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I. ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES. LA DESIGNACIÓN DEL TITULAR DE SU ÓRGANO INTERNO DE CONTROL POR PARTE DE LOS CONGRESOS ESTATALES (DESESTIMACIÓN RESPECTO DE LOS ARTÍCULOS 45, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, ASÍ COMO DEL ARTÍCULO TRANSITORIO CUARTO DEL DECRETO 91, QUE REFORMA ESE CÓDIGO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD EL VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE). II. FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES, CANDIDATURAS COMUNES Y CANDIDATOS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR. LOS CONGRESOS ESTATALES ESTÁN FACULTADOS PARA REGULARLA, SIEMPRE Y CUANDO EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL DELEGUE ESTA ATRIBUCIÓN A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES, LOS CUALES ESTARÁN A LO DISPUESTO EN LAS LEYES GENERALES Y LOS LINEAMIENTOS QUE EMITA EL CONSEJO GENERAL DE DICHO INSTITUTO (ARTÍCULO 45, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES). III. FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES, CANDIDATURAS COMUNES Y CANDIDATOS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR. OBLIGACIÓN DEL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DE RENDIR CUENTAS A SU CONSEJO GENERAL, RESPECTO DE AQUELLA ACTIVIDAD (DESESTIMACIÓN RESPECTO DEL ARTÍCULO 48 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES). IV. CANDIDATURAS COMUNES. REGULACIÓN DE LOS REQUISITOS Y LINEAMIENTOS PARA LA POSTULACIÓN DE AQUÉLLAS, INCLUYENDO LA NECESIDAD DE UN EMBLEMA COMÚN Y COLORES CON LOS QUE SE PARTICIPARÁ, Y LA FORMA EN QUE SE COMPUTARÁN LOS VOTOS, A TRAVÉS DE CONVENIOS (ARTÍCULO 57 D, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES). V. DERECHO HUMANO A EXPRESAR Y DIFUNDIR LIBREMENTE, POR CUALQUIER MEDIO, IDEAS, OPINIONES E INFORMACIÓN. LA DEFINICIÓN DE CALUMNIA REGULADA POR LAS LEGISLATURAS LOCALES DEBE COINCIDIR CON LA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 269, PÁRRAFO PRIMERO, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "SE ENTENDERÁ POR CALUMNIA LA IMPUTACIÓN DE HECHOS O DELITOS FALSOS CON IMPACTO EN UN PROCESO ELECTORAL", DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 48/2017. · Registro digital (IUS): 28373
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2019-02-22
Promovente: MORENA.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, Pág. 338.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 48/2017. MORENA. 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIOS: NATALIA REYES HEROLES SCHARRER Y DANIEL ÁLVAREZ TOLEDO.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión de veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete.

VISTOS, los autos, para resolver la acción de inconstitucionalidad 48/2017.

RESULTANDO:

1. PRIMERO.—Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintiocho de junio de dos mil diecisiete, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Andrés Manuel López Obrador, quien se ostentó como presidente del Comité Ejecutivo Nacional del partido político Morena promovió acción de inconstitucionalidad en contra del Decreto 91, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes el veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, por el que se adicionaron, reformaron y derogaron diversas disposiciones del Código Electoral del Estado de Aguascalientes.

2. SEGUNDO.—Conceptos de invalidez. En el escrito de demanda, el promovente hizo valer los siguientes conceptos de invalidez:

3. Primero. Los artículos 45, párrafo quinto, 48 y 60, párrafo sexto, del Código Electoral del Estado de Aguascalientes, así como el artículo cuarto transitorio del Decreto 91, son inconstitucionales, al contener contenidos normativos que intervienen de manera indebida en las funciones del órgano electoral estatal, en detrimento de la autonomía e independencia en sus decisiones, lo que no es acorde con los principios de división de poderes, certeza, legalidad y objetividad electorales, legalidad, seguridad jurídica, competencia, fundamentación y motivación.

4. Lo anterior, en razón de que:

a. El artículo 45, primer párrafo, del Código Electoral del Estado de Aguascalientes sigue disponiendo la facultad del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes para fiscalizar los ingresos y egresos de los partidos políticos, coaliciones y cargos de elección popular y añadió a las candidaturas comunes como sujetos de revisión.

b. El artículo 45, quinto párrafo, del Código Electoral del Estado de Aguascalientes omite reconocer la facultad del órgano superior de dirección del Instituto Electoral de Aguascalientes para elegir y remover al titular de la Contraloría Interna del Instituto Electoral del Estado, y sólo precisa su periodo de cuatro años en el cargo, al tiempo que confirma esa atribución en manos del Congreso Estatal.

c. El artículo 48 del Código Electoral es inconstitucional, porque sigue autorizando al contralor interno a fiscalizar las asociaciones políticas, adicionando lo establecido por las leyes de transparencia; asimismo, porque omite garantizar que dicho órgano técnico le rinda cuentas periódicamente al Consejo del Instituto local, salvo cuando el INE delegue al Organismo Público Local Electoral (OPLE) la función de fiscalización al Instituto Estatal Electoral.

d. El artículo 60, párrafo sexto, del código sigue autorizando al contralor interno a fiscalizar a las asociaciones políticas "en términos del presente código y de las disposiciones que emita el consejo", adicionando lo establecido en las Leyes de Transparencia.

e. El artículo cuarto transitorio dispone que el Congreso Estatal deberá realizar todos los actos tendentes al nombramiento de un nuevo contralor interno, en funciones a partir de 2019.

5. Los artículos en cuestión establecen las facultades del Organismo Público Local Electoral (OPLE) en materia de fiscalización delegada, las cuales, en concepto de la accionante, son violatorias de los principios de autonomía y división de poderes, pues sustituyen las relaciones de coordinación entre poderes a uno de supra-subordinación al Congreso Estatal.

6. En ese sentido, el Congreso se erige como órgano delegado respecto de las facultades eventualmente delegadas por el Instituto Nacional Electoral, desplazando al Consejo Estatal Electoral de Aguascalientes en el ejercicio de sus atribuciones derivadas del artículo 41 constitucional y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

7. En apoyo a esta conclusión, el partido político cita lo resuelto por este Tribunal Pleno en la acción de inconstitucionalidad 94/2016 y su acumulada 96/2016, donde –dice– se resolvió que era inconstitucional el hecho de que la Ley de Justicia Electoral para el Estado de Nayarit estableciera como facultad del Congreso, la de nombrar al titular del órgano interno de control del Tribunal Electoral de esa misma entidad federativa.

8. El accionante sostiene que, en vía de consecuencia, también es inconstitucional el artículo 60 del Código Electoral de Aguascalientes, al facultar al contralor interno a fiscalizar a las asociaciones políticas, "en términos del presente código y de las disposiciones que emita el consejo, así como lo establecido en las leyes en materia de transparencia."

9. Lo anterior, porque aun cuando sólo se haya adicionado lo relativo a que las funciones de fiscalización sólo se realizarán con arreglo a las leyes en materia de transparencia, lo cierto es que no es lo mismo que la fiscalización apuntada se realice por un contralor designado por el Congreso Estatal, a que se lleve a cabo por uno nombrado por el propio Consejo Estatal del Organismo Público Electoral.

10. Segundo. El artículo 57 D, fracción II, del Código Electoral del Estado de Aguascalientes es inconstitucional, pues dispone que el convenio de candidatura común deberá contener el emblema "común" de los partidos que lo conforman y el color o colores con que participa.

11. Lo anterior, por dos razones: (i) existe una antinomia con el contenido de los diversos artículos 57 C, fracciones III y IV, y 177, párrafo cuarto, del propio Código Electoral del Estado de Aguascalientes, pues éstos prevén que cada uno de los partidos en candidatura común aparecerá con su propio emblema; y, (ii) porque atenta contra los principios de certeza, legalidad y objetividad electorales, ya que existe una antinomia en relación con los artículos 57 C y 177 del mismo Código Electoral, ya que el precepto del cual se demanda su invalidez (artículo 57 D, fracción II), dispone que el convenio de candidatura deberá contener emblema común de los partidos que lo conforman; por lo que se observa una contradicción normativa entre ellos.

12. En concepto del accionante, dicha contradicción radica en que el artículo 57 D, fracción II, del referido código establece que, independientemente del tipo de elección, convenio y términos que en el mismo adopten los partidos que participen en el convenio de candidatura común, cada uno de ellos aparecerá con su propio emblema en la boleta electoral, según la elección de que se trate; en tanto el diverso 177 prevé que en caso de existir coaliciones o candidaturas comunes, los emblemas de los partidos coaligados o con candidaturas comunes, en ningún caso podrán aparecer emblemas conjuntos de los partidos coaligados o con candidaturas comunes en un mismo recuadro, ni utilizar emblemas distintos para la coalición a las candidaturas comunes en un mismo recuadro, así como no utilizar emblemas distintos para la coalición a las candidaturas comunes.

13. Refiere que el cómputo de los votos en las candidaturas comunes se debe realizar de la misma forma que en las coaliciones; esto es, si el elector marca en la boleta el emblema de uno de los partidos en candidatura común, el voto se suma para el candidato y cuenta de manera independiente para el partido; en cambio, si se marcan dos o más opciones de los partidos en candidatura común, se cuenta como un voto y serán distribuidos equitativamente entre los partidos políticos que formen parte de la candidatura común.

14. Que resulta inconstitucional la porción normativa contenida en el artículo 57 D, fracción II, respecto del tema del emblema común y el color o colores con que se participa, para efectos de la campaña, pues su redacción podría causar falta de certeza y objetividad en los procesos en materia electoral, porque tal precepto pretende obligar a los partidos políticos a que el convenio de candidatura común señale un emblema común, color o colores determinados, pues, dice, cada partido ya tiene su propio emblema y color determinado.

15. Refiere que es la Ley General de Partidos Políticos la que establece el sistema de participación electoral; por tanto, es dicha norma la que regula la figura de las coaliciones, estableciendo las reglas conforme a las cuales aparecerán los emblemas en las boletas electorales, las modalidades del escrutinio y el cómputo de los votos; no obstante, en su artículo 87, numeral 12, señala que independientemente del tipo de elección, convenio y términos que en el mismo adopten los partidos coaligados, cada uno de ellos aparecerá con su propio emblema en la boleta electoral y los votos se sumarán para el candidato de la coalición y contarán para cada uno de los partidos políticos.

16. Tercero. El partido político accionante aduce que el artículo 269, primer párrafo, del Código Electoral del Estado de Aguascalientes, en la porción normativa que dice: "Los procedimientos relacionados con la difusión de propaganda que se considere calumniosa, así como propaganda que constituya violencia política de género, sólo podrán iniciar a instancia de parte afectada. Se entenderá por calumnia la imputación de hechos o delitos falsos con impacto en un proceso electoral.", viola los artículos 1o., 14, párrafo segundo, 16, primer párrafo, 116, fracción IV, incisos a) y b), y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como diversos numerales de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues define de modo deficiente el concepto de calumnia en materia electoral.

17. Aduce que la ilegalidad del precepto impugnado radica en que no incluye como elemento típico de la descripción normativa de la infracción, lo relativo a conocimiento previo, es decir, al no exigir que el sujeto activo conozca previamente la falsedad de las conductas que se atribuyen al imputado con dichas expresiones; por lo que a su parecer, inhibe el libre debate de ideas y trayectorias entre los diversos actores políticos con los ciudadanos durante los procesos electorales, específicamente en las campañas políticas; en consecuencia, sostiene el accionante, deja al imputado en estado de indefensión, a los ciudadanos, partidos políticos, aspirantes a candidatos, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular registrados en cualquier proceso electoral, ya que por dichas aseveraciones podrían ser sancionados.

18. Que la redacción del precepto citado, podría implicar limitantes a la libertad de expresión y al derecho de acceso a la información en su carácter individual y colectivo, contemplados como derechos humanos en la Constitución; por lo que la definición administrativa de calumnia vulnera, por deficiente, el artículo 116, fracción IV, inciso o), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que implica una forma de censura previa, por provenir de una amenaza legal sancionadora.

19. TERCERO.—Artículos constitucionales violados. El promovente señala que las normas impugnadas son violatorias de los artículos 1o., 6o., 7o., 14, 16, 17, 41, 116, 124 y 133 de la Constitución Federal; artículos segundo, tercero y sexto transitorios del decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como de los artículos 1o., 2o., 16, 23, 24 y 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

20. CUARTO.—Admisiones y trámite de la demanda. Por auto de veintinueve de junio de dos mil diecisiete, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 48/2017; asimismo, lo turno a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, para que instruyera el procedimiento.

21. Mediante acuerdo de veintinueve de junio de dos mil diecisiete, la Ministra instructora admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad, dio vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Aguascalientes para que rindieran sus respectivos informes, requiriendo al primero, específicamente, el envío de los antecedentes legislativos; y al segundo, la remisión del ejemplar del Periódico Oficial de la entidad en el que se publicó el decreto impugnado.

22. En otro orden, solicitó al Instituto Nacional Electoral para que remitiera copia certificada de los estatutos vigentes del partido accionante, la certificación del registro y la precisión en torno a quién ostentaba la representación del partido. En el mismo sentido, solicitó informe al Instituto Electoral del Estado de Aguascalientes para que informara a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación la fecha de inicio del próximo proceso electoral.

23. Finalmente, solicitó la opinión a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

24. QUINTO.—Desahogo de requerimiento del Instituto Nacional Electoral. Mediante oficio INE/SCG/0885/2017, de cuatro de julio de dos mil diecisiete, recibido al día siguiente en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral remitió copia certificada de los estatutos del partido político Morena, de la certificación de registro vigente y de la certificación de registro de Andrés Manuel López Obrador como presidente del Comité Ejecutivo Nacional de dicho partido político.

25. SEXTO.—Informe del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes. Por oficio IEE/P/1639/2017, recibido en este Alto Tribunal el seis de julio de dos mil diecisiete, el consejero presidente del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes informó que el inicio del proceso electoral 2017-2018 en el Estado de Aguascalientes, será el seis de octubre de dos mil diecisiete.

26. SÉPTIMO.—Informe del Poder Legislativo. Por oficio DJ-INF-431.17, de siete de julio de dos mil diecisiete, el presidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura del Congreso del Estado de Aguascalientes, rindió informe en el que remitió los antecedentes legislativos del decreto impugnado y formuló los siguientes argumentos:

a. Contrario a lo manifestado por el accionante, el Congreso del Estado sí tiene facultades para legislar sobre el nombramiento del nuevo contralor interno del Instituto Estatal Electoral, establecido en el artículo cuarto transitorio del Decreto 91, por el cual se adicionan, reforman y derogan diversos artículos y fracciones del Código Electoral del Estado de Aguascalientes, facultad que se encuentra expresa en el artículo 45, párrafo quinto, del citado código.

b. Esa facultad es acorde a nivel local, con lo establecido en el artículo 41, fracción V, apartado A, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 9, numeral 5, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, ya que el Congreso sí cuenta con facultades para nombrar al contralor interno, sin que ello implique afectación a su autonomía en el funcionamiento e independencia del Organismo Público Local de Aguascalientes.

c. Sostiene que no existe contradicción entre lo dispuesto por el artículo 57 D, fracción II, del Código Electoral del Estado de Aguascalientes y los artículos 57 C y 177 del mismo código, en virtud de que lo establecido en los últimos dos artículos, se refieren a los emblemas de los partidos políticos en las boletas; sin embargo, lo contemplado en el precepto que se impugna –57 D, fracción II, del Código Electoral del Estado de Aguascalientes–, se refiere al emblema para el convenio de candidatura común, el cual es para efectos exclusivamente de la campaña política.

d. La acción de inconstitucionalidad es improcedente, pues se actualiza una causal de improcedencia, toda vez que la parte actora no promovió en tiempo la demanda de acción de inconstitucionalidad, pues pretende invalidar el primer párrafo del artículo 269 del Código Electoral del Estado de Aguascalientes, respecto del concepto de calumnia y su impacto en el proceso electoral, pues dicha porción normativa no fue objeto de reforma en su texto original; en consecuencia, si la porción normativa permanece como en el texto original, la acción se debió de promover a partir del día siguiente a la fecha en que la ley fue publicada en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes; por tanto, si se publicó el día dos de marzo de dos mil quince, sería a partir del tres de marzo de dos mil quince.

27. OCTAVO.—Opinión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Mediante oficio TEPJF-JMOM-0072/17, la Magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación remitió la opinión en torno al presente expediente, en la que expuso lo siguiente:

a. En relación con el tema consistente en el procedimiento de designación y atribuciones del contralor del Instituto Electoral local en materia de fiscalización, sostuvo que las disposiciones que hoy se controvierten ya se encontraban previstas desde la publicación del Código Electoral del Estado de Aguascalientes, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad federativa desde el dos de marzo de dos mil quince.

Aduce que el artículo 45 del Código Electoral, previo a la reforma, ya disponía que en caso de que fiscalización de los partidos políticos, coaliciones y candidaturas, se delegará al Organismo Público Local por el Instituto Nacional Electoral, se realizaría por la Contraloría Interna del instituto, en tanto que la designación del titular recae en el Congreso del Estado, en términos de lo dispuesto en el artículo 17, apartado B, párrafo noveno, de la Constitución Política Local. De igual forma, el artículo 48 del Código Electoral, ya disponía la obligación del contralor de presentar informes periódicos. En el mismo sentido, el artículo 60, párrafo sexto, ya disponía la atribución de la contraloría interna de fiscalizar a las asociaciones políticas.

No obstante lo anterior, la Sala Superior considera que las normas cuestionadas son inconstitucionales. Lo anterior, toda vez que resulta inconstitucional que el Congreso del Estado afecte la integración del Instituto Electoral Local, al designar al titular de la contraloría, lo que implica que un Poder ajeno incida en su funcionamiento, lo que vulnera el principio de autonomía. Lo anterior, pues los organismos electorales locales deben gozar de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. En este orden, para garantizar su autonomía se debe evitar cualquier acto que atente contra su integración o funcionamiento, o que pretenda subordinarlos.

Por las mismas razones, la Sala Superior considera contrario a las bases constitucionales, el hecho de que se conceda a la Contraloría Estatal la facultad de fiscalizar a las asociaciones políticas, partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes y cargos de elección popular, pues se abre la posibilidad de que el Poder Legislativo interfiera en la toma de decisiones y en el desarrollo de las funciones del instituto.

b. En relación con el tema de candidaturas comunes, la Sala Superior opinó que el artículo 57 D, fracción II, del Código Electoral del Estado de Aguascalientes, no es violatorio de la Constitución.

En primer lugar, no se actualiza la antinomia alegada por Morena, toda vez que la norma impugnada no tiene por objeto regular la manera en que los emblemas de los partidos políticos aparecerán en las boletas electorales, ni establecer la forma en que podrán distribuirse los sufragios emitidos a favor de la candidatura común, sino que regula la forma en que aparecerán las candidaturas comunes durante las campañas electorales.

c. Por lo que hace al tema de calumnia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sostuvo que el artículo 269, primer párrafo, del Código Electoral del Estado de Aguascalientes, es inconstitucional, pues en un diverso precedente, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el artículo 324 de la Ley Electoral del Estado de Quintana Roo, en la porción normativa que dice: "Se entenderá por calumnia la imputación de hechos o delitos falsos con impacto en un proceso electoral.", la cual es idéntica a la que aquí se estudia.

Expuso el Tribunal Electoral que en esos precedentes, este Alto Tribunal consideró que existía un problema para conceptualizar el término "calumnia", pues no se había incluido un elemento fundamental, consistente en que la imputación de los hechos o delitos falsos debía hacerse a sabiendas, o teniendo conocimiento de que el hecho que auspiciaba la calumnia era falso.

En ese sentido, se consideró que las disposiciones invalidadas no resultaban acordes con la interpretación de este Máximo Tribunal del término "calumnia", a partir de lo dispuesto por el artículo 41, párrafo segundo, base III, apartado C, párrafo primero, de la Constitución Federal.

28. NOVENO.—Cierre de instrucción e informe del Poder Ejecutivo. Mediante acuerdo de diecisiete de julio de dos mil diecisiete, la comisión de receso relativa al primer periodo de dos mil diecisiete, ordenó el cierre de la instrucción.

29. Sin perjuicio de lo anterior, mediante auto de dieciocho de julio de dos mil diecisiete, la comisión de receso tuvo por rendido el informe enviado por el Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes, por conducto del secretario general de Gobierno, en el que expuso los siguientes argumentos:

a. Establece que el acto legislativo (Decreto Número 91, por el cual se adicionan, reforman y derogan diversos artículos y fracciones del Código Electoral del Estado de Aguascalientes) del que se reclama la invalidez, es material y formalmente legislativo, en donde el Poder Ejecutivo sólo cumple con la función de la promulgación de leyes; asimismo, menciona que es cierto que el citado decreto fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

b. En relación con los actos imputados al gobernador del Estado, en relación con la promulgación u orden de publicación del Decreto 91, por el cual se adicionan, reforman y derogan diversos artículos y fracciones del Código Electoral del Estado de Aguascalientes, sostiene que todo ello se hizo en acatamiento a la Constitución Política del Estado de Aguascalientes (artículos 32, 35 y 46); en ese sentido, el gobernador de dicha entidad federativa es quien ordena publicar una ley, una vez que sea aprobada por parte del Poder Legislativo.

c. Que la promulgación de una ley es una actividad ejecutiva que se encuentra subordinada a la actividad del Poder Legislativo, por lo que, la sola publicación de un documento por el ejecutivo, no viola los preceptos constitucionales ni convencionales a que hace referencia el accionante de la presente acción.

CONSIDERANDO:

30. PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como con el punto segundo, fracción II, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013,(1) toda vez que un partido político nacional ejerció acción de inconstitucionalidad en contra de normas electorales locales.

31. SEGUNDO.—Legitimación. Los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 62, último párrafo, de su ley reglamentaria(2) disponen que los partidos políticos con registro podrán ejercer la acción de inconstitucionalidad, para lo cual deben satisfacer los siguientes extremos:

a. Contar con registro definitivo ante la autoridad electoral correspondiente.

b. Promover por conducto de su dirigencia (nacional o local, según sea el caso).

c. Que quien suscriba a nombre y en representación del partido político cuente con facultades para ello.

d. Las normas deben ser de naturaleza electoral.

32. Morena es un partido político nacional con registro ante el Instituto Nacional Electoral; el presidente del comité ejecutivo nacional es Andrés Manuel López Obrador, según consta en las certificaciones expedidas por el Instituto Nacional Electoral.(3)

33. En este sentido, el artículo 38, inciso a), de los Estatutos del Partido Morena(4) establece que el presidente del Comité Ejecutivo Nacional será el representante legal del partido, por lo que el citado promovente tiene legitimidad para promover esta acción de inconstitucionalidad.

34. Por otra parte, este Tribunal Pleno advierte que las normas cuestionadas en este medio de control de la constitucionalidad son de naturaleza electoral, pues combate diversas disposiciones del Código Electoral del Estado de Aguascalientes, que regulan aspectos que inciden directamente en los procesos electorales y en los derechos político-electorales de los ciudadanos.

35. TERCERO.—Oportunidad. Conforme al artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal,(5) el plazo para promover una acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, contados a partir del día siguiente al en que se haya publicado en el correspondiente medio oficial la norma general o tratado internacional impugnados, considerando que en materia electoral todos los días son hábiles.

36. En el presente asunto, Morena impugnó los artículos 45, primer y quinto párrafos, 48; 57 D, fracción II; 60, sexto párrafo, y 269, primer párrafo, del Código Electoral del Estado de Aguascalientes, reformados mediante Decreto 91, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes el veintinueve de mayo de dos mil diecisiete; así como el artículo cuarto transitorio del referido decreto.

37. En tal sentido, el plazo de treinta días para promover la acción de inconstitucionalidad inició a partir del día siguiente en que se publicó la norma impugnada, esto es, el treinta de mayo de dos mil diecisiete y feneció el veintiocho de junio siguiente. Luego, si la demanda se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veintiocho de junio de dos mil diecisiete, este Tribunal Pleno estima que la demanda se presentó oportunamente.

38. A partir de lo anterior, resulta infundado lo aducido por el Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, en el sentido de que, por lo que hace al artículo 269 del Código Electoral del Estado, se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 19, fracción VII, en relación con el diverso 60, ambos de la ley reglamentaria de la materia, al considerar que el precepto impugnado no sufrió reformas desde su texto original.

39. Lo anterior, porque es criterio mayoritario(6) de este Tribunal Pleno, que ante una modificación o reforma sustantiva de la norma se actualiza un nuevo acto legislativo susceptible de ser impugnado a través de este medio de control constitucional. En este sentido, para que se actualice dicho supuesto se requieren dos requisitos: a) que se haya llevado a cabo un proceso legislativo (criterio formal); y, b) que la modificación normativa sea sustantiva o material.

40. El primer aspecto conlleva el desahogo y agotamiento de las diferentes fases o etapas del procedimiento legislativo: iniciativa, dictamen, discusión, aprobación, promulgación y publicación. Siendo relevante para las acciones de inconstitucionalidad la publicación de la norma general, puesto que a partir de este momento podrá ejercitarse la acción por los entes legitimados.

41. El segundo aspecto consistente en que la modificación sea sustantiva o material, la cual se actualiza cuando existan verdaderos cambios normativos que modifiquen la trascendencia, el contenido o el alcance del precepto. Una modificación al sentido normativo será un nuevo acto legislativo.

42. En el caso, existió un proceso legislativo que culminó con la reforma que modificó el artículo 269 del código impugnado, asimismo, dicha reforma se concretó con la publicación del Decreto 91, publicada en el Periódico Oficial de Estado de Aguascalientes el veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, por tanto, este Tribunal Pleno considera que se cumple el primero de los requisitos citados.

43. La reforma al artículo 269 citado, se constituye como una modificación sustantiva en tanto regula que, ante la existencia de propaganda que constituya violencia política de género, la parte afectada en una contienda electoral podrá denunciar el procedimiento especial sancionador; aspecto que introduce una nueva hipótesis normativa respecto de la procedencia de ese procedimiento.

44. Así, no asiste razón al Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, en virtud de que el artículo 269 del código impugnado tiene, con la reforma, un nuevo sentido normativo.

45. CUARTO.—Motivos de improcedencia de la acción de inconstitucionalidad. Este Tribunal Pleno no advierte de oficio la existencia de alguna causal de improcedencia.

46. QUINTO.—Estudio de fondo. Los temas respecto de los cuales se pronunciará este Tribunal Pleno, se dividen en los apartados siguientes: (i) Designación del contralor interno del Instituto Electoral Estatal por el Congreso del Estado; (ii) Sobre la facultad para fiscalizar a los partidos políticos, sus coaliciones, candidaturas comunes y de los candidatos a cargos de elección popular; (iii) Régimen de las candidaturas comunes y uso de emblemas independientes de los partidos políticos; y, (iv) Concepto de calumnia.

Ver temas

I. Designación del contralor interno del Instituto Electoral Estatal por el Congreso del Estado.

47. En una parte del primer concepto de invalidez, Morena aduce que son inconstitucionales los artículos 45, párrafo primero, del Código Electoral del Estado de Aguasca

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28373-5431a668/i-organismos-publicos-locales-electorales-la-designacion-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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