GASTOS DE CAMPAÑA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES. AL HABERSE DECLARADO LA INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 59, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO ELECTORAL DE LA ENTIDAD, REFORMADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 244, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA LOCALIDAD EL 27 DE AGOSTO DE 2012, EN VÍA DE CONSECUENCIA, DEBE INVALIDARSE LA PORCIÓN NORMATIVA DEL ARTÍCULO 56 DEL CITADO ORDENAMIENTO, QUE PREVÉ QUE LA SUMA DE LAS APORTACIONES REALIZADAS POR TODOS LOS CANDIDATOS DE UN MISMO PARTIDO NO PODRÁ SER MAYOR AL DIEZ POR CIENTO ANUAL DEL MONTO ESTABLECIDO COMO TOPE DE GASTO DE CAMPAÑA PARA LA ELECCIÓN INMEDIATA ANTERIOR DE GOBERNADOR. (Razones aprobadas por mayoría de ocho votos, en contra del voto de los señores Ministros José Ramón Cossío Díaz y José Fernando Franco González Salas. La señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos estuvo ausente) GASTOS DE CAMPAÑA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES. EL ARTÍCULO 59, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO ELECTORAL DE LA ENTIDAD, REFORMADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 244, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA LOCALIDAD EL 27 DE AGOSTO DE 2012, AL ESTABLECER QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS PODRÁN RECIBIR APORTACIONES DE SU MILITANCIA EN DINERO O EN ESPECIE, EL EQUIVALENTE HASTA EL VEINTICINCO POR CIENTO DEL MONTO PREVISTO COMO LÍMITE PARA LA ELECCIÓN DE GOBERNADOR INMEDIATA ANTERIOR, VULNERA EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, INCISO H), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. (Razones aprobadas por mayoría de ocho votos, en contra del voto de los señores Ministros José Ramón Cossío Díaz y José Fernando Franco González Salas. La señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos estuvo ausente) INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. LOS ARTÍCULOS 74, FRACCIÓN III, INCISOS B) Y C) Y 92, PÁRRAFO ÚLTIMO, DEL CÓDIGO ELECTORAL DE LA ENTIDAD, ADICIONADOS MEDIANTE DECRETO NÚMERO 244, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA LOCALIDAD DEL 27 DE AGOSTO DE 2012, NO SON SUSCEPTIBLES DE ANÁLISIS CONSTITUCIONAL A LA LUZ DEL PRINCIPIO DE GRATUIDAD EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, EN TANTO QUE NO PREVÉN EL PAGO DE DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE LAS COPIAS REQUERIDAS A AQUEL ORGANISMO PARA LA SUSTANCIACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO O RECURSO ELECTORAL. (Razones aprobadas por unanimidad de diez votos. La señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos estuvo ausente) MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES. EL ARTÍCULO 215, FRACCIONES V Y VI, DEL CÓDIGO ELECTORAL DE LA ENTIDAD, REFORMADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 244, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA LOCALIDAD EL 27 DE AGOSTO DE 2012, QUE PREVÉ EL PROCEDIMIENTO DE INSACULACIÓN PARA SU INTEGRACIÓN, NO GENERA FALTA DE CERTEZA Y, POR ENDE, NO VIOLA EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, INCISO B), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. (Razones aprobadas por unanimidad de diez votos. La señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos estuvo ausente) MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES. EL ARTÍCULO 239, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO ELECTORAL DE LA ENTIDAD, REFORMADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 244, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA LOCALIDAD EL 27 DE AGOSTO DE 2012, QUE PREVÉ UN SISTEMA DE SUSTITUCIÓN DE SUS FUNCIONARIOS EN CASO DE AUSENCIA, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE CERTEZA CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, INCISO B), DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA. (Razones aprobadas por unanimidad de diez votos. La señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos estuvo ausente)
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 49/2012 Y SU ACUMULADA 51/2012. PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 29 DE NOVIEMBRE DE 2012. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIA: MAKAWI STAINES DÍAZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintinueve de noviembre de dos mil doce.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Presentación de la acción, autoridades emisora y promulgadora, y norma impugnada. Por oficios presentados el veintiséis de septiembre de dos mil doce ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José de Jesús Zambrano Grijalva, en su calidad de presidente del Partido de la Revolución Democrática, y Marisela Morales Ibáñez, en su carácter de procuradora general de la República, promovieron sendas acciones de inconstitucionalidad en las que solicitaron la invalidez de las normas generales emitidas y promulgadas por los órganos que a continuación se mencionan:
a) Autoridad emisora: Congreso del Estado de Aguascalientes.
b) Autoridad promulgadora: Gobernador del Estado de Aguascalientes.
Las normas impugnadas son las siguientes:
a) El Partido de la Revolución Democrática señala los artículos 59, 74, fracción III, 92, último párrafo, 206, 215, fracciones V y VI, 239 y 280, fracción II, del Código Electoral del Estado de Aguascalientes, reformados mediante Decreto 244, publicado en el Periódico Oficial del Estado, Número 35 del tomo LXXV, el veintisiete de agosto de dos mil doce.
b) La procuradora general de la República combate únicamente el artículo 59, primer párrafo, del citado decreto.
SEGUNDO. Conceptos de invalidez. Los promoventes esgrimieron, en síntesis, los siguientes conceptos de invalidez:
1. El Partido de la Revolución Democrática señaló:
a) El artículo 59 del Código Electoral del Estado de Aguascalientes, es contrario al artículo 116, fracción IV, inciso h), de la Constitución General, que establece los límites máximos de los montos de las aportaciones de los simpatizantes, fijando dicho límite en el diez por ciento del tope de gastos de campaña que se determine para la elección de gobernador.
Aumentar este límite pervertiría la naturaleza jurídica de los partidos políticos, convirtiéndolos en negocios mercantiles.
Esta reforma dejaría en desventaja a los partidos que reciben aportaciones de simpatizantes comunes, contrario a aquellos que reciben aportaciones de simpatizantes que trabajan en los distintos niveles de gobierno que reciben aportaciones colectivas.
Así, la reforma no toma en cuenta los principios de certeza, objetividad, independencia, legalidad e imparcialidad, rebasando en un quince por ciento el límite establecido en la Constitución General.
b) Los artículos 74, fracción III y 92 del Código Electoral estatal, son contrarios al artículo 17 constitucional, que establece el derecho a una administración de justicia gratuita, sin que los litigios electorales estén exentos de tal mandato, por lo que cualquier intento de cobrar por medios de prueba o información para posterior presentación jurisdiccional pondría en peligro el citado derecho.
c) Los artículos 215, fracciones V y VI, y 239, fracción IV, del Código Electoral estatal vulneran lo dispuesto por el artículo 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución General, pues contravienen el principio de certeza que debe regir en la función electoral. Al efecto, cita tesis plenaria P./J. 144/2005, de rubro: "FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES. PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO."
En relación con el artículo 215, fracciones V y VI, señala que no se atiende a dicho principio "en un órgano medular en la organización del proceso electoral como lo es la insaculación de los integrantes de las mesas directivas de casilla, pues no se sigue un procedimiento preciso y éste se basa en una valoración que no es certera".
Por lo que hace al artículo 239, fracción IV, aduce que se omite un paso importante en la instalación de las mesas directivas de casilla en el supuesto de ausencia de los integrantes insaculados, el cual consiste en nombrar ciudadanos inscritos en la sección electoral que estén en la fila.
d) Finalmente, acusa una omisión legislativa, pues considera que el Congreso del Estado de Aguascalientes no atendió a lo ordenado en el artículo tercero transitorio de la reforma al artículo 116, publicada en el Diario Oficial de la Federación el jueves nueve de agosto de dos mil doce, que ordena a las Legislaturas de los Estados regular los términos para que los ciudadanos puedan presentar iniciativas de ley ante el respectivo Congreso.
En apoyo cita la tesis de jurisprudencia P./J. 5/2008, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI BIEN ES IMPROCEDENTE CONTRA UNA OMISIÓN ABSOLUTA EN LA EXPEDICIÓN DE UNA LEY, NO LO ES CUANDO AQUÉLLA SEA RESULTADO DE UNA DEFICIENTE REGULACIÓN DE LAS NORMAS RESPECTIVAS."
En consecuencia, al realizar las reformas legales, no se tomó en cuenta el artículo 133 constitucional.
2. La procuradora general de la República, en relación con el artículo 59, primer párrafo, del Código Electoral de Aguascalientes, manifestó:
a) Vulneración al artículo 116, fracción IV, inciso h), constitucional
El citado precepto es inconstitucional al establecer que los partidos políticos podrán recibir aportaciones de su militancia en dinero o en especie, las cuales no podrán ser mayores del veinticinco por ciento establecido como tope de gasto de campaña para la elección de gobernador inmediata anterior, porcentaje mayor al previsto en el artículo 116, fracción IV, inciso h), constitucional.
Dicho precepto fundamental no deja lugar a dudas en cuanto a que es obligación de las Legislaturas Estatales fijar el límite máximo para el financiamiento privado de los partidos políticos, el cual no debe exceder del diez por ciento del tope de gastos de campaña que se determine para la elección de gobernador.
De los antecedentes legislativos de la reforma constitucional en materia electoral publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece de noviembre de dos mil siete, se puede apreciar la intención del Congreso de la Unión de reducir el costoso financiamiento destinado a los partidos políticos, estableciendo así topes porcentuales.
Asimismo, cita la acción de inconstitucionalidad 4/2009, resuelta por el Pleno de este Alto Tribunal, en la cual se interpretó el artículo 116, fracción IV, inciso h), de la Constitución General, de la cual se desprende, junto con los antecedentes legislativos mencionados, que el límite constitucional en comento es un límite máximo e infranqueable.
Agrega que el acotamiento del financiamiento privado a los partidos políticos se sustenta en dos esquemas fundamentales:
• La reiteración del principio relativo a la preeminencia del financiamiento público sobre el privado, lo cual se sustenta en la preocupación social de que intereses ilegales o ilegítimos puedan influir en los partidos políticos o en el curso de las campañas electorales a través del dinero.
• La imposición de un límite a las aportaciones de los simpatizantes.
Así, la reforma constitucional en materia electoral no distinguió entre simpatizantes y militantes, siendo que la palabra "simpatizante" comprende tanto a los militantes, los candidatos o los propiamente simpatizantes del partido, de manera que la norma debió abarcar a todas aquellas personas identificadas con los institutos políticos. Esto quiere decir que el límite constitucional aplica a todas las personas físicas, simpatizantes, candidatos y organizaciones sociales, por lo que el monto total de las aportaciones de aquéllos no puede rebasar ese tope.
En consecuencia, el artículo 59, primer párrafo, del Código Electoral de Aguascalientes, al señalar que los partidos políticos podrán recibir aportaciones de su militancia que no podrán rebasar el veinticinco por ciento del monto establecido como tope de gasto de campaña para la elección de gobernador, violenta el contenido del artículo 116, fracción IV, inciso h), de la Constitución General, al establecer un porcentaje mayor para este rubro.
b) Transgrede los artículos 16 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
El numeral 16 de la Constitución General consagra el principio rector de que los actos de autoridad sean dictados por un órgano competente para ello. Dicha garantía genérica de legalidad contiene un mandato para todas las autoridades, incluyendo al Poder Legislativo.
Al efecto, cita la tesis de jurisprudencia de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA.", de donde desprende que la fundamentación se satisface cuando el órgano legislativo actúa dentro de los límites que la Constitución General le confiere, esto es, que el ámbito espacial, material y personal de validez de las normas corresponda a la esfera de atribuciones del Poder Legislativo de que se trate, de acuerdo con la Constitución General.
Por lo anterior, al establecer un porcentaje distinto al diez por ciento como límite a las aportaciones de los simpatizantes, se extralimitó en sus funciones, contraviniendo así el artículo 16 constitucional.
De igual manera se viola el artículo 133 de la Constitución General, que consagra el principio de supremacía constitucional, toda vez que al prever una disposición contraria al Texto Constitucional, rompe con la jerarquía del orden jurídico, pues el precepto impugnado pretende ubicarse por encima de la Constitución General.
TERCERO. Artículos constitucionales que se aducen violados. Los preceptos son 16, 17, 41, 92, 116, fracción IV y 133.
CUARTO. Admisión y trámite. Mediante proveído de veintiséis de septiembre de dos mil doce, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, promovida por el Partido de la Revolución Democrática, bajo el número 49/2012 y, por razón de turno, designó como instructor al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
El veintisiete de septiembre del mismo año, ordenó formar y registrar el expediente de la acción de inconstitucionalidad promovida por la procuradora general de la República bajo el número 51/2012 y, dada la identidad respecto del decreto legislativo impugnado en la diversa acción de inconstitucionalidad 49/2012, ordenó su acumulación al expediente del citado asunto. Por razón de conexidad, designó como instructor al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
En ambos acuerdos se admitieron las demandas relativas y se ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Aguascalientes, por ser quienes, respectivamente, emitieron y promulgaron las normas impugnadas para que rindieran sus informes, así como al procurador general de la República para que formulara su pedimento respecto de la acción de inconstitucionalidad 49/2012.
Asimismo, se requirió a la presidenta del Consejo General del Instituto Electoral de Aguascalientes que informara la fecha en que inicia el próximo proceso electoral en la entidad y se solicitó a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que expresara su opinión.
QUINTO. Informe de la autoridad promulgadora de la norma impugnada. El secretario de Gobierno, en representación del Gobierno y del Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes al rendir su informe, en síntesis, señaló:
Con independencia de que los actos reclamados al gobernador sean ciertos, la Constitución Local sólo le faculta para que, una vez aprobada una ley por parte del Poder Legislativo, la mande publicar. La promulgación de una ley es una actividad del Ejecutivo que se encuentra subordinada al Legislativo que expide la ley, por lo que la publicación se hace en acatamiento al sistema jurídico federal y estatal, de acuerdo con lo establecido en los artículos 32, 35, 46, fracción I, y 49 de la Constitución de Aguascalientes. Por tanto, la publicación no viola los artículos constitucionales que los accionantes mencionan en su escrito de demanda. Lo que encuentra sustento en la tesis: "LEYES, AMPARO CONTRA. PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO CUANDO SE SEÑALA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE AL EJECUTIVO QUE LA PROMULGÓ, PERO NO AL CONGRESO QUE LA EXPIDIÓ."(1)
Así, toda vez que el Poder Legislativo Local es el órgano deliberativo del Estado, en el cual se discute y aprueba el contenido de las normas, es a éste a quien corresponde defender su validez.
SEXTO. Informe de la autoridad emisora de la norma impugnada. Al rendir su informe el Congreso del Estado de Aguascalientes, en lo toral, manifestó que:
a) El artículo 59 del Código Electoral del Estado de Aguascalientes no transgrede ningún precepto constitucional al regular como límite máximo de aportaciones de la militancia el veinticinco por ciento del gasto de campañas y precampañas, ya que establece un parámetro justo y equitativo, cuyo fin es evitar que factores económicos inflacionarios afecten la contienda electoral.
La Constitución General fija bases mínimas, pero en modo alguno restringe la soberanía de las entidades federativas para legislar en materia electoral local.
Agrega que si bien el artículo 116, fracción IV, inciso h), constitucional fija los montos máximos de las aportaciones de los simpatizantes de los partidos políticos, el cual no deberá exceder el diez por ciento del tope de gastos de campaña que se determine para la elección de gobernador, el artículo 59 impugnado establece que los partidos políticos podrán recibir aportaciones de su militancia en dinero o en especie, las cuales no podrán ser mayores al veinticinco por ciento del monto establecido como tope de gasto de campaña para la elección de gobernador inmediata anterior, lo cual es válido, ya que la Constitución se refiere únicamente al tope máximo de las aportaciones hechas por los simpatizantes, no así a las realizadas por los militantes.
Máxime que el legislador local establece en el artículo 57, fracción I, del Código Electoral del Estado de Aguascalientes, que cada partido político no podrá recibir aportaciones de sus simpatizantes por una cantidad superior al diez por ciento del monto establecido como tope de gastos para la campaña de gobernador inmediata anterior, supuesto que al ir conforme al sentido de la Constitución General, se puede afirmar que no transgrede lo dispuesto por el artículo 116, fracción IV, inciso h).
b) Es falso que los artículos 74, fracción III y 92, último párrafo, del Código Electoral del Estado sean violatorios de la garantía de gratuidad en la impartición de justicia consagrada en el artículo 17 de la Constitución General, en virtud de que dicho principio debe ser entendido como: "que los órganos del Estado encargados de la impartición de justicia, así como de los servidores públicos a quienes se les encomienda esa función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público".
Así, este concepto de invalidez alegado por el partido político demandante resulta inoperante, pues no interpreta correctamente el alcance del derecho fundamental a la jurisdicción gratuita.
Agrega que, si bien la gratuidad en la impartición de justicia es un derecho fundamental de los gobernados, éste se refiere a que los órganos jurisdiccionales legalmente facultados no podrán cobrar por el servicio público de impartir justicia, lo que no se extiende a los gastos erogados con motivo de la solicitud de un servicio distinto.
Destaca que las copias simples o certificadas son expedidas por el Instituto Estatal Electoral, que es un organismo ciudadano y no un órgano jurisdiccional, y de no realizarse dichos cobros, se verían afectadas las finanzas del mencionado instituto, en detrimento del cumplimiento de sus funciones.
c) En lo referente a los artículos 206 y 280, fracción II, del código impugnado, sostiene que en el escrito de demanda no se expresan conceptos de invalidez tendentes a demostrar la contradicción entre las normas debatidas y la Constitución General.
d) En cuanto a la manifestación del partido político promovente relativa a que los artículos 215, fracciones V y VI, y 239 del Código Electoral del Estado, son contrarios al principio de certeza contenido en el artículo 116, fracción V, inciso b), de la Constitución General, ya que el proceso de insaculación mediante el cual son designados los ciudadanos que fungirán como funcionarios de casilla no sigue un procedimiento preciso, sostiene que dicho medio es idóneo para la elección de ciudadanos que fungirán como funcionarios de casilla, ya que un proceso aleatorio no responde a intereses de otra índole, lo que no es violatorio al principio de certeza.
Señaló que los artículos impugnados se encuentran en plena concordancia con lo ordenado por la Constitución General y el propio Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como con los criterios sustentados por el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
SÉPTIMO. Opinión del Tribunal Electoral. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en esencia, sostuvo:
a) Primer concepto de invalidez. El primer párrafo del artículo 59 impugnado, es contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al excederse respecto del límite impuesto por el inciso h) de la fracción IV del artículo 116 constitucional, ya que establece un límite absoluto anual al financiamiento proveniente de los simpatizantes que no puede ser rebasado.
b) Segundo concepto de invalidez. El concepto de invalidez consistente en que el primer párrafo del artículo 59 impugnado adolece de la debida fundamentación y motivación vulnerando el artículo 133 constitucional, no es objeto de opinión especializada de la Sala Superior, pues tal alegación no versa sobre una cuestión estrictamente electoral.
c) Tercer concepto de invalidez. Respecto de la inconstitucionalidad de los artículos 74, fracción II y 92 del código impugnado, opina que no existe tal inconstitucionalidad. Esto en atención a que, a pesar de que el artículo 17 constitucional prohíbe expresamente las costas judiciales y señala que la justicia debe ser gratuita, las disposiciones impugnadas regulan el cobro de derechos por copias que expida el órgano administrativo electoral local. Por tanto, no se trata del pago de costas judiciales, ya que no se establece el cobro por parte del órgano jurisdiccional por sus servicios. Incluso, el propio artículo 74, objeto de reforma, establece la excepción para el cobro de las copias cuando se soliciten para la sustanciación de asuntos judiciales o se ofrezcan como pruebas en algún medio de impugnación.
d) Cuarto concepto de invalidez. Los artículos 215, fracciones V y VI, y 239, fracción IV, del código impugnado, no son inconstitucionales, pues de conformidad con lo establecido por esta Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad 14/2010, no es inconstitucional que las Legislaturas Locales instauren un método complementario para la integración de los funcionarios de casilla, ya que estaría supervisado por los propios partidos políticos y porque ayuda a que no exista problemática operativa para la debida integración de las mesas directivas de casilla.
Sobre el argumento consistente en que el Congreso de Aguascalientes viola la reforma al artículo 116 constitucional de nueve de agosto de dos mil doce, al no respetarse el plazo de un año para adecuar su legislación a lo que dice el artículo tercero transitorio de dicha reforma constitucional, no se pronunció por no tratarse de un tema electoral, ya que versa sobre cuestiones relativas a los plazos para que las Legislaturas Locales se ajusten a la reforma en materia de iniciativa ciudadana, lo que es un tópico de derecho constitucional.
e) Quinto concepto de invalidez. No puede opinar sobre los artículos 206, fracción VI y 280, fracción II, impugnados, debido a que el partido político accionante no expone argumentos para sustentar la alegada inconstitucionalidad.
OCTAVO. Opinión de la procuradora general de la República. Al formular su opinión, en relación con la acción de inconstitucionalidad 49/2012, manifestó:
a) La Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para sustanciar y resolver la presente acción de inconstitucionalidad; quien la suscribe tiene legitimación para ello; y su presentación fue oportuna.
b) Mediante oficio PGR/836/2012, también solicitó la invalidez del artículo 59, primer párrafo, del Código Electoral del Estado de Aguascalientes, por considerar que el límite del veinticinco por ciento fijado para las aportaciones de simpatizantes contraviene lo dispuesto por el artículo 116, fracción IV, inciso h), constitucional, que establece un tope del diez por ciento, reiterando la argumentación vertida en su acción.
c) Es infundado el concepto de invalidez relativo a que los artículos 74, fracción III y 92 impugnados transgreden el principio de justicia gratuita, contenido en el artículo 17 constitucional, en virtud de que dicho principio está dirigido hacia autoridades jurisdiccionales, y no a organismos que no cuentan con tal carácter, como en el caso concreto, el Instituto Electoral de Aguascalientes.
Ello es así, ya que lo que prohíbe el artículo 17 de la Constitución General, es que el gobernado pague a quienes intervienen en la administración de justicia por parte del Estado, pues dicho servicio debe ser gratuito.
Destaca que la norma combatida establece supuestos de excepción al cobro para la expedición de copias cuando se vayan a destinar a la sustanciación de algún recurso o procedimiento electoral; o bien, cuando las copias simples o certificadas sean ofrecidas como pruebas en cualquiera de los medios de impugnación o en el proceso jurisdiccional electoral y con los que prueben los hechos en que se basa la impugnación y no los tuvieren a su disposición.
d) Resulta infundado el concepto de invalidez relativo a que los artículos 215, fracciones V y VI, y 239, fracción IV, del Código Electoral de Aguascalientes, son contrarios al principio de certeza establecido en el artículo 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución General, por no establecer un procedimiento preciso para la insaculación de los integrantes de las mesas directivas de casilla, así como por omitir, en caso de ausencia de los integrantes, el nombramiento de ciudadanos inscritos en la sección electoral que estén en la fila.
Señala que las normas combatidas establecen una alternativa que resulta acorde con el principio de certeza en materia electoral puesto que contempla de manera clara quiénes serán los titulares que integrarán las casillas electorales, así como la posibilidad de quiénes serán los que los sustituyan para el caso de que éstos no se presenten.
Al no dejar lugar a dudas sobre la integración e instalación de las casillas electorales, no resulta vulnerado el principio de certeza en la materia. Apoya lo anterior en la tesis de jurisprudencia P./J. 60/2001, de rubro: "MATERIA ELECTORAL. PRINCIPIOS RECTORES. EN LAS CONSTITUCIONES Y LEYES DE LOS ESTADOS DEBE GARANTIZARSE, ENTRE OTROS, EL DE CERTEZA EN EL DESEMPEÑO DE LA FUNCIÓN ELECTORAL."(2)
Después de describir el procedimiento para la selección de los ciudadanos concluye que es claro, ya que determina cómo el consejo distrital llevará a cabo la insaculación para la designación correspondiente con lo que se da certeza tanto a los gobernados que apoyarán en las casillas como a los partidos políticos que a través de los representantes que designen podrán verificar el buen desarrollo de dicho procedimiento.
e) Son infundados los argumentos del partido político promovente, relativos a que con la emisión del Código Electoral impugnado se violó lo dispuesto por los artículos 116, fracción II, así como el diverso tercero transitorio de la reforma de nueve de agosto de dos mil doce, de la Constitución General, al no establecerse el derecho que tienen los ciudadanos de la entidad para presentar iniciativas de ley.
Lo anterior, toda vez que el Constituyente Permanente, en el referido artículo tercero transitorio, no dispuso cuál era el ordenamiento estatal secundario que debía contener el derecho de los ciudadanos para presentar iniciativas de ley, pues sólo contempla que "deberán realizar las adecuaciones necesarias a su legislación secundaria". Además, el accionante pierde de vista que el código impugnado tiene como objeto específico la regulación de la materia electoral.
Por otra parte, el artículo 17, quinto párrafo, de la Constitución del Estado de Aguascalientes(3) contempla ya la figura de la "iniciativa popular", como un medio para que la ciudadanía tenga acceso al proceso legislativo de la entidad, regulado también en el artículo 7o., fracción X, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado.(4)
No obstante lo anterior, el plazo establecido en el artículo tercero transitorio de la reforma constitucional aún se encuentra vigente, por lo que no se puede decir que se ha infringido su cumplimiento.
NOVENO. Cierre de instrucción. Recibidos los informes del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, las opiniones de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del procurador general de la República, los alegatos de las partes y al encontrarse debidamente instruido el procedimiento, se puso el expediente en estado de resolución.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, incisos c) y f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se plantea la posible contradicción entre normas generales de carácter electoral y la Constitución General.
SEGUNDO. Oportunidad. En primer término se analizará la oportunidad de la presentación de las acciones de inconstitucionalidad acumuladas.
De conformidad con el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(5) el plazo de treinta días naturales para promover la acción de inconstitucionalidad se computa a partir del día siguiente a la fecha de publicación de la norma, considerando que en materia electoral todos los días son hábiles.
El Decreto 244, por el que se reforman diversas disposiciones del Código Electoral del Estado de Aguascalientes, se publicó en el Periódico Oficial del Estado el veintisiete de agosto de dos mil doce, como se advierte del ejemplar que obra en autos,(6) por lo que el plazo transcurrió del martes veintiocho de agosto al miércoles veintiséis de septiembre de dos mil doce.
En consecuencia, toda vez que las acciones de inconstitucionalidad promovidas por el Partido de la Revolución Democrática y por la procuradora general de la República fueron presentadas el veintiséis de septiembre de dos mil doce en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, como consta de los sellos de recepción que obran al reverso de las fojas 17 y 54 del expediente, la presentación de ambas demandas fue oportuna.
TERCERO. Legitimación de los promoventes. A continuación, se procederá a analizar la legitimación de quienes promueven la acción de inconstitucionalidad, por ser un presupuesto indispensable para el ejercicio de la acción.
a) Partido de la Revolución Democrática
De conformidad con los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Federal y 62, último párrafo, de la ley reglamentaria de la materia, los partidos políticos con registro podrán ejercer la acción de inconstitucionalidad, para lo cual deben satisfacer los siguientes extremos:
1) Que el partido político cuente con registro definitivo ante la autoridad electoral correspondiente.
2) Que el partido político promueva por conducto de su dirigencia (nacional o local, según sea el caso).
3) Que quien suscribe a nombre y en representación del partido político cuente con facultades para ello.
4) Que las normas sean de naturaleza electoral.
En el caso, el Partido de la Revolución Democrática es un Partido Político Nacional con registro ante el Instituto Federal Electoral, cuyo presidente del secretariado nacional es José de Jesús Zambrano Grijalva, de acuerdo con las copias certificadas expedidas por la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral.(7)
El artículo 104, inciso e), de los Estatutos del Partido de la Revolución Democrática(8) establece que el presidente del secretariado nacional cuenta con facultades para representar legalmente al partido.
De lo anterior se desprende que la acción de inconstitucionalidad promovida por el Partido de la Revolución Democrática fue hecha valer por parte legitimada para ello, toda vez que se trata de un partido político con registro acreditado ante las autoridades electorales correspondientes, la demanda presentada en su nombre fue suscrita por José de Jesús Zambrano Grijalva, presidente del secretariado nacional, quien cuenta con facultades para tal efecto en términos de los estatutos que rigen a dicho partido político.
Por lo que hace a las normas impugnadas, éstas son de naturaleza electoral, puesto que se refieren a disposiciones contenidas en el Código Electoral del Estado de Aguascalientes y regulan aspectos vinculados directa o indirectamente con los procesos electorales.
1. Artículo 59, primer párrafo, prevé el tope de aportaciones de los simpatizantes de los partidos políticos.
2. Artículos 74, fracción III y 92, último párrafo, prevén los aspectos relativos al cobro que hará el Instituto Electoral de Aguascalientes por concepto de pago de copias simples y certificadas que expida. Se estima que para efectos de esta acción, debe considerarse que estas normas tienen natur
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24252-a1838ab6/gastos-de-campana-en-el-estado-de-aguascalientes · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DE UNA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA Y CONFORME A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LAS PROHIBICIONES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 39/2009 Y SU ACUMULADA)
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- PARTIDOS POLÍTICOS. EL ARTÍCULO 47 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES QUE ESTABLECE EL MONTO MÁXIMO PARA SU AUTOFINANCIAMIENTO, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 116, FRACCI (169)
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