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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ [ARTÍCULO 208, FRACCIÓN II, INCISOS A), B), C), D), E), F) Y G), DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, ADICIONADAS MEDIANTE EL DECRETO NÚMERO 298, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL DIECISÉIS DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE]. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD CUANDO EL ACTO LEGISLATIVO NO PROVOCA UN CAMBIO SUSTANTIVO O MATERIAL (ARTÍCULO 3, PARTE SEGUNDA DEL PÁRRAFO CUARTO EN SU PORCIÓN NORMATIVA: "LOS AYUNTAMIENTOS, EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES DE PLANEACIÓN, REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN, SE SUJETARÁN A LO ESTABLECIDO EN ESTA LEY Y DEMÁS DISPOSICIONES NORMATIVAS QUE DE ELLA DERIVEN, ASÍ COMO A LO DISPUESTO EN EL PROGRAMA INTEGRAL DE MOVILIDAD, DEBIENDO, ENTRE OTROS ASPECTOS, HACER LAS ADECUACIONES CORRESPONDIENTES A SU REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN ESTE ORDENAMIENTO", DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, ADICIONADA MEDIANTE EL DECRETO NÚMERO 298, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL DIECISÉIS DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL SÍNDICO MUNICIPAL PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA LEGITIMACIÓN PASIVA LA TIENEN TANTO EL PODER LEGISLATIVO COMO EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA CUANDO SE LES ATRIBUYA LA EMISIÓN, PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS NORMAS IMPUGNADAS. V. LEYES ESTATALES Y REGLAMENTOS EN MATERIA MUNICIPAL. ESQUEMA DE ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES QUE DERIVAN DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 115, FRACCIONES II, III Y V, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. VI. SERVICIOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE Y DE TRÁNSITO. SUS DIFERENCIAS. VII. SERVICIO PÚBLICO DE TRÁNSITO. CORRESPONDE A LAS LEGISLATURAS ESTATALES EMITIR LAS NORMAS QUE REGULAN LA PRESTACIÓN DE DICHO SERVICIO PARA DARLE UNIFORMIDAD A TODO EL ESTADO, MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE UN MARCO NORMATIVO HOMOGÉNEO. VIII. SERVICIO PÚBLICO DE TRÁNSITO. CORRESPONDE A LOS MUNICIPIOS, EN SU ÁMBITO TERRITORIAL, EMITIR LAS NORMAS RELATIVAS A LA ADMINISTRACIÓN, ORGANIZACIÓN, PLANEACIÓN Y OPERACIÓN DE DICHOS SERVICIOS, A FIN DE QUE SE PRESTE DE MANERA CONTINUA, UNIFORME, PERMANENTE Y REGULAR. IX. SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE. LA PARTICIPACIÓN QUE CORRESPONDE A LOS MUNICIPIOS EN LA FORMULACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS EN DICHA MATERIA ESTÁ SUPEDITADA A LO DISPUESTO EN LAS LEYES EXPEDIDAS POR LAS LEGISLATURAS LOCALES. X. TRÁNSITO EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO. AL PREVERSE QUE TANTO EL TRÁNSITO Y VIALIDAD ESTATAL Y MUNICIPAL ESTARÁN REGULADOS POR EL REGLAMENTO DE TRÁNSITO CORRESPONDIENTE, NO INVADE LA COMPETENCIA DEL MUNICIPIO ACTOR, EN VIRTUD DE QUE LA NORMA RECONOCE TANTO EN EL ÁMBITO ESTATAL COMO MUNICIPAL LA EXISTENCIA Y APLICACIÓN DE SU PROPIO REGLAMENTO (PRIMERA PARTE DEL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 3 DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO). XI. SERVICIO PÚBLICO DEL TRANSPORTE. LOS MUNICIPIOS CARECEN DE ATRIBUCIÓN CONSTITUCIONAL PARA PRESTAR DE MANERA EXCLUSIVA DICHO SERVICIO, TRATÁNDOSE DE PASAJEROS, YA QUE ÉSTE RADICA EN LLEVAR PERSONAS DE UN PUNTO A OTRO, LO QUE COMPRENDE EL TRÁNSITO INTERESTATAL, PARA LO CUAL SE DEBEN CUMPLIR LOS REQUISITOS LEGALES PARA ELLO. XII. TRÁNSITO EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO. EL PRECEPTO LEGAL QUE FACULTA AL INSTITUTO DE MOVILIDAD LOCAL, EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO, PARA OTORGAR LICENCIAS PARA CONDUCIR DEL TIPO DE SERVICIO PÚBLICO, EXCEPTO LAS LICENCIAS PARA EL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN AUTOBUSES URBANOS, NO INVADE LAS ATRIBUCIONES DE LOS MUNICIPIOS [ARTÍCULOS 25, FRACCIÓN XXX, INCISO A); 38, FRACCIONES VII Y VIII; Y 216 DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO]. XIII. TRÁNSITO EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO. EL PRECEPTO LOCAL QUE ESTABLECE QUE LAS VÍAS PÚBLICAS ABIERTAS A LA CIRCULACIÓN EN EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS, QUE NO SEAN DE COMPETENCIA FEDERAL, SE CONSIDERAN Y DECLARAN DE INTERÉS PÚBLICO Y SERÁN REGIDAS CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MOVILIDAD Y DEL REGLAMENTO DE TRÁNSITO CORRESPONDIENTE, NO EXCLUYE A LOS MUNICIPIOS DE LA COMPETENCIA PARA SU EXPLOTACIÓN (ARTÍCULO 205 DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO). XIV. TRÁNSITO EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO. LAS FACULTADES OTORGADAS AL DIRECTOR DE TRÁNSITO DEL ESTADO SE LIMITAN AL CONTROL, SUPERVISIÓN Y SEGURIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN MATERIA DE TRÁNSITO Y VIALIDAD, POR LO CUAL NO INVADEN LA ESFERA MUNICIPAL (ARTÍCULO 207, FRACCIONES II, IV Y IX, DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO). XV. TRÁNSITO EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO. EL PRECEPTO LOCAL QUE ESTABLECE QUE LOS VEHÍCULOS QUE TRANSITEN EN LAS VÍAS PRIMARIAS DEBERÁN OBSERVAR LO DISPUESTO EN LA LEY DE MOVILIDAD DE ESA ENTIDAD Y EL REGLAMENTO DE TRÁNSITO CORRESPONDIENTE NO INVADE LA ESFERA MUNICIPAL (ARTÍCULO 217 DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 121/2019. · Registro digital (IUS): 29802
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2021-05-21
Promovente: MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Mayo de 2021, Tomo II, Pág. 1247.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 121/2019. MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO. 18 DE MAYO DE 2020. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al dieciocho de mayo de dos mil veinte.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Presentación de la demanda, poder demandado y acto impugnado. Por escrito presentado el uno de marzo de dos mil diecinueve en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Omar Hazael Sánchez Curtis, en su calidad de síndico municipal del Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, promovió controversia constitucional en representación del citado Municipio, en la que solicitó la invalidez de los actos que más adelante se señalan y emitidos por los órganos que a continuación se mencionan:

Entidad, Poder u órgano demandado:

• XV Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.

• Gobernador del Estado de Quintana Roo.

• Secretario de Gobierno del Estado de Quintana Roo.

• Secretario de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo.

• Titular del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo.

• Secretario de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo.

• Director del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo.

Terceros interesados:

• Todos los Municipios integrantes del Estado de Quintana Roo: Othón P. Blanco, Benito Juárez, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Cozumel, Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres, Tulum, Bacalar y Puerto Morelos.

Norma general o actos cuya invalidez se demandan:

• El Decreto Número 298 expedido por parte del XV Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, "Se reforman: el párrafo cuarto del artículo 3, las fracciones XLI, L y LVIII del artículo 5, los artículos 14 y 15, las fracciones II y XXX del artículo 25, el primer párrafo y las fracciones XX y XXIII del artículo 30, las fracciones V y VI del artículo 32, el párrafo primero y la fracción VII del artículo 38, el párrafo primero del artículo 39, los párrafos segundo y tercero del artículo 77, los párrafos segundo y tercero de la fracción II del artículo 89, la fracción primera del artículo 93, el párrafo segundo del artículo 112, el artículo 113, las fracciones XII y XVI del artículo 117, las fracciones IX y XVI del artículo 122, el artículo 124, la fracción VII del artículo 130, el segundo párrafo del artículo 172, el primer párrafo del artículo 175, y la fracción II del artículo 176, la fracción II del artículo 177, el artículo 181, el último párrafo del artículo 204; se derogan: la fracción IV del artículo 34, las fracciones I, IV y VII del artículo 39, la fracción VI del artículo 175; y se adicionan la fracción IV Bis al artículo 5, el artículo 5 Bis, el párrafo segundo al artículo 29, la fracción XXIV al artículo 30, la fracción VII al artículo 32, las fracciones VIII y IX del artículo 38, los párrafos cuarto y quinto a la fracción IV del artículo 89, el párrafo tercero al artículo 125 y el título séptimo denominado ‘Del Tránsito y Vialidad del Estado y los Municipios’ que contiene los capítulos primero, segundo y tercero y los artículos 205 al 245; todos de la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo."

SEGUNDO.—Antecedentes. En la demanda se señalaron en el capítulo de antecedentes, los siguientes hechos:

1. Con fecha tres de septiembre de dos mil dieciséis se instaló la XV Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.

2. El catorce de junio de dos mil dieciocho se publicó el Decreto Número 213, por parte del Congreso Local, en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, mismo que contiene la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo.

3. El doce de julio de dos mil dieciocho se publicaron en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, las reformas a la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo.

4. La expedición y aprobación del Decreto Número 298, por parte de la XV Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, por el cual se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo.

5. El gobernador del Estado de Quintana Roo ordenó la promulgación, publicación y ejecución del Decreto Número 298 referido, siendo publicado el dieciséis de enero de dos mil diecinueve en el Periódico Oficial.

6. Del secretario de Gobierno del Estado, se reclama el refrendo, firma y publicación del Decreto Número 298 aludido.

7. Del director del Periódico Oficial del Gobierno de Quintana Roo se reclama la publicación del Decreto Número 298.

8. Del titular del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo se reclama la ejecución de las reformas contenidas en el Decreto Número 298.

9. Del secretario de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo se reclama la ejecución de las reformas contenidas en el Decreto Número 298.

10. Con fecha dieciséis de enero de dos mil diecinueve se publicó el Decreto Número 298 en el Periódico Oficial de Quintana Roo.

11. Transcribe en el numeral once de antecedentes lo dispuesto en el artículo 115, fracciones II, III, incisos g) y h); IV, incisos a), b) y c); y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

TERCERO.—Conceptos de invalidez. La parte actora, en sus conceptos de invalidez esgrimió, en síntesis, lo siguiente:

En su primer concepto de invalidez, precisa que con el Decreto Número 298, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, el dieciséis de enero de dos mil diecinueve, mediante el cual se reforman, derogan y adicionan, diversos artículos de la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo, se invaden las atribuciones y competencias del Municipio actor, al otorgar al Poder Ejecutivo de dicha entidad federativa injerencias en las atribuciones y competencias que la Constitución Federal le otorga, conforme al artículo 115 de la Constitución Federal, en relación con las funciones y servicios públicos de tránsito y vialidad, entre las cuales destaca:

En primer lugar señala que el artículo 3 de la Ley de Movilidad prevé que tanto el tránsito como las vialidades estarán regulados por el Reglamento de Tránsito, sin embargo, los Ayuntamientos, en el ejercicio de sus atribuciones de planeación, regulación y supervisión, se sujetarán a lo establecido en dicha ley y lo dispuesto por el Programa Integral de Movilidad expedido por el Ejecutivo, por lo tanto, dicho precepto es contrario a la Constitución Federal en su artículo 115, fracción II, párrafos primero, segundo y tercero, inciso d); fracción III, párrafo primero, incisos g) y h); y fracción V, párrafo primero, inciso h), pues es facultad de los Municipios la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros, así como las calles y la policía de tránsito.

En sus puntos segundo, tercero, cuarto y octavo, señala que el artículo 5, fracción XLI, en relación con los numerales 25, fracción XXX, inciso a); 38, fracción VII y VIII; y 216 de la Ley de Movilidad, establecen que el Municipio únicamente podrá expedir las licencias de conducir para persona física para vehículo motorizado y para el servicio público de pasajeros en autobuses urbanos, mientras que las demás licencias de conducir sólo podrán ser emitidas por el Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo, previa validación de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, es decir, serán emitidas por el Ejecutivo Local, transgrediendo los principios del artículo 115 de la Constitución Federal, pues además de la invasión competencial, significa una reducción a la recaudación de recursos.

Por su parte, en el punto quinto, en relación al artículo 205 de la misma ley impugnada, establece que las vías públicas abiertas a la circulación en el Estado y los Municipios, que no sean de competencia federal, se consideran y se declaran de interés público, siendo regidas conforme a las disposiciones de la ley y del Reglamento de Tránsito correspondiente; cuando por mandato constitucional esa regulación es propia y exclusiva del Municipio.

En cuanto al punto sexto del artículo 207 de la ley de referencia, que señala las facultades del director de Tránsito del Estado, considera que sus fracciones II, IV y IX, al precisar que tendrá como facultad para vigilar el cumplimiento de la ley impugnada, coordinar la realización de acciones operativas con las direcciones de policía preventiva municipal y de tránsito; y coordinar a las autoridades auxiliares en materia de tránsito y validar sus intervenciones, invaden el ámbito competencial conferido constitucionalmente al Municipio, pues el director de Tránsito Estatal se entrometerá e intervendrá directamente en funciones de los Municipios.

En su punto séptimo, el Municipio actor transcribe el artículo 208, fracción II, incisos a), b), c), d), e), f) y g), pero no precisa en qué sentido dicho artículo afecta su esfera de competencias.

En su punto noveno, el actor menciona que el artículo 217 de la ley combatida, que establece que los vehículos que transiten vías primarias deberán observar lo dispuesto en la ley y reglamento de tránsito correspondiente, violenta las facultades municipales, pues como se ha mencionado en la demanda, se entromete al establecer regulación en las vialidades del Municipio también se regirán por la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo, pues la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros, así como las calles y su equipamiento son competencias del Municipio.

Por último, precisa que el artículo 240 de la ley impugnada, que establece que la dirección de policía preventiva municipal y tránsito o la del Estado, para efectos de la calificación de infracciones, se ajustará a las tarifas establecidas en el Reglamento de Tránsito, además de ser ambiguo porque no precisa quién será la autoridad competente para infraccionar y calificar las mismas, igualmente invade la competencia del Municipio, pues establece que será tanto la autoridad estatal o municipal quien pueda calificar y poner infracciones, cuando lo correcto, por ser materia de tránsito, únicamente debe ser la autoridad municipal.

Así, señala que los puntos expuestos con anterioridad permiten concluir que los artículos de la reforma impugnada de la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo, violan lo mandatado en el artículo 41 de la Constitución Federal, pues las Constituciones Locales no podrán contravenir lo estipulado en ella, en razón a la supremacía constitucional del artículo 133.

Igualmente apunta que dichas normas son contrarias al artículo 47 de la Constitución Local(1) y numeral 90, fracciones II, VII, XX y XXI de la Ley de Municipios del Estado de Quintana Roo.(2)

En su segundo concepto de invalidez, el Municipio de Solidaridad señala que la aprobación, sanción, promulgación y publicación del Decreto Número 298, publicado en el Periódico Oficial por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo, restan competencia y atribuciones al Municipio, pues la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que los Municipios tendrán facultades, funciones, atribuciones y servicios públicos en materia de vialidades (calles) y tránsito, sin intervención del Poder Ejecutivo de la entidad federativa correspondiente, así que dicho tema debería ser regulado única y exclusivamente por los Municipios.

Además, dicho ordenamiento está regulando un nuevo procedimiento en tema de expedición de licencias de conducir de todo tipo, permisos o autorizaciones para transitar al transporte público de todo tipo en las vialidades municipales, así como calificar e imponer infracciones en materia de tránsito, por ser un bien de dominio público municipal, en consecuencia, se propicia un daño irreversible al Municipio dentro de la recaudación de las contribuciones de los ciudadanos, violando el principio de legalidad en materia administrativa.

En su tercer concepto de invalidez, el Municipio actor menciona que el decreto de reforma aludido otorga indebidamente facultades al Ejecutivo Local que no están contempladas en la Constitución Federal, sobre todo, en lo referente a la expedición de licencias de conducir de todo tipo de servicio público y sin injerencia por parte de los Municipios del Estado, además de calificar e imponer infracciones de tránsito que en estricto sentido son competencia municipal.

Posteriormente, el Municipio actor se limita a repetir los argumentos esgrimidos en el primer concepto de invalidez, para finalmente precisar que se trastoca el sistema competencial establecido en el Pacto Federal, citando a efecto de demostrar tal invasión las tesis de título: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SE ACTUALIZA EL INTERÉS LEGÍTIMO DEL MUNICIPIO PARA ACUDIR A ESTA VÍA CUANDO SE EMITAN ACTOS DE AUTORIDAD QUE VULNEREN SU INTEGRACIÓN.", "MUNICIPIOS. EL ARTÍCULO 115, FRACCIONES I Y II, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL RECONOCE LA EXISTENCIA DE UN ORDEN JURÍDICO PROPIO." y "MUNICIPIOS. CONTENIDO Y ALCANCE DE SU FACULTAD REGLAMENTARIA."

Aunado a lo anterior, en el Reglamento de Tránsito Municipal se establecen las facultades normativas del Municipio frente al empleo de licencias expedidas por el Municipio de Solidaridad, a través de la dependencia legalmente facultada para ello, por lo cual, se corrobora la afectación que sufre el Municipio en menoscabo a sus facultades y hacienda municipal.

En su cuarto concepto de invalidez, aduce que le causa agravio la injerencia e intromisión del Poder Ejecutivo del Estado, pues los artículos impugnados otorgan facultades unilaterales a las dependencias, sustituyendo y limitando las funciones y facultades municipales establecidas en el artículo 115 de la Constitución Federal, siendo incongruente pues la misma Constitución prohíbe la creación de autoridades intermedias entre los Municipios y los Estados. Cita como apoyo a lo anterior las tesis de rubro: "AUTORIDADES INTERMEDIAS. TIENEN ESE CARÁCTER LOS COMITÉS DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DEL ESTADO DE PUEBLA (LEY PARA EL FEDERALISMO HACENDARIO DEL ESTADO DE PUEBLA)." y "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS ENTRE LA FEDERACIÓN, LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS."

En el quinto concepto de invalidez planteado, vuelve a mencionar que el decreto impugnado afecta las funciones y servicios públicos de tránsito y vialidad, pues no se ajustan al artículo 115, fracción II, de la Constitución Federal, ya que la norma en forma específica, reasigna funciones y servicios públicos en materia de tránsito y vialidad de competencia exclusiva de los Municipios. Además, no se trata de normas básicas de referencia, como un marco normativo homogéneo, sino que directamente prevén que esas decisiones de tránsito serán tomadas por las autoridades estatales. Cita como aplicable al caso la tesis de rubro: "MUNICIPIOS. EL ARTÍCULO 115, FRACCIONES I Y II, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL RECONOCE LA EXISTENCIA DE UN ORDEN JURÍDICO PROPIO."

En el sexto concepto de invalidez, menciona nuevamente que el artículo 3 de la Ley de Movilidad, reformado mediante el decreto impugnado, le causa agravio, pues a comparación del texto anterior, establecía que: "el tránsito y vialidad municipal, estarán regulados por la Ley de los Municipios del Estado y los reglamentos municipales correspondientes", lo cual anteriormente sí era acorde al sistema constitucional, pues el artículo 135 de la Ley de Municipios del Estado sigue previendo que el servicio de tránsito corresponderá en todo caso al Municipio, en concordancia con el artículo 147, inciso g), de la Constitución Local, que establece que los Municipios tendrán a su cargo la seguridad pública, la policía preventiva municipal y tránsito. Al efecto cita los criterios siguientes: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA QUE SE ESTUDIE LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA O ACTO BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA LA CAUSA DE PEDIR." y "ESTADO MEXICANO. ÓRDENES JURÍDICOS QUE LO INTEGRAN."

En el séptimo concepto de invalidez, expuso que las reformas de la Ley de Movilidad impugnada (en particular la derogación de las fracciones I, IV y VII del artículo 39, y fracción VI del artículo 175; la modificación de los párrafos segundo y tercero del artículo 77, los párrafos segundo y tercero de la fracción II del artículo 89, el segundo párrafo del artículo 172, el primer párrafo del artículo 175, la fracción II del artículo 176, la fracción II del artículo 177, el artículo 181, el último párrafo del artículo 204; la adición de los párrafos cuarto y quinto a la fracción IV del artículo 89) versaban sobre funciones y servicios públicos de tránsito y vialidad, cuya competencia, conforme al artículo 115, fracción III, inciso h), de la Constitución General, corresponde al Municipio actor.

Por lo que con las referidas modificaciones, tiene como consecuencia, en concreto que:

a) Con la derogación de las fracciones I, IV y VII del artículo 39 de la Ley de Movilidad, se eliminó la posibilidad de que el Estado suscriba acuerdos o convenios de coordinación con los Ayuntamientos, con el objeto de que asuman la facultad, en el ámbito de su jurisdicción territorial, para autorizar la expedición de licencias para choferes, automovilistas, motociclistas y para conductores de los demás vehículos de propulsión, automotores y eléctricos.

b) Con la reforma de la fracción XLI del artículo 5, divide las funciones y servicios públicos de tránsito y vialidad de facultad exclusiva del Municipio, en particular la de expedir licencias de conducir, pues sólo se deja al Municipio las correspondientes a personas físicas para un vehículo motorizado y servicio público de transporte de pasajeros en autobuses urbanos, reservando las demás al Instituto de Movilidad del Estado.

c) La reforma a la fracción LVIII del artículo 5, también reasigna competencias exclusivas del Municipio relativas a funciones de vialidad, en materia de vigilancia de la seguridad vial y la imposición de infracciones por falta de tránsito.

d) Con las reformas y adiciones al artículo 89, se invaden las funciones y servicios públicos de tránsito y vialidad, en materia de grúas para arrastre y salvamento, así como depósito de vehículos.

Cada uno de los anteriores aspectos, asignados a la competencia municipal afecta también en su recaudación de ingresos, por tanto, también transgreden la hacienda pública municipal del Municipio de Solidaridad, al privarla de recaudar ingresos por la prestación de los referidos servicios.

En esos términos, también se transgrede la libre administración hacendaria y resta autonomía y autosuficiencia económica, además, se acentúa dicha transgresión si se vincula con:

a) La derogación del artículo 176 de la Ley de Hacienda del Estado de Quintana Roo e inclusión del inciso d) apartado B del artículo tercero transitorio, del Decreto Número 291, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, el cual, el tercero transitorio establece que: "en tanto el Estado de Quintana Roo, permanezca adherido al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, suscrito mediante convenio y anexos respectivos con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quedan en suspenso: B. derechos, d) Licencias para conducir vehículos."

b) La expedición de la Ley de Derechos de Quintana Roo, mediante el Decreto Número 291, igualmente publicado el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, en particular, el artículo 75, cuya fracción I, se refiere al pago de derechos por concepto de la expedición, renovación y reposición de licencias para conducir, la fracción II, respecto del permiso provisional para manejar sin licencia, la fracción III, se refiere al pago de derechos por concepto de arrastre de grúa, la fracción IV, se refiere al pago de derechos por concepto del día de estancia en corralón, la fracción V, al pago de derechos por concepto del permiso para circular con vidrios polarizados, la fracción VI, al pago por concepto de examen médico y de competencia para la licencia de conducir vehículos de motor, la fracción VII referida al pago de derecho por concepto de permisos provisionales para la circulación de camiones de carga en el primer cuadro de la ciudad, la fracción VIII, al pago de derechos por concepto de la inscripción al curso de vialidad del servicio público, la fracción IX, se refiere al pago de derechos por el examen práctico de conducción, la fracción X, al pago de derechos por registro y refrendo anual de escuelas de manejo, la fracción XI, al pago de derechos por concepto de la expedición de historial de pagos y la fracción XII, se refiere al pago de derechos por concepto de expedición de constancias de no infracción.

c). La ley de derechos referida, en su artículo tercero transitorio también prevé lo siguiente: "En tanto el Estado de Quintana Roo permanezca adherido al Sistema de Coordinación Fiscal, suscrito mediante convenio y anexos respectivos, con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quedan en suspenso: B. Derechos, d) Licencias para conducir vehículos."

d) En la misma expedición de la ley de derechos, el artículo quinto transitorio prevé que: "Cualquier dependencia, ente público u órgano autónomo no referido en la presente ley. Que (sic) por sus funciones presten servicios o realicen actividades por las que deban recibir una contraprestación económica, dichos recursos deberán ingresar a través de las oficinas, instituciones, establecimientos y medios electrónicos dispuestos y autorizados por la Secretaría d (sic) Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado."

CUARTO.—Artículos constitucionales señalados como violados. Los artículos 115, fracciones II, III, incisos g) y h); IV, incisos a) y c); y V, y 133 en correlación al numeral 1o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

QUINTO.—Trámite de la controversia. Por acuerdo de siete de marzo de dos mil diecinueve, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar la presente controversia constitucional bajo el expediente 121/2019; asimismo, mandó turnar el expediente al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo como instructor del procedimiento de conformidad con el registro que al efecto se lleva en la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal.(3)

Luego, mediante diverso proveído de la misma fecha, el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, en su calidad de instructor de la controversia constitucional, admitió a trámite la demanda y ordenó emplazar como demandado al Poder Ejecutivo y Legislativo, así como a la Secretaría de Gobierno del Estado de Quintana Roo, esta última en cuanto al refrendo de la norma impugnada, mas no así al secretario de Finanzas y Planeación, al titular del Instituto de Movilidad, al secretario de Seguridad Pública y al director del Periódico Oficial, todos de dicha entidad, por ser dependencias del Poder Ejecutivo, el cual debe comparecer por conducto de su representante legal, para que formularan su contestación. Además, requirió al Poder Legislativo demandado, para que al rendir su contestación, enviara a este Alto Tribunal copia certificada de todos los antecedentes de la norma impugnada y al Poder Ejecutivo a efecto de que enviara un ejemplar del Periódico Oficial del Estado en el que se haya publicado la norma controvertida; por otro lado, no se tuvo como terceros interesados a todos los Municipios del Estado de Quintana Roo y por último ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República, para que expresara lo que a su representación correspondiera.(4)

SEXTO.—Contestación de la demanda del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. El diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, en su carácter de presidente de la Gran Comisión de la XV Legislatura del Estado de Quintana Roo, dio contestación a la demanda y expuso lo siguiente:

En lo referente al capítulo de los hechos en la demanda:

• Respecto al hecho marcado como número uno, es cierto.

• Respecto al hecho marcado como número dos, es parcialmente cierto, dado que si bien el Decreto Número 213 fue expedido por parte de la Legislatura, éste no fue publicado por parte del Poder Legislativo.

• Respecto al hecho marcado como número tres, es parcialmente cierto, pues si bien el Decreto Número 252 fue expedido por la Legislatura, éste no fue publicado por parte del Poder Legislativo.

• Respecto al hecho marcado como número cuatro, es cierto.

• Respecto de los hechos marcados del número cinco al número nueve, se ignoran por no ser hechos propios.

• Respecto al hecho marcado como número diez, es parcialmente cierto, dado que si bien el Decreto Número 298 fue expedido por la Legislatura, éste no fue publicado por parte del Poder Legislativo.

• Respecto al hecho marcado como número once, se ignora por no ser hecho propio.

Posteriormente, en el capítulo de improcedencia, el Poder Legislativo arguye lo siguiente:

Se actualiza la causal de improcedencia dispuesta en el artículo 19, fracciones VII y VIII, en relación con los numerales 21, fracción II y 22, fracción VII; todos de la ley reglamentaria de la materia, por falta de conceptos de invalidez y haber fenecido el plazo para la interposición del juicio.

Lo anterior, pues el Municipio actor, en el desarrollo de sus conceptos de invalidez no expresa argumentos dirigidos a demostrar la inconstitucionalidad de todos y cada uno de los artículos impugnados, sino que en su desarrollo de demanda se limita únicamente a los numerales 3, 5, 25, 38, 205, 206, 207, 208, 216, 217 y 240, por lo que cabe sobreseer respecto de los demás artículos, al carecer de conceptos de invalidez.

Por otro lado, precisa que si la intención del actor, al mencionar en sus antecedentes los Decretos 213 y 252, expedidos por la XV Legislatura del Estado de Quintana Roo, era controvertirlos, el plazo para impugnarlos ha fenecido, por lo que se debe declarar improcedente cualquier argumento tendiente a combatir las porciones normativas ya existentes a través de dichos decretos, por no ser actos legislativos nuevos, tal es el caso del artículo 3 de la Ley de Movilidad, que en su porción normativa: "Los Ayuntamientos, en el ejercicio de sus atribuciones de planeación, regulación y supervisión, se sujetarán a lo establecido en esta ley y demás disposiciones normativas que de ella deriven, así como a lo dispuesto en el Programa Integral de Movilidad, debiendo, entre otros aspectos, hacer las adecuaciones correspondientes a su reglamentación municipal en los términos previstos en este ordenamiento", ya se encontraba vigente antes de la reforma impugnada.

Acto seguido, respecto a los conceptos de validez hechos valer por el actor, el Poder demandado precisa lo siguiente:

Contrario a lo aducido por el Municipio, los Estados sí pueden legislar en materia de tránsito, sin que ello se traduzca en una invasión competencial, pues de conformidad con el artículo 115, fracción II, inciso a), del Pacto Federal, los Estados deberán expedir leyes a efecto de establecer las bases generales de la administración pública municipal, para que cada uno de los Municipios puedan prestar adecuadamente el servicio público de tránsito, así que el hecho de legislar bases, no se traduce en una invasión a su competencia constitucional. Lo anterior, con fundamento en el criterio de rubro: "LEYES ESTATALES EN MATERIA MUNICIPAL. OBJETIVO Y ALCANCES DE LAS BASES GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL."

Así, el establecimiento de dichas bases fue en cumplimiento de la obligación contenida en el artículo 115 de la Constitución Federal, no se transgredió la competencia municipal, sino que, si no hubiera legislado en tal sentido, hubiera incurrido en una omisión legislativa que pondría en estado de vulnerabilidad la prestación del servicio en cada Municipio.

Por otro lado, menciona que este Alto Tribunal ha establecido que la materia de tránsito, le corresponde a la Legislatura Estatal proporcionar la normatividad general que debe regir, robusteciendo dicho argumento con los criterios de rubros: "SERVICIO PÚBLICO DE TRÁNSITO EN UN MUNICIPIO. ALCANCE DE LAS COMPETENCIAS NORMATIVAS ESTATALES Y MUNICIPALES EN SU PRESTACIÓN." y "TRÁNSITO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA. LA EXPEDICIÓN DE LA LEY RELATIVA POR LA LEGISLATURA ESTATAL NO QUEBRANTA EL ARTÍCULO 115, FRACCIONES II Y III, INCISO H), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NI INVADE LA ESFERA COMPETENCIAL DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ."

Como un segundo punto, esgrime que las licencias de conducir para el servicio de transporte público es facultad del Estado, así como lo ha definido anteriormente este Alto Tribunal, al resolver la controversia constitucional 2/1998, que existe una diferencia entre el concepto de tránsito y transporte, pues la primera es referente a la actividad realizada directamente por la administración pública, encaminada a satisfacer la necesidad de carácter general de disfrutar de seguridad vial en vía pública; mientras que el transporte es una actividad consistente en llevar personas o cosas desde un punto a otro y se divide, en razón a sus usuarios, en público y privado.

De esa manera, la expedición de las licencias de transporte público, al no ser de competencia municipal, deben ser expedidas por la autoridad estatal, dado que es ésta la que concede los permisos y concesiones en el ámbito estatal, pues si es la autoridad local la que cuenta con las facultades para regular la materia de transporte público, luego debe ser éste el que expida las licencias de conducir a los choferes que conduzcan vehículos que estén concesionados para funcionar como transporte público estatal; siendo por otra parte el servicio público de transporte de pasajeros en autobuses urbanos, pues dicha regulación sí es competencia municipal. Al respecto, cita los criterios: "CONTROVERSIAS CONSTITUC

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29802-1126a5e5/i-controversia-constitucional-sobreseimiento-por-ausencia-de-conceptos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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