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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS DIPUTADOS QUE CONFORMEN EL TREINTA Y TRES POR CIENTO DE UNA LEGISLATURA ESTATAL TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PROCEDE AL PLANTEARSE UNA VIOLACIÓN DIRECTA DE UNA NORMA GENERAL LOCAL A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO EL ACTO LEGISLATIVO NO IMPLICA UN CAMBIO SUSTANTIVO DE LA NORMA IMPUGNADA (ARTÍCULOS 36, FRACCIONES XXIII Y XXIV, 43, 64, Y 67 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES). V. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. BASES CONSTITUCIONALES DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES). VI. SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN. RÉGIMEN CONSTITUCIONAL TRANSITORIO PARA SU IMPLEMENTACIÓN (LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES). VII. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LAS LEGISLATURAS LOCALES DEBEN AJUSTAR LAS NORMAS QUE EMITAN A LAS BASES CONSTITUCIONALES EN LA MATERIA PARA LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES). VIII. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. CONFORME AL ARTÍCULO 11 DE LA LEY GENERAL APLICABLE CORRESPONDE A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN LA CALIDAD DE AUTORIDAD INVESTIGADORA Y SUSTANCIADORA TRATÁNDOSE DE FALTAS CALIFICADAS COMO GRAVES ADVERTIDAS CON MOTIVO DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 9 Y 84 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES). IX. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. LA LEY GENERAL DE LA MATERIA OTORGA COMPETENCIA A LAS SECRETARÍAS Y A LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL, A NIVEL FEDERAL Y LOCAL, SEGÚN CORRESPONDA, PARA EFECTO DE INVESTIGAR, SUSTANCIAR Y CALIFICAR LAS POSIBLES FALTAS ADMINISTRATIVAS COMETIDAS POR SUS SERVIDORES PÚBLICOS, SI LA FALTA NO HA SIDO CALIFICADA GRAVE, TANTO LAS SECRETARÍAS COMO LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL SON LOS COMPETENTES PARA SUSTANCIAR, RESOLVER Y SANCIONAR LAS INFRACCIONES CORRESPONDIENTES, PERO TRATÁNDOSE DE UNA FALTA GRAVE, DICHAS AUTORIDADES, EN SU CARÁCTER DE INVESTIGADORAS, ELABORARÁN EL INFORME DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA PRESENTÁNDOLO ANTE LA AUDITORÍA SUPERIOR U HOMÓLOGA EN LOS ESTADOS, A FIN DE QUE SEA ÉSTA QUIEN SUSTANCIE DICHO PROCEDIMIENTO (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 9 Y 84 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES). X. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. LAS PREVISIONES LEGALES QUE RESERVAN LA FACULTAD DE INVESTIGAR Y CALIFICAR A LA SECRETARÍA O AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, SEGÚN CORRESPONDA, LAS POSIBLES FALTAS ADMINISTRATIVAS COMETIDAS POR SUS SERVIDORES PÚBLICOS ADVERTIDAS CON MOTIVO DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, MODIFICAN LO ESTABLECIDO POR EL CONGRESO DE LA UNIÓN, EN EJERCICIO DE FACULTADES EXCLUSIVAS CONFORME AL NUEVO SISTEMA ANTICORRUPCIÓN (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 9 Y 84 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES). XI. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTÁN OBLIGADOS A PRESENTAR SU DECLARACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY GENERAL DE LA MATERIA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES). XII. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. LA PREVISIÓN LEGAL QUE ESTABLECE UN CATÁLOGO QUE DEFINE QUÉ SERVIDORES PÚBLICOS ESTÁN OBLIGADOS A PRESENTAR SU DECLARACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES Y CUÁLES NO, VULNERA LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 73, FRACCIÓN XXIX-V, 124 Y 133 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES). XIII. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LAS LEGISLATURAS LOCALES NO PUEDEN MODIFICAR ASPECTOS RELACIONADOS ÍNTIMAMENTE CON LA COMPETENCIA Y, POR TANTO, NO PUEDEN PREVER UN CATÁLOGO DIVERSO O MÁS AMPLIO DE FALTAS NO GRAVES AL PREVISTO POR LA LEY GENERAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 36, FRACCIONES X A XXIII Y XXVI, DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES). XIV. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. LA PREVISIÓN LEGAL QUE ESTABLECE LA CATALOGACIÓN DE NUEVAS FALTAS COMO NO GRAVES TRASTOCA LAS COMPETENCIAS PREVISTAS EN LA LEY G

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 115/2017. · Registro digital (IUS): 29937
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2021-07-02
Promovente: DIVERSOS DIPUTADOS DE LA LXIII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Julio de 2021, Tomo II, Pág. 1318.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 115/2017. DIVERSOS DIPUTADOS DE LA LXIII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. 23 DE ENERO DE 2020. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIA: JOCELYN M. MENDIZABAL FERREYRO.

Ciudad de México. Acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintitrés de enero de dos mil veinte.

VISTOS; y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Mediante escrito presentado el treinta de agosto de dos mil diecisiete ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Edith Citlalli Rodríguez González, Nidia Acosta Lozano, Josefina Moreno Pérez, Silvia Alaniz, Elsa Amabel Landín Olivares, María del Carmen Mayela Macías Alvarado, María Estela Cortés Meléndez, David Nájera Moreno, Sergio Javier Reynoso Talamantes, Iván Alejandro Sánchez Nájera, Arturo Fernández Estrada, Sergio Augusto López Ramírez, Alejandro Mendoza Villalobos; integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Aguascalientes, promovieron acción de inconstitucionalidad solicitando la invalidez de la norma emitida y promulgada por las autoridades que a continuación se precisan:

"II. Órganos legislativo y ejecutivo que hubieran emitido y promulgado las normas generales impugnadas:

"Como órgano legislativo, la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Aguascalientes;

"Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes a través del gobernador constitucional y el secretario general de Gobierno.

"III. La norma general cuya invalidez se reclame y el medio oficial en que se hubiere publicado:

"Los artículos 9, 21, 36, fracciones X a la XXIV, 84 y 202 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes en fecha primero de agosto de dos mil diecisiete, pues contradicen la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

"Los artículos 6, 11, 14, 24 al 28, 30 al 33, 36, fracciones I a la IX, 37 al 83, 85 al 103, 105 al 198, 201 y 203 al 208 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes en fecha primero de agosto de dos mil diecisiete, pues al repetir lo preceptuado en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, violan la competencia del Congreso de la Unión.

"Los artículos transitorios primero, quinto y sexto de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes en fecha primero de agosto de dos mil diecisiete, que modifican la vacatio legis prevista en la Ley General de Responsabilidades Administrativas."

SEGUNDO.—La parte actora estimó infringidas las disposiciones contenidas en los artículos 14, 16, 73, fracción XXIX-V, 109, 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lo cual formuló los conceptos de invalidez siguientes:

"Primero. El Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes al emitir la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes legisla en contra de lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, violando el principio de legalidad, reserva y subordinación jerárquica de la ley.

"a) Contradicción de los artículos 9o. y 84 de la ley local, con el diverso numeral 11 de la ley general.

"El artículo 11 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos establece que, si los entes de fiscalización externa detectan faltas administrativas, serán competentes para investigar y sustanciar el procedimiento de responsabilidades administrativas y, sólo en el caso de que las faltas no sean graves, las turnarán a los órganos internos de control.

"Sin embargo, en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes en sus artículos 9o. y 84 fue legislado en torno a la competencia y facultades de los órganos externos de control tratándose de faltas administrativas graves, cuestiones que son competencia de la ley general.

"Aunado a ello, se viola el principio de jerarquía normativa, debido a que en la ley general fue establecido que las entidades de fiscalización superior de las entidades federativas son las encargadas de investigar y sustanciar el procedimiento por las faltas administrativas graves; empero, en la ley local se otorga dicha facultad a los órganos internos de control, lo que va en contra de la ley general jerárquicamente superior.

"b) Violaciones al artículo 32 de la ley general: obligados a rendir declaraciones.

"La ley general impone la obligación de presentar declaraciones patrimoniales y de intereses a todos los servidores públicos sin considerar alguna excepción; contrario a ello, la ley local en su artículo 21, señala a los servidores públicos que deben presentar dichas declaraciones, excluyendo de tal listado a ciertos funcionarios, lo cual contradice la ley general.

"c) El artículo 36, fracciones X a la XXIV, amplían ilegalmente el catálogo de faltas administrativas no graves.

"El precepto 36 de la ley local impugnada amplía los supuestos de faltas administrativas no graves, pues en las fracciones X a la XXIV regula hipótesis que no fueron previstas en la ley general, violando con ello los principios constitucionales de reserva y superioridad jerárquica de la ley. Aunado a que aplica criterios jurisprudenciales en materia penal a los procedimientos de responsabilidad administrativa.

"d) El artículo 202 contradice la ley general por supeditar la imposición de faltas administrativas.

"La ley general establece que tratándose de faltas administrativas no graves, el titular del ente público correspondiente, aplicará la sanción de suspensión o destitución a los servidores públicos de base sin mayor trámite; sin embargo, la ley local condiciona dichas sanciones a lo establecido en el "Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus Municipios y Organismos Descentralizados o cualquier otro ordenamiento que lo regule.

"Segundo. Se violan los artículos 14, 16, 73, fracción XXIX-V, 109, 124 y 133 de la Constitución Federal, ya que el Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes invade la competencia del Congreso de la Unión al legislar en los artículos 6o., 11, 14, 24 al 28, 30 al 33, 36, fracciones I a la IX, 37 al 83, 85 al 103, 105 al 198, 201 y 203 al 208 sobre la misma materia que la ley general, es decir, el Congreso Local repitió exactamente el mismo contenido de los artículos de la ley general, lo que invade la competencia del Congreso Federal.

"Aunado a lo anterior, dicha repetición de artículos provoca inseguridad jurídica en tanto que existen dos normas con los mismos preceptos, por lo que los juzgadores tendrán la disyuntiva de cuál es la norma que regula la materia de responsabilidades administrativas.

"Tercero. La ley local de Aguascalientes reglamenta la vacatio legis contrariando los efectos y plazos que definió la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

"Es así, porque en el artículo sexto transitorio de la ley local impugnada contradice los efectos de los transitorios segundo y tercero de la ley general, pues esta última fija como plazo improrrogable para su entrada en vigor un año después de la publicación en el Diario Oficial de la Federación; contrario a ello, la ley local amplía el término a ciento ochenta días para que los órganos internos de control hagan las adecuaciones necesarias, lo que implica que se prorrogue la vacatio legis establecida en la ley general.

"De igual manera sucede con el artículo transitorio quinto de la ley local, en relación con el párrafo sexto del transitorio tercero de la ley general, dado que mientras esta última establece que los servidores públicos de todos los órdenes de gobierno presentarán sus declaraciones en los formatos que a la entrada en vigor de dicha ley se utilicen en el ámbito federal; la ley local señala que los servidores públicos utilizarán los formatos que se venían utilizando en el Estado de Aguascalientes."

TERCERO.—Mediante proveído de treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 115/2017 y, de conformidad con el artículo 81 del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se designó al Ministro José Fernando Franco González Salas como instructor en la acción de inconstitucionalidad referida.

CUARTO.—El uno de septiembre de dos mil diecisiete, el Ministro instructor admitió la acción, ordenó dar vista al órgano legislativo que emitió las disposiciones impugnadas y al Poder Ejecutivo que las promulgó para que rindieran sus respectivos informes, así como a la Procuraduría General de la República para que formulara el pedimento que le corresponde.

QUINTO.—Al rendir su informe, el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado de Aguascalientes manifestó en síntesis lo siguiente.

1. El dictamen aprobado por el Pleno de la LXIII Legislatura está sustentado en el contenido de la iniciativa turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y a la de los Servidores Públicos, la cual complementa los instrumentos jurídicos del sistema estatal anticorrupción.

Con la aprobación de la iniciativa se refrenda el compromiso de avanzar en el combate a la impunidad por irregularidades cometidas por los servidores públicos y por particulares que cometan conductas fraudulentas relacionadas con el servicio público.

Asimismo, el nuevo régimen de responsabilidades de los servidores públicos y de particulares vinculados con faltas administrativas graves o hechos de corrupción y patrimonial del Estado, intenta robustecer el Estado de derecho, la lucha contra la impunidad, dar eficacia y eficiencia al servicio público, se combate la ilegalidad y la corrupción mediante un sistema cuyos procedimientos se llevan a cabo en forma autónoma, salvaguardando la legalidad, honradez, imparcialidad, economía y eficacia en la prestación del servicio.

SEXTO.—Por su parte, el Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes, al rendir su informe por conducto del secretario general de Gobierno y representante legal de la entidad federativa, previo a señalar consideraciones respecto a la procedencia y legitimación, manifestó lo siguiente:

1. La parte accionante realiza un análisis jurídico de incompatibilidad de una ley estatal con una ley federal, sin analizar la incompatibilidad de éstas con preceptos constitucionales, por lo que sus argumentos son inatendibles; sin embargo, el Congreso de Aguascalientes emitió la ley impugnada en cumplimiento a las facultades y atribuciones que la Ley General de Responsabilidades Administrativas le confiere.

El principio de reserva de ley no hace referencia a que no se pueda invadir las facultades que el marco normativo concede a cada uno de los entes gubernamentales, sino dicho principio implica que ciertas materias son exclusivamente reservadas para ser reguladas mediante una ley y no por vía reglamentaria, por lo que es correcto que la materia de responsabilidades administrativas fuera regulada a nivel federal y estatal, en consecuencia no se viola el principio de reserva de ley ni el artículo 124 constitucional.

Es infundado el argumento que se refiere a que se viola el principio de jerarquía normativa, pues en términos del artículo 133 de la Constitución Federal no existe relación jerárquica entre legislaciones federales y locales, ya que ambas se encuentran en el mismo nivel y, en caso de una aparente contradicción, se debe resolver atendiendo a qué órgano es competente para expedir la norma de acuerdo con el artículo 124 constitucional.

Ahora, respecto al concepto de invalidez en el que se aduce que el Congreso de la Unión es el único que puede regular en materia de responsabilidades administrativas, por lo que regular cuestiones de responsabilidad administrativa en forma diversa a la ley general implica una invasión de competencias y una contravención a una ley de mayor jerarquía, debe decirse que no tiene la razón la parte accionante.

Lo anterior, debido a que el artículo 73, fracción XXIX-V, de la Constitución Federal establece que el Congreso de la Unión emitirá una ley general en la que distribuya competencias entre los órdenes de gobierno, bajo ese contexto, se evidencia que dicha materia no es exclusiva del orden federal, por lo que la ley local impugnada no debe adecuarse forzosamente a la general, aunado a que el argumento de los promoventes se basa en combatir reglas de operación del Estado, tales como las autoridades que deberán sustanciar procedimientos, los servidores públicos que deben presentar declaración patrimonial y de intereses, así como la ampliación del catálogo de faltas administrativas.

Además, la entidad federativa puede regular su régimen interior en términos del artículo 40 de la Constitución Federal, sin que ello implique una intrusión en el ámbito federal no justificada, dado que no se trata de contradicciones a la ley general sino de adaptaciones que van de acuerdo a la realidad del Estado.

2. En relación con el segundo concepto de invalidez, en el que se señala que el Congreso del Estado de Aguascalientes invadió la competencia del Congreso de la Unión al repetir el texto, en términos idénticos, de diversos artículos de la ley general, es inoperante.

Ello, porque en la Constitución Federal, en su artículo 73, no se estableció facultad exclusiva al Congreso de la Unión para legislar en materia de responsabilidad de servidores públicos, pues no es una materia exclusivamente federal; en ese sentido, el Congreso de la Unión carece de competencia para legislar en dicha materia contemplando a los órganos estatales y municipales, pues implicaría una intrusión a la autonomía del régimen interior de los Estados en contravención al artículo 40 constitucional.

Es decir, la materia de responsabilidad de los servidores públicos es concurrente, por lo que cada orden de gobierno en el ámbito de su competencia puede legislar al respecto.

3. Finalmente, respecto al último argumento, la parte accionante parte de una apreciación errónea, ya que no existe contradicción entre la ley general y la ley local impugnada, debido a que no se modificó la vacatio legis establecida en la ley general, pues incluso se trató de que la ley local entrara en vigor lo antes posible, sin que sea cierto que se haya prorrogado hasta por ciento ochenta días más.

Asimismo, en cuanto a los formatos de la presentación de las declaraciones, debe decirse que la ley general no puede establecer obligaciones a los Estados o Municipios, por lo que el Congreso de la Unión no estaba facultado para imponer la obligación a los servidores públicos de presentar las declaraciones con los formatos establecidos a nivel federal, pues debían ser con los formatos locales que se venían manejando en la entidad federativa en tanto se emitían los formatos definitivos.

SÉPTIMO.—La Procuradora General de la República no formuló pedimento.

OCTAVO.—Mediante acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, el Ministro instructor, cerró la instrucción a fin de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, debido a que se plantea la posible inconstitucionalidad de diversos artículos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes al contrariar los principios de reserva de ley y subordinación jerárquica establecidos en la Constitución Federal.

SEGUNDO.—En primer lugar, se analizará si la acción de inconstitucionalidad fue presentada oportunamente, para lo cual resulta necesario precisar que el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone lo siguiente:

"Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente ..."

Ahora bien, la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes que contiene los preceptos impugnados fue publicada en el Periódico Oficial del Estado el martes uno de agosto de dos mil diecisiete, por lo que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo trascrito, el plazo para promover esta acción transcurrió a partir del día siguiente al de la fecha de su publicación, es decir, del miércoles dos al jueves treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete.

Ver plazo

De este modo, según consta del sello que obra al reverso de la foja veintidós del escrito de la acción correspondiente, ésta se presentó el miércoles treinta de agosto de dos mil diecisiete en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, motivo por el cual, es inconcuso que su presentación fue oportuna.

TERCERO.—De conformidad con el artículo 105, fracción II, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguna de las Legislaturas de las entidades federativas está facultado para ejercer la acción de inconstitucionalidad en contra de leyes expedidas por la Legislatura Local que considere vulneran los principios consagrados en la propia Carta Magna, siendo aplicable al caso concreto la siguiente jurisprudencia de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. QUIÉNES SE ENCUENTRAN LEGITIMADOS PARA PROMOVERLA ATENDIENDO AL ÁMBITO DE LA NORMA IMPUGNADA.(1)"

Asimismo, en términos del artículo 62, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, la demanda en que se ejercite la acción deberá estar firmada por cuando menos el treinta y tres por ciento de los integrantes de los correspondientes órganos legislativos; por ello, deben satisfacerse los siguientes extremos:

a) Que los promoventes sean integrantes del órgano legislativo estatal.

b) Que dichos promoventes representen, cuando menos, el equivalente al treinta y tres por ciento del órgano legislativo correspondiente; y,

c) Que la acción de inconstitucionalidad se plantee en contra de leyes expedidas por el órgano legislativo del que sean integrantes.

En ese sentido, la acción de inconstitucionalidad fue suscrita por Edith Citlalli Rodríguez González, Nidia Acosta Lozano, Josefina Moreno Pérez, Silvia Alaniz, Elsa Amabel Landín Olivares, María del Carmen Mayela Macías Alvarado, María Estela Cortés Meléndez, David Nájera Moreno, Sergio Javier Reynoso Talamantes, Iván Alejandro Sánchez Nájera, Arturo Fernández Estrada, Sergio Augusto López Ramírez y Alejandro Mendoza Villalobos, Diputados integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Aguascalientes, lo que demuestran con la edición extraordinaria del Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes de fecha veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis, en donde se señala quiénes son los diputados integrantes de dicha Legislatura, el cual se encuentra agregado a fojas veintitrés a cuarenta y ocho del expediente en que se actúa.

Por lo que hace al segundo presupuesto, el artículo 17, apartado A, de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, establece:

"Artículo 17. En el Estado la renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como los Ayuntamientos se verificarán por medio de elecciones democráticas, libres auténticas y periódicas, a través del ejercicio del sufragio universal, libre, secreto, directo e intransferible.

"A. El Congreso del Estado estará integrado por dieciocho diputados electos según el principio de votación de mayoría relativa mediante el sistema de distritos electorales uninominales y nueve diputados electos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una circunscripción plurinominal cuya demarcación es el Estado. ..."

Del citado precepto se tiene que el Congreso Local se integra por dieciocho diputados electos por el principio de mayoría relativa y nueve por el principio de representación proporcional; por ende, si el referido Congreso se integra por veintisiete legisladores, debe decirse que los trece diputados accionantes representan el cuarenta y ocho por ciento del total de los representantes populares, es decir, más que el requisito mínimo de treinta y tres por ciento.

Además, por lo que hace al último requisito se está impugnando la validez de diversos artículos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes, el cual fue emitido por el propio Poder Legislativo; por ende, se acreditan todos los supuestos de legitimación que exige la ley.

CUARTO.—Previo al estudio del fondo del asunto, se analizarán las causas de improcedencia que las partes hubiesen hecho valer o que de oficio advierta este Alto Tribunal, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19, párrafo último, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En ese sentido, el Poder Ejecutivo Local adujo que es improcedente la acción de inconstitucional dado que no se le atribuyeron de forma directa algún acto violatorio o concepto de invalidez en cuanto a la promulgación de las disposiciones impugnadas.

Añadió que si bien es cierto fue promulgada y publicada la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes en el Periódico Oficial, también lo es que lo hizo en atención a que es un deber del Ejecutivo previsto en la Constitución Estatal.

Así, el alegato del Poder Ejecutivo Local consiste en que su actuación se ciñó al cumplimiento de las facultades que tiene de promulgar y publicar la legislación impugnada; argumento que se debe desestimar porque, al tener injerencia en el proceso legislativo de las disposiciones generales para otorgarles validez y eficacia, el Ejecutivo Local está invariablemente implicado en su emisión, por lo que debe responder por la conformidad de sus actos frente a lo establecido en la Constitución Federal.

Lo anterior en términos de la jurisprudencia P./J. 38/2010,(2) cuyos rubro y texto son del tenor siguiente:

"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES. Si en una acción de inconstitucionalidad el Poder Ejecutivo Local plantea que dicho medio de control constitucional debe sobreseerse por lo que a dicho Poder corresponde, en atención a que la promulgación y publicación de la norma impugnada las realizó conforme a las facultades que para ello le otorga algún precepto, ya sea de la Constitución o de alguna ley local, debe desestimarse la causa de improcedencia planteada, pues dicho argumento no encuentra cabida en alguna de las causales previstas en el artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al cual remite el párrafo 65 del mismo ordenamiento, este último, en materia de acciones de inconstitucionalidad. Lo anterior es así, porque el artículo 61, fracción II, de la referida Ley, dispone que en el escrito por el que se promueva la acción de inconstitucionalidad deberán señalarse los órganos legislativo y ejecutivo que hubieran emitido y promulgado las normas generales impugnadas y su artículo 64, primer párrafo, señala que el Ministro instructor dará vista al órgano legislativo que hubiere emitido la norma y al ejecutivo que la hubiere promulgado, para que dentro del plazo de 15 días rindan un informe que contenga las razones y fundamentos tendentes a sostener la validez de la norma general impugnada o la improcedencia de la acción. Esto es, al tener injerencia en el proceso legislativo de las normas generales para otorgarle plena validez y eficacia, el Poder Ejecutivo Local se encuentra invariablemente implicado en la emisión de la norma impugnada en la acción de inconstitucionalidad, por lo que debe responder por la conformidad de sus actos frente a la Constitución General de la República."

Asimismo, adujo que la acción intentada era improcedente, dado que no se actualizaba el supuesto de procedencia del artículo 105, fracción II, de la Constitución Federal.

Lo anterior, dado que la acción promovida no consiste en alegar una contradicción expresa entre una norma de carácter general local y la Constitución Federal, sino que hace referencia a una invasión por parte del Congreso Local al Congreso de la Unión, manifestando una aparente contradicción entre la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes.

En ese sentido, señala que la vía correcta era promover una controversia constitucional, para la cual no tendrían legitimación, dado que en ese supuesto debe ser suscrita por la totalidad del Congreso Local y no de un porcentaje.

La causal de improcedencia mencionada es infundada, ya que contrario a lo afirmado por el Ejecutivo Local, la acción de inconstitucionalidad sí plantea una contravención de la norma local a la Constitución Federal, pues en sus conceptos de invalidez los promoventes aducen una violación a los principios de reserva de ley y subordinación jerárquica establecidos en los artículos 124 y 133, así como el numeral 73, fracción XXIX-V, constitucionales.

Ello, debido a que señalan que el Congreso Local viola dichos principios al emitir la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes, pues en su opinión, los artículos impugnados invaden la facultad del Congreso de la Unión para legislar en materia de responsabilidades administrativas, lo cual violenta la Constitución Federal, pues está última reservó dicha materia al Congreso Federal.

En tal virtud, tampoco tiene razón al estimar que la vía correcta era promover una controversia constitucional pues, como se señaló, sí fue planteada una violación directa de una norma general local a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por último, no pasa desapercibido para este Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, mediante Decretos Números 315, 338 y 344, publicados en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, con fechas once de junio, dos de julio y diecisiete de septiembre, todos de dos mil dieciocho, se reformaron los siguientes artículos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes:

Ver artículos reformados

Sin embargo, a juicio de este Alto Tribunal tales reformas y modificaciones no conllevan al sobreseimiento de la acción, en virtud de que subsisten, en su integridad, los artículos impugnados y no se subsanaron los vicios que se hacen valer, ni tales modificaciones o adiciones alteraron sustancialmente la materia de litis en el presente control de constitucionalidad. Sino por el contrario, es indispensable que este órgano determine si tales disposiciones replican el posible vicio de inconstitucionalidad que hace valer la parte promovente de la acción.

QUINTO.—Resultan infundados, en una parte y fundados en otra, los conceptos de invalidez aducidos en la presente acción de inconstitucionalidad, a la luz de las siguientes consideraciones:

Con el objetivo de facilitar el estudio de la presente acción de inconstitucionalidad, el estudio de fondo se divide en los siguientes temas:

Tema 1: Introductorio: Marco general de la reforma constitucional de veintisiete de mayo de dos mil quince.(3)

Tema 2: Inconstitucionalidad de los artículos 9 y 84 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes.(4)

Tema 3: Inconstitucionalidad del artículo 21 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes.(5)

Tema 4: Inconstitucionalidad del artículo 36, fracciones X a XXIII y XXVI, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes.(6)

Tema 5: Inconstitucionalidad del artículo 202 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes.(7)

Tema 6: inconstitucionalidad de los artículos 6o., 11, 14, 24 al 28, 30 al 33, 36, fracciones I a la IX, 37 al 83, 85 al 103, 105 al 198, 201 y 203 al 208 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes.(8)

Tema 7: Inconstitucionalidad de los artículos primero, quinto y sexto transitorios de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes.(9)

Tema 1: Introductorio: Marco general de la reforma constitucional de veintisiete de mayo de dos mil quince.

Conforme a los conceptos de invalidez aducidos por la parte actora en el presente control de constitucionalidad, los artículos impugnados de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes, resultan inconstitucionales al vulnerar los principios de legalidad, reserva y subordinación jerárquica de la ley, al legislar aspectos que fueron reservados de manera exclusiva a la Federación, mediante la expedición de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil dieciséis, es decir, que los preceptos tildados de inconstitucionalidad conculcan, entre otros, los artículos 73, fracci

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29937-5acd7e05/i-accion-de-inconstitucionalidad-los-diputados-que-conformen · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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