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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LAS NORMAS IMPUGNADAS DEBE REALIZARSE TOMANDO EN CUENTA LA REDACCIÓN VIGENTE DE LOS DEMÁS PRECEPTOS DEL MISMO ORDENAMIENTO AL QUE AQUÉLLAS PERTENECEN, AL MOMENTO DE DICTAR SENTENCIA. COALICIONES. CONSTITUYEN UNA MODALIDAD DEL DERECHO DE ASOCIACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE COMPETE REGULAR AL LEGISLADOR LOCAL. DEBATES. EL ARTÍCULO 45, PÁRRAFO CUARTO, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, NO INVADE FACULTADES EXCLUSIVAS DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE AGUASCALIENTES. EL ARTÍCULO 349, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO ELECTORAL LOCAL, EN CUANTO PREVÉ UN SISTEMA DE COLABORACIÓN PARA LA DESIGNACIÓN DEL TITULAR DE SU CONTRALORÍA GENERAL, NO CONTRAVIENE EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, INCISOS B) Y C), CONSTITUCIONAL, POR CUANTO HACE A LA AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA DEL ÓRGANO ELECTORAL LOCAL. INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. ES LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA SANCIONAR LAS INFRACCIONES COMETIDAS EN MATERIA DE RADIO Y TELEVISIÓN, TANTO A NIVEL FEDERAL COMO LOCAL, PERO NO LAS QUE DERIVEN DE PROPAGANDA ELECTORAL O MENSAJES EN OTRO TIPO DE FORMATO. NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS DE LA ADMISIÓN DE PRUEBAS SUPERVENIENTES. EL ARTÍCULO 309, SEXTO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES QUE LA PREVÉ, NO VIOLA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES. CONFORME A LOS ARTÍCULOS 41, BASE I, Y 116, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LOS ESTADOS TIENEN PLENA LIBERTAD PARA ESTABLECER LAS NORMAS Y LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO, ASÍ COMO LAS FORMAS ESPECÍFICAS PARA SU INTERVENCIÓN EN LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES. PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES. EL ARTÍCULO 20 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, QUE PREVÉ LA CONSECUENCIA DE LA PÉRDIDA DE LA ACREDITACIÓN LOCAL NO VIOLA EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, INCISO G), CONSTITUCIONAL. RADIO Y TELEVISIÓN. EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN VII, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, AL ESTABLECER LOS PORCENTAJES EN LOS QUE LAS COALICIONES ACCEDERÁN A LOS TIEMPOS ASIGNADOS POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, NO VIOLA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. RADIO Y TELEVISIÓN. EL ARTÍCULO 203, PÁRRAFO SEGUNDO, PARTE FINAL, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, AL FACULTAR AL INSTITUTO ELECTORAL LOCAL PARA ORDENAR LA SUSPENSIÓN DE MENSAJES INVADE FACULTADES EXCLUSIVAS DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL Y, POR TANTO, VULNERA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. RADIO Y TELEVISIÓN. EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 27 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES NO TRANSGREDE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUES LA EXPRESIÓN "ELECTRÓNICA" QUE CONTIENE, NO COMPRENDE A AQUELLOS MEDIOS. RADIO Y TELEVISIÓN. LAS LEGISLATURAS LOCALES ESTÁN FACULTADAS PARA DETERMINAR LA FORMA EN QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS O COALICIONES ACCEDERÁN A LAS PRERROGATIVAS RELATIVAS. RÉGIMEN DE FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. EL ARTÍCULO 60 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, NO VIOLA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 27/2009 Y SUS ACUMULADAS 29/2009, 30/2009 Y 31/2009. · Registro digital (IUS): 21959
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PARTIDOS POLÍTICOS DEL TRABAJO, SOCIALDEMÓCRATA, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y CONVERGENCIA.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Enero de 2010, , Pág. 1101.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 27/2009 Y SUS ACUMULADAS 29/2009, 30/2009 Y 31/2009. PARTIDOS POLÍTICOS DEL TRABAJO, SOCIALDEMÓCRATA, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y CONVERGENCIA.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ.

SECRETARIA: LAURA PATRICIA ROJAS ZAMUDIO.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día diez de noviembre de dos mil nueve.

VISTOS para resolver los autos de la presente acción de inconstitucionalidad 27/2009 y sus acumuladas 29/2009, 30/2009 y 31/2009; y,

RESULTANDO QUE:

PRIMERO. Presentación de las demandas, normas impugnadas y autoridades. Por escritos presentados en las fechas y por los partidos políticos precisados a continuación, se promovieron acciones de inconstitucionalidad:

Ver acciones de inconstitucionalidad

En las acciones de inconstitucionalidad se solicitó la invalidez del Decreto Número 149 emitido por la Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado de Aguascalientes, mediante el cual se aprobó el Código Electoral de la entidad, publicado en el Periódico Oficial del Estado el veintiséis de enero de dos mil nueve.

En las demandas se precisaron como órganos legislativo y ejecutivo que emitieron y promulgaron las normas generales impugnadas, a los siguientes:

a) Congreso del Estado de Aguascalientes.

b) Gobernador del Estado de Aguascalientes.

c) Secretario general de Gobierno del Estado de Aguascalientes.

d) Director del Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

SEGUNDO. Antecedentes. Los antecedentes del caso que se señalaron fueron, en síntesis, los siguientes:

1. El diecisiete de noviembre de dos mil ocho, se publicó en el Periódico Oficial del Estado, tomo LXXI, edición vespertina, Número 46, el Decreto 142, por el que se reformó el artículo 17 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes.

2. El veintiséis de enero de dos mil nueve se publicó en el Periódico Oficial local, tomo LXXII, tercera sección, Número 4, el Decreto 149, mediante el cual se aprobó el Código Electoral del Estado de Aguascalientes.

3. El artículo primero transitorio del citado Decreto 14 establece que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial de Aguascalientes.

4. El artículo cuarto transitorio del Decreto 149 establece que a más tardar el treinta y uno de mayo de dos mil nueve, el Congreso del Estado deberá nombrar a tres consejeros electorales permanentes del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, los cuales tomarán posesión del cargo el quince de agosto del mismo año, por lo que los consejeros ciudadanos concluirán sus funciones el catorce de agosto de dos mil nueve.

5. El artículo quinto transitorio del Decreto 149 establece que el Congreso del Estado dentro de los sesenta días siguientes a la entrada en vigor del decreto citado, deberá nombrar al titular de la Contraloría General del Instituto Estatal Electoral, conforme lo establece el artículo 17 de la Constitución Local.

TERCERO. Conceptos de invalidez. Los partidos políticos promoventes, manifestaron coincidentemente los siguientes conceptos de invalidez:

Primer concepto. Tema: Violación al principio de certeza porque el Código Electoral no establece claramente cuáles son los derechos y prerrogativas estatales que se perderán como consecuencia de la pérdida de la acreditación de un partido político nacional.

Impugnación del artículo 18 del Código Electoral del Estado de Aguascalientes, por violación al artículo 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Federal.

El artículo impugnado contraviene el principio de certeza establecido por el artículo 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Federal, en virtud de que señala que "los partidos políticos que pierdan la acreditación en el Estado, perderán sus prerrogativas y derechos estatales". Sin embargo, no existe artículo alguno en el Código Electoral que establezca cuáles son esos derechos o prerrogativas estatales, por lo que no se tiene certidumbre de los derechos o prerrogativas a que se refiere el artículo 18 impugnado.

Lo anterior se sostiene así en virtud de que los artículos 23 y 25 del Código Electoral señalan cuáles son los derechos de los partidos políticos nacionales acreditados. Considerando que únicamente los partidos políticos nacionales acreditados tienen esos derechos, ya que aquellos que por alguna situación no alcancen el requisito mínimo de votos requerido para conservar la acreditación en el Estado (2.5% de la votación en la elección de diputados por mayoría relativa), se les priva de esos derechos, al arbitrio y discrecionalidad del Consejo General, pues este órgano es libre de determinar cuáles son derechos y prerrogativas estatales y cuáles federales.

Por tanto, el artículo 18 transgrede el principio de certeza que consagra el artículo 116 de la Constitución Federal, pues no establece cuáles son los derechos y prerrogativas estatales.

Segundo concepto. Porcentaje necesario del 2.5% de la votación estatal en la elección de diputados de mayoría relativa inmediata anterior, para que los partidos políticos nacionales no pierdan su acreditación en el Estado. Causas y consecuencias.

Impugnación de los artículos 18, fracción I, 20, 21 y 22 del Código Electoral del Estado de Aguascalientes, por violación a los artículos 41, fracción II, inciso a), párrafo tercero, 116, fracción IV, inciso g), de la Constitución Federal y 17, apartado B, párrafo 16, inciso e), de la Constitución Local.

Los preceptos señalados contravienen lo dispuesto en los artículos 41, fracción II, inciso c), párrafo tercero y 116, fracción IV, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 17 letra B, párrafo 16, inciso e), de la Constitución Local, porque prevén que en la ley se establezca el procedimiento para la liquidación de los partidos políticos que pierdan el registro, lo que resulta contrario al principio de subordinación jerárquica o jerarquía normativa, consistente en que en el ejercicio de la facultad legislativa, los Congresos Locales no pueden modificar o alterar el contenido de la Constitución Federal.

El Congreso del Estado de forma contraria a la Constitución Federal, al establecer el procedimiento de liquidación para los partidos políticos nacionales que pierdan la acreditación en el Estado, como consecuencia de no haber obtenido el 2.5% de la votación en la elección de diputados de mayoría relativa, establece mayores posibilidades o impone distintas limitantes que los contenidos en la Constitución Federal.

Esa "facultad reglamentaria" para establecer el procedimiento de liquidación de los partidos políticos que pierdan el registro, se encuentra limitada a los principios de reserva de ley y subordinación jerárquica.

El artículo 41, fracción II, inciso c), párrafo tercero, en concordancia con el 116, fracción IV, inciso g), ambos de la Constitución Federal, son muy claros en precisar el momento en que se puede realizar el procedimiento de liquidación, el cual es: cuando se pierda el registro y no cuando se pierda la acreditación en los Estados con motivo de una votación local; máxime si se toma en cuenta que se habla de partidos políticos nacionales y pudiera darse el caso que en el Estado de Aguascalientes, no se alcance la votación requerida, pero en los demás Estados de la República sí se obtenga una buena votación, aunado a que no debe olvidarse que las actividades de los partidos políticos no se circunscriben estrictamente a los procesos electorales en sí mismos, sino que se desarrollan de manera permanente.

En este sentido, se viola el principio de equidad frente a los otros partidos, ya que el procedimiento de liquidación podría repercutir en las condiciones de participación del instituto político en un proceso electoral, pues el partido político que no hubiese contado con los elementos suficientes para llevar a cabo sus tareas ordinarias no se encontraría en condiciones equitativas respecto del resto de los institutos políticos que sí dispusieron de los recursos necesarios para ello.

Aún más, se contraponen los artículos 18, 20, 21 y 22 del Código Electoral Local a los artículos constitucionales señalados, en virtud de que se establece que se va a liquidar al partido que no obtenga la votación del 2.5%; sin embargo, el artículo 51, fracción IV, inciso b), del mismo ordenamiento legal, prevé que aun perdiendo la acreditación se les seguirá otorgando financiamiento público.

Tercer concepto. Integración del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y plazos para ello.

Impugnación del artículo 95, párrafos segundo y tercero, del Código Electoral del Estado de Aguascalientes, en relación con el artículo cuarto transitorio del decreto impugnado, por violación al artículo 14, primer párrafo, de la Constitución Federal.

El artículo 95, párrafos segundo y tercero, del Código Electoral del Estado de Aguascalientes, en relación con el artículo cuarto transitorio del decreto impugnado, contravienen el artículo 14, primer párrafo, de la Constitución Federal, concretamente el principio de irretroactividad de la ley y, en consecuencia, atentan contra la autonomía e independencia del órgano electoral local, pues se perjudica a los actuales consejeros ciudadanos integrantes del Consejo General.

Los consejeros actualmente en funciones fueron nombrados por el Congreso del Estado en ejercicio de sus atribuciones el tres de marzo de dos mil seis, por un periodo de cuatro años, es decir, su encargo fenece el dos de marzo de dos mil diez.

Tomando en cuenta lo anterior y lo previsto por el artículo cuarto transitorio del decreto impugnado, no cabe duda que al prever la disposición transitoria una obligación a cargo del Congreso del Estado referente a un hecho acontecido en marzo de dos mil seis, obra sobre el pasado modificando la forma de nombramiento (ya sea disminuyendo o prorrogando el plazo) de los consejeros electorales actualmente en funciones.

En ese sentido, en el caso se quebranta el respeto jerárquico a la Constitución Federal, en virtud de que a través del artículo cuarto transitorio impugnado, se retrotraen los efectos de la reforma, al acto de designación acaecido en dos mil seis, lo que en sí mismo lo torna retroactivo y contrario al artículo 14 constitucional.

De la comparación entre el anterior artículo 68 con el vigente artículo 95 del Código Electoral Estatal, se evidencia que a través del artículo cuarto transitorio se afecta la conformación del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, al retrotraer los efectos hacia el pasado y prever respecto al nombramiento de los consejeros electorales actualmente en funciones.

Se viola el artículo 14 de la Constitución Federal, en contra de los consejeros ciudadanos, porque al preverse una nueva forma de integración del órgano electoral -artículo 95-, se modifica la situación jurídica de los actuales consejeros, ya que se les priva del goce del derecho adquirido con antelación, al interrumpirles anticipadamente el plazo de cuatro años que legalmente tenían previsto para el desempeño de sus funciones.

Permitir esta situación, generaría que no se tenga certeza en la integración de las autoridades encargadas de la función electoral.

Cuarto concepto. Integración del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y consejeros municipales. Profesionalización de los órganos.

Impugnación de los artículos 95, párrafos segundo y tercero y 118 del Código Electoral del Estado de Aguascalientes, por violación a los artículos 41, fracción V y 116, fracción IV, incisos b) y c), de la Constitución Federal.

Los artículos 95, párrafos segundo y tercero y 118 del Código Electoral del Estado de Aguascalientes, contravienen lo señalado en los artículos 41, fracción V y 116, fracción IV, incisos b) y c), de la Constitución Federal, porque violan el principio de profesionalización de los órganos electorales, ya que los consejeros electorales temporales del Consejo General del Instituto Estatal Electoral desempeñarán su encargo a partir del primero de enero del año de la elección hasta la fecha en que se declare por concluido el proceso electoral. Por su parte, los consejeros municipales funcionarán a más tardar a partir del primero de junio del año de la elección.

El artículo 95 del Código Electoral Local prevé que el Consejo General se integrará con tres consejeros permanentes, pero en año electoral, se ampliará su integración con cuatro consejeros electorales temporales, cuyo cargo deberán comenzar a desempeñar a partir del primero de enero del año de la elección. Lo anterior, evidentemente impide la permanencia del órgano electoral y, por ende, la posibilidad de que la autoridad electoral se especialice en la materia y se encuentre en condiciones de llevar a cabo el ejercicio profesional de la actividad para la cual fue concebida, como lo es el contribuir al desarrollo de la vida democrática en el Estado de Aguascalientes.

La inclusión de cuatro consejeros electorales temporales, implica que éstos inicien sus labores sin experiencia alguna, no obstante que tendrán la misma responsabilidad en la toma de decisiones durante el proceso electoral, sin tomar en cuenta que tendrían el control de la toma de decisiones al contar con mayoría hacia el interior del propio Consejo General, dejando las decisiones torales del proceso electoral, a ciudadanos que de manera alguna han tenido la oportunidad de tener un adecuado desarrollo y adaptación a las distintas áreas de las que se compone el Instituto Estatal Electoral ni al conocimiento del desarrollo en la vida práctica de las distintas etapas en las que se divide un proceso electoral, situación que resulta contraria a todo principio democrático.

La profesionalización de los órganos electorales tiene como fin que los servidores públicos del mismo, generen por su propio actuar confianza en los ciudadanos y los actores políticos, situación que de igual manera se ve entorpecida con la ampliación en años electorales del número de integrantes del Consejo General.

Además de la inexperiencia con la que entrarán en funciones los cuatro consejeros electorales temporales, el propio artículo 95 impugnado establece que desempeñarán sus funciones a partir del primero de enero del año de la elección, no obstante que de acuerdo con los artículos 98, 160 y 164 del Código Electoral, se establece que el inicio del proceso electoral correspondiente, será durante los primeros quince días del mes de diciembre del año anterior al de la elección. Es decir, los consejeros electorales temporales entrarán en funciones con por lo menos quince días después de haber dado inicio el proceso electoral de que se trate, situación que resulta contraria a la naturaleza propia de los consejeros electorales temporales, que es justamente participar únicamente durante los procesos electorales.

Con independencia de lo señalado, la ampliación del número de integrantes del Consejo General obstaculiza e impide el adecuado desarrollo de la profesionalización del organismo electoral en el Estado de Aguascalientes, ya que la función administrativa electoral va más allá de la organización de procesos electorales, en virtud de que es una actividad que se desarrolla de manera permanente. Por lo que la integración de esos cuatro consejeros electorales temporales únicamente para el periodo en que se celebren elecciones, vulnera gravemente el estado democrático de Aguascalientes, ya que de nada sirve que los integrantes permanentes del Consejo General durante el desarrollo de sus funciones adquieran experiencia y capacitación en el quehacer electoral, si durante los procesos electorales entrarán en funciones cuatro personas más, las cuales iniciarán su proceso de adaptación y conocimiento de sus funciones en pleno proceso electoral, y que tendrán hipotéticamente el control en la toma de decisiones al ser mayoría frente a los consejeros electorales permanentes.

Además, no debe perderse de vista que el cargo de consejeros electorales participa de los principios que revisten a las autoridades jurisdiccionales en materia electoral, dentro de los cuales se encuentran los de estabilidad en el cargo y la independencia de las autoridades electorales locales. Cita en apoyo a esta consideración la tesis de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 111, FRACCIÓN III, INCISO D), DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN, QUE PREVÉ QUE LOS CONSEJEROS ELECTORALES DEL INSTITUTO ELECTORAL ESTATAL GOZARÁN DURANTE LOS PROCESOS ELECTORALES DE LA REMUNERACIÓN QUE DE ACUERDO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS LES CORRESPONDA Y QUE ENTRE PROCESOS, RECIBIRÁN ÚNICAMENTE DIETAS DE ASISTENCIA A LA SESIÓN, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS RECTORES DE INDEPENDENCIA, AUTONOMÍA E IMPARCIALIDAD."

La misma situación sucede con la inclusión de la figura de los consejeros municipales, pues el artículo 118 del Código Electoral del Estado establece que ellos se instalarán el primero de junio del año de la elección, esto es, con un mes de anticipación al de la celebración de la jornada electoral, la cual de conformidad con la reforma federal en materia electoral, en particular lo establecido por el artículo 116, fracción IV, inciso a), de la Constitución Federal, deberá llevarse a cabo el primer domingo del mes de julio del año de la elección, periodo de tiempo en el que únicamente sesionarán para instalarse, por lo que prácticamente llegarán a la jornada electoral sin experiencia previa que avale su actuar y que garantice su correcto desempeño en el ejercicio de sus funciones, las cuales resultan de especial relevancia dentro del proceso electoral, como lo es el realizar el cómputo municipal de la elección de Ayuntamiento según el principio de mayoría relativa, declarar la validez de la elección de éste y expedir la constancia de mayoría respectiva, así como el tramitar los medios de impugnación que le sean presentados.

Quinto concepto. Designación y remoción del titular de la Contraloría General del Instituto Estatal Electoral.

Impugnación del artículo 349, tercer párrafo, del Código Electoral del Estado de Aguascalientes, por violación al artículo 116, fracción IV, incisos b) y c), de la Constitución Federal.

El párrafo tercero del artículo 349 del Código Electoral Local contraviene lo dispuesto en el artículo 116, fracción IV, incisos b) y c), de la Constitución Federal, concretamente el principio de independencia en materia electoral, por violentar la autonomía e independencia del órgano electoral local.

Lo anterior es así, en virtud de que la creación de un órgano especial nombrado por los partidos políticos con representación en el Congreso del Estado de Aguascalientes, para fizcalizar las finanzas del órgano electoral, constituye una forma de presión y control sobre dicho órgano.

En este tenor, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que dentro de las garantías que lleva implícito la creación de los órganos constitucionales autónomos se encuentra la de independencia en su estructura orgánica, tal como lo señala la tesis de rubro: "ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. NOTAS DISTINTIVAS Y CARACTERÍSTICAS."

En el caso, dicha garantía se ve afectada directamente mediante la imposición de esta figura, máxime cuando dicha función a la fecha se realiza por la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado, de conformidad con lo previsto por la fracción V del artículo 27 de la Constitución Local. Por tanto, no existe ningún razonamiento lógico que justifique la creación de dicho organismo ante la clara duplicidad de funciones.

Sexto concepto. Pérdida de la acreditación de los partidos políticos y su derecho a recibir las prerrogativas de ley.

Impugnación de los artículos 18, fracción I, 42 y 51, fracción IV, inciso b), del Código Electoral del Estado de Aguascalientes, por violación a los artículos 41, fracción II y 116, fracción IV, incisos b) y g), de la Constitución Federal.

Los artículos 18, fracción I, 42 y 51, fracción IV, inciso b), del Código Electoral Local, contravienen lo dispuesto en los artículos 41, fracción II y 116, fracción IV, incisos b) y g), de la Constitución Federal, concretamente los principios de equidad en cuanto al otorgamiento del financiamiento público para cumplir sus funciones y el de certeza que deben regir la materia electoral, porque:

a) El artículo 18, fracción I, del citado código, establece como causal de la pérdida de la acreditación en el Estado, que los partidos políticos nacionales no obtengan por lo menos el 2.5% de la votación estatal en la elección de diputados por mayoría relativa inmediata anterior, determinando además como consecuencia de dicha pérdida, la del acceso a las prerrogativas y derechos estatales, con lo que se atenta contra el principio de equidad respecto al otorgamiento de las prerrogativas referidas, omitiendo además establecer el procedimiento para la recuperación de la acreditación en comento.

b) El mencionado artículo 18, fracción I, impugnado, se contrapone a lo dispuesto por los artículos 42 y 51, fracción IV, inciso b), del propio Código Electoral, que establecen que los partidos políticos nacionales que no obtengan el 2.5% de la votación, tendrán derecho a la prerrogativa de radio y televisión para campañas locales, y a participar del financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, de la primera porción del 30% calculando para tal efecto el 5% de dicho monto, distribuido equitativamente entre los partidos políticos colocados en el supuesto contemplado por la fracción I del artículo 18, lo que genera inestabilidad en la aplicación de la norma y violentando así el principio de certeza, contemplado en el artículo 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Federal.

La facultad de los Estados para regular el financiamiento de los partidos políticos está sujeta a la satisfacción del principio de equidad que impone la Constitución y para ello es necesario establecer un sistema de distribución del financiamiento público, que prevea el acceso a éste de los partidos políticos, reconociendo sus distintas circunstancias. Resulta válida e incluso necesaria la diferenciación entre las reglas establecidas para la pérdida del registro partidista y las relativas a la pérdida de la acreditación de los partidos políticos en los Estados, en razón de que la primera implica a diferencia de la segunda, la pérdida de su calidad como tal.

Si bien, el artículo 116, fracción IV, inciso g), de la Constitución Federal, garantiza que las Legislaturas Locales otorguen financiamiento público a los partidos políticos, sin determinar criterios concretos para el cálculo del financiamiento público total que deberá distribuirse entre ellos, ni la forma de distribución, cantidad o porcentaje que deba corresponder a cada uno, confiriendo al ámbito interno de cada una la libertad para el establecimiento de las formas y mecanismos para su otorgamiento, ello debe llevarse a cabo respetando el principio de equidad.

La participación equitativa del artículo 116 constitucional implica proveer a los partidos políticos de recursos suficientes que aseguren el cumplimiento de sus fines y objetivos y una competencia equilibrada tomando en cuenta el grado de penetración, fuerza y presencia política que tenga cada partido político.

Finalmente, respecto a la contradicción legal que existe entre el artículo 18, primer párrafo y los artículos 42 y 51, fracción IV, inciso b), del Código Electoral Local, puede decirse que el primero de los señalados prevé que la pérdida de la acreditación de los partidos políticos en el Estado tendrá como consecuencia la pérdida de las prerrogativas y derechos partidistas, mientras que los artículos 42 y 51 citados, establecen los supuestos en los que los partidos políticos que no hayan alcanzado el 2.5% de la votación -es decir, que pierdan su acreditación-, accederán a las prerrogativas de medios de comunicación y financiamiento público. Lo anterior, viola la certeza electoral.

Séptimo concepto. Multas fijas.

Impugnación del artículo 299, fracciones II y III, del Código Electoral del Estado de Aguascalientes, por violación al artículo 22 de la Constitución Federal.

Las fracciones II y III del artículo 299 del Código Electoral Local, vulneran el artículo 22 de la Constitución Federal, porque en aquéllas se prevén multas fijas.

Ello es así, porque estas fracciones impugnadas prevén que a los ciudadanos, dirigentes o afiliados así como a las personas morales se les sancionará con multas por cantidades equivalentes al doble del precio comercial de dichos tiempos, sin tomar en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia en la conducta que la motiva y, en general, todas aquellas circunstancias que tienden a individualizar dichas sanciones.

Las disposiciones legales impugnadas establecen multas fijas que por la naturaleza y características de este tipo de sanciones se convierten en multas excesivas, ya que al aplicarse a todos los infractores por igual de manera inflexible, no permiten graduar la gravedad de la infracción ni tomar en cuenta la capacidad económica de cada infractor.

Al no individualizar la sanción se trata a todos los infractores con el mismo criterio y al no existir ninguna posibilidad legal de graduar las sanciones de acuerdo a las circunstancias y particularidades de cada caso concreto, las multas que se impongan tendrán, por fuerza, que resultar excesivas y, por ende, inconstitucionales.

Además, las multas fijas al tener el carácter específico de créditos fiscales, violan los principios y garantías de proporcionalidad y equidad en materia fiscal que establece la fracción IV del artículo 31 constitucional, toda vez que no toman en cuenta la capacidad económica del infractor al ser iguales para todos (principio de proporcionalidad) y sancionan con la misma severidad distintos tipos de infracciones (principio de equidad).

Cita en apoyo a sus argumentaciones la tesis de rubro: "MULTAS FIJAS. LAS LEYES QUE LAS ESTABLECEN SON INCONSTITUCIONALES."

El hecho de que la cuantificación de la multa se haga en base al precio comercial por la adquisición del tiempo en radio y televisión por duplicado, impide que se atienda a las circunstancias particulares del infractor, esto es, a la gravedad de la infracción, a la reincidencia, capacidad económica y situaciones de ejecución que permitan individualizar la sanción económica respectiva, por ello se vulnera el artículo 22 constitucional.

En consecuencia, si el precepto impugnado, en sus fracciones II y III, prevé que las infracciones señaladas en el Código Electoral del Estado de Aguascalientes, tratándose de la compra de tiempo en radio y televisión para la difusión de propaganda política o electoral, se sancionará con el doble precio del tiempo contratado, constituye una multa fija, porque carece de un parámetro establecido en cantidades o porcentajes mínimos y máximos que permita a la autoridad sancionadora desarrollar su discrecionalidad al cuantificarla, ponderando las circunstancias concurrentes y, por ende, conforme al criterio plenario, resulta contraria al artículo 22 de la Constitución Federal.

Adicionalmente, el Partido de la Revolución Democrática hizo valer también los argumentos de invalidez que enseguida se sintetizan:

Tema 1. Invasión de facultades del Instituto Federal Electoral en materia de tiempos relativos a radio y televisión.

Impugnación de los artículos 27, segundo párrafo; 35; 42; 45, cuarto párrafo; 79; 81; 203 y 210 del Código Electoral del Estado de Aguascalientes, por violación a los artículos 1o.; 14; 16; 41, fracción III, inciso b); 116, fracción IV, inciso i) y 133 de la Constitución Federal.

Los preceptos impugnados pretenden que el Instituto Electoral del Estado de Aguascalientes sea autoridad competente para decidir y administrar lo referente a la radio y televisión en el Estado, lo que es atentatorio de lo dispuesto por la fracción III del artículo 41 de la Constitución Federal, ya que el citado artículo constitucional prevé que el Instituto Federal Electoral es la única autoridad competente para administrar los tiempos de radio y televisión en el Estado.

La reforma impugnada pretende realizar debates que se televisen, pero pierde de vista que debe ser el Instituto Federal Electoral, el que decida los términos y condiciones para hacer uso de dichos instrumentos; además, el artículo 116 constitucional prevé que los partidos políticos estatales se sujetarán a lo dispuesto por la Constitución Federal. La reforma local dispone que los debates serán opcionales, y con ello se promueve desigualdad e inequidad, y se violan los principios rectores de la materia electoral.

Para el caso de coaliciones, el código local prevé que sus prerrogativas de radio y televisión serán reguladas por el reglamento que realice el Consejo General del Instituto Electoral del Estado y que lo dispuesto en el apartado A de la fracción III del artículo 41 de la Constitución Federal, aplica a éstas. Lo anterior es absurdo y contrario a la Constitución Federal, porque las coaliciones son consideradas como un solo partido político y la distribución de los tiempos en radio y televisión la debe realizar el Instituto Federal Electoral conforme al artículo 41, fracción III, inciso b), constitucional.

En el mismo sentido, la reforma local faculta al Consejo General del Instituto Electoral Local para que ordene la suspensión de los mensajes que vayan en contra de los candidatos y partidos políticos, atribución que no es competencia directa del organismo electoral local, por lo que también se viola la Constitución Federal.

Las disposiciones impugnadas referidas al acceso a la radio y televisión de la autoridad electoral local y de los partidos políticos y las relativas a las franquicias postales y telegráficas, violan la Constitución Federal porque intentan regular la materia de radio y televisión que corresponde al ámbito federal, pretendiendo que la

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21959-620b105f/accion-de-inconstitucionalidad-debe-desestimarse-la-causa-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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