I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LAS PERSONAS DIPUTADAS QUE CONFORMEN EL TREINTA Y TRES POR CIENTO DE UNA LEGISLATURA ESTATAL TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO D), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER LOCAL O FEDERAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DERIVADO DE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (ARTÍCULOS 91, 95 Y 169, FRACCIÓN XII, DE LA LEY DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EL VEINTIUNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTE). V. FORMALIDADES DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL EJERCICIO DE LA EVALUACIÓN DE SU POTENCIAL INVALIDATORIO POR LAS IRREGULARIDADES ACONTECIDAS EN AQUÉL. VI. VIOLACIONES DE CARÁCTER FORMAL EN EL PROCESO LEGISLATIVO. SON IRRELEVANTES SI NO TRASCIENDEN DE MANERA FUNDAMENTAL A LA NORMA. VII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. SUS FORMALIDADES ESENCIALES ASEGURAN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS. VIII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. DEBE RESPETAR LA EXPRESIÓN Y DEFENSA DE LA OPINIÓN DE LAS MAYORÍAS Y MINORÍAS PARLAMENTARIAS, ASÍ COMO LOS LINEAMIENTOS RELACIONADOS CON EL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN DELIBERATIVA. IX. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. SUS FORMALIDADES Y ESTÁNDARES. X. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA. MARCO CONSTITUCIONAL, LEGAL Y REGLAMENTARIO QUE LO RIGE. XI. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA. ASPECTOS RELEVANTES QUE DIERON LUGAR AL DECRETO IMPUGNADO. XII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA. LA OMISIÓN DE LA COMISIÓN DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO URBANO DEL CONGRESO LOCAL DE RESPONDER A LA SOLICITUD DE UN DIPUTADO PARA DIFERIR LA APROBACIÓN DEL DICTAMEN DEL DECRETO IMPUGNADO COMO CONSECUENCIA DE LA EMERGENCIA SANITARIA OCASIONADA POR EL VIRUS SARS-CoV-2 (COVID-19), NO GENERA LA INVALIDEZ DE DICHO PROCEDIMIENTO, TODA VEZ QUE LAS SESIONES SÍ FUERON DESARROLLADAS Y APROBADAS CON EL QUÓRUM EXIGIDO EN LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO ESTATAL Y SU REGLAMENTO INTERIOR (PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN AL DECRETO LXVI/EXLEY/0708/2020 II P.O., POR EL QUE SE EXPIDIÓ LA LEY DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL VEINTIUNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTE). XIII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA. LA APROBACIÓN DEL DICTAMEN DEL DECRETO IMPUGNADO EN UNA SESIÓN DEL PLENO DEL CONGRESO LOCAL REALIZADA "A PUERTA CERRADA", CON MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITARIA OCASIONADA POR EL VIRUS SARS-CoV-2 (COVID 19), NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A AQUÉL, AL HABERSE TRANSMITIDO EN VIVO EN DIVERSAS PLATAFORMAS DE INTERNET (PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN AL DECRETO LXVI/EXLEY/0708/2020 II P.O., POR EL QUE SE EXPIDIÓ LA LEY DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL VEINTIUNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTE). XIV. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA. LA COMISIÓN DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO URBANO DEL CONGRESO LOCAL, AL APROBAR EL DICTAMEN DEL DECRETO IMPUGNADO POR EL QUE SE EXPIDIÓ LA LEY DE TRANSPORTE DE LA ENTIDAD, NO VULNERA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA, YA QUE SE LLEVARON A CABO REUNIONES REGIONALES EN DIVERSAS CIUDADES DEL ESTADO DONDE SE OTORGÓ PARTICIPACIÓN A LOS CONCESIONARIOS, TRANSPORTISTAS E INTERESADOS EN LA EXPEDICIÓN DE DICHA LEY (PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN AL DECRETO LXVI/EXLEY/0708/2020 II P.O., POR EL QUE SE EXPIDIÓ LA LEY DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL VEINTIUNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTE). XV. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA. EL HECHO DE QUE LA COMISIÓN DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO URBANO DEL CONGRESO LOCAL HAYA APROBADO EL DICTAMEN DE LA PROPUESTA DE LEY DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA ENTIDAD EN UNA SOLA SESIÓN CON DURACIÓN DE ONCE MINUTOS, NO IMPLICA LA INEXISTENCIA DE DEBATE O DISCUSIÓN, EN TANTO QUE SU TRABAJO PARLAMENTARIO NO SE LIMITÓ A ESA SESIÓN, PUES SE LLEVARON A CABO REUNIONES REGIONALES EN DIVERSAS CIUDADES DEL ESTADO DONDE SE OTORGÓ PARTICIPACIÓN A LOS CONCESIONARIOS, TRANSPORTISTAS E INTERESADOS, AUNADO A QUE EL DICTAMEN RESPECTIVO FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS (PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN AL DECRETO LXVI/EXLEY/0708/2020 II P.O., POR EL QUE SE EXPIDIÓ LA LEY DE TRANSPO
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 172/2020 Y SU ACUMULADA 211/2020. DIVERSOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA LXVI LEGISLATURA DEL CONGRESO DE CHIHUAHUA Y LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 25 DE MARZO DE 2025. PONENTE: MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: JUSTINO BARBOSA PORTILLO.
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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veinticinco de marzo de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la que se resuelve la acción de inconstitucionalidad 172/2020 y su acumulada 211/2020, promovidas por Diversos Diputados Integrantes de la LXVI Legislatura del Congreso de Chihuahua y por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, respectivamente, en contra de diversas disposiciones normativas contenidas en la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua publicada en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua el veintiuno de marzo de dos mil veinte.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación de la demanda. El tres de agosto de dos mil veinte, diversos Diputados Integrantes de la LXVI Legislatura del Congreso de Chihuahua y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovieron acción de inconstitucionalidad impugnando, por una parte, diversas omisiones legislativas que se detallan en los conceptos de invalidez y, por otra parte, la invalidez de los artículos 91, 95, 137, fracción III, 168, fracción XV y 169, fracción XII, y quinto transitorio, todos de la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, publicada el veintiuno de marzo de dos mil veinte.
2. Conceptos de invalidez. Diversos Diputados Integrantes de la LXVI Legislatura del Congreso de Chihuahua, expusieron los siguientes razonamientos.
PRIMERO. El Decreto impugnado trasgrede el principio de deliberación democrática previsto en los artículos 39, 40 y 41 de la Constitución Política, en virtud de que se aprobó a partir de una urgencia que no fue justificada en la exposición de motivos y encontrándose en una emergencia general de salud pública, además de celebrar la sesión a puerta cerrada, sin permitir el acceso del público; por tanto, la iniciativa se dictaminó y votó sin que la sociedad haya sido informada debidamente de un tema de interés público.
SEGUNDO. Refiere que se vulneran los artículos 1º, 13, 14, 16 y 22 de la Constitución Federal, ya que cuando se expide una nueva normatividad que cambie las reglas anteriormente previstas, no se pueden desconocer derechos previstos en la ley aplicable cuando fue otorgada una concesión.
Precisa que la Ley impugnada vulnera el principio de irretroactividad de la Ley previsto en el artículo 14 de la Constitución Federal, siendo inadmisible que en el artículo quinto transitorio se haya establecido que se respetarían las concesiones otorgadas previamente, siempre y cuando se ajusten en un plazo de 12 meses a los nuevos parámetros y requisitos legales, pues con ello se varían las condiciones con las que fueron otorgadas, restringiendo los derechos de los concesionarios y causándoles un daño patrimonial que no deben resentir, pues la relación jurídica con el Estado debe terminar bajo el régimen de concesión, modalidades, obligaciones y derechos previstos en la norma bajo la cual fueron otorgadas.
Conforme a lo anterior, refiere que existe necesidad de crear un régimen transitorio, en particular para aquellos casos en que los concesionarios fallezcan o sufran incapacidad permanente total, que resulte en la prestación del servicio, para lo cual la Ley abrogada establecía un procedimiento específico; así como para la renovación de concesiones; sin embargo, la nueva Ley de Transporte restringe derechos pues se actúa hacia el pasado sobre relaciones jurídicas contractuales ya asumidas.
3. Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su demanda de acción de inconstitucionalidad planteó la invalidez de los artículos 137, fracción III, 168, fracción XV y 169, fracción XIII, de la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, aduciendo en sus conceptos de invalidez medularmente lo siguiente:
PRIMERO. El artículo 137, fracción III, de la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, al establecer como requisito para que los conductores de las empresas de transporte puedan prestar el servicio, el no haber recibido sentencia condenatoria por la comisión de algún delito doloso, transgrede los derechos de igualdad y no discriminación, así como la libertad de trabajo, pues no existe una justificación constitucional para sustentar tal exclusión.
Ello porque quienes fueron sentenciadas con pena privativa de su libertad y ya cumplieron dicha sanción, deben estar en posibilidad de dedicarse al empleo o trabajo siendo lícito; por lo que la norma excluye a un sector de la población de manera injustificada, resultando discriminatoria al otorgar un trato injustificadamente diferenciado para las personas que aspiran a prestar el servicio de conductores en las empresas de redes de transporte.
Además, la norma resulta sobre inclusiva ya que algunos delitos que ameritan la sanción mencionada no se relacionan con las tareas de desempeñar el servicio de transporte en cuestión. Esto es, aun cuando el delito por el que se haya sancionado a la persona no esté vinculado o relacionado estrechamente con las funciones que se desempeñarán en el trabajo, le quedará vedado de manera absoluta la posibilidad de ser registrado para la prestación del servicio correspondiente.
Así, al alegarse una vulneración al principio de igualdad y la prohibición de discriminación, debe considerarse que la disposición impugnada contiene una categoría sospechosa de las que atentan contra la dignidad humana teniendo por efecto anular y menoscabar el derecho de igualdad.
En el caso, la norma impugnada contiene una categoría sospechosa consistente en la condición social y jurídica de las personas que han sido sentenciadas por la comisión de cualquier delito doloso, por lo que quienes se encuentren en dicha situación serán excluidas del registro correspondiente para poder prestar el servicio de transporte de personas en las empresas de redes de que se trate; por tanto, resulta indispensable un análisis estricto de constitucionalidad de la disposición reclamada.
En esa tesitura, la exclusión que contiene la norma impugnada no cumple con el primer nivel del escrutinio estricto, en virtud de que no existe una justificación constitucionalmente imperiosa para exigir como requisito para ser conductor en las empresas de redes de transporte, no haber sido sentenciado por la comisión de delito doloso, dado que no hay un mandato en la Constitución Federal que exija un requisito de esa índole para este tipo de actividades, aunado a que el empleo a desempeñar no justifica restricciones tan amplias; por ende, la norma resulta discriminatoria.
Esto es, la porción normativa impugnada es discriminatoria por generar una distinción, exclusión, restricción o preferencia arbitraria e injusta entre las personas que han sido sentenciadas por la comisión de un delito doloso y ya han cumplido con su respectiva sanción. Además, propicia un supuesto de discriminación por motivos de condición social o jurídica, pues dicha distinción tiene como efecto obstaculizar el ejercicio de derechos en igualdad de condiciones de las personas que buscan reintegrarse socialmente.
Aunado a lo anterior, la disposición impugnada contraviene el principio reinserción social pues conlleva que las personas que han sido sentenciadas por delito doloso quedan impedidas para desempeñar el trabajo de conductores en las empresas referidas, incluso en el caso de que los delitos no se relacionen con la función a desempeñar. Así, el requisito que se exige no se justifica sobre una base objetiva y razonable que se encuentre suficientemente acotada para no transgredir los derechos de las personas y, por tanto, se considera violatoria de las prerrogativas de igualdad y no discriminación, así como del principio de reinserción social.
SEGUNDO. Los artículos 168, fracción XV y 169, fracción XII, de la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, que establecen una multa a las personas que agredan verbalmente a los inspectores de transporte en ejercicio de sus funciones, implica una indeterminación en la conducta sancionable, ya que cualquier acto de expresión de ideas podría ser susceptible de sanción administrativa, por lo que al no permitir que las personas tengan certeza de las conductas que podrían ser objeto de sanción, se vulnera el derecho de seguridad jurídica y libertad de expresión.
Las normas impugnadas permiten un margen de aplicación muy amplio e injustificado ya que autoriza que, bajo categorías ambiguas y subjetivas, cualquier acto de expresión de ideas sea susceptible de una sanción administrativa, si es calificado como agresión por la autoridad a la que se infieran. Así, constituyen una restricción indirecta carente de sustento constitucional, al permitir que la autoridad chihuahuense pueda determinar discrecionalmente cuando un sujeto expresa una agresión verbal a la autoridad, ya sea una ofensa, insulto o falta de respeto, que lo haga acreedor a la imposición de una sanción.
Por tanto, la calificación de la agresión verbal ya sea en forma de insulto, ofensa o falta de respeto no responderá a criterios objetivos, sino que quedan en el ámbito estrictamente personal. En esa medida, la relatividad del grado de afectación puede variar entre cada persona, bien sea por la determinación de su carácter, su estimación personal, su entorno social, familiar e incluso educativo, que definirán cuando algún tipo de expresión pudiera resultarle altamente injurioso, mientras que para otros no representaría ningún tipo de afectación.
Por tales razones, ese tipo de actos adolece de un amplio margen de apreciación, al no permitir discernir en todos los casos cuando una conducta pudiera resultar en una agresión verbal en forma de insulto, ofensa o falta de respeto, ya que la valoración de sentirse agraviado queda en la estricta esfera personal de los sujetos; sin que el individuo a quien se dirige la sanción tenga la certeza de que con su conducta pueda o no actualizar la acción que conforma el supuesto impugnado.
4. Admisión y trámite. Por acuerdo de seis de agosto de dos mil veinte, el entonces Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad promovida por diversos Diputados Integrantes de la LXVI Legislatura del Congreso de Chihuahua, a la que correspondió el número de expediente 172/2020 y designando como instructora del procedimiento a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández.
5. Con fecha once de agosto siguiente, el entonces Ministro Presidente de esta Suprema Corte ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, asignándole el número de expediente 211/2020, observando de la lectura inicial al medio de impugnación que había relación con la acción identificada con el número 172/2020, ya que en ambos expedientes se impugna el mismo Decreto legislativo, por lo que se decretó la acumulación del expediente a éste, ordenado turnar los autos a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández.
6. Mediante acuerdo de diecinueve de agosto de dos mil veinte, la Ministra Instructora admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad, ordenando dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Chihuahua, para que rindieran su informe respectivo dentro del plazo de quince días hábiles y enviaran copias certificadas de los antecedentes legislativos de las normas impugnadas, ordenando dar vista a la Fiscalía General de la República, así como a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, para que hasta antes del cierre de instrucción manifestaran lo que a su representación correspondiera.(1)
7. Informe del Poder Legislativo Estatal. Por escrito recibido a través del sistema electrónico de este Alto Tribunal el diecinueve de septiembre de dos mil veinte, el Poder Legislativo Local rindió sus respectivos informes.
8. En relación con la acción de inconstitucionalidad 172/2020, promovida por diversos Diputados Integrantes de la LXVI Legislatura del Congreso de Chihuahua, expuso lo siguiente:
Primero. No le asiste la razón a la minoría legislativa, pues el Decreto impugnado no fue aprobado con urgencia, dado que el análisis del proceso legislativo dentro del Congreso del Estado se llevó a cabo del 12 de febrero al 18 de marzo de ese año, cumpliéndose con los artículos 87, 88, 89, 97, 99, 189, 190 y 197 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, que rigen las etapas del procedimiento legislativo.
Del procedimiento legislativo se desprende que fueron debidamente convocados los integrantes de la Comisión Legislativa a las sesiones de trabajo que se estimaron necesarias para la elaboración del dictamen que posteriormente aprobó la mayoría parlamentaria del Congreso local, sesiones a las cuales asistieron la mayoría de los integrantes de la propia Comisión, y si sólo firmó el dictamen respectivo el Presidente de ésta tal circunstancia o supuesto procedimental no puede tener como consecuencia la invalidez de la norma general aprobada por la Asamblea General, ya que sí se cumplió con la finalidad esencial de este tipo de procedimiento que es oír y atender las propuestas de las diferentes corrientes que integran tanto a la Comisión legislativa como la propia Asamblea General.
Así, las iniciativas presentadas el once y el veinte de febrero de dos mil veinte que dieron lugar al Decreto impugnado, fueron dictaminadas en el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones que inició el uno de marzo de dos mil veinte, tal como lo establece el artículo 48 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua. Aunado a que debido a la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia de COVID-19, el Pleno del H. Congreso del Estado expidió el Acuerdo No. LXVl/URGEN/0441/2020 II P.O., en el cual se estableció en su artículo primero que a partir las actividades legislativas ahí previstas tendrían el carácter de privadas.
Además, no le asiste la razón respecto de que no hubo deliberación democrática ya que del análisis del proceso legislativo se aprecia que fueron varias las reuniones que se llevaron a cabo donde se tomaron las opiniones de las diversas fuerzas políticas, así como de las ciudadanía, que culminó con la reunión de la Comisión de Obras, Servicios Públicos y Desarrollo Urbano donde fue aprobado por cuatro de sus cinco integrantes y en la sesión de Pleno de 18 de marzo de 2020 con 24 votos a favor, 2 abstenciones y 7 votos no registrados donde se aprobó el dictamen por el que se expide la Ley de Transporte para el Estado de Chihuahua.
Por tanto, en el caso se cumplieron los estándares fijados por el Alto Tribunal para la validez procedimiento legislativo y así no trastocar los atributos democráticos finales de la decisión:
1) El procedimiento legislativo respetó el derecho a la participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, en condiciones de libertad e igualdad, pues fueron tomadas en cuenta dentro del proceso para la expedición de la norma, ya que como puede apreciarse en la Sesión de Pleno fue discutido el dictamen tanto en lo particular como en lo general y se hicieron dos reservas de diputados de los partidos Encuentro Social y Morena.
2) El proceso deliberativo culminó con la correcta aplicación de las reglas de votación, pues se hizo en estricto apego a lo que establecen los artículos 195, 196, 197, 199, 200, 201 y 202 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los diversos 131, 132 y 135 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias del Poder Legislativo, ambos del Estado de Chihuahua.
3) Tanto la deliberación parlamentaria como las votaciones deben ser públicas lo cual, si bien es cierto al momento que se llevó a cabo la sesión del Pleno del Congreso donde se aprobó el dictamen por el que se expide la Ley de Transporte, se destaca que en esa fecha se emitió el Acuerdo No. LXVl/URGEN/0441/2020 11 P.O del Pleno del Congreso del Estado, con motivo de la pandemia ocasionada por el COVID-19 en cuyo punto primero se estableció que a partir del 17 de marzo de 2020 las sesiones de los órganos del Congreso del Estado tendrían el carácter de privadas, ello con la finalidad de evitar las congregaciones masivas en ambientes cerrados. Lo cual sin embargo no impidió que la sesión fuese pública al haberse transmitido en vivo a través del portal de internet del Congreso y por diversos medios tecnológicos, tales como redes sociales.
Los estándares marcados por la Suprema Corte para preservar el principio de deliberación democrática están cumplidos. Por lo que no puede construirse como motivo de invalidez del Decreto atendiendo a la duración de las sesiones que culminaron con su aprobación, pues el proceso legislativo debe analizarse de modo integral y no a partir de una sesión concreta. Así, la violación al principio de deliberación parlamentaria ocurre cuando se vulnera la posibilidad de la minoría de intervenir deliberativamente y no atendiendo a la duración temporal de una sesión concreta en la que no se obstruyó la participación deliberativa de ningún parlamentario.
El argumento relativo a que existieron vicios en el procedimiento legislativo es infundado porque la Comisión Legislativa a la que le correspondió la elaboración del dictamen sesionó con el quórum legalmente requerido y lo aprobó con el voto de la mayoría de sus integrantes. Además, de haber existido una violación en esa etapa del procedimiento, no implicaría la invalidez de la norma, dado que dicho dictamen fue aprobado por el Pleno del Congreso del Estado de Chihuahua y promulgado por el Poder Ejecutivo Estatal, con lo que convalidaría la supuesta cualquier irregularidad, por lo que, en todo caso, la violación al procedimiento legislativo alegada no trasciende a las normas generales cuestionadas.
Segundo. No constituye una violación al procedimiento legislativo la ausencia de audiencia a los concesionarios que estarían sujetos a la nueve Ley de Transporte del Estado, pues la garantía de audiencia no aplica tratándose del procedimiento legislativo y sin embargo, lo cierto es que se realizaron varios foros para escuchar la opinión de la ciudadanía y las partes vinculadas a la materia de la ley.
Por otro lado, resulta infundado que con la nueva Ley de Transporte, se atente contra derechos adquiridos por parte de los concesionarios, pues debe tomarse en cuenta el contenido del artículo quinto transitorio de dicho ordenamiento.
Al respecto, las cláusulas regulatorias consisten en las estipulaciones que determinan las condiciones de las autorizaciones, concesiones, licencias y permisos pudiendo ser modificadas por el Estado atendiendo al interés de la colectividad, de manera que cuando se reforma la legislación, se modifican igualmente los términos y condiciones, sin que para ello sea necesario el consentimiento del gobernado. En esa tesitura, cuando el Estado modifica dichas condiciones generales no se afectan derechos adquiridos del concesionario.
La regulación sobre las concesiones en una norma general es un acto de derecho público administrativo, donde el Estado se encuentra facultado para llevar a cabo la regulación de esa actividad, siendo estos aspectos regulatorios distintos a las relaciones entre privados o de igualdad. Así, el Estado puede normar el otorgamiento, mantenimiento y cancelación de las concesiones, así como la modificación de dicha normatividad sin que ello implique una violación de derechos humanos, pues no hay un derecho humano a mantener una concesión del Estado para explotar un bien público.
Finalmente es infundado que la Ley combatida sea privativa pues no pierde su vigencia cuando se colme el supuesto jurídico ahí previsto, sino que sigue vigente en el tiempo para los demás supuestos que puedan encuadrarse. 9. Por su parte, en el informe relativo a la acción de Inconstitucionalidad 211/2020, sostuvo lo siguiente:
Aduce que el artículo 137, fracción III, de la Ley de Transporte local no es contrario a los derechos de igualdad, no discriminación, ni atenta contra la libertad de trabajo, ya que no está prohibido que el legislador prevea distinciones de trato cuando estas son objetivas y razonables. En ese sentido, la medida controvertida garantiza un fin constitucionalmente válido como lo es diverso derecho humano a la seguridad pública previsto en el artículo 21 constitucional que dispone que es deber de las autoridades adoptar medidas preventivas y de aseguramiento de la paz social, aunado a que al garantizarse la seguridad pública, se posibilita el ejercicio de otros derechos de las personas.
Además, la relación entre la medida adoptada y el fin perseguido no es solo identificable, sino también estrecha a la luz del propio artículo 21 constitucional, el cual reconoce la existencia y funcionalidad de las bases de datos criminalísticos y la posibilidad de generar con la información que contienen, políticas públicas tendientes a dotar a la sociedad de confiabilidad.
Los artículos 168, fracción XV y 169, fracción XII, de la Ley de Transporte para el Estado de Chihuahua que prevén una multa por agredir verbalmente a inspectores de transporte no violentan la seguridad jurídica toda vez que es de todos conocido el tipo de palabras o actos que son señas inequívocas de agresión a cualquier persona: palabras altisonantes y señas obscenas. Por el contrario, tratan de imponer una debida actuación de ambas partes.
Tampoco vulneran la libertad de expresión, pues tomando en cuenta que ésta tiene limitantes (respetar la vida privada, la moral y la paz pública), el excederlos puede conllevar al infractor sanciones de carácter administrativo, pues no se puede concebir el derecho a la libertad de expresión expresando palabras o frases agresivas u ofensivas de los gobernados hacia el personal de las fuerzas policiacas o de vialidad.
Así, de conformidad con el criterio del propio Alto Tribunal las frases vejatorias e impertinentes no están protegidas porque no hay un "derecho al insulto" y bajo esa perspectiva no se puede estimar que la medida suponga una violación a la libertad de expresión.
10. Informe del Poder Ejecutivo Estatal. Mediante escritos recibidos el dieciocho de septiembre de dos mil veinte a través del sistema electrónico de este Alto Tribunal, el Poder Ejecutivo Local rindió sus informes.
11. En cuanto a la demanda promovida por diversos Diputados Integrantes de la LXVI Legislatura del Congreso de Chihuahua, expuso lo siguiente:
Primero. Manifiesta que la minoría legislativa no específica cuál fue la falta al proceso y cuáles las porciones normativas violentadas, limitándose a señalar de forma somera que se violó el principio de deliberación democrática al haberse votado la iniciativa con urgencia y a puerta cerrada.
A pesar de la contingencia sanitaria por COVID-19, lo cierto es que la sesión de dieciocho de marzo de dos mil veinte en la que se aprobó el dictamen de la Comisión de Obras, Servicios Públicos y Desarrollo Urbano sobre la iniciativa de la Ley de Transporte, se realizó con el quórum legal (veintiún de treinta y tres diputados).
Por otra parte, la Comisión instauró reuniones de trabajo regionales con los diversos actores del ramo y con el público en general (ocho reuniones) en las que se presentaron propuestas, inquietudes y comentarios por parte de las personas participantes, aunado a que en el dictamen se atendieron las quince peticiones de los transportistas. Además, el dictamen fue aprobado por el Pleno del Congreso con veinticuatro votos a favor, cero en contra y dos abstenciones.
Así, el procedimiento legislativo necesario y bajo las reglas que marcan los ordenamientos jurídicos aplicables, por lo que cualquier violación formal no resulta suficiente para declarar la invalidez; por tanto, al no existir vicios en el procedimiento legislativo debe determinarse la validez del Decreto por medio del cual se expidió la Ley de Transporte del Estado.
Segundo. Sostiene que la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, no constituye una norma privativa, ni viola el principio de irretroactividad, ya que los derechos de los cuales se priva a los concesionarios no son derechos adquiridos, sino meras expectativas de derecho.
En efecto, si bien la Ley deja de establecer en sus artículos 83 y 91 la posibilidad de recibir una concesión sin participar en concurso, en el supuesto de fallecimiento o incapacidad permanente del conductor de un vehículo, lo cierto es que tal posibilidad no configura un derecho adquirido, en tanto se refiere a una situación que pudiera actualizarse siempre que concurran ciertas circunstancias de modo y tiempo, las cuales no han sucedido aún, por lo que en estricto sentido no se está privando de ningún derecho.
Sobre el particular, precisa que la finalidad de la reforma además de modernizar y garantizar el derecho a la movilidad de los ciudadanos fue la de desaparecer todas aquellas prácticas que vulneraran el derecho el funcionamiento del transporte público, como lo era la posibilidad de acceder a una concesión sin pasar por el procedimiento específicamente diseñado para asegurar que quienes presten el servicio lo hagan en las condiciones pactadas en la ley para ello.
Tampoco viola el principio de irretroactividad, el que la nueva Ley de Transporte local ya no establezca que las concesiones y permisos puedan ser otorgados hasta por veinte años, ya que conforme al nuevo régimen al fenecer la vigencia de la concesión o permiso los titulares podrán solicitar la renovación por un término igual, de tal suerte que una vez transcurrido el periodo de la renovación, el permiso o concesión se someterá a un nuevo concurso, pues ello también constituye una expectativa de derecho, en tanto se trata de una prerrogativa que no ha entrado en el patrimonio del titular de la concesión o permiso, sino que únicamente se trata de una posibilidad planteada por la Ley.
Finalmente el artículo quinto transitorio del decreto por el cual se expidió la Ley de Transporte, establece que las autorizaciones, concesiones, licencias y permisos otorgados durante la Ley abrogada continuarán operando por el plazo por el que fueron adquiridos, con lo que se respeta un derecho adquirido, pues no se priva de la titularidad, ni se afecta su vigencia o se retira del patrimonio, estableciendo únicamente un plazo para que se adecuen a las condiciones de organización y funcionamiento de la nueva ley, sin afectar ningún elemento que permita su explotación.
Además, la Primera Sala del Alto Tribunal ha determinado que la concesión constituye un acto jurídico mixto por contener cláusulas o condiciones de orden contractual y otras de naturaleza regulatoria. Así mientras en las primeras se materializan las ventajas económicas en favor del concesionario, que el Estado no puede variar sin concurrir la voluntad de aquél so pena de afectar derechos adquiridos del concesionario; las de carácter regulatorio determinan las condiciones de la concesión y se encuentran vinculadas al marco legal que regula los términos generales de las concesiones, a los que deberán sujetarse los concesionarios y los cuales se modifican cuando se reforma la legislación relativa, sin que para ello sea necesario el consentimiento del gobernado, de ahí que las condiciones regulatorias no pueden crear derechos adquiridos.
Aunado a que tratándose del servicio público de transporte el legislador tiene la facultad de modificar el marco normativo de acuerdo con las necesidades que demande la sociedad, por lo que el concesionario debe ajustarse en cada momento a los lineamientos fijados por el orden jurídico.
Ahora bien, el artículo Quinto Transitorio del Decreto por medio del cual se expidió la Ley impugnada, no viola el principio de irretroactividad pues no se violan derechos que han entrado en su patrimonio, aunado a que el plazo de doce meses otorgado para que los titulares de autorizaciones, licencias, permisos o concesiones se ajusten a los parámetros de la nueva ley no constituye sino una condición regulatoria del servicio público de transporte, vinculada con la normatividad relativa, que no puede crear derechos adquiridos.
12. En lo que respecta a la acción de Inconstitucionalidad 211/2020 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, medularmente señaló:
El artículo 137, fracción III, de la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua no transgrede los derechos de igualdad, no discriminación y de libertad de trabajo al establecer como requisito para ser conductor de las empresas de redes de transporte no haber recibido sentencia condenatoria por la comisión de un delito doloso. Ello ya que el Tribunal Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito al resolver la contradicción de tesis 7/2015, determinó que tratándose de servicios públicos concesionados se desempeñan actividades propias de un servicio cuya satisfacción corresponde propiamente al Estado, por lo que los concesionarios quedan sujetos al cumplimiento de las condiciones que se estimen necesarias para garantizar la satisfacción de los intereses sociales involucrados. Así, aunque la participación de los particulares en la prestación de dicho servicio no es forzosa, el establecimiento y observancia del marco regulador establecido para la consecución o tutela de los intereses sociales involucrados, no puede considerarse optativo ni para el Estado, ni para el particular que decide participar en dichas actividades.
Bajo ese contexto, el requisito previsto en el precepto impugnado supone una regulación de la forma en que los particulares participan en la prestación de un servicio que en principio corresponde al Estado, el cual la establece en su calidad de garante de los intereses sociales involucrados en la prestac
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33720-e5ab6f90/i-accion-de-inconstitucionalidad-las-personas-diputadas-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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