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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES Y NACIONALES CON REGISTRO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER ESTATAL. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 11, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, QUE ESTABLECE QUÉ PERSONAS O NO PUEDEN SER CONSIDERADAS COMO NATIVOS DE LA ENTIDAD, CONSTITUYE UNA LEY ELECTORAL PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE ESE MEDIO DE CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD. IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. RIGE UNA DEFINICIÓN AMPLIA SOBRE LO QUE DEBE ENTENDERSE POR UNA NORMA GENERAL DE NATURALEZA ELECTORAL, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. V. NORMAS QUE PREVÉN LAS CONDICIONES PARA CONSIDERAR A UNA PERSONA NATIVA DE UNA ENTIDAD. EL HECHO DE QUE TENGAN UNA INCIDENCIA NORMATIVA AMPLIA, NO IMPLICA, POR SÍ, UNA IRRELEVANCIA PARA LA MATERIA ELECTORAL. VI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LAS VIOLACIONES PROCESALES DEBEN EXAMINARSE PREVIAMENTE A LAS VIOLACIONES DE FONDO, PORQUE PUEDEN TENER UN EFECTO DE INVALIDACIÓN TOTAL SOBRE LA NORMA IMPUGNADA, QUE HAGA INNECESARIO EL ESTUDIO DE ÉSTAS. VII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL EJERCICIO DE LA EVALUACIÓN DE SU POTENCIAL INVALIDATORIO. VIII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. DEBE RESPETAR LA EXPRESIÓN Y DEFENSA DE LA OPINIÓN DE LAS MAYORÍAS Y MINORÍAS PARLAMENTARIAS, ASÍ COMO LOS LINEAMIENTOS RELACIONADOS CON EL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN DELIBERATIVA. IX. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. EVOLUCIÓN DE LOS CRITERIOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN SOBRE VIOLACIONES INVALIDANTES Y NO INVALIDANTES, A FIN DE PRIVILEGIAR LA SUBSISTENCIA DE LOS PROCESOS LEGISLATIVOS. X. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ. FASES QUE LO COMPONEN (DECRETO NÚMERO 240, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 11 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL ONCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS). XI. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. ASPECTOS RELEVANTES DEL QUE DIO LUGAR AL DECRETO IMPUGNADO (DECRETO NÚMERO 240, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 11 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL ONCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS). XII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. AUN CUANDO EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE CULMINÓ CON EL DECRETO IMPUGNADO TUVO CIERTAS DEFICIENCIAS, NO EXISTEN VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO CON POTENCIAL INVALIDANTE (DECRETO NÚMERO 240 POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 11 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL ONCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS). XIII. CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR. LAS ENTIDADES FEDERATIVAS TIENEN LIBERTAD CONFIGURATIVA PARA IMPONER REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA SER VOTADO PARA DICHOS CARGOS, SIEMPRE QUE SE CUMPLAN LOS LINEAMIENTOS CONSTITUCIONALES Y SE GUARDE RAZONABILIDAD EN CUANTO A LOS FINES PERSEGUIDOS Y SEAN ACORDES A LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 11, FRACCIÓN III, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "CON HIJOS VERACRUZANOS O", DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). XIV. DERECHO A SER VOTADO. LOS REQUISITOS PARA OCUPAR CARGOS PÚBLICOS DE ELECCIÓN POPULAR SÓLO PUEDEN SER LOS DERIVADOS DIRECTAMENTE DE LOS DIVERSOS DE ELEGIBILIDAD (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 11, FRACCIÓN III, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "CON HIJOS VERACRUZANOS O", DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). XV. CALIDAD DE PERSONA NATIVA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. LA PREVISIÓN LEGAL QUE LA ESTABLECE TIENE LAS CARACTERÍSTICAS DE GENERALIDAD, ABSTRACCIÓN E IMPERSONALIDAD PARA SER CONSIDERADA COMO UNA NORMA GENERAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 11, FRACCIÓN III, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "CON HIJOS VERACRUZANOS O", DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). XVI. CALIDAD DE PERSONA NATIVA DE UN ESTADO DE LA REPÚBLICA. LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN DE LOS CONGRESOS LOCALES PARA DETERMINAR QUÉ PERSONAS SE UBICAN EN ESE SUPUESTO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 11, FRACCIÓN III, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "CON HIJOS VERACRUZANOS O", DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). XVII. CALIDAD DE PERSONA NATIVA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. LA NORMA QUE ESTABLECE QUE SE UBICAN EN ESE SUPUESTO LOS NO NACIDOS EN EL TERRITORIO DEL ESTADO CON HIJOS VERACRUZANOS, IRRUMPE EN LOS REQUISITOS TASADOS CONSTITUCIONALMENTE P

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 125/2022 Y SUS ACUMULADAS 127/2022 Y 128/2022. · Registro digital (IUS): 31488
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2023-06-02
Promovente: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 26, Junio de 2023, Tomo I, Pág.807.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 125/2022 Y SUS ACUMULADAS 127/2022 Y 128/2022. PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 31 DE ENERO DE 2023. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: MIGUEL ANTONIO NÚÑEZ VALADEZ.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 125/2022 y sus acumuladas 127/2022 y 128/2022, promovidas por las dirigencias nacionales del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática, así como por el Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en contra de la adición normativa reflejada en la fracción III del artículo 11 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación del escrito inicial. El nueve y diez de septiembre de dos mil veintidós, respectivamente, los partidos políticos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) promovieron acciones de inconstitucionalidad. En sus respectivas demandas, señalaron como autoridades demandadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y solicitaron la declaratoria de invalidez de la fracción III del artículo 11 de la Constitución Local, adicionada mediante Decreto 240, publicado el once de agosto de dos mil veintidós en la Gaceta Oficial de dicha entidad federativa. Asimismo, el propio diez de septiembre de dos mil veintidós, el presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave presentó un diverso escrito en el que señaló su intención de promover una acción de inconstitucionalidad en contra de la adición referida.

2. Conceptos de invalidez. En dichos escritos, los actores expusieron diferentes puntos de vista en torno a la inconstitucionalidad de la norma cuestionada.

3. Por un lado, el PAN expresó lo siguiente a través de un único concepto de invalidez:(1)

a) Único. El Decreto Número 240 viola el principio de legalidad y seguridad jurídica, contenidos en los artículos 14 y 16, en relación con los diversos 116, fracción I, 124 y 133 todos de la Constitución Federal. El decreto reclamado resulta violatorio de los principios de legalidad y seguridad jurídica previstos en los artículos 14 y 16, en relación con el diverso 116, fracción I, último párrafo, que establece como requisito tasado para ser electo al cargo de gobernador el de haber nacido en la entidad federativa correspondiente o, alternativamente, el requisito de residencia efectiva de cuando menos cinco años.

b) Bajo pretexto de otorgar una protección garantista, el Congreso Local amplía los criterios para considerar a una persona veracruzana (nativa) por el solo hecho de que sus hijos hayan nacido en esa entidad federativa y tengan residencia efectiva de cinco años; situación que no se encuentra contemplada en la Constitución General ni en ni ninguna Constitución Local.

c) El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado en el último párrafo de la fracción I del artículo 116 constitucional algunos requisitos para acceder al cargo de gobernador que resultan indisponibles para el legislador local; es decir, que son constitucionalmente tasados. Específicamente, en la acción de inconstitucionalidad 74/2008, el Tribunal Pleno analizó esos requisitos de manera exhaustiva y señaló que sólo pueden ser gobernadores de un Estado: 1) todos los ciudadanos mexicanos y nativos de la entidad de que se trate, sin restricción de residencia alguna; y, 2) todos los ciudadanos mexicanos no nativos del Estado, con una residencia efectiva no menor de cinco años inmediatamente anteriores al día de los comicios.

d) Ahora bien, una interpretación posible de la norma que se analiza es que ésta solamente resulta aplicable a los no nativos de la entidad federativa cuando tengan residencia efectiva de 5 años; de esa manera, se agrega un supuesto más para considerar que serán nativos de la entidad federativa y, por ende, elegibles siempre que tengan hijos nacidos en su territorio. De ahí que se advierta una deficiente y dolosa regulación.

e) Más bien, al establecer los requisitos para ocupar el cargo de gobernador, el legislador local decidió desarticular uno de los requisitos establecidos en el precepto constitucional referido y omitir de manera absoluta el requisito de ser nativo de la entidad federativa para poder ocupar dicho cargo, puesto que ese carácter sólo se adquiere por haber nacido en el territorio y ser descendiente de veracruzanos, mas no ascendientes de los mismos. Por tanto, esa deficiencia debe considerarse como una modulación de un requisito constitucionalmente tasado que restringe el derecho al voto pasivo en el artículo 35, fracción II, constitucional, contrario al parámetro constitucional.

f) Adicionalmente, es evidente que la medida legislativa impugnada brinda un trato desigual injustificado a quienes son nativos de la entidad, en contravención al principio de igualdad, careciendo de razonabilidad legislativa y de una debida motivación que la justifique.

4. Por su parte, el PRD expuso cuatro conceptos de invalidez,(2) alegando diversos motivos de inconstitucionalidad:

a) Primero. Violaciones al principio de seguridad jurídica porque la norma no cumple los principios de impersonalidad, abstracción y generalidad. El decreto reclamado no cubre la impersonalidad, abstracción y generalidad que toda ley debe cumplir, violentando así el artículo 13 de la Constitución Federal, que desde una interpretación conforme, prohíbe que una ley pueda ser en beneficio o perjuicio de una persona o grupo de personas en particular. Es por ello, que bajo el pretexto de que dicho decreto tendrá como objetivo dar a las personas que llegan al Estado de Veracruz –sin ser originario ni vecino, pero con un hijo nacido en Veracruz– la calidad de ciudadano de ese Estado; para así violar su espíritu y realizar un fraude a la ley.

b) Segundo. Violaciones al principio de seguridad jurídica por no seguirse las formalidades esenciales del procedimiento legislativo. El artículo 84 de la Constitución Política del Estado de Veracruz establece la facultad del Congreso del Estado para realizar reformas a la misma, las cuales deben ser aprobadas por las dos terceras partes de los miembros del Congreso y de la mayoría de los Ayuntamientos. Asimismo, la "Ley Reglamentaria del Artículo 84 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en Materia de Reformas Constitucionales Parciales", establece el apego al procedimiento legislativo como requisito de una procedencia en una reforma constitucional, tal y como se señala en sus numerales 3 y 6.

c) Si dichos preceptos no son cumplidos, existe un vicio de origen en la norma, toda vez que el acto legislativo es una unidad indisoluble y al existir una falla en una de las partes que lo constituyen, se contamina la totalidad del acto. Cita en apoyo la jurisprudencia de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS ACTOS QUE INTEGRAN EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO SÓLO PUEDEN IMPUGNARSE A PARTIR DE QUE ES PUBLICADA LA NORMA GENERAL."

d) En ese sentido, se estima que en el caso existe un vicio en el proceso legislativo, debido a que la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales no convocó a reunión para recibir la iniciativa y darle lectura y, por consiguiente, no se difundió en medios electrónicos, aun cuando los artículos 45, párrafos primero y tercero y 106, párrafo primero, del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado de Veracruz así lo requiere.

e) Por el contrario, la iniciativa fue turnada a dicha Comisión, la cual se encuentra conformada por tres diputados, y únicamente fue dictaminada por dos, quienes son integrantes del partido Morena; lo que a su parecer representa un conflicto de interés. Además, la presidencia de la Comisión Permanente de Justicia no hizo pública la convocatoria, orden del día, ni documentos que sirvieran para analizar de mejor manera la "iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción III al artículo 11 de la Constitución Política del Estado", con por lo menos 48 horas de anticipación, tal y como lo señalan los párrafos cuarto y sexto del artículo 38 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Veracruz.

f) Tercero. Violaciones al principio de seguridad jurídica por no seguirse las formalidades esenciales del procedimiento legislativo. Se violenta el procedimiento ordinario establecido en la referida ley reglamentaria. Tanto ese ordenamiento, como el propio numeral 84 de la Constitución Local, establecen dos procedimientos para aprobar las reformas parciales de carácter constitucional en la entidad. El primero de ellos, es el "procedimiento ordinario", el cual se aplica para toda reforma constitucional emanada de cualquier persona que el artículo 34 de la Constitución Local le da el derecho de presentar una iniciativa y que sólo tiene que ser aprobado en un solo periodo ordinario de sesiones por las dos terceras partes de los diputados que integran el Pleno del Congreso y con la aprobación de la mayoría de los Ayuntamientos.

g) El segundo, es el "procedimiento especial", el cual se instituyó para aquellas reformas a la Constitución Local cuando existe un decreto de reforma a la Constitución Federal, en el que se ordene a las Legislaturas Locales adecuar sus Textos Constitucionales al sentido de aquél, o cuando se hiciere necesario adecuar la Constitución Local a disposiciones emanadas de las leyes nacionales, únicas o generales expedidas por el Congreso de la Unión, o como consecuencia de declaratorias de invalidez emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Procedimiento que basta con que la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales y la Junta de Coordinación Política propongan al Pleno que declaran iniciar ese procedimiento, para que el decreto de reforma pueda ser aprobado en un solo periodo ordinario o extraordinario de sesiones y sin la necesidad de la aprobación de la mayoría de los Ayuntamientos.

h) Bajo ese tenor, se considera que el Congreso Local violenta lo establecido dentro del procedimiento ordinario de la ley reglamentaria en cita, al darle una interpretación a modo; ello, toda vez que del Decreto 3 que reforma y deroga diversas disposiciones de la ley reglamentaria en comento, publicado en la Gaceta Oficial el 4 de diciembre de 2018, se perseguía la eliminación de la segunda aprobación por parte del Congreso del Estado de los proyectos de reformas constitucionales en procedimientos ordinarios, conculcado en el artículo 7 de esa ley reglamentaria; ya que antes de la reforma, señalaba que las reformas parciales de la Constitución veracruzana en procedimientos ordinarios se tenían que aprobar en dos periodos ordinarios de sesiones.

i) De conformidad con la multicitada ley reglamentaria del artículo 84, los dictámenes formulados por las Comisiones del Congreso, relativos a proyectos de decreto de reforma constitucional, se enlistan para su aprobación en la sesión de Pleno inmediata, pero debe ser sesión ordinaria, toda vez que corresponde a un procedimiento ordinario. Entonces, si dicha ley permitiera que los dictámenes de reformas constitucionales en un "procedimiento ordinario" pudieran darse en un periodo distinto al ordinario, lo haría distinguir dentro de este procedimiento, tal y como lo hace para el "procedimiento especial" de conformidad con los artículos 14 y 16.

j) Ahora bien, el decreto reclamado no busca dar cumplimiento a un decreto que emane de la Constitución Federal en el que se ordene a la Legislatura Local adecuar sus Textos Constitucionales al sentido de aquél, o que se haga necesario adecuar la Constitución Local a disposiciones emanadas de una ley nacional o general expedidas por el Congreso de la Unión o se esté dando cumplimiento a una declaratoria de invalidez emitida por la Suprema Corte; única justificación para que se haya realizado en un periodo extraordinario de sesiones. Inclusive, para que una reforma parcial a la Constitución Local emanada de un procedimiento ordinario pueda ser votada en un periodo extraordinario de sesiones, la ley reglamentaria lo debiera establecer como tal, así como determinar sus consecuencias.

k) Cuarto. Inconstitucionalidad por violaciones al derecho de votar y ser votado. Al margen de las violaciones procesales, se alega que el decreto reclamado violenta los derechos de los ciudadanos veracruzanos de votar y ser votados y, como consecuencia, su derecho de acceso al poder público previsto en los artículos 1o.; 13; 30, inciso a); 34; 36, fracción IV; 55, fracciones I y III; 82, fracciones I y II; 116, fracción I, párrafo quinto, y 133 de la Constitución Federal; así como en los diversos 2; 4, párrafos décimo y décimo primero; 11; 43, fracciones I y II; y 80 de la Constitución Local.

l) En efecto, el Congreso Local transgrede el marco normativo constitucional, al extralimitarse y darle la categoría de "veracruzanos" a todas las personas nacidas fuera del territorio del Estado, siempre y cuando tenga "hijos veracruzanos" –aunque ellos no tengan residencia en Veracruz–, o con una residencia efectiva de cinco años en el territorio. De tal forma que, cualquier persona nacida en cualquier otra entidad del país o del extranjero, y que, por el hecho de haber tenido un hijo nacido en Veracruz, se convertirá en veracruzano, aunque no viva o nunca haya vivido en dicho Estado.

m) El artículo 30 de la Constitución Federal prevé como mexicanos por nacimiento a los que nazcan en el territorio o a los hijos de padre, madre o padres mexicanos y del mismo modo, es que las treinta y dos Constituciones de las entidades federativas en el país prevén ello. Es decir, como nativos de sus Estados, a los nativos en su territorio o a los hijos de padre, madre o padres originarios de esa entidad, tal y como se establecía en la Constitución de Veracruz.

n) En esa línea, se introduce un supuesto normativo que contraviene dicho precepto constitucional y, con ello, se violenta lo establecido en el artículo 133 de la Constitución Federal; por lo que el Congreso del Estado se extralimita en sus atribuciones.

o) Del mismo modo, el Texto Constitucional es claro respecto a que el otorgamiento de la nacionalidad mexicana por nacimiento no es extensivo a otros supuestos no previstos expresamente por el Constituyente; es decir, las hipótesis establecidas en el artículo 30, inciso a), de la Constitución Federal deben interpretarse de manera estricta, pues se destinan sólo a los sujetos que están explícitamente contemplados en la norma (supuestos que son limitativos y no enunciativos); por lo que no puede interpretarse de otra manera. Criterio que se dejó establecido en la tesis de jurisprudencia de rubro: "NACIONALIDAD MEXICANA POR NACIMIENTO. EL ARTÍCULO 30, INCISO A), FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS NO ES EXTENSIVO A SUPUESTOS NO PREVISTOS EXPRESAMENTE."

p) Por otro lado, pide que se realice una interpretación conforme de las normas cuestionadas y, finalmente, solicita la suspensión de sus efectos.

5. De igual manera, en el diverso escrito presentado por el Comité Ejecutivo Estatal del PRD en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave se afirmó que la citada norma reclamada era inconstitucional por violaciones en el procedimiento, por vulnerar el principio de supremacía constitucional y por detentar inconsistencias en torno a los requisitos de elegibilidad para las y los gobernadores, establecidos en el artículo 116, fracción I, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

6. Admisión, desechamiento y trámite. El trece y diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, el Ministro presidente de esta Suprema Corte registró las acciones de inconstitucionalidad bajo los números de expediente 125/2022 (la del PAN), 127/2022 (la del PRD) y 128/2022 (la del CEE del PRD en Veracruz), decretando su acumulación y designando como instructor del procedimiento al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

7. Bajo ese tenor, el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, el aludido Ministro instructor recibió el expediente y emitió un acuerdo en el que adoptó las siguientes determinaciones: En primer lugar, desechó la acción de inconstitucionalidad 128/2022 por encontrarse un motivo manifiesto e indudable consistente en la falta de legitimación procesal activa. Esto es así, pues la demanda fue promovida por el Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave a través de su presidente; sin embargo, conforme a la legislación aplicable, tal actuación es improcedente, toda vez que el PRD cuenta con registro ante el Instituto Nacional Electoral y entonces debe comparecer éste por conducto de su dirigencia nacional.

8. En segundo lugar, el Ministro instructor admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad 125/2022 y su acumulada 127/2022, promovidas por el PAN y el PRD; consecuentemente, ordenó que se les diera vista de las mismas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para que rindieran su informe y enviaran los documentos que integran el proceso legislativo del decreto impugnado, así como un ejemplar del Periódico Oficial de la entidad, respectivamente; asimismo, le dio vista del asunto al fiscal general de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal.

9. Por su parte, le solicitó al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral que enviara los estatutos vigentes del PAN y del PRD, así como la certificación de su registro vigente y quiénes son sus representantes. Finalmente, requirió al presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la remisión de su opinión, así como a la consejera presidenta del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz el informe sobre la fecha de inicio del próximo proceso electoral.

10. Comienzo del próximo proceso electoral. Mediante oficio número OPLEV/SE/DEAJ/453/2022, el secretario ejecutivo del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz desahogó el requerimiento formulado. En dicho documento informó que el Consejo General del Organismo debe aprobar el calendario del proceso electoral local y ahí se determinará su inicio; lo que, en términos del artículo 169 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, debe ser en los primeros diez días del mes de noviembre del año dos mil veintitrés.

11. Informe del Poder Legislativo. Por escrito enviado el once de octubre de dos mil veintidós y recibido el dieciocho siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la directora de Servicios Jurídicos rindió el informe en representación del Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. En tal escrito se argumentó lo siguiente:

a) Cuestiones previas. Los partidos promoventes se limitan a decir que la reforma es contraria al Texto Constitucional y pretenden plantear la impugnación de la norma, afirmando su carácter electoral, que por cierto no lo es, toda vez que no se trata de una reforma que cambie alguna situación jurídica en referencia a la elección de cargos de elección popular o procedimientos de cuestiones electorales; por lo que es notoriamente improcedente.

b) Causas de improcedencia y sobreseimiento. Se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción IX, en relación con el diverso 62, párrafo tercero, de la ley reglamentaria de la materia, toda vez que los partidos políticos promoventes no demuestran la forma en que les afecta la adición de la fracción III al artículo 11 de la Constitución Local que impugnan. c) Asimismo, aduce que los planteamientos hechos valer por los partidos accionantes se apartan de los aspectos relacionados con procesos electorales debido a que, el decreto impugnado alude a las personas que se consideran veracruzanos, de los vecinos y de los ciudadanos; cuestiones que atañen a todos los habitantes que dentro del territorio mexicano que cumplan con dicha calidad y no como lo es planteado por los partidos recurrentes, relacionado con los requisitos para ser postulado a la gubernatura estatal.

d) Razones y fundamentos jurídicos para sostener la validez del acto legislativo. En términos generales, el decreto impugnado se elaboró con base en las facultades otorgadas al Congreso del Estado.

e) Razones y fundamentos jurídicos para sostener la constitucionalidad del "Decreto por el que se adiciona la fracción III al artículo 11 de la Constitución Política del Estado de Veracruz". Aduce que los artículos 35, fracción II y 116, fracción I, de la Constitución Federal, guardan armonía con el contenido de la fracción III del artículo 11 de la Constitución Local, porque en él, lo relativo a "ser nativo de la entidad" en la que se trate, constituye un requisito tasado que la Constitución Federal define. En ese sentido, se atendió el reconocimiento de la calidad de veracruzano a aquellas personas mexicanas nacidas fuera del Estado, con hijos veracruzanos o con residencia efectiva de cinco años en el territorio; favoreciendo el acceso y participación más amplia de las personas y no siendo excluidas a través de requisitos irrazonables o discriminatorios.

f) En efecto, el Máximo Tribunal del País ha sostenido que la Constitución Federal y los tratados internacionales reconocen en los más amplios términos el derecho a ser votado; sin embargo, dado sus características puede ser regulado para efectos de poderlo hacer efectivo en el propio ordenamiento constitucional y, por ello, las entidades federativas gozan de un amplio margen de configuración en su propio orden jurídico; no obstante, se debe realizar atendiendo siempre los principios de no discriminación y proporcionalidad, con estricto respeto a los requisitos tasados establecidos por la Constitución.

g) Dicho lo anterior, se realiza el informe respecto de los conceptos de invalidez.

h) Primero. Por cuanto hace al concepto de invalidez referido por el PAN en el que esgrime que se violan los principios de legalidad y seguridad jurídica contenidos en los artículos 14 y 16, en relación con los diversos 116, fracción I, 124 y 133 de la Constitución Federal, es infundado. En primer lugar, no se violan dichos principios, ni tampoco se vulneran los preceptos constitucionales dado que forman parte de la libertad de configuración legislativa del Congreso del Estado, el modular las previsiones dispuestas en el Texto Constitucional, en el sentido de establecer alternativas para acreditar el requisito de ser nativo de la entidad de que se trate, si así se estima conveniente siempre que ello lo haga en forma razonada y justificada; tal como se hizo en el dictamen que dio origen al decreto controvertido.

i) Segundo. En relación con los argumentos del PRD de que la norma no cumple con los principios de impersonalidad, abstracción y generalidad; señala que, contrario a ello, la adición de la fracción III al artículo 11 de la Constitución Local es resultado de un acto jurídico, como fue el trabajo legislativo de parte de una autoridad debidamente facultada para ello, no para la colocación de persona alguna en particular, sino para el beneficio de las comunidades migratorias con raíces asentadas en el territorio de Veracruz, en busca de identidad personal y en apego a la legalidad para garantizar los derechos humanos de las personas; siendo un acto legislativo fundado y motivado.

j) Aunado a que, en armonía con las reformas constitucionales de dos mil once y con la finalidad de no privar a las personas que han decidido establecerse en el Estado de acceder y hacer efectivos los derechos y obligaciones en el lugar que residen, y dotarles de una identidad efectiva atendiendo a la realidad de las circunstancias sin violentar su derecho de libre desarrollo, personalidad e identidad y retomando los principios de universalidad y progresividad es que se emitió el decreto impugnado.

k) Bajo ese tenor, el decreto no fue omiso de practicar la impersonalidad, abstracción y generalidad que toda ley debe cumplir, pues la adición de la fracción III al artículo 11 no fue realizada en beneficio o perjuicio de una sola persona, pues con ello se salvaguardan los derechos de las personas que establecieron su residencia en el Estado de Veracruz y a su vez, otorgándoles derechos y obligaciones.

l) Por otro lado, señala que si bien es cierto que el artículo 43 de la Constitución Local establece como requisito ser veracruzano para ser gobernador, no menos cierto es, que de igual modo los diversos 58, 58 bis, 67 y 69 establecen como requisitos, el ser veracruzano, para ocupar diversos puestos en el Poder Judicial del Estado, en el Tribunal Electoral y ediles dentro de los Municipios, por lo que no se encuentra ante un fraude a la ley, toda vez que el decreto reclamado benefició no sólo a las personas que aspiren a ser gobernador del Estado, sino a otras que aspiren a distintos cargos dentro de la administración en el Estado, ya que se otorga la calidad de veracruzano.

m) Tercero. Sobre los conceptos de invalidez que aducen violaciones al procedimiento legislativo, éstos son infundados. Sostiene que el Congreso sí cumplió con el procedimiento correspondiente y con lo estipulado por el artículo 84 de la Constitución Local, así como en su ley reglamentaria. Para ello, señala los procedimientos establecidos en dicha ley, así como también relata todo el trámite legislativo que se llevó a cabo para la emisión del decreto impugnado y, por tanto, aduce que los señalamientos del accionante son falsos, toda vez que el proceso se cumplió con cabalidad.

n) Finalmente, por cuanto al hecho de que la iniciativa fue dictaminada por dos de los tres diputados que integran la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales y que ambos son del Grupo Legislativo de Morena, lo que representa un conflicto de interés en términos del artículo 9, párrafo primero, fracción IX, del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado. Al respecto, manifiesta que de acuerdo con los numerales 44 y 45 del citado reglamento, las comisiones permanentes se integran por tres diputados elegidos por el Pleno y sólo habrá dictamen cuando lo firmen la mayoría de sus miembros, por tanto, si dos de sus integrantes lo firman, significa que es válido y procedente; y, respecto al supuesto conflicto de intereses, no se explica cómo los diputados integrantes de la Comisión que emitieron el dictamen pudieran tener interés personal o profesional en dicho asunto. Por ende, el decreto reclamado no viola los artículos 14 y 16 constitucionales.

o) Cuarto. Sobre el argumento referente a supuestas violaciones al derecho de votar y ser votado, señalando que se violentan los derechos fundamentales de los veracruzanos, es infundado. La adición reclamada no violenta sus derechos fundamentales, toda vez que es compatible con la Constitución Federal y que forma parte de la libertad de configuración legislativa de los Estados. En ese sentido no resulta inconstitucional que el Congreso Local en ese uso de libertad configurativa pueda establecer distintas alternativas para acreditar el requisito de ser considerado veracruzano y que se realizó con el objeto de preservar los derechos de las personas, completando diversas vertientes como la identidad, el libre desarrollo y el reconocimiento de la pluralidad y diversidad de los grupos que conforman la sociedad.

p) Además, lo anterior se armoniza con los artículos 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que indican que las restricciones a los derechos fundamentales –entre ellos los derechos políticos– no deben ser discriminatorios y deben atender a cuestiones de necesidad y proporcionalidad en una sociedad democrática, con la que se otorgue la protección más amplia a la ciudadanía.

q) Refiere que, con los antecedentes legislativos del decreto impugnado, se acredita de manera fundada y razonada la adición de la fracción III al artículo 11 de la Constitución Local, y que menos aún se contraviene lo dispuesto en el artículo 30, inciso a), de la Constitución Federal, en el sentido de que no se contrapone la forma de adquirir la nacionalidad mexicana.

r) Aduce que el Congreso del Estado no realiza leyes a modo para persona o grupo en particular, pues el ámbito de aplicación del decreto reclamado es para todos en general; pues no es necesario que con ese decreto se cubra el requisito señalado en el artículo 116 de la Constitución, ni tampoco el requisito de elegibilidad establecido en el diverso 43 de la Constitución Local. En ese sentido, señala que la norma impugnada no establece requisitos para la elegibilidad de cargos públicos, sino que establece la calidad de ciudadano veracruzano.

s) De igual forma, la supremacía constitucional prevista en el artículo 133 de la Constitución Federal, está por encima de cualquier norma de carácter local, por lo que cualquier persona mexicana por nacimiento puede ser gobernador o gobernadora de un Estado, al ser nativo de éste o con residencia efectiva no menor de cinco años. Cita en apoyo la jurisprudencia de rubro: "GOBERNADOR DE UN ESTADO. EL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE FIJA LA CONDICIONES PARA QUE UNA PERSONA PUEDA POSTULARSE PARA ESE CARGO, DEBE ANALIZARSE SISTEMÁTICAMENTE CON

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31488-5ad01188/i-accion-de-inconstitucionalidad-en-materia-electoral-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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