficientes, programas de movilidad sustentable y la eliminación de los apoyos ineficientes a los usuarios de los combustibles fósiles; modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes modos de transporte, así como mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos, mejorando la movilidad de las ciudades mediante sistemas de transporte urbano masivo, congruentes con el desarrollo urbano sustentable, aprovechando las tecnologías para optimizar el desplazamiento de las personas; fomentar el uso de transporte público masivo mediante medidas complementarias de transporte peatonal, de utilización de bicicletas y racionalización del uso del automóvil.

32. Opinión de la Procuraduría General de la República. En esta acción de inconstitucionalidad, la procuraduría no emitió opinión.

33. Cierre de instrucción. Una vez cerrada la instrucción, se envió el expediente al Ministro instructor para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.(3)

II. Competencia

34. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se plantea la posible contradicción entre diversos artículos de la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

III. Oportunidad

35. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, dispone que el plazo para promover una acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales contados a partir del día siguiente al en que se haya publicado en el correspondiente medio oficial, la norma general o tratado internacional impugnados y si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

36. La Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima se publicó en el Periódico Oficial de la entidad el treinta de enero de dos mil diecisiete.(4) Tomando en cuenta esta fecha, el primer día del plazo para efectos del cómputo respectivo fue el treinta y uno de enero, de lo que resulta que el plazo de treinta días naturales venció el primero de marzo de dos mil diecisiete.

37. Por tanto, si la demanda se presentó el primero de marzo de dos mil diecisiete en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, según se advierte del sello que obra al reverso de la foja treinta y tres del expediente, la impugnación resulta oportuna.

IV. Legitimación

38. Legitimación de los promotores de la acción. Se procederá a analizar la legitimación de quienes promueven la acción de inconstitucionalidad, por ser presupuesto indispensable para el ejercicio de la acción.

39. Los artículos 105, fracción II, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 62, primer párrafo, de la ley reglamentaria de la materia, disponen que la acción de inconstitucionalidad podrá promoverse por el equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguna de las Legislaturas de las entidades federativas, en contra de leyes locales expedidas por el propio órgano. Por tanto, en el caso, deben verificarse que: i) los promoventes sean integrantes del Congreso del Estado de Colima; ii) que representen, cuando menos, el equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la misma; y, iii) que la acción de inconstitucionalidad se plantee en contra de leyes estatales expedidas por el Congreso del Estado de Colima.

40. Suscriben el escrito relativo nueve diputados, carácter que acreditan con la certificación expedida por la secretaria de la mesa directiva del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional del Congreso del Estado de Colima,(5) en la que se hace constar la elección de la mesa directiva para el periodo comprendido del primero de octubre de dos mil quince al último día de febrero de dos mil dieciséis, de la que se advierte que los funcionarios que signaron el escrito tienen el carácter de diputados de dicho órgano legislativo estatal.

41. Por su parte, el artículo 22, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado de Colima,(6) establece que el Congreso Local se integra por un total de veinticinco diputados, por lo que los nueve diputados que suscribieron la acción de inconstitucionalidad equivalen al treinta y seis por ciento (36%) de los integrantes de dicho órgano legislativo.

42. Por último, en la presente acción se impugnan diversos artículos de la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima, aprobada por el Congreso del Estado de Colima, al que pertenecen los promoventes; de ahí que deba concluirse que éstos cuentan con legitimación para promover la acción de inconstitucionalidad.

43. Sin que sea obstáculo a lo anterior, lo que señala el Poder Legislativo de la entidad en el sentido de que los promoventes carecen de legitimación activa para promover la acción de inconstitucionalidad, porque la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima no reúne la característica de una norma general, por tanto, no es aplicable a la generalidad de los individuos sino que rige sólo para quienes forman parte de él, pero excluidos ellos, nadie más tiene el derecho de acción en su contra, por lo que lo procedente es desechar la presente acción.

44. Lo anterior, es así puesto que la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima sí reúne las características propias de una norma general, ya que deriva de un acto legislativo mediante el cual se crearon normas generales, abstractas e impersonales, que son aplicadas a todos los individuos que se ubiquen en las hipótesis normativas y no desaparecen

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28655-afd04f81/i-servicio-de-transporte-de-pasajeros-contratado-a · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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