Corpus
Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS DIPUTADOS QUE CONFORMEN EL TREINTA Y TRES POR CIENTO DE UNA LEGISLATURA ESTATAL TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO. IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBE DESESTIMARSE (DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE JUICIO POLÍTICO Y DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE ESE ESTADO EL DIEZ DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO). V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS AL CONCLUIR LA VIGENCIA DE LA NORMA IMPUGNADA, AL HABER SIDO REFORMADA POR UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (ARTÍCULOS 7, PÁRRAFOS PRIMERO Y CUARTO, 9, 13, 15, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "DOS DÍAS", 20, PÁRRAFO PRIMERO, 21, PÁRRAFOS DEL PRIMERO AL CUARTO, ESTE ÚLTIMO EN SU PORCIÓN NORMATIVA "DOS DÍAS" Y EN SU FRACCIÓN II, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "DOS DÍAS", 24, PÁRRAFOS PRIMERO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "DOS DÍAS", Y SEGUNDO, FRACCIÓN I, 33, PÁRRAFO PRIMERO, 35, PÁRRAFO SEGUNDO, 36 Y 44, PÁRRAFO PRIMERO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS", DE LA LEY DE JUICIO POLÍTICO Y DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA, EXPEDIDA MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA ENTIDAD DE DIEZ DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO). VI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS ARGUMENTOS TENDIENTES A DEMOSTRAR LAS VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN A UNA NORMA IMPUGNADA DEBEN EXAMINARSE PREVIAMENTE A LAS DE FONDO, ANTE LA POSIBILIDAD DE QUE TENGAN COMO EFECTO LA INVALIDEZ TOTAL DE ÉSTA Y HAGAN INNECESARIO SU ESTUDIO (PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL DECRETO NO. LXV/EXLEY/0733/2018 II P.O., PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EL DIEZ DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, POR EL CUAL SE EXPIDE LA LEY DE JUICIO POLÍTICO Y DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA). VII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. SUS FORMALIDADES Y ESTÁNDARES. VIII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. DEBE RESPETAR LA EXPRESIÓN Y DEFENSA DE LA OPINIÓN DE LAS MAYORÍAS Y MINORÍAS PARLAMENTARIAS, ASÍ COMO LOS LINEAMIENTOS RELACIONADOS CON EL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN DELIBERATIVA. IX. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. FASES QUE LO COMPONEN. X. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. LA OMISIÓN DE ENTREGAR EL DICTAMEN AL MENOS DOCE HORAS ANTES DEL DESAHOGO DE LA SESIÓN RESPECTIVA CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A AQUÉL (INVALIDEZ DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL DECRETO NO. LXV/EXLEY/0733/2018 II P.O., PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EL DIEZ DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, POR EL CUAL SE EXPIDE LA LEY DE JUICIO POLÍTICO Y DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA). XI. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. LA CALIFICACIÓN DE UN ASUNTO COMO DE "OBVIA Y URGENTE RESOLUCIÓN" REQUIERE UNA MOTIVACIÓN REFORZADA O JUSTIFICADA QUE SOSTENGA LA INCORPORACIÓN DEL DICTAMEN RESPECTIVO EN EL ORDEN DEL DÍA DE UNA SESIÓN ORDINARIA (INVALIDEZ DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL DECRETO NO. LXV/EXLEY/0733/2018 II P.O., PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EL DIEZ DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, POR EL CUAL SE EXPIDE LA LEY DE JUICIO POLÍTICO Y DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA). XII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. REQUISITOS QUE DEBE SATISFACER LA DISPENSA DE TRÁMITES LEGISLATIVOS EN CASOS DE NOTORIA URGENCIA (INVALIDEZ DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL DECRETO NO. LXV/EXLEY/0733/2018 II P.O., PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EL DIEZ DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, POR EL CUAL SE EXPIDE LA LEY DE JUICIO POLÍTICO Y DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA). XIII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ESTUDIO INNECESARIO DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ ANTE LA EXISTENCIA DE VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DE LA NORMA IMPUGNADA (INVALIDEZ DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL DECRETO NO. LXV/EXLEY/0733/2018 II P.O., PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EL DIEZ DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, POR EL CUAL SE EXPIDE LA LEY DE JUICIO POLÍTICO Y DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA). XIV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. INVALIDEZ, POR EXTENSIÓN, DE LAS DISPOSICIONES QUE COMPARTEN LOS VICIOS ADVERTIDOS EN LAS NORMAS INVALIDADAS, AUN CUANDO NO FUERAN IMPUGNADAS (INVALIDEZ DE LOS DECRETOS LXVI/RFLEY/0271/2019 I P.E., Y LXVI/RFLEY/0333/2019 II P.O., PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, RESPECTIVAMENTE, EL VEINTISÉIS DE ENERO Y EL QUINCE DE MAYO, AMBOS DE DOS MIL DIECINUEVE, SÓLO EN LO REFERENTE A LAS MODIFICACIONES AL CUERPO NORMA

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 43/2018. · Registro digital (IUS): 29807
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2021-05-21
Promovente: DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Mayo de 2021, Tomo I, Pág. 807.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 43/2018. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. 27 DE JULIO DE 2020. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIO: SALVADOR OBREGÓN SANDOVAL.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintisiete de julio de dos mil veinte.

VISTOS, para resolver el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad identificada al rubro; y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Presentación. Mediante escrito recibido el seis de abril de dos mil dieciocho en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, doce diputados integrantes de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua, promovieron acción de inconstitucionalidad para solicitar la invalidez del Decreto No. LXV/EXLEY/0733/2018 II P.O., publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua el diez de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual se expide la "Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia para el Estado de Chihuahua".

Señalaron como autoridades emisora y promulgadora de la norma impugnada a las siguientes:

I. Órgano Legislativo: Congreso del Estado de Chihuahua.

II. Órganos Ejecutivos: Gobernador Constitucional y secretario general de Gobierno del Estado de Chihuahua.

SEGUNDO.—Normas constitucionales que se aducen violadas. Artículos 13, 14, 16, 21, 39, 40 y 41.

TERCERO.—Texto de las normas cuya invalidez se solicita: Aunque se impugna todo el proceso legislativo, también se controvierten algunos preceptos en lo particular, específicamente los numerales 7, fracciones V y VII, 8, 9, 11, fracción II, 12, último párrafo, 13, 16, fracción IV, 21, 25 y 28, fracción IV, todos de la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia para el Estado de Chihuahua, publicada en el Periódico Oficial de esa entidad el diez de marzo de dos mil dieciocho.

El contenido de esas normas es el siguiente:

"Artículo 7. Presentación y ratificación de la denuncia.

"La persona interesada presentará su denuncia ante la Secretaría de Asuntos Interinstitucionales del Congreso del Estado.

"El escrito de denuncia deberá contener los siguientes datos:

"...

"V. La narración clara, precisa y numerada de los hechos en que la denunciante funda su petición, precisando los documentos públicos o privados que tengan relación con cada hecho, así como si los tiene a su disposición. De igual manera proporcionará los nombres y domicilio de las y los testigos que hayan presenciado los hechos relativos, manifestando el punto de prueba sobre el que versará la testimonial.

"...

"VII. El ofrecimiento de los medios de prueba con los cuales se pretendan acreditar los hechos denunciados, expresando con claridad y precisión el hecho o hechos que se tratan de demostrar con los mismos. De no cumplir los requisitos mencionados, no serán admitidos."

"Artículo 8. Documentos presentados con posterioridad.

"Efectuada la ratificación no se admitirán a la parte denunciante otros documentos, excepto:

"I. Los de fecha posterior.

"II. Los que no le haya sido posible obtener con anterioridad, por causas que no le sean imputables, si en este caso hubiere señalado en la denuncia el archivo o lugar en el cual se encuentran los originales.

"III. Los de fecha anterior a la demanda, cuando la denunciante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que no tuvo antes conocimiento de su existencia."

"Artículo 9. Integración de la Comisión Jurisdiccional.

"Ratificada la denuncia, la Secretaría de Asuntos Interinstitucionales la turnará, al día siguiente, a la Junta de Coordinación Política, dando vista a la presidencia del Congreso o de la Diputación Permanente.

"El asunto se enlistará en la siguiente sesión, a efecto de que el Pleno, a propuesta de la Junta de Coordinación Política, integre una Comisión Jurisdiccional, la cual contará con cinco miembros propietarios y tres suplencias, misma que reflejará la composición plural del Congreso. Las personas suplentes entrarán en funciones según el orden de prelación en que hayan sido designadas.

"Si lo señalado en el párrafo anterior aconteciere durante alguna Diputación Permanente, la mesa directiva convocará a un periodo extraordinario, en un plazo no mayor de tres días, a efecto de conocer del asunto."

"Artículo 11. Notificación a la parte denunciada.

"Dictaminado el inicio del procedimiento, la Comisión Jurisdiccional notificará a la persona imputada sobre la denuncia interpuesta, haciéndole saber:

"...

"II. Su deber de comparecer por escrito y ofrecer pruebas de su parte, dentro de los diez días siguientes a la notificación respectiva."

"Artículo 12. Contestación de la denuncia.

"...

"Al escrito deberá adjuntarse la documentación en poder de la parte denunciada. No serán admitidos aquellos documentos presentados con posterioridad a que fenezca el plazo para dar contestación a la denuncia, salvo que se ubiquen en alguno de los supuestos del artículo 8 de la presente ley."

"Artículo 13. Instrucción y alegatos.

"Concluido el plazo señalado en el artículo 11, fracción II, de esta ley, la Comisión Jurisdiccional abrirá un período de diez días para el ofrecimiento de pruebas, comunes a la parte denunciante y a la denunciada.

"Al fenecer este plazo, la comisión dictará un acuerdo sobre la admisión de las pruebas ofrecidas, y ordenará las medidas que resulten necesarias para su preparación; fijando día y hora para la celebración de la audiencia, dentro de los quince días siguientes, en la que tendrá lugar el desahogo de las pruebas de la parte denunciante, la denunciada y aquellas que se determinen por la propia comisión para mejor proveer. Dicho acuerdo deberá ser notificado personalmente a la denunciante y a la denunciada dentro de los tres días siguientes a que se dicte el mismo.

"Serán admisibles todo tipo de pruebas, pero se desecharán aquellas cuyo desahogo implique salir del plazo señalado para tales efectos. Si al concluir dicho plazo no hubiese sido posible desahogar las pruebas ofrecidas oportunamente, o es preciso allegarse de otras, la Comisión Jurisdiccional podrá ampliarlo por una sola vez y por un plazo hasta de veinte días, concluido el cual se declararán desiertas de plano las pruebas cuyo desahogo no haya sido posible.

"En todo caso, la Comisión Jurisdiccional calificará la idoneidad de las pruebas, desechando las que a su juicio sean improcedentes, debiendo en este supuesto fundar y motivar su determinación. La resolución que admita o deseche las pruebas es inatacable.

"Terminada la instrucción del procedimiento, se pondrá el expediente a la vista de la parte denunciante, de la denunciada y de su defensa, por un plazo común de tres días, a fin de que tomen los datos que requieran para formular alegatos, los cuales deberán presentar por escrito dentro de los cinco días siguientes a la conclusión del plazo citado en primer término."

"Artículo 16. Sesión plenaria.

"Enlistado el dictamen y conforme al turno que le corresponda en el orden del día, la presidencia de la mesa directiva declarará que el Pleno se erige en Jurado de Sentencia, y se actuará conforme a lo siguiente:

"...

"IV. El jurado de sentencia discutirá y votará las conclusiones propuestas por la Comisión Jurisdiccional."

"Artículo 21. Admisión e integración de la Comisión Jurisdiccional.

"Presentada la solicitud, la Secretaría de Asuntos Interinstitucionales la turnará, al día siguiente, a la Junta de Coordinación Política, dando vista a la presidencia del Congreso o de la Diputación Permanente.

"El asunto se enlistará en la siguiente sesión, a efecto de que el Pleno, a propuesta de la Junta de Coordinación Política, integre una Comisión Jurisdiccional, la cual contará con cinco miembros propietarios y tres suplencias, misma que reflejará la composición plural del Congreso. Las personas suplentes entrarán en funciones según el orden de prelación en que hayan sido designadas.

"Si lo señalado en el párrafo anterior aconteciere durante alguna Diputación Permanente, la mesa directiva convocará a un periodo extraordinario, en un plazo no mayor de tres días, a efecto de conocer del asunto.

"La Comisión Jurisdiccional analizará y resolverá dentro de los siguientes dos días, la admisión de la solicitud, mediante un dictamen de inicio. Dicha solicitud únicamente podrá ser rechazada en los siguientes casos:

"I. Si la persona imputada no se ubica dentro de las y los servidores públicos a que se refiere el artículo 179 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua.

"II. Si carece de los registros de investigación que apoyen la solicitud. En este último caso, la comisión prevendrá a la persona solicitante para que los exhiba en un plazo de dos días."

"Artículo 25. Audiencia de desahogo de pruebas y alegatos.

"La audiencia iniciará con la exposición de medios de prueba y argumentos por parte del Ministerio Público. Enseguida, se llevará a cabo el desahogo de los medios de prueba ofertados por la o el servidor público imputado y su defensa. Para su desahogo se seguirán, en lo conducente, las reglas previstas en el título VIII capítulo IV del Código Nacional de Procedimientos Penales. En su caso, el Ministerio Público podrá solicitar el desahogo de prueba nueva y de refutación.

"Salvo que la parte oferente hubiera solicitado el auxilio de la Comisión Jurisdiccional para la citación de testigos o peritos, por considerar pudieran ser hostiles, dando razones válidas para sustentar lo anterior, los medios de prueba testimonial y pericial deberán ser presentados a la audiencia respectiva por conducto de la propia oferente; en caso contrario, se le tendrán por desiertos.

"Una vez desahogados los medios de prueba, se concederá la palabra a las partes para que expongan de forma oral, los alegatos que consideren pertinentes para justificar su pretensión.

"La audiencia de desahogo de pruebas y alegatos tendrá una duración máxima de tres días sucesivos. Se desecharán aquellos medios de prueba cuyo desahogo implique salir del plazo señalado para tales efectos. Salvo caso fortuito o fuerza mayor, en que podrá ordenarse su desahogo fuera de dicho plazo."

"Artículo 28. Sesión plenaria.

"Enlistado el dictamen y conforme al turno que le corresponda en el orden del día, la presidencia de la mesa directiva declarará al Pleno que se erige en jurado de procedencia, y se actuará conforme a lo siguiente:

"...

"IV. El jurado de procedencia discutirá y votará las conclusiones propuestas por la Comisión Jurisdiccional."

CUARTO.—Conceptos de invalidez. Los promoventes hicieron valer los conceptos de invalidez que a continuación se sintetizan:

I. Violación al proceso legislativo.

Se transgredió el derecho de la minoría legislativa de conocer y debatir el dictamen, en virtud de que el asunto número 569, referente a la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia se incluyó en el orden del día, por tratarse de un asunto supuestamente urgente y/o especial.

Con fecha seis de marzo de dos mil dieciocho, minutos antes de que se sometiera a consideración el contenido del orden del día, la diputada Citlalic Guadalupe Portillo Hidalgo presentó una moción a efecto de que fuera incluido en dicho orden el desahogo del dictamen relativo al asunto número 569 aprobado por la Comisión Primera de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Diversos legisladores intervinieron a efecto de señalar la imposibilidad de incluir en el orden del día dicho dictamen.

No obstante los señalamientos, la moción presentada fue sometida a votación y aprobada, haciendo despliegue de la mayoría que asiste al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, a pesar de no haberse colmado los requisitos solicitados por la Ley Orgánica del Poder Legislativo para llevar a cabo la citada moción.

Para la inclusión del citado dictamen debió fundarse y motivarse por qué se consideraba que revestía la calidad de un asunto especial y urgente, lo cual no aconteció, ya que faltó acreditarse ante el Pleno del Congreso del Estado de Chihuahua que el asunto tuviera esas características, y aprobándose la inclusión del mismo, por lo que se trató de un abuso de poder.

Respecto al trabajo elaborado por la citada comisión, ésta se tomó el periodo de diez meses y nueve días a efecto de analizar la iniciativa mediante la cual se crea la ley impugnada, toda vez que la misma fue presentada ante el Pleno con fecha veinte de abril de dos mil diecisiete, turnada a la Comisión Primera de Gobernación y Puntos Constitucionales el veinticinco de abril siguiente, transcurriendo el tiempo indicado para poder dictaminar tal iniciativa, emitiendo el dictamen hasta el seis de marzo de dos mil dieciocho, día en el cual inmediatamente se solicitó de manera arbitraria e ilegal su inclusión al orden del día de la sesión que tendría verificativo. Lo anterior, aun cuando la Ley Orgánica del Poder Legislativo en su artículo 171 señala la forma en que las iniciativas deben dictaminarse.

Atendiendo a la fecha de presentación de la iniciativa y a la de turno –se presentó durante el segundo periodo ordinario del primer año de ejercicio constitucional–, por lo que en términos de la disposición legal antes invocada, debió dictaminarse a más tardar en el primer periodo ordinario dentro del segundo año de ejercicio constitucional, no aconteciendo de dicha manera.

Es decir, en el análisis, nunca se dio por parte de los integrantes de la Comisión Dictaminadora el trato de especial y urgente que se invocó para su inclusión en el orden del día.

De ese modo, se violentó el proceso legislativo, porque el asunto fue dictaminado por el grupo parlamentario de la mayoría –perteneciente al Partido Acción Nacional–, y sometido a consideración del Pleno, por aprobación también de su inclusión en el orden del día por la mayoría de dicho grupo parlamentario, sin dar oportunidad para su estudio y análisis, esto es, excluyendo con tales actos a la minoría parlamentaria de modo tajante de la participación en el debate público. No existió una discusión real, abierta y democrática, lo cual evidentemente es imposible, al solicitar la inclusión del citado asunto en la misma sesión en la cual se sometería a votación y aprobación.

Con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las disposiciones referentes a la Gaceta Parlamentaria, y conocimiento íntegro de los asuntos que se someterán a consideración del Pleno, los integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Chihuahua emitieron un acuerdo el veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete, el cual entró en vigor el veintidós de septiembre del mismo año, llevando por título: "Acuerdo mediante el cual se establecen los términos y procedimientos para la presentación de documentos y la celebración de reuniones de la mesa directiva, del segundo año de ejercicio constitucional, de la LXV Legislatura del H. Congreso del Estado de Chihuahua".

En términos del acuerdo anterior se determinó por la mesa directiva que las y los legisladores deberán enviar a la Secretaría de Asuntos Legislativos, por correo electrónico, el texto completo de las iniciativas, asuntos, o cualquier otro documento, que tuvieron a bien inscribir en el orden del día de la sesión que habrá de desahogar el Pleno o la Diputación Permanente, a más tardar a las diecisiete horas del día previo a dicha sesión, que de no enviar la iniciativa, documento o asunto, estos no se desahogarán en la sesión que corresponda.

Para solicitar la inclusión del dictamen en el orden del día, cualquiera de los integrantes de la Comisión Legislativa Primera de Gobernación y Puntos Constitucionales debió acudir a la reunión de la mesa directiva que tiene verificativo siempre antes del inicio de la sesión, en términos del citado acuerdo.

Al tener conocimiento de la inclusión del dictamen hasta el momento en que se estaba desarrollando la sesión y se dio lectura al mismo en tribuna, para posteriormente y de manera inmediata someterlo a votación, es claro que no pudo haber debate alguno, porque nadie conoció previamente su contenido.

II. Violación a los artículos 13 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Los artículos 9 y 21 de la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia para el Estado de Chihuahua, violentan lo dispuesto en el numeral 13 de la Constitución General, en virtud de que la voz "tribunales especiales" no se refiere a tribunales por la materia que conocen, y que pueden ser clasificados como tribunales especiales, por ejemplo, los tribunales de familia o del trabajo.

Tampoco se refiere a los establecidos fuera del Poder Judicial, más bien la categoría apunta a la prohibición de tribunales ad hoc, creados para juzgar un caso concreto o a una determinada persona o grupo de personas en particular, sin que se garantice la imparcialidad e independencia del juzgador, vulnerando el principio de igualdad conforme al cual todos los ciudadanos en situaciones idénticas deben ser juzgados por el mismo tribunal.

De ese modo, respecto del momento en que el tribunal debe estar establecido, la norma dispone que esto debe ocurrir con anterioridad a la perpetración de los hechos, con lo que se pretende evitar tribunales ad hoc creados específicamente para el conocimiento de un hecho concreto y a la espera de resultados específicos, lo cual acontecerá en términos de lo establecido en los artículos 9 y 21 de la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia para el Estado de Chihuahua.

Por otra parte, los artículos 16, fracción IV, y 28, fracción IV, de la referida ley, establecen:

"Artículo 16. Sesión plenaria.

"Enlistado el dictamen y conforme al turno que le corresponda en el orden del día, la presidencia de la mesa directiva declarará que el Pleno se erige en jurado de sentencia, y se actuará conforme a lo siguiente:

"...

"IV. El jurado de sentencia discutirá y votará las conclusiones propuestas por la Comisión Jurisdiccional."

"Artículo 28. Sesión plenaria.

"Enlistado el dictamen y conforme al turno que le corresponda en el orden del día, la presidencia de la mesa directiva declarará al Pleno se erige en jurado de procedencia, y se actuará conforme a lo siguiente:

"...

"IV. El jurado de procedencia discutirá y votará las conclusiones propuestas por la Comisión Jurisdiccional."

Dichas disposiciones violentan la garantía del debido proceso y de seguridad jurídica del funcionario público denunciado, toda vez que para que en la actuación de la Comisión Jurisdiccional se despliegue una conducta considerada como válida, debe entenderse que únicamente goza de una facultad investigadora del Poder Legislativo, en relación con el juicio político y la declaración de procedencia.

Más todavía, en el caso de la declaración de procedencia, en virtud de que en relación con delitos y, de alguna forma, ilícitos en general, la Constitución General establece una regla en su artículo 21 al señalar: "La investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato".

No es dable al legislador ordinario aumentar el número de salvedades o excepciones a las funciones de investigar o perseguir encomendadas al Ministerio Público.

Es insostenible establecer que el jurado de procedencia discutirá y votará las conclusiones propuestas por la Comisión Jurisdiccional, toda vez que ésta, estaría prácticamente determinando la culpabilidad o no del funcionario público. Se considera que la Comisión Jurisdiccional no debe emitir sus conclusiones y someterlas a votación del Jurado, ya que únicamente debe exponer los hechos que se imputan y qué medios de convicción se desahogaron para pretender acreditar los hechos.

III. La ley que se impugna viola lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Carta Magna.

Los artículos 7, fracciones V y VII, 8, 11, fracción II, y 12, último párrafo, se contraponen a lo dispuesto en el primer párrafo del numeral 13, todos ellos de la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia para el Estado de Chihuahua.

Ello se estima así, toda vez que en el artículo 7 se señala que a la denuncia deben adjuntarse las pruebas en las que se funda la misma, precisándose en el artículo 8 del ordenamiento en cita que efectuada la ratificación no se admitirán a la parte denunciante otros documentos, excepto los que tienen el carácter de pruebas supervinientes especificándose cuáles son éstas, e incluso estableciéndose en el artículo 10 que la Comisión Jurisdiccional analizará la admisión de la solicitud, la cual únicamente podrá ser rechazada si fuere notoriamente improcedente o no se apoya en prueba alguna.

Luego, en el artículo 11 se señala que dictaminado el inicio del procedimiento, la Comisión Jurisdiccional notificará a la persona imputada sobre la denuncia interpuesta, haciéndole saber su deber de comparecer por escrito y ofrecer pruebas de su parte, dentro de los diez días siguientes a la notificación respectiva, señalándose en el artículo 12 referente a la contestación de la denuncia que al escrito de contestación debe adjuntarse la documentación en poder de la parte denunciada y que no serán admitidos aquellos documentos presentados con posterioridad a que fenezca el plazo para la contestación a la denuncia, salvo que se ubiquen en alguno de los supuestos del artículo 8 de la propia ley.

Luego de señalar que no serán admitidos medios de convicción posteriores a los adjuntados a la denuncia y contestación respectiva, establece en el artículo 13 que se abrirá un periodo de diez días para el ofrecimiento de pruebas, comunes a las partes, y que concluido dicho plazo se dictará el acuerdo sobre la admisión de las pruebas ofrecidas.

Dichas disposiciones se contraponen, y se establece una preocupante discrecionalidad de la Comisión Jurisdiccional, para poder acordar sobre la admisión o no de documentos posteriores a la presentación de la denuncia y de la contestación respectivas, ya que no se contempla de manera clara y precisa hasta cuándo serán admisibles los medios de convicción de las partes, señalando un término en un artículo y estableciendo otro con posterioridad, violentándose la certeza jurídica en la sustanciación del procedimiento.

Además, se tildan de inconstitucionales los artículos 13 y 25 de la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia para el Estado de Chihuahua, toda vez que no se puede sujetar la admisión de las pruebas al tiempo que se lleve el desahogo de las mismas, porque con ello se violenta de manera flagrante el principio de legalidad y la garantía de audiencia, al no permitir una adecuada defensa, restringiendo el derecho de ser oído y vencido en juicio, al facultar a la autoridad sustanciadora del procedimiento para que se desestimen discrecionalmente medios de convicción, por el solo hecho de la imposibilidad de la autoridad para desahogar los mismos en los términos fijados por la ley, y estableciendo de nueva cuenta la facultad discrecional de desechar los medios de convicción que a su juicio y libre arbitrio sean improcedentes.

QUINTO.—Admisión. Mediante proveído de presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de seis de abril de dos mil dieciocho, se ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad presentada y turnarlo al Ministro Alberto Pérez Dayán. El día nueve de ese mismo mes y año se admitió a trámite el asunto, se ordenó requerir a las autoridades que emitieron la norma impugnada, para que rindieran sus informes, y se acordó dar vista a la entonces Procuraduría General de la República, en términos de ley.

SEXTO.—Informe rendido por el Poder Legislativo del Estado de Chihuahua. Diana Karina Velázquez Ramírez, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Chihuahua rindió el siguiente informe:(1)

Los argumentos propuestos como conceptos de invalidez son infundados.

La razón de ser de todo procedimiento legislativo es brindar seguridad jurídica, a fin de evitar que se legisle en forma irresponsable o que se adopten decisiones de manera precipitada o irreflexiva.

El proceso legislativo que dio origen al decreto impugnado cumplió cabalmente con cada una de sus etapas. Además existió un amplio debate en la sesión de seis de marzo de dos mil dieciocho.

Existiendo en la presidencia del Congreso del Estado de Chihuahua diversas denuncias de juicios políticos, era más que suficiente la urgencia de desahogar, debatir y aprobar el decreto aquí controvertido.

Las supuestas violaciones aducidas por los accionantes, de existir, deben calificarse de intrascendentes.

En cuanto al contenido de las disposiciones impugnadas, debe decirse que efectivamente existe una Comisión Jurisdiccional, misma que resolverá la procedencia del juicio político; sin embargo, sus funciones son "solventar" la admisión e incoación del procedimiento de juicio político o declaración de procedencia. No resuelve sobre el fondo de las denuncias, por tanto, no se constituye en un tribunal especial.

La Comisión Jurisdiccional es la instancia instructora de los procedimientos, pero no tiene facultades de investigación; es el Congreso del Estado de Chihuahua el que se erige en Juzgado de Sentencia o procedencia, según sea el caso, y sólo a él le corresponde resolver en definitiva.

Tampoco es verdad que exista discrecionalidad de la autoridad para la admisión de pruebas posteriores a la denuncia y su contestación, ya que la ley establece plazos precisos y comunes para ambas partes.

Se podrá presentar documentos con posterioridad a la ratificación de la denuncia, siempre y cuando hayan surgido con esa posterioridad, y los de fecha anterior, siempre y cuando el denunciante manifieste que no tuvo conocimiento de su existencia con fecha anterior.

Respecto a la posibilidad de probar hechos supervenientes, la ley es clara al establecer la forma y tiempo en que debe presentarse las pruebas, con lo que no deja el tema a la discrecionalidad de la comisión.

El procedimiento establecido en la ley cumple con las formalidades ordenadas por el artículo 14 de la Constitución Federal y permite a las partes la debida oportunidad de probar y alegar en el procedimiento.

En conclusión:

1. No se reconoce algún tipo de violación al proceso legislativo, ni a la libertad parlamentaria, pues para la emisión del decreto se observaron todas las disposiciones legales, respetando la importancia que el asunto merecía.

2. La creación de la Comisión Jurisdiccional no encuadra en el concepto de tribunal especial, ni su actuar se considera invasivo de la esfera de competencia del Ministerio Público.

3. Lo que se busca con la instauración del juicio político es proteger y brindar certeza jurídica, salvaguardando los principios del debido proceso.

SÉPTIMO.—Informe rendido por el Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua. Javier Corral Jurado, Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, rindió el siguiente informe:(2)

Causal de improcedencia. La prevista en la fracción VIII del artículo 19 de la ley reglamentaria, debido a que los promoventes de la acción de inconstitucionalidad carecen de legitimación en la causa, al no haber acreditado su personalidad con la constancia de mayoría relativa y de asignación de diputaciones de representación proporcional al Congreso del Estado de Chihuahua, expedida por las autoridades electorales.

Razones que sostienen la validez de la norma. Si bien pudieran actualizarse diversas violaciones al procedimiento legislativo, son intrascendentes, porque no trastocaron los atributos democráticos finales de la decisión.

El proceso legislativo tiene como finalidad buscar la iniciativa de ley, que debidamente fue asignada y dictaminada por una comisión, culminando su estudio con un dictamen aprobado por unanimidad o mayoría de votos de sus integrantes, de modo tal que cumple con sus objetivos fundamentales. No debe perderse de vista que el procedimiento legislativo simplemente es un cauce que permite colocar el proyecto al pleno del Congreso, para su discusión, análisis y aprobación.

No es verdad que se haya creado un tribunal especial para sustanciar el juicio político. La finalidad de la creación de la Comisión Jurisdiccional es desahogar el procedimiento; es por ello que se considera errónea la percepción por parte de los promoventes.

La comisión tampoco es invasiva de las facultades exclusivas del Ministerio Público, por no guardar relación con temas de carácter penal, o conductas que la ley califica como delitos.

Además, la ley prevé la oportunidad de defensa adecuada, para ofrecer y desahogar pruebas y para alegar lo que en derecho convenga a las partes.

OCTAVO.—Intervención del entonces procurador general de la República. El titular de la citada dependencia se abstuvo de formular su respectivo pedimento.(3)

Al respecto, debe precisarse que con fundamento en los artículos 10, fracción IV, y 66 de la ley reglamentaria, en relación con los diversos 5, fracción VII(4) y sexto transitorio(5) de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, corresponde a dicha Fiscalía intervenir en las acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales, aunado a que todas las referencias normativas a la Procuraduría General de la República o del procurador general de la República, se entenderán referidas a la Fiscalía General de la República o a su titular, en los términos de sus funciones constitucionales vigentes.

NOVENO.—Cierre de instrucción. Mediante proveído de doce de junio de dos mil dieciocho se decretó el cierre de la instrucción.(6)

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda v

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29807-a2cddca6/i-accion-de-inconstitucionalidad-los-diputados-que-conformen · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.