I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD AL NO IMPUGNARSE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO [ARTÍCULO 17, FRACCIÓN I, PÁRRAFO QUINTO, INCISOS A), NUMERALES 1 Y 2, Y B), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CARECER DE LEGITIMACIÓN EL PARTIDO POLÍTICO PARA IMPUGNAR NORMAS QUE NO SON DE NATURALEZA ELECTORAL (ARTÍCULO TRANSITORIO DÉCIMO DEL DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT, PUBLICADO EN EL NÚMERO 116, TOMO CXCVIII, SECCIÓN CUARTA, DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE NAYARIT, DE FECHA DIEZ DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS). III. SISTEMA ELECTORAL MIXTO DE MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN II, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS OBLIGA A LOS ESTADOS A INTEGRAR SUS LEGISLATURAS CON DIPUTADOS ELECTOS POR AMBOS PRINCIPIOS, AUNQUE NO A REGLAMENTAR DE UNA FORMA ESPECÍFICA DICHOS PRINCIPIOS, SIEMPRE QUE ATIENDAN RAZONABLEMENTE A LOS PARÁMETROS DEL SISTEMA INTEGRAL PREVISTO Y A SU FINALIDAD (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 26, PÁRRAFO PRIMERO, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "HASTA DOCE DIPUTADOS ELECTOS POR REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL", DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT). IV. ELECCIÓN CONSECUTIVA DE DIPUTADOS LOCALES. CUANDO UN DIPUTADO PRETENDA SU REELECCIÓN PARA UN PERIODO ADICIONAL, DENTRO DEL LÍMITE DE LOS CUATRO CONSECUTIVOS, SE SUJETARÁ A LA LIMITANTE DE SER POSTULADO, EN CADA UNA DE ESAS OCASIONES, POR EL MISMO PARTIDO O POR CUALQUIERA DE LOS INTEGRANTES DE LA COALICIÓN QUE LO HUBIERE POSTULADO, SALVO QUE HAYA RENUNCIADO O PERDIDO SU MILITANCIA ANTES DE LA MITAD DE SU MANDATO (ARTÍCULO 26, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT). V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA REMISIÓN DE LA NORMA EN ESTUDIO A OTRA DECLARADA INCONSTITUCIONAL EN LA MISMA SENTENCIA NO PROVOCA SU INVALIDEZ SI, POR MÉRITOS PROPIOS, NO PRODUCE INSEGURIDAD O FALTA DE CERTEZA Y, EN CAMBIO, ES NECESARIA POR TÉCNICA LEGISLATIVA (ARTÍCULO 27, PÁRRAFO PENÚLTIMO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT). VI. REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. CONGRUENCIA ENTRE EL PORCENTAJE EXIGIDO PARA QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES CONSERVEN SU REGISTRO Y EL PREVISTO PARA LA ASIGNACIÓN DE DIPUTACIONES POR ESTE PRINCIPIO (ARTÍCULO 27, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT, AL TENOR DE LA INTERPRETACIÓN CONFORME PROPUESTA). VII. REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. SUPUESTA OMISIÓN EN LA REGULACIÓN DE LOS LÍMITES DE SOBRERREPRESENTACIÓN Y SUBREPRESENTACIÓN (ARTÍCULO 27, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT, AL TENOR DE LA INTERPRETACIÓN CONFORME PROPUESTA). VIII. DERECHO AL VOTO PASIVO. EL REQUISITO DE RESIDENCIA EFECTIVA EN EL MUNICIPIO AL QUE CORRESPONDA EL DISTRITO PARA SER ELEGIDO COMO DIPUTADO VULNERA EL PRINCIPIO DE CERTEZA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN IV, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "EN EL MUNICIPIO AL QUE CORRESPONDA EL DISTRITO QUE VAYA A REPRESENTAR", DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT). IX. DERECHO AL VOTO ACTIVO. SUPUESTA OMISIÓN EN LA REGULACIÓN DEL SUFRAGIO LIBRE (ARTÍCULO 135, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT). X. TRIBUNALES ELECTORALES LOCALES. LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN DE LOS CONGRESOS LOCALES PARA REGULAR SUS PRINCIPIOS RECTORES, SIEMPRE Y CUANDO INCLUYAN LOS DE AUTONOMÍA EN SU FUNCIONAMIENTO E INDEPENDENCIA EN SUS DECISIONES, CONTEMPLADOS EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, INCISO C), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y QUE LOS DEMÁS SEAN CONGRUENTES CON SU FUNCIÓN JURISDICCIONAL Y NO CONTRAVENGAN LAS NORMAS CONSTITUCIONALES (ARTÍCULO 135, APARTADO D, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT). XI. TRIBUNALES ELECTORALES LOCALES. LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN DE LOS CONGRESOS LOCALES PARA REGULAR LA ROTACIÓN DE SU PRESIDENCIA Y SU RÉGIMEN INTERNO, SIEMPRE Y CUANDO SE RESPETEN LAS REGLAS DE INTEGRACIÓN Y ELECCIÓN CONTEMPLADAS EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, INCISO C), PUNTO 5, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (ARTÍCULO 135, APARTADO D, PÁRRAFO QUINTO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT). XII. ELECCIONES LOCALES. OBLIGACIÓN DE LOS CONGRESOS LOCALES DE HOMOLOGAR POR LO MENOS UNA DE ELLAS CON LAS ELECCIONES FEDERALES (ARTÍCULOS TRANSITORIOS SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO DEL DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT, PUBLICADO EN EL NÚMERO 116, TOMO CXCVIII, SECCIÓN CUARTA, DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE NAYARIT, DE FECHA DIEZ DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS). XIII. TRIBUNALES ELECTORALES LOCALES. LA ENTRADA EN FU
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 55/2016. MORENA. 26 DE SEPTIEMBRE DE 2016. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIO: ALEJANDRO GONZÁLEZ PIÑA.
Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al día veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, emite la siguiente:
Sentencia
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 55/2016, promovida por Morena en contra del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, publicado en el número 116, tomo CXCVIII, sección cuarta, del Periódico Oficial del Estado de Nayarit, de fecha diez de junio de dos mil dieciséis.
I. Trámite
1. Presentación de la acción. Mediante escrito presentado el diez de julio de dos mil dieciséis en el domicilio del funcionario autorizado por el secretario general de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para recibir promociones fuera del horario laboral, en términos del artículo 7o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, e ingresado el día once del mismo mes y año en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Corte; Andrés Manuel López Obrador, quien se ostentó como presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena,(1) promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de diversos artículos del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en materia político-electoral, publicado en el número 116, tomo CXCVIII, sección cuarta, del Periódico Oficial del Estado de Nayarit, de fecha diez de junio de dos mil dieciséis.
2. Autoridades emisora y promulgadora. La norma general impugnada se emitió por el Poder Legislativo y se promulgó por el Poder Ejecutivo, ambos del Estado de Nayarit.
3. Normas generales impugnadas: Del decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en materia político-electoral, publicado en el número 116, tomo CXCVIII, sección cuarta, del Periódico Oficial del Estado de Nayarit, de fecha diez de junio de dos mil dieciséis, se impugnan los artículos:
• 17, fracción I, párrafo quinto, incisos a), puntos 1 y 2, y b);
• 26, primer y segundo párrafos;
• 27, fracción II y párrafo penúltimo;
• 28, fracción IV;
• 135, primer párrafo, y tercer y quinto párrafos de su apartado D;
• Transitorio segundo;
• Transitorio tercero;
• Transitorio cuarto;
• Transitorio octavo;
• Transitorio décimo;
4. Conceptos de invalidez. El promovente hizo valer los siguientes conceptos de invalidez:
• Primero. Supuestos en los que pueden realizarse el referéndum y el plebiscito. El artículo 17, fracción I, párrafo quinto, incisos a), puntos 1 y 2, y b) de la Constitución Política del Estado de Nayarit, viola los artículos 1, 14, segundo párrafo, 16, primer párrafo, 35, fracción VIII, 39, 40, 115, primer párrafo, y base II, párrafo segundo, 116, fracción IV, inciso b) y 133 de la Constitución Federal, así como 23, párrafo 1, inciso a), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque afecta el principio de régimen democrático y popular de los Estados y Municipios del país, así como también, limita irrazonable y excesivamente el ejercicio del derecho humano de participación política y directa de los ciudadanos en la dirección de los asuntos públicos ya que:
i. Circunscribe el derecho a participar en el referéndum únicamente a proyectos de reforma "total" de la Constitución Local y a "leyes" en los términos, condiciones y materias que la ley determine, es decir, excluye la posibilidad de emplear este medio de consulta en reformas, adiciones o derogaciones de trascendencia estatal.
ii. Prevé la posibilidad de someter a plebiscito sólo aquellos actos administrativos del gobernador y los Ayuntamientos que afecten "a la generalidad de" los gobernados, pero no otros casos de trascendencia local o municipal que deberían ser incluidos, por analogía, bajo el parámetro establecido en el artículo 6 de la Ley Federal de Consulta Popular, reglamentaria del artículo 35, fracción VIII, constitucional.
• Segundo. Integración del Congreso del Estado bajo el principio de representación proporcional. El artículo 26, párrafos primero y segundo, de la Constitución de Nayarit vulnera los principios de certeza, objetividad y legalidad electoral, así como el de representación proporcional, previstos en los artículos 16, primer párrafo, 116, fracciones II, párrafos segundo y tercero, y IV, inciso b), y 133 de la Constitución Federal.
• Inconstitucionalidad del número máximo de doce diputados que integrarán el Congreso del Estado por el principio de representación proporcional. La expresión "hasta" incluida en el primer párrafo del artículo 26 impugnado permite definir, en la ley secundaria, un número menor a los doce legisladores plurinominales a que se refiere la Constitución Local, lo que podría tener una repercusión a la baja en el número total de diputados que, por ambos principios, integrarían el Congreso del Estado, y eso no permite cumplir con el objeto del sistema mixto para la integración de las Legislaturas Locales, previsto en el artículo 116, fracción II, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según el cual se busca compensar adecuadamente la distorsión del voto que genera el sistema de mayoría relativa.
• El ente creador de la norma impugnada incumplió su deber de prevenir cualquier violación a derechos humanos, como lo establece el artículo 1o. de la Carta Magna, pues al incluir el vocablo "hasta" en el primer párrafo del artículo 26 de la Constitución de Nayarit perfiló una posible vulneración al principio de voto igual y universal.
• El Constituyente Local debió ejercer un control de convencionalidad ex officio previo a fin de determinar si la expresión "hasta", contenida en la norma impugnada, infringe el principio convencional de voto universal e igual.
• Deficiente regulación de limitantes para ser elegido como diputado en periodos adicionales. El segundo párrafo del artículo 26 de la Constitución Política del Estado de Nayarit es incongruente porque establece los lineamientos que deberá observar la persona que pretenda postularse como candidato a diputado para ser electo por "un periodo adicional"; sin embargo, el párrafo que complementa -párrafo primero de ese mismo precepto- prevé la posibilidad de que los diputados electos puedan ser elegidos hasta por "cuatro periodos consecutivos", lo que en apariencia sugiere una ausencia de regulación para la postulación de los periodos subsecuentes al primero, lo que infringe los principios de certeza y objetividad electorales.
• Tercero. Disposiciones relativas a la asignación de diputados por el principio de representación proporcional. La fracción II y la parte final del párrafo segundo del artículo 27 de la Constitución de Nayarit transgreden los principios de certeza, legalidad y objetividad electoral, consagrados en los artículos 1o., 14, segundo párrafo, 16, párrafo primero, 35, fracciones I y II, 116, fracciones II, tercer párrafo, y IV, inciso b), y 133 de la Constitución General de la República, en conjunción con los derechos humanos reconocidos en los artículos 1, 2 y 23, párrafo 1, inciso b), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
• Remisión al artículo 26 de la Constitución Local. La parte final del artículo 27 impugnado dispone que la ley deberá atender lo establecido en el artículo 26 de la Constitución Local en lo relativo al procedimiento y requisitos de la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional, y ese precepto prevé la integración de un Congreso Local con "hasta" doce diputados electos por el principio de representación proporcional lo que, como se argumentó en la primera parte del segundo concepto de invalidez hace menos representativo y menos plural la integración de la Legislatura. Por tanto, la remisión al artículo 26 permite que se establezca un régimen interior que no respeta el principio de representación proporcional.
• Votación para concurrir a la asignación. Debe eliminarse la expresión "total" contenida en el artículo 27, fracción II, impugnada o, en su caso, hacerse una interpretación conforme para que el vocablo "total" se entienda referido sólo a la votación válida emitida, toda vez que para la asignación de diputaciones bajo el criterio de representación proporcional rige el principio de que sólo son útiles los votos válidos, no la totalidad de sufragios como sugiere el precepto, que podría incluir los votos nulos y los de candidatos independientes o no registrados.
• Cuarto. Residencia efectiva en el Municipio como criterio de elegibilidad. El artículo 28, fracción IV, de la Constitución de Nayarit establece como criterio de elegibilidad, para quienes no son originarios del Estado, la obligación de comprobar una residencia efectiva no menor de cinco años inmediatamente anteriores al día de la elección "en el Municipio al que corresponda el Distrito que vaya a representar", no obstante, ese requisito es irracional y desproporcionado, porque la persona, de resultar electa como diputado, integrará un órgano legislativo encargado de determinadas funciones constitucionales que tendrán vigencia en todo el territorio del Estado.
• Quinto. Característica del voto "libre", principios rectores y organización interna del Tribunal Electoral del Estado. Se objeta la constitucionalidad del artículo 135, párrafo primero, y párrafos tercero y quinto de su apartado D, de la Constitución de Nayarit, dado que: (i) omitió confirmar la característica constitucional del voto "libre" plano (individual) que no debe confundirse con el de elecciones libres (plano colectivo); (ii) no incluyó el principio de "probidad" respecto de las funciones y determinaciones del Tribunal Estatal Electoral, como refiere la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en el artículo 105, párrafo 1, relativo a los principios que definen el actuar de las autoridades electorales jurisdiccionales locales; y, (iii) reguló deficientemente el principio de rotación del presidente del tribunal, dado que, al establecer un periodo tan extenso como el de tres años hace ilusorio su cumplimiento, en tanto que no garantiza que todos los Magistrados integrantes puedan acceder a ese cargo y permite que el poder se concentre en una o dos personas o se perpetúe en el tiempo.
• Sexto. Homologación de la duración de encargos estatales con la elección para diputados federales de dos mil veintiuno. Los artículos transitorios segundo, tercero y cuarto impugnados, que difieren la homologación de las elecciones de gobernador, diputados y Ayuntamientos, hasta la fecha en que tendrá lugar la segunda elección de diputados federales posterior a la reforma que se combate (primer domingo de junio de dos mil veintiuno), viola los principios de supremacía constitucional, Pacto Federal, periodicidad, legalidad y certeza electoral, en tanto que quienes resulten electos para ejercer dichos cargos tendrán un desempeño de cuatro años, lo que, por una parte, deja de garantizar que se verifique al menos una elección local en la misma fecha en que tenga lugar alguna de las elecciones federales de dos mil dieciocho y, por otra, afecta la aplicabilidad de las normas sobre elección consecutiva de Ayuntamientos y diputados, sin prever disposiciones adicionales.
• Séptimo. Entrada en funciones del Tribunal Electoral Estatal y disposiciones relativas a los Magistrados integrantes. Los artículos octavo y décimo transitorios de la reforma impugnada que, respectivamente, disponen la entrada en funciones del Tribunal Electoral del Estado de Nayarit y que los actuales Magistrados seguirán en el cargo hasta la conclusión del periodo para el que fueron nombrados atenta contra el principio de legalidad, en razón de que esas normas de tránsito, al condicionar el inicio del desempeño de los Magistrados a la extinción de la denominación y competencia de la Sala Constitucional Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado, riñen con el contenido de los artículos primero y décimo transitorios del decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral, los cuales establecieron que era competencia del Senado de la República nombrar a los integrantes del nuevo Tribunal Electoral del Estado de Nayarit, por lo que el Constituyente Local carece de competencia para regular esos aspectos.
5. Artículos constitucionales señalados como violados. El promovente señaló como violados los artículos 1o., 4o., 14, segundo párrafo, 16, primer párrafo, 35, fracciones I, II y VIII, 39, 40, 41, primer párrafo, 116, fracciones II y IV, 115 base I, 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en relación con los preceptos 1, 2, 23.1, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como el numeral 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y los demás preceptos que se citan en los conceptos de invalidez de esta acción de inconstitucionalidad.
6. Registro y turno. Mediante proveído de once de julio de dos mil dieciséis, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 55/2016, promovida por el Partido Político Morena, y turnar el asunto a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández (foja 90).
7. Admisión y requerimientos. Por auto de doce de julio de dos mil dieciséis (fojas 91 y ss.), la Ministra Norma Lucía Piña Hernández admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad, ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Nayarit por ser quienes respectivamente emitieron y promulgaron las normas impugnadas, así como a la Procuraduría General de la República; y se requirió:
• Al Congreso del Estado, el envío de los antecedentes legislativos del decreto impugnado;
• Al Ejecutivo local, la remisión de un ejemplar del Periódico Oficial del Estado en el que se hubiera publicado;
• Al Instituto Nacional Electoral, para que enviara copia certificada de los Estatutos del Partido Político Nacional denominado Morena, y las certificación de su registro vigente, así como para que precisara quién era su representante al momento de la presentación de este medio de control constitucional;
• Al Instituto Estatal Electoral de Nayarit, para que informara cuándo daría inicio el siguiente proceso electoral en la entidad; y,
• Y solicitó a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que expresara su opinión en relación a la acción presentada.
8. Desahogo del requerimiento por el Instituto Nacional Electoral. Mediante proveído de veintidós de julio de dos mil dieciséis, se tuvo al secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral desahogando el requerimiento formulado mediante el oficio número INE/SCG/1212/2016, con el que envió copia certificada de los Estatutos del Partido Político Morena, así como de su registro vigente e informó el nombre del representante al momento de la presentación del presente medio de control constitucional (foja 165).
9. Opinión emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por auto de veintisiete de julio de dos mil dieciséis (foja 232), la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por rendida la opinión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, respecto de la presente acción de inconstitucionalidad, en los términos siguientes:
• Tema 1. Respecto del primer concepto de invalidez hizo notar que las porciones normativas impugnadas, relacionadas con los principios que rigen el plebiscito y el referéndum en el Estado de Nayarit, contenidas en la fracción I del artículo 17 de la Constitución Política Local, no fueron objeto de alguna modificación formal o material, no obstante, para el caso de que este Alto Tribunal estimare que procede analizar el concepto de invalidez, consideró que las disposiciones impugnadas en este concepto de invalidez son contrarias al mandato contenido en el punto 3 de la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución Federal, al acotar -más allá de las limitaciones establecidas en el ordenamiento constitucional federal- la posibilidad de iniciar mecanismos de consulta popular (el referéndum: para proyectos de reforma "total" de la Constitución y "leyes"; y el plebiscito: para actos administrativos del Ejecutivo y Ayuntamientos que afecten a la generalidad de los gobernados).
• Tema 2. Respecto del segundo concepto de invalidez (primera parte), relativo a la locución "hasta" contenida en el primer párrafo del artículo 26 de la Constitución del Estado de Nayarit, hizo notar que el vicio que se pretende impugnar estaba en dicho precepto de manera previa al decreto impugnado, por lo que la reforma realizada a ese artículo dejó intocada la porción normativa que, es objeto de cuestionamiento. Sin embargo, para el caso de que se llegare a considerar que procede el examen del concepto de invalidez de que se trata, opinó que de conformidad con los precedentes de este Alto Tribunal,(2) la reglamentación del principio de representación proporcional en materia electoral es facultad del legislador estatal, pero debe respetar los parámetros establecidos en el artículo 116 constitucional y que, en el caso, la reglamentación impugnada no era contraria a la Constitución General, la cual es omisa en establecer un porcentaje específico para la integración de los Congresos Locales.
• No obstante, la locución "hasta", prevista en el primer párrafo del artículo 26 de la Constitución Local, infringe el principio de certeza, previsto en el artículo 116, fracción IV, inciso b), de la Carta Magna, en razón de que, es una preposición que establece un límite máximo que no necesariamente se ha de alcanzar, por lo que no produce certeza del número de diputados electos por el principio de representación proporcional que integrarán el Congreso Local.
• Tema 3. Respecto del segundo concepto de invalidez (segunda parte), la Sala Superior estimó que la disposición impugnada es compatible con la Constitución Federal si se le interpreta de conformidad con ésta. Señaló que los párrafos primero y segundo del artículo impugnado deben interpretarse en conjunto, en el sentido de que la frase "por un periodo adicional" se refiere a las condiciones en que se tendrán que dar cada uno de los cuatro periodos consecutivos que prevé la norma, y no a la circunstancia de que la postulación al primero de los periodos consecutivos agota la aplicabilidad de la norma y la prive de efectos para regular lo relativo a los tres periodos restantes.
• Tema 4. En lo relativo al tercer concepto de invalidez, en el que el partido político alegó la inconstitucionalidad de la expresión "total" que se refiere a la votación que deberá tomarse en cuenta para la asignación de curules por el principio de representación proporcional; la Sala Superior opinó que en términos del artículo 116 constitucional el legislador local tiene libertad de configuración para regular lo concerniente al principio de representación proporcional, por lo que la norma no era contraria al texto del Pacto Federal.
• Tema 5. En cuanto al cuarto concepto de invalidez, en el que Morena controvirtió el requisito de residencia efectiva "en el Municipio que corresponda al distrito que vaya a representar", previsto en el artículo 28, fracción IV, de la Constitución Local, la Sala Superior opinó que la norma era acorde al texto de la Constitución Federal, porque en realidad estaba ampliando las posibilidades del candidato para competir por cualquier distrito que quedara comprendido dentro del territorio de la municipalidad en la que reside, además, la limitación de la residencia efectiva al Municipio persigue un fin legítimo, es una medida idónea, necesaria y proporcional.
• Tema 6. Sobre el quinto concepto de invalidez (puntos i y ii), relativo a la inconstitucionalidad del artículo 135, primer párrafo, así como el apartado D, tercer párrafo del ordenamiento impugnado, en el que se omitió incluir "libre" como característica del sufragio y "probidad" como principio rector de las funciones del Tribunal Electoral del Estado; la Sala Superior consideró que en cuanto a la omisión de la palabra "libre" como atributo del voto, era una cuestión que existía incluso antes de la emisión del decreto impugnado, por lo que el precepto no había sido modificado formal o materialmente en ese sentido; sin embargo, el sufragio libre está contemplado en el párrafo tercero del apartado A del artículo 135 de la Constitución Política del Estado.
• Por lo que ve a la "probidad" como principio rector de las funciones del Tribunal Electoral Local, opinó que el legislador Constituyente previó una amplia libertad configurativa para que el legislador local definiera los términos del funcionamiento de los órganos jurisdiccionales electorales conforme a las necesidades de cada Estado.
• Tema 7. En cuanto al quinto concepto de invalidez (punto iii), relativo a la rotación del cargo de presidente del Tribunal Electoral Estatal, la Sala Superior mencionó que el diseño rotatorio del cargo de presidente del órgano jurisdiccional electoral es constitucional y que, contrario al argumento del partido político Morena, el principio de rotación no implica que todos los funcionarios públicos que integran el tribunal electoral deban acceder al cargo de presidente.
• Tema 8. En el sexto concepto de invalidez se impugnan el segundo, tercero y cuarto transitorios, por homologar las elecciones de gubernatura, diputaciones y alcaldías, hasta la fecha en la que tendrá lugar el proceso electoral federal de diputaciones a celebrarse en el año dos mil veintiuno. Al respecto la Sala Superior señaló que no eran materia de opinión de ese órgano jurisdiccional pero que existían precedentes de este Alto Tribunal en los que ya se había pronunciado al respecto.(3)
• Tema 9. La Sala Superior estimó que los planteamientos contenidos en el séptimo concepto de invalidez, relacionado con la organización y funcionamiento del Tribunal Electoral de la entidad, no eran materia de opinión de ese órgano jurisdiccional especializado.
10. Informe del Poder Legislativo del Estado de Nayarit. Mediante proveído de veintiocho de julio de dos mil dieciséis (fojas 388 y ss.), se tuvo al presidente de la Comisión de Gobierno Legislativo de la XXXI Legislatura del honorable Congreso del Estado de Nayarit, designando delegados, señalando domicilio, ofreciendo como pruebas las documentales que acompañó, exhibiendo copia certificada del informe solicitado a la Legislatura del Estado, de las constancias que avalaron la personalidad con que se ostentó, del acta de la sesión pública ordinaria del veintiuno de agosto de dos mil catorce y de la versión estenográfica de las porciones de la crónica parlamentaria que estimó de interés para la solución de la presente acción de inconstitucionalidad. Asimismo, manifestó, en síntesis, lo siguiente:
• En cuanto al primer concepto de invalidez, el Poder Legislativo no modificó los supuestos en los que, es posible iniciar los mecanismos de consulta popular, los cuales estaban vigentes con anterioridad a la reforma impugnada, por lo que feneció el plazo de treinta días para que el partido político interpusiera acción de inconstitucionalidad.
• Por lo que hace al segundo concepto de invalidez, en el que cuestiona las expresiones "hasta" y "por un periodo adicional" contenidas, respectivamente, en los párrafos primero y segundo del artículo 26 de la Constitución de Nayarit, señaló que la locución "hasta" estaba contenida en la redacción de la norma anterior a la reforma y no fue recurrida en su momento; por otra parte, respecto a la regulación deficiente de los límites a nuevas postulaciones para la reelección de diputados hasta por cuatro ocasiones, señaló que en el primer párrafo del artículo impugnado se prevé el número de periodos consecutivos en los que podrán ser electos los diputados -cuatro- y en el segundo las reglas para cada uno de esos periodos.
• Respecto al tercer concepto de invalidez, en el que el partido político accionante impugna los criterios bajo los cuales se regulará, en la ley reglamentaria estatal, lo relativo a la elección de diputados bajo el principio de representación proporcional, el órgano legislativo consideró que en términos del artículo 116, fracción II, de la Constitución Federal, las entidades federativas tienen libertad de configuración para regular los principios de mayoría relativa y de representación proporcional.
• En lo relativo al cuarto concepto de invalidez, en el que el accionante impugna el criterio de residencia efectiva en el Municipio como requisito de elegibilidad, el Legislativo Estatal señaló que en realidad se amplió el ámbito espacial de residencia porque el texto anterior constreñía la residencia al distrito electoral por el que se contendía, además, manifestó que es un requisito razonable y proporcional, que busca establecer nexos de comunicación entre el titular del voto activo y el del voto pasivo, a quien se le pide tener conocimiento de los problemas sociales que enfrentan las personas que lo eligieron.
• Por lo que ve al quinto concepto de invalidez, el Congreso del Estado de Nayarit refirió que, contrario a lo que sostiene el partido accionante, no se omitió señalar el atributo del voto "libre", puesto que en el apartado A del artículo 135 de la Constitución Federal se estableció.
La inclusión del principio de "probidad" respecto de las funciones del Tribunal Electoral del Estado y la rotación del cargo de su presidente, son cuestiones a desarrollarse en la norma secundaria, reglamentaria de la Constitución Local en cuestiones electorales, además, existe libertad de configuración para regular lo relativo a la administración de justicia electoral a nivel local.
• Respecto al sexto concepto de invalidez, el poder emisor de la normativa impugnada señaló:
Homologación de las elecciones locales a las federales de dos mil veintiuno. El propósito fue que las elecciones de gobernador, diputados y alcaldes coincidan con las intermedias para diputados federales, en tanto se han demostrado los efectos positivos que eso produce, al menos desde un punto de vista normativo e institucional, contribuye a la mejora de la calidad democrática, facilita la negociación y acuerdos parlamentarios, evita conflictos de intereses de los poderes locales y extiende el periodo de gobernabilidad, sin el distractor que implican las campañas electorales, por mencionar algunos.
No pasó inadvertida para el Constituyente Local la posibilidad de convocar a elecciones en dos mil dieciocho, ni el precedente de la Suprema Corte, contenido en la acción de inconstitucionalidad 69/2015; sin embargo, eso sería contrario al espíritu de la reforma, dado que un periodo de poco más de un año, ubicado entre dos ejercicios presupuestales, para los cargos de gobernador, diputados y Ayuntamientos, afectaría gravemente la prestación de la administración y servicio público, el trabajo legislativo, incluso la gobernabilidad.
Elección consecutiva de integrantes de Ayuntamientos y diputados locales. El artículo 116, fracción II, párrafo segundo, de la Constitución Federal dispone que las Constituciones de los Estados deberán establecer la elección consecutiva para el mismo cargo de presidentes municipales, regidores y síndicos, por un periodo adicional, siempre y cuando el periodo del mandato no sea superior a tres años. En consecuencia, no existía la supuesta deficiente regulación alegada por el accionante, pues no había obligación para el Congreso Local de prever el supuesto previsto en los artículos 115, base I, segundo párrafo, y 116, fracción II, párrafo segundo, de la Ley Suprema, en cuanto a su periodicidad o temporalidad, por ser directamente aplicable la Constitución Federal, por lo que consideró infundado ese argumento.
• Por último, respecto al séptimo concepto de invalidez, el Poder Legislativo demandado consideró que el accionante confunde lo adjetivo con lo sustantivo, porque si bien la Sala Constitucional Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit dejará de conocer asuntos de naturaleza electoral, no significa que deje de atender los asuntos de orden constitucional, ni los Magistrados que la integren dejen el cargo, sus funciones continuaran en la Sala Constitucional o, en su caso, podrán ser readscritos a otra Sala del propio tribunal, además, sostuvo que, en efecto, el Senado tiene la potestad soberana para designar a los nuevos Magistrados del Tribunal Estatal Electoral pero antes del próximo proceso electoral que inicia el siete de enero de dos mil diecisiete, de ahí que la reforma constitucional local fije esa fecha como la de inició de funciones del órgano jurisdiccional especializado en materia electoral.
11. Desahogo del requerimiento hecho al Instituto Estatal Electoral de Nayarit. En el mismo auto de veintiocho de julio de dos mil dieciséis, se agregó al expediente el oficio P/297/2016 suscrito por el secretario general del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, mediante el cual desahogó el requerimiento informando que el próximo proceso electoral ordinario iniciará el día siete de enero de dos mil diecisiete.
12. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit. Por acuerdo de cuatro de agosto de dos mil dieciséis (foja 417), se tuvo al subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Nayari
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26900-26014236/i-accion-de-inconstitucionalidad-sobreseimiento-por-extemporaneidad-al · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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